Ficha de la providencia
Sentencia SL4733-2018
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL4733-2018
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL4733-2018
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
31 de octubre de 2018
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL4733-2018
Radicación n.° 75024
Acta 41
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por ALFREDO DÍAZ, contra la sentencia proferida el 2 de febrero de 2016, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que promovió contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
La parte accionante demandó en proceso laboral a Colpensiones, procurando que le sea reconocida y pagada la pensión de invalidez, los intereses que se causen desde «la calificación definitiva, en que se estructura la pensión de invalidez», más las costas del proceso.
Como sustento de sus peticiones, argumentó que el 23 de febrero de 2009 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la demandada, que se le negó mediante Resolución 036797 del 11 de agosto de 2009, la cual confirmó con la 03425 del 17 de agosto de 2011; que el 4 de agosto de 2013 se le notificó la determinación frente a la pérdida de la capacidad laboral en un 67,95 %; que ha cotizado más de 1000 semanas al sistema de seguridad social, teniendo en cuenta los bonos pensionales y el tiempo de servicios a Telecom, periodo en el que cotizó sobre dos salarios mínimos mensuales (folios 27 a 30).
El Instituto convocado al proceso, al dar contestación a la demanda, se opuso al éxito de las pretensiones incoadas. Propuso como excepciones las de prescripción, inexistencia del derecho y de la obligación, cobro de lo no debido, no configuración del derecho al pago de intereses moratorios y las demás que sean declarables de oficio (folios 41 a 48).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá, puso fin a la primera instancia mediante sentencia calendada 13 de mayo de 2015, en la que absolvió a la demandada de todas las pretensiones y condenó en costas a la parte demandante (folios 71 a 73).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, al resolver en el grado jurisdiccional de consulta, con sentencia del 2 de febrero de 2016, confirmó el fallo de primer grado y no impuso costas (folios 83 a 84).
El juzgador de segundo grado encontró que el actor cuenta con una pérdida de capacidad laboral del 67,95 % que se estructuró el 13 de julio de 2002, esto es, en vigencia del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su contenido original, pero no encontró acreditados los requisitos allí contemplados para acceder a la prestación, teniendo en cuenta que dejó de cotizar el 31 de mayo de 2000.
No consideró viable la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, en virtud de la condición más beneficiosa, pese a que advirtió, de la historia laboral y los certificados de información laboral, que el demandante prestó sus servicios al Ministerio de Defensa y a Telecom, desde el año 1975, pues el actor solamente se afilió al ISS con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que no fue beneficiario de las disposiciones previstas en el citado reglamento del Instituto de Seguros Sociales.
Finalmente, resaltó que el eventual derecho del demandante al reconocimiento de la pensión de vejez o a percibir la pensión de jubilación por aportes contemplada en la Ley 71 de 1988, como beneficiario del régimen de transición, al que eventualmente tendría derecho, podía ser reclamado a través de una nueva acción, ya que no era dable abordar su estudio en este caso por desconocer el principio de congruencia.
Así, confirmó la sentencia consultada y se abstuvo de imponer condena en costas.
RECURSO DE CASACIÓN
Lo interpuso la parte demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, el cual se procederá a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la providencia impugnada, para que, en sede de instancia, «REVOQUE la sentencia proferida por el a quo y en su lugar condene a la demandada al reconocimiento de los derechos que sustentan las pretensiones de la demanda».
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado y que enseguida se estudia.
CARGO ÚNICO
Lo plantea de la siguiente manera: «Acuso la sentencia impugnada por VIOLACIÓN directa de la ley sustancial laboral del orden nacional, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 39 de la ley 100 de 1993, como consecuencia de la infracción directa del literal b del artículo 6 del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990; 21 del C.S.T. artículo 36 y s.s. de la ley 100/1993, preámbulo de la Carta Política artículos 1, 2, 13, 48, 53, 93 y 229 de la Constitución Política de Colombia».
En la demostración aduce el censor que el Tribunal ignoró la protección legal y constitucional a favor del actor; refiere la existencia de un derecho adquirido e invoca la aplicación del artículo 21 del CST, así como los preceptos 48 y 53 de la Carta Magna, de acuerdo con los cuales «es imperativo concluir que la norma aplicable para este caso, que podemos darle el calificativo de sui generis, es el literal b) del artículo 6º del Decreto 758 de 1990 […]». Expone que lo anterior es suficiente para la prosperidad del cargo y que en sede de instancia se acceda a la prestación reclamada.
VII. RÉPLICA
El opositor cuestiona que la acusación denuncia la aplicación indebida de algunas normas, pero no efectúa argumentación alguna al respecto, ni en qué consistió la transgresión concretamente; es decir, que no se atacan los pilares de la sentencia, con base en los cuales determinó el sentenciador que al actor no se le puede aplicar el principio de la condición más beneficiosa. En todo caso, señala que el juzgador no incurrió en dislate al negar la prestación y no aplicar las normas vigentes con anterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, concretamente el Acuerdo 049 de 1990, porque jamás estuvo cobijado por ese régimen.
CONSIDERACIONES
Dado que el cargo se dirige por el sendero de puro derecho, no hay controversia alguna en torno a los siguientes supuestos fácticos i) que el señor Alfredo Díaz presentó una pérdida de capacidad laboral de origen no profesional del 67,95 %; ii) que la fecha de estructuración de la invalidez se determinó el 13 de julio de 2002; y iii) que cotizó por primera vez al Seguro Social en el periodo 199501.
En el presente asunto, tal como lo encontró acreditado el Tribunal y no se discute por el censor, el actor no contaba con ninguna semana cotizada al Instituto de Seguros Sociales para la fecha de entrada en vigencia del sistema de seguridad social integral, pues solo se afilió a dicho instituto en el año 1995 y, por lo tanto, no podía beneficiarse de la prestación por invalidez que consagraba el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990 pues nunca tuvo una expectativa legítima de acceder a la misma.
Esta Corporación ha estimado que una de las características de la condición más beneficiosa es que entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino para un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia –expectativas legítimas- habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada.
Así, por ejemplo en el régimen de los seguros sociales obligatorios, la condición más beneficiosa aplica si el afiliado cotizó 300 semanas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, dado que la norma exigía ese número de semanas de cotización en todo el tiempo.
De suerte que la situación jurídica concreta en tratándose del cambio legislativo entre el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, que es donde esta Sala ha venido admitiendo la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, presupone rigorosamente que quien pretenda amparase con este principio haya estado afiliado con anterioridad al tránsito normativo, al Instituto de Seguros Sociales y tenga cumplido con las semanas que exigía el Acuerdo 049 de 1990, en los términos como lo ha explicado la jurisprudencia. Dicho en breve, es posible acceder al derecho pensional con amparo en la condición más beneficiosa, siempre y cuando la persona hubiera estado afiliada al sistema anterior con el que aspira pensionarse, ya que no es admisible hacer derivar un derecho de una calidad que nunca se tuvo. Debe precisarse que dicho postulado, en este específico tránsito normativo, se aplica hasta la promulgación de la Ley 797 de 2003.
Esta sala en providencia CSJ SL, SL6470-2015, razonó:
De ahí que en este asunto, para que fuera viable acceder a la pensión deprecada en virtud del principio de la condición más beneficiosa con invocación del A. 049/1990, el de cujus debió estar cobijado por tal normativa en algún momento de su vida laboral y además, acreditar plenamente el requisito de número mínimo de semanas de cotización allí exigido, antes de la entrada en vigencia de la L. 100/1993, en los términos indicados por la jurisprudencia, pues sólo bajo tales supuestos se puede predicar la existencia de una expectativa legítima susceptible de protección. (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 40662).
Ahora bien, con respecto a los tiempos de servicio público que prestó el actor con anterioridad a su afiliación al régimen de prima media administrado por el ISS, debe la Sala señalar que esos tiempos no pueden ser colacionados para reunir los requisitos exigidos en el multicitado Acuerdo 049 de 1990, pues como lo ha señalado la Corte, esa posibilidad no está prevista en el mencionado ordenamiento, lo que si acontece con el de la Ley 100 de 1993.
Lo anterior es suficiente para que el cargo no salga victorioso.
Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $3.750.000,oo, que se incluirán en la liquidación con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 2 de febrero de 2016, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que promovió ALFREDO DÍAZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.
Costas como se indicó en la parte motiva de la sentencia.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
FERNANDO CASTILLO CADENA
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO
LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
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