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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4963-2019

Fecha
8 de octubre de 2019
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4963-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, actuando como Tribunal de instancia en el proceso ordinario laboral seguido por CLARA IDÉ JOYA BOTIA contra la E.S.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, hoy FIDUCIARIA POPULAR S.A. RESUELVE: MODIFICAR la sentencia proferida el 17 de julio de 2009 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga, en cuanto, a pesar de haber reconocido la condición de trabajadora oficial que mantuvo la actora tras su vinculación a la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, la absolvió de todas las pretensiones de la demanda. En su lugar, SE DISPONE: PRIMERO: CONDENAR a la E.S.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER a reconocer y pagar a CLARA IDÉ JOYA BOTIA las siguientes sumas, que deberán ser indexadas al momento de su pago: Intereses a las cesantías: $1.953.513 Vacaciones: $1.036.166 Prima de vacaciones: $1.153.083 Prima de servicios y prima extralegal: $1.383.700 Prima de navidad: $1.538.256 SEGUNDO: ABSOLVER en todo lo demás a la entidad accionada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia. TERCERO: Costas como se dispuso en la parte motiva de la sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4963-2019

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

8 de octubre de 2019

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL4963-2019

Radicación n.°62803

Acta 35

Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

Procede la Corte a proferir FALLO DE INSTANCIA, dentro del trámite del recurso extraordinario de casación interpuesto por CLARA IDÉ JOYA BOTIA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 19 de marzo de 2013, dentro del proceso que ella promovió contra la E.S.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, hoy FIDUCIARIA POPULAR S.A.

ANTECEDENTES

Clara Idé Joya Botia demandó a la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander en liquidación, con el fin de que se declarara (i) que entre ellas existió un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 31 de octubre de 1996 hasta el 20 de noviembre de 2005, fecha en la que fue despedida sin justa causa, y (ii) que la ESE liquidó en forma equivocada sus prestaciones sociales y la respectiva indemnización por despido sin justa causa.

En consecuencia, solicitó el pago de la reliquidación de los intereses a las cesantías, desde el 1° de enero de 2002 hasta la fecha de la terminación del contrato, según lo estipulado en el artículo 62 de la Convención Colectiva de Trabajo; el aumento salarial de los años 2004 y 2005, equivalentes al IPC; y los demás derechos laborales convencionales que no fueron reconocidos, tales como la dotación, los auxilios, los días adicionales de vacaciones, las incapacidades, las primas, los intereses a las cesantías, los dominicales y las horas extras.

De igual forma, peticionó que se condenara a la ESE Francisco de Paula Santander a pagar los derechos laborales convencionales causados a partir del 1° de noviembre de 2004 y «[…] mientras continúe vigente la Convención Colectiva de Trabajo»; el ajuste familiar del 4% del valor de la nómina; la reliquidación de la indemnización por despido sin justa causa; así como la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la indexación de todas las sumas solicitadas.

Subsidiariamente, pidió los intereses de las cesantías desde el 1° de enero de 2002 y el aumento salarial de acuerdo con el IPC, desde el 27 de junio de 2003, y con base en lo anterior, las demás pretensiones principales.

Como fundamento de sus peticiones, señaló que laboró para el Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), como trabajadora oficial, a partir del 31 de octubre de 1996, y para la ESE Francisco de Paula Santander desde el 26 de junio de 2003 hasta el 20 de noviembre de 2005, fecha en que esta le dio por terminado sin justa causa su contrato de trabajo. El cargo que desarrollaba era el de «Ayudante», con una intensidad de 8 horas, en la Clínica los Comuneros y que su último salario mensual fue de $1.037.191.

Aseguró que era beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre Sintraseguridad y el ISS, por lo que tenía derecho a los distintos auxilios convencionales tales como alimentación, transporte, prima de antigüedad, intereses de las cesantías y sus respectivos incrementos. Manifestó que, pese a lo anterior, la ESE Francisco de Paula Santander se negó a incrementarle el salario desde el 26 de junio de 2003 de acuerdo con el IPC, como debió hacerlo según el criterio de la Corte Constitucional, el cual determinó que los trabajadores oficiales del ISS que mantuvieran esa condición tras el Decreto 1750 de 2003, gozarían de los derechos convencionales.

Señaló que la renuencia de la ESE a reconocerle sus derechos convencionales le produjo considerables perjuicios económicos, comoquiera que no fueron tomados en cuenta factores salariales para la liquidación de las cesantías e intereses sobre las mismas, primas legales y extralegales, e indemnización por despido sin justa causa contemplada en la Convención. Finalmente, adujo haber agotado la reclamación administrativa ante la entidad demandada, la cual fue contestada en forma desfavorable.

Al dar respuesta, la ESE Francisco de Paula Santander se opuso a todas las pretensiones de la demanda y, en cuanto a los hechos, aseguró que no era procedente la declaración de un contrato a término indefinido entre la entidad y la actora, toda vez que esta desempeñaba el cargo de «Ayudante de Servicios Administrativos», al cual no se le había asignado el estatus de trabajador oficial, de conformidad con la sentencia de la Corte Constitucional CC C-314 de 2004. En tal sentido, señaló que la demandante «[…] no desempeñaba funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, razón de orden legal para no reconocerle el estatus de Trabajador Oficial».

Manifestó que la entidad no estaba obligada a aplicar la Convención Colectiva de Trabajo, comoquiera que no había sido parte del proceso de negociación; y que la última asignación salarial que devengó la demandante correspondió a la suma de $754.480, la cual se originaba por «[…] mandato legal y reglamentario bajo la competencia del Gobierno Nacional y no en acuerdos de origen convencional».

Formuló como excepciones las que llamó falta de jurisdicción y competencia, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe y carencia del derecho reclamado.

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante sentencia del 17 de julio de 2009, declaró la existencia de la relación laboral entre las partes, así como que la actora había conservado su condición de trabajadora oficial, pero absolvió a la ESE de todas las pretensiones incoadas en su contra.

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, a través de sentencia proferida el 19 de marzo de 2013, confirmó la absolución porque consideró que la demandante al vincularse a la ESE Francisco de Paula Santander, mutó su calidad de trabajadora oficial a empleada pública.

Mediante providencia CSL SL1601-2019, la Sala consideró que el problema jurídico a resolver se concretaba en determinar, si la recurrente mantuvo la calidad de trabajadora oficial, luego de su vinculación, por virtud del Decreto 1750 de 2003, a la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander, porque siendo así, tendría derecho al reconocimiento de las prestaciones convencionales deprecadas.

Para definir el mencionado interrogante, se manifestó lo siguiente:

Planteado así el problema jurídico, no hay duda de la equivocación del Tribunal por no percatarse de que la demandante conservó su calidad de trabajadora oficial, dado que su cargo de «Ayudante» en el área de servicios generales de la Clínica Los Comuneros, impidió que mutara a empleada pública, porque tal categoría fue adquirida por aquellos trabajadores que prestando sus servicios al Instituto de Seguros Sociales, pertenecían a la vicepresidencia de salud, que fue el área escindida de la entidad, y fueron incorporados a las Empresas Sociales del Estado creadas por el citado Decreto 1750 de 2003. Como no fue éste el caso de la recurrente, quien mantuvo su condición de trabajadora oficial por lo atrás explicado, las normas convencionales continuaron beneficiándola aun a pesar de haberse incorporado a la ESE Francisco de Paula Santander.

[…]

En el sub lite, es evidente que la recurrente fue vinculada inicialmente como trabajadora oficial del ISS, para desempeñar el cargo de «AYUDANTE GRADO 8», ubicado inicialmente en la sección administrativa «GCAA-CAA Paz del Rio, Seccional Boyacá», mediante contrato de trabajo suscrito el 17 de octubre de 1996 (folios 8 a 11) y cuya vigencia empezó el 31 de los mismos mes y año. A primera vista, el cargo sugiere que no se trata de una trabajadora que se desempeña en labores de mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, aspecto que permitiría su mutación de trabajadora oficial a empleada pública, conforme a lo regulado por el Decreto 1750 de 2003.

Sin embargo, mediante la Resolución n.º 2677 del 20 de agosto de 1999 (f.º 14), que ordenó el traslado de la recurrente de la Seccional Boyacá a la Seccional Santander, es el propio Seguro Social quien reconoce que el cargo corresponde al área de servicios generales, pues en el artículo primero se resuelve: «[…] Trasladar a CLARA IDÉ JOYA BOTÍA, cédula de ciudadanía número 23.913.420, Ayudante Grado 8 A, 8 horas, para el Departamento de Servicios Generales-GC/SA-Clínica Los Comuneros, Bucaramanga, Seccional Santander, registro número 19.827».

Además, en el acta de posesión (f.º 15) ante la Gerente de la Clínica Comuneros, fechada el 16 de septiembre de 1999, se ratifica que su cargo es de «[…] AYUDANTE – Grado 8 A – 8 horas – Registro No. 19.827 Departamento de Servicios Generales (GC/SA) – Clínica Comuneros», documento que no deja duda acerca de que la hoy recurrente en realidad era una trabajadora oficial de servicios generales, que conservó esa categoría después de su vinculación a la ESE Francisco de Paula Santander, en virtud del Decreto 1750 de 2003.

La anterior conclusión se refuerza, sin duda, con la comunicación de folio 16 del cuaderno principal del expediente, en la que se le informó a la demandante que tenía derecho, dada su condición de ayudante de servicios generales, a recibir la dotación pendiente de los años 2000 a 2003, y con las Resoluciones n.º 2833 y 2487 del 25 de noviembre de 2005 (folios 100 a 105), suscritas por el Gerente de la ESE Francisco de Paula Santander, se informó que la señora Joya Botía fue incorporada a la planta de personal de esa ESE, «[…] en calidad de trabajador oficial».

FALLO DE INSTANCIA

Una vez casada la sentencia de segundo grado y allegado al plenario el «Reporte de Información de archivos magnéticos de nómina personal» (folios 135 a 142 del cuaderno de la Corte), el cual fue requerido a través de auto de mejor proveer (folios 116 a 126 del mismo cuaderno), se dispone la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora, el cual se circunscribió al reconocimiento de los derechos laborales de carácter convencional en los términos de la demanda inicial.

Así las cosas, se tiene que la señora Joya Botia laboró al servicio del ISS a partir del 31 de octubre de 1996, desempeñando el cargo de «AYUDANTE GRADO 8» (folios 8 a 11 del cuaderno principal); que, dada su condición de «[…] AYUDANTE – Grado 8 A – 8 horas – Registro No. 19.827 Departamento de Servicios Generales (GC/SA) – Clínica Comuneros» (folio 15 del mismo cuaderno), preservó la calidad de trabajadora oficial incluso después de su vinculación a la ESE Francisco de Paula Santander, desde el 26 de junio de 2003 y hasta el 20 de noviembre de 2005.

Se tiene, además, que los salarios devengados correspondieron a $671.563 para el año 2003, $715.174 para el año 2004 y $754.480 para el 2005 (folios 135 a 142 del cuaderno de la Corte). Por lo tanto, tales emolumentos serán lo que habrán de tenerse en cuenta para efectuar la correspondiente liquidación de prestaciones sociales de carácter convencional.

De esta forma, teniendo claridad en cuanto a los extremos temporales del vínculo laboral, su duración y remuneración, resulta pertinente pronunciarse de manera individualizada acerca de la procedencia de cada una de las pretensiones alegadas.

En la demanda principal, la actora solicitó el pago de «[…] la reliquidación de los intereses a las cesantías, desde el 1° de enero de 2002 hasta la fecha de la terminación del contrato, […] y los demás derechos laborales convencionales que no fueron reconocidos, tales como la dotación, los auxilios, los días adicionales de vacaciones, las incapacidades, las primas, los intereses a las cesantías, los dominicales y las horas extras». De igual forma, la reliquidación de la indemnización por despido sin justa causa, así como la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

La mayoría de esas prestaciones se derivan de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004 suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial, la cual se encuentra debidamente aportada en folios 283 a 351, y de la que es beneficiaria la demandante.

De esta manera, la liquidación, de acuerdo con lo solicitado por la demandante corresponde a:

Intereses a las cesantías: El artículo 65 del acuerdo convencional establece:

ARTÍCULO 65. INTERESES PROPORCIONALES A LA CESANTÍA.

En aplicación del artículo 1° de la Ley 52 de 1975, y el inciso 3 del artículo segundo del Decreto 116 de 1976, en los casos de liquidación y pago parcial de cesantía, la liquidación de intereses se hará proporcionalmente al tiempo de servicio, transcurrido entre el 31 de diciembre inmediatamente anterior y la fecha de liquidación.

Por ello, los mismos corresponden a $370.046 para el 2003, $824.406 para el 2004 y $759.061 para el 2005.

Compensación en dinero de las vacaciones: Será otorgada con base en el artículo 48 del texto convencional, que dice:

ARTÍCULO 48. VACACIONES

El Instituto reconocerá y pagará a sus Trabajadores oficiales un descanso remunerado por cada año completo de labores teniendo en cuenta el tiempo de servicio así:

Quienes tengan hasta cinco (5) años de servicio se les reconocerá quince (15) días hábiles.

Por lo anterior, lo correspondiente al 2003 será de $205.946; para el 2004 equivaldrá a $429.088; y para el 2005 corresponderá proporcionalmente a $401.132.

Prima técnica: La misma no habrá de reconocerse, teniendo en cuenta que, de conformidad con el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo, esta procede sólo para los «[…] trabajadores oficiales médicos, que reúnan y mantengan los requisitos establecidos en la reglamentación vigente».

Prima de vacaciones: Dicha prestación será concedida en los términos del artículo 49 de la Convención Colectiva, y equivaldrá a $595.956 para el 2004 y a $557.128 para el año 2005. No se reconocerá la prestación causada en el año 2003, toda vez que la misma ya fue cancelada por la entidad demandada (folios 135 a 142 del cuaderno de la Corte).

Primas de servicios y extralegal: El artículo 50 del texto convencional, establece:

ARTÍCULO 50. PRIMA DE SERVICIOS

En adición a la prima legal, los trabajadores oficiales tendrán derecho a dos (2) primas de servicios al año, equivalente cada una de ellas a quince (15) días de salario, pagaderas así: Quince (15) días de salario, en los primeros quince (15) días del mes de junio y quince (15) días de salario en los primeros quince (15) días del mes de diciembre.

[…]

PARÁGRAFO 2°. - Tendrán derecho a la prima de servicios los Trabajadores oficiales que hayan laborado durante todo el semestre o a una suma proporcional al tiempo trabajado, siempre y cuando sea éste, por lo menos, la mitad del semestre y no hubieren sido despedidos por justa causa.

En aplicación de la norma, hay lugar a reconocer la suma de $715.147 para el 2004 y $668.553 para el 2005. No se concederá la prima de servicios extralegal correspondiente al año 2003, dado que esta ya fue reconocida por la ESE Francisco de Paula Santander (folios 135 a 142 del cuaderno de la Corte).

Prima de navidad: El artículo 11 del Decreto 3135 de 1968 dispone:

Todos los empleados públicos y los trabajadores oficiales, tendrán derecho a una Prima de Navidad equivalente a un (1) mes del sueldo que corresponda al cargo en treinta (30) de noviembre de cada año, prima que se pagará en la primera quincena del mes de diciembre.

Con base en lo anterior, la accionada adeuda a la recurrente la suma de $824.406 por el año 2004, así como $713.850 por el año 2005. No habrá de reconocerse la prima de navidad causada por el año 2003, por cuanto ya fue reconocida por la entidad demandada (folios 135 a 142 del cuaderno de la Corte).

Auxilios de alimentación y de transporte: No habrán de reconocerse, comoquiera que fueron debidamente cancelados por la accionada durante todo el vínculo laboral (folios 135 a 142 del cuaderno de la Corte).

Indemnización por despido sin justa causa: No hay lugar a la reliquidación de dicha indemnización, pues la misma fue correctamente calculada por la ESE Francisco de Paula Santander (f.° 102 del cuaderno principal y 152 del cuaderno de la Corte), en los términos del artículo 5° de la Convención Colectiva.

Por último, la Sala encuentra acreditada la buena fe de la entidad demandada, porque no sólo pagó los derechos laborales que creyó adeudarle a su trabajadora, incluyendo la indemnización por terminación sin justa causa del contrato de trabajo, sino porque resulta justificable que entendiera que siendo una trabajadora incorporada a su planta en virtud de lo dispuesto por el Decreto 1750 de 2003, su calidad de trabajadora oficial hubiera mutado a la de empleada pública, tal como aconteció con la gran mayoría de servidores al escindirse del ISS su Vicepresidencia de Servicios de Salud.

Costas en primera y segunda instancia a cargo de la entidad demandada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, actuando como Tribunal de instancia en el proceso ordinario laboral seguido por CLARA IDÉ JOYA BOTIA contra la E.S.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, hoy FIDUCIARIA POPULAR S.A.

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia proferida el 17 de julio de 2009 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga, en cuanto, a pesar de haber reconocido la condición de trabajadora oficial que mantuvo la actora tras su vinculación a la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, la absolvió de todas las pretensiones de la demanda. En su lugar, SE DISPONE:

PRIMERO: CONDENAR a la E.S.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER a reconocer y pagar a CLARA IDÉ JOYA BOTIA las siguientes sumas, que deberán ser indexadas al momento de su pago:

Intereses a las cesantías: $1.953.513

Vacaciones: $1.036.166

Prima de vacaciones: $1.153.083

Prima de servicios y prima extralegal: $1.383.700

Prima de navidad: $1.538.256

SEGUNDO: ABSOLVER en todo lo demás a la entidad accionada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

TERCERO: Costas como se dispuso en la parte motiva de la sentencia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

SALVAMENTO DE VOTO

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL4963-2019

Radicación n.° 62803

Acta 035

Conforme lo expuse en la sesión donde fue objeto de debate la sentencia de instancia que origina este salvamento de voto, con todo respeto por la posición mayoritaria, considero, paso a explicar las razones que me alejan parcialmente de lo decidido.

Empezaré por recordar, que la Corte, al desatar el recurso extraordinario, estableció claramente, que,

Planteado así el problema jurídico, no hay duda de la equivocación del Tribunal por no percatarse de que la demandante conservó su calidad de trabajadora oficial, dado que su cargo de «Ayudante» en el área de servicios generales de la Clínica Los Comuneros, impidió que mutara a empleada pública, porque tal categoría fue adquirida por aquellos trabajadores que prestando sus servicios al Instituto de Seguros Sociales, pertenecían a la vicepresidencia de salud, que fue el área escindida de la entidad, y fueron incorporados a las Empresas Sociales del Estado creadas por el citado Decreto 1750 de 2003. Como no fue éste el caso de la recurrente, quien mantuvo su condición de trabajadora oficial por lo atrás explicado, las normas convencionales continuaron beneficiándola aun a pesar de haberse incorporado a la ESE Francisco de Paula Santander. (Destaco y subrayo).

Más adelante significó:

Sin embargo, mediante la Resolución n.º 2677 del 20 de agosto de 1999 (f.º 14), que ordenó el traslado de la recurrente de la Seccional Boyacá a la Seccional Santander, es el propio Seguro Social quien reconoce que el cargo corresponde al área de servicios generales, pues en el artículo primero se resuelve: «[…] Trasladar a CLARA IDÉ JOYA BOTÍA, cédula de ciudadanía número 23.913.420, Ayudante Grado 8 A, 8 horas, para el Departamento de Servicios Generales-GC/SA-Clínica Los Comuneros, Bucaramanga, Seccional Santander, registro número 19.827».

Además, en el acta de posesión (f.º 15) ante la Gerente de la Clínica Comuneros, fechada el 16 de septiembre de 1999, se ratifica que su cargo es de «[…] AYUDANTE – Grado 8 A – 8 horas – Registro No. 19.827 Departamento de Servicios Generales (GC/SA) – Clínica Comuneros», documento que no deja duda acerca de que la hoy recurrente en realidad era una trabajadora oficial de servicios generales, que conservó esa categoría después de su vinculación a la ESE Francisco de Paula Santander, en virtud del Decreto 1750 de 2003.

La anterior conclusión se refuerza, sin duda, con la comunicación de folio 16 del cuaderno principal del expediente, en la que se le informó a la demandante que tenía derecho, dada su condición de ayudante de servicios generales, a recibir la dotación pendiente de los años 2000 a 2003, y con las Resoluciones n.º 2833 y 2487 del 25 de noviembre de 2005 (folios 100 a 105), suscritas por el Gerente de la ESE Francisco de Paula Santander, se informó que la señora Joya Botía fue incorporada a la planta de personal de esa ESE, «[…] en calidad de trabajador oficial».

Estas pruebas reafirman que el elemento subordinación, propio del contrato de trabajo, estuvo presente en la relación sostenida entre las partes. (Resalto).

En sede de instancia, para negar la indemnización moratoria, consideró, que:

Por último, la Sala encuentra acreditada la buena fe de la entidad demandada, porque no sólo pagó los derechos laborales que creyó adeudarle a su trabajadora, incluyendo la indemnización por terminación sin justa causa del contrato de trabajo, sino porque resulta justificable que entendiera que siendo una trabajadora incorporada a su planta en virtud de lo dispuesto por el Decreto 1750 de 2003, su calidad de trabajadora oficial hubiera mutado a la de empleada pública, tal como aconteció con la gran mayoría de servidores al escindirse del ISS su Vicepresidencia de Servicios de Salud. (Negrillas no son del texto original).

Esta última aseveración vertida en sede de instancia, no es más que una apreciación subjetiva de la Corte, pues está visto, como se comprobó al resolver la casación, que la empresa social del Estado demandada, sabía que la accionante, señora Clara Ide Joya Botía, era trabajadora oficial (folio 16), por ende, no es dable entender que ahora se diga, que, resulta justificable que entendiera que siendo una trabajadora incorporada a su Planta en virtud de lo dispuesto por el Decreto 1750 de 2003, su calidad de trabajadora oficial hubiera mutado a la de empleada pública, ya que, es todo lo contrario, es decir, que la demandada sabía que la actora estaba vinculada a través de un contrato de trabajo que la hacía beneficiaria de la convención colectiva de trabajo, pero, disfrazó este conocimiento previo, en una posibilidad que le brindo la ley (Decreto 1750/03).

Así, se impone precisar frente a este punto –buena fe–, que el entendimiento dado por esta Colegiatura en la decisión de la que me alejo, es contrario a lo postulado, por ejemplo en la providencia CSJ SL, del 23 de oct. 2007, rad. 28169, en la que se dijo que aquella, supone una posición de honestidad y honradez, en cuanto lleva implícita la plena conciencia de no engañar, perjudicar ni dañar y, ha de medirse, utilizando parámetros más o menos objetivos, porque en la existencia o no de ésta, los puntos subjetivos no son los que deciden la valoración de la conducta; sino la conciencia axiológica de la comunidad cuya objetividad se afirma en un tipo o modelo de obrar que opera como el meridiano de toda conducta: la del hombre medio, o si se prefiere la terminología tradicional, el buen padre de familia.

En consecuencia, la noción que quedó expresada en la sentencia implica una concepción valorativa de la conducta del empleador que no es susceptible de expresarse objetivamente, y le impone al trabajador una carga probatoria inestimable, al pedirle que demuestre que su empleador actuó con el ánimo de obtener una ventaja o beneficio sin la suficiente dosis de pulcritud; apartándose de los principios de primacía de la realidad y haciendo prevalecer el principio de la autonomía de la voluntad.

Sin duda, la naturaleza tuitiva del derecho del trabajo restringe el ejercicio de la autonomía de la voluntad y la aplicación del principio de la primacía de la realidad, permite sancionar el enmascaramiento de las relaciones laborales, por consiguiente, desde esta perspectiva, el actuar simulado es contrario a la ejecución de buena fe que demanda toda relación laboral, e imponía acceder a la indemnización moratoria reclamada, como medio de generar una reparación eficiente y suficiente para la trabajadora.

De esta manera dejo sentado mi desacuerdo con la providencia respecto de la cual salvo voto.

Fecha ut supra,

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado

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