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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5100-2020

Régimen de transición

Fecha
30 de septiembre de 2020
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL5100-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿El demandante recuperó el régimen de transición al retornar al régimen de prima media y podía sumar sus períodos oficiales para acceder a la pensión de la Ley 33 de 1985?

  2. ¿Qué período y cuantía debían emplearse para liquidar la pensión, y desde cuándo procedían retroactivo e intereses?

Reglas

  1. Quien accedió a transición por tener al menos quince años de servicios o cotizaciones al entrar en vigor la Ley 100 recupera ese régimen cuando retorna del RAIS al régimen de prima media, sujeto a las condiciones de traslado del ahorro señaladas por la jurisprudencia constitucional.

    «al retornar al régimen de prima media recuperó los beneficios del régimen de transición»
  2. Para la pensión oficial de la Ley 33 de 1985 no se cuenta como servicio oficial el período en que el Banco Cafetero tuvo naturaleza privada, pero sí pueden sumarse los períodos oficiales anteriores a julio de 1994 y posteriores a septiembre de 1999.

    «no es dable contabilizar para efectos de acceder a la pensión de jubilación, según los parámetros de la Ley 33 de 1985, el periodo comprendido entre el 5 de julio de 1994 y el 27 de septiembre de 1999»
  3. La pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985 exige 20 años de servicios oficiales continuos o discontinuos y 55 años de edad.

    «el empleado oficial deberá acreditar tiempos servidos por 20 años, continuos o discontinuos en el sector oficial y 55 años»
  4. Para quien está en transición y tenía diez años o más pendientes al entrar en vigor el sistema, el IBL se liquida conforme al artículo 21 de la Ley 100; el promedio de toda la vida laboral requiere al menos 1.250 semanas, y si no se acreditan, se usa el promedio de los últimos diez años.

    «al no estar acreditado que el promotor del proceso «hubiera cotizado al menos 1250 semanas», el I.B.L. se determina con los últimos 10 años»
  5. Las mesadas pensionales individuales prescriben si no se reclaman dentro del término trienal, pero el derecho periódico a la pensión de vejez como tal no prescribe.

    «la prestación de vejez como tal no prescribe, por tratarse de un derecho social de carácter periódico, el término extintivo solamente afecta aquellas mesadas individualmente consideradas»
  6. Los intereses moratorios por pensión de vejez se causan una vez vencen los cuatro meses que tiene la administradora para responder de fondo la solicitud pensional.

    «vencidos los 4 meses que contempla la Ley 100 de 1993, para resolver de fondo la solicitud de pensión de vejez»

Decisión

Revocó la sentencia de primera instancia y condenó al Banco Cafetero en Liquidación a reconocer la pensión desde el 12 de noviembre de 2007, con mesada inicial de $928.499,88 y catorce mesadas. Ordenó pagar $219.279.999,37 de retroactivo más intereses moratorios, autorizó descontar aportes de salud y declaró no probadas las excepciones.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR la sentencia de fecha 27 de agosto de 2010 proferida por el Juzgado Doce Laboral Adjunto de Bogotá, para en su lugar: SEGUNDO. CONDENAR al BANCO CAFETERO EN LIQUIDACIÒN a reconocer y pagar la pensión de Ley 33 de 1985, a LUIS ALBERTO OCAMPO SÁNCHEZ, a partir del 12 de noviembre de 2007, en cuantía inicial de $ 928.499,88, que para el año 2020 la mesada corresponde a $1.516.052,18, la cual debe ser reajustada a futuro de acuerdo con lo establecido en la ley, así como las mesadas adicionales bajo la conservación de las 14 mesadas conforme al parágrafo transitorio 6 del Acto Legislativo 01 de 2005. TERCERO. CONDENAR al BANCO CAFETERO EN LIQUIDACIÓN a pagar al demandante $219.279.999,37, por concepto de retroactivo causado entre el 12 de noviembre de 2007 y el 31 de agosto de 2002 junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 23 de noviembre de 2009 hasta que se verifique su pago efectivo. CUARTO. AUTORIZAR a la demandada deducir del retroactivo, el valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud, como se indicó en la parte motiva de esta providencia. QUINTO. DECLARAR no probadas las excepciones formuladas por la pasiva incluida la de prescripción. Costas como se dijo en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5100-2020

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

30 de septiembre de 2020

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrados ponentes

SL5100-2020

Radicación n.° 50993

Acta 36

Bogotá, D. C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020).

Procede la Sala a emitir sentencia de instancia dentro del proceso ordinario laboral seguido por el señor LUIS ALBERTO OCAMPO SÁNCHEZ contra el BANCO CAFETERO EN LIQUIDACIÓN.

ANTECEDENTES

Mediante sentencia CSJ SL12370, proferida el 16 de agosto de 2017, esta Corporación resolvió casar la providencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá el 8 de octubre de 2010, por cuanto:

[…] sin perjuicio de que sea posible predicar que Ocampo Sánchez es beneficiario del régimen de transición y a él puede retornar en cualquier tiempo, toda vez que acreditó el cumplimiento de 15 años de servicios y más de 40 años de edad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que no es dable conceder la prestación que reclama, se itera, conforme a las previsiones de la Ley 33 de 1985, en tanto no hay prueba que acredite que cumplió tal exigencia, esto es, que regresó al régimen de prima media con prestación definida.

En razón a lo anotado, resulta oportuno clarificar que no es posible reconocer una pensión propia de prima media, si el afiliado pertenece al régimen de ahorro individual con solidaridad, pues aquellos son modelos excluyentes, aunque coexistan, en los términos que describe el artículo 12 de la Ley 100 de 1993; en otras palabras, el afiliado no puede beneficiarse del régimen de transición y quedarse en el RAIS.

Con el fin de proferir la decisión de instancia, se dispuso oficiar a Colpensiones y Protección S.A., para que allegaran al juicio certificación donde constara todo lo relacionado con la afiliación del actor a cada entidad, así como la relación de todas las cotizaciones realizadas y cualquier otro pago a nombre del demandante, en especial, se precisara cuál era el estado de su afiliación.

Igualmente, se le solicitó al Banco Cafetero en Liquidación, aportara la certificación de los salarios devengados por el actor durante toda su vida laboral, mes a mes, individualizando los factores salariales que lo componen.

Requerida la demandada, en diversas oportunidades, y una vez allegada la información solicitada, así como la documental aportada por parte de Protección S.A. obrante a folios 117- 118 del cuaderno de la Corte, de la cual se dio traslado al actor, se procede a dictar la siguiente sentencia.

CONSIDERACIONES

El juez de primera instancia negó el reconocimiento de la pensión de jubilación a la luz de lo consagrado en la Ley 33 de 1985, por estimar que, aun cuando laboró mediante contrato de trabajo a término indefinido del 16 de febrero de 1978 al 16 de octubre de 2001, para la accionada, dados los cambios de naturaleza del Banco Cafetero, no se acreditaron los 20 años de servicio como trabajador oficial que la norma anotada exigía como requisito para acceder a la prestación.

El actor fundamentó la alzada con los siguientes argumentos: i) es beneficiario del régimen de transición, aspecto sobre el cual no hizo pronunciamiento el fallador de primer grado; ii) que el cambio de la composición accionaria del banco demandado, desde el 28 de septiembre de 1999, no modificó, para sus trabajadores amparados por el régimen de transición, los beneficios de la pensión de jubilación oficial con las disposiciones que lo gobernaban para el año 1994; iii) el juzgador no tuvo en cuenta el tiempo comprendido entre el 29 de septiembre de 1999 y el 16 de octubre de 2001, que debía ser sumado por cuanto para esa época se aplicaba al Banco el régimen de trabajador oficial; vi) efectivamente tenía 20 años de servicio como trabajador oficial en el banco accionado y en otras entidades del Estado.

Ha de precisarse que no es materia de debate que el señor LUIS ALBERTO OCAMPO SÁNCHEZ laboró al servicio del Banco Cafetero del 16 de febrero de 1978 al 16 de octubre de 2001, como se establece con la documental de folio 14 del cuaderno principal; que el último cargo ocupado fue el de auxiliar de servicios administrativos, con una asignación básica mensual de $992.664; que nació el 12 de noviembre de 1952, según se reporta a folio 15 del cuaderno principal, por lo que cumplió los 55 años de edad, el mismo día y mes del año 2007; y que el Banco Cafetero sufrió cambios en su naturaleza jurídica.

Para resolver el asunto, se tiene:

Régimen de transición y su recuperación

Como se indicó en la esfera casacional, Luis Alberto Ocampo Sánchez a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones - 1º de abril de 1994- tenía más de 40 años y superaba los 15 años de servicio, pues acreditaba 943 semanas de labores, lo cual se constata, entre otras, con las diferentes certificaciones de salarios que obran el expediente. La anterior circunstancia le permitía de primera mano la aplicación de la Ley 33 de 1985 en lo que hace a la edad, tiempo de servicio y monto de la prestación señalados en dicha normativa.

Ahora bien, aun cuando el actor se trasladó de RPM al RAIS, el 2 de septiembre de 1999, no perdió el régimen de transición, toda vez que contaba con más de 15 años de cotizaciones o servicios a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; por ello cuando retornó al régimen de prima media, el 27 de enero de 2004, según documento de folio 118 y 119 del cuaderno de la Corte allegado por la Administradora de fondos de pensiones Protección S.A, lo recuperó, como lo ha admitido esta Corporación en situaciones similares, para lo que basta referir la sentencia CSJ SL5339-2016, reiterada, entre muchas, en la CSJ SL9163-2017 y SL029-2018, en la que se explicó:

Es doctrina de la Corte que para efectos de recuperar la transición sólo (sic) hay lugar a ella por razón del tiempo de servicios y no por la edad. Por ejemplo, en sentencia CSJ SL del 10 de agosto de 2010, rad. 37174, se razonó:

[…] El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció dos formas de acceder al régimen de transición consagrado en esa disposición: edad o tiempo de servicios. Esas condiciones fueron disyuntivas: la una o la otra, permitían el amparo del régimen.

Se previó entonces, que quienes a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones tuvieran 35 o más años de edad en el caso de las mujeres, y 40 o más años de edad en el de los hombres; o 15 o más años de servicios cotizados podrían alcanzar la pensión de vejez o de jubilación con los requisitos de edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y monto del régimen que se les venía aplicando con anterioridad a esa fecha.

Ahora bien, la norma en comento en los incisos 4° y 5° estableció que el régimen de transición se perdía por el traslado al régimen de ahorro individual, caso en el cual dichas personas quedarían sujetas a las condiciones previstas para ese régimen.

No obstante, en aquellas hipótesis en que el afiliado beneficiario del régimen de transición luego del traslado al régimen privado decide retornar al de prima media, de conformidad con los citados incisos recupera la transición, siempre y cuando hubiera adquirido los beneficios del régimen en razón del tiempo de servicios o número de cotizaciones, esto es, haber prestado servicios o cotizado por 15 o más años con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones.

La Corte Constitucional en sentencia C-789 de 2002, declaró exequibles en forma condicionada los incisos en referencia, con el alcance de que para recuperar el régimen de transición quienes accedieron a él por haber cumplido 15 o más años de servicios o cotizaciones, y retornen al régimen de prima media, debían cumplir además dos requisitos adicionales:

a) que se trasladara a prima media todo el ahorro que efectuaron en el régimen de ahorro individual.

b) que dicho ahorro no fuere inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima media.

Se ha de señalar que la posibilidad de retorno al régimen de prima media está dada para las personas beneficiarias del régimen de transición, lo cual fue precisado por la Corte Constitucional en sentencia C-1024 de 2004 al fijar los alcances de la decisión de exequibilidad del artículo 2° de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y que prevé que un año después de la entrada en vigencia de dicha normatividad, a quienes les faltare diez años o menos para cumplir la edad exigida para adquirir el derecho a la pensión de vejez, no podían trasladarse de régimen. Precisó la Alta Corporación que esta limitante no operaba para los beneficiarios del régimen de transición.

[…] el Tribunal incurrió en una imprecisión al considerar que se recuperaba el régimen de transición una vez se daba el retorno a régimen de prima media, cuando se tuviere el requisito de 15 años de cotizaciones con anterioridad al traslado al régimen de ahorro individual.

Tal como arriba se señaló lo importante para los efectos que aquí se analizan es haber cotizado o prestado servicios por 15 o más años, pero no con anterioridad al traslado de régimen pensional sino a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones.

Sin embargo se ha de advertir, que la equivocación del Tribunal resulta intrascendente para efectos de esta decisión, pues es claro que la accionante a 1° de abril de 1994 fecha de entrada en vigor para ella del sistema de pensiones, acreditaba más de 20 años de cotizaciones; en esa medida al retornar al régimen de prima media recuperó los beneficios del régimen de transición, por lo que no le asiste la razón al censor cuando pregona que en este caso el régimen de transición se había perdido.

En cuanto la actora era beneficiaria del régimen de transición en razón del tiempo de servicios, para nada interesa el aspecto de la edad, por lo que el error de hecho que se le atribuye en la sentencia en el cargo tercero resulta inane para los efectos de esta decisión […].

Derecho a la pensión de jubilación oficial. Efectos del cambio de naturaleza jurídica del Banco Cafetero S.A.

Esta Sala también se ha ocupado de analizar los efectos de los cambios de naturaleza jurídica del Banco Cafetero, especialmente el relacionado con el régimen pensional aplicable a sus servidores, dejando en claro que «no es posible contabilizar el periodo comprendido entre el 5 de julio de 1994 y el 27 de septiembre de 1999, como trabajador oficial, y solo es viable mantener el derecho pensional para quienes, en el año 1994 hubiesen completado el tiempo de servicios, o que lo hicieran después de 1999.»

En ese sentido, se pueden rememorar las sentencias CSJ SL, 15 feb. 2007, rad. 28999, CSJ SL, 19 jul. 2007, rad. 31110, CSJ SL, 12 dic. 2007, rad. 30452, CSJ SL, 6 sep. 2011, rad. 42402 y CSJ SL, 13 jun. 2012, rad. 42142. En esta última, la Sala señaló:

1º) Desde el 5 de julio de 1994, el Banco Cafetero, o BANCAFÉ, mutó su naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, de carácter oficial, que hasta el día anterior había ostentado, para convertirse en sociedad de economía mixta, sometida al régimen de las empresas privadas por tener un capital estatal inferior al 90%. Por ello, las personas vinculadas al Banco como trabajadores oficiales, a partir de esa fecha, cambiaron su estado jurídico laboral, para quedar sometidos al régimen general de los trabajadores particulares.

2º) Esta calidad de trabajadores privados se conservó hasta el 28 de septiembre de 1999, porque desde ese momento, una variación del capital social de BANCAFÉ, producido por la reinversión hecha por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (FOGAFIN), ente de naturaleza pública, trasmutó nuevamente su carácter de sociedad de economía regida por el derecho privado, al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado sometidas al derecho público. Este hecho lo consideró la Corte como trascendental, para sumar el tiempo laborado con posterioridad a la citada fecha, a efectos de establecer el total de días servidos en la entidad, con miras a la pensión oficial reclamada con sustento en la Ley 33 de 1985.

3º) Sin embargo, por Decreto 092 de 2000 se reformó la estructura de BANCAFÉ y se dispuso expresamente que el régimen de personal será el previsto en sus estatutos. Estos, habían sido autorizados y protocolizados mediante Escritura Pública 3497 del 28 de octubre de 1999, en cuyo artículo 29 se estableció que el Presidente y el Contralor del Banco tenían la calidad de empleados públicos y el resto de personal vinculado se sujetaría al régimen laboral aplicable a los trabajadores particulares.

4º) Para la Corte, la transformación de la naturaleza del vínculo laboral de los servidores de BANCAFÉ en 1994, esto es, de trabajadores oficiales a trabajadores particulares, no puede concebirse en perjuicio de los derechos adquiridos de personas que, antes del 5 de julio de 1994, ya habían completado al menos el tiempo de servicios exigido en la Ley 33 de 1985 para obtener derecho a la pensión oficial, consagrada en tal estatuto. De suerte que, al cumplir la edad requerida en dicha ley, en nada le afectaba la mutación societaria acaecida en 1994.

5º) Con base en la más reciente sentencia de la Sala de Casación, en el que también fue objeto de pronunciamiento el tema ahora examinado, el nuevo escenario producido a partir del Decreto 092 de 2000 tampoco puede afectar los derechos de aquellos trabajadores que, hallándose cobijados por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hubieren permanecido vinculados al Banco y completado los 20 años de servicios después del 28 de septiembre de 1999, cuando reasumió el carácter de empresa industrial y comercial del Estado.

Es decir, los empleados que el 1º de abril de 1994 ostentaban la condición de trabajadores oficiales, si reunían los requisitos exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, podían agregar, al tiempo completado hasta el 5 de julio de 1994 como trabajadores oficiales, el que laboraron a partir del 28 de septiembre de 1999. De modo que si, al momento de su retiro, la sumatoria de los <dos períodos trabajados como servidores oficiales (el anterior a 1994 y el posterior a 1999) arroja los 20 años de servicios, es de recibo la pensión jubilatoria de la Ley 33 de 1985, al celebrar el cumpleaños 55.

Lo expuesto deja en evidencia que no se equivocó el Tribunal al estimar que una vez descontado el tiempo comprendido entre el 5 de julio de 1994 y el 29 de septiembre de 1999, durante el cual los trabajadores del Banco Cafetero ostentaron la calidad de particulares, el actor prestó sus servicios como trabajador oficial de la entidad demandada y en la Caja Agraria en Liquidación por un total de 20 años, 10 meses y 20 días, lo que superaba ampliamente el tiempo de servicio exigido por la Ley 33 de 1985.

La línea jurisprudencial expuesta fue reiterada en providencias CSJ SL11041-2014, CSJ SL 4255-2016, CSJ SL3440-2017, y CSJ SL3109-2018, en donde igualmente se recordó que:

En efecto, tal como se ha establecido por esta Sala de la Corte, en múltiples pronunciamientos, en los que se analizaron los efectos de los cambios de naturaleza jurídica del Banco Cafetero, especialmente el relacionado con el régimen pensional aplicable a sus servidores, no es posible contabilizar el periodo comprendido entre el 5 de julio de 1994 y el 28 de octubre de 1999 como trabajador oficial, y solo es viable mantener el derecho pensional para quienes, en el año 1994 hubiesen completado el tiempo de servicios, o que lo hicieran después de 1999 al servicio del Banco […] En ese sentido, se pueden rememorar la CSJ SL, 15 feb. 2007, rad. 28999, CSJ SL, 19 jul. 2007, rad. 31110, CSJ SL, 12 dic. 2007, rad. 30452, CSJ SL, 6 sep. 2011, rad. 42402 y CSJ SL, 13 jun. 2012, rad. 42142.

Con fundamento en lo explicado, no es dable contabilizar para efectos de acceder a la pensión de jubilación, según los parámetros de la Ley 33 de 1985, el periodo comprendido entre el 5 de julio de 1994 y el 27 de septiembre de 1999, por no tener el Banco para esta época la naturaleza de entidad oficial.

El tiempo servido por el actor al Banco, para efectos de la pensión deprecada fue el siguiente:

Tiempo

Naturaleza

Tiempo

16 de febrero de 1978 a 4 de julio 1994

Trabajador oficial

16 años 5 meses 3 días

5 de julio de 1994 y el 27 de septiembre de 1999

Trabajador Privado

No aplica para la pensión bajo la Ley 33

28 de septiembre de 1999 a 16 de octubre de 2001

Trabajador Oficial

2 años 18 días

TOTAL, TIEMPOS

18 años 5 meses 21 días

Consolidación del Derecho

Precisado el tiempo de servicio apto para ser contabilizado a efectos de acceder a la pensión peticionada, en aplicación del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, es claro que el empleado oficial deberá acreditar tiempos servidos por 20 años, continuos o discontinuos en el sector oficial y 55 años.

Ahora bien, como el demandante laboró igualmente en otras entidades estatales, es preciso reseñar el lapso de tales servicios, lo que se hace a continuación:

Entidad

Tiempo

Total, tiempo

Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación Departamental de Risaralda (folio 41)

16-02-1976 a 23-04-1976

2 meses 7 días

Municipio de la Virginia (folios 42-43

01/05/1976 a 20/07/1976

01/11/1976 a 14/02/78

2 meses 19 días

1 año 3 meses, 13 DÍAS

Banco Cafetero

16 de febrero de 1978 a 4 de julio 1994

28 de septiembre de 1999 a 16 de octubre de 2001

18 años 5 meses, 21 días

TOTAL, TIEMPOS

20 años 2 meses

Con fundamento en ello, el promotor del proceso cuenta con más de 20 años de servicio oficial y, dado que arribó a la edad de 55 años el 12 de noviembre de 2007, a partir de esta fecha es acreedor del reconocimiento a la pensión deprecada, motivo suficiente para revocar la sentencia de primera instancia, para, en su lugar, otorgar la prestación con fundamento en la Ley 33 de 1985.

Respecto al ingreso base de liquidación de la pensión, esta Sala, por mayoría, tiene adoctrinado que tratándose de las personas beneficiarias del régimen de transición que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993 les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, se rige por lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 Ibidem y, para aquellos que les faltare 10 años o más para consolidar su derecho, como sucede en este caso, se liquida de acuerdo con lo contemplado en el artículo 21 de la misma normativa (sentencia CSJ SL2510-2017).

La Sala, también tiene asentado, por mayoría, que para calcular el I.B.L. de toda la vida laboral a la luz de lo dispuesto en el artículo 21 del estatuto de la seguridad social, es presupuesto que el afiliado hubiese cotizado al menos 1250 semanas al sistema (sentencia CSJ SL7263-2015), que en este caso no se verifica, pues, como se anotó, el actor completó un total de 1045,57 semanas.

De suerte que en el asunto bajo escrutinio al no estar acreditado que el promotor del proceso «hubiera cotizado al menos 1250 semanas», el I.B.L. se determina con los últimos 10 años, lo que nos arroja una mesada pensional, al 12 de noviembre de 2007, de $928.499,88 (75% de $1.237.999,84), tal como se establece en el siguiente cuadro:

IBL de los últimos 10 años afectivamente cotizados

Fechas

Días

Salario

Semanas

Salario Actualizado

Salario Promedio

Inicio

Final

04/11/1991

30/11/1991

27

$ 119.164,50

3,86

$ 955.247,63

$ 7.164,36

01/12/1991

31/12/1991

31

$ 165.506,00

4,43

$ 1.326.730,82

$ 11.424,63

01/01/1992

31/01/1992

31

$ 170.471,00

4,43

$ 1.077.504,93

$ 9.278,51

01/02/1992

29/02/1992

29

$ 170.471,00

4,14

$ 1.077.504,93

$ 8.679,90

01/03/1992

31/03/1992

31

$ 170.471,00

4,43

$ 1.077.504,93

$ 9.278,51

01/04/1992

30/04/1992

30

$ 170.471,00

4,29

$ 1.077.504,93

$ 8.979,21

01/05/1992

31/05/1992

31

$ 170.471,00

4,43

$ 1.077.504,93

$ 9.278,51

01/06/1992

30/06/1992

30

$ 170.471,00

4,29

$ 1.077.504,93

$ 8.979,21

01/07/1992

31/07/1992

31

$ 170.471,00

4,43

$ 1.077.504,93

$ 9.278,51

01/08/1992

31/08/1992

31

$ 170.471,00

4,43

$ 1.077.504,93

$ 9.278,51

01/09/1992

30/09/1992

30

$ 170.471,00

4,29

$ 1.077.504,93

$ 8.979,21

01/10/1992

31/10/1992

31

$ 170.471,00

4,43

$ 1.077.504,93

$ 9.278,51

01/11/1992

30/11/1992

30

$ 170.471,00

4,29

$ 1.077.504,93

$ 8.979,21

01/12/1992

31/12/1992

31

$ 430.050,00

4,43

$ 2.718.239,43

$ 23.407,06

01/01/1993

31/01/1993

31

$ 214.299,00

4,43

$ 1.082.466,24

$ 9.321,24

01/02/1993

28/02/1993

28

$ 214.299,00

4,00

$ 1.082.466,24

$ 8.419,18

01/03/1993

31/03/1993

31

$ 214.299,00

4,43

$ 1.082.466,24

$ 9.321,24

01/04/1993

30/04/1993

30

$ 214.299,00

4,29

$ 1.082.466,24

$ 9.020,55

01/05/1993

31/05/1993

31

$ 214.299,00

4,43

$ 1.082.466,24

$ 9.321,24

01/06/1993

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30

$ 214.299,00

4,29

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01/07/1993

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01/08/1993

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31

$ 214.299,00

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01/12/1993

31/12/1993

31

$ 261.445,00

4,43

$ 1.320.609,93

$ 11.371,92

01/01/1994

31/01/1994

31

$ 269.288,00

4,43

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$ 9.553,26

01/02/1994

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28

$ 269.288,00

4,00

$ 1.109.411,02

$ 8.628,75

01/03/1994

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31

$ 269.288,00

4,43

$ 1.109.411,02

$ 9.553,26

01/04/1994

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01/05/1994

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$ 269.288,00

4,43

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01/06/1994

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4,29

$ 1.109.411,02

$ 9.245,09

01/07/1994

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4

$ 35.905,07

0,57

$ 147.921,47

$ 164,36

05/07/1994

31/07/1994

27

$ 233.382,93

3,86

$ 961.489,55

$ 7.211,17

01/08/1994

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31

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01/09/1994

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01/12/1994

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31

$ 328.962,00

4,43

$ 1.355.255,60

$ 11.670,26

01/01/1995

31/01/1995

30

$ 338.831,00

4,29

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01/02/1995

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01/01/1996

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01/09/1996

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01/10/1996

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$ 512.554,00

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01/01/1997

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01/02/1997

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01/03/1997

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01/12/1997

31/12/1997

30

$ 636.157,00

4,29

$ 1.471.095,45

$ 12.259,13

01/01/1998

31/01/1998

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$ 655.242,00

4,29

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01/02/1998

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01/03/1998

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01/04/1998

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$ 655.242,00

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01/05/1998

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01/11/1998

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01/12/1998

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$ 762.374,00

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$ 12.483,75

01/01/1999

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$ 785.245,00

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01/02/1999

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28/09/1999

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$ 78.524,50

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$ 132.215,16

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01/10/1999

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4,29

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$ 992.664,00

4,29

$ 1.407.044,17

$ 11.725,37

01/08/2001

31/08/2001

30

$ 992.664,00

4,29

$ 1.407.044,17

$ 11.725,37

01/09/2001

30/09/2001

30

$ 992.664,00

4,29

$ 1.407.044,17

$ 11.725,37

01/10/2001

16/10/2001

16

$ 992.664,00

2,29

$ 1.407.044,17

$ 6.253,53

TOTALES

3.600

514,29

$ 1.237.999,84

Cuantificación de la primera mesada pensional

Concepto

Valor

Ingreso Base de Liquidación

$ 1.237.999,84

Tasa de reemplazo

75%

Valor de la Mesada Pensional de Vejez

$ 928.499,88

El pago del retroactivo procede desde la data de causación del derecho, esto es el 12 de noviembre de 2007, de la siguiente manera:

Retroactivo de mesada pensionales a 31/08/2020

Fechas

Cantidad de Pagos al Año

Valor de Mesada Pensional s/n C.S.J.

Valor Total de Mesadas Pensionales

Inicio

Final

12/11/2007

31/12/2007

2,63

$ 928.499,88

$ 2.445.049,69

01/01/2008

31/12/2008

14,00

$ 981.331,53

$ 13.738.641,37

01/01/2009

31/12/2009

14,00

$ 1.056.599,65

$ 14.792.395,17

01/01/2010

31/12/2010

14,00

$ 1.077.731,65

$ 15.088.243,07

01/01/2011

31/12/2011

14,00

$ 1.111.895,74

$ 15.566.540,38

01/01/2012

31/12/2012

14,00

$ 1.153.369,45

$ 16.147.172,33

01/01/2013

31/12/2013

14,00

$ 1.181.511,67

$ 16.541.163,34

01/01/2014

31/12/2014

14,00

$ 1.204.432,99

$ 16.862.061,90

01/01/2015

31/12/2015

14,00

$ 1.224.754,99

$ 17.146.569,91

01/01/2016

31/12/2016

14,00

$ 1.285.973,11

$ 18.003.623,50

01/01/2017

31/12/2017

14,00

$ 1.359.916,56

$ 19.038.831,85

01/01/2018

31/12/2018

14,00

$ 1.415.537,15

$ 19.817.520,07

01/01/2019

31/12/2019

14,00

$ 1.460.551,23

$ 20.447.717,21

01/01/2020

31/08/2020

9,00

$ 1.516.052,18

$ 13.644.469,58

TOTAL

$ 219.279.999,37

Se aclara que al actor le corresponde 14 mesadas al año, a la luz de lo estatuido en el artículo 1º, parágrafo transitorio 6º del Acto Legislativo 01 de 2005, que dice: «Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8° del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año.»

La demandada deberá hacer la deducción de los aportes al sistema de seguridad social en salud, puesto que las entidades pagadoras de pensiones, por ministerio de la ley, están facultadas para efectuar tal descuento y consignarlo en los plazos estipulados a la correspondiente entidad promotora de salud a la cual se encuentre vinculado el pensionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994.

Prescripción.

Ahora bien, la demandada propuso la excepción de prescripción bajo el entendido de que las acciones que emanen de las leyes sociales del trabajo prescriben en tres años desde que la obligación se haya hecho exigible, con la posibilidad de que el simple reclamo escrito sobre un derecho, o prestación debidamente determinado interrumpa dicho plazo por un lapso igual a la inicial.

En ese orden, dado que la prestación de vejez como tal no prescribe, por tratarse de un derecho social de carácter periódico, el término extintivo solamente afecta aquellas mesadas individualmente consideradas, no reclamadas en el citado periodo trienal.

No obstante, lo anterior y dado que el actor arribó a la edad de 55 años el 12 de noviembre de 2007, y la demanda fue presentada el 3 de septiembre de 2009, no se superó el término trienal previsto en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, por lo que se declarará impróspero el medio exceptivo propuesto por, ende, se impartirá condena al pago de las mesadas pensionales exigibles desde el 12 de noviembre de 2007.

Intereses Moratorios

El criterio mayoritario de la Sala a este respecto, consistente en que no había lugar a deducir condena alguna por este concepto en los términos de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por cuanto, la pensión objeto de condena en el sub judice, no era de aquellas que se concedían con sujeción íntegra a la nueva ley de seguridad social, se modificó recientemente en la sentencia CSJ SL1681-2020, al considerar:

(i) El artículo 53 de la Constitución Política obliga al Estado y a las entidades de previsión social a garantizar «el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales», premisa que no distingue la fuente legal o el tipo de pensión. En tal dirección, no hay una razón objetiva y plausible para excluir a los pensionados del régimen de transición del derecho a percibir los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, con mayor razón si se tiene en cuenta que, sin distinción alguna, todos ellos pueden ver comprometido su mínimo vital y sufrir perjuicios con ocasión de la dilación injustificada en el pago de las pensiones.

(ii) El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 tuvo el propósito de superar las viejas discusiones doctrinales y jurisprudenciales frente a la manera de resarcir los perjuicios ocasionados por la mora en el pago de las pensiones. Por consiguiente, estamos frente a una regulación unificadora, aplicable a todo tipo de pensiones sin importar su origen legal.

(iii) Si bien las pensiones del régimen de transición se rigen en tres aspectos puntuales (edad, tiempo de servicios o semanas y monto) por las reglas anteriores, en todo lo demás les aplica la Ley 100 de 1993. Debido a ello, se trata de pensiones englobadas en el sistema general de pensiones, cuyas condiciones de causación son más flexibles o favorables que las del resto de pensionados.

Con sustento en lo expuesto, y como quiera que la pretensión es el reconocimiento de la pensión de vejez bajo la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, procede el reconocimiento y pago de los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 del compendio normativo.

Esta Sala ha considerado que los intereses estipulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se causan a partir de la fecha en la cual el responsable del reconocimiento y pago de una pensión ha debido dar respuesta de fondo a la solicitud pensional, que para el caso de vejez son 4 meses contados a partir presentada de que ha elevado la solicitud de la prestación. La norma referida señala:

ARTICULO 141. Intereses de mora. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

Con sustento en lo expuesto, y como quiera que la pretensión es el reconocimiento de la pensión de vejez bajo la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, procede el reconocimiento y pago de los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 del compendio normativo aludido desde la data de 23 noviembre de 2009 en aplicación de la postura mayoritaria de que vencidos los 4 meses que contempla la Ley 100 de 1993, para resolver de fondo la solicitud de pensión de vejez, teniendo en cuenta que la reclamación relativa al reconocimiento de la pensión pensional fue presentada ante la accionada el 23 de julio de 2009.

Costas en las instancias a cargo de la demandada.

En consecuencia, se condenará al pago de $219.279.999,37 por concepto de retroactivo de mesadas pensionales junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, hasta la fecha en que se verifique efectivamente el pago. Para el año 2020 la mesada corresponde a $ 1.516.052,18, la cual debe ser reajustada a futuro de acuerdo con lo establecido en la ley.

Las costas de las instancias correrán a cargo de la parte demandada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de fecha 27 de agosto de 2010 proferida por el Juzgado Doce Laboral Adjunto de Bogotá, para en su lugar:

SEGUNDO. CONDENAR al BANCO CAFETERO EN LIQUIDACIÒN a reconocer y pagar la pensión de Ley 33 de 1985, a LUIS ALBERTO OCAMPO SÁNCHEZ, a partir del 12 de noviembre de 2007, en cuantía inicial de $ 928.499,88, que para el año 2020 la mesada corresponde a $1.516.052,18, la cual debe ser reajustada a futuro de acuerdo con lo establecido en la ley, así como las mesadas adicionales bajo la conservación de las 14 mesadas conforme al parágrafo transitorio 6 del Acto Legislativo 01 de 2005.

TERCERO. CONDENAR al BANCO CAFETERO EN LIQUIDACIÓN a pagar al demandante $219.279.999,37, por concepto de retroactivo causado entre el 12 de noviembre de 2007 y el 31 de agosto de 2002 junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 23 de noviembre de 2009 hasta que se verifique su pago efectivo.

CUARTO. AUTORIZAR a la demandada deducir del retroactivo, el valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud, como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. DECLARAR no probadas las excepciones formuladas por la pasiva incluida la de prescripción.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

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JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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