Le llamó la atención el hecho de que en el recurso de alzada se pretendiera controvertir el dictamen de calificación, frente a lo cual precisó que no era el escenario para ello, en razón a que el allegado al plenario había sido practicado por la vicepresidencia de pensiones en el Seguro Social sin que el accionante hubiera manifestado inconformidad con la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, y que si no estaba de acuerdo con ello, debió seguir el conducto regular, es decir, haber acudido ante la Junta Regional de Calificación de invalidez del Valle del Cauca e inclusive a la Junta Nacional de Calificación, para efectos de haber obtenido un nuevo dictamen, lo cual no fue adelantado por el demandante; en consecuencia, precisó que la prueba allegada al plenario, sobre la calificación de la pérdida de capacidad laboral, poseía pleno valor, y procedió a realizar el estudio de la pensión reclamada.
Agregó que, aunque la pensión invalidez hacía parte de los derechos que conforman la Seguridad Social y al tenor del artículo 48 de la Constitución Política se constituye en un derecho fundamental, no por ello se debía proceder con su reconocimiento, sino que era preciso que el afiliado acreditara los requisitos legales para esa prestación. Así, reiteró que como en el caso bajo su análisis no se probó la aportación del número de semanas que exige la ley, era necesario confirmar la sentencia apelada.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case la providencia impugnada y, una vez constituida en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, se acojan las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los que fueron objeto de oposición oportunamente y que por cuestión de método se inicia por el segundo de ellos.
VI. PRIMER CARGO
Acusa la sentencia por la violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del numeral 1 del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, la infracción directa del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, lo que generó la interpretación errónea del numeral 1 del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y del artículo 53 de la Constitución política de Colombia.
Afirma que el colegiado aplicó de manera indebida y retroactiva las normas de la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, a un derecho causado con anterioridad a su vigencia.
Acusa la sentencia por la violación sustancial de la ley debido a la interpretación errónea del artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Ello como consecuencia de que los argumentos estructurados de manera inadecuada por la sala sentenciadora se soportaron en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral que estima como norma aplicable para la pensión de invalidez, la vigente a la fecha de estructuración, en el caso en estudio la Ley 860 de 2003, sin reparar en que era una norma posterior, aplicada sobre una situación de derecho consolidada bajo el imperio del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990.
Indica que el fallador de segundo grado estaba obligado a inaplicar la norma denunciada y, en virtud de la línea reiterada de esta Sala, acudir al principio de la condición más beneficiosa para, con base en la norma anterior, bajo la cual el trabajador cotizó sus aportes en virtud de la afiliación al Seguro de I.V.M. reglamentado por el Acuerdo 049 de 1990, por así imponerlo el esquema de principios enmarcados en los artículos 48 y 53 de la Constitución.
Explica que hubo infracción directa del artículo 6 del acuerdo en comento, puesto que desde la demanda se solicitó la pensión bajo lo allí dispuesto, explicando como razón de derecho que «al 31 de marzo de 1994, el demandante, conforme lo establecido en el artículo 6 ibídem, tiene “CAUSADO” el derecho, en virtud a que había sido cumplido con la densidad de cotizaciones requeridas para el efecto y a que esa situación se avenía con la norma sustancial que el Tribunal no aplicó», alegación incluida también en la apelación, ya que si bien se aludió a ella, deliberadamente el Tribunal apartó su mirada de su contenido, para acudir al artículo 11 de la Ley 797 de 2003 y exigir las 50 semanas en los 3 años anteriores al estado de invalidez. Con ello incurrió en error manifiesto el colegiado pues estaba compelido a su estudio en virtud del principio de consonancia.
Finalmente, acusa la interpretación errónea del artículo 53 de la Constitución en cuanto a la condición más beneficiosa al señalar que el conflicto exigía la cotización de las 26 semanas previas al deceso para tener derecho a la prestación, no obstante, el criterio de la accionante en realidad es diferente pues concuerda con la «discusión que reiteradamente la Corte ha tenido en este especifico caso; basta leer apenas la sentencia del 9 de julio de 2008, radicado 30581».
VII. RÉPLICA CONJUNTA A LOS CARGOS
En esencia indica que el recurso adolece de defectos técnicos que impiden su prosperidad como lo son que en la parte argumentativa no indica en qué consistieron las equivocaciones del fallador, ni cómo debió proceder para no incurrir en los mismos; los cargos no atacan con exactitud los pilares de la providencia siendo más unos alegatos de instancia y, en todo caso, que el fallo se encuentra acorde con la normatividad y la línea de pensamiento de esta Sala.
VIII. CONSIDERACIONES
La queja de la censura se concreta en que la Sala sentenciadora no acudiera para su derecho al artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa, pues en su entender ya tenía un derecho consolidado y, por el contrario, bajo dicho principio el requisito previsto fuera la norma anterior y en su caso acudir a la Ley 860 de 2003 que exige 50 semanas en el trienio anterior a la fecha de estructuración.
De su lado, el juzgador de la alzada determinó que la norma aplicable en casos de pensión de invalidez debían acreditarse los requisitos de la norma vigente para el momento de la estructuración de la invalidez, que en el caso bajo su estudio era el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, los que no cumplió el accionante y en cuanto al principio de la condición más beneficiosa, aclaró que el mismo no operaba como lo indicaba el demandante puesto que de no reunirse los requisitos de la ley aplicable a la fecha del siniestro se acudía a la norma anterior -artículo 11 de la ley 797 de 2003.
Dada la vía seleccionada está fuera de discusión que: el actor nació el 28 de octubre de 1966; presenta una pérdida de capacidad laboral del 67,19% de origen común con fecha de estructuración 7 de octubre 2008, la cual fue dictaminada el 23 de noviembre de 2011; presentó cotizaciones en los siguientes periodos: del 18 junio 1986 a 15 de septiembre 1990, 221 semanas; desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 28 de enero de 2012, 51,14 semanas; entre el 1 febrero 2012 y el 29 enero 2013, 51, 28 semanas; y no contaba con cotizaciones en el periodo comprendido del 7 de octubre 2005 al 7 octubre 2008.
Así las cosas, el descontento del accionante gravita, en estricto rigor, en que el Tribunal aplicó indebidamente el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, pues debió utilizar el 6º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, en virtud del principio de la condición más beneficiosa.
La Corte ya ha advertido que no es posible realizar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores al fallecimiento hasta acomodar al caso concreto la norma que mejor se avenga en cada caso particular o resulte más favorable y, con ello, una aplicación plus ultractiva de la Ley, lo cual, por demás, desconoce no solo que las leyes sociales son de aplicación inmediata, sino también que, en principio, rigen hacia el futuro, tal como se verifica en sentencia SL838-2020, la Sala, razonó:
En lo que respecta al reproche, la Corte de vieja data ha advertido que no es posible, entre otros, la utilización del postulado de la condición más beneficiosa, con el objeto de realizar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores hasta acomodar al caso concreto la norma que mejor se avenga en cada caso particular o resulte más favorable y, con ello, una aplicación plus ultractiva de la Ley, lo cual por demás, desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia el futuro.
Al punto, esta Corte, en providencia CSJ SL1689-2017, reiterada en sentencia CSJ SL8305-2017, enseñó:
La inconformidad de la parte recurrente con el fallo atacado radica básicamente en que de acuerdo con el principio de la condición más beneficiosa, es viable darle aplicación al artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año.
Pues bien, es criterio reiterado de esta Corporación, que el derecho a la prestación pensional reclamada debe ser dirimido a la luz de la norma que se encuentra vigente al momento de la estructuración de tal condición. De ahí que, al haberse estructurado la invalidez el 23 de junio de 2008, la disposición que rige el asunto es el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, cuyos requisitos no cumplió el actor pues no cotizó 50 semanas durante los tres años anteriores a dicha fecha.
De otra parte, como la censura invoca el principio de la condición más beneficiosa a fin de que el asunto se resuelva bajo la égida del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, es preciso señalar que no es viable dar aplicación a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una búsqueda interminable de legislaciones anteriores a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares del peticionario o cuál resulta ser más favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia futuro. Esta ha sido la postura de la Sala expuesta en recientes providencias, entre otras, CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016 y CSJ SL15965-2016.
En este orden, no era procedente que el Tribunal considerara los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 de manera plus ultractiva como lo pretende la censura, ni siquiera bajo el argumento de acudir al principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes, lo que no ocurre en el sub lite.
De manera que, trasladando todos los argumentos expuestos en las anteriores decisiones al asunto sometido a escrutinio de la Corte, se concluye que el juzgador de alzada no se equivocó, por cuanto para la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del señor Álvaro Benjumea Collantes esto es, 20 de septiembre de 2005, la norma aplicable era la Ley 860 de 2003, modificatoria del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y no el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, como acertadamente lo infirió.
Entonces, retomando la idea sobre la cual viene discurriéndose, se exhibe patente que, en el asunto bajo escrutinio, el juzgador de alzada no se equivocó, toda vez que no es dable dar una aplicación plus ultractiva de la ley.
De otra parte, la línea jurisprudencial de la Sala se ha inclinado por reglar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa cuando la estructuración de la invalidez del afiliado ha sucedido al amparo de la Ley 860 de 2003. En sentencia SL2358-2017, por mayoría, determinó que solo es posible diferir los efectos de la mencionada ley hasta el 26 de diciembre de 2006, esto es, por 3 años luego de su vigencia; a su vez, explicó cómo opera la situación jurídica concreta en el cambio normativo de la Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, de la siguiente manera:
Como se recuerda la condición más beneficiosa es un mecanismo que: (i) busca minimizar la rigurosidad propia del principio de la aplicación general e inmediata de la ley; (ii) protege a un grupo poblacional con expectativa legítima, no con derecho adquirido, que goza de una situación jurídica concreta, cual es, la satisfacción de las semanas mínimas que exige la reglamentación derogada para acceder a la prestación que cubre la contingencia de la invalidez; y (iii) al ser excepcional, su aplicación, necesariamente, es restringida y temporal.
Sin perder de vista lo precedente, y una vez analizada la exposición de motivos de las Leyes 797 y 860 de 2003, brota espontánea una primera conclusión: el legislador jamás pretendió perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que regulan la pensión de invalidez, y si bien con la condición más beneficiosa debe respetarse o mejor resguardarse los hechos denominados por la doctrina foránea «intertemporales» que se generan con personas que tienen una situación jurídica concreta, ello no puede llevar a mantener, per secula seculorum, la protección de «derechos que no son derechos», en contra posición de la nueva ley que ha sido proferida honrando la Constitución Política.
De suerte que, a falta de normatividad expresa, el principio de la condición más beneficiosa emerge como un puente de amparo construido temporalmente para que transiten, entre la anterior y la nueva ley, aquellas personas que, itérese, tienen una situación jurídica concreta, con el único objetivo de que, en la medida que lo recorren, paulatinamente vayan construyendo los «niveles» de cotización que la normativa actual exige.
Pero ¿cuál es el tiempo de permanencia de esa «zona de paso» entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003? Bueno, para la Corte lo es de tres años, tiempo este que la nueva normativa (Ley 860 de 2003) dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones reúnan la densidad de semanas de cotización-50- y una vez verificada la contingencia invalidez de origen común puedan acceder a la prestación correspondiente.
Con ese fin, se obtiene un punto de equilibrio y se conserva razonablemente por un lapso determinado- tres años-, los «derechos en curso de adquisición», respetándose así, para determinadas personas, las semanas mínimas establecidas en la Ley 100 de 1993, «con miras a la obtención de un derecho en materia de pensiones, cuya efectividad se subordina al cumplimiento ulterior de una condición», cual es, la invalidez.
Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 860 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 26 de diciembre de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima. Con estribo en ello se garantiza y protege, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la invalidez, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (26 de diciembre de 2003 – 26 de diciembre de 2006), el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional.
No puede la Corte pasar por alto que esta franja de tres años, a más de tornarse razonable y proporcional favorece, a quienes tenían dicha situación concreta al momento del tránsito legislativo.
Es inocultable que si las expectativas legítimas no pueden ser modificadas de manera abrupta o arbitraria, de ahí la razón de ser de la condición más beneficiosa, tampoco pueden permanecer inalterables como si fuesen unos derechos adquiridos. Dicho en breve: no se le puede otorgar el mismo tratamiento y protección a las expectativas legítimas que a los derechos consolidados.
Con tal óptica, es de verse que si los regímenes de transición tienen duración limitada y cuantificable en el tiempo, y que, para algún sector, es posible que el legislador modifique los regímenes de transición con posterioridad a su consagración «porque éstos no pueden ser concebidos como normas pétreas», caben las siguientes preguntas ¿cómo entender que el principio de la condición más beneficiosa sí permanezca en vigor sin límite alguno en el tiempo? Si un régimen de transición no es permanente, ¿bajo qué argumento puede sostenerse que el uso de la condición más beneficiosa sí lo sea? si precisamente, como se explicó, los derechos adquiridos son diferentes a las expectativas legitimas. No hay argumentos que, prima facie, lo justifique.
No se pierda de vista que ha transcurrido más de 13 años desde cuando acaeció el cambio normativo, 26 de diciembre de 2003, es decir, lapso de tiempo que incluso superó el término del régimen de transición dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, para las pensiones por vejez. Por tanto ¿se justifica mantener con vida lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, más allá del tercer año de vigencia de la Ley 860 de 2003, so pretexto de emplear la condición más beneficiosa, cuando, se repite esta ley dispuso un margen de tres años para satisfacer la densidad de semanas de cotización?
De suyo, también se cumple con lo asentado por la Sala respecto a la deliberada voluntad del legislador en la reforma introducida al sistema pensional con la Ley 860 de 2003, que propende por asegurar un equilibrio financiero, de manera que los niveles de protección que hoy se ofrezcan, se puedan mantener a largo plazo.
3.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo
Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado estuviese cotizando.
b) Que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 26 de diciembre de 2003.
c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006.
d) Que al momento de la invalidez estuviese cotizando, y
e) Que hubiese cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, antes de la invalidez.
Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo
a) Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado no estuviese cotizando.
b) Que hubiese aportado 26 semanas en el año que antecede a dicha data, es decir, entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2002.
c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006.
d) Que al momento de la invalidez no estuviese cotizando, y
e) Que hubiese cotizado 26 semanas en el año que antecede a su invalidez.
4. Combinación permisible de las situaciones anteriores
A todas estas, también hay que tener presente, para otorgar la pensión de invalidez bajo la égida de la condición más beneficiosa, la combinación de las hipótesis en precedencia, así:
4.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando se invalidó no estaba cotizando
La situación jurídica concreta se explica porque el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, se encontraba cotizando al sistema y había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo.
Si el mencionado afiliado, además, no estaba cotizando para la época del siniestro de la invalidez - «hecho que hace exigible el acceso a la pensión»- que debe sobrevenir entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2006, pero tenía 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a dicho estado, es beneficiario de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Acontece, sin embargo, que de no verificarse este último supuesto, al afiliado no lo cobija tal postulado.
Aunque suene repetitivo, es menester insistir en que si al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, el afiliado se encontraba cotizando al sistema y no le había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo, no goza de una situación jurídica concreta.
4.2 Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando se invalidó estaba cotizando
Acá, la situación jurídica concreta nace si el afiliado al momento del cambio legislativo, vale decir, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema pero había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002.
Ahora, si el aludido afiliado estaba cotizando al momento de la invalidez - «hecho que hace exigible el acceso a la pensión»- que debe suceder entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006, y tenía 26 semanas de cotización en el cualquier tiempo, igualmente será beneficiario de la aplicación del postulado de la condición más beneficiosa. La sala juzga pertinente advertir que de no cumplirse este último supuesto, al afiliado no lo ampara dicho principio.
En el mismo sentido que en el caso delantero, y aún a riesgo de fatigar, debe acentuarse que si el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema y tampoco había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002, no posee una situación jurídica concreta.
Trasladando los anteriores argumentos jurídicos y fácticos al asunto bajo escrutinio, se observa que la fecha de estructuración de la PCL se fijó mediante dictamen del 23 de noviembre de 2011, el día 7 de octubre 2008, es decir, con posterioridad al 29 de diciembre de 2006, por lo que no podría ser acreedor a la aplicación de la condición más beneficiosa por el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, aun si hubiese gozado de una situación jurídica concreta.
De manera que, al no verificarse los supuestos para la aplicación del postulado de la condición más beneficiosa, conforme a la línea de pensamiento de esta Corporación, el Tribunal no incurrió en los desatinos que el cargo le enrostra.
IX. SEGUNDO CARGO
Acusa la sentencia por la violación sustancial de la ley por la interpretación errónea del artículo 39 de la Ley 100 de 1993.
La censura parte de que las pretensiones de la demanda se basan en que el extremo del que debe partir la contabilización regresiva trienal, lo es la fecha de la emisión del dictamen de la pérdida de capacidad laboral, o la de la reclamación pensional.
Para el recurrente es deber del juzgador considerar, bajo lo normado en los artículos 48 y 53 de la Constitución las expresiones “inmediatamente anterior a la fecha de estructuración” o “al hecho causante de la misma”, insertas de manera condicional en los numerales 1 y 2 del artículo 39 de la ley 100 de 1993, modificado por la Ley 860 de 2003, se debían referir a los eventos descritos en las pretensiones, pues de otra manera se sacrifican los valores constitucionales significativos. Lo expuesto por cuanto de un lado, deja al actor sin recibir la pensión que efectivamente cotizó y ahorró, exigiéndole el cumplimiento de un requisito imposible, por cuanto aportó al sistema y en condiciones «deplorables».
Para la censura las exigencias que destacó el Tribunal llevan a aceptar que a las personas en situación de discapacidad no se les debe garantizar la posibilidad de procurarse por sus propios medios una vida acorde con la dignidad humana, y que sus cotizaciones al ISS no representan ningún esfuerzo, lo cual violenta el principio de igualdad constitucional y los tratados internacionales ratificados por Colombia, como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y de los derechos inalienables de todas las personas, frente a los que se ha pronunciado tanto la Sala Laboral de esta Corte, como la Corte Constitucional.
X. CONSIDERACIONES
Le asiste razón al opositor respecto a algunas falencias de orden técnico que presenta el recurso, como que el sustento del mismo se asemeja más a un alegato de instancia; y que confunde y combina impropiamente las modalidades de ataque pues alude frente al artículo 39 de la Ley 100 de 1993 que fue aplicado de manera indebida y a la vez que fue erróneamente interpretado (SL5098-2020). No obstante, dado el desarrollo del cargo, se entiende que, bajo una discusión de naturaleza jurídica, la censura se duele del entendimiento dado por el Tribunal de la fecha a partir de la cual debía efectuarse la contabilización trienal regresiva, para la consolidación de las semanas exigidas en la norma para acceder a la pensión de invalidez.
Como se mencionó en el cargo anterior, no es objeto de discusión en casación que el actor nació el 28 de octubre de 1966; que presenta una pérdida de capacidad laboral del 67,19% de origen común con fecha de estructuración 7 de octubre 2008, la cual fue dictaminada el 23 de noviembre de 2011; que presentó cotizaciones en los siguientes periodos: del 18 de junio de 1986 a 15 de septiembre de 1990, 221 semanas; desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 28 de enero de 2012, 51,14 semanas; entre el 1 febrero 2012 y el 29 de enero de 2013, 51,28 semanas; y que no contaba con cotizaciones en el periodo comprendido del 7 de octubre 2005 al 7 octubre 2008.
Se recuerda que el juzgador plural para arribar a su decisión determinó que:
i) El actor contaba con la calificación de invalidez, tal como lo exigía el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, no obstante, no cumplía con el total de requisitos de la norma vigente para el momento de la estructuración, esto es, el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 ni su parágrafo 2, puesto que no tenía las 50 ni las 25 semanas de cotización en el trienio inmediatamente anterior a la fecha de estructuración. De otro lado, no encontró procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa ya que aquél solamente cobija la posibilidad de acogerse a la norma inmediatamente anterior.
ii) Así mismo, consideró que esa instancia no era el escenario para cuestionar el dictamen sobre pérdida de la capacidad laboral, dada la conformidad del demandante con la fecha estructuración fijada en la experticia, al no haber agotado el procedimiento respectivo ante las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, por lo que cobra plena validez y sirve como soporte de la decisión.
iii) La pensión de invalidez es un derecho constitucional fundamental de la Seguridad Social, pero para su reconocimiento debían ser acreditados los requisitos de ley.
Con sustento en ello, le corresponde a la Sala dilucidar si existe error en la interpretación que el Tribunal le dio al artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 860 de 2003, en cuanto al interregno a partir del cual podían ser contabilizadas las semanas exigidas por la Ley en comento.
De antaño ha reiterado la Corte que, por regla general, la disposición llamada a regular el asunto, tratándose de la pensión de invalidez, es la vigente al momento de la ocurrencia del hecho causante, en este caso la invalidez; que para el caso bajo estudio, corresponde a la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003, la cual exige de un lado la declaratoria que concreta dicha situación, esto es, que el afiliado tiene una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral y, acreditado ello, haber cotizado un número mínimo de semanas anteriores al momento de la estructuración del estado de invalidez del afiliado.
Es menester precisar, que se entiende por fecha de estructuración, aquel momento en el que el afiliado alcanza una pérdida de capacidad laboral del 50% o más, punto de partida para establecer el lapso dentro del cual se han de contabilizar las semanas exigidas por la Ley.
El artículo 3 del Decreto 917 de 1999, vigente para la fecha en que se calificó al actor, establecía:
Fecha de estructuración o declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez.
Para el caso, la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003, exige 50 semanas de cotización en los 3 últimos años anteriores a la fecha de estructuración.
Empero lo anterior, existen situaciones específicas, como en las enfermedades congénitas o, aquellas calificadas como enfermedades crónicas o degenerativas; o la establecida por esta Sala, ocasionada por secuelas que se manifiesten de manera ulterior al diagnóstico de la enfermedad (CSJ SL4178-2020), que le permiten a la persona mantener su capacidad laboral, y que al actuar como trabajador activo lo obliga a realizar los respectivos aportes para cubrir inclusive los riegos de invalidez y muerte que ofrece el sistema; cotizaciones éstas que resultan ser plenamente válidas, y con las cuales puede alcanzar el reconocimiento inclusive de una pensión de vejez.
Y es precisamente en el caso puntual de personas con enfermedades congénitas, crónicas, degenerativas o, las ocasionadas por secuelas tardías al diagnóstico de la enfermedad, que la posición mayoritaria de esta Sala, habilita la contabilización de las semanas aportadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez (SL3275-2019).
Así las cosas, tratándose exclusivamente de personas con enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas y, secuelas tardías, el funcionario judicial debe ponderar varias aristas del asunto a definir, entre otras, el dictamen médico, las condiciones específicas del solicitante, la patología padecida, su historia laboral, la continuidad de las cotizaciones y la fecha en que se declaró la pérdida permanente de capacidad laboral del 50% o superior por parte de la entidad calificadora habilitada legalmente para tales efectos. Y únicamente a partir de dicho estudio global, debe el funcionario judicial determinar si la fecha de estructuración fijada en el correspondiente dictamen coincide con el momento en que el afiliado perdió la capacidad laboral en el 50% o más, o si, eventualmente a la data en que así se declaró, ello no era viable por cuanto el afiliado continuaba con capacidad para desarrollar un determinado rol o trabajo.
Llegados a este punto, se impone recordar que no es materia de discusión que nos encontramos ante una enfermedad de las denominadas de «tipo crónico», como es la «DIABETES MIELITUS [sic] IND.COMPLICADA PIE DERECHO DIABÉTICO-NEUROPATÍA DIABÉTICA, RETINOPATÍA DIABÉTICA AO HIPERTENSIÓN ARTERIAL» de acuerdo con el dictamen de calificación emitido por la Vicepresidencia de Pensiones del ISS.
De conformidad con la Organización Mundial de la Salud OMS «La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).» subraya fuera de texto.
Y en cuanto a ser catalogada como crónica, se puede traer a colación lo que frente a esta categoría de patologías señala la OMS:
Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. En 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad. (Subraya fuera de texto).
Así las cosas, la patología sufrida por el actor habilita al juzgador para indagar si era posible aplicar la excepción creada por la jurisprudencia, comportamiento que no asumió y que evidencia el error en que incurrió el Tribunal.
Ahora bien, la Sala no desconoce que el propio legislador, desde la Ley 100 de 1993, fijó las entidades habilitadas para efectuar la calificación de la pérdida de capacidad laboral de los afiliados, así como su porcentaje, la determinación del origen y fecha de estructuración, y el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 determinó que la calificación en primera oportunidad corresponde a Colpensiones, a las Administradoras de Riesgos Laborales, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud y, en caso de desacuerdo con ésta, la doble instancia ante la respectiva junta regional y nacional; disposiciones de orden público para los operadores del sistema integral de seguridad social y sus afiliados. No obstante, y como lo ha señalado esta Corte, ello no es óbice para que tales experticias sean debatidas en el transcurso de un proceso judicial, tal como lo dispone el artículo 44 del Decreto 1352 de 2013.
No obstante que el cargo es fundado, en sede de instancia la Sala llegaría a la misma conclusión absolutoria a la que arribó el Tribunal por las razones que se pasan a exponer:
Dado que nos encontramos frente a una enfermedad del tipo crónica como es la diabetes del actor, baste trasladar los argumentos arriba expuestos para concluir que, es menester analizar si se hace acreedor de la excepción a la regla general y, con ello, establecer si el trienio para determinar el cumplimiento de las semanas exigidas en la Ley 860 de 2003, vigente para la época de los hechos, puede ser fijada en fecha diferente a la que en el correspondiente dictamen se fijó como la de estructuración de la pérdida de su capacidad laboral.
Pues bien, la Sala frente a la aplicación de la regla excepcional ha establecido, a efectos de evitar una afectación al sistema general de pensiones y preservar los principios que lo rigen, entre ellos el de la sostenibilidad financiera, el deber del juez de ponderar varias aristas para propender por la protección personas con enfermedades del tipo degenerativo, crónica, congénita y de secuelas posteriores al diagnóstico de manera que no se vea menguada su protección en el S. G. P. con ocasión de la aparición de la falencia, de manera que puedan permanecer en el mismo mientras su pérdida de capacidad laboral no supere el 50% establecido en la ley, dada su capacidad laboral, ello de la mano con la validación de que los aportes realizados, precisamente respondan a la capacidad laboral y no que se hubieren efectuado con la finalidad de acreditar las cotizaciones para obtener un aseguramiento. Así la Sentencia CSJ SL3275-2019, señaló:
Ahora bien, en aras de evitar el fraude al sistema general de pensiones y, a su vez, garantizar su sostenibilidad fiscal, es necesario, en cada caso, ponderar varias aristas del asunto a dilucidar, tales como el dictamen médico, las condiciones específicas del solicitante, la patología padecida, su historia laboral, entre otras, pues precisamente en razón a que el afiliado puede trabajar y, producto de ello, cotizar al sistema durante el tiempo que su condición se lo permita, es necesario corroborar si los aportes realizados se hicieron con la única finalidad de acreditar las semanas exigidas por la norma o si, por el contrario, existe un número importante de ellos resultantes de una actividad laboral efectivamente ejercida.
Es decir, es necesario examinar si las cotizaciones efectuadas después de la estructuración de la invalidez fueron sufragadas en ejercicio de una real y probada capacidad laboral residual del interesado, y no, que se hicieron con el único fin de defraudar al sistema de seguridad social.
Debe advertirse que lo anterior no implica que sea válido alterar la fecha de estructuración de invalidez que hayan definido las autoridades médicas competentes, sin razón justificativa alguna o sin medio probatorio que así lo permita. De lo que se trata, es de llevar a cabo un análisis que incluye el supuesto fáctico que regula la normativa aplicable al asunto, a fin de determinar el momento desde el cual deberá realizarse el conteo de las semanas legalmente exigidas.
En resumen, se deben analizar las condiciones del solicitante, así como la existencia de una capacidad laboral residual, para de esta manera establecer el punto de partida para realizar el conteo de aportes que imponga la ley.
Postura reiterada en la Sentencia CSJ SL1069-2021, C.S.J. SL2830-2021, que a su vez reiteró la CSJ SL770-2020, donde se precisó:
[…] en lo que corresponde a la efectiva y probada capacidad residual, esta Sala explicó que el padecimiento referido ocasiona que la fuerza laboral se mengüe con el tiempo y, por lo tanto, le permite a la persona trabajar hasta tanto el nivel de afectación sea de tal magnitud que le impida, de manera cierta, llevar a cabo una labor.
De tal modo, que esa capacidad consiste en la posibilidad que tiene una persona de ejercer una actividad productiva que le permita garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas. Es decir, es necesario examinar si las cotizaciones realizadas después de la estructuración de la invalidez fueron sufragadas en ejercicio de una real y probada capacidad laboral residual, y no que se hicieron con el único propósito de defraudar al sistema de seguridad social.
A no dudarlo el actor padece una enfermedad del tipo crónica que permite auscultar el hito a partir del cual se contabilizan las 50 semanas bajo la regla de excepción, por lo que debemos acudir a lo adoctrinado en la sentencia CSJ SL1002-2020, que reiteró la CSJ SL4567-2019, que explicó:
Es así como en dicha providencia, reiterada en la CSJ SL4567-2019, se sostuvo que de acuerdo a las peculiaridades que en cada caso se evidenciaran, era dable tener en cuenta, no solo la fecha en que se estructuraba la invalidez (regla general), sino también “(i) la calificación de dicho estado, (ii) la de solicitud de reconocimiento pensional o (iii) la de la última cotización realizada -calenda donde se presume que la enfermedad se reveló de tal forma que le impidió seguir trabajando”,
Así, la excepción se justifica en que la data de estructuración fijada en el dictamen es errada, pues no coincide realmente con el momento en que la persona llega a la pérdida mínima en el sistema (50%), como efectivamente ha dejado evidenciado esta Sala, como por ejemplo la CSJ SL4178-2020:
De manera que es palmario, que existen eventos donde la data de estructuración de la invalidez no debe tenerse como aquella en que se evidenció la enfermedad o el primer síntoma, porque al tiempo en que lenta y paulatinamente la enfermedad va desmejorando la situación de salud la persona puede desarrollar actividades que le permitan ser productiva hasta cuando se verifique que efectivamente pierde la capacidad laboral de forma permanente y definitiva, máxime cuando se padece desde la infancia.
Entonces, sin desconocer que existe una condición determinada como aquella que evidenció la enfermedad o el primer síntoma, se debe auscultar la fecha más cercana a la fijada por los calificadores, en la que se verifique que efectivamente se llegó a esa pérdida mínima en forma permanente y definitiva, teniendo en cuenta dentro del estudio global, si existe evidencia del lapso de pago de incapacidades pues, recuérdese que conforme al artículo 3 del Decreto 917 de 1999 «mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez».
1.Determinación del hito de contabilización de semanas
Ha quedado cristalino que la patología del actor corresponde a una enfermedad del tipo crónica, por consiguiente, nos queda determinar cuál es la fecha a partir de la cual se entiende que el accionante llegó a la pérdida máxima exigida por el sistema para que, a partir de ella, se valide el cumplimiento de las semanas de cotización.
Se tiene que del historial de aportes del señor Carpintero García, de conformidad con el reporte de semanas en pensión válido para prestaciones económicas que obra a folio 5, se encontraron las siguientes aportaciones:
Fechas
Semanas
Empleador
Inicio
Final
Valencia Villegas BE
18/06/86
15/09/1990
221.57
Cortes Agudelo Guzmán
16/11/1990
24/02/1992
66.57
NO CONTINUIDAD EN LA COTIZACIÓN
25/02/1992
31/07/2009
00
Servicios de Trabajo
01/08/2009
31/08/2009
3,29
Servicios de Trabajo
01/09/2009
31/12/2009
17,14
Servicios de Trabajo
1/01/2010
31/01/2010
2,43
Libardo Antonio Carp
1/02/2011
31/12/2011
47,14
Libardo Antonio Carp
01/01/2012
31/01/2012
4,00
Libardo Antonio Carp
1/02/2012
31/12/2012
47,14
Libardo Antonio Carp
1/01/2013
31/12/2013
4,14
TOTALES
413,43
El anterior documento reporta que existió un interregno en el que no se efectuaron cotizaciones, y solo hasta el año 2010 se hicieron en condición de trabajador dependiente y desde el año 2011 en nombre propio.
Conforme al derrotero fijado por esta Sala lo cierto es que los aportes cotizados por cuenta propia del accionante no permiten encontrar que correspondieran efectivamente a una probada y real capacidad del actor y, contrario a ello, deja ver que se efectuaron con la finalidad de acreditar las cotizaciones para obtener una prestación del sistema al no contar con capacidad para trabajar, lo cual se corrobora con la misma afirmación del accionante al interponer el recurso de reposición en contra de la Resolución GNR 058135 del 12 de abril de 2013, que en los fundamentos de hecho indicó: «8.que mi cliente previa solicitud de la pérdida de capacidad laboral estuvo incapacitado y a la fecha no se le han cancelado dichas prestaciones, sin tener en cuenta la necesidad reflejada en su enfermedad al no poder trabajar» (subraya la Sala).
No sobra reiterar en este aspecto la sentencia antes memorada CSJ SL4567-2019:
Es decir, es necesario examinar si las cotizaciones efectuadas después de la estructuración de la invalidez fueron sufragadas en ejercicio de una real y probada capacidad laboral residual del interesado, y no, que se hicieron con el único fin de defraudar al sistema de seguridad social.
Debe advertirse que lo anterior no implica que sea válido alterar la fecha de estructuración de invalidez que hayan definido las autoridades médicas competentes, sin razón justificativa alguna o sin medio probatorio que así lo permita. De lo que se trata, es de llevar a cabo un análisis que incluye el supuesto fáctico que regula la normativa aplicable al asunto, a fin de determinar el momento desde el cual deberá realizarse el conteo de las semanas legalmente exigidas.
En resumen, se deben analizar las condiciones del solicitante, así como la existencia de una capacidad laboral residual, para de esta manera establecer el punto de partida para realizar el conteo de aportes que imponga la ley. (Negrita fuera de texto)
Conforme a lo expuesto el último aporte que da cuenta de la capacidad del actor con posterioridad a la fecha de estructuración, sería el correspondiente al 31 de enero de 2010, hito a partir del cual habrán de verificarse las semanas exigidas por la ley para efectos determinar el requisito de cotización.
3. Determinación del cumplimiento de semanas de acceso a la pensión por el riesgo de invalidez
Conforme a lo expuesto en el caso bajo estudio, dada la aplicación de la regla excepcional, se contabilizan las semanas en el periodo 31 de enero de 2007 a 31 de enero de 2010 encontrando los siguientes aportes:
Aportante
Fechas
Días
Semanas
Inicio
Final
Sin aporte
31/01/2007
31/12/2007
0
0,00
Sin aporte
31/01/2008
31/12/2008
0
0,00
Sin aporte
31/01/2009
7/08/2009
0
0,00
Servicios de Trabajo
8/08/2009
31/08/2009
23
3,29
Servicios de Trabajo
1/09/2009
31/12/2009
120
17,14
Servicios de Trabajo
1/01/2010
31/01/2010
0
0,00
TOTALES
123
20.43
En consecuencia, el actor no cumple los requisitos de semanas mínimas de cotización para acceder a la pensión de invalidez pretendida y, en sede de instancia, aun cuando por otros motivos se llegaría a la misma conclusión a la que arribó el Tribunal. Por lo que, siendo coherentes con lo discurrido no hay lugar a casar la sentencia.
Sin costas dado que el recurso fue fundado.
XI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 11 de agosto de 2015 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LIBARDO ANTONIO CARPINTERO GARCÍA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.
Costas como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
(Aclara Voto)
GERARDO BOTERO ZULUAGA
(Aclara Voto)
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
(Aclara Voto)
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
Radicación n.° 72739
REFERENCIA: LIBARDO ANTONIO CARPINTERO GARCÍA vs ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.
Con el debido respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar mi voto, en cuanto al hito a partir del cual debe iniciarse la contabilización de las semanas para establecer el cumplimiento de los requisitos de la pensión de invalidez, como a continuación paso a explicar:
El legislador colombiano desde 1946 diseñó el modelo pensional con la mirada en la teoría financiera, económica y jurídica de la institución del seguro con las evidentes particularidades del sistema de seguridad social, lo que de hecho supone varios supuestos, como que: i) el siniestro no haya sido provocado intencionalmente; ii) el riesgo asegurado sea futuro e incierto, y iii) el pago de la prima del seguro se efectúe dentro de los plazos estipulados. Este modelo fue acogido por la Ley 100 de 1993 y se encuentra completamente vigente.
Así las cosas, la exigencia de tener cotizadas al sistema 50 semanas antes de la fecha de estructuración tiene que ver con la eliminación de los incentivos al fraude, dado que la afiliación de personas a quienes, ya se les ha dictaminado el estado de invalidez, indudablemente, no son sujeto de protección del sistema contributivo de pensiones, no obstante, sí serlo del sistema integral de seguridad social y de los demás programas del esquema constitucional y legal de protección social. En ese contexto, el mínimo de semanas establecidos en la ley se funda en que, por lo general, una persona no tiene manera de saber que después de 50 semanas se le estructurará un estado de invalidez, sea por enfermedad o accidente común.
Llegados a este punto del sendero, brota una conclusión: la fecha de la última cotización, como hito para el conteo de las semanas de cotización para acceder al derecho, carece de soporte legal, además, no se compadece con la definición de siniestro que exige que la data de estructuración sea anterior o concomitante a la de la declaratoria. Miremos:
La protección de la invalidez como un riesgo
El sistema de seguridad social en pensiones de antaño ha buscado que las personas logren a las edades de retiro, principalmente una prestación periódica y vitalicia como es la vejez y, no ha sido ajeno a que la misma se puede ver truncada por dos riesgos, como son, la invalidez y la muerte de un afiliado. En esa medida el legislador previó su cobertura bajo un esquema de aseguramiento.
En este punto resulta indispensable precisar que, al ser el riesgo de invalidez, un hecho futuro e incierto que no depende de la voluntad de los afiliados, se contemplaron, además de los requisitos de acceso, como es la declaratoria de la misma y el número de semanas que deben acreditarse, el periodo dentro del que se efectúa su contabilización y, para este último aspecto, se definió que este debía ser en fecha anterior al estado en comento, pues el conteo de semanas después de materializado dicho estado, desnaturalizaría el objeto de la protección, como es, el amparo de una contingencia que puede suceder pero es incierta y que, una vez acaecida, si se cumplen los parámetros determinados por la normatividad, empieza la protección dentro del sistema general de pensiones.
De allí surge la necesidad de definir desde cuándo surge la protección del sistema y cuándo se configura la invalidez.
¿Cuándo surge la condición de invalidez? y ¿cómo se materializa en el sistema pensional para efectos del periodo de contabilización de las semanas que dan acceso al derecho?
Para abordar este aspecto es importante diferenciar la data de estructuración de la PCL de un trabajador, de la fecha en la cual se efectúa la calificación por parte de la entidad habilitada para estos fines. La primera de ellas es el momento en el que el calificador determina que la persona llega a un 50% o más de pérdida de capacidad laboral y, el sistema ha dado efectos retroactivos a la protección, mediante el pago de la mesada a partir de la misma.
La segunda, la fecha del dictamen del estado, es aquella en la que el equipo calificador determina la existencia o no del siniestro por el riesgo en comento y, es acá, en el que se materializa la protección. La declaratoria de la invalidez, mediante la emisión del dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral de un afiliado por parte de las entidades habilitadas legalmente para ello, al ser el supuesto exigido por ley para el acceso a dicha pensión, se torna en el acto que configura plenamente el siniestro.
Lo anterior trae como consecuencia que la fecha de estructuración deba darse en una fecha anterior, o concurrir con la data en la que se efectúa la calificación de PCL, puesto que, en virtud de la ley, no es posible establecer como calenda de estructuración de la invalidez, una fecha futura; lo cual guarda completa coherencia con el objeto de cubertura. En otras palabras, no es dable, frente a un hecho incierto, fijar una fecha futura.
Periodo de contabilización de las semanas de cotización
Establecido lo anterior, debe indicarse que la contabilización de semanas, en el evento de un hecho siniestral, solo será amparable con las semanas anteriores o concomitantes a dicho evento; para el caso de enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, o secuelas será máximo la calenda de emisión del dictamen, pues es el momento en que se define tal condición. Esto, además, va en concordancia del fin pretendido con esta pensión (cobertura de un riesgo futuro e incierto), tanto así que una de las exclusiones de afiliación en el sistema general de pensiones es haber sido declarado inválido, así como, el amparo que dicha condición genera.
Entonces, concretada la situación, no se puede pretender la cobertura con aportes posteriores a fecha de ocurrencia de la invalidez, pues ya acaecida, la definición se centra en si accede a la protección del SGP a través de la prestación que para ello se estableció, no para seguir asegurando un evento que precisamente ya se concretó.
Es pertinente advertir que el grado de pérdida de capacidad laboral es un baremo que va del 0% al 100%, y que el actual sistema general de pensiones consagra dos grados de pérdida de capacidad laboral relevantes para determinar el monto de la prestación, a decir, el 50% y 66%. Resulta, apenas obvio, que cuando se señala que, si alguien perdió el 50% o el 66% de su capacidad laboral, el precepto no asume que lo fue el 100%, por tanto, teóricamente y, en la práctica, la más de las veces siempre existirá capacidad de trabajo probable; capacidad que no puede catalogarse simplemente como residual sin incurrir, en mi criterio, en cierto dislate.
En consecuencia, el extremo máximo para iniciar la contabilización es a partir de la fecha de emitido el dictamen, por ser este momento en el cual, como se señaló se materializa el siniestro.
Dicho de otra forma, en aquellas declaratorias en que el hito fijado como estructuración del estado de invalidez por parte de las Juntas, no se acompasa con el momento en que el grado de pérdida de capacidad laboral ascendió al 50% o más, demostrándose además la actividad laboral más allá de dicha data, como puede ocurrir en el caso de enfermedades crónicas, degenerativas o secuelas, es totalmente viable atacar el dictamen con el fin de demostrar la estructuración real fue ulterior a la fijada, teniendo eso sí, y aun a riesgo de fatigar, como extremo máximo la fecha de declaratoria del estado de invalidez.
No resulta menor otro efecto de la postura mayoritaria, puesto que, además, de tomarse en cuenta las semanas posteriores a la fecha del dictamen para otorgar el derecho, estas harán parte de la liquidación de la prestación (IBL), esto es, se incluirán cotizaciones que, reitero, carecen de soporte legal.
En esos términos la fecha máxima a efectos de establecer el hito a partir del cual se contabilizaban las semanas es la de emisión del último dictamen.
De ahí, mi aclaración de voto.
Fecha ut supra.
FERNANDO CASTILLO CADENA
ACLARACIÓN DE VOTO
Demandante: Libardo Antonio Carpintero García
Demandado: Colpensiones
Radicación: 72739
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
Con el acostumbrado respeto a mis colegas y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, aclaro mi voto en la presente decisión, pues si bien estoy de acuerdo en no casar la sentencia del Tribunal dado que el accionante no acreditó la densidad mínima de semanas de cotización que establece el artículo 1.º de la Ley 860 de 2003 para acceder a la pensión de invalidez, ni siquiera bajo los parámetros excepcionales previstos por la jurisprudencia cuando se trata de enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas, y comparto también la postura de la Sala relativa a que no es posible realizar una búsqueda histórica con el fin de determinar la norma que más se ajusta a las necesidades del requirente, me aparto parcialmente de las consideraciones que realizó al analizar el que denominó «PRIMER CARGO» en relación con la posibilidad de aplicar el principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre el artículo 39 original de la Ley 100 de 1993 y el 1.º de la Ley 860 de 2003, con fundamento en las siguientes razones:
En mi criterio, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa contemplado en el artículo 53 de la Carta Política de 1991 está sometido a ciertos límites, los cuales debe tener en cuenta el juez del trabajo y de la seguridad social en sus decisiones.
En efecto, tal principio protege las situaciones jurídicas o los derechos individuales próximos a consolidarse respecto a un cambio normativo que pueda lesionarlos. Por esto, su ámbito de acción no cobija cualquier reforma o ajuste en la legislación laboral o de la seguridad social, sino solamente aquella que contenga cambios estructurales en los esquemas que la soportan.
En esa medida, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no puede ser ilimitada y darse ante cualquier cambio normativo, por cuanto ello paralizaría la puesta en marcha de importantes ajustes en las políticas laborales, sociales y económicas. Por tal razón, este principio, adecuadamente entendido, está dirigido a garantizar, con ciertos límites, la permanencia de determinado estatuto regulatorio ante cambios verdaderamente estructurales en la regulación.
En esa dirección, las Leyes 797 y 860 de 2003 no representaron un cambio estructural en el sistema de pensiones en nuestro país, sino que se trató de modificaciones legislativas en cuanto a los requisitos para el acceso a las prestaciones económicas, por lo que, en virtud de ello, la condición más beneficiosa no opera en dicho caso respecto a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 en su versión original, en tanto una modificación paramétrica respecto a la densidad de semanas de cotización como la que se planteó en dichas reformas, no refleja un cambio sustancial que amerite la suspensión temporal de la legislación actual con la finalidad de proteger expectativas legítimas.
Asimismo, en relación con las consideraciones del «SEGUNDO CARGO» la mayoría de la Sala consignó:
(...) tratándose exclusivamente de personas con enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas y, secuelas tardías, el funcionario judicial debe ponderar varias aristas del asunto a definir, entre otras, el dictamen médico, las condiciones específicas del solicitante, la patología padecida, su historia laboral, la continuidad de las cotizaciones y la fecha en que se declaró la pérdida permanente de capacidad laboral del 50% o superior por parte de la entidad calificadora habilitada legalmente para tales efectos. Y únicamente a partir de dicho estudio global, debe el funcionario judicial determinar si la fecha de estructuración fijada en el correspondiente dictamen coincide con el momento en que el afiliado perdió la capacidad laboral en el 50% o más, o si, eventualmente a la data en que así se declaró, ello no era viable por cuanto el afiliado continuaba con capacidad para desarrollar un determinado rol o trabajo (destaco).
En mi opinión, la mayoría emplea argumentos que no se ajustan al criterio que actualmente rige en la jurisprudencia de la Sala, pues sugieren que en los casos de las enfermedades crónicas, congénitas y degenerativas, es posible variar la data de estructuración formal de la invalidez que fijó el dictamen, que no es otra que la que el organismo científico determina como la fecha en que ocurrió una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, aspecto que, a menos que en concreto se cuestione, no puede ser modificado por el juez laboral.
Por tanto, considero oportuno indicar que la regla jurisprudencial sentada desde la sentencia hito CSJ SL3275-2019, reiterada decisiones CSJ SL3992-2019 y CSJ SL770-2020 -entre muchas otras-, es que en este tipo de casos la fecha para marcar el trienio en el que se deban cotizar las 50 semanas que exige la Ley 860 de 2003 para efectos de la pensión de invalidez, puede eventualmente fijarse, adicionalmente a la calenda de estructuración formal de la situación de invalidez, en la de (i) calificación del mencionado estado, (ii) la de la solicitud de reconocimiento pensional, o (iii) la de la última cotización realizada, esto último también (iv) cuando la enfermedad supone la manifestación de secuelas ulteriores -CSJ SL4178-2020; sin que necesariamente esto implique que se cambie la data de estructuración de la pérdida de capacidad laboral que fijó la autoridad competente en el porcentaje requerido por la ley para la configuración del estado de invalidez.
Lo anterior, dado que estas circunstancias lo que permiten establecer es que el afiliado, pese a la declaratoria formal inserta en un dictamen médico científico sobre su condición para trabajar, conservaba una capacidad laboral y por ello es dable fijar una fecha diferente para contabilizar el trienio de aportes exigido en la ley, de acuerdo a las referidas hipótesis.
Dejo así sustentada mi aclaración de voto en el presente asunto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Recurso Extraordinario de Casación
Radicación n.° 72739
Referencia: demanda promovida por LIBARDO ANTONIO CARPINTERO GARCÍA, contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).
Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me permito hacer aclaración de voto, pues si bien comparto lo que finalmente se adoptó en el sub judice, que dispuso no casar la sentencia absolutoria del Tribunal, sin embargo, respecto de los argumentos que se exponen en la providencia para la procedencia de dicho postulado en un lapso temporal en forma restringida, me permito hacer las siguientes precisiones:
En la presente providencia la Sala igualmente señaló que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa «i) no es absoluta ni atemporal» y que el demandante cuenta con una« fecha de estructuración de la PCL se fijó mediante dictamen del 23 de noviembre de 2011, el día 7 de octubre 2008, es decir, con posterioridad al 29 de diciembre de 2006, por lo que no podría ser acreedor a la aplicación de la condición más beneficiosa por el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, aun si hubiese gozado de una situación jurídica concreta».
Frente a dichos argumentos, debo indicar que, si bien inicialmente compartí el criterio mayoritario de la Sala vertido en la sentencia CSJ SL2358 de 2017, a través de la cual se dio vigencia temporal a la Ley 100 de 1993, en el transito legislativo con la Ley 860 de 2003, esto es, el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2006, ello fue con el fin de extender en el tiempo por vía jurisprudencial, los efectos del principio de condición más beneficiosa en dicho periodo, y hacer menos rigurosa su aplicación, en aras de tratar de salvaguardar los derechos de los asegurados y su grupo familiar, quienes por los cambios normativos verían truncada la posibilidad de acceder a la pensión de invalidez, pese a tener en cúmulo de cotizaciones importantes, y que conforme a disposiciones anteriores daría lugar de acceder a esa prestación.
No obstante lo anterior, al hacer un juicioso y minucioso análisis de dicha providencia y de las diferentes hipótesis que allí se plantean como supuestos fácticos que deben cumplir los asegurados para acceder a la pensión de invalidez bajo esta nueva línea de pensamiento, se observa que las reglas allí trazadas, a más de ser en algunos casos confusas, también se tornan poco posibles de cumplir, de tal suerte, que de manera exigua o en nada termina favoreciendo al grupo poblacional al que está dirigida, contrario a lo que fue la finalidad del cambio doctrinal propuesto respecto de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa que con aquella providencia se fijó.
En efecto, al analizar por ejemplo las subreglas planteadas en la providencia, como las señaladas en el numeral «3.2», de una detallada lectura, se advierte que se hacen más difíciles de cumplir en la práctica, pues en este evento, cuando el asegurado no era cotizante activo para el momento del tránsito legislativo, las 26 semanas deben de ser cotizadas en el año inmediatamente anterior a la vigencia de la Ley 860 de 2003, es decir, «entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2002», siendo entonces un número mínimo de afiliados quienes puedan cumplir con tales exigencias.
Bajo el contexto que antecede, en mi prudente juicio imponer un límite temporal para acudir al postulado en comento en aquellos casos de sucesión normativa entre la Ley 860 de 2003 y Ley 100 de 1993, cuando el asegurado invalido cumple con los requisitos que esta última disposición exige en su canon 39, desconoce la esencia misma de la condición más beneficiosa, pues como lo ha sostenido esta Corporación en diferentes oportunidades es característico de la institución jurídica en comento que « Entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia –expectativas legítimas- habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada», de manera que a mi juicio, la posición de la Sala de supeditar la aplicación del principio de la condición mas beneficiosa a que el peticionario acredite las 26 semanas en el año inmediatamente anterior al «26 de diciembre de 2003» y no como lo exige el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, desconoce lo antes señalado, olvidando además que las expectativas legitimas no pierden su condición de tales como consecuencia de una sucesión normativa o del paso del tiempo.
En los anteriores términos, dejo consignada entonces mi aclaración de voto.
Fecha ut supra,
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado