FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado Ponente
SL5019-2020
Radicación n°73746
Acta 35
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinte (2020).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., contra la sentencia proferida el dieciséis (16) de octubre de dos mil quince (2015), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral promovido por GONZALO FABIO AGUDELO AGUDELO.
AUTO
De conformidad con el memorial que obra a folio 49 del cuaderno de la Corte, téngase al Doctor JAIME HUMBERTO SALAZAR con T.P. No.66272 del CSJ, como apoderado de la parte opositora en casación GONZALO FABIO AGUDELO AGUDELO.
ANTECEDENTES
Gonzalo Fabio Agudelo Agudelo llamó a juicio a Positiva Compañía de Seguros S.A., a fin de que se declare que tiene derecho a percibir de manera simultánea la pensión de vejez y la de invalidez de origen profesional y, en consecuencia, se le ordene reconocerle y pagarle la segunda de las prestaciones mencionadas desde el momento en que su pago fue suspendido junto con los intereses moratorios o, en subsidio, la indexación.
Adujo, básicamente, que mediante Resolución No.013902 de 1994, se le reconoció la pensión de invalidez de origen profesional, a partir del 8 de octubre de 1993, y por Acto Administrativo No.031379 del 12 de noviembre de 2008, se le otorgó la pensión de vejez, a partir del 1 de septiembre de dicha anualidad, en cuantía de $964.999, pero que a su vez le fue suspendido el pago de la de invalidez desde el mes de agosto de ese mismo año.
Agregó que la pensión de vejez se le otorgó a la luz del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, por contar con 1485 semanas cotizadas, lo que permitió que se le aplicara una tasa de remplazo del 90%; que presentó la reclamación administrativa ante Positiva S.A., el 6 de agosto de 2014, a fin de que se le continuara con el pago de su pensión de invalidez, pero obtuvo una respuesta negativa el 21 de igual mes y año.
Positiva Compañía de Seguros S.A., al dar respuesta al escrito generatriz de la contienda, se opuso a la viabilidad de las pretensiones y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de causa jurídica, enriquecimiento sin justa causa y prescripción.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de Medellín, al que le correspondió el trámite de primera instancia, mediante sentencia dictada el treinta (30) de junio de dos mil quince (2015), resolvió:
PRIMERO: Se DECLARA que al señor GONZALO FABIO AGUDELO AGUDELO, le asiste derecho a que POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS le reactive la pensión de invalidez de origen profesional reconocida mediante resolución No. 013902 de 1994, por lo expuesto en la parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: Se CONDENA a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS a reactivar la pensión de invalidez de origen profesional del señor GONZALO FABIO AGUDELO AGUDELO a partir del 6 de agosto de 2011, y a pagar la suma $32.445.583 por concepto de retroactivo pensional liquidado desde dicha fecha al 30 de junio de 2015, conforme a la liquidación realizada en la parte motiva la cual se anexa al expediente.
A partir del 1° de julio de 2015, la accionada deberá continuar pagando al demandante la suma mensual de $644.350 por concepto de mesada pensional, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, y los aumentos legales a futuro decretados por el Gobierno Nacional.
TERCERO: se CONDENA a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS a reconocer y pagar en favor del señor GONZALO FABIO AGUDELO AGUDELO los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 7 de diciembre de 2014, los cuales deberán ser liquidados en la forma indicada en la parte motiva de la presente providencia.
CUARTO: Costas a cargo del ente accionado, y se fijan como agencias en derecho la suma $4.866.837 […].
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al conocer el recurso de apelación interpuesto por la sociedad convocada a juicio, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante providencia proferida el dieciséis (16) de octubre de dos mil quince (2015), confirmó en todas sus partes el fallo de primer grado.
En relación a lo que concierne al recurso extraordinario, la sala sentenciadora, luego de determinar que el demandante tenía el derecho a percibir tanto la pensión de invalidez de origen profesional, como la de vejez, expresó que resultaba procedente la condena al pago de intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en la medida que aquellos surgían por el mero retardo en el pago de la prestación, situación que resultaba evidente en el caso bajo análisis, puesto que cuando el promotor del litigio presentó la reclamación, esta fue negada por la administradora de pensiones, con lo que incurrió en mora.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente la «CASACIÓN de la sentencia de segunda instancia. En sede de instancia, solicito se revoque la sentencia de primera instancia y se imparta la absolución […], por intereses moratorios».
Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado y se decide a continuación.
VI. CARGO ÚNICO
Acusa a la sentencia del Tribunal de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa en la modalidad aplicación indebida del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Asevera que no son objeto de discusión las conclusiones fácticas a las que arribó el juez de apelaciones, tales como que mediante Resolución No.013902 de 1994, se le reconoció al demandante pensión de invalidez de origen profesional; que mediante Acto Administrativo No.01379 de 2008, igualmente se le otorgó pensión de vejez y que, además, allí se ordenó retirar de la nómina de pensionados por invalidez al actor.
Sostiene que el Tribunal estimó que las referidas prestaciones eran compatibles teniendo en cuenta que tenían fuentes de financiación independientes, dado que las cotizaciones se efectuaban de manera separada para cada riesgo.
Explica que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no podía ser aplicado al asunto analizado, en la medida en que los determinó procedentes frente a una prestación - pensión de invalidez, reconocida con anterioridad a dicha normativa y al Decreto 1295 de 1994, circunstancia que resalta no fue advertida por el juez plural.
Afirma que los intereses moratorios solo resultan viables frente a pensiones reconocidas a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993. Además, para la data en que se suspendió el pago de la pensión de invalidez, la posición de la jurisprudencia sostenía que dicha prestación y la de vejez eran incompatibles, por lo que considera que en su momento la actuación de la entidad se ajustó a derecho, tesis que soportó en la sentencia de la Corte Constitucional CC C-674-2001, de la cual transcribe un fragmento, para luego insistir en que la condena por intereses moratorios en el presente asunto no resultaba viable, debido a que en la conducta de la administradora de pensiones, no existió un retardo injustificado en el cumplimiento de sus obligaciones.
Insiste en que la pensión de invalidez de origen profesional se reconoció con anterioridad a la Ley 100 de 1993 y, que el actuar de la entidad se dio en cumplimiento de un deber legal.
Destaca que a la pensión de invalidez de la que es titular el demandante, tampoco le son aplicables las normas del Decreto 1295 de 1994, dado que el derecho se consolidó bajo los derroteros del Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964 y el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, regula los intereses moratorios del sistema de pensiones y no del de riesgos laborales.
VII. LA RÉPLICA
En suma, aduce que, de antaño, esta Sala de la Corte ha sostenido la compatibilidad entre la pensión de vejez y la de invalidez de origen profesional; que como el pago de la prestación fue suspendido en vigencia de la Ley 100 de 1993, su restablecimiento implica el reconocimiento de intereses moratorios. Soporta sus planteamientos en la sentencia CSJ SL1388-2014.
CONSIDERACIONES
No es objeto de discusión que mediante Resolución No.013902 de 1994, se le reconoció al demandante la pensión de invalidez de origen profesional; que por Acto Administrativo No.031379 del 12 de noviembre de 2008, se le otorgó la pensión de vejez y que, además, allí se ordenó retirar al actor de la nómina de pensionados por invalidez.
El asunto por dilucidar en este caso radica únicamente en la condena al pago de intereses moratorios, lo que, en consideración de la sociedad recurrente, obedeció a la indebida aplicación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues en su concepto, no son procedentes en este caso por cuanto la prestación por invalidez se reconoció con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993.
A fin de resolver la litis, es necesario remitirse al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el cual estatuye que «en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago»; en otras palabras, tales réditos se causan sobre el importe de la obligación que comprende todas las mesadas causadas hasta que se reconoce la prestación.
Como se recuerda, en el presente asunto la recurrente pretende exonerarse del pago de los intereses moratorios porque la pensión de invalidez se reconoció al demandante con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993.
En efecto, el Tribunal incurrió en el yerro jurídico endilgado por el recurrente por cuanto no era viable aplicar el artículo 141 de la memorada norma, puesto que la pensión de invalidez otorgada al actor y restablecida por orden judicial en este asunto, sin que tal aspecto haya sido objeto de reparo a través del recurso extraordinario, fue reconocida partir del 8 de octubre de 1993, esto es, antes de que entrara en vigor el régimen de seguridad social integral.
En un caso de similares contornos en el que se pretendía el pago de tales réditos a una pensión otorgada antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, ajustando su contenido al caso particular, esta Sala de la Corte en providencia SL3736-2019, explicó:
Frente al reproche jurídico del ataque, el fallador de segundo grado no pudo incurrir en ningún yerro, toda vez que, tratándose de una pensión de vejez causada bajo la vigencia del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, no podía aplicarse una disposición de una normatividad posterior, como lo pretende la censura, esto es, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para efectos de imponer intereses moratorios.
Sobre el punto, cabe destacar que las normas de derecho del trabajo y de la seguridad social rigen hacia futuro y tienen efecto general inmediato y se dispone expresamente la prohibición de retroactividad frente a situaciones que ya se consolidaron en el pasado o que se consumaron anteriormente, ello en aras de procurar seguridad jurídica y estabilidad de las relaciones entre los diversos actores del mundo del trabajo y del sistema de seguridad social.
El artículo 16 del C.S.T. dispone que:
“1. Las normas sobre trabajo, por ser de orden público, producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir, pero no tiene efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores”.
De esta manera no le asiste razón a la censura al pretender la aplicación retroactiva del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 frente a una pensión causada con anterioridad a la vigencia de esta normatividad.
Las razones anotadas resultan suficientes para dar por sustentado el cargo, lo que conduce a la casación parcial de la sentencia, dado que solamente se cuestionó la decisión concerniente a la condena a intereses moratorios.
Sin costas en el recurso extraordinario dada la prosperidad del cargo.
IX. SENTENCIA DE INSTANCIA
Basten las consideraciones expuestas en la esfera casacional para que en sede de instancia se revoque la condena a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y, en su lugar, se ordene el pago de la indexación de las sumas adeudadas hasta tanto se haga efectivo su pago, debido a la evidente depreciación de su valor adquisitivo por el transcurso del tiempo.
Lo anterior teniendo como báculo la fórmula reiterada en la providencia CSJ SL1511-2018, que, para tales efectos, estableció como parámetros:
Formula:
VA= Vh * IPC Final
IPC inicial
De donde:
“VA = corresponde al valor de cada mesada pensional a actualizar.
IPC Final = IPC mes en que se realice el pago.
IPC Inicial = IPC mes en que se causa la diferencia de la respectiva mesada pensional.
Las costas de segunda instancia a cargo de la demandada.
X. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
RESUELVE
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida 16 de octubre de 2015, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral promovido por GONZALO FABIO AGUDELO AGUDELO en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., únicamente en cuanto confirmó la condena dispuesta por el A quo en torno al pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. No la casa en lo demás.
En sede de instancia, REVOCA el numeral 3º de la sentencia proferida por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Medellín, el 30 de junio de 2015, en cuanto condenó a la demandada al pago de los intereses moratorios y, en su lugar, se ABSUELVE por este concepto. Se CONDENA a la accionada al pago de la indexación de las diferencias de las mesadas pensionales de conformidad con la parte motiva.
Costas como se dijo.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ÁLEMAN