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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4993-2021

Fecha
20 de octubre de 2021
Magistrado ponente
Donald Jose Dix Ponnefz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4993-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 13 de septiembre de 2018, en el proceso que promovió ANTONIA ROSA MANJARRÉS ORTEGA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES. Costas, como se dijo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4993-2021

Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz

20 de octubre de 2021

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

Magistrado ponente

SL4993-2021

Radicación n.° 84060

Acta 39

Bogotá, D. C., veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por ANTONIA ROSA MANJARRÉS ORTEGA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 13 de septiembre de 2018, en el proceso que promovió contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

Antonia Rosa Manjarrés Ortega, llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el objeto de que se le condenara a reconocerle pensión de vejez, retroactivo, intereses de mora, indexación sobre las condenas, lo extra o ultra petita que hallare probado y las costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones, relató que nació el 29 de octubre de 1956 y cumplió 55 años, el mismo día y mes de 2011; que cotizó al extinto ISS en pensión, desde el año 1974 y es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993, por cuanto, a la vigencia de esta, tenía 15 años de cotización al sistema; que laboró para las empresas del sector privado, entre otras, Aparta Hotel don Blas de Lezo, Civilco Ltda. y Copropiedad Edificio Portofino, con las cuales realizó cotizaciones.

Adujo que conforme a lo anterior y para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez pretendida, se le deben aplicar las leyes más favorables, de acuerdo con artículo 53 constitucional y Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad; que el 17 de junio de 2013, elevó petición a la accionada a fin de que se le otorgara la prestación y le fue negada mediante la Resolución n.° GNR 139733 de la misma fecha (f.°1 a 3).

Colpensiones al responder, se opuso a todas las pretensiones; en cuanto a los hechos, aceptó las cotizaciones a pensión efectuadas por la demandante, la solicitud elevada el 17 de junio de 2013 para el reconocimiento de la pensión de vejez y su respuesta negativa a través de la Resolución GNR 130733; sobre los demás, indicó que no le constaban.

En su defensa, arguyó que la accionante no tiene derecho a la pensión de vejez soportada en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por cuanto a pensar de pertenecer en principio, al régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, no reunió la densidad de semanas exigidas para tales efectos y tampoco las requeridas en el artículo 33 ibídem. Formuló las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación, prescripción, cobro de lo no debido y la «INNOMINADA O GENÉRICA» (f.° 26 a 30).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, mediante fallo dictado el 21 de febrero de 2018 (f.°CD 50), decidió absolver a Colpensiones de todas las pretensiones incoadas por la accionante y la condenó en costas.

Inconforme con la decisión, la demandante la impugnó.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante sentencia proferida el 13 de septiembre de 2018 (f.° 7 CD, cuaderno Tribunal), confirmó el fallo de primera instancia e impuso costas a la apelante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal adujo que el problema jurídico consistía en determinar si la actora era beneficiaria del régimen de transición y si le asistía el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, para lo cual estableció como marco normativo y jurisprudencial, los artículos 21, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993, el Acto Legislativo 01 del 2005 y artículos 12, 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, al igual que la sentencia CSJ SL, 6 de feb. 2013, rad. 41173, sobre cobro coactivo de las administradoras de fondos de pensiones, a los empleadores morosos.

Anunció que eran fundamentos fácticos pacíficos, por no existir discrepancia sobre los mismos: i) que Antonia Rosa Manjarrés Ortega, nació el 29 octubre de 1956 y cumplió 55 años, el mismo día y mes de 2011 (f.°12); ii) que el ISS hoy Colpensiones, mediante la Resolución n.° GNR 130733 de 17 de junio del 2013, le negó el reconocimiento de la pensión de vejez solicitada (f.° 9 a 11); iii) que en el reporte expedido por la entidad accionada el 13 de julio de 2016, aparecen 1.102,43 semanas cotizadas por la actora, desde el 16 de enero de 1979 hasta el 30 de junio de 2016 (f.°14 a 18); iv) que de los meses de agosto y septiembre de 1995 y 1996, reporta con el empleador Copropiedad Edificio Portofino, una deuda presunta; y, v) que en el periodo de enero 2004, en que la demandante cotizaba de manera independiente, «se registra la anotación pago en proceso de verificación».

Indicó que en virtud del principio de consonancia, resolvería la apelación de la demandante, quien aspiraba al reconocimiento de la pensión de vejez, conforme al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad y que «no se le aplicara el Acto Legislativo 01 de 2005, por considerar que va en contravía del principio la condición más beneficiosa».

Precisó que de acuerdo con la sentencia de esta Corte CSJ SL4650-2017, el mencionado principio era aplicable a las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, más no a las de vejez; teniendo en cuenta el error conceptual de la apelante, trae a colación la sentencia CC C-663-2007, de la cual copió un segmento y manifestó que si bien en materia pensional, en virtud del régimen de transición, se podía aplicar una norma no vigente, ésta debía adecuarse a las condiciones impuestas para hacerlo extensivo, de conformidad con los requisitos establecidos.

Razonó que la demandante, era beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto a la fecha de su entrada en vigor, tenía 37 años, pues nació el 29 de octubre de 1956 y por tanto, en principio, le era aplicable el régimen anterior para obtener la pensión de vejez, esto es, el previsto en el Acuerdo 049 de 1990, -edad, tiempo y monto-, que exige 500 semanas de cotización en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, o 1000 en cualquier tiempo.

Destacó que sin embargo, la actora acreditó el cumplimiento del requisito de la edad -55 años-, el 29 de octubre de 2011, después de lo consagrado en el Acto Legislativo 01 de 2005, en cuyo parágrafo 4, estableció un límite temporal sobre el beneficio de la transición de la ley general de seguridad social, que solo regía hasta el 31 de julio de 2010; que este era extensivo hasta el año 2014, a quienes hubieren cotizado una densidad mínima de 750 semanas al 25 de julio de 2005, momento de vigencia del acto jurídico constitucional, lo cual respaldó con la sentencia de esta Corporación, CSJ SL, 31 ene. 2007, rad. 31.000.

Realizó una revisión de la historia laboral de la demandante y coligió que sumadas las 21.45 semanas en mora a cargo del empleador «Edificio Portofino o Copropiedad Portofino», por algunos periodos en los años 1995, 1996 y 2004, a las 705.43 reconocidas por el ISS, arrojaban un total de 726.88, por lo que no alcanzaba a reunir las 750 requeridas, a fin de que el beneficio de la transición se extendiera hasta 2014 y consecuentemente, debía confirmar la sentencia absolutoria de primer grado.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte,

[…] CASAR en su INTEGRIDAD la decisión de la adoptada por la Sala de Decisión Segunda Laboral perteneciente al Tribunal […] y en sede de instancia, CASAR la sentencia atacada y la cual viene ampliamente discriminada en este libelo, procediéndose en consecuencia al RECONOCIMIENTO del derecho pretendido por mi poderdante y SUBSIGUIENTEMENTE al reconocimiento de las mesadas causadas y no disfrutadas, vale decir, los retroactivos causados desde la fecha de nacimiento del derecho pretendido, así como los intereses moratorios causados o en su defecto, la INDEXACIÓN de tales sumas y las costas procesales.

Con tal propósito formula dos cargos que fueron objeto de réplica y que se estudiaran conjuntamente, dada la identidad en el sendero de violación seleccionado y ser la argumentación complementaria entre sí, con la persecución de un único objetivo.

CARGO PRIMERO

Denuncia la sentencia recurrida de violatoria de la ley «por INFRACCIÓN DIRECTA, en el concepto de APLICACIÓN INDEBIDA»,

[…] del contenido del texto del Acto Legislativo No. 01 del 2005 y concretamente en su parágrafo transitorio 4, el cual regula lo concerniente con la obligación de ostentar, quién pretenda su derecho pensional, cotizados al menos, 750 semanas en el momento de entrar en vigencia tal reforma constitucional.

Lo anterior, por efectos de ignorar o desconocer, el precepto contenido en el art. 36, de la Ley 100 de 1993, en lo que concierne con la aplicación del principio de favorabilidad, teniendo en cuenta para ello que, como quiera que a mi representada, se le niega el derecho pensional pretendido, en el mismo acto administrativo que reconoce tal beneficio, vale decir, que es beneficiaria del régimen de transición, y que no obstante ello, se le niega el derecho, porque al parecer, no reúne los requisitos exigidos por la normatividad vigente, en el momento de solicitar el reconocimiento del mismo, atendiendo para ello, el número de semanas cotizadas, las cuales considera la administradora del fondo pensional no eran suficientes, procediéndose aplicar erradamente una legislación, la cual muy lejos de beneficiar los intereses de mi representada, la perjudica, como es el texto del Acto Legislativo No. 01 del año 2005.

Aduce que conforme al contenido del artículo 53 Superior, en armonía con el 48 de igual jerarquía, la norma aplicable para el reconocimiento de la pensión de vejez reclamada, es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, en razón a que la demandante tenía un total de «1.225» semanas de cotización como lo reconoció la entidad enjuiciada, con fundamento en el «art. 20, Capítulo IV, Numeral II, literal "b" parágrafo 2» y que «se le debía reconocer el porcentaje de su Mesada Pensional, en un 87%».

Asegura que el desconocimiento de los anteriores preceptos «es un aleve atentado», a lo consagrado en el citado artículo 53 de la C.N., en torno al principio de favorabilidad y de la condición más beneficiosa, en tanto la accionante es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley de 100 de 1993, habida cuenta que a 1 de abril de 1994, tenía más de 35 años cumplidos.

Afirma que el ad quem debió apreciar en la historia laboral de la promotora del juicio, que para el 25 de Julio del año 2005, fecha de inicio de vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, reunía los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero el sentenciador lo ignoró para no reconocer el derecho pensional, por el «solo prurito de que para tal fecha (25 de julio de 2005)», no tenía las 750 semanas de cotización de que trata el mencionado acto jurídico constitucional; precisó, que la diferencia de esta densidad con las reconocidas como acreditadas en esta calenda por el juez de segunda instancia «casi 730», con escaso margen, derivó en la pérdida del derecho pensional de la actora.

Sostiene que hubo un infortunado y desmedido desatino del juzgador plural contra la demandante, quien sufragó más de 1000 semanas, estando cobijada con el régimen de transición, porque coligió que le faltaban «20 o 25 semanas» para alcanzar las 750 exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005, razón suficiente para no conceder la prestación pensional; tras aludir al principio de la condición más beneficiosa y reproducir en extenso la sentencia de tutela de esta Corporación, «STC- 8260-2018», dice que el fallo cuestionado vulneró el principio de inescindibilidad, consagrado en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que el Tribunal no podía desconocer en su apreciación o aplicación de las normas legales, la integridad de las mismas.

Por último, anota, que la decisión impugnada rompe el equilibrio jurídico pues, mientras la administradora de pensiones «reconoce expresamente la vigencia del Decreto 758 de 1990 por efectos de la justa y debida aplicabilidad del art. 36 de la Ley 100 de 1993, mal puede el juzgador controvertir tal reconocimiento, ya que ello sencillamente es contranatura en la administración de justicia».

CARGO SEGUNDO

Denuncia la violación por «INFRACCION DIRECTA, en el concepto de INTERPRETACIÓN ERRÓNEA»,

[…] respecto del contenido del Acto Legislativo No. 01 del 2005, y más concretamente del texto del parágrafo transitorio 4, el cual exige para el momento de su entrada en vigencia, vale decir, el 25 de julio del año 2005 que, el pretendiente a un derecho pensional, debe tener reunidos en ese momento, 750 semanas cotizadas.

Para su demostración, arguye que el juez colegiado, erró en la interpretación del parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 01 de 2005, al dejar de lado toda la legislación anterior, relacionada con los derechos legalmente adquiridos por los afiliados al Régimen de Prima media con Prestación Definida, a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, y del cual hacía parte la demandante, quien era beneficiaria del régimen de transición allí contemplado, por lo que desconoció el principio de favorabilidad, tal como lo tiene adoctrinado esta Corte, en tanto le atribuyó a la mencionada reforma constitucional, un sentido y alcance que no corresponde.

Advierte que en el fallo denunciado, el ad quem desconoció palmariamente principios constitucionales, catalogados como fundamentales, según el canon 53 de la Carta Política, del que se origina, entre otros, el de progresividad, irretroactividad y condición más beneficiosa; que por hallarse cobijada por el régimen de transición y haber cotizado más de 1000 semanas, debió aplicar la normatividad más favorable, como el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que exige 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de los requisitos, para poder acceder al reconocimiento de su derecho pensional, o 1000 semanas en cualquier tiempo.

Aduce sin embargo, que al entrar en vigencia el Acto Legislativo y consagrar una exigencia que aduce es excluyente, como reunir una densidad de 750 semanas, «es una condición a todas luces, cercenante y desconocedora de derechos adquiridos». Que en la sentencia «STC2367-2018», la Sala de Casación Civil, argumenta sobre la CC SU-005-2018 para resolver la acción de tutela relacionada con la CSJ SL15265-2017 -que a su vez sirvió de apoyo al ad quem- y alude a la prelación de los derechos adquiridos, que se deben anteponer a situaciones como aquellas en que es menester aplicar «la legislación que, aunque no sea la inmediatamente anterior», se ajuste a las necesidades y condiciones del cotizante que persigue el reconocimiento de un derecho fundamental.

RÉPLICA

Colpensiones manifiesta que la demanda de casación contiene defectos de orden técnico, por cuanto solicita que se case el fallo de primera instancia; que en ambas acusaciones utiliza simultáneamente elementos de la vía directa como de la indirecta, senderos independientes, autónomos y excluyentes entre sí.

Asegura que la decisión del Tribunal fue acertada, pues la actora no cumplió con los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para obtener la pensión de vejez, toda vez que si bien, en principio era beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, su aplicación fue condicionada por el parágrafo 4 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005; que la señora Manjarrés Ortega, no conservó el beneficio de la transición, debido a que a la entrada en vigor de este acto jurídico, no contaba con 750 semanas de cotización, sino con 726.88 como indicó el juez plural; que arribó a los 55 años, en octubre de 2011, con posterioridad al 31 de julio 2010, fecha límite para los fines pretendidos (f.° 26 a 32).

CONSIDERACIONES

El Tribunal concluyó que la demandante no tenía derecho al reconocimiento de la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, en razón a que si bien, era beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por tener cumplidos 37 años, a la entrada en vigor de la misma, no mantuvo el referido beneficio, en la medida en que para el 25 de julio de 2005, momento en que entró a regir el Acto Legislativo 01 de ese año, no alcanzó a reunir la densidad mínima de 750 semanas de cotización, pues tan solo acreditó a esta data 726.88 y cumplió los 55 años, el 29 de octubre de 2011.

La censura reprocha que el sentenciador de alzada, haber incurrido en los yerros jurídicos que le enrostra en los cargos formulados, en razón a que no resolvió la litis, bajo la égida del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad, en virtud de los principios de favorabilidad y condición más beneficiosa, por cuanto la actora era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y por ello, el ad quem debió abstenerse de aplicar el Acto Legislativo 01 de 2005.

No se discuten en este proceso los siguientes supuestos fácticos: i) que Antonia Rosa Manjarrés Ortega, nació el 29 octubre de 1956, cumplió 55 años, el mismo día y mes de 2011 (f.°12); ii) que el ISS hoy Colpensiones, mediante la Resolución n.° GNR 130733 de 17 de Junio del 2013, le negó el reconocimiento de la pensión de vejez (f.° 9 a 11); iii) que cotizó en toda la vida laboral 1.102,43 semanas, entre el 16 de enero de 1979 y el 30 de junio de 2016 (f.°14 a 18); y, iv) que a 25 de julio de 2005, fecha de vigencia del Acto Legislativo, contaba con 726.88, incluidas las reportadas en mora a cargo del empleador «Edificio Portofino o Copropiedad Portofino».

Corresponde a la Corte determinar si el Tribunal se equivocó al concluir que la demandante no tenía derecho al reconocimiento de la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, por cuanto perdió el beneficio de la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en vigencia del Acto Legislativo 01 de ese año 2005, por no encontrar acreditada la densidad de 750 semanas de cotización para tales efectos.

Debe señalarse que si bien, la vía seleccionada en ambos cargos formulados es la directa, la demostración se realiza desde el sendero de los hechos; sin embargo, esta falencia no conlleva la desestimación del recurso al tratarse de un derecho fundamental, por lo que es desde esta perspectiva, que se descenderá al estudio de las acusaciones.

Advertido lo anterior, debe indicarse que si bien, la recurrente era beneficiaria del régimen de transición, por cuanto al 1 de abril de 1994, contaba con más de 37 años, era necesario que reuniese 750 semanas al momento de la expedición de la enmienda constitucional, promulgada el 29 de julio de 2005, a fin de que este beneficio se le extendiera hasta el 2014.

Se hace necesario recordar que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, instituyó un régimen de transición para los hombres que contaran con 40 años o más y 35 o más en el caso de las mujeres o que al 1 de abril de 1994, tuvieran 15 o más años de servicios cotizados o prestados, lo cual les daba el derecho a pensionarse con el régimen anterior al que se encontraban afiliados.

Sin embargo, el Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, en su parte pertinente dispuso:

Artículo 1°. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política:

«(…)

Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones.

En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos».

(…)

Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.

(…)

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su publicación. (Subrayas fuera de texto).

Esta Corporación en sentencia CSJ SL2714-2019, que fue reiterada en sentencia CSJ SL1694-2020, fijó dos condiciones para conservar los beneficios de la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 así:

[…] La primera, que a 31 de julio de 2010 cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicios o de cotizaciones conforme al régimen pensional anterior, caso contrario pierden los beneficios transitorios y su régimen pensional será el establecido en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones que la complementan o reforman.

Al respecto, ha dicho esta Corte que esta previsión es entendible en la medida que le estableció un límite de vigencia a un régimen que por su propia definición era de carácter transitorio, es decir, que debía tener una vigencia temporal. En consecuencia, en ningún yerro de aplicación incurrió el Tribunal, pues esa fue la regla general constitucional y de ella nada distinto es posible concluir, pues su tenor literal no deja asomo de duda sobre su contenido (sentencia CSJ SL 76848, oct. 25 de 2017).

La segunda, que al momento de entrada en vigencia del Acto Legislativo tuvieran cotizadas 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios; en este caso continuarían siendo beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2014. Esta condición se dio a manera de excepción, justamente para salvaguardar las expectativas de quienes podían pensionarse conforme con el régimen pensional anterior a la Ley 100 de 1993. (Subrayas fuera de texto).

De lo transcrito puede concluirse, sin duda, que se fijó un límite al régimen de transición, hasta el 31 de julio de 2010, para que sus beneficiarios tuvieran la posibilidad de causar el derecho pensional hasta esa fecha; en caso contrario, su pensión se regiría según lo establecido en la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas por la 797 de 2003, con excepción de aquellos que contaran con mínimo 750 semanas de cotización o su equivalente en tiempo de servicio, a la fecha de entrada en vigor del acto de reforma constitucional, a quienes tal beneficio se les extendería hasta el 31 de diciembre de 2014.

Del examen del reporte emitido por la entidad accionada (f.°14 a 18 y 51 a 55), se extrae, que la actora realizó cotizaciones a pensión, como se reflejan en el siguiente cuadro:

Concepto

Incluidas semanas en mora

No. de semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima
29/10/1991 > 29/10/2011

839,86

No. de semanas a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005
25/07/2005

721,86

No. de semanas conforme Acto Legislativo 01 de 2005 al
31/07/2010

974,86

Total densidad de cotizaciones al 29/10/2011 (al cumplimiento de la edad mínima, 55 años)

1.026,14

No. de cotizaciones en 20 años anteriores a la fecha límite AL 01/2005, entre el 31/07/1990 y el 31/07/2010

843,00

Fecha en que reunió las 1.000 semanas mínimas Acuerdo 049/1990

26/01/2011

No. de semanas cotizadas en toda la vida laboral

1.282,43

Conforme a lo consignado en el cuadro en precedencia, al alcanzar la edad de 55 años el 29 de octubre de 2011, esto es, con posterioridad a la fecha límite establecida en el parágrafo 4 del referido Acto Legislativo, - 31 de julio de 2010-, la accionante no causó el derecho, pues se requerían no solo las 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima conforme al régimen anterior, sino que dicha edad se alcanzara antes del 31 de julio de 2010, por cuanto son presupuestos legales exigibles de manera concurrente; y, tampoco acreditó el tiempo de servicios, por lo que el régimen de transición no se hizo extensible hasta 2014.

Como lo enseña la jurisprudencia de esta Sala transcrita en precedencia (CSJ SL1694-2020), es menester la concurrencia de «los requisitos de edad y tiempo de servicios o de cotizaciones conforme al régimen pensional anterior, caso contrario pierden los beneficios transitorios», caso en el que entonces, el régimen pensional, será el establecido en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones que la complementan o reforman.

Estudiada la situación jurídica pensional de la demandante desde la arista del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003, que consagra un incremento progresivo del requisito de densidad de semanas a partir de enero del año 2005 (CSJ SL3010-2019), tampoco reúne los presupuestos legales para efectos de obtener el reconocimiento de la prestación, en tanto, para 2011, cuando cumplió la edad, tenía 1026 semanas y debía reunir un mínimo de 1.200; y, a partir del año 2015, una densidad de 1.300, pero acreditó únicamente 1.282.43 en toda la vida laboral hasta enero de 2017.

Esta Sala de la Corte ha reiterado de manera pacífica, que el derecho a la pensión de vejez o de jubilación, se causa cuando concurren los dos requisitos exigidos por la normatividad, es decir, la edad y el tiempo de servicios, o densidad de semanas cotizadas; de manera que, hasta que el afiliado no los reúna, no puede predicarse la existencia de un derecho adquirido sino de una mera expectativa.

En sentencia CSJ SL7039-2017, reiterada recientemente en decisiones CSJ SL059-2021 y CSJ SL382-2021, que sirvió de fundamento para la decisión acusada, esta Corporación enseñó:

Es este el sentido natural y obvio que emana de una lectura desprevenida de la norma jurídica, según la cual la adquisición del derecho a la pensión de vejez, está supeditada a la satisfacción de los 2 requisitos allí consagrados, por manera que hasta tanto no los cumpla, no puede decirse que el derecho ha nacido, ni que el cumplimiento de uno de ellos, permite que el afiliado conserve invariable, per sécula seculorum, la condición faltante, en los términos en que estaba concebida cuando satisfizo la otra exigencia.

A no ser que la norma legal lo prevea, mientras no se satisfagan los requisitos previstos en la norma legal, el derecho subjetivo no nace a la vida jurídica a favor de una persona en concreto, ni se genera una especie de latencia del mismo que permita atribuir a quien no es aun titular del derecho, algún tipo de prerrogativa especial que le genere la petrificación del requisito que está pendiente de cumplir.

En términos generales puede decirse que el principio de retrospectividad de las normas laborales y de seguridad social impone entender que estando en curso una determinada situación jurídica, la expedición de una norma que modifique los requisitos para la adquisición de un derecho, comporta su aplicación inmediata, de suerte que si no se han satisfecho todos los requisitos, la consolidación del mismo queda subordinada al cumplimiento de las nuevas exigencias derivadas de la vigencia del nuevo precepto legal, toda vez que, en principio, la protección que brinda la Constitución y la Ley, no se extiende a las expectativas creadas a partir de la vigencia de una norma cuyo vigor expiró, sin que la persona terminara de completar los requerimientos previstos.

Por antonomasia, la retrospectividad excluye no solo la retroactividad, sino también la ultractividad, lo que implica que una vez se presente la derogatoria expresa o tácita, la norma pierde su vigencia, con la necesaria incidencia que ello comporta sobre los procesos de adquisición del derecho que se encontraren en curso.

Lo anterior, para significar que quienes antes del 29 de enero de 2003 no habían adquirido el derecho a la pensión de vejez, pues habían satisfecho los requisitos consagrados en el artículo 33 original de la Ley 100 de 1993, quedaron sometidos a las exigencias del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, según la cual los afiliados que no alcanzaron a cotizar 1000 semanas antes de que terminara el año 2005, deben acreditar la densidad de aportes con los incrementos que estatuyó dicha regla de derecho.

La claridad de la norma impide desatender su tenor literal, bajo el pretexto de consultar su espíritu, como paladinamente lo expresa el artículo 27 del Código Civil. […].

Lo anterior significa que, solo la consolidación del derecho pensional por el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas o tiempos de servicio, genera su inmutabilidad respecto a las modificaciones normativas que se produzcan con posterioridad.

En cuanto a la vulneración de los principios de progresividad e irretroactividad, aducida por la impugnante, se trae a colación lo considerado en sentencia CSJ SL984-2021, que memoró la CSJ SL1347-2019, en la cual se dijo:

[…]

3.- El parágrafo 4 del Acto Legislativo 01 de 2005, ¿es regresivo a la luz del bloque de constitucionalidad?.

Como la censura aduce que el Acto Legislativo 01 de 2005 también es inaplicable por ser regresivo de cara a los principios contenidos en los preceptos internacionales que acusa, es necesario destacar que dicha disposición reformó [e]l artículo 48 del Constitución Política y se produjo en el marco de las facultades que el artículo 375 de la Constitución confiere al legislador.

Por tanto, se trata de un precepto reformatorio de la Constitución que adquiere el consecuente status de norma supralegal, cuyo control de constitucionalidad a la luz del artículo 241 compete únicamente a la Corte Constitucional. Además, ese control se limita a vicios en el procedimiento, materiales o de fondo que solo se pueden evaluar en la medida que la disposición sustituya al texto de la carta superior.

Precisamente, en el ejercicio de tal potestad, en la sentencia CC C-178-2007 la Corte Constitucional analizó problemas jurídicos que tienen una relación estrecha con los planteados por la recurrente en casación.

En aquella oportunidad, se formularon los siguientes interrogantes:

• El Acto Legislativo acusado, sumado al conjunto de enmiendas a la Constitución Política adoptadas entre 1993 y el 2005 sustituyeron el orden superior inicialmente establecido ?

• ¿Incurrió el Acto Legislativo 01 de 2005 en un vicio de competencia por regular temas relacionados con asuntos que, según el demandante, habían sido acordados en el ámbito de la política internacional de Colombia?

• ¿Es competente el Congreso para decidir mediante acto legislativo dentro de los dos años siguientes a la realización de un referendo, en relación con temas similares a los puestos a consideración del pueblo mediante referendo constitucional aprobatorio, cuando tales temas no fueron objeto de aprobación por incumplimiento del requisito de participación ciudadana mínima establecido para que la votación fuera jurídicamente eficaz?

Al abordarlos, dicha Corporación se inhibió para estudiarlos, puesto que, a su juicio, se trababa de problemas de fondo respecto de una norma no sustitutiva del texto constitucional.

En ese contexto, es clara la imposibilidad de inaplicar la norma que se acusa. Primero, porque esta Sala carece de competencia para resolver conflictos de constitucionalidad de una norma supralegal y, segundo, porque la corporación judicial competente para ello definió que el Acto Legislativo 01 de 2005 no sustituyó el texto de la Constitución Política.

Por último, resulta pertinente advertir, que esta Corporación, en la sentencia CSJ SL1884-2020, expresó con amplitud, las razones por las cuales se apartaba del precedente constitucional contenido en la sentencia CC SU-005-2018, mencionada en el fallo de tutela «STC2367-2018», emitido por la Sala Civil de Casación, en relación con la proferida por esta Sala, CSJ SL15265-2017 y a la que acude la censura en apoyo de sus reproches, en estos términos:

Por tanto, la Corte debe determinar si en virtud del principio de la condición más beneficiosa, es jurídicamente posible aplicar ultraactivamente las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 a efectos de conceder la pensión de sobrevivientes al beneficiario de un afiliado que falleció en vigencia de la Ley 797 de 2003.

Para una mejor comprensión del asunto, es oportuno referirse a los siguientes puntos: (i) la protección de los derechos adquiridos y de las expectativas legítimas frente a cambios normativos; (ii) el principio de la condición más beneficiosa; (iii) la fuerza vinculante del precedente constitucional, y (iv) por último, se abordará el estudio del caso en concreto.

[…].

El principio de condición más beneficiosa

En efecto, el citado precepto establece que «la ley, los contratos, los acuerdos y convenios del trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores»; esto es, que las situaciones individuales y concretas previamente reconocidas deben conservarse ante una sucesión normativa. En otros términos, la nueva norma debe respetar el régimen previo.

[…].

Sin embargo, su aplicación no puede ser irrestricta al punto de petrificar la legislación e impedir la puesta en marcha de reformas sociales de interés general, de las cuales dependa la realización y efectividad de los derechos de la comunidad o la supervivencia de instituciones y prestaciones fundamentales para la sociedad. En otras palabras, su aplicación debe ser razonable y proporcional, a fin de no lesionar o comprometer severamente otros derechos de interés público y social.

[…].

La fuerza vinculante del precedente constitucional

La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de resolver el asunto de su competencia.

Asimismo, ha precisado que su precedente tiene fuerza vinculante, puesto que, sin duda, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermenéutica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgarle comprensión a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones normativas y a desarrollar principios básicos del Estado Constitucional, como el de seguridad jurídica; además, permite materializar el respeto de los principios de igualdad, supremacía de la Carta Política, debido proceso y confianza legítima (C-539-2011).

No obstante, también ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad; es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior y el precedente en vigor; esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela.

El primero, tiene fuerza vinculante especial y obligatoria en razón de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresión a la Constitución Política (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque también tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentación suficiente, en armonía con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017).

En ese contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y su aplicación debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jurídicos Superiores valiosos para los individuos y la sociedad-, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter partes y a la ratio decidendi de la sentencia SU-05-2018, se aparta de su contenido -deber de transparencia-, por las razones que se expone a continuación -deber de argumentación suficiente- (C-621-2015 y SU-354-2017).

En esa providencia, dicha autoridad judicial estableció que es posible la aplicación plus ultractiva de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, (ii) no acredite 50 semanas de aportes durante los tres años anteriores al deceso, para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, (iii) pero sí reúne el número mínimo de semanas cotizadas exigidas en el régimen anterior.

Igualmente, asentó que es procedente la acción de tutela para reclamar la pensión de sobrevivientes, cuando se cumplan con las siguientes condiciones del test de procedencia: (i) pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) tener afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital; (iii) depender económicamente del causante antes de su fallecimiento, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso; (iv) al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la pensión de sobrevivientes, y (v) la persona reclamante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de tal prestación.

A juicio de esta Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Así mismo, desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente los de aplicación general e inmediata y de retrospectividad.

Por otra parte, la aplicación ultractiva de normativas derogadas en una sucesión de tránsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jurídica, pues genera incertidumbre sobre la disposición aplicable, en la medida en que el juez podría hacer un ejercicio histórico para definir la concesión del derecho pensional, con aquella que más se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de carácter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible […].

Por otra parte, debe advertirse que la financiación de todo sistema pensional depende de variables demográficas, fiscales o actuariales que deben ajustarse en diferentes momentos, de modo que las reformas en determinados contextos pueden privilegiar aspectos que antes no contemplaban o potenciar algunos de ellos, por ejemplo, darle mayor peso a la permanencia en la afiliación para la adquisición de un derecho pensional que a la sola acreditación de un número específico de semanas.

En consecuencia, la introducción de reglas ajenas a las legales puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha diseñado el sistema de pensional y comprometer la realización de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, el reconocimiento de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causación y pago.

En síntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condición más beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicación y actualizarlo conceptualmente bajo la égida del modelo constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad y la garantía de efectividad de los derechos fundamentales sociales.

[…]. (Subrayas fuera del texto original).

Lo discurrido es suficiente para concluir, que el Tribunal no incurrió en los yerros jurídicos argüidos por la censura, en consecuencia, los cargos no salen avante.

Las costas en el trámite extraordinario a cargo de la recurrente. Se fijan como agencias en derecho a favor de la entidad demandada, la suma de $4.400.000, que serán liquidados en el juzgado, conforme al artículo 366-6 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 13 de septiembre de 2018, en el proceso que promovió ANTONIA ROSA MANJARRÉS ORTEGA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

Costas, como se dijo.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

JORGE PRADA SÁNCHEZ

Salva voto

SALVAMENTO DE VOTO

Magistrado Ponente: Donald José Dix Ponnefz

Rad. 84060

De: Antonia Rosa Manjarrés Ortega vs Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.

No está en discusión que la demandante nació el 29 de octubre de 1956, por manera que a la entrada en vigor de la ley 100 de 1993, contaba más de 35 años. Tampoco, que a 29 de julio de 2005, contaba 726.88 semanas.

Aunque la accionante reunió 839.86 semanas de cotización, dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para acceder a la prestación contemplada en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 (29 de octubre de 1991 a 29 de octubre de 2011), la mayoría de la Sala descartó la posibilidad de que pudiera beneficiarse de ese reglamento al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Advirtió que, para ello, era necesario que hubiera completado 750 semanas antes del 29 de julio de 2005, para extender dicho régimen hasta el 31 de diciembre de 2014, conforme al Acto Legislativo 01 de 2005.

En ese contexto, no puedo dejar de advertir que la interpretación y aplicación aislada -no sistemática- de los parámetros definidos por el constituyente derivado de 2005, conllevan en este caso que para preservar la aplicación del régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014, se exija la acreditación de un número de semanas que no resulta razonable, ni proporcional, en perspectiva de las condiciones y requisitos previstos en el literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.

Es decir, mientras el precepto mencionado contempla la concesión de la prestación a quienes reúnan 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, densidad satisfecha por la demandante, el Acto Legislativo 01 de 2005 exige 750 semanas de cotización para mantener la aplicación de ese reglamento que da vida al derecho pensional con una densidad de semanas mucho menor. Como mínimo, esto plantea un dilema interpretativo, que debe ser resuelto con apego a los principios de universalidad y progresividad que informan el derecho a la seguridad social.

Considero que aplicar el mismo rasero a las 2 hipótesis previstas en el último reglamento del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, desatiende el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, en la medida en que, de cara a 2 supuestos diferentes, se impone una solución jurídica distinta que, estimo, se atiene a los principios de progresividad y razonabilidad. De paso no frustra una expectativa tan legítima como la de quienes conservaron el derecho a pensionarse con 1000 semanas en cualquier tiempo.

De esa manera, se honraría la confianza legítima de la afiliada, fundada en el régimen que la abrigó inicialmente y sobre el que labró su camino hacia la prestación reclamada.

En los anteriores términos dejo expuestas las razones de mi salvamento de voto.

Fecha ut supra,

JORGE PRADA SANCHEZ

Magistrado

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