SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 26 de noviembre de 2009, resolvió:
PRIMERO.- ABSOLVER a las demandadas COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A. EN LIQUIDACIÓN representada legalmente por Oscar Antonio Hernández Gómez, por quien haga sus veces al momento de la notificación contra la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, representada legalmente por el señor Gabriel Silva Lujan, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por el actor señor ABEL RODRIGUEZ VILLANUEVA, por las razones expuestas en la parte resolutiva de esa providencia.
SEGUNDO: El despacho declara probada la excepción de inexistencia de la obligación propuestas por las demandadas y se considera relevada del estudió de los demás medios exceptivos propuestos, por cada una de las demandadas.
TERCERO: COSTA. Lo serán a cargo de la parte demandada y a favor de la parte actora. Téngase.
Y el 18 de marzo de 2011, aclaró el numeral 4 de la sentencia, en el sentido de precisar que las costas estarían a cargo de la parte demandante y a favor de la parte demandada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Inconforme con la decisión anterior, el demandante interpuso recurso de apelación, y la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 26 de septiembre de 2012, resolvió:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada para en su lugar, CONDENAR a la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA y la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, subsidiariamente a pagar a favor del señor ABEL RODRIGUEZ VILLANUEVA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.441.171 de Barranquilla, el reajuste de la mesada pensional insoluta a partir del 15 de marzo de 2003, y teniendo en consideración que la mesada pensional a cancelar a dicha fecha lo es en el monto de $5´087.789.35 y no de $2.283.322.67, diferencia esta que habrá de pagarse debidamente indexada, por las razones anteriores expuestas.
SEGUNDO: REVOCAR las costas impuestas en primera instancia a la parte demandante las cuales serán a cargo de las demandadas. Sin Costas En esta instancia.
En lo que interesa al recurso extraordinario, esto es, el tema de la responsabilidad subsidiaria de la recurrente, el ad quem señaló:
«En necesario precisar que la FEDERACIÓN DE CAFETEROS DE COLOMBIA fue demandada en el presente proceso en calidad de responsable subsidiaria de la Compañía de Inversiones Flota Mercante S.A. en Liquidación.
Advierte la Sala, que a folios 90 y 91 vuelto del instructivo milita el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio en relación con la Inversiones Flota Mercante S.A. en Liquidación S.A., en liquidación en la cual se certifica que “POR DOCUMENTO DEL 29 DE ABRIL DE 1998, DE SANTA FE DE BOGOTA, INSCRITO EL 9 DE JUNIO DE 1998, BAJO EL NUMERO 637602 DEL LIBRO IX LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA DOMICILIADA EN SANTA FE DE BGOTA D.C. COMUNICO QUE EN SU CONDICIÓN DE ADMIMISTRADORA , DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ Y CON RECURSOS DE ESTE COMO MATRIX, (SIC) SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA”. De dicho certificado se deduce que la FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS es la matriz se la Compañía Inversiones Flota Mercante S.A.
En apoyo de la inferencia, reproduce el contenido de los artículos 260 del C. Co., y 261, modificado el primero por el 26 de la Ley 222 de 1995, y 148 de la citada ley, modificado por el 126 de la Ley 1116 de 2006, y reafirma que la mencionada federación es la matriz de la Flota Mercante; de ahí que le asista razón al apelante en cuanto que «la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, responda subsidiariamente por las condenas impuestas en su contra», máxime que la corte Constitucional en sentencia C – 510 de 1997, al estudiar la constitucionalidad del citado artículo 148 de la ley 222 de 1995, señaló: «que la responsabilidad subsidiaria de la matriz se presume al considerar que la sociedad se encuentra en situación concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que en el proceso se demuestre que esta fue ocasionado por una causa diferente», transcribiendo para el efecto apartes de la mentada decisión.
En suma, asentó que al no existir duda sobre la condición de matriz de la Federación Nacional de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café, de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, así como la situación de control de esta con respecto a aquella, se concluía por esa Sala, «que le asiste razón al actor respecto de la denominada sociedad matriz Federación Nacional de Cafeteros, como responsable subsidiaria, de las obligaciones que emergen de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., es decir, como lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la sociedad matriz sólo está obligada al pago de las acreencias cuando no puedan ser asumidas por la responsable principal que en este caso es la Compañía de Inversiones la Flota Mercante S.A.».
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto en nombre de las demandadas, es decir, la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. – En Liquidación y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, sin embargo, respecto de la primera, se declaró desierto, por lo que solo se estudiará el sustentado por la segunda.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, solicita a la Corte que case parcialmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, la absuelva de la «responsabilidad subsidiaria, y por consiguiente, de las condenas que, como consecuencia de esa declaración le fueron impartidas en dicho fallo».
Con ese propósito, invocó la causal primera de casación laboral, y formuló un cargo, que fue replicado oportunamente.
CARGO ÚNICO
Acusó la sentencia impugnada, de «ser violatoria, por la vía directa de normas sustanciales, por la indebida interpretación del artículo 148 de la 222 de 1.995, dislate de juicio que condujo al sentenciador acusado a la aplicación indebida de los artículos 19 y 260, del C.S. del T.; 8 de la Ley 153 de 1887; 36 de la Ley 100 de 1993, 16 de la Ley 446 de 1998 y 230 de la Constitución Política […] (sic)».
En la demostración del ataque, sostuvo que el juez de alzada, al detenerse en el estudio de la procedencia de la responsabilidad subsidiaria endilgada a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, luego de referirse a la sentencia C- 510 de 1997, a través de la cual la Corte Constitucional en la referida sentencia al estudiar el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, dejó sentado que «la responsabilidad de la matriz se presume», y que dicha intelección conlleva de mera equivocada al quebrantamiento directo del citado artículo 148, pues a su juicio, «partió de una presunción dándole a la mentada norma un alcance completamente distinto al que le corresponde», cuando claramente se colegía del mismo «que lo que se presume es la causa de la situación de control, no la responsabilidad de la matriz…»», y en el intento de demostrar el yerro jurídico asentó:
La responsabilidad subsidiaria de la sociedad matriz sobre las obligaciones de la subordinada, se abre camino únicamente en el evento en que estuvieran cumplidas “copulativamente” las siguientes condiciones: que la situación de concordato o liquidación obligatoria haya sido producida «por causa de las actuaciones de la controlante»; que dichas actuaciones se hubieren realizado «en virtud de la subordinación ejercida por la matriz»; que las actuaciones de la controlante se haya realizado «en su interés o en interés de otra de sus subordinadas», y que las actuaciones de la controlante hubieren realizado en contra del beneficio de la sociedad en concordato, es decir, «que no se hubiesen adoptado en beneficio de ésta», requisitos o condiciones a los que se había referido la Corte Constitucional en la sentencia referida, que de paso reprodujo.
De manera que la «responsabilidad subsidiaria no era más que una manifestación del abuso del derecho, y ello se deducía al reparar que la norma analizada establece una consecuencia patrimonial adversa solo para quien, teniendo el control de una compañía, abusa de dicho derecho al tomar decisiones que no benefician a la controlada- es más, que la perjudican -, sino solamente a él, o a otra de sus subordinadas», asentando al respecto, que la ley misma consagró los supuestos en que se configura el abuso del derecho, siendo los mismos trascendentes solo cuando se analizan en su totalidad, y no de manera fraccionada o inclusive prescindiendo de uno de ellos.
Seguidamente, afirmó que el error jurídico en el que incurrió el sentenciador, consistió al interpretar con error el art. 148 de la Ley 222 de 1995, al suponer en virtud de dicha disposición la “responsabilidad subsidiaria”, haciéndole decir a la ley algo que no establece, desconociendo los presupuestos o condiciones ya mencionados sobre la responsabilidad subsidiaria, cuando debió afirmar «que la presunción legal recae únicamente sobre dos de los elementos constitutivos de la responsabilidad subsidiaria – y no sobre la totalidad, relacionados únicamente con la situación concursal de la subordinada esto es, que la situación se originó en un decisión de la matriz, y que la misma fue adoptada en virtud de la subordinación, pudiendo esto desvirtuarse mediante la prueba de que la situación del concurso tuvo lugar por un hecho distinto a la decisión de la controlante, o que, a pesar de mediar la decisión de esta, el poder ejercido no fue el culpable, pues los demás socios estuvieron de acuerdo íntegramente con lo resuelto – decisión unánime-. Pero, como es fácil de corroborar, quedaron por fuera de dicha presunción los requisitos restantes de la responsabilidad subsidiaria, como lo son: que la decisión de la controlante se tomó con el fin de beneficiarla a ella o a otra de sus subordinadas, y que la decisión no reportaba beneficio a la concursada; teniendo con esto que aceptar que, al no cobijar la presunción la totalidad de los presupuestos de la responsabilidad subsidiaria, esta no se presume».
Aduce, que en la sentencia de constitucionalidad mencionada, para el alto tribunal Constitucional, «simplemente se presume el nexo causal entre la actuación de la matriz y la quiebra de la subordinada, más no que dicha actuación se hubiese realizado en el interés exclusivo de la controlante, y en perjuicio de la controlada», criterio que había sido recogido por la jurisprudencia de esta Sala de Casación Laboral, en sentencia del 22 de septiembre de 2009, rad. 35244, de la que reprodujo el fragmento.
En ese orden, concluyó que “quien pretenda la declaratoria de responsabilidad subsidiaria, si bien puede apartase de la presunción legal de que las decisiones de esta, en virtud de la subordinación ejercida, desencadenaron la liquidación, no puede hacerlo en lo que hace referencia a las condiciones restantes ya enunciadas – que hizo para beneficiar a la matriz y perjudicar a la controlada-, debiendo el actor acreditar su presencia, puesto que, se reitera, el artículo 148 de la Ley 222 de 1995 no presume la responsabilidad subsidia de la matriz», por manera que el sentenciador de instancia no podía desconocer como lo hizo, lo preceptuado por los artículos 373 y 252 del C.Co., ni lo asentado por el alto tribunal constitucional en la sentencia C- 865 de 2004, sobre la responsabilidad de las sociedades anónimas y por acciones.
En suma, que de no haber incurrido en el evidente y trascendente error de sostener que la Federación Nacional de Cafeteros, era responsable subsidiaria, por «cuanto no había prueba que desquisiera la presunción de responsabilidad que consagra la ley,», y señalado que «al no presumirse la responsabilidad subsidiaria, sino solamente algunos de sus elementos, en aras de determinar si la declaratoria pedida por el actor era verdaderamente procedente, era indispensable averiguar por la prueba de los demás requisitos, como eran, que las decisiones de la Federación Nacional de Cafeteros – como administradora del Fondo Nacional del Café- se adoptaron consultando su interés o el de otra subordinada, y que, dicha decisión no reportó beneficio alguno a la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante Grancolombiana, los cuales no se presumen», y además constar que no había prueba en el plenario de los elementos restantes, es decir, de los que no se presumían, circunstancia fáctica que no se discutía, se hubiere visto abocado a declarar la improcedencia de la responsabilidad tantas veces mencionada, reconociendo entonces que la Federación, como administradora del Fondo Nacional el Café, «no responde subsidiariamente del pago de ninguna obligación a favor del señor Abel Rodríguez Villanueva».
LA RÉPLICA DEL ACTOR
Afirma el opositor, que al alegarse por la censura que el tribunal declaró la responsabilidad subsidiaria sin que se hubieran probado los presuntos elementos para que procediera la condena impuesta, debió formular el ataque por la vía indirecta y no la directa como lo hizo.
Y desde el plano de lo sustancial, indica que no es cierto como lo asegura la censura, que la Corte Constitucional en la sentencia C- 510 de 1997, parte de la presunción de ser la matriz la responsable de la quiebra de la subsidiaria y de que deban probarse tres elementos y hasta tanto no se demuestren no se procede su deber de pagar las obligaciones insolutas de su subordinada, sino lo que allí se decidió, fue «que basta la subordinación de la sociedad en quiebra para que proceda la responsabilidad subsidiaria, como efecto patrimonial», es decir, que al presumirse que la quiebra se dio por las decisiones de la matriz procedía la responsabilidad subsidiaria en materia laboral, civil y comercial
Insiste, en que al actor solamente le competía probar la subordinación de la compañía de Inversiones a la Matriz Federación y la liquidación, debiendo la controlante desvirtuar la presunción de responsabilidad, es decir, contra quien el legislador estableció la presunción.
De otra parte, en cuanto a si el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, viola la constitución, al obligar a responder a los socios por las obligaciones de la subordinada, pues ellos respondían hasta el monto de sus aportes, resaltó que la Corte Constitucional en sentencia C- 195 de 1997, al analizar el artículo 383 del C.Co., resaltó que su aplicación ninguna consecuencia podía tener en lo relativo a acreencias laborales reclamadas por trabajadores.
Además, que en la sentencia del SU 1023 de 2001, se concretaron todos los postulados constitucionales en la obligación de la Federación a pagar las mesadas de los pensionados de la subordinada Flota Mercante, en aplicación de la presunción de la legalidad de responsabilidad del art. 148 de la Ley 222 de 1995, sin necesidad de recurrir a juicio donde previamente se demuestre los tres elementos que añora en el expediente el censor. Y aclaró suficientemente la procedencia de la presunción de responsabilidad subsidiaria de la Federación.
CONSIDERACIONES
En primer lugar, debe hacer notar la Sala, que como lo afirma la opositora, la demanda no es un modelo; ello por cuanto a pesar de enderezar su único ataque por la senda del puro derecho, con lo cual se parte de la base de que se aceptan las conclusiones fácticas a las que arribó el juzgador de alzada, además de así indicarlo expresamente el recurrente, se evidencia sin embargo, que en su discurso argumentativo, insistentemente alude a que no se tuvieron en cuenta los restantes requisitos que en su criterio se exigen para tener por demostrada la presunción de responsabilidad subsidiaria.
En efecto, en sus argumentos alude, a que el Tribunal se equivocó al sostener que la Federación Nacional de Cafeteros, era responsable subsidiaria cuando «no había prueba que desquiciara la presunción de responsabilidad que consagra la ley, debiendo por el contrario haber señalado que «al no presumirse la responsabilidad subsidiaria, sino solamente algunos de sus elementos, en aras de determinar si la declaratoria pedida por el actor era verdaderamente procedente, era indispensable averiguar por la prueba de los demás requisitos, como eran, que las decisiones de la Federación Nacional de Cafeteros – como administradora del Fondo Nacional del Café- se adoptaron consultando su interés o el de otra subordinada, y que, dicha decisión no reportó beneficio alguno a la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante Grancolombiana, los cuales no se presumen», lo que indica que hace una mixtura de la vía directa e indirecta, lo cual es inadmisible en casación.
Empero el anterior dislate de técnica, del desarrollo de su acusación, la Sala infiere que le atribuye a la sentencia acusada, dislates jurídicos por la errónea interpretación de los artículos 148 de la Ley 222 de 1995 y aplicación indebida de los artículos 19 y 260, del C.S. del T.; 8 de la Ley 153 de 1887; 36 de la Ley 100 de 1993, 16 de la Ley 446 de 1998 y 230 de la Constitución Política.
Bajo ese escenario jurídico, no se discute por la censura los supuestos fácticos establecidos por el sentenciador, en cuanto que el demandante Abel Rodríguez Villanueva, trabajó para la Flota Mercante Grancolombia S.A., hoy Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. En Liquidación, desde el 6 de agosto de 1966 hasta el 30 de junio de 1990, desempeñando como último cargo el de primer mayordomo, y que la citada sociedad nunca afilió al actor para los riegos de vejez, por lo que, mediante Resolución nº. 007 del 24 de abril de 2003, y en aplicación del artículo 260 del C.S.T. y 36 de la Ley 100 de 1993, le reconoció la pensión de jubilación a partir del 15 de marzo de 2003 cuando cumplió 55 años de edad, y por haber laborado más de 20 años, en cuantía inicial de $2.283.322.67, la cual estaba a cargo exclusivo de la sociedad demandada; que era beneficiario de régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que se encuentra acreditada la condición de matriz de la Federación Nacional de Cafetero, como administradora del Fondo Nacional de Café, así como la situación de control de esta respecto de aquella.
El Tribunal para concluir que la recurrente tenía responsabilidad subsidiaria en la obligación del reajuste de la pensión de jubilación del demandante, se basó en el 148 de la ley 222 de 1995, y la sentencia constitucional C – 510 de 1997, en que el órgano de cierre constitucional concluyó, que «la responsabilidad subsidiaria de la matriz se presume al considerar que la sociedad se encuentra en situación concursal, por las actuaciones del control, a menos que en el proceso de demuestre que esta fue con ocasionado por causa diferente», y por ende la sociedad matriz únicamente estaba obligada al pago de las acreencias cuando no pudieran ser asumidas por la responsable principal, que en este caso era la Compañía de Inversiones la Flota Mercante S.A.
Por su parte, el censor para derruir tal argumento, aduce que el sentenciador incurrió en yerros jurídicos atribuidos debido a la interpretación errónea de unas normas, que los condujeron igualmente a la aplicación indebida de otras disposiciones, todas señaladas en la proposición jurídica.
Pues bien, para dar respuesta al recurrente, debe señalarse, que el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, en el cual se fundó en parte el fallo del juez colegiado, es del siguiente tenor:
ART. 148.Acumulación procesal. Cuando simultáneamente con el trámite del concordato y antes de ser aprobado el acuerdo, se adelanten concordatos de otras entidades vinculadas entre sí por su carácter de matrices o subordinadas, o cuyos capitales estén integrados mayoritariamente por las mismas personas, sea que éstas obren directamente o por conducto de otras personas jurídicas, de oficio o a solicitud de cualquiera de los acreedores o del deudor, la Superintendencia de Sociedades decretará la acumulación de ellos, mediante el trámite que para la acumulación de procesos establece el Código de Procedimiento Civil.
PARAGRAFO. Cuando la situación de concordato o de liquidación obligatoria haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinación y en interés de ésta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en concordato, la matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de aquélla. Se presumirá que la sociedad se encuentra en esa situación concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que ésta fue ocasionada por una causa diferente. (Negrillas fuera del texto original).
De igual forma, la Ley 1116 de 2006, que derogó el Título II de la Ley 222 de 1995, si bien para el momento de los hechos aquí debatidos aún no estaba vigente, en su artículo 61, dispone:
ARTÍCULO 61. DE LOS CONTROLANTES. Cuando la situación de insolvencia o de liquidación judicial, haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinación y en interés de esta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en reorganización o proceso de liquidación judicial, la matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de aquella. Se presumirá que la sociedad está en esa situación concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que esta fue ocasionada por una causa diferente. (Negrillas fuera de texto original).
Conforme al texto de las disposiciones transcritas, se infiere que en ellas se consagró una presunción especial de orden legal, en el sentido de que el estado concursal o de liquidación obligatoria de una empresa subordinada, surge como consecuencia de las actuaciones realizadas por la sociedad matriz, las que se derivan de los actos de control ejercidos por esta última; de igual forma, previó este precepto, que corresponde a la compañía controlante, desvirtuar tal presunción, demostrando que esta fue ocasionada por causas diferentes a su proceder.
De la lectura de la providencia confutada, se observa que el juez de segundo grado, una vez concluyó que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, fungía como entidad controlante o matriz, respecto de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., lo que no es objeto de controversia, le atribuyó responsabilidad subsidiaria, tomando como presupuesto para ello, la presunción legal en el artículo 148, esto es, que el estado de liquidación obligatoria, provenía de los actos de control que aquella ejerció, sosteniendo además, que ello no fue desvirtuado por parte de la recurrente, al no aparecer acreditadas en el expediente, situaciones que así lo indicaran.
Al respecto resulta oportuno traer al caso, lo adoctrinado la Corte Constitucional en la sentencia SU-1023 de 2001, en la que dijo:
En consecuencia, existe subordinación de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, en liquidación obligatoria, frente a la Federación Nacional de Cafeteros, la cual se traduce, en las condiciones que señalan el artículo 27 y el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, en la presunción de responsabilidad subsidiaria de la Federación por las obligaciones de la CIFM. Se reitera, en los términos de la sentencia C-510 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, que “no se trata de una responsabilidad principal sino subsidiaria, esto es, la sociedad matriz no está obligada al pago de las acreencias sino bajo el supuesto de que él no pueda ser asumido por la subordinada, lo que, unido a la hipótesis legal de que las actuaciones provenientes de aquélla tienen lugar en virtud de la subordinación y en interés de la matriz o de otras subordinadas, apenas busca restablecer el equilibrio entre deudor y acreedores, impidiendo que éstos resulten defraudados”.
16. Desde otra óptica, la Federación Nacional de Cafeteros se opone a la afectación de los recursos del Fondo Nacional del Café y/o de la Federación para asumir el pago de las mesadas a favor de los pensionados de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, pues considera, frente a la afectación de los recursos del Fondo, que se trata de recursos parafiscales, los cuales pueden destinarse únicamente a los fines que señale la ley sin que en ellos se encuentre el pago de pasivos pensionales; de otra parte, frente a la vinculación de la Federación, expresa que no existe ningún vínculo laboral entre la Federación Nacional de Cafeteros y los trabajadores o los pensionados de la Flota Mercante.
Sin embargo, la Corte no admite este argumento pues existen dos presupuestos fácticos, acordes con la naturaleza de las rentas parafiscales, que permiten la afectación de los recursos de la Federación Nacional del Café - Fondo Nacional del Café en esta oportunidad. En primer lugar, las inversiones efectuadas por la Federación Nacional de Cafeteros en la Flota Mercante tuvieron como finalidad el desarrollo de actividades inherentes al fomento y/o beneficio del sector cafetero del país, en tanto se realizaron a su favor actividades de mercadeo, transporte y comercialización del café colombiano, y las inversiones en la Flota Mercante así lo evidenciaron en su momento. En segundo lugar, la teoría de las rentas parafiscales referida a inversiones en las actividades que señale la ley tiene una relación de doble vía, comprendida como la oportunidad que tienen los destinatarios de beneficiarse de las rentas o utilidades que genere su inversión y el derecho a la posterior destinación dentro de los amplios parámetros que señala la ley, la cual genera a su vez, en sentido contrario, la obligación de asumir las cargas que se surjan en el proceso. (Negrillas fuera de texto original).
[…]
Los aspectos antes señalados, es decir la calidad de matriz o controlante que admite tener la Federación sobre la CIFM, la presunción de responsabilidad subsidiaria de la matriz o controlante que consagra el parágrafo del artículo 148 de la ley 222 de 1995, el carácter de persona jurídica de derecho privado encargada de la administración de los recursos del Fondo Nacional del Café y el contenido específico del contrato de administración, sirven de fundamento en esta oportunidad para afectar transitoriamente los recursos de la Federación Nacional de Cafeteros – Fondo Nacional del Café, con el fin de evitar que se sigan vulnerando derechos fundamentales de los pensionados a cargo de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante.
De otra parte, en la sentencia C-510/97, proferida por esa misma Corporación, y en la que fundo también la sentencia confutada, que declaró la exequibilidad del referido artículo 148, sostuvo:
[…]
Debe tenerse en cuenta que la responsabilidad en cuestión tiene un carácter estrictamente económico y que está íntimamente relacionada con actuaciones de la matriz, según lo expuesto, luego no puede afirmarse que se imponga gratuitamente a una persona jurídica totalmente ajena a los hechos materia de proceso. Son precisamente las decisiones de la compañía controlante las que repercuten en la disminución o afectación del patrimonio de la subordinada y son también las que, en los términos del precepto, generan su responsabilidad.
Además, no se trata de una responsabilidad principal sino subsidiaria, esto es, la sociedad matriz no está obligada al pago de las acreencias sino bajo el supuesto de que él no pueda ser asumido por la subordinada, lo que, unido a la hipótesis legal de que las actuaciones provenientes de aquélla tienen lugar en virtud de la subordinación y en interés de la matriz o de otras subordinadas, apenas busca restablecer el equilibrio entre deudor y acreedores, impidiendo que éstos resulten defraudados.
La segunda parte del parágrafo acusado expresa que se presumirá la situación concursal expuesta "por las actuaciones derivadas del control", a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que fue ocasionada por una causa diferente.
El actor cree encontrar en esta regla una inversión de la carga de la prueba, que contradice la presunción constitucional de inocencia, pero la Corte no acepta esa tesis, puesto que el objeto de la presunción no es la responsabilidad en sí misma sino la situación concursal que da lugar a ella, es decir, la vinculación entre las decisiones de la matriz y el efecto patrimonial causado a la sociedad subordinada.
Se trata, entonces, de una presunción juris tantum, que puede ser desvirtuada por la matriz o controlante, o por sus vinculadas, demostrando que sus decisiones no han causado la desestabilización económica de la filial o subsidiaria, sino que ésta procede de motivos distintos. (Subrayado fuera de texto original)
Para la Sala, no existe duda alguna, que las citadas disposiciones permiten de entrada presumir que la situación concursal y la posterior liquidación de una sociedad, en este caso de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., tiene ocurrencia debido a la actuación de control ejercida por la matriz, la Federación Nacional de Cafeteros, quien se benefició así misma o a sus subordinadas y que perjudicó a la controlada.
En este orden, no encuentra esta Corte que la intelección o comprensión que el Tribunal hizo de las referidas normas sea equivocada, pues sin vacilación, se desprende que estas estipulan una presunción relativa o juris tantum, que admite prueba en contrario, y por ende, para ser desvirtuada, debe acreditarse por parte de la matriz o sus vinculadas, que el estado de liquidación obligatoria, fue ocasionado por causa diferente, en este caso, a la Federación Nacional de Cafeteros, sin que se colija de allí, que se exijan requisitos distintos, como desatinadamente lo pretende hacer ver el censor; además, es evidente que el juez plural partió de la premisa, de que en el plenario no existían elementos de juicio que conllevaran a deducir cosa distinta, ello ante la falta de demostración de la entidad controlante de que la liquidación ocurrió por circunstancias ajenas a su actuar.
En punto del debate, esta Sala en sentencia CSJ SL471-2019, reiterada en la SL1973 – 2019, proferidas dentro de proceso laboral promovido contra la misma recurrente, así reflexionó:
Bajo tal dirección, se configura la presunción iuris tantum o legal y, por tanto, se constituye en la fuente normativa de la predicha responsabilidad subsidiaria, que admite prueba en contrario como lo consagra la norma en cita, conforme al artículo 66 del Código Civil, que establece que «se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume» y, en consecuencia, tal posibilidad estará a cargo de quien contradice la existencia del supuesto normativo en el caso concreto.
Para este asunto, la presunción de la responsabilidad permite partir de la base de que la situación de concordato o liquidación obligatoria de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante se causó como efecto de la subordinación que la vincula a la Federación Nacional de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café y, en tal medida, las obligaciones de la sociedad en liquidación deben ser asumidas por la matriz o controlante, salvo que esta se ocupe de demostrar lo contrario […]. (Negrillas fuera de texto original).
En similar sentido, se pronunció la Sala en la Sentencia CSJ SL15310-2014, puntualizando:
No controvierte la censura la inferencia del Tribunal relativa a la condición de controlante o matriz de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, respecto de la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A., EN LIQUIDACIÓN, sino que acusa al juez de la alzada de equivocarse al dar por probado que la liquidación de la segunda obedeció a actuaciones de la primera.
Para la Sala, está claro que el Tribunal para deducirle responsabilidad subsidiaria a la FEDERACIÓN, una vez estableció el carácter de controlante de la FEDERACIÓN sobre la CIFM, partió de la aplicación del parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995; en otras palabras, hizo producir efectos a la presunción legal allí consagrada
Ahora bien, si como lo sostiene el censor en su recurso, era indispensable averiguar por la prueba de los demás requisitos, que en su criterio no se presumen, y que conforme a sus alegaciones consisten en que las decisiones de la Federación Nacional de Cafeteros se adoptaron consultando únicamente su interés o el de otra subordinada, y que dicha decisión no reportó beneficio alguno a la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, este debió enderezar su ataque por la senda de los hechos, para poder así acreditar, la equivocada apreciación o no valoración de las pruebas, que le dieran respaldo a sus argumentos, siendo evidente la equivocación del recurrente en su acusación, pues se insiste que al hacerlo por la vía del puro derecho, deja incólume la conclusión fáctica del juzgador de segundo nivel.
En ese orden, no se evidencia que el juez de segundo grado haya incurrido en yerro jurídico alguno, pues es claro que la norma en cuestión sí consagra una presunción legal, y fue precisamente esa la comprensión que el juzgador de alzada le dio; y al no encontrar elementos de juicio que la desvirtuaran, le atribuyó responsabilidad subsidiaria a la recurrente, criterio que se acompasa con la línea de pensamiento que esta Sala ha adoptado en casos similares.
Lo anterior es suficiente para desestimar el ataque
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $8.480.000 que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el art. 366 del Código General del Proceso.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veintiséis (26) de septiembre de dos mil doce (2012), por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que instauró ABEL RODRÍGUEZ VILLANUEVA contra la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A. – EN LIQUIDACIÓN –, y la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, quien actúa como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.
Costas como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
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OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN