Ficha de la providencia
Sentencia SL4934-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL4934-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL4934-2019
Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura
6 de noviembre de 2019
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL4934-2019
Radicación n.° 68242
Acta 39
Bogotá, D.C., seis (6) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por RAFAEL ENRIQUE GAVIRIA ANGULO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Regional con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, el 28 de junio de 2013, leída el 19 de diciembre del mismo año por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario laboral que instauró en contra de la FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A. en calidad de administradora del PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM.
ANTECEDENTES
Rafael Enrique Gaviria Angulo demandó a la sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A., en adelante Fiduagraria S.A., con el fin de que se le condenara a reintegrarlo al cargo que ocupaba en la empresa, o a otro igual o semejante, junto con el pago de los salarios y las prestaciones sociales legales y extralegales dejadas de percibir desde la fecha del despido hasta cuando se produzca el reintegro.
Subsidiariamente, pidió que se le reconociera la indemnización por despido injusto; lo adeudado por concepto de salarios causados en virtud del reintegro ordenado mediante sentencia de tutela, así como las prestaciones sociales legales y extralegales; la reliquidación de la cesantía definitiva, sus intereses legales, la bonificación para escala técnica y profesional, las primas anuales de antigüedad, de navidad, de vacaciones, semestral y de carestía y subsidio familiar, por cuanto en su liquidación no se tuvo en cuenta el salario que le correspondía según acta del comité laboral del 3 de septiembre de 2001; la pensión de jubilación y la indemnización por falta de pago, prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
Fundamentó sus peticiones, en que prestó servicios a la Empresa de Telecomunicaciones de Cartagena S.A. ESP, entre el 25 de agosto de 1980 y el 13 de junio de 2003, fecha en que se cerró intempestivamente la empresa, y que, mediante la acción de tutela resuelta por el Tribunal Superior de Cartagena, fue reintegrado a su cargo hasta el 31 de marzo de 2006.
Manifestó que siempre estuvo vinculado al sindicato de trabajadores de la empresa, que se suscribieron diferentes convenciones colectivas de trabajo, como la vigente entre el 1° de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004, en las cuales se pactaron el derecho a la estabilidad laboral, las primas de navidad, de vacaciones, de antigüedad y de carestía, y la pensión de jubilación especial, derechos que no se le han reconocido o que fueron indebidamente liquidados.
Relató, finalmente, que por el tiempo laborado tiene derecho al reconocimiento de la pensión plena de jubilación cuando hubiera alcanzado la edad exigida, esto es, el 22 de febrero de 2010, puesto que nació el mismo día y mes del año 1960, y que el último salario promedio mensual que devengó ascendió a $1.525.000, siendo inferior al que le correspondía.
Al dar contestación a la demanda, la Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. se opuso a todas las pretensiones formuladas en su contra. Respecto de los hechos, aceptó como ciertos aquellos relacionados con los extremos de la relación laboral, que acreditan que el actor prestó servicios a Telecartagena S.A. ESP durante 25 años, 7 meses y 7 días; que esta suscribió varias convenciones colectivas de trabajo con Sintratelecartagena y que se agotó la reclamación administrativa. De los demás, dijo que no le constaban o que no eran ciertos.
Propuso como excepciones de fondo las que denominó como inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, falta de legitimación pasiva en la causa, imposibilidad jurídica y de hecho para proceder al reintegro, pago, compensación, prescripción y buena fe.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena profirió fallo el 18 de febrero de 2011, en el que resolvió:
PRIMERO: CONDENAR a la demandada FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA Y/O FIDUAGRARIA SA, a reconocer y pagar la pensión de jubilación convencional en cuantía de $1.811.531, último sueldo promedio devengado, con los reajustes legales y mesadas pensionales retroactivas igualmente reajustadas, al demandante RAFAEL GAVIRIA ANGULO identificado con CC No 73.088.041 a partir de febrero 22 de 2010 en adelante, de conformidad con dispuesto (sic) en los artículos 85 y 86 del CCT 2003-2004.
SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones de la demanda, previas las motivaciones de la sentencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Apelaron las partes y la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Regional con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, mediante sentencia proferida el 28 de junio de 2013 y leída el 19 de diciembre del mismo año en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, decidió:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada, de fecha 18 de febrero de 2011, dictada por el Juez Octavo Laboral del Circuito de Cartagena en el asunto de la referencia, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia y en su lugar ABSOLVER a la demandada FIDUAGRARIA S.A. de todas las pretensiones de la demanda.
Explicó, que el problema jurídico a dirimir consistía en determinar si la entidad demandada estaba obligada al reintegro y pago de los derechos legales y convencionales del actor, y si este tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación consagrada en el artículo 85 de la Convención Colectiva de Trabajo.
Indicó que Fiduagraria S.A. no tenía la obligación legal de pagar acreencias laborales ni reconocer la pensión convencional, tesis que apoyó tanto en los artículos 1226 y 1227 del Código de Comercio, relativos a la fiducia mercantil, como en los Decretos 1609 de 2003 y 4781 de 2005, relacionados con la supresión, disolución y liquidación de Telecartagena S.A. ESP. Así lo expuso:
A folios 216 al 224 del plenario, se evidencia que el 28 de diciembre de 2005, se constituye un Acuerdo Consorcial entre las sociedades FUDUAGRARIA S.A. y FIDUCIARIA POPULAR S.A., a fin de presentar en forma conjunta propuesta para participar en la invitación pública que hace la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., para la de PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES TELECOM EN LIQUIDACIÓN Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACION.
Este acuerdo se ve materializado, toda vez que tal consorcio fue seleccionado para el patrimonio autónomo de remanente de TELECARTAGENA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION, obligándose a "atender los procesos judiciales, arbitrales y administrativos, o de otro tipo que se hayan iniciado contra las entidades en liquidación con anterioridad al cierre de los procesos liquidatorios y la extinción jurídica de las mismas." (Subraya fuera del texto). Los hechos narrados se demuestran con la copia de la celebración del contrato de fiducia mercantil a través del cual se conformó el Autónomo de Remanentes de Telecom y sus Teleasociadas en liquidación PAR, visto entre folios 210 al 267 del expediente.
Así las cosas, se advierte que las demandadas, tienen como función "la atención de las obligaciones remanentes y contingentes, así como de los procesos judiciales o reclamaciones en curso al momento de la terminación del proceso liquidatorio.
Y es que el artículo 1226 del Código de Comercio, señala en forma clara, que la fiducia es un negocio jurídico, por el cual el fideicomitente transfiere al fiduciario, unos bienes para administrarlos o enajenarlos y así cumplir una finalidad determinada. Pero, tal como lo indica el artículo 1227 de la misma obra, los bienes objeto de la fiducia no forman parte de la garantía general de los acreedores del fideicomitente, y solo garantiza obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad de la fiducia.
Para resolver la apelación de la demandada, en lo concerniente a la pensión de jubilación convencional, trascribió el artículo 85 del acuerdo vigente para los años 2003-2004 y de su análisis concluyó:
Se tiene que la cláusula indica que: los trabajadores beneficiados por la Convención Colectiva de Trabajo 2003-2004, que hayan laborado al servicio de la extinta TELECARTAGENA S.A. E.S.P., por 20 años continuos o discontinuos, tendrán derecho al reconocimiento de pensión de jubilación especial, sólo al cumplir los 50 años de edad, de lo que se infiere que los requisitos plasmados en esta cláusula, son requisitos de exigibilidad y no de causación. La edad y el tiempo de servicios son condiciones sin las cuales no surge el derecho en definitiva, de tal suerte que si solamente se cumple una de tales exigencias y no la otra, por lo anterior el derecho no alcanza a nacer.
Así las cosas, al condenar el a quo, al reconocimiento y pago de pensión de jubilación, erró por cuanto el demandante no reunía el requisito de la edad con anterioridad a la liquidación de la extinta TELECARTAGENA, sino que sólo reunía el requisito del tiempo laborado, es decir, los veinte años de servicios. A la fecha 4 de febrero de 2009, el Sr. GAVIRIA ANGULO, contaba con 49 años de edad (Nació el 22 de febrero de 1960, folio 110), es decir, con anterioridad a la terminación del proceso liquidatorio, no había alcanzado los 50 años que indica el Art. 85 de la Convención Colectiva del Trabajo.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver en los términos presentados y bajo los alcances del recurso extraordinario.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque el fallo proferido por el Juzgado.
Con tal propósito, formuló un cargo por la causal primera de casación laboral, que fue oportunamente replicado y que se resolverá a continuación.
CARGO ÚNICO
Acusó la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, «[…] los artículos 467, 473, 474, 477 y 478 del C.S.T.; y en relación con los artículos 16, 17 y 18 del decreto 1750 de 2003 concordante igualmente con los artículos 4, 25, 38, 39, 53 y 55 de la Constitución Nacional».
Sostuvo que la mencionada transgresión se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho manifiestos en que incurrió el Tribunal:
Dar por demostrado sin estarlo, que el demandante no cumplía los requisitos para acceder a la pensión convencional determinada en la Cláusula 85 de la convención colectiva.
No dar por demostrado estándolo, que el demandante cumplió los 20 años de servicio continuos o discontinuos para ser beneficiario de la pensión convencional al momento de cumplir los 50 años de edad.
No dar por demostrado estándolo, que el demandante al haber cumplido tanto el requisito de tiempo de servicio como la edad para acceder a la pensión convencional, tenía el derecho plenamente adquirido de acuerdo a la cláusula 85 de la convención colectiva de trabajo.
Aseguró que tales desaciertos fácticos se produjeron como consecuencia de la apreciación equivocada de las siguientes pruebas:
La convención colectiva de trabajo con la respectiva nota de depósito. (fls. 41 a 78).
Liquidación de prestaciones sociales y haberes (folios 79 a 86), donde consta la fecha de ingreso y la fecha de retiro.
Fotocopia de la cedula de ciudadanía donde consta la edad. (folio 87).
Registro civil de nacimiento del demandante (folios 112).
Desprendibles de pago (folios 36 a 40).
Certificación expedida por el sindicato donde consta que el demandante si era beneficiario de la convención colectiva. (folios 34 y 35).
Documentales folios 211 a 282 relacionados con la liquidación de TELECARTAGENA S.A. E.S.P.
En la demostración del cargo, el recurrente adujo que la discusión se centraba en el entendimiento inadecuado que le dio el Tribunal a la cláusula 85 de la Convención Colectiva de Trabajo, porque de ella se desprendía claramente que al haber prestado sus servicios por espacio superior a 20 años, tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación cuando alcanzara los 50 años de edad.
Explicó que cumplió los requisitos convencionales para acceder a la pensión, por cuanto estuvo vinculado de manera continua desde el 25 de agosto de 1980 hasta el 31 de marzo de 2006, esto es, que laboró 25 años, 7 meses y 6 días y, tal como quedó demostrado en el proceso, cumplió la edad de 50 años el 22 de febrero de 2010.
Aseguró que la circunstancia de que la empresa Telecartagena S.A. ESP hubiera sido liquidada, no significaba que el derecho pensional también se extinguiera, por cuanto el Estado era garante de las pensiones, máxime por tratarse en este caso de una entidad pública que a la finalización de su proceso liquidatorio constituyó una fiducia para garantizar esos pagos.
Dijo que el error de hecho manifiesto en la decisión del Tribunal, quedó plasmado en el siguiente aparte de la sentencia:
Así las cosas, al condenar el aquo, al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, erró por cuanto el demandante no reunía el requisito de la edad con anterioridad a la liquidación de la extinta TELECARTAGENA, sino que solo reunía el requisito del tiempo laborado, es decir, los veinte años de servicios. A la fecha 4 de febrero de 2009, el Sr. Gaviria Angulo, contaba con 49 años de edad (nació el 22 de febrero de 1960, folio 110), es decir, con anterioridad a la terminación del proceso liquidatario, no había alcanzado los 50 años que indica el art. 85 de la Convención Colectiva de Trabajo.
Por último, aseguró que, habiendo cumplido el tiempo de servicio dentro de la vigencia del contrato de trabajo, «[…] al arribo de la edad requerida se causa el derecho automático a la pensión no obstante que […] estuviese por fuera del servicio».
RÉPLICA
Argumentó que el Tribunal desató el trámite de la apelación, realizando un análisis de la cláusula 85 de la Convención Colectiva de Trabajo, según el cual el demandante no tenía cumplido el requisito de la edad con anterioridad a la liquidación de la entidad demandada y por tanto no podía ser beneficiario de la pensión. Esta comprensión de la norma convencional, dijo, está acorde con el principio de la libre formación del convencimiento que le otorga la ley al juez de segundo grado y por esa razón no luce equivocada.
Señaló que no se podía predicar error de entendimiento del Tribunal y mucho menos con la característica de manifiesto, porque,
[…] reclamó el requisito consagrado en la convención colectiva de trabajo e interpretó esa prueba en el sentido que las partes habían acordado que la pensión debería causarse en vigencia de la relación de trabajo y dijo que esa condición era necesaria para el nacimiento del beneficio allí estipulado, entonces, esa conclusión no luce descabellada, puesto que, si se recurre a ese medio de convicción, fácilmente se encuentra el entendimiento que le ofreció el Tribunal. Adicionalmente, debe destacarse que el criterio del sentenciador puede verse apoyado en decisiones judiciales de la Sala de Casación Laboral respecto de controversias en las que se ha discutido ese beneficio convencional.
Precisó, con apoyo en las sentencias CSJ SL, 28 febrero 2008, radicado 29481 y CSJ SL, 21 marzo 2007, radicado 29033, que la redacción de la cláusula 85 «[…] conduce a exigir que las condiciones o requisitos de tiempo de servicio y edad, se deben reunir en el curso del contrato de trabajo».
CONSIDERACIONES
Cuando el cargo se encamina por la vía de los hechos, como aquí ocurre, el censor tiene la carga de acreditar de manera razonada la concreta equivocación en que incurrió el Tribunal en el análisis y valoración de los medios de convicción y su incidencia con lo decidido en la sentencia impugnada, que lo llevó a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia a lo que sí lo está, yerros que surgen a raíz de la equivocada valoración o falta de apreciación de la prueba calificada, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial.
Por tanto, no es cualquier desacierto el que puede dar lugar a la anulación de lo resuelto por el juez de segunda instancia, en tanto son solo aquellos errores que provienen de la lectura abiertamente equivocada de un medio probatorio, esto es, que tenga la connotación de manifiesto y abiertamente contrario a lo que objetivamente muestran las pruebas del proceso.
En el caso el Tribunal, se fundamentó en que, conforme con la Convención Colectiva de Trabajo que fue debidamente aportada, el demandante no tiene derecho a la pensión convencional que solicitó, porque no acreditó el requisito de la edad exigida en el artículo 85, antes de que se pusiera fin a la relación laboral, pues arribó a los 50 años de edad con posterioridad a que se finiquitara su vínculo contractual.
La censura, por su parte, considera que el Tribunal se equivocó al tener la edad como un requisito de estructuración o causación del derecho y no simplemente como una condición para su exigibilidad.
En ese orden, corresponde a la Sala determinar si le asiste razón al Tribunal, al considerar que el requisito de edad contenido en la cláusula 85 convencional, debe cumplirse durante la vigencia del contrato de trabajo, o si la razón está de parte del censor, que considera que la edad es un requisito de exigibilidad de la pensión. El texto de esa norma convencional es el siguiente:
CLÁUSULA 85: JUBILACIÓN ESPECIAL POR 20 AÑOS DE SERVICIO A LA EMPRESA (C.C. 71/73 –C11): Los trabajadores que hayan servido a la Empresa en forma continua o discontinua los veinte años todos requerido (sic) para la jubilación tendrán derecho a ella al cumplir 50 años de edad, salvo lo que se indique en el parágrafo de la presente cláusula.
JUBILACIÓN 100% (C.C. 62 NUMERAL 15): La empresa en caso de jubilación lo hará con el 100% del último sueldo devengado por el trabajador, salvo la excepción que se indica en el siguiente parágrafo.
PARÁGRAFO: Los trabajadores que ingresen, a partir del primero (1°) de Enero del año 2000, tendrán derecho a jubilación especial, establecida en esta Convención, cuando cumplan 55 años de edad y veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos y se pensionarán con el 75% del último sueldo promedio devengado por el trabajador durante el último año de servicio.
Sobre la interpretación de esta cláusula, la Sala tuvo oportunidad de referirse en la sentencia CSJ SL3164-2018, reiterada en la CSJ SL615-2019, en las cuales se adoctrinó lo siguiente:
Examinada la norma trascrita, para la Sala, es evidente que surge un desatino fáctico ostensible capaz de generar el quiebre de la sentencia impugnada, toda vez que el discernimiento que de la misma efectuó el Tribunal, conforme al cual el derecho pensional se causa con 20 años de servicio a la demandada y con el cumplimiento de la edad de 50 años en vigencia de la relación laboral, no es la interpretación acertada y acorde con el texto convencional.
En efecto, desde la denominación de la norma en cuestión se advierte que la intención de las partes fue la de pactar una prestación pensional cuyo elemento estructurador fuera el cumplimiento de determinado tiempo de labores, pues su titulación quedó plasmada como «JUBILACIÓN ESPECIAL POR 20 AÑOS DE SERVICIO A LA EMPRESA».
Ahora, la primera premisa de la norma en cuestión, esto es, que «los trabajadores que hayan servido a la Empresa en forma continua o discontinua los veinte años todos requeridos para la jubilación tendrán derecho a ella al cumplir 50 años de edad», no contempla, desde ningún punto de vista, la obligación de que esta última condición fáctica ocurra en vigencia de la relación laboral.
En realidad, tal disposición incluye un parámetro identificativo claro para el otorgamiento de la prestación: el tiempo de labores por 20 años, pues asigna el derecho por el solo hecho de cumplir con él, en tanto señala que el trabajador que preste el servicio en el mencionado lapso tendrá derecho, para luego decir, al cumplir la edad.
En esa medida, el cumplimiento de la edad no puede atarse a la calidad de trabajador para que el derecho nazca a la vida jurídica, toda vez que las partes que suscribieron el acuerdo no estipularon que el otorgamiento de la prestación jubilatoria sería únicamente a quien tuviera la calidad de trabajador activo de la demandada y, por tanto, ese supuesto de hecho contemplado por la norma extralegal, constituye una condición suspensiva para que el derecho se haga exigible.
Luego, la disposición colectiva posee una estructura clara, cuya interpretación más sólida y mejor construida y, por tanto, acertada, es que el tiempo de servicios a órdenes del empleador por «veinte (20) años», constituye la exigencia que determina la posibilidad de acceder a la prestación, de modo que el cumplimiento de la edad constituye una mera condición para su materialización.
Entonces, a pesar de que como lo sostiene la réplica, frente a la interpretación de las cláusulas convencionales, la jurisprudencia ha considerado que no es labor de esta Corporación fijar el sentido que pudieran tener aquellas, por lo cual si la interpretación del Tribunal es razonada se mantiene tal postura, en casos como el presente, en los que se ha fijado un único entendimiento de la norma convencional, debe la Corte apartarse de los alcances diferentes que le han dado los operadores judiciales.
Conforme a la línea jurisprudencial trascrita, incurrió el Tribunal en los errores de hecho evidentes que se le endilgaron, pues determinó que al demandante no le asistía el derecho a la pensión convencional reclamada, porque no cumplió la edad de 50 años antes de finalizar su contrato de trabajo, lo cual contradice el entendimiento actual dado por la Corte a la aludida disposición convencional, tal como quedó explicado.
Por lo expuesto, el cargo es fundado y se casará la sentencia, sin imponer costas en el recurso extraordinario dada la prosperidad del ataque.
SENTENCIA DE INSTANCIA
Siguiendo la interpretación actual que tiene la Corte de la cláusula 85 de la Convención Colectiva de Trabajo, analizada en el ámbito de la casación, debe entenderse que la pensión del actor, que prestó sus servicios continuos a Telecartagena S.A. ESP entre el 25 de agosto de 1980 y el 31 de marzo de 2006, esto es, por más de veinte años, se causó en la fecha de su retiro, pero se hizo exigible para su disfrute cuando arribó a la edad de 50 años, que conforme al registro civil de nacimiento que se encuentra en folio 112 del expediente, fue el 22 de febrero de 2010.
Como de acuerdo con la liquidación definitiva de prestaciones sociales del actor, visible a folios 79 a 86 del cuaderno principal, su último salario promedio, utilizado para calcular las cesantías, los intereses y la indemnización por terminación del contrato sin justa causa, ascendió a $1.811.531, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado.
No se causan costas en esta instancia y las de primer grado estarán a cargo de la parte demandada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Regional con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, el veintiocho (28) de junio de dos mil trece (2013), leída el diecinueve (19) de diciembre del mismo año por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario laboral seguido por RAFAEL ENRIQUE GAVIRIA ANGULO contra la FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A. en calidad de administradora del PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM.
En instancia se CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena, el 18 de febrero de 2011.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
ACLARACIÓN DE VOTO
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL4934-2019
Radicación n.° 68242
Con todo respeto por la posición mayoritaria, debo indicar que aclaro voto dentro de las presentes diligencias, pues consideró que la Sala, en estricto acatamiento del artículo 283 del Código General del Proceso, cuando fungió como juez de segundo grado, debió extender la condena hasta la fecha en que se pronunció la sentencia de instancia (6 de noviembre de 2019), y con ello, se lograba una condena en concreto.
ARTÍCULO 283. CONDENA EN CONCRETO. La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados.
El juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado.
En los casos en que este código autoriza la condena en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, estimada bajo juramento, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la providencia respectiva o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior. Dicho incidente se resolverá mediante sentencia. Vencido el término señalado sin promoverse el incidente se extinguirá el derecho.
En todo proceso jurisdiccional la valoración de daños atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales. (Subrayo).
Dejo así consignada la aclaración de voto.
Fecha ut supra.
356235-165354000
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Magistrado
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