Ficha de la providencia
Sentencia SL5078-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL5078-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL5078-2020
Magistrado ponente: Giovanni Francisco Rodriguez Jimenez
6 de octubre de 2020
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Magistrado ponente
SL5078-2020
Radicación n.° 78181
Acta 037
Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual
Bogotá DC seis (6) de octubre de dos mil veinte (2020).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por FERNANDO DE JESÚS TRUJILLO SAMPEDRO, contra la sentencia proferida por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el 7 de marzo de 2017, en el proceso que instauró en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
El accionante demandó a Colpensiones para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir de la fecha en que cumplió los requisitos para acceder a ella, más los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993.
Fundamentó sus peticiones en que nació el 20 de mayo de 1944, por lo que era beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que cotizó un total de 1099,71 semanas en toda la vida laboral (del 9 de marzo de 1970 al 28 de febrero de 2011), de las cuales más de 750 fueron anteriores a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, y 531,65 corresponden a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad pensional; que solicitó la prestación y la pasiva la negó mediante la Resolución GNR 329437 de 2014, bajo el argumento de que contaba con 858 semanas.
Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptó el contenido de la Resolución GNR 329437 de 2014, e indicó que no le constaban los demás.
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de vejez, improcedencia de intereses de mora, buena fe, prescripción y compensación.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 1 de septiembre de 2016, resolvió:
PRIMERO: Se DECLARA que el señor FERNANDO DE JESÚS TRUJILLO SAMPEDRO identificado con la cédula de ciudadanía n.° 828250606 no está asistido del derecho, a que COLPENSIONES le reconozca y pague la pensión de vejez con base en el régimen de transición a que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y concretamente en aplicación del Acuerdo 049 de 1990 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, habida cuenta que no cuenta con el tiempo cotizado exigido por dicha normatividad para hacerse acreedor a dicha prestación, de conformidad con lo explicado en la parte motiva de dicha sentencia.
SEGUNDO: se ABSUELVE a COLPENSIONES de todas las pretensiones impetradas en su contra por el señor FERNANDO DE JESÚS TRUJILLO SAMPEDRO con la presente demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Costas a cargo del demandante […]
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, mediante decisión del 7 de marzo de 2017, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmó la del a quo.
El ad quem señaló que el problema jurídico en alzada, consistían en determinar si estaba probado o no, que el demandante tenía las cotizaciones necesarias para acceder a la pensión de vejez, en los términos solicitados.
Señaló que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 brinda la posibilidad de acceder a la pensión de vejez con los requisitos exigidos en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma fecha, pero para ello, el afiliado debía alcanzar los 60 años y contar con 1000 semanas cotizadas durante toda la vida laboral o 500 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima.
Descendió al caso, indicó que el accionante nació el 20 de mayo de 1944 y cumplió los 60 años el mismo día y mes del año 2004 (f.° 17), por lo que era beneficiario del régimen de transición acuñado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Señaló que en la Resolución n.° GNR 329437 de 2014, la demandada le informó al afiliado que contaba con 858 semanas cotizadas en toda la vida laboral, de las que 271 correspondían a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima pensional.
Respecto a los ciclos 1995–05 a 1999–09 reclamados por el actor en el recurso de alzada, advirtió que no se reportaron cotizaciones con el empleador Caolines Industriales Ltda. en las historias laborales, ni se encontró algún tipo de novedad referida a estos, razón que lo llevó a concluir que no era dable validar esos periodos como aportes en mora, toda vez que en el proceso no había prueba que permitiera deducir que la relación laboral continuó durante ese interregno.
Agregó que las cotizaciones se causaban con la prestación personal del servicio, pero si no existía prueba, al menos sumaria, de esta prestación, no podían validarse estos aportes (CSJ SL17488-2016).
Por último, dijo que no era cierto que el a quo hubiese invertido la carga de la prueba, pues procesalmente le correspondía demostrar que causó las cotizaciones en virtud de la prestación del servicio, y en la historia laboral no figuraba la anotación de mora del empleador, por lo que no se podía presumir la continuidad de la vinculación contractual.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por Fernando de Jesús Trujillo Sampedro, concedido por el Tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la proferida por el a quo y acceda a las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados y serán resueltos conjuntamente dado que persiguen el mismo fin.
CARGO PRIMERO
Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por la «[…] infracción DIRECTA de los artículos 24 y 57 de la Ley 100 de 1993, articulo (sic) 2 del Decreto 2633 de 1994, artículos 1, 6 y 75 del Decreto 2665 de 1998 lo cual llevo (sic) a la no aplicación del artículo (sic) 12 del Acuerdo 049 de 1990, y del articulo (36) de la Ley 100 de 1993».
Advirtió que no eran objeto de discusión los siguientes presupuestos: i) el demandante fue trabajador de la empresa Caolines Industriales Ltda. y en esa condición fue afiliado al ISS; y ii) que «[...] aparecen cotizaciones por parte de la empresa en cuestión en el periodo comprendido entre el 20 de septiembre de 1991 al 30 de septiembre de 1999».
Aseguró que la empresa Caolines Industriales Ltda. se encontraba en mora por el pago de aportes del «[…] 01 de enero de 1995 y el 30 de septiembre de 1999 […]».
Adujo que, si se tuvieran en cuenta los periodos en mora el total de semanas ascendería a 1099, en consecuencia, se cumpliría con los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma data, para acceder a la pensión de vejez.
Concluyó que se equivocó el ad quem al establecer que el problema jurídico en apelación consistía en verificar la existencia de una relación laboral, cuando el punto era la mora del empleador, y en esta medida la administradora debía ejercer las acciones de cobro y no trasladar la consecuencia de incumplimiento al afiliado.
CARGO SEGUNDO
Atacó la sentencia de segundo grado por considerarla «[…] violatoria de la ley sustancial, concretamente por la interpretación errónea de la Ley 100 de 1993, Artículo 24, lo cual llevó a la no aplicación del Artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los Artículos 11 y 12 del Decreto 758 de 1990».
Como pruebas mal apreciadas acusó la historia laboral y la Resolución GNR 329437 de 2014.
Adujó que el ad quem arribó a la conclusión de que el recurrente era beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin embargo, decidió negar la prestación en los términos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma fecha.
Afirmó que se dio un entendimiento errado a los artículos 24 y 36 de la Ley 100 de 1993, dado que se condicionó el derecho a que fuese el afiliado quien tuviese que demostrar el vínculo laboral que avalara los periodos en mora.
Aseguró que la obligación de cobro de los aportes insolutos es de la administradora, quien tiene las herramientas para hacerlo, e iteró que le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión, dado que cumplió con los requisitos de ley para ello.
RÉPLICA
Colpensiones manifestó que ambos cargos estaban dirigidos por la senda de puro derecho, sin embargo, su argumentación, se enfocó en aspectos que necesariamente terminarían en una apreciación de la prueba, además no quedó demostrada la relación laboral con el empleador Caolines Industriales Ltda., de la que se pudiera predicar la mora en las cotizaciones.
CONSIDERACIONES
Sea lo primera señalar, que aun cuando la demanda de casación exhibe yerros técnicos evidentes, y no es propiamente un modelo a seguir, divisa la Sala que aquellas son superables, pues, si se integran los dos cargos, es claro que la discusión que se plantea en esta sede, se contrae a mostrar que el juez plural desconoció periodos que eventualmente podrían habilitar el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de vejez, pretensión que se remonta a los albores del litigio, y que dado su desarrollo en las instancias, esta Corporación no puede pasar por alto (reconocimiento de la pensión de vejez).
En este punto, en aras de mantener la vigencia del derecho sustancial y de garantizar la justicia material, fin último del estado social de derecho, se acometerá el estudio de los cargos propuestos (CSJ SL3202–2015 y SL3972–2019).
En esencia, el juez de segundo grado indicó que el impugnante era beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que el actor reportó un total de 858 semanas cotizadas en toda la vida laboral, de las que 271 correspondían a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima pensional, y que no quedó acreditada la relación laboral con la empresa Caolines Industriales, para los ciclos 1995–05 a 1999–09, interregno que se reclama en mora.
Por su parte el censor insiste en que laboró al servicio de la mencionada sociedad, y que existió mora en el pago de las cotizaciones entre «[…] 01 de enero de 1995 y el 30 de septiembre de 1999 […]».
Ahora, al verificar los medios de convicción acusados por el censor, evidencia la Sala que en la Resolución GNR 329437 de 2014 (f.° 11 y 12) se indicó que el señor Trujillo Sampedro cotizó 858 semanas en toda su vida laboral, del 9 de marzo de 1970 al 21 de febrero de 2011.
Por otro lado, está el denominado «RESUMEN DE SEMANAS COTIZADAS POR EL EMPLEADOR» expedido por la demandada (f.° 49 y 50–cuaderno principal), en el que se observa a la empresa Caolines Industrial en calidad de aportante del 20 de septiembre de 1991 al 30 de septiembre de 1999, y luego del 1 de marzo de 2006 al 28 de febrero de 2011.
Llama la atención de esta prueba, que el primer periodo contiene reportes en cero del 1 de mayo de 1995 al 30 de septiembre de 1999 (temporalidad que coincide con la reclamada), es decir, sin reporte de semanas cotizadas, pero sí fueron realizadas novedades de salarios por parte del aportante, que en una modalidad de cotización dependiente no puede ser otro que el empleador, para el ciclo 1995–08 y 1996–04.
Lo explicado, denota que la demandada se equivocó al analizar la historia laboral del accionante, pues, pese a tener conocimiento que entre éste y la empresa Caolines Industrial existía un nexo contractual de trabajo, al punto que, reportó en cero el periodo comprendido del 1 de mayo de 1995 al 30 de septiembre de 1999, pero no demostró que inició las acciones establecidas en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, «[…] con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador […]», por esto, es necesario que el periodo reclamado sea habilitado y la administradora, a través de las herramientas legales con las que cuenta, repita en contra del aportante (CSJ SL767–2019).
Así, erró el Tribunal cuando señaló que el actor incumplió con su deber de probar el vínculo que lo ató con la empresa Caolines Industrial, cuando es evidente que la demandada tenía plena conciencia de la situación del aportante respecto de su trabajador, pero no hizo nada por remediarlo, y así lo deja ver en el documento que expide, y que fue previamente analizado.
Recuérdese, que esta Corte, tiene dicho que las administradoras de pensiones deben ceñirse en sus actuaciones a los postulados de la buena fe (CSJ SL5170–2019), punto, que, recordó, lo corrobora la Corte Constitucional en el proveído CC T-208-2012. Esto expuso la Sala:
No podría ser de otra forma en cuanto, las administradoras de pensiones, tienen el deber de ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-208-2012 advirtió sobre el carácter vinculante que adquieren los reportes relativos al cumplimiento del requisito de densidad de cotizaciones frente a las decisiones que las administradoras adopten, posteriormente, respecto de los derechos pensionales de sus afiliados:
“Cuando dicha entidad emite un pronunciamiento de resumen de semanas cotizadas por el empleador, correspondiente a la historia laboral, ha de entender que en principio dicha información la ata, salvo que proceda jurídicamente para controvertirla, pues a partir de ésta el receptor se crea una expectativa en torno al reconocimiento de su pensión, siendo éste (sic) un acto que expone la posición de la entidad frente a la relación jurídica en cuestión. Así las cosas, en un momento posterior no puede afirmar sin justificación alguna que la persona cotizó menos semanas de las certificadas, puesto que si bien tiene el derecho de revisar sus archivos, lo cierto es que termina siendo una conducta contradictoria que atenta contra la honestidad y lealtad con la que han de cumplir sus funciones, pues ha generado en otro la expectativa del reconocimiento de su pensión.
Por lo tanto, se ha de entender que las certificaciones que haga la entidad acerca de las semanas cotizadas en pensiones la vinculan, en principio, por haber creado una expectativa en el receptor de la información. Por tanto, al resolver las solicitudes de pensión en un momento posterior ha de tener en cuenta la información que allí quedó consignada, teniendo el deber de no retractarse de las semanas cotizadas que ya había reconocido, es decir, no pudiendo afirmar que son menos de las inicialmente reconocidas, salvo que encuentre una justificación bien razonada para proceder de manera contraria”.
En tal contexto, cuando Colpensiones expide un resumen de semanas de cotizaciones, la información así plasmada se presume cierta y veraz, a la vez que es vinculante. Por ello, no es posible para la entidad emisora proferir posteriormente y sin dar explicaciones razonables, otra historia laboral con información distinta a la inicialmente certificada. De hacerlo, transgrede la confianza depositada por los miles de afiliados en su gestión, sobre todo en temas tan sensibles para el tejido social como lo son las pensiones, compromiso que exige un tratamiento bastante riguroso de los archivos y bases de datos.
Por lo hasta aquí expuesto el cargo prospera.
Sin costas en casación dada la prosperidad del cargo.
SENTENCIA DE INSTANCIA
En sede de instancia, bastan las mismas consideraciones señaladas en casación para concluir que el accionante tiene derecho a que se computen los periodos en cero, verificados en la historia laboral con la empresa Caolines Industriales Ltda., a fin de determinar la procedencia de la pensión de vejez conforme a las previsiones del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, en concordancia con el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, del cual es beneficiario.
Retomando el análisis probatorio ya realizado, se tiene que el señor Fernando de Jesús Trujillo Sampedro cotizó un total de 858 semanas en toda su vida laboral, del 9 de marzo de 1970 al 21 de febrero de 2011, como consta en la Resolución GNR 329437 del 23 de septiembre de 2014.
De otra parte, la historia laboral expedida por la demandada habla de un periodo en cero comprendido del 1 de mayo de 1995 al 30 de septiembre de 1999, con el aportante Caolines Industriales, del que la demandada tenía conocimiento, y que corresponde a 227,72 semanas.
En conclusión, si se suman las 858 semanas reportadas, a las 227,72 en cero, frente a la que no se ejerció la acción de cobro en los términos del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, se tiene un total de 1085,22 semanas entre el 9 de marzo de 1970 y el 21 de febrero de 2011.
Así, el actor cumple cabalmente los requisitos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez a partir del 22 de febrero de 2011.
La prestación será liquidada en los términos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, dado que al actor le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994).
La tasa de reemplazo será la equivalente al 78%, de conformidad con el artículo 20 de la Acuerdo 049 ibidem, y el valor de la mesada inicial en ningún caso podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, esto, de acuerdo con los artículos 48 de la Constitución Política y 35 de la Ley 100 de 1993.
En relación con la prescripción que alegó la accionada, es procedente su declaratoria parcial porque el derecho se hizo exigible el 21 de febrero de 2011, y la solicitud se elevó el 17 de marzo de 2014, de modo que transcurrió el plazo trienal estipulado en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, frente a las mesadas que se causaron con anterioridad al 17 de marzo de 2011.
Se accede al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta, existió demora en el pago de mesadas completas, estos intereses se cancelarán a partir del 18 de julio del año 2014 y hasta que se verifique el pago efectivo de la obligación, en armonía con el plazo para resolver con el que cuentan las administradoras de pensiones de conformidad con el inciso final parágrafo 1 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
Costas en primera y segunda instancia, a cargo de Colpensiones. Tásense.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el siete (7) de marzo de dos mil diecisiete (2017), por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por FERNANDO DE JESÚS TRUJILLO SAMPEDRO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.
Sin costas.
En sede de instancia, RESUELVE:
REVOCAR la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2016, por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, y en su lugar se ordena:
PRIMERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, a reconocer y pagar la pensión de vejez al señor FERNANDO DE JESÚS TRUJILLO SAMPEDRO, a partir del 17 de marzo de 2011, en las condiciones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES a pagar los intereses moratorios contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, como se indicó en la motiva.
TERCERO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta por la parte pasiva. No prosperan las demás.
Costas como se indicó en la motiva de esta providencia.
centercenter00Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Salvo voto
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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