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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5106-2020

Fecha
2 de diciembre de 2020
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL5106-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 10 de agosto de 2015, en el proceso ordinario laboral que GABRIEL RICO CADENA y HUMBERTO ALEJANDRO RUIZ RODRÍGUEZ le promovieron a la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. – y a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. Costas como se dijo en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5106-2020

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

2 de diciembre de 2020

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL5106-2020

Radicación n.° 73551

Acta 45

Bogotá, D. C., dos (2) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 10 de agosto de 2015, en el proceso ordinario laboral que GABRIEL RICO CADENA y HUMBERTO ALEJANDRO RUIZ RODRÍGUEZ le promovieron a la recurrente y a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

Los accionantes demandaron para que se declare «no subrogada y no compartida» la obligación de Electricaribe S.A. ESP de pagar la pensión de jubilación que les fue reconocida en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 20 de las convenciones colectivas de trabajo de 1976-1978 y 1982-1983, respectivamente; declarar no compartida la pensión de vejez que les reconoció Colpensiones con la otorgada por la electrificadora demandada y, como consecuencia, ordenar que se le paguen las dos prestaciones en forma «plena, total y vitalicia»; así mismo, que se les paguen las diferencias que la empresa les dejó de cancelar desde que comenzó a compartir la prestación con la administradora, los intereses moratorios, la indexación, las costas y agencias en derecho.

En respaldo de sus pretensiones sostuvieron que fueron afiliados al Instituto de Seguros Sociales a través de la Electrificadora de Bolívar, posteriormente Electricaribe S.A. ESP; que esta última les otorgó pensión de jubilación desde el año 2002. Al reunir los requisitos legales, Colpensiones les reconoció la pensión de vejez, a partir del año 2013, así: a Gabriel Rico Cadena, mediante Resolución GNR 196514 del 31 de julio de 2013 y a Humberto Alejandro Ruiz Rodríguez, por Resolución GNR 240350 del 14 de agosto de 2013. En septiembre de 2013, la empresa decidió compartir las prestaciones mencionadas, limitándose al pago de la diferencia entre éstas, en el caso de Ruiz Rodríguez fue de $466.945 y con relación a Rico Cadena fue de cero.

Adujeron que para que se compartan las pensiones de vejez y las extralegales, era requisito indispensable que la convención colectiva estableciera que no serían compartidas, conforme a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990. En ese orden, las convenciones colectivas de 1976-1978 y 1982-1983, con base en las cuales se otorgaron las prestaciones a los demandantes, previeron que las pensiones allí consagradas serían vitalicias e independientes de las que reconociera el ISS, de lo que concluye que la demandada no debió compartirlas.

Electricaribe S.A. ESP, al dar respuesta a la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, admitió la mayoría de los hechos y formuló las excepciones de inexistencia de causa para pedir, falta de legitimación por activa y pasiva, y prescripción.

Colpensiones se resistió a las peticiones, admitió algunos hechos y dijo no constarle otros. Propuso las excepciones de inexistencia del hecho generador de la reclamación de incompatibilidad pensional y falta de legitimación por pasiva de esa entidad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, mediante fallo de 11 de junio de 2014, declaró la compatibilidad de la pensión de jubilación convencional con la de vejez a cargo de Colpensiones, condenó a la electrificadora a pagar el 100% de las sumas que venía pagando por concepto de pensión de jubilación convencional dejadas de pagar desde el 1 de septiembre de 2013, los reajustes de que trata el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 «o los que corresponda», las mesadas indexadas; absolvió de las demás pretensiones e impuso costas a Electricaribe.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante fallo del 10 de agosto de 2015, al resolver la apelación interpuesta por Electricaribe S.A. ESP, confirmó la de primer grado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado consideró que el problema jurídico radicaba en establecer si las pensiones reclamadas eran de carácter compatible o compartida, para lo cual dijo que se debía interpretar la cláusula 20 de la Convención Colectiva. Posteriormente, se remitió al Decreto 2879 de 1985 que aprobó el Acuerdo 029 de ese mismo año y a decisiones de esta Sala de casación, con base en lo cual dejó por sentado que por regla general y a partir de allí las pensiones son compartidas con las que reconozca el ISS, salvo que en el acuerdo general se hubiera pactado la compatibilidad.

En el caso concreto estableció que no se discutía que la pensión otorgada a los demandantes era de naturaleza extralegal, que a los citados también se les reconoció la prestación por vejez por parte de Colpensiones. Luego se remitió al contenido de las convenciones colectivas 1976-1978 y 1982-1983, y a la decisión de esta Sala del 27 de febrero de 2013 en el «radicado 36407», y añadió que se habían interpretado las cláusulas convencionales en el sentido de que «hay la posibilidad de que las pensiones sean compatibles» y como el juez acogió ese mismo criterio, confirmó la decisión de primera instancia.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque el fallo del a quo y, en su lugar, absuelva de todas las pretensiones a la demandada.

Con tal propósito formula un cargo, que fue replicado por Colpensiones.

CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia de violar por la vía directa en la modalidad de infracción directa, «los artículos 5º del decreto 813 de 1994, modificado por el 2º del decreto 1160 de 1994, 6º del mismo decreto 813 de 1994 y 45 del decreto 1745 de 1995; 16 del C.S.T.; 36 de la ley 100 de 1993; por aplicación indebida de los artículos 5º del acuerdo 029 de 1985 del ISS (acuerdos aprobados respectivamente por los artículos 1º de los decretos 2879 de 1985 y 758 de 1990); 76 de la Ley 90 de 1946: 193, 259, 260,, 467 del C.S.T.»

Aduce que el Tribunal construyó su decisión con prescindencia absoluta de la existencia de la Ley 100 de 1993 y de los decretos que la han reglamentado, únicamente amparado en los acuerdos expedidos por el Consejo Directivo del ISS, olvidando que el artículo 16 del CST regula lo concerniente a la aplicación de las leyes en el tiempo. Asevera que la Ley 100 suprimió la figura de la compatibilidad de pensiones. Que en el caso concreto la Electrificadora de Bolívar S.A. era una entidad oficial que no estaba vinculada por los acuerdos del ISS y sus servidores no estaban obligados a afiliarse a esa entidad.

Esgrime que a la fecha en la que se reconocieron las pensiones extralegales de los actores en el año 2002, ya se encontraban vigentes los decretos 813 (art. 5) y 1160 (art. 2) de 1994, en los que se señala la compartibilidad como regla y no se considera la posibilidad para las partes de establecer expresamente la compatibilidad, es decir, «en tanto continuara cotizando al ISS para el riesgo de vejez, quedaría cobijado por la regla de la compartibilidad a partir del momento en que el ISS reconociera la pensión de vejez, limitando su obligación solamente al pago de la diferencia o mayor valor no cubierto con la dicha pensión de vejez».

Tampoco tuvo en cuenta el fallador que el artículo 289 de la Ley 100 de 1993 derogó todas las disposiciones que fueran contrarias «como resulta ser en el presente caso en el que las disposiciones que el Tribunal no aplicó, regulatorias del régimen de transición previsto en el artículo 36 […], son opuestas a las que utilizó el Ad quem para decidir el conflicto». Por lo que concluye que la decisión judicial debe ser casada y, en sede de instancia, se declare que los demandantes no tienen derecho al pago completo de la pensión extralegal por ser incompatible con la de vejez que reconoció el ISS.

RÉPLICA

Colpensiones estima que no le corresponde entrar a determinar si los actores pueden contar con la pensión de jubilación y la de vejez, asunto que corresponde definir a la jurisdicción ordinaria laboral, sin embargo, cita la decisión de esta sala CSJ SL7690-2017, con base en lo cual solicita que no se case la sentencia.

CONSIDERACIONES

Dada la vía elegida por la censura quedan fuera de discusión los siguientes hechos relevantes: 1) que la Electrificadora de la Costa Atlántica (hoy Electricaribe S.A. ESP), reconoció pensión de jubilación a Gabriel Rico Cadena, a partir del 21 de junio de 2002 y a Humberto Alejandro Ruiz Rodríguez, desde el 1º de diciembre de ese mismo año; 2) Colpensiones les otorgó pensión de vejez a Gabriel Cadena Rico, a partir del 9 de julio de 2013 y a Humberto Alejandro Ruiz Rodríguez, desde el 1 de agosto de 2013; 3) mediante comunicación del 10 de septiembre de 2013, Electricaribe S.A. ESP avisó a Rico Cadena que no continuaría pagando la pensión por cuanto el monto reconocido por Colpensiones superaba el que venía pagando por jubilación; y 4) por carta del 10 de septiembre de 2013, Electricaribe S.A. ESP informó a Ruiz Rodríguez que continuaría pagando únicamente la diferencia entre la mesada a su cargo y la que le reconoció Colpensiones.

A partir de lo anterior, debe la Sala resolver si los efectos de la subrogación de las obligaciones pensionales por parte del ISS, abarcan la compatibilidad pensional reclamada en la demanda, obligación que el recurrente considera insubsistente frente a las prestaciones reconocidas en vigor de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios 813 y 1160 de 1994.

Subrogación y compartibilidad

Dada la naturaleza de las pensiones, el legislador desde los inicios del derecho laboral, con la expedición de la Ley 6ª de 1945, previó que el pago de estas sería asumido por el Seguro Social Obligatorio, organización que objetivamente se entendía le resultaba garantista a los asalariados frente al cumplimiento de la referida obligación; pero ante la inexistencia material de dicha entidad en ese momento, pues su surgimiento data de la expedición de la Ley 90 de 1946 y, mientras pudiera hacer efectiva su función, cosa que empezó a ocurrir después del 1º de enero de 1967 de forma paulatina en el país, radicó en cabeza de los empleadores el deber de reconocer y pagar las pensiones.

Posteriormente, y ante el hecho de que los trabajadores pueden ser beneficiarios de pensiones extralegales y simultáneamente acreedores de la pensión de vejez, se reguló la forma como a partir del 17 de octubre de 1985, operaría la subrogación de la obligación; así expidió el Acuerdo 029 de 1985 aprobado por el Decreto 2879 de ese año, y posteriormente el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, en el que claramente dispuso:

COMPARTIBILIDAD DE LAS PENSIONES EXTRALEGALES. Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado. (Negrillas y subrayado de las Sala)

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales.

De tal manera que lo que quiso el legislador fue evitar que para el cubrimiento de un mismo riesgo surgieran concomitantemente dos prestaciones, una de orden extra legal y otra legal, a menos que de manera expresa las partes pactaran lo contrario; y a efecto de asegurarle al titular de éstas el pago de la de mayor cuantía, estableció que si el valor de la que le cancelaba directamente el empleador era superior a la que le reconocería el ISS, mantendría el disfrute de aquella cifra, para lo cual el empresario quedaba obligado a suministrar solamente la diferencia, tipo jurídico que se adecua perfectamente al vocablo «compartibilidad». Ahora bien, en el evento de no quedar suma alguna a cargo del obligado inicial, por ser la pensión de vejez un rubro superior, responde únicamente la entidad de seguridad social, en virtud de la subrogación impuesta legalmente a ella, momento a partir del cual queda exonerado de la obligación el empresario.

La figura mencionada ha sido analizada en diferentes oportunidades por la Sala, entre otras, en la sentencia CSJ SL 13996–2014, así:

La naturaleza y concepto de la obligación pensional a cargo de los empleadores y la que corresponde a la subrogación de este riesgo por parte del Instituto de Seguros Sociales; así como y en dicho contexto, las nociones de compartibilidad y compatibilidad de tal prestación, ha sido estudiada por ésta Corte en diferentes oportunidades en las que se reitera su doctrina.

Al respecto esta Sala ha dicho:

1-. Filosofía y evolución normativa y jurisprudencial de la asunción de riesgos por el I.S.S.

La Ley 90 de 1946 estableció en Colombia un sistema de subrogación de riesgos al Instituto de Seguros Sociales, de origen legal. Así se desprende de la lectura del artículo 72 cuando prescribió que las “prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en que el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso...

A su vez, el artículo 76 dispuso que “El seguro de vejez a que se refiere la Sección Tercera de esta ley reemplaza la pensión de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior...”.

De suerte que desde entonces existe claridad que la norma matriz de la seguridad social colombiana dispuso que las pensiones asumibles inicialmente por el seguro social eran las reglamentadas en dicha “ley”, las que venían figurando a cargo de los patronos en la “legislación anterior”; y por tanto, la pensión de jubilación que se transmutaba en pensión de vejez es la “que ha venido figurando en la legislación anterior...

Corrobora lo anterior la Sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia del 9 de septiembre de 1982, que declaró exequibles los artículos 193 y 259 del C.S del T., 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 8, 24, 43 y 48 del Decreto extraordinario 1650 de 1977, en cuanto de ese importante pronunciamiento constitucional se desprende que la composición, extensión, condiciones y limitaciones del régimen de las prestaciones de los seguros sociales obligatorios a cargo del ISS quedó sometido a esas normas y a los respectivos reglamentos.

Por la misma razón expresó la doctrina constitucional de la época, aún vigente, que “por voluntad expresa del propio legislador ordinario se crearon las siguientes situaciones jurídicas: a- de una parte al régimen legal sobre prestaciones sociales se le daba un carácter eminentemente transitorio; y b- por otro lado, las prestaciones sociales indicadas quedaban sometidas a una auténtica condición resolutoria, la cual venía a cumplirse en la oportunidad en la cual el Instituto Colombiano de Seguros Sociales asumiera los riesgos correspondientes” (subraya ahora la Sala).

De suerte que inicialmente el legislador apenas dispuso la subrogación paulatina de prestaciones de origen legal, previstas en el código sustantivo del trabajo, motivo por el cual el Instituto se limitó en sus primeros reglamentos a fijar un régimen técnico de transición en el que no aparece prevista la subrogación de pensiones de distinta naturaleza, como son las de mera liberalidad del empleador, o en general las extralegales”.

En desarrollo de tal normatividad legal se expidió el Acuerdo 224 de 1966 del I.S.S., aprobado por el Decreto 3041 de 1966, que en los artículos 60 y 61 reguló la subrogación paulatina por el I.S.S. de la pensión de jubilación contemplada en el artículo 260 del código laboral y previó consecuencias para la pensión sanción, ambas de indiscutible origen legal”

De modo tal, que bajo la vigencia de esas disposiciones el Instituto de Seguros Sociales tan solo podía, por mandato de la ley, asumir gradual y progresivamente las pensiones de creación estrictamente legal, esto es las consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, tal como lo dispuso también el artículo 259 del mismo estatuto, al señalar que “Las pensiones de jubilación […] dejarán de estar a cargo de los patronos cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano(sic) de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo instituto”. (Subrayado fuera del texto).

Por lo tanto, bajo la vigencia de esas disposiciones el Instituto de Seguros Sociales no contaba con reglamentos ni previsiones legales que lo obligaran a hacerse cargo de aquellas pensiones que el empleador estuviera concediendo u otorgara a sus trabajadores por mera liberalidad o fruto de la negociación colectiva, y mucho menos puede afirmarse válidamente que lo que sucede es que las pensiones antaño extralegales devienen legales al cumplirse los requisitos del artículo 260 del código porque ese curioso darwinismo jurídico no tiene contemplación legal, dado que los derechos laborales que nacen y tienen su fuente obligacional como consecuencia de un acuerdo entre particulares, no pueden transformarse simplemente por ese prurito, huérfano de un sustento normativo expreso.

Se advierte que esa situación se modificó parcialmente a partir de la vigencia del Decreto Ley 1650 de 1977 y más específicamente del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por Decreto 2879 del mismo año), que en su artículo 5o dispuso: […]

La anterior disposición se hizo más explícita en el decreto 0758 de abril 11 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 del 1 de febrero de ese mismo año, cuando al regular en el artículo 18 la compartibilidad de las pensiones extralegales, señaló: “Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación, reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral, o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, (fecha en que fue publicado el decreto 2879 de 1985 en el diario oficial No.37192), continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado (subrayas fuera del texto).

Parágrafo-. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales.

Así las cosas, resulta claro que el Instituto de Seguros Sociales tan sólo comparte las pensiones extralegales cuando se causan con posterioridad a la vigencia del Decreto 2879 de 1985, es decir del 17 de octubre de ese año en adelante, si el empleador continúa aportando al Instituto para el seguro de vejez, invalidez y muerte, a menos que sean las mismas partes quienes acuerden que la pensión voluntaria patronal sea concurrente con la de vejez del I.S.S.

En este orden de ideas, los parámetros a tener en cuenta para establecer si media la compartibilidad o la subrogación total, son la fecha de asunción por parte del ISS de la pensión de vejez y el valor de la prestación convencional que a esa data perciba el beneficiario. En caso de que la pensión se cause con posterioridad a la expedición del Acuerdo 049 de 1990, existirá subrogación total o parcial (compartibilidad), según si hay o no diferencia entre el valor reconocido por el empleador, salvo que, en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, «se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales», es decir, que, en este último evento, resultan compatibles las dos prestaciones.

Descendiendo al caso, la cláusula 20 de la convención colectiva de trabajo vigente a la fecha en la que se otorgó la pensión extralegal, dispuso textualmente: «para efectos de liquidación de la pensión de jubilación, de acuerdo al artículo 5° de la Convención Colectiva 1976-1978, la empresa reconocerá el 100% del salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicio, sin tener en cuenta la pensión de vejez que reconoce el I.S.S».

Frente al alcance de esta preceptiva la Sala ya ha determinado que de la misma se desprende la viabilidad de la compatibilidad de las pensiones concedidas a la demandante; por ejemplo, así se pronunció en sentencia CSJ SL13274–2016:

El Tribunal con base en la documental aportada y en la jurisprudencia de esta Corporación, concluyó que la pensión reconocida a Rueda López a través de la Resolución 0328 de 1995, tenía el carácter de convencional y que era compatible con la que le concedió el Instituto de Seguros Sociales. Ello, según lo plasmado en el art. 20 de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1982 – 1983.

Por su parte, el censor afirma que dichas prestaciones no son compatibles, por cuanto el actor tenía la calidad de trabajador oficial, era beneficiario del régimen de transición del art. 36 de la Ley 100 de 1993 y la prestación que le reconoció Electribol, lo fue con fundamento en lo previsto en la convención colectiva 1972-1978 y no en el art. 20 de la convención 1982 -1983.

[…]

Esa prestación fue complementada, en cuanto a la forma de liquidación y la naturaleza compatible con la pensión de vejez, por el art. 20 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1982-1983, que estableció:

“Para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, de acuerdo al Artículo 5º de la Convención Colectiva 1976 – 1978, la Empresa reconocerá el ciento por ciento del salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicio, sin tener en cuenta la pensión de vejez que reconoce el I.S.S.”. (Resalta la Sala).

De la lectura de la norma transcrita surge nítidamente que la misma sí resultaba aplicable a la pensión reconocida al demandante, dado que expresamente, así lo dispuso el precepto al hacer alusión a la prestación de jubilación reconocida de acuerdo con lo previsto en la convención 1976 -1978.

En ese orden, el art. 5º de la convención colectiva 1976-1978 y el 20 del instrumento vigente para los años 1982-1983, son normas que no se excluyen, sino que se complementan y debían armonizarse, tal y como lo hizo el juez de apelaciones.

En esa medida, para la Sala es claro que no surge un yerro ostensible capaz de generar el quiebre de la sentencia impugnada, toda vez que el discernimiento del ad quem, según el cual «la pensión convencional en este caso es compatible con la del ISS», es la única interpretación que surge del referido precepto.

En efecto, resulta claro que al incluirse en el texto de la convención que la pensión de jubilación se reconocería y liquidaría «sin tener en cuenta la pensión de vejez que reconoce el ISS», las partes excluyeron la compartibilidad que se estatuyó como regla general a partir de la vigencia del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985 y, en ese orden, pactaron que la prestación convencional sería compatible con la pensión de vejez.

Sobre el tema en cuestión, esta sala ha estimado de forma reiterada, la ausencia del error de hecho del juez de apelaciones al considerar la existencia de compatibilidad de las referidas prestaciones con fundamento en el art. 20 de la convención colectiva de trabajo 1982-1983, por así disponerlo dicha normativa. Entre otras, se pueden ver las sentencias CSJ SL798-2013, CSJ SL 8150-2014, CSJ SL 8182-2014, CSJ SL 13370-2014, CSJ SL 2772-2015, CSJ SL 13190-2015 y CSJ SL 498-2016.

[…]

En los términos expuestos, el Tribunal no incurrió en error de hecho alguno, al concluir que la convención colectiva de trabajo había excluido la compartibilidad de la pensión del actor, resultando la prestación de jubilación reconocida, compatible con la de vejez que posteriormente le otorgó el ISS.

Determinado lo anterior, una cosa debe dejarse en claro, la cláusula bajo la lupa no sufrió modificación alguna por la reforma legal. Esta Sala, en un caso de similares contornos, mediante sentencia CSJ SL5529-2018 reiterada en la CSJ SL4545-2019, razonó:

Por otra parte, en lo concerniente a la derogatoria del texto convencional que consagra el derecho, con el fin de no estipular una dualidad pensional, de conformidad con lo adoctrinado en sentencias CSJ SL5529-2018, se itera el pacífico y consolidado criterio de la Corporación, según el cual, aun cuando el artículo 5º del Decreto 813 de 1994, modificado el 2° del Decreto 1160 del mismo año, establece como generalidad la compartibilidad de las prestaciones pensionales legales y extralegales, ello en modo alguno comporta un carácter absoluto, en la medida en que «los derechos emanados de convenciones colectivas celebradas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que no han sido modificadas por normas posteriores, deben entenderse vigentes, lo cual no es obstáculo para que sean armonizadas con las disposiciones de la Ley 100 de 1993», para lo cual se requiere la vigencia de dichos regímenes pensionales, que a su vez no pueden entenderse como derogados o modificados por lineamientos legales posteriores. CSJ SL071-2018, CSJ SL9593-2016, y, CSJ SL675-2013.

De lo anotado se deriva que las pensiones extralegales reconocidas a cada uno de los demandantes son compatibles con la de vejez a cargo del otrora Instituto de Seguros Sociales, por expresa disposición de la regla convencional, por lo que no erró el sentenciador.

Valga anotar que la circunstancia de que los artículos 5º y 6º del Decreto 813 de 1994 solo prevén la compartibilidad de las pensiones extralegales y la de vejez a cargo del ISS hoy de Colpensiones, no impide que las partes a través de la convención colectiva de trabajo acuerden la compatibilidad de tales prestaciones, pues para ese momento no existía ninguna restricción sobre esa estipulación consensuada. En ese mismo sentido se pueden consultar las decisiones CSJ SL 4545-2019, CSJ SL4080-2018 y CSJ SL5529-2018, esta última en la que se dijo:

No sobra precisar que si bien los artículos 5 y 6 del Decreto 813 de 1994 y 45 del Decreto 1748 de 1995, establecen la compartibilidad de las pensiones de jubilación a cargo del empleador con la vejez por cuenta del ISS, la norma inicialmente mencionada, establece que el primero deberá cotizar al ISS hasta tanto el trabajador cumpla con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de vejez, quedando por su cuenta únicamente el mayor valor, si lo hubiera, entre la pensión otorgada por el instituto y la de jubilación que venía percibiendo, y que, además, para la financiación de la prestación que llegase a conceder el ISS, el empleador debe trasladar el valor correspondiente al bono pensional, ello, per se, no impedía que las partes en forma voluntaria, como en este caso a través de la convención colectiva de trabajo, dispusieran que la pensión a cargo del empleador fuera compatible con la de vejez».

En ese orden, el Tribunal no incurrió en yerro jurídico alguno, al determinar la compatibilidad pensional en el caso concreto con fundamento en lo estatuido en el Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de igual año, puesto que allí se estableció dicha posibilidad respecto a las prestaciones reconocidas con posterioridad al 17 de octubre de 1985.

Finalmente, contrario a lo argumentado por la censura sobre la imposibilidad de la aplicación de la figura de la compatibilidad pensional luego de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la Corte también se pronunció sobre la viabilidad de la misma en sentencia CSJ SL10764-2017, así:

[…] lo cierto es que los derechos emanados de convenciones colectivas celebradas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que no han sido modificadas por normas posteriores, deben entenderse vigentes, lo cual no es obstáculo para que sean armonizadas con las disposiciones de la Ley 100 de 1993, desde luego por convenios entre las partes a través de la negociación colectiva. Pero, para darse dicha armonización, necesariamente debe partirse del supuesto de la vigencia de esos regímenes jubilatorios convencionales, que no pueden entenderse derogados o modificados por normas legales posteriores.

Siendo coherentes con lo discurrido, la sala sentenciadora no incurrió en los dislates enrostrados por la recurrente, por lo que el cargo no sale victorioso.

Las costas correrán a cargo del impugnante y a favor de Colpensiones, para lo cual el juez de primer grado al liquidarlas, según las voces del artículo 366 del CGP, incluirá la suma de $8.480.000 como agencias en derecho.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 10 de agosto de 2015, en el proceso ordinario laboral que GABRIEL RICO CADENA y HUMBERTO ALEJANDRO RUIZ RODRÍGUEZ le promovieron a la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. – y a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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