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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4762-2019

Fecha
16 de octubre de 2019
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4762-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil trece (2013) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por CARLOS JULIO DAZA MARTÍNEZ en contra de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A., ECOPETROL S.A. Costas como quedó dicho en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4762-2019

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

16 de octubre de 2019

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL4762-2019

Radicación n.° 66522

Acta 36

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CARLOS JULIO DAZA MARTÍNEZ contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2013 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso adelantado por él en contra de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A., ECOPETROL S.A.

ANTECEDENTES

Carlos Julio Daza Martínez demandó a la Empresa Colombiana de Petróleos S.A. (en adelante Ecopetrol S.A.), con el fin de que se declarara que prestó sus servicios al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio del Trabajo, así como a las empresas Colombian Petroleum Company, San Andrés Development - Intercol Magdalena Company, hoy Exxonmobil de Colombia S.A. y Elf Aquitaine Colombie – Kelt Colombia S.A., hoy Perenco Colombia Limited, por un total de 9491 días de forma interrumpida entre el 12 de noviembre de 1962 y el 28 de febrero de 1995. Solicitó que se declarara, además, que Ecopetrol S.A. fue accionista y/o socia para para la exploración y explotación de campos de petróleo ubicados en diversos municipios del país, a las empresas indicadas, especialmente entre los años 1961 y 1996.

Requirió que se declarara que como consecuencia del vínculo contractual y/o societario que existió entre la sociedad demandada y las empresas indicadas, es beneficiario de las convenciones colectivas celebradas en aquella con la Unión Sindical Obrera «[…] para la fecha en la que cumplió los requisitos o hasta la fecha, en el evento de ser más favorable».

Solicitó que se condenara a la empresa demandada a reconocer y pagar a su favor la pensión de jubilación convencional o aquella prevista en el «plan setenta» del Decreto 807 de 1994, por haber alcanzado 50 años de edad y 20 de servicios exigidos en las convenciones colectivas de trabajo que rigieron en Ecopetrol durante los años 1961 y 1996 «[…] o la convención colectiva vigente al momento de proferir sentencia en el evento de ser más favorable al trabajador».

Además, requirió la respectiva indexación de su primera mesada pensional, el retroactivo causado y los beneficios extralegales y demás prestaciones económicas allí consagradas, así como el servicio médico en virtud del reconocimiento pensional.

Como fundamento de sus pretensiones señaló que nació el 25 de octubre de 1936 y prestó sus servicios personales en diferentes entidades del Estado y empresas privadas dedicadas a la exploración y explotación de petróleo, entre el 12 de noviembre de 1962 y el 28 de febrero de 1995, de forma discontinua.

Afirmó que mientras estuvo vinculado al sector público cotizó para los riesgos de invalidez, vejez y muerte a la Caja Nacional de Previsión pero que durante la vinculación con las empresas de petróleos no lo hizo, dado que aquellas estaban «[…] excluidas de cotizar al Instituto de Seguro Social – I.S.S. y en consecuencia tenían a cargo sus propias pensiones».

Aseguró que el último contrato de trabajo lo vinculó con la sociedad Elf Aquitaine Colombie – Kelt de Colombia S.A., hoy Perenco Colombia Limited, socia de Ecopetrol S.A., antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el cual finalizó el 28 de febrero de 1995. Indicó que acumulando los tiempos de servicio a las sociedades antes referenciadas más aquellos prestados a los Ministerios de Energía y del Trabajo, «[…] cuenta con más de 30 años de servicio, no obstante que cumplió los 20 años de servicio requeridos convencionalmente el 31 de diciembre de 1991».

Aclaró que a la fecha de presentación de la demanda no contaba con una pensión de jubilación o de vejez, a pesar de contar con más de 25 años de servicios prestados a las empresas de petróleos socias de Ecopetrol S.A., por lo que dicha empresa como mayor accionista de Colombian Petroleum Company y socia para la exploración y explotación de las demás mencionadas, «[…] está obligada en los términos del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo a responder por los salarios, prestaciones sociales y pasivos pensionales de las empresas demandadas en el sector privado, en los términos de los contratos de concesión y las posteriores actas de reversión de las concesiones correspondientes».

Precisó que Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera convencionalmente habían contemplado que dicho instrumento era aplicable a todos los trabajadores que estuvieran al servicio de empresas contratistas o subcontratistas que ejecutaran trabajos propios de la empresa, como lo indicó la Convención Colectiva suscrita el 29 de mayo de 1961, por lo que era beneficiario «por extensión» de los acuerdos colectivos de Ecopetrol, «[…] al haberse desempeñado como trabajador de empresas socias de Ecopetrol o contratistas de Ecopetrol entre los años 1961 y 1996».

De otro lado, aseguró que el Estado colombiano entregó la concesión y, en asocio con Ecopetrol S.A., la exploración y explotación de los campos de petróleo en varios departamentos del país a sociedades extranjeras, las cuales se pactaron por un término inicial de 50 años «el cual se prorrogó en múltiples oportunidades».

Como consecuencia del vencimiento de los contratos de concesión, se inició su reversión, lo cual culminó con la entrega a Ecopetrol S.A. de los campos sujetos a aquellas. Aquel procedimiento consistía en «[…] recibir todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos por las empresas […] para la ejecución de la concesión antes referida, incluyendo las plantas de producción, el personal activo a la fecha de la reversión y los pasivos laborales y pensionales de dichas compañías».

Indicó que Ecopetrol S.A. adquirió el 99.23% de las acciones de Colombian Petroleum Company como consta en certificación del 22 de mayo de 2007, pero las demás sociedades, no obstante ser socias y contractualmente beneficiarias de la exploración y explotación de petróleo en Colombia, «[…] niegan que ECOPETROL tenga participación accionaria y/o contractual en sus empresas, para impedir que […] acceda a los beneficios legales y convencionales que ECOPETRIL da a sus trabajadores y/o contratistas y que contractualmente debían garantizar».

Afirmó que agotó la reclamación administrativa con respuesta desfavorable.

Ecopetrol S.A. contestó oponiéndose a todas las pretensiones. Afirmó que no le constaban la mayoría de los hechos de la demanda por concernir a terceros y que, en todo caso, no existía la solidaridad señalada ni el demandante tenía derecho a las prestaciones convencionales que reclamaba dado que ninguna de las sociedades que enumeró fue contratista o socia de Ecopetrol, de modo que no le eran extensivas las prerrogativas extralegales de los contratistas.

Indicó que no era posible la sumatoria de tiempos que proponía el actor y que la sociedad Colombian Petroleum Company ya estaba extinguida. Finalizó afirmando que el demandante nunca tuvo una relación laboral directa con Ecopetrol S.A. ni con sus contratistas.

En su defensa propuso las excepciones de inexistencia del derecho reclamado y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá profirió fallo el 24 de junio de 2011, por medio del cual absolvió a la sociedad demandada.

Sostuvo para ello que ni el vínculo contractual ni societario que existió entre Ecopetrol y las sociedades para las que laboró el demandante, derivaba en la obligación de aplicarle las convenciones colectivas de trabajo celebradas con la Unión Sindical Obrera, y por ello, no podía acceder a la pensión de jubilación convencional pretendida.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de la parte actora, conoció del asunto la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que, mediante providencia del 30 de septiembre de 2013, confirmó la decisión absolutoria del Juzgado.

El Tribunal comenzó por concretar el problema jurídico para establecer si le asistía al actor el derecho a percibir la pensión de jubilación prevista en la Convención Colectiva vigente para los años 1995-1996 en la sociedad demandada, y, si en cabeza de esta recaía la obligación de reconocer y pagar dicha prestación.

Para ello indicó que la parte actora «[…] no probó fehacientemente los presupuestos fácticos del artículo 109 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para el año 1995, vista a folio 76 a 176, suscrita entre ECOPETROL y el SINDICATO UNIÓN SINDICAL OBRERA, para que emerja por antonomasia el derecho a percibir la pensión convencional deprecada».

Explicó que aquel artículo señalaba que Ecopetrol continuaría reconociendo la pensión legal vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios, a los trabajadores que, habiendo llegado a la edad de 50 años, hubiesen prestado servicios a la empresa por espacio de 20 años, continuos o discontinuos.

Tras ello, aclaró que,

[…] el actor no acreditó que hubiese servido a favor de la entidad demandada, como trabajador directo de ésta, por espacio de 20 años continuos o discontinuos, muy por el contrario, tal como lo confiesa el mismo demandante en el hecho 3 de la demanda, éste sirvió a Empresas diferentes a la demandada como lo fue a COLOMBIAN PETROLEUM COMPANY, SAN ANDRÉS DEVELOPMENT COMPANY, hoy EXXONMOBIL COLOMBIA S.A., y ELF AQUINTANE COLOMBIE, hoy PERENCO COLOMBIA LIMITED, asimismo, al MINISTERIO DE SALUD y al MINISTERIO DE MINAS, dentro del lapso comprendido de noviembre de 1962 a febrero de 1995, no siendo posible, a las luces de lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo vigente, computar dichos tiempos, como servicios prestados directamente a ECOPETROL, ya que no existe cláusula que así lo contemple, no configurándose el presupuesto de tiempo mínimo de servicios a favor de la empresa demandada, razón por la cual, no hay lugar a reconocer a favor del demandante dicha prestación; amén que en ninguna de las cláusulas, de la convención colectiva de trabajo, vigente para el año 1995, existe estipulación alguna mediante la cual la accionada ECOPETROL se haya obligado directamente a asumir convencionalmente el pago de los salarios y prestaciones sociales de dichas empresas, haciendo extensiva la convención a los trabajadores de las citadas empresas, pues de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º de la citada convención, este convenio solo tiene efectos en relación con los trabajadores que laboran directamente para la accionada, situación que no se predica en el caso del demandante, como se expuso en precedencia.

De otro lado, sostuvo el Tribunal que por disposición del Decreto 284 de 1957 se impuso la obligación legal a las empresas contratistas de Ecopetrol S.A. dedicadas a la exploración, explotación, transporte o refinación del petróleo en Colombia, hacer extensivas a sus trabajadores las prerrogativas convencionales de la empresa demandada; reconocimiento que no está a cargo directo de la empresa beneficiaria sino a cargo de la empresa contratista independiente «[…] salvo que el pago de los derechos convencionales se haya convenido directamente a cargo de la beneficiaria, cláusula que no se encuentra acreditada dentro del proceso, en relación con las empresas para las cuales laboró el demandante».

Finalizó señalando que el demandante con ninguna de las empresas mencionadas cumplió el requisito de tiempo mínimo de servicios que exigía el artículo 109 de la Convención Colectiva citada.

Negó la responsabilidad solidaria del Ecopetrol S.A. de acuerdo con el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, por tratarse de sociedades totalmente autónomas e independientes, aunado a que las empresas para las que prestó sus servicios no tenían la calidad de contratistas de Ecopetrol, en la medida en que se vincularon con esta, pero a través de contratos de concesión y asociación, cuya regulación difiere del contrato de obra o de servicios de carácter independiente.

Luego, era improcedente la configuración del requisito de tiempo de servicios que está previsto en la norma convencional, esto es, 20 años de servicios, continuos o discontinuos, a través de la «[…] sumatoria de lapsos en que el actor sirvió a cada una de las Empresas ya mencionadas».

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia «[…] REVOQUE TOTALMENTE la sentencia de primera instancia en lo pertinente a los numerales Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de la providencia del veinticuatro (24) de Junio (sic) de 2011, para en su lugar condenar a la demandada Ecopetrol a todas las pretensiones de la demanda».

Con tal propósito formuló un cargo, el cual, tras haber sido replicado pasa a ser estudiado por la Corte en los estrictos términos en que fue formulado y con base en la competencia concreta que ostenta esta Corporación sobre el particular.

CARGO ÚNICO

Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos,

[…] 1° y 2°de la ley 153 de 1887; Artículo 1° del Decreto legislativo 284 de 1957; Artículo 1° del Decreto 807 de 1994; Artículos 13, 21, 22, 34, 36, 259, 260, 261, 467 del Código Sustantivo del Trabajo; Artículos 1.740, 1.766, 2.341, 2.491 del Código Civil; Artículos 151, 200, 252, 452, 830, 899 del Código de Comercio, Artículos 48, 183, 184 y 206 de la Ley 222 de 1995; en relación con los artículos 60, 61, 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; Artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, y los Artículos 48, 53 y 90 de la Constitución Política.

Como errores de hecho señaló:

No dar por demostrado estándolo, que dentro de las pretensiones de la demanda, el trabajador solicitó declarar la existencia de los contratos de Concesión y/o Asociación celebrados entre la Nación y las empresas Colombiam Petroleum Company –COLPET, San Andres Development Intervol Magdalena hoy ExxonMobil de Colombia S.A., Elf Aquitaine Colombie Kelt Colombia S.A. hoy Perenco Colombia Limited (folios 704 al 719 del cuaderno principal)

No dar por demostrado estándolo que, la Nación, representada en los contratos de Concesión y/o Asociación por Ecopetrol hoy S.A., celebrados con la empresa Elf Aquitaine Colombia Kelt Colombia S.A. hoy Perenco Colombia Limited, estableció los mecanismos para la asunción de las obligaciones pensionales legales y extralegales de manera proporcional a los derechos derivados de los contratos de concesión y/o asociación (folios 799 hasta el 832; desde el 1.026 hasta el .049; desde el 1.059 hasta el 1.134; todos del cuaderno principal).

No dar por demostrado estándolo que, la Nación, representada en los contratos de concesión y/o asociación por Ecopetrol hoy S.A., protocolizó la cesión del contrato denominado Concesión Barco en el año 1932, por lo que una vez cedidos los contratos celebrados con COLPET en el año 1975 para la exploración y explotación de petróleo, Ecopetrol asumió en su calidad de nuevo empleador, todas las obligaciones laborales y pensionales de los trabajadores de dicha empresa (folios 1200 hasta el 1202 del cuaderno principal).

Dar por demostrado sin estarlo, que la Nación –representada por Ecopetrol- en virtud del Decreto 284 de 1957 y los contratos de Concesión y/o Asociación celebrados entre la Nación- y las empresas concesionarias Colombiam Petroleum Company –COLPET, San Andres Development Intercol Magdalena hoy ExxonMobil de Colombia S.A. Elf Alquitaine Colombie Kelt Colombia S.A. hoy Perenco Colombia Limited, fue excluida del reconocimiento y pago de las obligaciones laborales y pensionales consagradas en la Convención Colectiva a favor de los trabajadores de las empresas concesionarias y/o asociadas una vez se produjo la reversión de los contratos para exploración y explotación del petróleo en Colombia.

No dar por demostrado estándolo, que el señor CARLOS JULIO DAZA MARTINEZ acreditó la sumatoria de más de veinte (20) años de servicio discontinuos al servicio de Ecopetrol y/o de las compañías contratistas, intermediarias, asociadas y/o concesionarias en virtud de la reversión de los contratos para la exploración y explotación de petróleo firmados con la Nación- Ecopetrol (folios 799 hasta el 832; desde el 1.026 hasta el 1.049; desde el 1.050 hasta el 1.134; todos del cuaderno principal).

No dar por demostrado estándolo, que el demandante en virtud de la reversión de los contratos de Concesión y/o asociación celebrados con el Estado Colombiano y revertidos en cabeza de Ecopetrol, hoy S.A., tiene derecho a que se le reconozca una pensión de jubilación convencional a partir del 1° de Marzo (sic) de 1995 al tenor del artículo 109 de la Convención Colectiva de Trabajo que reguló las relaciones de trabajo entre el Sindicato y Ecopetrol para los años 1995-1996 (Folios 76 a 176 del cuaderno principal).

No dar por demostrado estándolo, que Ecopetrol hoy S.A. asumió – en virtud de los contratos de asociación, posteriormente revertidos a la Nación –la obligación de reconocer y pagar todas las obligaciones laborales, prestaciones y pensionales del personal vinculado a las operaciones de exploración y explotación propias de la industria de petróleo, conforme el párrafo cuarto del artículo 2° de la Convención Colectiva de Trabajo que reguló las relaciones de trabajo entre el Sindicato y Ecopetrol para los años 1995-1996 (folio 76 del cuaderno principal).

No dar por demostrado estándolo que, el señor Carlos Julio Daza Martínez como trabajador de las empresas asociadas y/o concesionarias y posteriormente de Ecopetrol en virtud de la reversión de los contratos de concesión, cumplió más de veinte (20) años de trabajo discontinuo al servicio y en beneficio de Ecopetrol el día 1° de marzo de 1995 (folios 338, 888 y 1002)

No dar por demostrado estándolo que, el señor Carlos Julio Daza Martínez cumplió con los dos (2) requisitos para acceder a la pensión de jubilación convencional a cargo de Ecopetrol (59 años de edad y 20 años de servicio) el 1° de Marzo (sic) de 995 (folios 338, 466, 888 y 1002)

Como pruebas erróneamente apreciadas destacó:

Escrito de demanda- acápite de pretensiones (folios 3 al 14 del cuaderno principal).

Las Certificaciones Laborales –expedidas por Colpet, ExxonMobil de Colombia S.A. y Perenco Colombia Limited en las cuales acredita tiempos de servicio prestados al sector petrolero (folios 338, 888 y 1002).

La Convención Colectiva de Trabajo firmada entre Ecopetrol y la USO para los años 1995 y 1996 (folios 76 a 176 del Cuaderno Principal).

Como pruebas no apreciadas enumeró los contratos de concesión y asociación celebrados con Colombian Petroleum Company –COLPET, San Andrés Development Intercol Magdalena hoy ExxonMobil de Colombia S.A., Elf Aquitaine Colombie Kelt Colombia S.A. hoy Perenco Colombia Limited.

Inició la demostración del cargo citando apartados de las consideraciones del Tribunal. Al respecto anotó que la primera de las inconformidades radicaba en que el ad quem no valoró los documentos relacionados con los contratos de concesión o asociación y sus posteriores actas de revisión, omisión que lo llevó a concluir que Ecopetrol sí había convenido con las empresas que «[…] con la reversión de los contratos de concesión y/o asociación ECOPETROL quedaría proporcionalmente obligada a reconocer a los trabajadores los derechos laborales y pensionales de origen legal y extra legal vigentes durante la ejecución y posterior liquidación de los contratos de concesión y/o asociación […]».

Agregó que con la reversión de los contratos la «Nación-Ecopetrol» quedaba obligada a asumir las operaciones en los campos de petróleo y así mismo era la encargada de cubrir los salarios, prestaciones sociales y convencionales de sus trabajadores, pues de ninguna otra forma habría tenido la posibilidad de seguir operándolos hasta su cierre.

Consideró que era evidente el error cometido por el Tribunal al establecer que no se había acreditado que los derechos convencionales debían ser asumidos por Ecopetrol proporcionalmente, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 284 de 1957 y los documentos aportados al plenario. Transcribió algunos párrafos de los contratos de concesión y asociación, en lo referente a lo que estos establecían respecto del cumplimiento de las obligaciones frente a terceros.

Anotó que, respecto de este punto, el error del Tribunal consistió en que no valoró las actas de reversión de los contratos, mediante las cuales, la Nación a través de Ecopetrol asumió la explotación de los campos petroleros concesionados con Colpet, Elf Aquitaine Colombie Kelt Colombia S.A., y en virtud de tales acuerdos, los trabajadores que se encontraban a cargo de Ecopetrol S.A. eran beneficiarios de régimen salarial y prestacional de esta empresa.

Continuó indicando que el Tribunal también se equivocó al no dar por demostrado que de la Convención Colectiva se podía entender que «[…] los tiempos de servicio, mínimos, para acceder a la pensión de jubilación convencional pueden acumularse en forma discontinua, es decir, contabilizando los tiempos laborados en diferentes empresas al servicio, en asocio y/o en concesión con Ecopetrol para la exploración y explotación de petróleo en Colombia».

Agregó que:

La inteligencia de la norma convencional invocada, establecía, desde sus inicios que, los trabajadores podían acceder al reconocimiento pensional, acumulando tiempos de manera discontinua, precisamente porque las operaciones de la compañía y de los terceros contratados y/o asociados así lo imponían en el proceso de exploración y explotación de petróleo, pues de lo contrario, no tendría justificación que así fuera redactado por las partes. Luego entonces, el ad-quem apreció erradamente las certificaciones laborales y las Convencionales Colectivas aportadas al proceso, que lo habrían llevado indefectiblemente a establecer que los tiempos de servicio que el señor Carlos Julio Daza Martínez prestó a las diferentes compañías petroleras, entre ellas Colpet, eran discontinuos y superiores a los 20 años conforme los requerimientos del artículo 109 de la Convención Colectiva del año 1995-1996.

Señaló que la incorrecta valoración llevó al Tribunal a concluir que se encontraba regido por el régimen prestacional de las empresas con las que en principio había suscrito los contratos laborales, y que no cumplía con el tiempo del servicio mínimo para acceder a la pensión de jubilación convencional.

Finalizó indicando que también se había desconocido que Ecopetrol S.A. había asumido, sin solución de continuidad, las operaciones de explotación de petróleos, y así mismo, se había hecho responsable de las obligaciones laborales y pensionales de los trabajadores de las empresas asociadas que continuaron prestando los servicios para esta.

RÉPLICA

Afirmó que el contrato de asociación petrolera no constituía solidaridad, por lo que no le era aplicable el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Apoyó su argumento en apartados de la sentencia de la Corte Constitucional CC C-994 de 2001.

Informó que no era representante de la Nación, ya que esta era una entidad de carácter público y su representación estaba radicada en sí misma, de manera que «[…] si es a la Nación a la que se le revierte un pozo petrolero, debió ser parte procesal, ECOPETROL S.A. es una sociedad anónima, con independencia administrativa, patrimonio propio, por lo que no representa a ningún ente».

Insistió en que debieron ser parte en el proceso la Nación y las demás empresas petroleras que participaron en la reversión de la concesión. Soportó su argumento en la sentencia CSJ SL, 12 de septiembre de 2006, radicado 25323. Comentó que jurisprudencialmente se había establecido que las sociedades anónimas no eran solidarias por ser personas jurídicas de capital y citó la sentencia de la Corte Constitucional CC C-865 de 2004.

Sostuvo que,

[…] no incurrió en ninguno de los errores de hecho señalados, pues el demandante laboró en empresas independiente y de carácter privado a ECOPETROL S.A., por lo que no se pueden sumar tiempos para pensión de jubilación de que trata el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, pues dicha norma exige que todo el tiempo continuo o discontinuó sea prestado a un mismo empleador, por tanto, si no existió sustitución de patrono y no es aplicable la solidaridad de que trata el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, mal puede enrostrársele un error de hecho al Tribunal cuando en su sentencia reconoció que las sociedades para las cuales trabajó el demandante, son autónomas e independientes, además, que no tienen la calidad de contratistas frente a ECOPETROL S.A., porque fueron vinculadas mediante contratos de concesión y asociación.

Manifestó que el Tribunal sí apreció los contratos de concesión y asociación, puesto que en su providencia se pronunció frente a estos, de manera que el recurrente incurrió en un error de técnica, puesto que, al haber escogido la vía indirecta era necesario atacar todos los pilares del fallo, y al no hacerlo dejó incólume la sentencia.

CONSIDERACIONES

No le asiste razón a la réplica cuando señaló que no se atacaron todos los pilares fundantes del fallo. Ciertamente, son hipótesis diferentes que no se hubieran atacado todos los pilares del fallo confutado y que el Tribunal se hubiera ocupado de los contratos de concesión y asociación. En esta medida, la Sala encuentra no sólo que sí fueron analizados éstos sino que sí se atacaron las bases fundantes de la providencia, de modo que el cargo es suficiente para el estudio de la Sala.

Lo que advierte la Corte a este respecto es que, si bien el Tribunal sí hizo mención de las empresas para las que trabajó el demandante como partes en los contratos de asociación y concesión con Ecopetrol S.A., la acusación antes de constituir una ausencia de apreciación de dichos documentos, propuso más bien una deficitaria valoración de los mismos, lo que en todo caso, no comprende la ausencia completa de ataque sobre aquel punto.

En claro lo anterior, el problema jurídico que plantea la censura a la Sala se contrae a establecer si se equivocó el Tribunal al no computar el tiempo servido por el demandante a las empresas Colombiam Petroleum Company –COLPET, San Andrés Development Intercol Magdalena hoy ExxonMobil de Colombia S.A. y Elf Aquitaine Colombie Kelt Colombia S.A. hoy Perenco Colombia Limited, como tiempo válido para acceder a la pensión de jubilación prevista en el artículo 109 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente en Ecopetrol S.A. al momento del retiro del demandante.

Comienza la Corte por sentar que no estuvo en discusión que el demandante prestó sus servicios personales a las citadas empresas, así como tampoco que aquellas desarrollaron su objeto social en la exploración y explotación de petróleo en el territorio nacional en concierto con Ecopetrol S.A., a través de contratos de asociación o concesión. También resultó incontrovertido que el demandante nunca tuvo una vinculación directa con esta sociedad.

Ahora, el artículo convencional cuya aplicación reclama el recurrente, es el siguiente:

Artículo 109.- La Empresa continuará reconociendo la pensión legal vitalicia de jubilación o de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios, a los trabajadores que habiendo llegado a la edad de cincuenta (50) años, le hayan prestado servicios por veinte (20) años o más continuos o discontinuos, en cualquier tiempo, de conformidad con el Decreto 807 de 1994. Con todo, la Empresa reconocerá la pensión plena a quienes habiendo prestado servicios por más de veinte (20) años, reúnan setenta (70) puntos en un sistema en el cual cada año de servicio a Ecopetrol equivale a un (1) punto y cada año de edad equivale a otro punto. Esta pensión de jubilación se reconocerá a solicitud del trabajador o por decisión de la empresa.

Parágrafo 1.- No obstante lo anterior, cuando la Empresa lo determine, ésta podrá conceder la pensión de jubilación a aquellos trabajadores que habiéndose prestado servicio a la Empresa por más de veinte (20) años, reúnan sesenta y ocho (68) puntos de acuerdo con el sistema anterior.

Parágrafo 2º. Para aquellos trabajadores que en el momento de la terminación de su contrato de trabajo, se encontraren en incapacidad médica, la liquidación se hará teniendo en cuenta el promedio de salarios devengados en el último año de servicios antes de tal incapacidad.

Parágrafo 3º. Además de la pensión a que el trabajador tenga derecho, de acuerdo con las leyes del trabajo y con lo dispuesto en la norma anterior, la Empresa aumentará el monto de esta pensión en un dos punto cinco por ciento (2.5%) por cada año que el trabajador haya servido a la Empresa por encima de los veinte (20) años que le dan derecho a la pensión.

Lo primero que se advierte del texto transcrito, es que serán beneficiarios de la prestación pensional quienes ostentaran la calidad de «trabajadores» y al llegar a la edad de 50 años, cumplieran alguna de las siguientes condiciones: (i) completar por lo menos 20 años de servicio continuos o discontinuos, en cualquier tiempo; (ii) completar 70 puntos según el sistema indicado por la empresa (computable con edad), con un tiempo superior a 20 años de servicio; o (iii) completar 68 puntos según el mismo sistema, con un tiempo superior a 20 años de servicio, según decisión de la empresa.

El campo de aplicación de los postulados de la citada Convención Colectiva vigente en Ecopetrol, de la forma como se lee en los artículos 1º y 2º de aquel instrumento extralegal, estuvo restringido a los «[…] trabajadores sindicalizados que laboran para ella en la República de Colombia, representados por su Sindicato Unión Sindical Obrera, USO» y, por la misma línea, consagró:

Artículo 2º. Las labores de montaje, mantenimiento durante el período de garantía, construcción y ensanche de tipo industrial para las actividades de producción, proceso, transporte y servicios, las podrá contratar la Empresa cuando lo requiera para mayor conveniencia de sus operaciones y siempre que se realicen con firmas especializadas.

También podrá contratar las labores de exploración y perforación de acuerdo con sus programas, a excepción de las Concesiones de Mares, Yondó, Cristalinas, Cantagallo, San Pablo y Garzas. En estas Concesiones, dichas labores serán efectuadas con personal de base de la Empresa y solo podrá contratarlas cuando el personal y el equipo de propiedad de la Empresa no sea el adecuado al tipo de pozo que se desea perforar y que se encuentre ocupado por ésta. Para las actividades de perforación, limpieza y reacondicionamiento de pozos, Ecopetrol no entregará sus equipos a contratistas especializados en estas labores.

La Empresa cuando celebre contratos se obliga a imponer y exigir a los contratistas el cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención. Es entendido que los trabajadores que laboren al servicio de contratistas disfrutarán de los mismos salarios y prestaciones a que tienen derecho los trabajadores de Ecopetrol.

Para estos efectos, se entenderán como trabajadores del contratista, todos aquellos que laboren para éste en actividades propias de la industria del petróleo de que habla el Decreto número 0284 de 1957 y su Resolución reglamentaria 0644 de 1959.

En caso de incumplimiento por parte del contratista a las obligaciones contraídas por virtud de este artículo, Ecopetrol atenderá y resolverá las reclamaciones concretas que al respecto le formule la Unión Sindical Obrera.

Las actividades de carácter regular y permanente, propias de la industria del petróleo de que habla el Decreto número 0284 de 1957 y su Resolución reglamentaria 0644 de 1959, que ejecuta Ecopetrol con personal de base, no las realizará por el sistema de contratistas, subcontratistas o intermediarios. Los incrementos esporádicos u ocasionales de estas actividades podrán ser atendidos con trabajadores contratados directamente por la Empresa con contratos temporales o transitorios.

Para aquellas labores ocasionales o discontinuas, la Empresa contratará directamente los servicios de los trabajadores temporales o transitorios que sean necesarios y no utilizará los servicios de intermediarios o contratistas para estos efectos.

Lo previsto en el citado instrumento extralegal es consonante con lo dispuesto en el Decreto 284 de 1957, que establece con claridad, en su artículo 1º, que,

Cuando una persona natural o jurídica dedicada a los ramos de exploración, explotación, transporte o refinación de petróleos realice las labores esenciales y propias de su negocio o de su objeto social mediante el empleo de contratista independiente, los trabajadores de éstos gozarán de los mismos salarios y prestaciones a que tengan derecho los de la empresa beneficiaria en la respectiva zona de trabajo, de acuerdo con lo establecido en las leyes, pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.

Bajo este panorama, es claro que los contratistas que prestaron sus servicios en el sector de hidrocarburos no sólo por disposición legal en los estrictos términos de lo visto, sino con base en las previsiones convencionales que se pactaron en el particular, podían acceder a la equiparación de los salarios y prestaciones vigentes para los trabajadores de la sociedad beneficiaria.

Sin embargo, ha de notarse que la ecuación que propuso la normativa anterior comprende al contratista independiente, es decir, aquella persona natural o jurídica que presta un servicio especializado a favor quien es beneficiario de aquel servicio, y respecto de los trabajadores de aquel.

Esta precisión resulta determinante por cuanto uno de los aciertos del Tribunal, precisamente, consistió en que las empresas para las que prestó servicios el demandante no podían constituir una unidad de tiempo servido con Ecopetrol y con ello, de paso, aclaró que cuando el Decreto 284 de 1957 estableció la equiparación de salarios y prestaciones entre las empresas contratistas y la beneficiaria, no asignó el cumplimiento de tales obligaciones a ésta última, dado que ello se mantuvo en la órbita de los contratistas.

Luego, de ser aplicables las prestaciones extralegales de la empresa beneficiaria a la población de trabajadores de los contratistas, serían éstos y no aquella, los obligados a honrarlas.

Esta conclusión cardinal no luce equivocada, en efecto, si por disposición legal o convencional, como se dijo, existe una extensión de los beneficios salariales o prestacionales de la empresa beneficiaria a los trabajadores de los contratistas, es quien ostenta la calidad de empleador quien debe concurrir a su pago, salvo las excepciones que están previstas, precisamente, en el mismo Decreto 284 de 1957.

Así lo establece el inciso final del artículo 1º de esta normativa, que consagró la eventualidad en la que los contratistas no pudieran cumplir con lo dicho, y entonces, podría pactarse que fuera la empresa beneficiaria quien lo haga «por cuenta de aquellos» y si aun así no era posible, habrían de compensarse a los trabajadores perjudicados por tal incapacidad, previa autorización gubernamental.

Luego, no se equivocó el Tribunal cuando reconoció la extensión legal de beneficios que es permitida y gobernada por el Decreto 284 de 1957, pero a renglón seguido, entendió que el obligado a cumplir con ello era el contratista que actuara en calidad de empleador y, solo subsidiariamente y previo pacto, lo podría hacer la empresa beneficiaria. En el caso, fue exactamente dicho pacto el que se echó de menos y que la censura no logró demostrar acreditando el error del fallador a ese respecto.

No es suficiente entonces con la simple proposición que hizo el recurrente para derruir el aserto del Tribunal, en la medida en que no se desprende del texto de la Convención Colectiva de Trabajo de Ecopetrol vigente para 1995 ni mucho menos de la ley en los términos citados, que sea la empresa beneficiaria de los servicios del contratista quien deba ser el responsable o el garante de los pagos de salarios y prestaciones sociales como quedó dicho.

Ahora bien, tampoco de los contratos de exploración y explotación que fueron denunciados por el recurrente como ausentes de análisis por el Tribunal, puede colegirse lo buscado por la censura.

Ciertamente, se encuentra en el plenario el contrato de exploración y explotación suscrito entre la sociedad demandada y Elf Aquitaine Colombie S.A. que la censura denunció como no apreciado por el y respecto del cual dijo que se dejó de ver que este contemplaba «[…] los mecanismos para la asunción de las obligaciones pensionales y extralegales de manera proporcional a los derechos derivados de los contratos de concesión y/o asociación».

Revisado el texto acusado como omitido, no encuentra la Sala lo advertido por el casacionista, comoquiera que en torno a lo discutido en juicio solo existe una mención tangencial en las cláusulas 26.1. y 26.2. en las que se establece que una vez finalizado el contrato en el período de exploración o explotación, «[…] ELF AQUITAINE dejará en producción los pozos que en tal fecha sean productores y entregará las construcciones y demás propiedades inmuebles […] todo lo cual pasará gratuitamente a poder de ECOPETROL con las servidumbres y bienes adquiridos en beneficio del contrato, aunque aquellos o éstos se encuentren fuera del área contratada»; además de lo previsto en la cláusula 30, en la que las partes acordaron expresamente que la responsabilidad derivada del contrato no sería solidaria y en consecuencia «[…] cada parte será separadamente responsable por su participación en los gastos, inversiones u obligaciones que resulten como consecuencia de éstas».

Otro de los acuerdos entre Ecopetrol S.A. y Elf Aquitaine Colombie S.A., en los que participó además Houston Oil and Minerals Of Colombia INC., y LL & E Colombia, INC, consagraba la posibilidad de que el operador cargara a la «Cuenta Conjunta» y facturara «a cada parte» los gastos de salarios de los trabajadores del operador que «[…] estén laborando directamente en beneficio de la operación conjunta» y las acreencias laborales que no constituyan salario. En el mismo sentido, las obligaciones ya vistas de reversión de los campos en producción.

De la lectura de las cláusulas relativas a las obligaciones de las partes en la terminación del contrato, no se deriva en modo alguno la prescripción sobre la que ampara la censura su argumento, bajo el entendido de que, por virtud de la citada reversión contractual, los trabajadores de aquella sociedad pudieran entenderse como propios de la demandada para los efectos de la aplicación automática de la convención colectiva vigente en ésta.

Evidentemente, no está prevista una cláusula específica en aquellos contratos de la que pueda entenderse que Ecopetrol asumiría como suyos los trabajadores de una compañía que hubiera tenido a su cargo la exploración o explotación de un campo petrolero, menos aún, en los términos restrictivos en los que está redactada la Convención Colectiva que de la que pretende beneficiarse la censura.

De otro lado, de la reversión que alega la censura de los pozos que habían sido concesionados a Colombian Petroleum Company y que fueron restituidos al Estado en 1975 y en razón de ellos, cedidos a Ecopetrol S.A., tampoco tiene el mérito que le asignaba la censura para intentar atribuirle un error al Tribunal, comoquiera que lo que acreditó el Ministerio de Minas y Energía en el documento memorado por el recurrente en los errores de hecho, visible a folios 1200 y 1202, sólo explicó que, efectivamente, aquella sociedad junto con South American Gulf Oil Company «protocolizaron la cesión de la Concesión Barco en el año 1932» y luego los revirtieron en el año citado, esto es, 1975.

De esta forma, la reversión de los campos a la Nación y la cesión de ésta a Ecopetrol S.A.no tuvo necesariamente el efecto anunciado por la censura para soportar su dicho, menos aun cuando el servicio que prestó el actor a la compañía involucrada en la reversión y cesión de 1975, se dio, según él mismo lo anunció en la demanda inicial, entre 1963 y 1969 y para la calenda citada adujo estar vinculado con el Ministerio de Minas y Energía y luego, con otras sociedades distintas de aquellas.

Importa aclarar por la Sala, que el contrato de asociación es una modalidad especial de contrato de amplio uso en el sector de hidrocarburos desde la vigencia del Decreto 2310 de 1974, que se caracteriza por el acuerdo para la exploración y explotación de un área específica que está bajo la tutela de la Nación, mediante la ejecución de inversiones y actividades en el marco de una comunidad en la administración de cuentas.

En este tipo contractual es Ecopetrol S.A. la entidad que, por disposición legal, interviene en la asociación con un particular nacional o extranjero, lo que permite razonar, como lo hace la censura, que la Nación está representada en aquella entidad, a lo que se opone la pasiva en la réplica.

Sin embargo, más allá de si esta entidad verdaderamente representa a la Nación en los contratos de asociación para la exploración y explotación de hidrocarburos o si sólo es una entelequia jurídica para instrumentar la ejecución de aquel tipo de contratos, lo cierto es que ello en modo alguno conduce a considerar que cualquier trabajador de una sociedad que haya estado asociada a Ecopetrol S.A. puede reclamarle de manera directa el pago de las obligaciones convencionales que estén pactadas en sus propios estatutos extralegales si no ha sido así expresamente previsto en los mismos.

Tampoco sucede ello con los contratos de concesión, en los que la autoridad nacional pacta con un concesionario la explotación de recursos naturales no renovables que pertenecen exclusivamente a la Nación, a cambio de una contraprestación periódica como regalía. Ninguna de estas modalidades contractuales, a pesar de contar con cláusulas de reversión con mayores o menores obligaciones, configuran las hipótesis fácticas y jurídicas que busca la censura.

Finalmente, no sobra recordar que, como ha dicho la Corte de manera reiterada, la Convención Colectiva de Trabajo no es norma sustantiva de alcance nacional y constituye una prueba para los efectos del recurso de casación, en tanto los derechos que emanan de ella deben ser probados y acreditados en el proceso.

De esta manera, la interpretación de las disposiciones de dichos acuerdos corresponde, en principio, a las partes y luego a los jueces de instancia, quienes actúan amparados bajo el principio de la libre formación del convencimiento conforme el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por lo que –como se ha dicho con antelación-, la conclusión del juzgador al interpretarla es autónoma y debe ser respetada, mientras no se muestre irrazonable o insensata (CSJ SL3720-2018; CSJ SL4772-2018; CSJ SL11447-2017; CSJ SL10734-2017; CSJ SL7215-2016; CSJ SL18308–2016; CSJ SL9291-2015; CSJ SL45765-2013; CSJ SL, 28 feb. 2012, rad. 42947). En este orden de ideas, no se aprecia equivocado de forma protuberante el juicio del Tribunal.

Las razones expuestas son suficientes para dar al traste con el cargo elevado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente comoquiera que su recurso no salió avante y fue replicado. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil trece (2013) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por CARLOS JULIO DAZA MARTÍNEZ en contra de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A., ECOPETROL S.A.

Costas como quedó dicho en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL4762-2019

Radicación n.° 66522

Acta 36

Conforme lo expuse en la sesión donde fue objeto de debate la sentencia que origina este salvamento de voto, con todo respeto por la posición mayoritaria, considero que el demandante sí tenía derecho a la pensión de jubilación convencional a cargo de Ecopetrol, razón por la cual debió casarse la providencia impugnada.

En efecto, el artículo 1° del Decreto 284 de 1957 establece que los trabajadores de las empresas contratistas gozarán de los mismos salarios y prestaciones a que tengan derecho los de la beneficiaria en la respectiva zona de trabajo, de acuerdo con lo establecido en las leyes, pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.

Quiere ello decir que el demandante, como trabajador de las empresas contratistas de Ecopetrol, estaba perfectamente legitimado para reclamar la pensión de jubilación establecida en el artículo 109 convencional, y a que le fuera reconocida por haber cumplido los requisitos allí estipulados.

Es indiscutible que, por virtud de lo preceptuado en la norma citada, no es posible predicar que los trabajadores de las empresas contratistas pasen a serlo de Ecopetrol. Sin embargo, el fallo adoptado por la Sala olvidó que a la estatal petrolera le cabe una inevitable responsabilidad solidaria, al tenor del artículo 34 del CST, en la medida en que la labor realizada por el trabajador no era extraña a las actividades normales de aquella.

Siendo así las cosas, si bien los empleadores del actor son responsables del pago de la prestación, la demandada también lo es, y por consiguiente, no podía ser absuelta en este proceso judicial que se adelantó en su contra en procura de obtener la satisfacción del derecho.

Conviene recordar que los jueces tienen el deber legal de interpretar la demanda, y que no están atados a las calificaciones jurídicas señaladas en ella.

En estos términos planteo mi disenso.

Fecha ut supra,

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado

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