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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5126-2020

Fecha
25 de noviembre de 2020
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL5126-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 12 de julio de 2013, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el proceso promovido por RAFAEL JOSÉ DEL ROSARIO DELGADO GONZÁLEZ contra SIEMENS S.A. Costas conforme lo indicado en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5126-2020

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

25 de noviembre de 2020

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL5126-2020

Radicación n.° 64856

Acta 44

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020)

Decide la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto por RAFAEL JOSÉ DEL ROSARIO DELGADO GONZÁLEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 12 de julio de 2013, en el proceso que el recurrente instauró contra SIEMENS S.A.

ANTECEDENTES

Rafael José del Rosario Delgado González promovió demanda laboral con el objeto de que se declarara que prestó sus servicios a la sociedad demandada en virtud de un contrato de trabajo a término fijo, entre el 9 de diciembre de 2005 y el 8 de diciembre de 2011; que no fue afiliado al Sistema Integral de Seguridad Social en pensiones y, como consecuencia, se le condenara a pagar «al fondo de pensiones Skandia S.A.» el valor al que ascienden la totalidad de los aportes pensionales dejados de cotizar, junto con los rendimientos financieros y los intereses moratorios, según el cálculo actuarial que realice la citada entidad administradora, «es decir sobre el 16% del ingreso base de liquidación para cada uno de los meses de la relación laboral»; así mismo, que se estableciera el monto del IBC teniendo en cuenta el valor mensual del salario integral por él devengado, más lo percibido por concepto de «bono alimentación», «bono de gasolina», incentivos, «bonificación especial desempeño», «estímulo antigüedad» y premio especial; lo que resulte probado extra o ultra petita y las costas procesales.

Como fundamento de las pretensiones informó que suscribió con la sociedad demandada un contrato de trabajo a término fijo de un año, el cual inició el 9 de diciembre de 2005 y se prorrogó por 5 períodos consecutivos hasta el 8 de diciembre de 2011, fecha en la que la accionada decidió no prorrogarlo más. Precisó que es ciudadano venezolano legalmente residenciado en Colombia, que suscribió y ejecutó el contrato en territorio colombiano, sin que Siemens S.A. lo hubiera afiliado al régimen general de pensiones, como era su deber legal y, por lo tanto, tampoco efectuó las cotizaciones correspondientes.

Señaló que en vigencia de la relación laboral la demandada le pagó unos beneficios que denominó: «bono alimentación, bono gasolina, incentivos, bonificación especial desempeño, estímulo antigüedad y premio especial», que se cancelaron como contraprestación directa del servicio.

Al dar respuesta a la demanda, Siemens S.A. se opuso a las pretensiones; aceptó la existencia del vínculo contractual con el demandante, sus extremos, su nacionalidad, la suscripción y ejecución del contrato de trabajo en Colombia, el pago del bono alimentación, bono gasolina, incentivo, estímulo antigüedad y premio especial y, la no afiliación a una administradora de fondos de pensiones; de los restantes indicó, que no eran ciertos, no le constaban o que no eran tales. En su favor propuso las excepciones de prescripción, compensación, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y buena fe (folios 215-230 cuaderno principal).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., el 12 de junio de 2013 (CD a folio 256 del cuaderno de instancias), se absolvió íntegramente a la demandada; declaró probada la excepción de inexistencia de las obligaciones demandadas y señaló que en caso de que no fuera apelada procedería el grado jurisdiccional de consulta. Costas al promotor del litigio.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver la impugnación de la parte actora, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió fallo el 12 de julio de 2013, con el que confirmó la decisión de primera instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el sentenciador estableció como problema jurídico a resolver, el determinar si el actor, en calidad de extranjero, era un afiliado obligatorio al régimen de seguridad social en pensiones y, como consecuencia de ello, si tenía derecho al pago de los aportes a seguridad social por el periodo en que laboró, los cuales deberían liquidarse con el ingreso base de cotización que incluyera todos los factores salariales.

Tuvo por establecido el Colegiado de Instancia que el demandante es de nacionalidad venezolana y que obra expresión de su parte, libre de vicios, en la que para los efectos indicados en el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, manifestó encontrarse cubierto por el régimen de pensiones por cuenta del Seguro Social Venezolano, razón por la que solicitó que no se le afiliara al ISS o a cualquier otra Administradora de Fondos de Pensiones, manifestación de voluntad que encontró acorde a la normatividad legal vigente.

Textualmente señaló:

No se puede olvidar que la Ley 797 de 2003 que rige el asunto en cuestión es posterior al Decreto 692 de 1994 que reglamenta el artículo 15 original de la Ley 100 de 1993. En ambas legislaciones se establece como afiliado voluntario al extranjero que se halle vinculado al régimen de seguridad en su país de origen, por lo que no encuentra esta Sala que dicho Decreto se aplique a la situación descrita por el demandante, porque el contrato se escribió (sic) el 23 de noviembre 2005 por el término de un año cuyo término de ejecución inició el 9 de diciembre de 2005.

En conclusión, al haber manifestado el trabajador extranjero al empleador que se encontraba vinculado al Seguro Social Venezolano se dio cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 797 de 2003 que señala: “Serán afiliados al sistema general de pensiones:

2.- En forma voluntaria todas las personas naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados en el exterior que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren expresamente excluidos por la presente ley.

Los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro”.

Para que el demandante fuera considerado como un afiliado voluntario al régimen de seguridad social en pensiones colombiano y no le asistiera obligación a la empresa de afiliarlo, debía contar con una inscripción en el país de origen o de cualquier otro, al régimen de seguridad social; aunado a lo anterior se tiene en cuenta la manifestación expresa del demandante de no afiliarse a ningún fondo de pensiones, aclarando que su manifestación no se considera como una renuncia al derecho de afiliación en seguridad social en pensión, porque eso sólo podría predicarse de los afiliados obligatorios. En el presente caso su afiliación, según su dicho, se encuentra vigente en el régimen de seguridad social en pensiones de su país de origen con los efectos que dicha afiliación conlleva; también la Sala encontró acreditado que desde el año 2009 hasta el año 2011 al trabajador se le pagó un ahorro voluntario en pensiones lo cual es derivado de la condición de afiliado voluntario que el mismo aceptó desde el inicio de la relación.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal, y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia proferida por el Tribunal y, en sede de instancia, revoque la emitida el 12 de junio de 2013 por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, D.C.:

[…] para en su lugar conceder las pretensiones de la demanda, declarando que la empresa demandada SIEMENS S.A., no cumplió con su obligación legal de afiliar al demandante al Sistema General de Pensiones de nuestro país, toda vez que su afiliación era obligatoria, en este orden de ideas, se condene a SIEMENS S.A., a pagar al fondo de pensiones escogido por el demandante el valor a que ascienden los aportes pensionales, junto con sus rendimientos financieros y sus intereses moratorios, según el cálculo actuarial que realice el mencionado fondo, por los aportes dejados de cotizar durante toda la relación laboral. Por último, para establecer el ingreso base de cotización se tenga en cuenta el valor mensual del salario integral del actor.

Con tal propósito formula cinco cargos, que fueron replicados, los cuales, a pesar de que se orientan por diferentes vías, por acusar similar elenco normativo y pretender la misma finalidad, se estudiarán de manera conjunta.

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia impugnada por la causal primera de casación, por ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de infracción directa «por inaplicación al caso» del literal a) numeral 1o del artículo 9 del Decreto 692 de 1994, lo que condujo a la violación directa de los artículos 48 y 53 de la CN; 2, 3 y, 21 del CST; Ley 146 de 1994 y, artículos 2, 3, 11, 15 y 17 de la Ley 100 de 1993.

Luego de transcribir la primera norma acusada, afirma que no es objeto de discusión: i) la condición de extranjero del demandante, y ii) que el contrato de trabajo suscrito entre las partes se encuentra regido por las normas colombianas, y que el decreto anotado es el llamado a regir el caso bajo estudio, pues tiene plena vigencia en la actualidad, «ya que no ha sido excluido del ordenamiento jurídico, ni derogado expresamente por norma posterior».

Recaba en que la disposición referida es la que debe aplicarse y que ella establece que los extranjeros residentes en Colombia, vinculados mediante contrato de trabajo regido por las normas colombianas, como es el caso del demandante, son afiliados obligatorios al Sistema Integral de Seguridad Social en Pensiones, «sin importar si tenían o no afiliación en pensión en su país de origen», ya que el precepto no consagra esa condición.

Para dar desarrollo al cargo argumenta que:

El Artículo 15 de la Ley 100 de 1993 modificado por el Artículo 3 de la Ley 797 de 2003, parte de la obligatoriedad de la afiliación para todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo. Entre tanto, el Artículo 9 del Decreto 692 de 1994, amplia (sic) y aclara la obligatoriedad de la afiliación para todas aquellas personas, nacionales o extranjeras, residentes en Colombia y vinculadas mediante contrato de trabajo que se rija por las normas colombianas.

CARGO SEGUNDO

Acusa la sentencia impugnada por la causal primera de casación, por ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de infracción directa «por inaplicación al caso» del numeral 1 del artículo 27 de la Ley 146 de 1994, «lo cual resultó en la violación directa» de los artículos 48 y 53 de la CN; 2, 3 y, 21 del CST y, 2, 3, 11, 13, 15 y 17 de la Ley 100 de 1993.

En la demostración del cargo el recurrente transcribe el artículo 3 de la Ley 797 de 2003 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993, al que se remitió el Tribunal para definir la controversia, cuya aplicación, señala, desconoce la aplicación del numeral 1o del Artículo 27 de la Ley 146 de 1994, por medio del cual se aprueba la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, disposición integrante del Bloque de Constitucionalidad en sentido estricto y que permite concluir que los trabajadores migratorios, como es el caso del actor, deben acceder en igualdad de condiciones respecto de los trabajadores nacionales en los asuntos relacionados con la seguridad social, «disposición que el Tribunal ha debido aplicar por encima del Artículo 3 de la Ley 797 de 2003, que modificó el Artículo 15 de la Ley 100 de 1993, por ser una norma superior y porque adicionalmente permite definir el caso concreto en aplicación del principio de favorabilidad de manera jurídica al caso concreto».

CARGO TERCERO

Ataca la sentencia impugnada por la causal primera de casación, por ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea del artículo 3 de la Ley 797 de 2003, «lo cual resultó en la violación directa» de los artículos 48 y 53 de la CN; 2, 3 y, 21 del CST, Ley 146 de 1994; artículos 2, 3, 11, 13, 15 y 17 de la Ley 100 de 1993 y, 9 del Decreto 692 de 1994.

Afirma que, contrario a lo que sostiene el juez plural, el Decreto 692 de 1994 no reglamentó únicamente el artículo 15 de la Ley 100 de 1993 sino dicha normatividad en su integridad, por lo que, «el Decreto 692 de 1994 permite mayor claridad y reglamenta –si así se quiere- las afiliaciones obligatorias y voluntarias al Sistema General de Pensiones a partir del 1 de abril de 1994 y no reglamenta expresamente el Artículo 15 original de la Ley 100 de 1993». Reitera que el mencionado Decreto se encuentra vigente «por no haber sido excluido del ordenamiento jurídico, ni haber sido derogado expresa o tácitamente por disposición posterior».

Indica que la interpretación que debe darse al artículo 15 de la Ley 100 de 1993 corresponde a que: i) cualquier persona que se encuentre vinculada mediante contrato de trabajo en nuestro país, es un afiliado obligatorio al Sistema General de Pensiones, ii) el numeral 2 del citado artículo hace referencia a la afiliación voluntaria solo cuando se está frente a personas que no tienen la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren excluidos por la Ley, y iii) la afiliación voluntaria de trabajadores extranjeros aplica única y exclusivamente para los que permanezcan en nuestro territorio, en desarrollo de un contrato que se rija por normas de otro Estado, supuesto que no corresponde al caso del demandante.

Sustenta su interpretación en los conceptos Nos. 1999019030-1 de 20 de septiembre de 1999 y, 2000009708-1 de 14 de febrero de 2000, emitidos por la Superintendencia Financiera de Colombia.

CARGO CUARTO

Acusa la sentencia impugnada por la causal primera de casación, por ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida del artículo 3 de la Ley 797 de 2003, «lo cual resultó en la violación directa» de los artículos 48 y 53 de la CN; 2, 3 y 21 del CST; Ley 146 de 1994; artículos 2, 3, 11, 13, 15 y 17 de la Ley 100 de 1993 y, 9 del Decreto 692 de 1994.

Señala que a la violación de la ley sustancial se llegó como consecuencia del siguiente error de hecho:

Dar por demostrado, no estándolo, que el demandante se encontraba afiliado al Sistema General de pensiones de su país de origen (Venezuela).

Como pruebas erróneamente apreciadas denuncia la comunicación dirigida a la empresa Siemens S.A. de fecha 31 de octubre de 2005 (folio 164 cuaderno principal) y el interrogatorio de parte absuelto por el demandante.

Manifiesta que no es posible que la comunicación calendada de 31 de octubre de 2005 y suscrita por el actor, «irradie efectos jurídicos respecto a la vinculación del actor» por haberse suscrito con antelación a su contrato de trabajo, lo que llevó a que se tuviera por acreditada con dicha documental su afiliación al Sistema de Seguridad Social en Pensiones en su país de origen, prueba que no resulta idónea en tanto la misma debió corresponder a una «certificación o constancia de dicha entidad que así lo demostrara», «pero el Tribunal con su decisión, optó por suplir la negligencia y omisión administrativa y ahora probatoria del empleador demandado y decidió de manera simplista, dar por demostrado –mediante un documento que elaboró la misma empresa demandada- el potísimo hecho de que el demandante se encontraba afiliado al seguro social de su país».

Añade que «Al ser obligatoria la afiliación del demandante al Sistema General de Pensiones en nuestro país, claramente la Carta elaborada por SIEMENS S.A., y firmada por el demandante se presenta como una renuncia de la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Pensión, lo cual no es predicable en nuestro ordenamiento jurídico ya que los derechos derivados de la Seguridad Social son IRRENUNCIABLES conforme a la Carta Política» (Resaltado del texto).

CARGO QUINTO

Controvierte la sentencia impugnada por la causal primera de casación, por ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea del inciso 2, numeral 2 del artículo 3 de la Ley 797 de 2003, «lo cual resultó en la violación directa» de los artículos 48 y 53 de la CN; 2, 3 y, 21 del CST, Ley 146 de 1994; artículos 2, 3, 11, 13, 15 y 17 de la Ley 100 de 1993 y, 9 del Decreto 692 de 1994.

Luego de transcribir el artículo 3 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, acota que el Tribunal erró en la interpretación que hizo del inciso 2 del numeral 2 del citado precepto normativo, cuando afirma:

Los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro”, son afiliados voluntarios, por el hecho de estar afiliados al seguro social de su país, “cuando la norma claramente establece todo lo contrario, al indicar “y NO estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro” (resaltado del texto).

Concluye que:

Para el caso concreto del demandante, al estar demostrado en el expediente que SI está afiliado al seguro social de su país de origen, resulta necesario concluir que no cumple con los requisitos para ser un afiliado voluntario (sic) al sistema, resultando necesario quebrar la sentencia del Tribunal, quien aplicó equivocadamente el precepto normativo, a sabiendas de no cumplirse los presupuestos y en sede de instancia acceder a las pretensiones de la demanda (resaltado del texto).

RÉPLICA

Siemens S.A. manifiesta que el recurrente utiliza el recurso extraordinario para presentar alegatos de instancia y no para controvertir los fundamentos de la sentencia de segundo grado; que no evidencia el yerro jurídico en el que alega se incurrió además de hacer una mezcla «inconducente» entre las vías directa e indirecta.

Asevera que, de hacerse abstracción de los defectos técnicos del recurso, ha de tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 797 de 2003 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993, así como en el 9 del «Decreto 692 de 2004», es viable que se tipifique la excepción frente a los extranjeros cubiertos por dicho riesgo en su país de origen, que en el presente asunto corresponde a Venezuela.

CONSIDERACIONES

Enrostra la censura al operador jurídico el error de considerar al demandante, en su calidad de trabajador extranjero, como un afiliado voluntario y no obligatorio, en el sistema general de pensiones en Colombia, debido a que aquel no aplicó, en virtud del artículo 27 de la Ley 146 de 1994, el artículo 9 del Decreto 692 de 1994, que el recurrente considera vigente; disposición en la que se conciben como afiliados obligatorios a la seguridad social, tanto a los trabajadores nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia, siempre y cuando estén vinculados mediante un contrato de trabajo que se rija por las normas colombianas.

El Colegiado frente a tal aspecto, consideró que el marco legal que regula la situación en conflicto es el artículo 3 de la Ley 797 de 2003 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993, atendiendo la fecha de la vinculación contractual de las partes.

Así las cosas, corresponde a la Sala determinar la normatividad aplicable a este asunto para, con base en ello, establecer si las personas extranjeras que trabajan en Colombia son afiliadas obligatorias al sistema general de pensiones, como lo pregona el recurrente.

Es preciso indicar que quedan fuera del debate los siguientes presupuestos fácticos: i) que el demandante es de nacionalidad venezolana; ii) que suscribió contrato de trabajo con la sociedad demandada Siemens S.A. el 9 de diciembre de 2005; iii) que lo desarrolló en nuestro país; y iv) que no fue afiliado al Sistema General de Pensiones en Colombia.

A efectos de dilucidar el punto en controversia conviene recordar que desde la promulgación del sistema general de pensiones, se previó la existencia de dos categorías de afiliados; unos cuya vinculación al mismo era obligatoria y, otros, que, no teniendo esta condición, voluntariamente quisieran optar por su pertenencia al mismo.

Ahora, es cierto que el Decreto 692 de 1994, en su artículo 9 numeral 1o, indicó que serían afiliados obligatorios los nacionales o extranjeros vinculados mediante contrato de trabajo, pero también lo es que en su literal b) numeral 2o expresamente dijo:

[…]

2. En forma voluntaria:

a) Los trabajadores independientes…

b) Los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro.”

De tal suerte que en vigencia de dicha disposición correspondía, tratándose de extranjeros, armonizar el texto íntegro de la norma y determinar que el querer del legislador no fue amparar de manera genérica como afiliados obligatorios a los trabajadores extranjeros, sin más miramiento que su nacionalidad; sino que si aquellos estaban cubiertos por algún régimen de seguridad social ya de su país o de otro territorio, serían afiliados voluntarios.

Esa directriz fue plasmada de manera más clara en el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, cuando al modificar el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, señaló:

ARTÍCULO 15.- Modificado por el art. 3, Ley 797 de 2003 Afiliados. Serán afiliados al sistema general de pensiones:

En forma obligatoria:

Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, salvo las excepciones previstas en esta ley. Así mismo, los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios a través del fondo de solidaridad pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.

En forma voluntaria:

[…]

Los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro.

Valga la pena destacar que el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, al que acudió el fallador, era la regla vigente, en materia de afiliaciones al Sistema Integral de Seguridad Social, al momento en que se suscribió el contrato de trabajo entre las partes, que como se reitera, lo fue el 9 de diciembre de 2005.

De la norma en mención, a no dudarlo, dimana que el legislador consagró una excepción a la regla de la obligatoriedad de afiliación cuando de un extranjero se trata, pues si aquel ya tiene cubiertos los riesgos de I.V.M., su empleador esta exonerado de afiliarlo al sistema, a menos que de forma libre y voluntaria, aquel se lo solicite.

No obstante lo anterior, es preciso señalar que no se desconoce el carácter universal del derecho a la seguridad social, ni el hecho de ser un servicio público de carácter obligatorio, por el contrario, la postura legal resulta coherente con los principios, objetivos y fines consagrados tanto en los instrumentos internacionales, como en nuestra Constitución Política, la Ley 100 de 1993 y las demás normas que la reglamentaron, en tanto sí se garantiza a todos los trabajadores, independientemente de su origen, o procedencia, el camino para construir la senda de cotizaciones que les permita acceder a una prestación pensional.

De otro lado, dando una mirada a la sentencia de la Corte Constitucional CC C-027-2009, en la que si bien se declaró inhibida para fallar sobre el inciso 2 del artículo 15 de la Ley 100 de 1993 con la modificación introducida por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, por ineptitud sustantiva de la demanda, en lo relacionado con la afiliación de los trabajadores extranjeros, se puede inferir, que tampoco existe discriminación alguna en relación con la afiliación de los trabajadores extranjeros al Sistema Integral de Seguridad Social en Colombia, por el contrario, se garantiza la complementariedad entre los sistemas pensionales de los diferentes países del mundo, pues la nuestra, se itera, sí los considera como sujetos activos del sistema pensional (ya sea bajo la condición de obligatorio o voluntario).

Colombia ha celebrado diferentes convenios internacionales de seguridad social en materia de pensiones y ha consagrado en los mismos los llamados «traslados temporales», en los cuales se establece un periodo bajo el cual el trabajador conserva la cobertura pensional de su lugar de origen, caso en el que el empleador a través del organismo enlace del país respectivo, deberá solicitar la expedición del certificado de legislación aplicable.

Es del caso precisar que con Venezuela no existe convenio de seguridad social en materia de pensiones que permita detreminar el tiempo de la aplicación del régimen del país de origen, ni las reglas de aducción de medios probatorios a efectos de que, por parte del trabajador, se compruebe su cobertura en dicha nación u otra diferente a Colombia, de allí que no sea necesaria la demostración de la afiliación por un determinado medio.

Resulta conveniente memorar que en la comunicación adiada de 31 de octubre de 2005 (folio 164 cuaderno principal) el actor manifestó a su empleador:

Para efectos indicados en el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, me permito manifestarle que actualmente estoy cubierto por el régimen de pensiones por cuenta del Seguro Social Venezolano. Por lo tanto solicito no se me afilie al Instituto de los Seguros sociales ó (sic) a cualquier Fondo Obligatorio de Pensiones, de conformidad con la norma mencionada.

Bajo estas precisiones, la declaración que el actor expidió en el sentido de hallarse protegido por el sistema pensional de su país permitía a su empleador considerarlo como afiliado voluntario, no obligatorio, sin que el hecho de que tal documento se hubiere suscrito con anterioridad a la firma del contrato que ató a las partes, en manera alguna le quita su eficacia y validez, como equivocadamente lo argumenta la censura. Así mismo, como no hay prueba de que la solicitud que a renglón seguido formuló el accionante tendiente a que no se le afiliara ni al ISS ni a otro Fondo de Pensiones, hubiera sido producto de un error, fuerza o dolo, corresponde a la Sala catalogarla de pertinente y exonerante para el empleador de afiliar al trabajador.

Entonces, no puede predicarse error alguno en el juzgador plural, pues atendió la literalidad del documento y, de otra parte, se sujetó a lo dispuesto en los artículos 60 y 61 del C.P.T. y S.S.

Aunado a lo precedente debe recordarse que el artículo 55 del C.S.T., dispone que los contratos de trabajo deben ejecutarse de buena fe, por lo que las partes se obligan además, de lo expuesto en el contrato, «a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella».

Como el trabajador de manera expresa advirtió que se encontraba cubierto por el régimen de pensiones de su país de origen y libremente le solicitó a Siemens S.A. se abstuviera de afiliarlo a régimen alguno, para efectos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, provocó en su empleador el convencimiento de estar actuando ajustado a tal normativa.

Por último, y no siendo un tema menor, se reitera que el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable, y como tal es aplicable a todos los sujetos propios de la seguridad social, y en asunto pensional se materializa en dos vías: i) la posibilidad a todas las personas naturales de acceso al sistema a través de la afiliación, que como se dejó anteriormente sentado, puede ser de manera obligatoria o voluntaria, último caso en que le son aplicables todas las disposiciones del sistema pensional; y ii) a través de la cobertura en cabeza de todos sus afiliados, de los diferentes riesgos amparados por el mismo, claro está, previo el cumplimiento de los requisitos para acceso a las prestaciones.

En el caso bajo estudio lo que quedó sentado es que el actor en su calidad de extranjero tenía cobertura en su país de origen, razón por la cual optó, tal como lo permite la norma, por no incorporarse como afiliado voluntario dentro del SGP en Colombia, lo que lleva como consecuencia que no haya afectación al derecho irrenunciable a la seguridad social en materia pensional, pues teniendo la opción de afiliación voluntaria, prefirió continuar bajo la cobertura exclusivamente del sistema pensional de su país de origen.

Al no haberse acreditado ningún yerro fáctico o jurídico en la actuación del sentenciador, los cargos no prosperan.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente, por cuanto hubo réplica y la acusación no tuvo éxito. Como agencias en derecho se fija la suma de $4.240.000, oo que se incluirán en la liquidación con arreglo a lo dispuesto en el art. 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 12 de julio de 2013, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el proceso promovido por RAFAEL JOSÉ DEL ROSARIO DELGADO GONZÁLEZ contra SIEMENS S.A.

Costas conforme lo indicado en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

SALVAMENTO DE VOTO

Demandante: Rafael José del Rosario Delgado González

Demandado: Siemens S.A.

Radicación: 64856

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena

Como lo expresé en la sesión correspondiente, me aparto de la decisión mayoritaria toda vez que la sentencia impugnada debía casarse, por los motivos que a continuación expongo.

En este asunto no hubo discusión en cuanto a que el demandante es de nacionalidad venezolana; ejecutó un contrato laboral en el territorio colombiano entre el 9 de diciembre de 2005 al 8 de diciembre de 2011 para Siemens S.A. y manifestó estar cubierto por el seguro social en su país.

A partir de tales supuestos, el Tribunal y la Corte coincidieron en que el actor ostentaba la calidad de afiliado voluntario del sistema pensional, conforme al numeral segundo el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, dado que se hallaba cubierto por el sistema de seguridad social de su país de origen. Pues bien, debo decir que discrepo de la interpretación que hicieron del mentado artículo que, si bien en su numeral segundo refiere como afiliados voluntarios a «los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro» ello no significa que por esta sola circunstancia el trabajador foráneo pueda excluirse de la afiliación al sistema.

Considero que la norma no debe interpretarse aisladamente, sino de manera sistemática y armónica con las demás disposiciones que existen en nuestro ordenamiento sobre la materia. De hecho, el mismo artículo 15 de la Ley 100 de 1993 define como afiliados obligatorios al sistema general de pensiones a «todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos», lo cual significa que todo trabajador deberá inscribirse al sistema, con independencia de su origen o nacionalidad, pues la norma no hace una distinción al respecto.

Ahora bien, aun cuando el numeral segundo del precepto en cita establece que son afiliados voluntarios los extranjeros no cubiertos por cualquier otro sistema pensional, esto no se puede aplicar de manera indiscriminada a todos los forasteros, pues no está en la misma situación aquel que se encuentra en el país ejecutando un contrato laboral conforme a las leyes colombianas que aquel que permanece en Colombia desarrollando un contrato de trabajo celebrado en el exterior y regulado por leyes de otro país.

En el primer caso se trata de un afiliado obligatorio, puesto que sigue la regla prevista en el numeral 1º. del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, en tanto tiene un contrato de trabajo gobernado por leyes nacionales; mientras que el segundo será un afiliado voluntario siempre que no se encuentre afiliado a un régimen de seguridad social en otro país. Es precisamente, esta última hipótesis la que describe el numeral 2º. del artículo 15 ibidem, cuando refiere como afiliados voluntarios a «los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país».

En este caso particular, como Rafael José del Rosario Delgado González suscribió y ejecutó un contrato de trabajo en Colombia, no hay duda de que su empleador estaba obligado a afiliarlo al sistema pensional de nuestro país. En consecuencia, su inscripción en el esquema de seguridad social venezolano resultaba intrascendente, así como su manifestación de no querer afiliarse al sistema colombiano, pues de acuerdo con los artículos 1º de la Ley 100 de 1993 y 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un derecho irrenunciable, del cual no puede disponer el trabajador.

Desde tales aristas, me aparto de la interpretación acogida por la mayoría de la Sala, la cual estimo equivocada, no solo porque desatiende el principio de favorabilidad que llama a los juzgadores a optar por la interpretación más favorable al trabajador, entre aquellas plausibles; sino que además desconoce los compromisos adquiridos a nivel internacional por nuestro país, los cuales se encuentran previstos en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, aprobada mediante Ley 146 de 1994, la cual en su artículo 27 proclama la igualdad de trato en materia de seguridad social para el trabajador nativo y el foráneo; el Protocolo de San Salvador aprobado por la Ley 319 de 1996 y el Código Iberoamericano de Seguridad Social – Ley 516 de 1999 – instrumentos que en idénticos términos consagran la obligación de de los Estados firmantes de no discriminación y de garantizar los derechos a la igualdad y a la seguridad social.

Todo lo anterior, era suficiente para que la Sala privilegiara una interpretación más favorable al trabajador y procediera a casar la sentencia confutada.

En los anteriores términos dejo expuestas las razones de mi disidencia.

Fecha ut supra.

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada

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