Ficha de la providencia
Sentencia SL5095-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL5095-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL5095-2019
Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa
26 de noviembre de 2019
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Magistrado ponente
SL5095-2019
Radicación n.° 65082
Acta 042
Bogotá, DC, veintiséis (26) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).
Decide la sala el recurso de casación interpuesto por JAIRO RAIRÁN CHÁVEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, el 23 de julio de 2013, en el proceso que instauró en contra de COLUMBIA COAL COMPANY SA, al cual se vinculó a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA como llamada en garantía.
ANTECEDENTES
Jairo Rairán Chávez demandó a Columbia Coal Company SA, pretendiendo en lo que concierne al recurso, que previa la declaratoria de que la terminación unilateral del contrato de trabajo sostenido con aquella, es ineficaz, y que el salario promedio devengado por él durante el último año de servicios fue de $2.630.758, se le condenara a restablecer el contrato como si no hubiera dejado de laborar, en consecuencia, se ordenara su reintegro a un cargo con funciones compatibles con las de su estado de salud, con el pago de los salarios causados desde el 3 de junio de 2009, inclusive, las prestaciones sociales legales y extralegales, los aportes a la seguridad social, la indemnización de los 180 días de salario, «[…[ el equivalente al 28,35% de Pérdida de la Capacidad Laboral […]», y la indexación de las sumas objeto de condena.
Como fundamento de sus peticiones adujo que se vinculó laboralmente con la demandada a partir del 1º de noviembre de 2005; que a partir del año 2007, según se advierte de su historia laboral, presenta «cuadro de disnea», sin embargo no pudo acceder a atención médica, ya que para ello requería desplazarse a otra ciudad, y dicho permiso le fue continuamente negado, por lo que debió acudir a remedios caseros; que los referidos problemas se agravaron en forma progresiva y continua, hasta que se vio obligado a acudir a la IPS Cafam de Ubaté, quien lo remitió a la Clínica Universidad de La Sabana, recibiendo atención por parte de aquella, lo cual sucedió el 12 de mayo de 2009; que su estado patológico no cedió, y el día 1º de junio del mismo año, debió retirarse a su residencia antes de terminar la jornada laboral, y al día siguiente le fue imposible seguir laborando, porque la disnea era permanente y muy profunda, por lo que se vio obligado a trasladarse por su cuenta y riesgo en compañía de William Chávez, a la Clínica de la Universidad de La Sabana, donde fue atendido al medio día, aproximadamente, siendo incapacitado por 30 días, contados a partir del 1º de junio de 2009, bajo el diagnóstico de «neumoconiosis de los mineros del carbón».
Señaló que cuando se trasladaba a la referida clínica, fue contactado telefónicamente por el ingeniero «Oscar», quien entonces ejercía como jefe del campamento donde laboraba, quien se enteró de primera mano de su situación asistencial y prestacional, además de la incapacidad expedida, quien le dijo que llevara la misma a las instalaciones de la empresa; que por lo anterior, a las 5:42 p m del mismo día, entregó aquella en sus instalaciones, y aproximadamente a las 6:20 p m, el mencionado ingeniero le hizo entrega de una comunicación, según la cual «[…] teniendo en cuenta que en estos momentos nos encontramos en reestructuración, le notificamos que hemos decidido dar por terminado su contrato de trabajo de forma unilateral, a partir del día 02 de Junio de 2009 […]»; que la real causa de cancelación del contrato, fue por el diagnóstico padecido.
Expresó que al momento de la terminación unilateral del contrato, y desde hacía aproximadamente dos años, ejercía el cargo de administrador; que dentro del último año de servicios, recibió las siguientes sumas de dinero a título de salario, así: $928.608, $1.153.276, $1.242.913, $1.348.803, $1.349.515, $1.472.198, $1.282.093, $311.163 y $1.310.193, correspondientes a las quincenas de julio, agosto, septiembre, la primera y segunda de octubre, noviembre y diciembre de 2008, enero y febrero de 2009, respectivamente; que la patología, real causa de la cancelación unilateral del contrato, le generó incapacidad para laborar desde el 1º de junio de 2009, inclusive, la cual se prolongó hasta el 30 de marzo de 2010
Agregó que fue calificado por Positiva Compañía de Seguros, por la patología «neumoconiosis de los mineros» de origen profesional, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 28.35%, no obstante, no se le cancelaron las prestaciones económicas derivadas de aquella, por haber sido retirado por su empleadora de la seguridad social; y, que como se encontraba incapacitado la empresa solo podía cancelarle el contrato de trabajo con previa autorización del Ministerio del Trabajo, como lo ordena la Ley 361 de 1997, sin embargo aquella no existió, por lo que su despido fue ineficaz, y debe ser reintegrado sin solución de continuidad a un cargo de funciones compatibles con su estado de salud, con el pago de la sanción equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar.
Columbia Coal Company SA al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones. Aceptó la existencia del contrato de trabajo con el demandante, sus extremos temporales, y el último cargo desempeñado por él.
Señaló que el trabajador jamás solicitó permiso alguno para recibir atención médica por su cuadro de disnea, y por dicha patología no se le incapacitó, ni ninguna entidad de seguridad social ni aquel le manifestaron de su existencia, tampoco se encontraba en proceso de calificación, ni tenía tratamientos pendientes, ni restricciones laborales o recomendaciones vigentes; que el señor Rairán Chávez nunca se retiró del puesto de trabajo el 1º de junio de 2009, y menos aduciendo problemas de salud; que el 2 de junio de 2009 el trabajador no se encontraba incapacitado, resultando extraño que hubiere presentado una, la cual fue supuestamente expedida el mismo día de la terminación del contrato, y con vigencia desde el día anterior; que no es cierto las mencionadas llamadas recibidas por parte del ingeniero «Oscar»; que la entrega de la carta de terminación al actor, no fue a las 6:20 p m del 2 de junio de 2009, sino dentro de su jornada laboral; que por la época de los hechos hubo varios cambios de personal que se pueden verificar en los archivos; y que el trabajador devengaba el salario mínimo para la época, el cual se veían incrementado por el trabajo suplementario o por las actividades adicionales que hubiese ejecutado.
En su defensa propuso las excepciones que denominó terminación eficaz del contrato de trabajo, negligencia del trabajador, inexistencia de la obligación, no conocimiento de las condiciones de salud del trabajador, inoponibilidad de las condiciones de salud, ausencia de relación de causalidad, prescripción, buena fe, mala fe del demandante, enriquecimiento sin causa, cobro de lo no debido y pago.
Igualmente solicitó llamar en garantía a Positiva Compañía de Seguros SA; respecto de la cual a través de auto del 12 de marzo de 2013, se tuvo por no contestada la demanda.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá DC mediante sentencia del 19 de junio de 2013, previa la declaratoria de que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1º de noviembre de 2005 hasta el 2 de junio de 2009, y que aquel terminó por un despido sin justa causa que es ineficaz en tanto no se obtuvo autorización previa del Ministerio de la Protección Social, condenó a la demandada a reintegrarlo a un cargo análogo al que venía desempeñando, en una actividad que pudiera realizar, dentro de las mismas o superiores condiciones a las existentes al momento de la desvinculación, con el pago de los salarios, las prestaciones sociales y las vacaciones causadas a partir del 3 de junio de 2009 y hasta que opere el reintegro; los aportes y cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales; así como la suma de $15.784.548, correspondiente a 180 días de salario, autorizándola para descontar de aquella lo pagado por indemnización por despido injusto; y las costas. Además absolvió a Positiva Compañía de Seguros SA, de todas las pretensiones.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC a través de sentencia del 23 de julio de 2013, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó la providencia de primer grado, y en su lugar la absolvió de todas las pretensiones del libelo introductorio, y condenó al demandante a pagar las costas del proceso.
Partió de que no fue objeto de discusión, que el demandante prestó sus servicios para la demandada desde el 1º de noviembre de 2005 hasta el 2 de junio de 2009, fecha en que fue despedido sin justa causa; así mismo, que según el documento que milita a folio 27, el día de la terminación del contrato, al actor se le expidió una incapacidad médica por 13 días, por padecer «neumoconiosis de los mineros del carbón»; y que aquel tiene una pérdida de capacidad laboral del 28.35%, con ocasión de la enfermedad profesional referida, con fecha de estructuración del 29 de marzo de 2010, conforme a la calificación efectuada por la ARP Positiva que obra a folios 38 a 44 del expediente.
Señaló en cuanto a la estabilidad laboral consagrada en la Ley 361 de 1997, que mientras el demandante adujo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 26, la terminación de su contrato fue ineficaz, dado que para esa fecha se encontraba incapacitado y fue despedido con ocasión de su estado de salud, la demandada afirmó que su despido se dio por una reestructuración de la empresa, sin que jamás hubiera sido notificada de su incapacidad; por lo que el problema jurídico se orienta a determinar si el trabajador despedido es beneficiario o no de las disposiciones consagrada en la citada normativa.
Manifestó que la Corte Constitucional al analizar el análisis de constitucionalidad del art. 26 de la Ley 361 de 1997, en la sentencia CC C-531-2000, dispuso su condicionalidad, bajo el entendido de que «carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de Trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato», por ello para establecer si el actor tiene derecho a esa beneficio, debe definirse primero, si pertenece al grupo poblacional a quienes se aplica esa norma, y segundo, si el contrato se dio por terminado por razón de su limitación.
Afirmó que respecto de los sujetos a quiénes se les aplica dicha norma, el art. 5 ibidem y el 7 del Decreto 2463 de 2001, establece que es aplicable a aquellos individuos que padecen una limitación moderada, es decir, que corresponde a la pérdida de la capacidad laboral entre el 15% y el 25%, o severa, esto es, mayor del 25% pero inferior al 50%.
Expresó que la Corte Suprema de Justicia en la sentencia CSJ SL 35606, 25 mar. 2009, ha establecido que dicha norma es de aplicación restrictiva, es decir, que sus beneficiarios son solo aquellos que la legislación ha definido como discapacitados; pero por otra parte, la Corte Constitucional en las sentencias T-519-2003, T-651-2010 y T-019-2011, ha indicado que el derecho a la igualdad deja de ser un concepto formal para convertirse en uno material, por lo que tiene que ser dinámico, por lo tanto aquella no se aplica solo a los discapacitados sino a todos los que se encuentren en estado de debilidad manifiesta al momento del despido, como ocurre con el trabajador que se encuentra incapacitado por enfermedad, sea esta común o profesional.
Indicó que debía apartarse del criterio expuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y entender la garantía de estabilidad laboral de la que gozan los discapacitados, extensible a quienes se encontraren incapacitados a la fecha de terminación del contrato, pues ello constituye una real materialización del derecho a la igualdad, porque en ambas circunstancias las personas se encuentran en un estado de debilidad manifiesta; y que como el señor Rairán Chávez estaba incapacitado el día en que fue despedido, le resulta aplicable la normatividad referida.
En lo concerniente a definir si el contrato de trabajo se dio por terminado con ocasión de la limitación padecida por el demandante, dijo, que sobre dicho aspecto también existen posiciones contrarias, ya que mientras la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia CSJ SL 3782, 14 nov. 2012, sostiene que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no consagra una presunción en favor del trabajador incapacitado que es despedido, por lo tanto, quien pretenda su aplicación deberá demostrar un nexo causal entre el despido y su estado, el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional, expuesto en las sentencias T-116-2010 y T-651-2010, indica, que al igual que en los casos de las mujeres en estado de embarazo, en relación con los trabajadores en estado de incapacidad, a quienes se les termina el contrato de trabajo sin previa autorización del Ministerio del Trabajo, deberá presumirse que la causa del despido es la circunstancia de discapacidad que aquel padece, y considera, que exigir la prueba de la relación causal entre la condición del trabajador y la decisión del empleador, constituye una carga desproporcionada porque se trata de mostrar un aspecto ligado al fuero interno del empleador, lo cual hace que sea quien deba desvirtuar dicha presunción, demostrando que la terminación unilateral se produjo por una causa objetiva y razonable.
Arguyó que sin importar si se considera que existe o no una presunción a favor del trabajador, resulta claro que para aplicar cualquiera de esas dos interpretaciones, debía estar probado que el empleador conocía de su estado de incapacidad al momento de efectuar el despido, porque no tendría ninguna proporción ni atendería a los criterios de justicia, aplicar las sanciones consagradas en esta norma, que sanciona su comportamiento por terminar un contrato de trabajo por la limitación padecida por él, cuando aquel no conocía de esa especial circunstancia de la incapacidad.
Sostuvo que revisado el material probatorio allegado al expediente, se observa que no hay una sola prueba de que para el 2 de junio de 2009, fecha en que se dio por terminado el contrato, el empleador conociera de que el señor Rairán Chávez estuviera incapacitado, a saber: la incapacidad que obra a folio 27 no tiene ninguna constancia de recibido por parte de la empresa; en la comunicación suscrita por el empleador, por la cual se da por terminado el contrato de trabajo (f.° 119), aparece solo la constancia de recibido por el trabajador, sin que éste hiciera manifestación alguna en relación con su estado de incapacidad; y, a folio 120 se encuentra que el demandante el 4 de junio de 2009 presentó una comunicación a su ex empleadora, solicitándole reconsiderar la decisión de dar por terminado el contrato, de la cual se colige que solo hasta el 4 de junio de 2009, es decir, después de su despido, le informó a la misma que padecía de dificultad respiratoria por su labor en las minas, lo cual desmiente que aquella conociera de su estado de salud al momento del despido, comunicación en la que tampoco se hizo referencia al estado de incapacidad en el que se encontraba en ese momento.
Añadió que aunque fuera relevante la razón por la cual se despidió al trabajador, que en este caso no lo es, lo cierto es que al momento de su despido el empleador desconocía que el 2 de junio 2009, aquel se encontraba incapacitado, lo cual lo exime de la condena pretendida.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que se case la sentencia recurrida, y en sede de instancia se confirme la decisión de primer grado.
Con tal propósito formuló un cargo, por la causal primera de casación, el cual fue replicado por la demandada.
CARGO ÚNICO
Acusó la sentencia: «[…] por violación indirecta por falta de apreciación de una prueba, error evidente de hecho (Artículo 87, Numeral Primero, Inciso Segundo del Código Sustantivo del Trabajo) de los Artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y consecuencialmente del Artículo 26 de la ley 361 de 1997».
Señaló que es evidente que el ad quem dejó de apreciar, siendo del caso hacerlo, las pruebas que mas adelante se relacionarán, pues de otra forma no hubiera podido afirmar que «el trabajador NO notificó y/o hizo entrega de la Incapacidad a la Empleadora», por lo que incurrió en el error de hecho de dar por probado que la empleadora no fue notificada de la incapacidad, cuando ciertamente lo fue.
Afirmó que la prueba documental que obra dentro del proceso, fue literalmente ignorada, o por lo menos se inadvirtió su presencia, violándose así los arts. 60 y 61 del CPTSS, según los cuales, el juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas, formando libremente su convencimiento, pero inspirado en los principios científicos que informan la crítica de la prueba.
Sostuvo que las afirmaciones realizadas en los hechos 8, 12, 13, 14 y 15 del libelo introductorio, son simplemente la descripción de las pruebas documentales arrimadas al plenario, a saber, de la incapacidad expedida a partir del 1º de junio de 2009, y de la carta de despido del día siguiente, las cuales militan a folios 27 y 33 del expediente.
Indicó que en ambos documentos la empleadora anotó hora y fecha de recibo y entrega, imponiendo en los mismos el nombre de la persona que realizó dicho recibo/entrega (Carolina Murcia A, entonces secretaria de la empleadora en la mina de carbón), y el sello de la demandada, que aunque un poco borroso, es visible.
Concluyó que entonces quedó acreditado, que 38 minutos después de que entregara la incapacidad a su empleadora, esta a su vez le hizo entrega de la carta de despido; por lo que se incurrió en violación de medio de la norma procedimental, y se infringió una norma sustancial, a saber, el art. 26 de la Ley 361 de 1997
RÉPLICA
Aseguró la opositora que el recurso es improcedente porque la decisión se debe fundamentar en las pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso, y aquellas sobre las cuales se edifica el mismo, a saber, los folios 27 y 33, no lo son, porque fueron alterados en su contenido y conformación; de ahí que ni fueron conocidos ni fueron objeto de contradicción, y solo por «objeto de alteración», se pretende ahora que se les otorgue un valor probatorio que no tuvieron en las respectivas instancias; para el efecto arrimó copia de la denuncia formulada al respecto por la empresa ante la Fiscalía Delegada, con fecha de recibido del 14 de octubre de 2014 (f.° 31 a 34 del cuaderno de casación).
Expuso que en el trámite de un recurso extraordinario, no es dable modificar los hechos, las pretensiones ni las pruebas; y que el tribunal no cometió el error endilgado, puesto que valoró técnicamente la ausencia de prueba de habérsele informado al empleador, respecto de la supuesta patología sufrida por el demandante, la cual fue integral y coherente, tanto en la incapacidad registrada en el documento objeto de ataque (f.° 27), como en la carta de comunicación suscrita por el mismo demandante dos días después de la terminación del contrato dirigida a la empresa, y el recibido de la carta de finiquito, sin mencionar en ninguna la supuesta incapacidad.
CONSIDERACIONES
A pesar de que el cargo está dirigido por la vía indirecta, debe decirse que en las instancias quedaron definidos los siguientes supuestos fácticos: (i) que Jairo Rairán Chávez estuvo vinculado laboralmente con Columbia Coal Company SA desde el 1º de noviembre de 2005 hasta el 2 de junio de 2009, desempeñando como último cargo el de administrador de mina, y devengando un último salario de $2.630.758; (ii) que el contrato terminó en forma unilateral por parte de la empleadora, bajo el argumento de la reestructuración de la empresa, con el pago de la indemnización pertinente; y, (iii) que el citado señor fue calificado por la ARP Positiva con una pérdida de capacidad laboral del 28.35%, de origen profesional.
Como el recurrente funda su cargo en la senda indirecta, de conformidad con lo normado en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969 modificatorio del 23 de la Ley 16 de 1968, para que se configure el error de hecho, es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta; y además, como lo ha dicho de vieja data la corte, que provenga de manera evidente de alguno de los medios calificados, esto es, de prueba documental, de una confesión judicial o de la inspección judicial.
Cuando el ataque se encauza por la vía de los hechos, el censor tiene la carga de acreditar, de manera razonada, la concreta equivocación en que incurrió la colegiatura en el análisis y valoración de los medios de convicción, y su incidencia en la decisión impugnada, que lo llevó a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia a lo que sí lo está; yerros que surgen a raíz de la equivocada valoración o de la falta de apreciación de la prueba calificada.
En ese orden, no es cualquier desacierto el que puede dar lugar a la anulación de lo resuelto por el juez de segunda instancia, en tanto, son solo aquellos errores que provienen de la lectura abiertamente equivocada de un medio probatorio, esto es, que tenga la connotación de manifiesto y visiblemente contrario a lo que objetivamente muestran las pruebas del proceso.
El error enrostrado en el cargo, fue el de haber dado por probado, que la empleadora no fue notificada de la incapacidad, cuando ciertamente lo fue.
En efecto, el tribunal consideró que no existe ninguna prueba que informe, que para el 2 de junio de 2009, fecha en que se dio por terminado el contrato, el empleador conociera que el demandante estaba incapacitado; y expresó al respecto, que ésta, que obra folio 27, no tiene ninguna constancia de recibido por parte de la empresa.
El recurrente acusó como pruebas mal apreciadas, la incapacidad expedida a partir del 1º de junio de 2009 (f.° 27), y la carta de despido del 2 de junio de la misma anualidad (f.° 33), a partir de las cuales sostuvo, que minutos después de que le entregara la incapacidad a su empleadora, aquella le entregó la carta de despido.
De los referidos documentos puede arribarse a la conclusión probatoria alegada por el censor, ya que a folios 27 milita la incapacidad expedida por la Clínica Universitaria Teletón, el 1º de junio de 2009, en la cual, contrario a lo aseverado por el ad quem, aparece constancia de recibido el 2 de junio de 2009 a las 5:42 p m, por parte de Carolina Murcia, evidenciándose además, aunque borroso, pero visible, el sello de la empresa y el nit 832010019-0, el cual coincide con el que aparece en el certificado de existencia y representación de la demandada que reposa a folios 64 a 66 del cuaderno principal.
Por su parte, la carta de despido que milita a folio 33, en su reverso da cuenta de su entrega al trabajador el 2 de junio de 2009, a las 6:20 p m. Lo anterior significa que en el tiempo, fue primero la entrega de la incapacidad por parte del señor Rairán Chávez a la empresa, que la comunicación de aquella al primero, de darle por terminado su contrato de trabajo.
No obstante, la opositora en su escrito de réplica puso en entredicho dicha prueba, entre otras, aduciendo que aquella fue alterada en su contenido y conformación, y para el efecto arrimó copia de la denuncia formulada al respecto por la empresa ante la Fiscalía Delegada, con fecha de recibido del 14 de octubre de 2014; ello para la sala no resulta de recibo, porque el artículo 83 de la Constitución Política, presume la buena fe en las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, la que aplicada al proceso judicial, implica que unos y otras deben actuar con lealtad y probidad, y en esa medida debe entenderse que aquellas pruebas corresponden de manera fidedigna a las que se aportaron con el libelo introductorio.
En consecuencia, se configuró el error de hecho expuesto por la recurrente, lo que llevó a la aplicación indebida de los arts. 60 y 61 del CPTSS; sin embargo, la ocurrencia del mismo, no tiene la virtud de derruir la sentencia recurrida, porque en todo caso, la sala en sede de instancia, arribaría a la misma decisión de revocar la de primer grado, y en su lugar absolver a la sociedad demandada de las pretensiones, por lo que pasa a exponerse.
El origen de la protección especial de las personas que están en situación de discapacidad, se encuentra en el artículo 13 de la CN, que luego de establecer que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, precisa que el Estado: «[…] promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados», y que, en función de ello, «[…] protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan».
Sobre dicho fundamento constitucional es que se debe entender el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, respecto del cual se han proferido abundantes pronunciamientos por esta corporación, entre otros, en las providencias CSJ SL2905-2018, CSJ SL2401-2018, CSJ SL2401-2018, CSJ SL2356-2018, CSJ SL2146 de 2018, CSJ SL2814-2018, CSJ SL2786-2018 y CSJ SL1360-2018; precisándose en la última de las mencionadas:
Para contrarrestar la desventaja social de las personas con discapacidad y garantizar su inclusión, se han proferido diferentes normas a nivel nacional y supranacional orientadas a la sensibilización de la sociedad en general y a promover su participación en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural.
[…]
Las medidas adoptadas en favor de las personas con discapacidad tienen una particular proyección en el campo laboral, donde de forma idéntica a otros ámbitos sociales, se asientan fuertes actitudes, estructuras y prácticas empresariales tendientes a anular o dejar sin efecto el reconocimiento y disfrute de los derechos de los trabajadores con deficiencias físicas, sensoriales y mentales.
Estas actitudes y prácticas, unas veces manifiestas, otras más sutiles o aparentemente neutras, se ponen en marcha en diversas etapas del trabajo: la selección, contratación y empleo, continuidad, promoción y el suministro de condiciones laborales seguras y saludables. Por ello, para hacerles frente y disuadir su uso, se ha acudido no solo a su prohibición sino también al establecimiento de acciones, medidas, reglas especiales de estabilidad reforzada, presunciones legales, autorizaciones o sanciones.
Luego, un trabajador que se encuentre en una situación de debilidad manifiesta por las afectaciones en su estado de salud, por cualquier motivo, esto es, común o profesional, tiene derecho a la protección prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, entre otras cosas, para no ser despedido «[…] por razón de su limitación [discapacidad], salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo».
En la misma providencia la corte precisó que el alcance del artículo en mención no supone el derecho del trabajador a perpetuarse en el cargo que ejecuta, sino a permanecer en él hasta que exista una causal objetiva o legitima para su desvinculación, esto es, que el despido de un trabajador en estado de discapacidad se presume discriminatorio, a menos que se demuestre en el proceso la ocurrencia real de la causa alegada.
Así se adoctrinó:
En esta dirección, la disposición que protege al trabajador con discapacidad en la fase de la extinción del vínculo laboral tiene la finalidad de salvaguardar su estabilidad frente a comportamientos discriminatorios, léase a aquellos que tienen como propósito o efecto su exclusión del empleo fundado en su deficiencia física, sensorial o mental. Esto, en oposición, significa que las decisiones motivadas en un principio de razón objetiva son legítimas en orden a dar por concluida la relación de trabajo.
Lo que atrás se afirma deriva del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues, claramente, en ese precepto no se prohíbe el despido del trabajador en situación de discapacidad, lo que se sanciona es que tal acto esté precedido de un criterio discriminatorio. Nótese que allí se dispone que «ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación», lo que, contrario sensu, quiere decir que, si el motivo no es su estado biológico, fisiológico o psíquico, el resguardo no opera.
Lo anterior significa que la invocación de una justa causa legal excluye, de suyo, que la ruptura del vínculo laboral esté basada en el prejuicio de la discapacidad del trabajador. Aquí, a criterio de la Sala no es obligatorio acudir al inspector del trabajo, pues, se repite, quien alega una justa causa de despido enerva la presunción discriminatoria; es decir, se soporta en una razón objetiva.
Con todo, la decisión tomada en tal sentido puede ser controvertida por el trabajador, a quien le bastará demostrar su estado de discapacidad para beneficiarse de la presunción de discriminación, lo que de contera implica que el empresario tendrá el deber de acreditar en el juicio la ocurrencia de la justa causa. De no hacerlo, el despido se reputará ineficaz (C-531-2000) y, en consecuencia, procederá el reintegro del trabajador junto con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, más la sanción de 180 días de salarios consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Es en tal dirección que, a juicio de la Sala, debe ser comprendida la protección especial del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues resulta ilógico prohibir el despido del trabajador «por razón de su limitación» y al tiempo vedarlo cuando este fundado en un motivo ajeno a su situación. Si, la sanción tiene como propósito disuadir despidos motivados en el estereotipo de la condición de discapacidad del trabajador, no debería haberla cuando esté basada en una causa objetiva demostrada. A la larga, la cuestión no es proteger por el prurito de hacerlo, sino identificar y comprender los orígenes o causas de los problemas de la población con discapacidad y, sobre esa base, interpretar las normas de un modo tal que las soluciones a aplicar no los desborden o se transformen en otros problemas sociales.
Así las cosas, la Corte abandona su criterio sentado en la sentencia CSJ SL36115, 16 mar. 2010, reiterada en SL35794, 10 ago. 2010, en la que se adoctrinó que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no consagra una presunción legal o de derecho, que permita deducir a partir del hecho conocido de la discapacidad del trabajador que su despido obedeció a un móvil sospechoso. En su lugar, se postula que el despido de un trabajador en estado de discapacidad se presume discriminatorio, a menos que el empleador demuestre en juicio la ocurrencia real de la causa alegada. (Negrillas propias del texto)
Y, finalmente, concluyó la corte que:
[…]
a) La prohibición del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 pesa sobre los despidos motivados en razones discriminatorias, lo que significa que la extinción del vínculo laboral soportada en una justa causa legal es legítima.
b) A pesar de lo anterior, si, en el juicio laboral, el trabajador demuestra su situación de discapacidad, el despido se presume discriminatorio, lo que impone al empleador la carga de demostrar las justas causas alegadas, so pena de que el acto se declare ineficaz y se ordene el reintegro del trabajador, junto con el pago de los salarios y prestaciones insolutos, y la sanción de 180 días de salario.
c) La autorización del ministerio del ramo se impone cuando la discapacidad sea un obstáculo insuperable para laborar, es decir, cuando el contrato de trabajo pierda su razón de ser por imposibilidad de prestar el servicio. En este caso el funcionario gubernamental debe validar que el empleador haya agotado diligentemente las etapas de rehabilitación integral, readaptación, reinserción y reubicación laboral de los trabajadores con discapacidad. La omisión de esta obligación implica la ineficacia del despido, más el pago de los salarios, prestaciones y sanciones atrás transcritas.
Igualmente ha dicho esta corporación, que cuando una persona pretende derivar para sí, los efectos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, debe probar los presupuestos de hecho que le permitan gozar de aquellas consecuencias, lo que se traduce en que debe acreditar su estado de capacidad diversa o discapacidad, y comprobar el conocimiento del empleador.
Al efecto, es pertinente destacar respecto del alcance de la protección del artículo en cita, lo expresado en la sentencia CSJ SL 35606, 25 mar. 2009, reiterada en las CSJ SL 39207, 28 ag. de 2012 y CSJ SL10538-2016; y las sentencias CSJ SL10538-2016, CSJ SL17945-2017, CSJ SL24079-2017, CSJ SL685-2018 y CSJ SL2786-2018.
En la sentencia rememorada CSJ SL10538-2016, se dijo:
Conforme a lo anterior, el razonamiento que sirvió de sustento al Tribunal para disponer el restablecimiento del contrato de trabajo de la demandante, es a juicio de la Corte abiertamente contrario al espíritu teleológico de la citada preceptiva, ya que como lo tiene adoctrinado la jurisprudencia de esta Corporación, no es suficiente por si solo el quebrantamiento de la salud de la trabajadora o el encontrarse en incapacidad médica para merecer la especial protección de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues debe acreditarse que el asalariado al menos tenga una limitación física, psíquica o sensorial y con el carácter de moderada, esto es, que se enmarque dentro de los porcentajes de pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 15%.
Al efecto, es pertinente destacar lo que indicó la Corte en la sentencia CSJ SL del 28 de agos. 2012, rad. 39207, cuando al rememorar otras en ese mismo sentido sobre el tema en controversia, y en especial al fijar el alcance de la protección de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, precisó:
(…) esta Sala de la Corte ya tuvo la oportunidad de analizar y definir el tema, fijando su propio criterio, en el sentido de que la Ley 361 de 1997 está diseñada a garantizar la asistencia y protección necesaria de las personas con limitaciones severas y profundas, pues así lo contempla su artículo 1°, al referirse a los principios que la inspiran y al señalar sus destinatarios, de modo que delimita el campo de su aplicación a quienes por ley son consideradas discapacitadas, es decir, todas aquellas que tengan un grado de minusvalía o invalidez superior a la limitación moderada, además de que el estado de salud debe ser de conocimiento del empleador, pues la sola circunstancia de que el trabajador se encuentre incapacitado para el momento de la ruptura del contrato de trabajo, no acredita que tenga una limitación física y dentro de los porcentajes anteriormente mencionados, requiriéndose por tanto de una prueba científica como sería el respectivo dictamen o calificación.
En sentencia del 25 de marzo de 2009 radicado 35606, esta Corporación sobre dicha temática puntualizó:
“(…) antes de entrar a analizar el elenco probatorio denunciado en los cargos, es pertinente traer a colación la sentencia de 15 de julio de 2008, radicación 32532, en la cual, y en ejercicio del proceso hermenéutico del artículo 26 del Ley 371 de 1997, la Corte Suprema de Justicia, razonó:
La protección con la que cuentan las personas limitadas en lo concerniente a que no pueden ser despedidas o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie la autorización de la Oficina de Trabajo se encuentra regulada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, de manera que la minusvalía a que se refiere esta disposición debe ser buscada, en primer lugar, en el contexto de este articulado y, sólo en ausencia de disposición que lo determine, es dable acudir a la aplicación supletoria de otras normas, conforme lo prevé el artículo 19 del C. S. del T..
Al respecto conviene precisar que la Ley 361 de 1997 contiene un régimen de carácter especial, que trasciende el campo del Sistema de Seguridad Social Integral, dado que su protección va más allá de las garantías que este régimen cubre, pues su propósito es la protección de los derechos fundamentales de las personas con limitaciones, previendo para quienes las padecen en los grados de “severas y profundas” la asistencia y protección necesarias. En este sentido la Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia de 7 de febrero de 2006, radicada con el número 25130, lo siguiente:
Cumple observar que la Ley 361 de 1997 es un estatuto especial que estableció “...mecanismos de integración social de las personas con limitación...” y que según su primer artículo los principios que la fundamentan están en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Política. Se trata de una ley que según la exposición de motivos tuvo por objeto la integración social de los discapacitados (Gaceta del Congreso N° 364 del 30 octubre de 1995). Los capítulos que la integran consagran garantías que asumen el Estado y la Sociedad para facilitar al antes señalado grupo de personas un modo de vida digno que les permita la rehabilitación, bienestar social, el acceso preferente a la educación, a los bienes y al espacio de uso público, al trabajo, etc.’.
“Aclarado lo anterior, se observa que la Ley 361 de 1997 está dirigida de manera general a garantizar la asistencia y protección necesaria de las personas con limitaciones severas y profundas, pues así lo contempla su artículo 1º; al referirse a los principios que la inspiran y al señalar sus destinatarios, de modo que delimita el campo de su aplicación, como ya se anotó, a quienes padecen una minusvalía significativa.
Es en desarrollo de esta preceptiva y particularmente en lo que tiene que ver con las personas a que está orientada la protección especial que consagra, según el grado de su limitación, que se dispone en el artículo 5 que las personas con limitaciones deberán Social en Salud, correspondiendo a las empresas promotoras de salud consignar, en tal documento, la existencia de la respectiva limitación, con la especificación del grado de limitación que presenta su portador, en las escalas de moderada, severa y profunda, con el fin de que puedan identificarse como titulares de los derechos previstos en la ley comentada. No se trató entonces de una previsión caprichosa del legislador al aludir, en esta disposición, a los distintos grados de minusvalía que pueden afectar a las personas según la limitación que padezcan, por el contrario, la razón está de parte de aquellas que padecen mayores grados de limitación, naturalmente con el propósito de lograr su integración social en todos los ámbitos de la vida en comunidad en que se desenvuelven los seres humanos. Obviamente que el amparo es menor o inexistente para las personas con limitaciones de menor intensidad que no se les dificulta su inserción en el sistema competitivo laboral.
En el articulado de la Ley 361 de 1997 se toman como parámetros los diferentes grados de minusvalías a que se hecho alusión para establecer condiciones que garanticen su incursión en el ámbito laboral o que los haga merecedores de la protección del Estado, entre otros, en el campo de vivienda, seguridad social y educación. Así por ejemplo en el 24 se garantiza a los empleadores que vinculen laboralmente a personas con limitación que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitaciones, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados, si tienen en sus nóminas un mínimo del 10% de sus empleados, en las condiciones de discapacidad enunciadas en ese mismo ordenamiento; en el 31 se dispone que los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no inferior al 25% comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales, pagados durante el año o período gravable a los trabajadores con limitación, y el 37 prevé que el Gobierno, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en cooperación con las organizaciones de personas con limitación, apropiará los recursos para crear una red nacional de residencias, hogares comunitarios y escuela de trabajo para atender las personas con limitaciones severas.
“Es claro entonces que la precipitada Ley se ocupa esencialmente del amparo de las personas con los grados de limitación a que se refieren sus artículos 1 y 5; de manera que quienes para efectos de esta ley no tienen la condición de limitados por su grado de discapacidad, esto es para aquellos que su minusvalía está comprendida en el grado menor de moderada, no gozan de la protección y asistencia prevista en su primer artículo.
Ahora, como la ley examinada no determina los extremos en que se encuentra la limitación moderada, debe recurrirse al Decreto 2463 de 2001 que sí lo hace, aclarando que en su artículo 1º de manera expresa indica que su aplicación comprende, entre otras, a las personas con derecho a las prestaciones y beneficios contemplados en las Leyes 21 de 1982, 100 de 1993, 361 de 1997 y 418 de 1997. Luego, el contenido de este Decreto en lo que tiene que ver con la citada Ley 361, es norma expresa en aquellos asuntos de que se ocupa y por tal razón no es dable acudir a preceptos que regulan de manera concreta otras materias.
Pues bien, el artículo 7 del Decreto 2463 de 2001 señala los parámetros de severidad de las limitaciones en los términos del artículo 5 de la Ley 361 de 1997; define que la limitación “moderada” es aquella en la que la pérdida de la capacidad laboral oscila entre el 15% y el 25%; “severa”, la que es mayor al 25% pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral y “profunda” cuando el grado de minusvalía supera el 50%.
“En las condiciones anotadas es claro que el juzgador de segundo grado se equivocó al aplicar en este asunto el artículo 5 de la Ley 776 de 2002, pues si bien este precepto limita los grados en que se encuentra comprendida la incapacidad permanente parcial lo hace de manera expresa para los afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales y para los fines de las indemnizaciones y prestaciones que cubre este régimen, que obviamente no guarda relación con el tema de estabilidad laboral que protege la Ley 361 de 1997.
“Surge de lo expuesto que la prohibición que contiene el artículo 26 de la citada Ley 361, relativa a que ninguna persona con discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su minusvalía, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo, se refiere a las personas consideradas por esta ley como limitadas, es decir, todas aquellas que tienen un grado de invalidez superior a la limitación moderada. Situación en la que no se encuentra el demandante, pues su incapacidad permanente parcial tan sólo es del 7.41%, es decir, inferior al 15% del extremo mínimo de la limitación modera, que es el grado menor de discapacidad respecto del cual operan las garantías de asistencia y protección que regula esa ley, conforme con su artículo 1°>.
De acuerdo con la sentencia en precedencia para que un trabajador acceda a la indemnización estatuida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se requiere: (i) que se encuentre en una de las siguientes hipótesis: a) con una limitación “moderada”, que corresponde a la pérdida de la capacidad laboral entre el 15% y el 25%, b) “severa”, mayor al 25% pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral, o c) “profunda” cuando el grado de minusvalía supera el 50%; (ii) que el empleador conozca de dicho estado de salud; y (iii) que termine la relación laboral “por razón de su limitación física” y sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
“Descendiendo al estudio del elenco probatorio encuentra la Corte Suprema de Justicia que el Tribunal no incurrió en los desaguisados que la censura le enrostra toda vez que, en verdad, no desconoció la existencia de las diferentes incapacidades médicas, sino que estimó que el dictamen de la Junta de Calificación Invalidez, por medio del cual se estructuró la pérdida de la capacidad laboral en un 55.60%, a partir del 8 de agosto de 2004, le fue notificado a la actora el 28 de junio de 2005, es decir, con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo, que lo fue por vencimiento del plazo inicialmente pactado; luego, para ese momento, el empleador no tenía conocimiento de la discapacidad de la actora. También es cierto que las incapacidades, por sí solas, no acreditan que la persona se encuentre en la limitación física y dentro de los porcentajes anteriormente mencionados, para efectos de ser cobijada por la protección a la que se refiere el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
“Puestas así las cosas, debe la Corporación reiterar que no dimana error alguno, al menos de naturaleza protuberante, en la conclusión a la que arribó la Sala sentenciadora en torno a que la empleadora desconocía de la limitación al momento de la terminación del vínculo contractual, por expiración del plazo, en la medida en que para la fecha de terminación de la relación laboral, 30 de noviembre de 2004, la promotora del litigio no había sido calificada como inválida o con limitación física, dado que este estado solo se produjo por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 24 de junio de 2005 (folios 25 y 26, cuaderno 1), dictamen notificado a la actora el 28 de junio de la misma anualidad (folio 24, ibídem)” (Resalta la Sala)”. (Negrillas propias del texto)
En ese orden de ideas, es necesario concluir que la corte ha determinado que para que tenga lugar la protección contemplada en el citado artículo 26, es necesario que se cumplan tres requisitos: (i) que el trabajador se encuentre en una de las siguientes hipótesis de discapacidad: a) moderada, que corresponde a la pérdida de la capacidad laboral entre el 15% y el 25%; b) severa, mayor al 25%, pero inferior al 50% o; c) profunda cuando el grado de discapacidad supera el 50%; (ii) que el empleador conozca de dicho estado de salud y, (iii) que la relación laboral termine por razón de su discapacidad y sin previa autorización del Ministerio de Trabajo. Debe aclararse que esa garantía reclamada, procede exclusivamente para las personas que presenten afectaciones físicas, psíquicas o sensoriales en los grados de moderada, severa o profunda, conforme a la regulación vigente para la época en que ocurren los hechos, para este caso los artículos 1 y 5 de la Ley 361 de 1997 y 7 del Decreto 2463 de 2001, y no para las personas que padezcan cualquier tipo de discapacidad.
Por lo tanto, al tratarse la estabilidad laboral reforzada por motivo de salud, como una garantía excepcional a la permanencia en el empleo, no puede el juez extenderla de manera automática para eventos no contemplados en la mencionada disposición (CSJ SL2786-2018), como el presente asunto, en que se acreditó con la prueba documental, que el señor Rairán Chávez buscó atención médica por primera vez el 12 de mayo de 2009 (f.° 18 del cuaderno principal), y que su primera incapacidad data del 1º de junio del mismo año (f.° 32 del cuaderno principal), dándosela a conocer a su empleadora a partir del día siguiente, fecha en que se le terminó el contrato, lo que permite avizorar, que al momento de la decisión unilateral por parte de la empleadora, aquel no era sujeto de la especial protección especial prevista en el art. 26 de la Ley 361 de 1997, por no encontrarse en una situación de debilidad manifiesta.
Así las cosas, no comparte esta sala la posición acogida por el tribunal, en relación con la definida al respecto por la Corte Constitucional en las sentencias de tutela mencionadas en la decisión recurrida, que considera la aplicación de la referida garantía, sin tener en cuenta el grado de pérdida de capacidad laboral, otorgándole dicha protección a quien simplemente se halle en incapacidad o con algún diagnóstico por afección de su salud.
Lo expuesto impone desestimar el cargo.
No se impondrán costas a cargo del recurrente, en la medida en que el fallador de segundo grado se equivocó en la valoración probatoria, aunque ello no hubiere sido suficiente para casar la sentencia recurrida.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC el veintitrés (23) de julio de dos mil trece (2013), en el proceso que promovió JAIRO RAIRÁN CHÁVEZ en contra de COLUMBIA COAL COMPANY SA, al cual se vinculó a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA como llamada en garantía.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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