FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL5122-2020
Radicación n.° 54476
Acta 41
Bogotá, D. C., cuatro (04) de noviembre de dos mil veinte (2020).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ambas partes, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el treinta y uno (31) de mayo de dos mil once (2011), en el proceso ordinario laboral que RAÚL MALKUN ROYERO, DORIS MARÍA PADILLA VIUDA DE TRAVECEDO, ARTURO ENRIQUE PACHECO PACHECO y EDUARDO DUARTE PÉREZ le promovieron a la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Se acepta el impedimento manifestado por el doctor Omar Ángel Mejía Amador.
ANTECEDENTES
Los accionantes demandaron a la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., con el fin de obtener, mediante el trámite de un proceso ordinario laboral, que fuera condenada a reajustar en un 15% las mesadas pensionales causadas durante los años 2000 a 2009, y las que en el futuro se llegaren a causar. Así mismo, que se reajusten las mesadas pensionales en 5.77% para el año 2000, en 6.25% para el año 2001, en 7.35% para el año 2002, en 8.001% para el año 2003, en 8.51% para el año 2004, en 9.5% para el año 2005, en 9.15% para el año 2006, en 10.52% para el año 2007, en 10.15% para el año 2008 y en 7.33% para el año 2009, conforme a lo dispuesto en la Ley 4ª de 1976 y la Convención Colectiva 1983-1985. Solicitaron igualmente, la indexación de las sumas adeudadas, los intereses moratorios y las costas del proceso.
En sustento de sus pretensiones, afirmaron que prestaron sus servicios en favor de la Electrificadora del Atlántico S.A., quien suscribió un contrato de transferencia de activos con la demandada mediante Escritura Pública 002633 del 4 de agosto de 1998. Que entre dichas entidades se celebró un convenio de sustitución patronal, en virtud de la cual Electricaribe S.A. E.S.P., asumió las obligaciones pensionales legales y convencionales de la Electrificadora del Atlántico S.A., que se hubiesen causado hasta la fecha de la sustitución, el 16 de agosto de 1998, por lo que recibió el pasivo representado en la nómina de pensionados de la que hacen parte los demandantes.
Dentro de las obligaciones laborales, la entidad convocada al proceso, recibió la Convención Colectiva de Trabajo celebrada en 1983-1985, que se suscribió con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999, que se ha «renovado» automáticamente hasta la fecha y de la que son beneficiarios los promotores de la acción; que en virtud del parágrafo 1º del artículo 2º de la Convención Colectiva de Trabajo 1983-1985, «les son aplicable todos los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976 sin consideración a que ya se encuentre derogada»; que dentro de las aludidas prerrogativas «está el reajuste anual de la pensión en un 15% contemplado en el parágrafo 3º, artículo 1º de dicha normativa, para aquellos pensionados que devenguen hasta un valor de cinco veces el salario mínimo legal más alto».
Que, desde enero del año 2000, la demandada ha reajustado las mesadas pensionales conforme al IPC, no obstante que el valor de la pensión de los demandantes se encuentra dentro del rango de los (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que consideran que la referida entidad debe reconocer la diferencia existente entre el ajuste del IPC realizado y el 15%, que conforme a lo antes descrito ha debido hacerse.
Electricaribe se opuso a todas las pretensiones incoadas en su contra. Aceptó la mayoría de los hechos, precisando que la convención colectiva de trabajo tuvo vigencia por dos años contados a partir de su celebración y que la cláusula convencional no contempló el reajuste pensional en un 15%. Como excepciones propuso las de inexistencia de las obligaciones, prescripción, pago y la genérica.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de Barranquilla- Plan Piloto de Oralidad-, mediante sentencia del 25 de octubre de 2010, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR prescritos los reajustes pensionales de los señores RAUL MALKUN y DORIS PADILLA, causados con anterioridad al 18 de diciembre de 2006.
SEGUNDO: CONDENAR a la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. a reajustar la pensión de jubilación de los señores RAUL MALKUN y DORIS PADILLA, con sujeción a lo prevenido en la Ley 4 de 1976 en cuantía del 15% para los años 2006, 2007, 2008, 2009.
TERCERO: CONDENAR a la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., a cancelar a los demandantes RAUL MALKUN ROLLERO (sic) y DORIS PADILLA VIUDA DE TRAVECEDO, las sumas antes mencionadas de conformidad a la parte motiva de la presente decisión.
CUARTO: CONDENAR en costas a la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., con respecto a los demandantes RAUL MALKUN y DORIS PADILLA, en la suma de tres (3) salarios mínimos legales vigentes.
QUINTO: ABSOLVER a la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., de todas y cada una de las pretensiones de los señores ARTURO PACHECO y EDUARDO DUARTE.
SEXTO: CONDENAR en costas al señor ARTURO PACHECO PACHECO y EDUARDO DUARTE, en la suma de tres (3) salarios mínimos legales vigentes.
SÉPTIMO: NO ACCEDER a la solicitud del pago de intereses por mora por lo expuesto en la parte considerativa en esta sentencia.
Ante la solicitud del apoderado de la parte demandante, de aclarar la sentencia, el juez señaló, que tal petición era procedente, por lo que dispuso:
[…] en lo referente a la indexación de las cifras debidas el despacho adiciona que los dineros adeudados a los demandantes Doris María Padilla Viuda de Travecedo y al señor Raúl Malkun Rollero(sic), que por concepto del presente fallo se le deban, los mismos la empresa […], deberá pagarlos debidamente indexados tal como se expuso en la parte motiva de la presente diligencia.
También como lo plantea el apoderado de la parte demandante se aclara que la presente decisión tiene su fundamento en la cláusula 8ª de la Convención Colectiva celebrada por la Electrificadora del Magdalena S.A. […]
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolver el recurso de apelación propuesto por ambas partes, la Sala Segunda de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en fallo del treinta y uno (31) de mayo de dos mil once (2011), confirmó la sentencia impugnada y no impuso costas en la alzada.
Para arribar a la aludida decisión, en cuanto a la impugnación propuesta por la entidad demandada, recordó que no era objeto de controversia, que los promotores del litigio «fueron trabajadores, pensionados de la demandada; en desarrollo de la sustitución por parte de Electricaribe S.A». Estableció que debía resolver si los pensionados Raúl Malkun Royero y Doris María Padilla Vda. de Travecedo, tenían derecho al reajuste deprecado.
Para tal fin, copió el parágrafo 3ºdel «artículo 106 de la Compilación de Convenios Vigentes del año 1988-1989 (fls.427-504)», para luego aducir, que si bien la Ley 4ª de 1976, había sido modificada por las leyes 71 de 1988 y 100 de 1993, «la aplicación de esta dev[enía] de la convención colectiva de trabajo suscrita […], constituyéndose esta, como fuente del derecho pretendido [en la] demanda, sin consideración a su vigencia», por lo que concluyó, que los referidos demandantes tenían derecho al reajuste deprecado, tesis que soportó en providencia CSJ SL 19 sep.2006, sin número de radicación, precisando que conforme a las pruebas allegadas al proceso, ninguna de las pensiones de dichos accionantes sobrepasaba los 5 SMLMV.
Explicó que era procedente el pago del reajuste debidamente indexado, con el fin de garantizar que la suma a cancelar no sufriera el fenómeno de la devaluación monetaria, para lo que citó un fragmento de la providencia CSJ SL, 20 may, 1992, igualmente sin número de radicación.
Frente al recurso de apelación propuesto por los demandantes Arturo Pacheco Pacheco y Eduardo Duarte Pérez, recordó que al expediente se allegaron las actas de conciliación suscritas por estos (fls.274 a 277-284-287), respecto de las cuales indicó que «los derechos conciliados, y que ahora se pretenden, no eran ciertos e indiscutibles ya que la misma verso sobre el reajuste pensional anticipado, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. En consecuencia, existe identidad de causa, de objeto y de partes intervinientes; dándose los presupuestos del artículo 332 del CPC, es decir, la Cosa Juzgada».
En ese sentido, explicó en qué consistía la referida figura procesal; recordó que uno de los efectos que la conciliación comporta es la configuración de aquella, citó un fragmento de una sentencia de esta Sala de la Corte, que identificó únicamente con la fecha 23 de agosto de 1983 y expresó:
Si la conciliación está revestida del carácter de cosa juzgada, tal como lo estipulan los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, la decisión no es otra que declarar probada le excepción de cosa juzgada, acertando el a quo en la decisión tomada.
Si bien es cierto, la convención colectiva de trabajo, aun cuando es considerada fuente de derechos para quienes se benefician de ella, no es óbice para que los pensionados demandantes acudieran por vía de conciliación a solventar el sistema bajo el cual reajustarían la pensión. No encuentra esta Colegiatura que con ello se quebrante derechos a los ex trabajadores, quienes libremente se acogieron a los beneficios establecidos en las conciliaciones suscritas con la empresa, cuya vigencia se hizo extensiva hasta el año 2010.
Las dos partes interpusieron recurso extraordinario de casación. Se inicia por la decisión del que interpuso la parte demandada como quiera que pretende enervar el derecho otorgado.
RECURSO DE CASACIÓN (PARTE DEMANDADA)
Interpuesto por la Electrificadora del Caribe S.A., E.S.P., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, únicamente en lo que a las condenas impuestas en favor de los demandantes Rául Malkun Rollero y Doris María Padilla Viuda de Travecedo.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Solicita la recurrente, se case parcialmente la sentencia atacada, en cuanto confirmó los «elementos decisorios 1º, 2º, 3º, y 4º del fallo inicial», y que, en sede de instancia, «revoque los numerales 1º, 2º, 3º y 4º de la sentencia proferida por el a quo para que, en su lugar, disponga la absolución a mi mandante de las pretensiones allí primeramente reconocidas a los señores Malkun Royero y Padilla Viuda de Travecedo […]».
Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que no fue objeto de réplica y que procede la Sala a resolver a continuación.
CARGO ÚNICO
Endilga al proveído acusado, ser violatorio de la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea «[d]el parágrafo 3º del artículo primero de la Ley 4ª de 1976, incisos primero y cuarto, parágrafos 1º y 2º del mismo artículo y ley, en relación con los artículos 21 y 467 del CST; también directamente, modalidad de infracción directa, los artículos primero y tercero del Decreto 732 de 1976 y primero del Decreto 0958 de 1984; aplicación indebida finalmente, asimismo en la llamada vía directa, el artículo 14º de la Ley 100 de 1993.
Expresa, que no discute ninguna de las premisas fácticas a las que arribó el tribunal, entre las que menciona la aplicación de la Ley 4ª de 1976 sin consideración a su vigencia y ser beneficiarios los demandantes de la convención colectiva de trabajo; así como de los derechos previstos en la cláusula convencional origen de la controversia. Añade «que no amerita reproche ni la escogencia por el qd quem, ni el contenido y sentido que le endilga, a la estipulación extralegal en la que soporta el Tribunal el fallo – “parágrafo 3º, del artículo 106 de la Compilación de Convenios Vigentes del año 1988-1989”, supuestamente obrante a “Fls. 427-504” (ver folio 380), en cuanto dicha estipulación hace perdurar “la Ley 4ª de 1976 […] sin consideración a su vigencia” (folio 380», ni que la mencionada cláusula se le aplicaba a Malkún Royero y a Doris Padilla viuda de Travecedo.
La disconformidad radica en que según el censor el juzgador «no advirtió, o ninguna opinión seria le mereció, que dicho parágrafo 3º establece que la limitante o tope concierne exclusivamente al “reajuste de que trata este artículo” exclusivamente».
Agrega que si se revisan detalladamente los 4 primeros incisos y el parágrafo del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976 se determinan varias peculiaridades del reajuste, entre ellas, la que resulta de ser «mixto, constituido por a) una suma fija, y, b) por la resultante de la aplicación de un porcentaje, según los precisos lineamientos en ellos vertidos, esto es, el despliegue de unas relativamente complejas operaciones aritméticas construidas a partir de las eventuales variaciones del salario como mínimo mensual entre uno y otro año calendario (incisos 1º a 4º).» y que es al aumento de esa naturaleza a la que se refiere la Ley 4ª «no es predicable del conjunto universal constituido por todas las posibles pensiones otorgables en ese entonces en el país: se excluyó por el propio legislador de tales reajustes unas prestaciones periódicas asimiladas por este expresamente como a pensiones, las derivadas de una “incapacidad permanente parcial” (inciso 1º)».
Acota que además el incremento aludido, según lo prevé el parágrafo 2º, solo es viable para quienes gozaran del estatus de pensionados con un año o más de anterioridad, detalle que no observó el juez colectivo, que de haberlo hecho habría dado lugar a la absolución de la entidad.
CONSIDERACIONES
Dada la senda escogida para el ataque, no es objeto de controversia que: i) los demandantes Raúl Malkun Royero y Doris María Padilla Viuda de Travecedo, son beneficiarios de la convención colectiva de trabajo 1983-1985; ii) la cláusula 106 de la Compilación de Convenios Vigentes del año 1988-1989, produce efectos a pesar de la derogatoria sufrida por la Ley 4ª de 1976; iii) dentro de los derechos previstos por la aludida norma extralegal, se encuentra el relativo al reajuste de la mesada pensional; y iv) para los años en los que se reclama el incremento pensional, la pensión de los demandantes no excedía de cinco salarios mínimos legales.
La censura en este cargo descontextualiza por completo el derecho alegado por los demandantes, en tanto lo sustrae de la convención colectiva que lo reconoce y le da otro origen; en otras palabras, olvida el recurrente que el incremento pensional se pactó en el acuerdo al que llegaron las partes para desatar una confrontación colectiva, y que luego se reiteró en la compilación de tales contratos.
La disquisición planteada sobre si era preciso contar con un año de pensionado para lograr el incremento pensional, o si se refería a un derecho «mixto», que según el recurrente se involucran en el texto íntegro del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, obliga necesariamente a revisar el escrito de la Convención para establecer si realmente las partes quisieron que en relación con dichos temas también se aplicara la referida norma legal, proceder imposible de verificar cuando lo que se formula son glosas jurídicas.
En todo caso, la Sala al resolver un cargo propuesto en idéntica forma al que ahora es objeto de estudio, en la providencia SL3788-2019, señaló:
Por lo demás, tampoco tiene cabida la infracción directa de los artículos 1° y 3° del Decreto 732 de 1976 y 1° del Decreto 958 de 1984, el primero, reglamentario de la Ley 4ª de 1976 y el segundo, adicional del artículo 1° del Decreto 732 de 1976, en tanto estas disposiciones solo contienen las directrices para el cálculo del porcentaje de reajustes pensionales, pero, como lo ha explicado esta Corporación en casos seguidos contra la misma demandada y bajo supuestos de similares contornos, no quiere decir que ello conduzca a apartarse de «lo consagrado en el parágrafo 3º del citado artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, pues, adicionalmente, así fue estipulado convencionalmente» (CSJ SL5675-2018).
En cualquier caso, un estudio sobre el fondo de la acusación, tampoco conllevaría un mejor o más promisorio escenario para la empresa recurrente, pues como se memoró en la sentencia que acaba de mencionarse:
[…] es posición reiterada de esta Sala que ese texto convencional estableció el reconocimiento de todos los beneficios previstos por la Ley 4ª de 1976, incluyendo lo dicho en su artículo 1º, sobre los reajustes pensionales anuales en al menos el 15% para las pensiones equivalentes hasta cinco (5) veces el salario mínimo legal mensual más alto, sin miramiento especial alguno que condicione su aplicación en sentido distinto.
Aunado a lo anterior, resulta relevante señalar que los argumentos esbozados en el cargo ya han sido estudiados por la Corporación en sendas oportunidades, como es el caso de la sentencia CSJ SL3933-2018, en la cual, luego de repasar el texto del artículo 1 de la Ley 4 de 1976, se explicó lo siguiente:
Al confrontar lo anterior con la sentencia atacada en sede extraordinaria, no es posible detectar el yerro jurídico que se le endilga al ad quem. Por el contrario, se advierte que es la recurrente quien parte de una premisa equivocada, pues el juzgador nunca estimó que el incremento a que refiere la Ley 4.ª de 1976 corresponde a un porcentaje fijo del 15% en todos los casos, como erróneamente lo hace ver. En efecto, el Tribunal tras constatar la aplicabilidad del precepto al sub judice, procedió a verificar «los incrementos porcentuales que le han efectuado al actor durante esos años tomando el Índice de Precios al Consumidor», para concluir que estos «resultan inferiores al 15% que establece la ley (sic) 4ª de 1976».
Y ello es así porque, independientemente de las diferentes variables y esquemas previstos en el artículo 1.º ibidem, para el reajuste de las pensiones, lo cierto es que, si al aplicar las reglas de todos los incisos resulta un incremento inferior al 15%, este deberá equipararse a dicha cifra. Por consiguiente, no resultó errado el raciocinio del juez de segundo nivel en ese preciso tópico, pues no es cierto, como lo pone de presente la censura, que el tope que fijó el parágrafo tercero tenga aplicabilidad únicamente frente a los supuestos del inciso segundo y tercero del mismo precepto. Así lo entendió esta Corporación en sentencia CSL SL, 17 mar. 2009, rad. 31350:
El parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, disponía que, en ningún caso, el reajuste pensional de que trataba ese artículo, sería inferior al 15% de la respectiva mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de cinco veces el salario mensual mínimo legal más alto.
Es admisible entender, como lo hizo la sentenciadora inicial, y, tácitamente, lo avaló el Tribunal, que lo dispuesto en esa norma constituye una prerrogativa o derecho del pensionado cuya prestación se encuentre dentro del tope pensional allí previsto para que, si una vez aplicados a su pensión los mecanismos de reajuste legal pensional vigentes con posterioridad a la Ley 4ª de 1976, ella resulte con un aumento inferior al 15%, se deba llevar hasta ese porcentaje […].
Las reflexiones transcritas son útiles y suficientes para concluir que, contrario a lo afirmado por la empresa recurrente, los beneficios previstos en el artículo 1 de la Ley 4 de 1976 no solo tienen aplicabilidad frente a los supuestos de los cuatro primeros incisos de dicha disposición, pues queda claro que el incremento del 15% responde a una prerrogativa para aquellos pensionados cuya prestación se encuentre dentro del mencionado tope, por manera que si luego de la aplicación de los mecanismos de reajuste vigentes con posterioridad a tal Ley, el resultado es inferior al porcentaje antedicho, se debe proceder a su ajuste en los términos del precepto bajo estudio.
Así las cosas, al no encontrar la Sala razones para cambiar el criterio jurisprudencial que hasta ahora se ha mantenido vigente, el cargo no prospera.
En consecuencia, la sentencia que llega al recurso extraordinario adosada de la presunción de legalidad y acierto, permanece incólume.
El cargo se desestima.
RECURSO DE CASACIÓN
(PARTE DEMANDANTE)
Interpuesto por Arturo Enrique Pacheco Pacheco y Eduardo Duarte Pérez, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretenden los recurrentes que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada en cuanto «[confirmó] el fallo de Juzgado, absolvió de las pretensiones impetradas por ARTURO PACHECO PACHECO y EDUARDO DUARTE PÉREZ» y, en sede de instancia «[…] REVOQUE PARCIALMENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, SOLO EN CUANTO absolvió a la demandada de las pretensiones impetradas por los mencionados demandantes y en su lugar condene como fue pedido en la demanda inicial».
Con tal propósito formulan un solo cargo, que no fue objeto de réplica, el que procede la Corte a resolver a continuación.
CARGO ÚNICO
Refieren que la providencia atacada es violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de «los artículos 1, 14, 15, 19, 21, 43, 467, 468, 469 Y 476 Del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 13, 29 y 53 de la Constitución Policía; 1500, 1502, 1510, 1511, 1512, 1513, 1517 del Código Civil; 64 de la ley 446 de 1998; 20 del Decreto Reglamentario 2511 de 1998; 8 y 19 de la Ley 640 de 2001; 177, 187 y 332 del código de Procedimiento Civil; 20, 50, 51, 60, 61, 78 y 145 del Código Procesal del Trabajo».
Aducen que la transgresión de la normatividad señalada, fue consecuencia de los siguientes errores de hecho:
1.- No haber dado por demostrado que las conciliaciones carecen de invalidez (sic), por contener datos inexactos.
2.- Dar por demostrado, sin estarlo, que del contenido del acta de conciliación se puede observar que los derechos conciliados, y que ahora se pretende, no eran ciertos e indiscutibles ya que la mismas versó sobre el reajuste pensional anticipado, con vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2010.
3.- No dar por demostrado, estándolo, que las actas de conciliación suscritas por las partes no cobijaron los reajustes pensionales que judicialmente se reclaman, por lo que carece de virtualidad jurídica para generar el efecto de cosa juzgada.
Indican, que los referidos errores de hecho fueron consecuencia de la equivocada apreciación de las actas de conciliación (fls.274-277 y 284-287) y de la compilación de los convenios colectivos vigentes del año 1988-1989 (fls.110-163); así como de la falta de valoración de la contestación de la demanda (fls.78-96) y del acta de acuerdo de pensionados del 23 de junio de 2006 (fls.251 a 254).
Para desarrollar la acusación en relación con el demandante Arturo Pacheco Pacheco, señala que el tribunal no observó que la conciliación «aparece suscrita el 14 de febrero de 2006 (fl.85 y 274)», por lo que no era dable determinar que el accionante acordó bajo los términos previstos en dicho acto jurídico relativos a que «Esta conciliación es de aplicación al pensionado que voluntariamente se incorpora al Acuerdo de junio 23 de 2006, suscrito por ASOPELCARIBE, de la cual es afiliado para acceder a sus beneficios […] (fl.274)», por lo que considera imposible que «PACHECO PACHECO, se acogiera a un Acuerdo que en esa fecha no se había firmado», de lo cual infiere que existió «un engaño, del que fue víctima el pensionado».
Agrega que en el referido acto jurídico también se señaló que «solo tendría la conciliación el valor de Acuerdo, al acogerse lo dispuesto en “las asambleas generales de las asociaciones de los meses de marzo a junio de 2006, y fue sometido a la consideración de las asambleas generales de las asociaciones a fin de ser refrendado para su validez, y fue suscrito el día 23 de junio de 2006 y mediante este acto acogido en forma integral por el extrabajador conciliante” (fl.277)», por lo que insiste que en atención a la fecha de suscripción de la conciliación, no era posible que el demandante se acogiera a situaciones no configuradas.
Frente a Eduardo Duarte Pérez, reseña que la conciliación suscrita por Arturo Pacheco Pacheco, correspondía al acta No. 547, por lo que la celebrada por Duarte Pérez, no podía corresponder a la No.442 (fl.284), ya que su suscripción se realizó en el mes de agosto de 2006, situación de la que indican se infiere, que el señor Duarte Pérez, también fue engañado.
Respecto de ambos recurrentes, manifiestan que en las actas de conciliación por ellos suscritas se señaló: «Esta conciliación es de aplicación al pensionado que voluntariamente se incorpora al acuerdo de junio 23 de 2006 (fls274 y 284)», por lo que consideran que dichos actos jurídicos quedaron condicionados a lo previsto en el «Acuerdo», aspecto que indican no fue observado por el tribunal y que de haberlo hecho «habría concluido distinto, o advertido que nunca hubo conciliación sobre derechos ciertos como lo son los reajustes que se reclaman».
Esgrimen que, en el Acuerdo del 23 de junio de 2006, las partes convinieron unos beneficios en «en el acápite “Ámbito funcional” (fl.251), pero “sin que el mismo afecte ninguno de los derechos contenidos en […] los regímenes convencionales vigentes y que el acto legislativo No 01 de 2005 no los afecto”», por lo que a su juicio debe entenderse que «los reajustes que en el proceso se pide, con fundamento en la convención colectiva, jamás se afectaron […]».
Afirman que el tribunal además se equivocó al señalar que fue objeto de conciliación los que se solicita en el proceso, en la medida que en las actas donde se plasmó el acuerdo no se indicó que del mismo hacían parte «el reajuste del 15% sobre las mesadas pensionales de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, y los que en el futuro llegaran a causarse como se solicitó en la demanda inicial».
Aseveran que además el sistema de reajuste que se pactó en las actas de conciliación, estaba dirigido al incremento del IPC y no al convencional, y que lo pactado en nada benefició a cada uno de los pensionados individualmente considerados; arguyen que si el juez plural, hubiera apreciado correctamente las actas de conciliación y el Acuerdo del 23 de junio de 2006, hubiera determinado que no existió identidad de objeto, causa y consecuencia y que por tanto no se configuró el fenómeno de cosa juzgada respecto de lo pretendido en el presente proceso.
CONSIDERACIONES
El tema a dilucidar en este cargo consiste en determinar si las conciliaciones celebradas por Eduardo Duarte Pérez y Arturo Pacheco Pacheco con la demandada, pueden tener efectos de cosa juzgada frente al incremento pensional reclamado en la demanda, dado que el Tribunal consideró que el aludido derecho no era cierto e indiscutible y que, al existir identidad jurídica de causa y partes, se configuran los elementos que consagra el artículo 332 del CPC, sin tener en cuenta las imprecisiones formales contenidas en los documentos que las contienen.
Antes de analizar los cuestionamientos fácticos concretos señalados por el recurrente con respecto al contenido de las actas de conciliación, se hace necesario referirse en primer lugar a la validez sustancial del acuerdo conciliatorio contenido en las actas respectivas con miras a establecer si el sentenciador transgredió las normas denunciadas al considerar que los derechos acá reclamadas eran susceptibles de conciliación.
De entrada, se advierte que no le asiste razón al juez colegiado cuando afirma que los incrementos pensionales de la Ley 4ª de 1976 previstos en las convenciones colectivas de las que se beneficiaban los actores, no constituyen derechos adquiridos ni tampoco ciertos ni indiscutibles, por la simple razón de que aquellos versan sobre el reajuste pensional anticipado con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010.
La certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extra legal; de manera que como los aumentos aquí otorgados se habían consolidado, resultaban necesariamente ciertos. Ahora, la cualificación de «adquiridos» implica la acción de consecución, obtención y sobre ello no podía haber duda, pues no se discute que en las convenciones colectivas se habían pactado el derecho implorado y aún más, se había concedido.
Igualmente, resulta desatinada la decisión judicial al afirmar que los mencionados incrementos no constituían derechos mínimos y, por tanto, podían ser renunciables, pues en estricto rigor, esa calidad no la tienen solamente aquellos cuya fuente sea la ley; de otra parte estos beneficios representan una clara posibilidad para los pensionados o futuros pensionados de incrementar su patrimonio personal, máxime como en el caso de autos, cuando aquellos ya habían sido aplicados según las previsiones convencionales.
De tal manera que cuando se desconoció por las partes la calidad de derecho cierto y se concilió el incremento pensional, se transgredieron las prerrogativas legales que protegen los derechos laborales que tienen carácter de irrenunciables; en ese horizonte, el sentenciador se equivocó cuando dio plena validez al acuerdo extra legal que pretendía modificar la fuente predeterminada de aumento de las mesadas.
Sobre el particular tema la Sala en sentencia CSJ SL4468-2019, indicó:
Por último, vale subrayar que los incrementos aludidos constituyen verdaderos derechos adquiridos para quienes causaron sus pensiones al amparo de la convención colectiva y con anterioridad a la fecha límite de su vigencia, establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005. De esta forma, comoquiera que el derecho pensional nació a la vida jurídica el 30 de marzo de 2009, asimismo surgió el derecho accesorio a su incremento anual. Al respecto, resultan pertinentes las reflexiones contenidas en las sentencias CSJ SL15495-2017 y CSJ SL 19672, 11 feb. 2003:
[…] como ya lo ha asentado la Corte en múltiples oportunidades en que se ha debatido la aplicación de una estipulación conciliatoria a espaldas de un derecho convencional in meius del cual se beneficia al trabajador, razón asiste al juzgador cuando desatiende estipulaciones plasmadas en tal clase de actos, por pretenderse con ellas la pérdida de vigencia de reajustes pensionales pactados convencionalmente, en este caso los enmarcados en la Ley 4ª de 1976, con la pretensión de optarse por los que en adelante, es decir, a partir de la data de la misma, establecen normas que regularmente se expiden cada año para aumentar la pensión de vejez.
Y ello es así por la simple razón de que el derecho al reajuste pensional de que se trata, desde cuando fue estipulado convencionalmente, y para el particular trabajador cuando adquiere la calidad de pensionado o jubilado por la empresa, en este caso por la Electrificadora del Caribe, S.A., E.S.P., se causó, por tanto, empezó a tener una incidencia en el valor o monto del particular derecho pensional.
De no verse así, los artículos 14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo, relativos a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y a la imposibilidad de transigirse cuando éstos tienen el carácter de ciertos e indiscutibles resultan lesionados, por ser indiscutible que la teoría de la irrenunciabilidad de los derechos laborales no solo cabe predicarla respecto de prerrogativas legales, sino que también es posible extenderla, bajo ciertas circunstancias, a derechos y beneficios convencionales. Además, porque cuando un derecho convencional no tiene límite distinto al del tope de su disfrute cuando alcance el monto de 5 salarios mínimos legales vigentes, como aquí ocurre y no se discute, su pérdida de vigencia ante otra fórmula menormente provechosa apareja la pérdida de un derecho cierto e indiscutible.
Así lo ha entendido la Corte en diferentes oportunidades, bastando para memorar una de ellas, lo consignado en sentencia de 11 de febrero de 2003 (Radicación 19672), a ese respecto:
“La regla general es la irrenunciabilidad de los derechos y prerrogativas que conceden las leyes laborales, y por eso la salvedad para esa regla exige excepción expresa de la misma ley, según el artículo 14 del CST. Otras normas reafirman esa regla; así, en materia de salarios, el artículo 149, y en cuanto a prestaciones, el 340, ambos del mismo Código citado.
“Aunque pudiera decirse que la dicha regla general está referida a la irrenunciabilidad de los derechos cuya fuente es la ley, abriendo la muy discutible posibilidad de la renuncia a los derechos laborales originados en otra fuente, una tal apreciación pierde firmeza ante el artículo 15 del CST, porque un derecho causado, uno que está ya en el patrimonio del trabajador, no admite negociación alguna, y porque la dicha norma solo permite la renuncia, a través de la transacción, cuando de derechos inciertos y discutibles se trata; como también lo dice la norma sobre conciliación.
Dado que la conclusión de la Sala es que en este caso no opera la institución jurídica de la cosa juzgada porque los reajustes solicitados en la demanda no eran susceptibles de conciliación dada su naturaleza irrenunciable lo que deja sin efecto lo allí estipulado en lo que hace relación a la mencionada reclamación, por sustracción de materia se hace innecesario pronunciarse sobre los restantes errores de hecho endilgados a la sentencia relacionados con el engaño del que dicen fueron objeto y la imprecisión de la información allí contenida que, en consideración del recurrente, afecta su validez.
Así las cosas, el cargo prospera.
Sin costas para ninguna de las partes, por cuanto no hubo réplica de la demanda de casación presentada por la accionada y toda vez que salió avante el recurso extraordinario de los promotores del proceso.
Para mejor proveer y dado que en el expediente únicamente obra certificación de mesadas pensionales y ajustes pagados a Arturo Pacheco Pacheco y Eduardo Duarte Pérez hasta el año 2010 (f.° 273 y 283 respectivamente), se hace necesario oficiar a la demandada para que allegue certificación actualizada a la fecha sobre las mesadas pensionales pagadas a los mencionados y los incrementos aplicados año a año, para lo cual se concede un término de quince (15) días.
Una vez recibida la información, póngase en conocimiento de los recurrentes en casación por tres (3) días y regrese el expediente al despacho para lo pertinente.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el treinta y uno (31) de mayo de dos mil once (2011), por Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por RAÚL MALKUN ROYERO, DORIS MARÍA PADILLA VIUDA DE TRAVECEDO, ARTURO ENRIQUE PACHECO PACHECO y EDUARDO DUARTE PÉREZ le promovieron a la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. únicamente en cuanto declaró probada la excepción de cosa juzgada con respecto a los demandantes ARTURO ENRIQUE PACHECO PACHECO y EDUARDO DUARTE PÉREZ, para en su lugar declarar impróspero el medio exceptivo mencionado. NO CASA en lo demás.
Para mejor proveer y dado que en el expediente únicamente obra certificación de mesadas pensionales y ajustes pagados a Arturo Pacheco Pacheco y Eduardo Duarte Pérez hasta el año 2010 (f.° 273 y 283 respectivamente), se hace necesario oficiar a la demandada para que allegue certificación actualizada a la fecha sobre las mesadas pensionales pagadas a los mencionados actores y los incrementos aplicados año a año, para lo cual se concede un término de quince (15) días.
Una vez recibida la información, póngase en conocimiento de los recurrentes en casación por tres (3) días y regrese el expediente al despacho para lo pertinente.
Sin costas.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN