RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO
Magistrado Ponente
SL5113-2019
Radicación n° 60382
Acta 41
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la señora MARÍA BETTY GÓMEZ HOYOS contra la sentencia proferida el 19 de octubre 2012, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral que le sigue al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES.
I. ANTECEDENTES
María Betty Gómez Hoyos promovió demanda ordinaria laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, con el propósito de que se le reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes, por la muerte de su cónyuge, Carlos de Jesús Zuluaga; junto con las mesadas adicionales, «los intereses moratorios y/o indexación» y las costas del proceso.
En lo que interesa al recurso en estudio, la demandante, como fundamento de sus peticiones, señaló que su cónyuge, Carlos de Jesús Zuluaga había fallecido el 17 de marzo de 2010; que solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes; que mediante Resolución 004856 de 11 de marzo de 2011, la demandada le había negado la prestación, bajo el argumento de que el asegurado no reportaba cotizaciones dentro de los tres años anteriores al deceso y que, aunque acreditaba «(…) un total de 1045.71 semanas cotizadas en toda su vida laboral, [era una] cifra inferior a las mil (1175) semanas exigidas por el régimen de prima media para obtener el derecho para el año 2010, año de fallecimiento del causante de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 (…)».
Añadió que no medió separación legal o de hecho; que reunía los requisitos a cabalidad para hacerse beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de su cónyuge; que si bien el causante no tenía las 50 semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento, sí acumulaba la densidad de semanas requerida en el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003; que había cotizado un total de 1045.71 semanas, densidad de aportes que superaba con creces el mínimo requerido en el régimen de prima media, para acceder a la prestación de vejez «(…) esto es, 500 semanas, ya que la transición se mantendría para este asegurado hasta el 31 de diciembre de 2014, según el acto legislativo 01 de 2005; además este no había tramitado ni recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, ni la devolución de saldos a que se refiere el artículo 66 del mismo estatuto (…)».
Con auto del 13 de diciembre de 2011 (folio 59), el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín tuvo por no contestada la demanda.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Tramitada la primera instancia, el Juzgado de conocimiento dictó sentencia el 26 de septiembre de 2012, en la que absolvió a la entidad demandada de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra.
II. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolver el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de la sentencia de 19 de octubre de 2012, confirmó la decisión absolutoria de primer grado.
Como fundamento de su decisión, el tribunal, inicialmente, determinó que el problema jurídico a resolver por esa instancia consistía en establecer si el asegurado fallecido había dejado acreditada la pensión de sobrevivientes por haber cumplido la densidad de semanas necesarias para ello.
Indicó que no era objeto de controversia que el asegurado había fallecido el 17 de marzo de 2010 (f.9); que cotizó para el ISS un total de 854,86 semanas en toda la vida laboral; que laboró al servicio del Departamento de Antioquia entre el 29 de julio de 1968 y el 10 de mayo de 1970 y desde el 17 de mayo de 1989 hasta el 5 de mayo de 1991 (folios 26 al 29), periodos que estaban respaldados por el correspondiente bono pensional; y que, dentro de los tres años anteriores al fallecimiento, no realizó cotización alguna.
En relación con la normatividad aplicable al asunto, adujo que la Sala de Casación Laboral había sido reiterativa en señalar que la disposición que gobernaba una pensión de sobrevivientes era la vigente a la data del fallecimiento del afiliado; que, para el caso en estudio, lo era el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003. No obstante, refirió que el parágrafo 1 de ese artículo establecía otra manera para obtener la prestación pensional y a continuación transcribió su literal.
Advirtió que, conforme la probanza allegada al plenario, se extraía que el afiliado había sido beneficiario del régimen de transición de que trataba el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto nació el 13 de noviembre de 1948 y, para el 1 de abril de 1994, tenía más de 40 años de edad; que, bajo ese entendido, el régimen anterior que le era aplicable en virtud del citado parágrafo, era el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, conforme lo señalado por de la Sala de Casación Laboral, en la sentencia CSJ SL Rad. 37.951 de 2011, de la que no se precisó fecha.
Sobre el caso particular, concluyó:
«(…) Entonces, cuando se revisa la historia laboral, falleció el 17 de Marzo de 2010, se evidencia que durante toda la vida laboral cotizó al ISS, 854.86 semanas, es decir, que no cumple con el requisito de las mil semanas en toda la vida laboral.
En lo atinente al segundo de los supuestos, esto es, 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores a la fecha del fallecimiento, se tiene que durante el lapso entre 17 de marzo de 1990 y la fecha de su fallecimiento, sufragó 347,56 semanas, las cuales no son suficientes de conformidad con la legislación, para que los beneficiarios del causante accedan a la prestación reclamada.
Igualmente, cuenta con un tiempo al sector público sin cotización al ISS, entre el 29 de julio de 1968 al 10 de mayo de 1970 y entre el 17 de mayo 1989 al 5 de mayo de 1991, que representan 190,86 semanas; que sumadas a las semanas cotizadas al ISS, 854,86, que bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, preceptiva que es de aplicación al caso en estudio, no es posible acumular, ya que la acumulación de tiempos, es la contemplada en el imperativo del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, siendo solo aplicable a los afiliados fallecidos bajo el imperio de dicha normatividad.
(…)
Desde otro punto de vista, y en la medida que el afiliado falleció el 17 de marzo de 2010, naciendo el 13 de diciembre de 1948 cumpliendo los 60 años la misma data del año 2008 y que la Ley 797 de 2003 permite la sumatoria de tiempos laborados en el sector público y privado se evidencia que durante toda la vida laboral cuenta con un total de 1045, 72 semanas cuando para dicho año (2008) se exigía un número de 1.125 semanas, para acceder a la pensión de vejez, no quedando acreditado el número de semanas requerido para que sus beneficiarios se hicieran acreedores al disfrute de la pensión de sobrevivientes tampoco bajo esta arista (…)»
III. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
IV. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Lo formula en los siguientes términos:
«Persigo la CASACIÓN TOTAL del fallo recurrido, para que en subsiguiente SEDE DE INSTANCIA, esa Sala CONFIRME el fallo de primer grado. Se provea sobre costas como es de rigor».
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación laboral, que fueron replicados y que pasan a ser examinados de forma conjunta por la Corte, habida cuenta que denuncian el mismo elenco normativo, persiguen idéntico objetivo y se soportan en iguales argumentaciones.
VII. PRIMER CARGO
Acusa la sentencia de violar, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea «(…) del artículo 12, parágrafo 1 de la Ley 797 de 2003, en armonía con los artículos 1, 2, 11, 12, 47, 48, 50, 74, 141, 142, 272 de la Ley 100 de 1993. Artículos 48 y 53 de la C.N».
Señala la recurrente que no es objeto de discusión que el asegurado no cotizó las 50 semanas dentro de los 20 años anteriores al fallecimiento, ni 26 dentro del año precedente al deceso; que tampoco controvierte que no le sea aplicable el postulado de la condición más beneficiosa, pese a que el Tribunal tuvo por acreditadas 1.045 semanas en toda su vida laboral.
Aduce que el ad quem incurrió en yerro al interpretar el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues el citado precepto contempla varias hipótesis para acceder al derecho pensional de vejez, que no fueron valoradas y dentro de las que se encuentra «(…) haber satisfecho el número mínimo de semanas cotizadas en el régimen de prima media», que no es otro que el régimen del ISS «ora CAJANAL E.I.C.E EN LIQUIDACIÓN [que] exige bien 1000 semanas de cotización, si es el ISS quien reconoce la prestación, obviamente sumando los aportes públicos y privados».
Agrega que no hay duda en que el mencionado parágrafo alude a los requisitos para obtener una pensión de vejez, pues incluso hace mención a la indemnización sustitutiva o devolución de saldos, a que también podrían tener derecho los beneficiarios.
En relación con la negativa del Tribunal de sumar tiempos públicos y privados, el recurrente transcribió los artículos 7, 10, 13, 272 de la Ley 100 de 1993, para luego indicar que el objetivo principal del Sistema General de Pensiones era garantizar a la población, a través del reconocimiento de las pensiones y demás prestaciones, las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte; que, en esa medida, lo pertinente y adecuado era permitir la sumatoria de tiempos para el reconocimiento de cualquier prestación «(…) por así disponerlo de manera clara, diamantina y contundente las normativas en cita (…)».
Y, en esa medida, aseguró que:
«(…) como el asegurado fallecido era beneficiario del régimen de transición como lo acepta el Tribunal, también es claro que en estos casos opera la sumatoria de tiempos, no solo porque se trata de una pensión pedida en acogimiento a la Ley 797 de 2003, que permite tener en cuenta tiempo mixto (público y privado) para las prestaciones allí contempladas (ver artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003), entre ellas las de sobrevivientes, sino porque así lo ha reconocido la H. Corte en reiterada jurisprudencia donde define el tema de la sumatoria de tiempos mixtos para acceder a una pensión de vejez en vigencia de la Ley 797 de 2003 (…)».
Insiste que la misma Ley 100 de 1993 permite la sumatoria de tiempos para acceder a las prestaciones pensionales, de manera que, en su criterio, es notorio el desvío interpretativo en el que incurrió el juez de apelaciones al admitir conforme a la norma reseñada «(…) que el afiliado tiene más de mil semanas pero exigirle 1075, siendo que el número máximo es de mil, teniendo en cuenta los tiempos públicos».
En soporte de lo señalado, relaciona las sentencias CSJ SL 4 nov 2004, rad. 23611, reiterada en las decisiones SL 14 feb. 2012, rad. 42827 y SL 13 mar. 2012, Rad. 42722; y transcribe apartes de la sentencia SL 17 jun. 2009, Rad. 35722, de la que, resalta, admite la sumatoria de los tiempos públicos.
IV. SEGUNDO CARGO
Denuncia la sentencia recurrida de violar por la vía directa, en la modalidad de infracción directa «(…) el parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en armonía con los artículos 1, 2, 11, 12, 46, 47, 48, 50, 74, 141, 142, 272 de la Ley 100 de 1993. Artículos 48 y 53 de la C.N».
En sustento de su ataque, redunda sobre los mismos argumentos esbozados en el primer cargo e insiste en que el Tribunal desconoció el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que posibilita acceder a la pensión de sobrevivientes cuando el asegurado ha cotizado, por lo menos, la densidad mínima de cotizaciones en el régimen de prima media, en tiempo anterior a su deceso. Caso en el cual la norma permite la acumulación de tiempos públicos y privados a fin de completar ese requisito mínimo de semanas cotizadas, por cuanto el objetivo primordial de la ley de seguridad social es brindar a la población un amparo frente a las contingencias IVM.
Recalca que, en el caso del asegurado fallecido, éste completó ese requisito mínimo, en la medida que sufragó las semanas necesarias para dejar causado el derecho pensional de sobrevivientes; y que la norma que limitaba el cómputo de tiempos no aportados a cajas o fondos, fue declarada nula por el Consejo de Estado con providencia CE. 28 feb 2013, Exp. 2008-00133-00 (2793-08).
VII. RÉPLICA
Sostiene que el Tribunal no incurrió en la interpretación alegada en el cargo primero; que su criterio está acorde con la postura jurisprudencial imperante en la materia; que a la demandante no le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes pretendida, por cuanto no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que es la norma que gobierna el asunto; que cuando se alude «al régimen de prima media en tiempo anterior al fallecimiento», en el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, se debe entender «las 26 semanas que exigía el artículo primigenio de la Ley 100 de 1993» y no el Acuerdo 049 de 1990, como lo entende el censor.
Por último, aduce que tampoco se configura el concepto de vulneración denunciado en el cargo segundo, esto es, el de infracción directa, respecto del parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por cuanto esta fue, precisamente, la norma que el Tribunal estudió y aplicó para decidir el asunto.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Teniendo por superada la equivocación presente en el alcance de la impugnación, en la medida que se entiende que lo pretendido por el censor con el mismo, es que se revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, una vez casada la sentencia del tribunal, se condene a lo pedido con la demanda inicial, se tiene que el censor procura demostrar el desatino jurídico cometido por el Tribunal, al haber negado la pensión de sobrevivientes bajo el argumento de que la norma llamada a gobernar la prestación, era la vigente a la data del deceso del asegurado, esto es, la Ley 797 de 2003; y al haber señalado que no era posible sumar las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales con los tiempos servidos al sector público, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad y en concordancia con parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pese a que el asegurado estaba cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y acumuló un total de 1045,72 semanas.
Al respecto, estima la Sala que no se equivocó el ad quem al considerar que la norma que, en principio, gobierna el derecho de sobrevivientes es la Ley 797 de 2003, pues, en efecto, era el vigente para el momento en que se produjo el fallecimiento del asegurado (17 de marzo de 2010). Ello precisamente, en atención al criterio fijado de tiempo atrás por esta Corporación, entre otras, en la sentencia CSJ SL797– 2013, en la que se reiteró la CSJ SL, 30 abr 2013, rad 45815.
De igual forma, tampoco erró el sentenciador de segunda instancia, al considerar que no es posible sumar tiempos cotizados al Seguro Social y los servidos a entidades públicos (no cotizados) para completar la densidad de semanas requeridas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, aun en concordancia con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por cuanto esa disposición no contempla esa acumulación de manera expresa. En sentencia CSJ SL032-2018 del 24 de enero de 2018, al respecto se indicó:
«No incurrió el sentenciador de segundo grado en error jurídico frente a las normas denunciadas, al no haber sumado, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, las semanas cotizadas al ISS con tiempos servidos al sector público, toda vez que el fallador simplemente se limitó a acoger la jurisprudencia sostenida actualmente por esta Corporación, según la cual no resulta procedente la contabilización entre aquéllas y éstos, por cuanto dicha normatividad no contempla tal posibilidad de manera expresa y, además, porque lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solamente concierne a las prestaciones contempladas en el artículo 33 de la Ley del Sistema de Seguridad Social Integral».
Ahora, esta Sala advierte que, desde la demanda inicial, la actora solicitó el derecho pensional de sobrevivientes, con la pretensión de que se acumularan los tiempos cotizados y servidos al sector público por su cónyuge y pese a que existió una impropiedad en los preceptos invocados, ello no es óbice para que el juez limite su deber interpretativo y no acoja el análisis de los supuestos fácticos bajo otras disposiciones que resulten igualmente aplicables. Por el contrario, resulta perfectamente válido revisar el haz normativo que gobierna el caso en estudio, con el propósito de materializar el derecho sustancial (ver Sentencia CSJ SL571-2018 del 7 de marzo de 2018, rad. 60708).
En ese orden, se tiene que esta Sala, a partir de la sentencia CSJ SL4457-2014, 26 marzo 2014 rad. 43904, cambió de criterio y avaló la posibilidad de sumar las semanas cotizadas con el tiempo servido al sector público (no cotizado) en aplicación del régimen de la Ley 71 de 1988 (pensión por aportes), bajo el raciocinio de que el derecho pensional no puede verse truncado por la circunstancia de que la entidad empleadora no hubiese efectuado aportes a una caja de previsión social. En aquella oportunidad, esta Corporación precisó:
En este orden, bien podría afirmarse que la Ley 100 de 1993 al consagrar la acumulación de tiempos servidos en el sector público y privado, dejó sin vigencia lo dispuesto en la Ley 71 de 1988. Sin embargo, tal aseveración no es del todo cierta si se tiene en cuenta que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagró un régimen de transición pensional para quienes acreditando los requisitos de edad o tiempo de servicios a su entrada en vigencia, tengan derecho a que su pensión se reconozca conforme a la edad, tiempo de servicios y monto de la pensión del régimen que anteriormente les fuera aplicable, entre otros, el que consagró el Acuerdo 049 de 1990 del ISS, aprobado por el Decreto 758 de 1990, ora el previsto en la Ley 33 de 1985 que reguló el régimen pensional en el sector oficial y, concretamente, en lo que ahora interesa, la Ley 71 de 1988 que previó la llamada pensión de jubilación por aportes.
Este recuento le permite a la Sala dilucidar que el régimen de jubilación por aportes, no desconoció, ni antes ni después de la Constitución Política de 1991, que el derecho fundamental e irrenunciable a la pensión no puede verse truncado por la circunstancia de que la entidad empleadora no hubiese efectuado aportes a una caja de previsión social, máxime si se tiene en cuenta que otrora, la afiliación a la seguridad social para los servidores públicos no era obligatoria sino facultativa, de modo que la ausencia de cotización no puede imputársele a ellos, y menos, puede afectar sus derechos pensionales que en todo caso se encontraban amparados por las disposiciones – Decreto reglamentario 1848 de 1969- que garantizaban el reconocimiento pensional a cargo de la entidad de previsión a la cual estuvieran afiliados o, en su defecto, a cargo directo de la entidad o empresa oficial empleadora por el mero tiempo de servicios.
[…]
En adición a lo expuesto, no debe perderse de vista que si bien la Ley 100 de 1993 previó un régimen de transición a fin de respetar las expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a pensionarse conforme al régimen anterior, dicha transición debe aplicarse en el marco del nuevo contexto constitucional y legislativo imperante, y en observancia del principio de equidad que debe regir en y entre los regímenes pensionales existentes, lo cual supone que esos tiempos servidos –no cotizados- no puedan ser despreciados o desechados para efectos del cómputo de la denominada pensión de jubilación por aportes.
En este orden de ideas, conforme a los postulados constitucionales y legales atrás referidos, y frente a la citada decisión del Consejo de Estado a través de la cual se declaró la nulidad del artículo 5° del Decreto 2709 de 13 de diciembre de 1994, reglamentario del artículo 7° de la Ley 71 de 1988, la Corte estima necesario rectificar su actual criterio y, en su lugar, adoctrinar que para efectos de la pensión de jubilación por aportes que deba aplicarse en virtud del régimen de transición pensional establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se debe tener en cuenta el tiempo laborado en entidades oficiales, sin importar si fue o no objeto de aportes a entidades de previsión o de seguridad social.
Por lo descrito, es válido analizar la prestación de sobrevivientes teniendo en cuenta la actual postura relativa a la acumulación del tiempo cotizado y el tiempo servido al sector público, a fin de verificar si el afiliado hubiese podido dejar consolidado el derecho pensional de jubilación antes de su deceso a la luz de la Ley 71 de 1988.
En el caso en estudio, se demostró y no fue objeto de discusión que el señor Carlos de Jesús Zuluaga Hoyos nació el 13 de noviembre de 1948; que era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque a 1 de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad; que laboró para el Departamento de Antioquia desde el 29 de julio de 1968 hasta 10 de mayo de 1970 y del 17 de mayo de 1989 al 5 de mayo de 1991, para un total de 190.86 semanas (folio 9); que aportó para el ISS 854.86 semanas y realizó su última cotización, el 31 de marzo de 2003 (folio 101); que entre el tiempo servido al sector público y las cotizaciones realizadas al ISS reunió un total de «7320 días que equivalen a 1045.71 semanas» conforme lo estableció el ISS en Resolución 004856 de 11 de marzo de 2011 (folios 9, 10, 96 y 97); que cumplió los 60 años de edad el 13 de noviembre de 2008 y murió el 17 de marzo de 2010.
Bajo los precitados presupuestos, se encuentra que Carlos de Jesús Zuluaga Hoyos (q.e.p.d), como beneficiario del régimen de transición, consolidó el derecho pensional antes de su deceso, pues a tal data ya había cumplido los 60 años de edad y reunía un total de 1.045,71 semanas, guarismo superior a 20 años de servicios (1.028 semanas) exigidos en la Ley 71 de 1988.
De modo que, a efectos de determinar la procedencia de la pensión de sobrevivientes incoada por la señora María Betty Gómez Hoyos, no se requería demostrar las 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores al deceso, que fue lo que no contempló el Tribunal, pues era claro, que esa prestación de sobrevivientes se derivaba de la trasmisión del derecho por muerte de un pensionado por vejez y no de las semanas aportadas por un afiliado fallecido.
En consecuencia, los cargos son fundados y se casará la sentencia recurrida.
VIII. SENTENCIA DE INSTANCIA
En sede de instancia, se encuentra que el juzgado negó la pensión sobrevivientes luego de encontrar que si bien el afiliado fallecido era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a 1 de abril de 1994 solo registraba tiempo público servido no cotizado y semanas cotizadas al sector oficial, pero no aportes al ISS por parte de empleadores privados, pues estas últimas se habían dado desde enero año 1995, razón por la cual antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el señor Carlos de Jesús Zuluaga ostentaba la calidad de servidor público, siendo el régimen anterior que le cobijaba el de la Ley 33 de 1985 y respecto del cual no cumplió los 20 años de servicios exigidos.
En esa misma línea, manifestó que no era posible dar aplicación al parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, toda vez que a través de este solo se podía tener en cuenta los requisitos del régimen de prima media, esto es, los del Acuerdo 049 de 1990; que el citado acuerdo no era aplicable al actor, pues su expectativa, a 1 de abril de 1994, estaba regida por la Ley 33 de 1985; y que al revisar el caso con sujeción al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, tampoco se encontraban acreditadas las 1175 semanas exigidas para la época.
Conforme lo establecido en sede de casación, cumple reiterar que, conforme el criterio actual de la Sala, es posible acumular los tiempos servidos al sector público (no cotizados) con los tiempos aportados, para completar los 20 años de servicios exigidos y acceder a la pensión por aportes prevista en el referido artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
De cara al argumento del a quo, de que para acceder, como beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a la pensión por aportes del artículo 7 de la Ley 71 de 1988, es necesario que a 1 de abril de 1994 el afiliado tenga tiempos al sector público y aportes al ISS, es preciso recordar que esta Corte, en reiteradas ocasiones, ha señalado que ese razonamiento es incorrecto porque significaría cercenarle al beneficiario «que pueda cotizar al ISS por servicios personales privados para acceder a la pensión por aportes», además de que el Sistema de Seguridad Social no excluye ni prohíbe la afiliación para personas que con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 aporten con empleadores privados, ni le resta efectos a dichas cotizaciones. En ese sentido, en sentencia CSJ SL SL4523-2015 se expresó:
De los razonamientos expuestos por la Corte, es necesario precisar que una persona amparada por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que hasta la entrada en vigencia de dicha ley solamente haya cotizado para el sector público o haya prestado sus servicios exclusivamente en entidades de derecho público, puede acceder, bien a la pensión regulada por la Ley 33 de 1985, o bien a la pensión por aportes del artículo 7 de la Ley 71 de 1988, siempre y cuando satisfaga la densidad de cotizaciones o tiempos de servicios requeridos para una u otra. Afirmar que en esa hipótesis, únicamente se puede pretender la pensión de la Ley 33 de 1985, como lo dijo el Tribunal, significa privar al beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, de que pueda cotizar al ISS por servicios personales privados para acceder a la pensión por aportes. Y en ese caso, no puede olvidarse que el Sistema de Seguridad Social de la Ley 100 de 1993, no excluye ni prohíbe la afiliación para persona alguna que esté calificado legalmente para cotizar válidamente a dicho sistema, ni tampoco contempla norma alguna que le reste efectos a dichas cotizaciones frente a una prestación pensional en particular como la que aquí se pretende.
Por tanto, si una persona cobijada por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como acontece aquí con la demandante en la situación fáctica ya descrita, tiene la expectativa legítima de pensionarse, bien sea por la Ley 33 de 1985 o por la Ley 71 de 1988, no hay razón alguna para sostener que para aspirar a la prestación por aportes regulada por la segunda, necesariamente se tengan que tener aportes al sector público y privado antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. Y de igual manera, tampoco puede decirse que las cotizaciones al sector privado efectuadas en vigencia de la Ley 100 de 1993 tengan efectos retroactivos, en tanto, como ya se dijo, si hay la expectativa de poder reunir los requisitos para la pensión por apo rtes, nada impide que estos no sean válidos aun cuando los correspondientes al sector privado, se hubieran realizado solamente en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Lo dicho está avalado también por el propio artículo 7° de la Ley 71 de 1988, en cuanto no hace ninguna salvedad al respecto, como se observa de su texto que es del siguiente tenor:
A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
Y si un régimen de transición preserva la posibilidad de que una persona próxima a pensionarse, adquiera el beneficio acorde con la normatividad anterior, la exigencia del precepto transcrito de que los 20 años de aportes pueden ser sufragados en cualquier tiempo, incluye aquellos realizados bajo la vigencia de la nueva ley sin que sea necesario que los aportes públicos y privados tengan que hacerse bajo el imperio de la legislación anterior, aun cuando no alcancen la densidad requerida.
Dilucidado lo anterior y de acuerdo a las consideraciones expuestas en el recurso de casación, se reitera que, para el caso concreto, quedó demostrado que Carlos de Jesús Zuluaga Hoyos (q.e.p.d), como beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consolidó el derecho pensional por aportes antes de su deceso, pues a tal data ya había cumplido los 60 años de edad y reunía un total de 1.045,71 semanas, entre los tiempos servidos (no cotizados) y las semanas cotizadas al ISS, guarismo superior a 20 años de servicios (1.028 semanas) exigidos en la Ley 71 de 1988.
De este modo, a efectos de determinar la procedencia de la pensión de sobrevivientes deprecada por María Betty Gómez Hoyos, lo pertinente es estudiarla con sujeción a la norma vigente al deceso del afiliado (Ley 797 de 2003) pero, se itera, teniendo en cuenta que se trata de un derecho pensional sustituido o trasmitido por causa de la muerte del pensionado por vejez, esto es, aplicando lo previsto en el numeral 1 del artículo 46, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que prevé:
ARTÍCULO 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:
(…)
(Negrita y subrayado fuera del texto).
En lo que atañe a los beneficiarios y los requisitos a cumplir para obtener la pensión de sobrevivientes, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 señala:
ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así: <Expresiones "compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera permanente" en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles>
Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
(…)
(Negrita y subrayado fuera del texto).
Conforme la documental adosada al expediente se encuentra que la aquí demandante, María Betty Gómez Hoyos, acreditó: (i) tener más de 30 años de edad, a la fecha de deceso del asegurado (17 de marzo de 2010), con el registro civil de nacimiento de folio 24; y (ii) ostentar la calidad de cónyuge supérstite, con el acta civil de matrimonio visible a folio 25, en la que consta que contrajo matrimonio católico con el señor Zuluaga Hoyos el 10 de diciembre de 1970.
En lo relacionado con el término de convivencia a que alude el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el Juzgado de primera instancia consideró que, con la documental obrante en el plenario y los testimonios recaudados, no se había logrado acreditar que dentro de los 5 años anteriores al deceso del causante la actora hubiese convivido con aquél, pues algunos testigos eran de oídas y otros no generaban certeza sobre la existencia efectiva de ese requisito, ya que en los últimos años la pareja había residido en una ciudad diferente.
Lo primero que debe precisarse es que esta Sala ha indicado que la convivencia de 5 años que exige la ley, entre el pensionado o afiliado y su cónyuge, puede ser acreditada en cualquier tiempo, máxime si el vínculo marital se encuentra vigente y el afiliado o el pensionado no tenía compañera permanente al momento de su muerte, «ya que de esta manera se protege a quien desde el matrimonio, aportó a la construcción del beneficio pensional del causante» y se materializa el principio de solidaridad. (Ver sentencia CSJ SL3505-2018; SL, 25 abr. 2018, rad. 45779, en la cual esta Corte reiteró el pronunciamiento efectuado en la CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41637).
Por tanto, es claro que el a quo erró al indicar que la Sra. María Betty Gómez, en su condición de cónyuge supérstite, debía acreditar convivencia con el pensionado, los 5 años anteriores al fallecimiento de este, pues, se itera, el correcto alcance del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, lleva a entender que tal periodo puede acreditarse en cualquier tiempo.
Así pues, revisado el material probatorio adosado oportunamente al plenario, la Sala encuentra que, contrario a lo manifestado por el a quo, la convivencia real y efectiva, por un término superior a 5 años en cualquier tiempo, se encuentra acreditada, con la apreciación en conjunto de las declaraciones extraprocesales de Francisco Javier Cadavid y Emidio de Jesús Zapata Gil (folios 127 y 128), ratificadas en audiencia del 24 de agosto de 2012, y los testimonios de Francisco Javier Cadavid Ospina, María Ospina Cadavid y Luz Esthela Echeverry Villegas (cd folios 254 del cuaderno principal), quienes fueron coincidentes y espontáneos al asegurar que aunque en los últimos años del causante, la pareja estuvo radicada en la ciudad de Cali, conocían de su convivencia desde hacía aproximadamente 39 años; que en un primer momento vivieron en Granada (Antioquia) donde permanecieron aproximadamente por 20 años; que se reunían con la pareja por cuestiones familiares en diferentes oportunidades, en las que siempre se presentaron como esposos, y que fruto de esa unión procrearon tres hijos, que en la actualidad eran mayores de edad.
Así mismo, se resalta el testimonio del señor Francisco Javier Cadavid (cuñado de la demandante), quien manifestó de manera conteste y espontánea no solo haber estado en el matrimonio de la pareja, sino haber compartido largo tiempo con esta, cuando laboraba como normalista en el municipio de Granada; que conocía a sus hijos; que los visitó en la ciudad de Cali en varias oportunidades (por lo menos una vez en el año) y ellos a su vez a él, en Sonsón (Antioquia); que se comunicaban frecuentemente por teléfono y que asistió al funeral del señor Carlos Zuluaga, en la ciudad de Cali.(Cd. Audio 29:00 a 39:29 min).
En consecuencia, están dados los presupuestos para que la actora en su calidad de cónyuge del causante, acceda a la pensión de sobrevivientes deprecada, toda vez que se cumplen los requisitos previstos en el parágarafo 1 del artículo 12 y el literal a) del artículo 13, ambos de la Ley 797 de 2003, vigente a la fecha del deceso del causante.
Definido lo anterior, habrá de cuantificarse la mesada pensional que le hubiese correspondido al causante a la fecha de su fallecimiento, en tanto, como se anotó, es la que corresponde sustituirle a la demandante como cónyuge supérstite, a partir de esa data, 17 de marzo de 2010.
Por tanto, a fin de determinar el ingreso base de liquidación (IBL), es necesario precisar que en razón a que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, al causante le faltaba una temporalidad superior a 10 años para consolidar el derecho, le es aplicable el artículo 21 de la norma en cita. Además, le corresponde una tasa de reemplazo del 75%, en los términos de la Ley 71 de 1988, tal como se explica en la siguiente tabla:
FECHAS
N° DE
N° DE
SALARIO
SALARIO
SALARIO
DESDE
HASTA
DIAS
SEMANAS
DEVENGADO
INDEXADO
PROMEDIO
30/03/1986
31/03/1986
2
0,29
$ 50.046,00
$1.361.878,69
$756,60
01/04/1986
30/04/1986
30
4,29
$56.393,00
$1.534.596,67
$12.788,31
01/05/1986
31/05/1986
31
4,43
$69.497,00
$1.891.189,77
$16.285,25
01/06/1986
30/06/1986
30
4,29
$61.366,00
$1.669.924,62
$13.916,04
01/07/1986
31/07/1986
31
4,43
$58.291,00
$1.586.246,07
$13.659,34
01/08/1986
31/08/1986
31
4,43
$59.905,00
$ 1.630.167,10
$14.037,55
01/09/1986
30/09/1986
30
4,29
$54.856,00
$1.492.771,00
$12.439,76
01/10/1986
31/10/1986
31
4,43
$57.381,00
$ 1.561.482,66
$13.446,10
01/11/1986
30/11/1986
30
4,29
$70.685,00
$ 1.923.518,26
$16.029,32
01/12/1986
31/12/1986
31
4,43
$55.595,00
$ 1.512.881,06
$13.027,59
01/01/1987
31/01/1987
31
4,43
$163.020,00
$ 3.667.846,95
$31.584,24
01/02/1987
28/02/1987
28
4,00
$47.083,00
$ 1.059.337,74
$ 8.239,29
01/03/1987
31/03/1987
31
4,43
$57.263,00
$ 1.288.381,30
$ 11.094,39
01/04/1987
30/04/1987
30
4,29
$61.268,00
$ 1.378.491,27
$ 11.487,43
01/05/1987
31/05/1987
31
4,43
$155.824,00
$ 3.505.941,50
$ 30.190,05
01/06/1987
30/06/1987
30
4,29
$29.755,00
$ 669.468,69
$ 5.578,91
01/07/1987
31/07/1987
$ -
$ -
01/04/1989
30/04/1989
$ -
$ -
17/05/1989
31/05/1989
14
2,00
$ 50.650,97
$ 716.562,25
$ 2.786,63
01/06/1989
30/06/1989
30
4,29
$ 108.538,00
$ 1.535.493,47
$ 12.795,78
01/07/1989
31/07/1989
30
4,29
$ 108.538,00
$ 1.535.493,47
$ 12.795,78
01/08/1989
31/08/1989
30
4,29
$ 108.538,00
$ 1.535.493,47
$ 12.795,78
01/09/1989
30/09/1989
30
4,29
$ 108.538,00
$ 1.535.493,47
$ 12.795,78
01/10/1989
31/10/1989
30
4,29
$ 102.984,66
$ 1.456.930,04
$ 12.141,08
01/11/1989
30/11/1989
30
4,29
$ 102.588,00
$ 1.451.318,47
$ 12.094,32
01/12/1989
31/12/1989
30
4,29
$ 102.588,00
$ 1.451.318,47
$ 12.094,32
01/01/1990
31/01/1990
30
4,29
$ 125.157,00
$ 1.404.425,68
$ 11.703,55
01/02/1990
28/02/1990
30
4,29
$ 125.157,00
$ 1.404.425,68
$ 11.703,55
01/03/1990
31/03/1990
30
4,29
$ 125.157,00
$ 1.404.425,68
$ 11.703,55
01/04/1990
30/04/1990
30
4,29
$ 125.157,00
$ 1.404.425,68
$ 11.703,55
01/05/1990
31/05/1990
30
4,29
$ 125.157,00
$ 1.404.425,68
$ 11.703,55
01/06/1990
30/06/1990
30
4,29
$ 125.157,00
$ 1.404.425,68
$ 11.703,55
01/07/1990
31/07/1990
30
4,29
$ 151.183,50
$ 1.696.477,14
$ 14.137,31
01/08/1990
31/08/1990
30
4,29
$ 177.210,00
$ 1.988.528,61
$ 16.571,07
01/09/1990
30/09/1990
30
4,29
$ 177.210,00
$ 1.988.528,61
$ 16.571,07
01/10/1990
31/10/1990
30
4,29
$ 177.210,00
$ 1.988.528,61
$ 16.571,07
01/11/1990
30/11/1990
30
4,29
$ 177.210,00
$ 1.988.528,61
$ 16.571,07
01/12/1990
31/12/1990
30
4,29
$ 177.210,00
$ 1.988.528,61
$ 16.571,07
01/01/1991
31/01/1991
30
4,29
$ 187.843,00
$ 1.591.924,70
$ 13.266,04
01/02/1991
28/02/1991
30
4,29
$ 187.843,00
$ 1.591.924,70
$ 13.266,04
01/03/1991
31/03/1991
30
4,29
$ 187.843,00
$ 1.591.924,70
$ 13.266,04
01/04/1991
30/04/1991
30
4,29
$ 187.843,00
$ 1.591.924,70
$ 13.266,04
01/05/1991
05/05/1991
5
0,71
$ 31.307,16
$ 265.320,73
$ 368,50
01/06/1991
30/06/1991
$ -
$ -
01/12/1994
31/12/1994
$ -
$ -
01/01/1995
31/01/1995
30
4,29
$ 118.934,00
$ 422.488,70
$ 3.520,74
01/02/1995
28/02/1995
30
4,29
$ 118.934,00
$ 422.488,70
$ 3.520,74
01/03/1995
31/03/1995
30
4,29
$ 118.934,00
$ 422.488,70
$ 3.520,74
01/04/1995
30/04/1995
30
4,29
$ 118.934,00
$ 422.488,70
$ 3.520,74
01/05/1995
31/05/1995
30
4,29
$ 118.934,00
$ 422.488,70
$ 3.520,74
01/06/1995
30/06/1995
30
4,29
$ 118.934,00
$ 422.488,70
$ 3.520,74
01/07/1995
31/07/1995
30
4,29
$ 118.934,00
$ 422.488,70
$ 3.520,74
01/08/1995
31/08/1995
30
4,29
$ 118.934,00
$ 422.488,70
$ 3.520,74
01/09/1995
30/09/1995
30
4,29
$ 118.934,00
$ 422.488,70
$ 3.520,74
01/10/1995
31/10/1995
29
4,14
$ 118.934,00
$ 422.488,70
$ 3.403,38
01/11/1995
30/11/1995
29
4,14
$ 118.934,00
$ 422.488,70
$ 3.403,38
01/12/1995
31/12/1995
29
4,14
$ 118.934,00
$ 422.488,70
$ 3.403,38
01/01/1996
31/01/1996
29
4,14
$ 142.125,00
$ 422.622,99
$ 3.404,46
01/02/1996
29/02/1996
29
4,14
$ 142.125,00
$ 422.622,99
$ 3.404,46
01/03/1996
31/03/1996
29
4,14
$ 142.125,00
$ 422.622,99
$ 3.404,46
01/04/1996
30/04/1996
29
4,14
$ 142.125,00
$ 422.622,99
$ 3.404,46
01/05/1996
31/05/1996
28
4,00
$ 142.125,00
$ 422.622,99
$ 3.287,07
01/06/1996
30/06/1996
28
4,00
$ 142.125,00
$ 422.622,99
$ 3.287,07
01/07/1996
31/07/1996
28
4,00
$ 142.125,00
$ 422.622,99
$ 3.287,07
01/08/1996
31/08/1996
28
4,00
$ 142.125,00
$ 422.622,99
$ 3.287,07
01/09/1996
30/09/1996
28
4,00
$ 142.125,00
$ 422.622,99
$ 3.287,07
01/10/1996
31/10/1996
28
4,00
$ 142.125,00
$ 422.622,99
$ 3.287,07
01/11/1996
30/11/1996
28
4,00
$ 142.125,00
$ 422.622,99
$ 3.287,07
01/12/1996
31/12/1996
28
4,00
$ 142.125,00
$ 422.622,99
$ 3.287,07
01/01/1997
31/01/1997
27
3,86
$ 172.005,00
$ 420.433,04
$ 3.153,25
01/02/1997
28/02/1997
27
3,86
$ 172.005,00
$ 420.433,04
$ 3.153,25
01/03/1997
31/03/1997
27
3,86
$ 172.005,00
$ 420.433,04
$ 3.153,25
01/04/1997
30/04/1997
27
3,86
$ 172.005,00
$ 420.433,04
$ 3.153,25
01/05/1997
31/05/1997
27
3,86
$ 172.005,00
$ 420.433,04
$ 3.153,25
01/06/1997
30/06/1997
27
3,86
$ 172.005,00
$ 420.433,04
$ 3.153,25
01/07/1997
31/07/1997
27
3,86
$ 172.005,00
$ 420.433,04
$ 3.153,25
01/08/1997
31/08/1997
27
3,86
$ 172.005,00
$ 420.433,04
$ 3.153,25
01/09/1997
30/09/1997
28
4,00
$ 172.005,00
$ 420.433,04
$ 3.270,03
01/10/1997
31/10/1997
26
3,71
$ 172.005,00
$ 420.433,04
$ 3.036,46
01/11/1997
30/11/1997
26
3,71
$ 172.005,00
$ 420.433,04
$ 3.036,46
01/12/1997
31/12/1997
26
3,71
$ 172.005,00
$ 420.433,04
$ 3.036,46
01/01/1998
31/01/1998
24
3,43
$ 203.826,00
$ 423.376,67
$ 2.822,51
01/02/1998
28/02/1998
26
3,71
$ 203.826,00
$ 423.376,67
$ 3.057,72
01/03/1998
31/03/1998
26
3,71
$ 203.826,00
$ 423.376,67
$ 3.057,72
01/04/1998
30/04/1998
$ -
$ -
01/05/1998
31/05/1998
26
3,71
$ 203.826,00
$ 423.376,67
$ 3.057,72
01/06/1998
30/06/1998
26
3,71
$ 203.826,00
$ 423.376,67
$ 3.057,72
01/07/1998
31/07/1998
25
3,57
$ 203.826,00
$ 423.376,67
$ 2.940,12
01/08/1998
31/08/1998
25
3,57
$ 203.826,00
$ 423.376,67
$ 2.940,12
01/09/1998
30/09/1998
25
3,57
$ 203.826,00
$ 423.376,67
$ 2.940,12
01/10/1998
31/10/1998
25
3,57
$ 203.826,00
$ 423.376,67
$ 2.940,12
01/11/1998
30/11/1998
25
3,57
$ 203.826,00
$ 423.376,67
$ 2.940,12
01/12/1998
31/12/1998
25
3,57
$ 203.826,00
$ 423.376,67
$ 2.940,12
01/01/1999
31/01/1999
25
3,57
$ 236.460,00
$ 420.827,86
$ 2.922,42
01/02/1999
28/02/1999
25
3,57
$ 236.460,00
$ 420.827,86
$ 2.922,42
01/03/1999
31/03/1999
24
3,43
$ 236.460,00
$ 420.827,86
$ 2.805,52
01/04/1999
30/04/1999
24
3,43
$ 236.460,00
$ 420.827,86
$ 2.805,52
01/05/1999
31/05/1999
24
3,43
$ 236.460,00
$ 420.827,86
$ 2.805,52
01/06/1999
30/06/1999
24
3,43
$ 236.460,00
$ 420.827,86
$ 2.805,52
01/07/1999
31/07/1999
24
3,43
$ 236.460,00
$ 420.827,86
$ 2.805,52
01/08/1999
31/08/1999
24
3,43
$ 236.460,00
$ 420.827,86
$ 2.805,52
01/09/1999
30/09/1999
24
3,43
$ 236.460,00
$ 420.827,86
$ 2.805,52
01/10/1999
31/10/1999
24
3,43
$ 236.460,00
$ 420.827,86
$ 2.805,52
01/11/1999
30/11/1999
24
3,43
$ 236.460,00
$ 420.827,86
$ 2.805,52
01/12/1999
31/12/1999
23
3,29
$ 236.460,00
$ 420.827,86
$ 2.688,62
01/01/2000
31/01/2000
24
3,43
$ 260.100,00
$ 423.784,65
$ 2.825,23
01/02/2000
29/02/2000
23
3,29
$ 260.100,00
$ 423.784,65
$ 2.707,51
01/03/2000
31/03/2000
23
3,29
$ 260.100,00
$ 423.784,65
$ 2.707,51
01/04/2000
30/04/2000
23
3,29
$ 260.100,00
$ 423.784,65
$ 2.707,51
01/05/2000
31/05/2000
23
3,29
$ 260.100,00
$ 423.784,65
$ 2.707,51
01/06/2000
30/06/2000
23
3,29
$ 260.100,00
$ 423.784,65
$ 2.707,51
01/07/2000
31/07/2000
23
3,29
$ 260.100,00
$ 423.784,65
$ 2.707,51
01/08/2000
31/08/2000
23
3,29
$ 260.100,00
$ 423.784,65
$ 2.707,51
01/09/2000
30/09/2000
23
3,29
$ 260.100,00
$ 423.784,65
$ 2.707,51
01/10/2000
31/10/2000
22
3,14
$ 260.100,00
$ 423.784,65
$ 2.589,80
01/11/2000
30/11/2000
22
3,14
$ 260.100,00
$ 423.784,65
$ 2.589,80
01/12/2000
31/12/2000
22
3,14
$ 260.100,00
$ 423.784,65
$ 2.589,80
01/01/2001
31/01/2001
22
3,14
$ 286.000,00
$ 428.482,36
$ 2.618,50
01/02/2001
28/02/2001
22
3,14
$ 286.000,00
$ 428.482,36
$ 2.618,50
01/03/2001
31/03/2001
22
3,14
$ 286.000,00
$ 428.482,36
$ 2.618,50
01/04/2001
30/04/2001
19
2,71
$ 286.000,00
$ 428.482,36
$ 2.261,43
01/05/2001
31/05/2001
21
3,00
$ 286.000,00
$ 428.482,36
$ 2.499,48
01/06/2001
30/06/2001
21
3,00
$ 286.000,00
$ 428.482,36
$ 2.499,48
01/07/2001
31/07/2001
21
3,00
$ 286.000,00
$ 428.482,36
$ 2.499,48
01/08/2001
31/08/2001
21
3,00
$ 286.000,00
$ 428.482,36
$ 2.499,48
01/09/2001
30/09/2001
21
3,00
$ 286.000,00
$ 428.482,36
$ 2.499,48
01/10/2001
31/10/2001
21
3,00
$ 286.000,00
$ 428.482,36
$ 2.499,48
01/11/2001
30/11/2001
21
3,00
$ 286.000,00
$ 428.482,36
$ 2.499,48
01/12/2001
31/12/2001
21
3,00
$ 286.000,00
$ 428.482,36
$ 2.499,48
01/01/2002
31/01/2002
21
3,00
$ 309.000,00
$ 430.067,49
$ 2.508,73
01/02/2002
28/02/2002
21
3,00
$ 309.000,00
$ 430.067,49
$ 2.508,73
01/03/2002
31/03/2002
20
2,86
$ 309.000,00
$ 430.067,49
$ 2.389,26
01/04/2002
30/04/2002
20
2,86
$ 309.000,00
$ 430.067,49
$ 2.389,26
01/05/2002
31/05/2002
20
2,86
$ 309.000,00
$ 430.067,49
$ 2.389,26
01/06/2002
30/06/2002
20
2,86
$ 309.000,00
$ 430.067,49
$ 2.389,26
01/07/2002
31/07/2002
20
2,86
$ 309.000,00
$ 430.067,49
$ 2.389,26
01/08/2002
31/08/2002
20
2,86
$ 309.000,00
$ 430.067,49
$ 2.389,26
01/09/2002
30/09/2002
20
2,86
$ 309.000,00
$ 430.067,49
$ 2.389,26
01/10/2002
31/10/2002
19
2,71
$ 309.000,00
$ 430.067,49
$ 2.269,80
01/11/2002
30/11/2002
19
2,71
$ 309.000,00
$ 430.067,49
$ 2.269,80
01/12/2002
31/12/2002
19
2,71
$ 309.000,00
$ 430.067,49
$ 2.269,80
01/01/2003
31/01/2003
27
3,86
$ 332.000,00
$ 431.883,93
$ 3.239,13
01/02/2003
28/02/2003
27
3,86
$ 332.000,00
$ 431.883,93
$ 3.239,13
01/03/2003
31/03/2003
27
3,86
$ 332.000,00
$ 431.883,93
$ 3.239,13
TOTAL
3.600
514,29
$ 822.036,64
De lo anterior, se tiene que el valor de la mesada para la data en que el pensionado cumplió los 60 años de edad (13 de noviembre de 2008) ascendía a $616.527,48, como resultado de haber obtenido un ingreso base de liquidación de $822.036,64 conforme el artículo 21 de La Ley 100 de 1993 y de haber aplicado una tasa de reemplazo del 75%.
Ahora bien, el valor de la mesada pensional que le corresponde a la actora a la fecha en que su cónyuge falleció (17 de marzo de 2010), aplicados los reajustes de ley, es de, $677.091.oo. Y el valor que le pertenece por mesadas causadas desde el 17 de de marzo de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2019, asciende al valor de $106.197.430,07; el que sumado a la indexación ($21.394.997,17), arroja un total de $127.592.427,24 por concepto de retroactivo pensional, como se explica a continuación:
Total retroactivo pensional: $127.592.427,24
Frente a la condena por intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no hay lugar a concederlos, pues en casos como el presente, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se hace con base en la Ley 71 de 1988, se ha estimado que los mismos resultan improcedentes, por no tratarse de una pensión del sistema.
Se aclara que no hay lugar a la concesión de medio exceptivo alguno, toda vez que el ISS, al no subsanar el escrito de contestación de la demanda, la juez de primera instancia, con auto de 13 de diciembre de 2011 (folio 59 del cuaderno principal) la tuvo por no contestada y, por ende por no propuestos, los medios exceptivos.
Los razonamientos que anteceden resultan suficientes para revocar el fallo proferido por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, el 24 de agosto de 2012, dentro del presente asunto, para en su lugar, condenar al ISS a reconocer y pagar a la demandante la pensión de sobrevivientes, a partir del 17 de marzo de 2010, en cuantía inicial de $677.091.oo, junto con las mesadas adicionales y los reajustes previstos en la ley. Asimismo, se condenará a la demandada a pagar las mesadas causadas desde el 17 de marzo de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2019, en el valor de $106.197.430,07; el que sumado a la indexación ($21.394.997,17), arroja un total de $127.592.427,24 por concepto de retroactivo pensional. Frente a las demás pretensiones se confirma la decisión de primera instancia.
Finalmente, conforme a lo consagrado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el artículo 42 inc. 3 del Decreto 692 de 1994, la demandada debe descontar de la suma reconocida como retroactivo pensional, el valor constitutivo de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud a cargo de la demandante, a partir de la fecha del disfrute de la prestación económica, con el fin de que sea trasferido a la E.P.S. a la que se encuentre afiliada.
Sin costas en el recurso dada la prosperidad del cargo propuesto. Las costas de primera y segunda instancia estarán a cargo de la parte demandada.
VIII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA, la sentencia dictada el 19 de octubre de 2012, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por la señora MARÍA BETTY GÓMEZ HOYOS contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES.
En sede de instancia, se revoca el fallo proferido por el Juzgado Adjunto al Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, el 24 de agosto de 2012, dentro del presente asunto para, en su lugar, condenar al ISS a reconocer y pagar a la demandante la pensión de sobrevivientes, a partir del 17 de marzo de 2010, en cuantía inicial de $677.091.oo, junto con las mesadas adicionales y los reajustes previstos en la ley. Asimismo, se condenará a la demandada a pagar las mesadas causadas desde el 17 de marzo de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2019, en el valor de $106.197.430,07; el que sumado a la indexación ($21.394.997,17), arroja un total de $127.592.427,24. Frente a las demás pretensiones se confirma la decisión de primera instancia.
Conforme lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el artículo 42 inc. 3 del Decreto 692 de 1994, se autoriza a la demandada a descontar de la suma reconocida como retroactivo pensional, el valor constitutivo de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud a cargo de la demandante, a partir de la fecha del disfrute de la prestación económica, con el fin de que sea trasferido a la E.P.S. a la que se encuentre afiliada.
Sin costas en el recurso dada la prosperidad del cargo propuesto. Las costas de primera y segunda instancia estarán a cargo de la parte demandada.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN