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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5134-2020

Fecha
4 de noviembre de 2020
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL5134-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 31 de octubre de 2012, en el proceso instaurado por PEDRO ANTONIO CASTRO TAPIAS, ISSAC MARIO MARTÍNEZ, CAMPO ELIAS CAMPO JIMENO, EFRAÍN RUÍZ PASTOR, ERNESTO GRAU FUENTES y YADIRA CECILIA BADILLO FONTALVO, contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. (ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.). Sin costas en el recurso extraordinario.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5134-2020

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

4 de noviembre de 2020

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL5134-2020

Radicación n.° 61578

Acta 41

Bogotá, D. C., cuatro (04) de noviembre de dos mil veinte (2020).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. (ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.) contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 31 de octubre de 2012, en el proceso que PEDRO ANTONIO CASTRO TAPIAS, ISSAC MARIO MARTÍNEZ, CAMPO ELIAS CAMPO JIMENO, EFRAÍN RUÍZ PASTOR, ERNESTO GRAU FUENTES y YADIRA CECILIA BADILLO FONTALVO, instauraron en contra de la entidad recurrente.

Se acepta el impedimento manifestado por el doctor Omar Ángel Mejía Amador.

ANTECEDENTES

Los mencionados demandantes instauraron demanda en contra de Electricaribe S.A. E.S.P. a efecto de que sea condenada a aplicarles el reajuste del 4,85% mensual para la mesada pensional del año 2006 y pagarles las diferencias que resulten, según las respectivas operaciones aritméticas, al igual que las mesadas subsiguientes por los años 2007, 2008, 2009, 2010 y demás; así mismo, la indexación de las condenas, los intereses moratorios, las costas del proceso y la aplicación de facultades ultra y extra petita.

Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que en virtud del convenio de sustitución patronal entre la extinta Electrificadora del Atlántico S.A. E.S.P. y la sociedad demandada, adquirieron el estatus de pensionados; que para el año 2006 recibían una mesada inferior a 5 veces el salario mínimo legal del entonces porque la pasiva aplicó un reajuste del 4.85%, es decir inferior al 15% como lo ordena la Ley 4ª de 1976.

La demandada, al dar respuesta al escrito generatriz de la contienda, se opuso al éxito de las pretensiones, aceptó el estatus de pensionados que tienen los actores y el no haber reajustado la pensión de estos en un 15% en el año 2006, los demás los negó y argumentó haber efectuado los incrementos acordados en las diferentes conciliaciones que suscribió con aquellos. Propuso las excepciones de prescripción, pago, cosa juzgada y la genérica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia del 2 de septiembre de 2011, condenó a la demandada a reajustar la pensión de todos y cada uno de los demandantes, con sujeción a lo previsto en el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, a partir de 2006 y los años subsiguientes e impuso las costas a la pasiva.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al resolver la apelación interpuesta por la pasiva, con sentencia del 31 de octubre de 2012, modificó la del juez, pues revocó la condena impuesta a favor de Yadira Cecilia Badillo Fontalvo, y la adicionó en el sentido de absolver a la entidad respecto de las pretensiones de dicha demandante, la confirmó en lo demás y se abstuvo de imponer costas en esa instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal precisó que los problemas jurídicos por resolver se contraían a establecer si los actores eran beneficiarios del reajuste pensional que reclamaban, en caso afirmativo, si aquel era un derecho adquirido, y cuál era el efecto de la conciliación que celebraron las partes.

Para resolver el primer planteamiento, advirtió que en el plenario aparecía la convención colectiva vigente para los años 1983 – 1985 suscrita por el Sindicato de Trabajadores de Empresas de Energía Eléctrica y la demandada en calidad de empleador sustituto, la cual había sido depositada de manera oportuna ante el Ministerio del Trabajo; e igualmente reportó la existencia de una copia de la Compilación de Convenios Colectivos vigentes entre 1998 y 1999.

Precisó que frente a la calidad de pensionados de los demandantes no había duda ya que así lo había aceptado la pasiva y se corroboraba con las documentales de folio 237, 272, 353, 386, 419 y 456 que correspondían a las certificaciones expedidas por la entidad respecto de los valores pagados a cada actor entre los años 2000 – 2011; así mismo destacó las conciliaciones suscritas entre la pasiva y Pedro Antonio Castro, Yadira Badillo, Ernesto Grau y Efraín Ruíz, obrantes a folios 238, 273, 420 y 458. Acotó que pasaría a analizar si eran beneficiarios de los derechos convencionales demandados y la validez de las conciliaciones antes referidas.

Se remitió a los artículos 48 y 53 de la Constitución y 21 del CST, de los que referenció los derechos que cada uno de ellos contiene; asimismo transcribió el parágrafo 1º del artículo 2º de la Convención Colectiva de 1983 y el parágrafo 3º del artículo 106 de la compilación de convenios vigentes 1988 – 1989.

Señaló que del acuerdo conciliatorio logrado entre la demandada y Yadira Cecilia Badillo Fontalvo el 22 de diciembre de 1998 se evidenciaba que a dicha actora se le otorgó una pensión de carácter voluntario, no de origen convencional pues «su reconocimiento no está asentado en las normas convencionales existentes para la época y por el contrario su reconocimiento se adhiere a las disposiciones contenidas en los Acuerdos 049 de 1990 y 029 de 1985», y concluyó que por tanto no era dable aplicarle la convención celebrada entre la ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO y el sindicato de sus trabajadores el 1º de agosto de 1983, razón por la cual absolvería a la demandada de cualquier pretensión incoada por aquella.

Para desatar la controversia frente a los demás demandantes dijo que era necesario primero verificar el alcance y la vigencia de la convención colectiva de trabajo 1983 – 1985, para lo que se remitió a la sentencia de esta Sala CSJ SL, del 19 de sep. 2006, rad. 29288, de la que destacó el siguiente aparte «Estima la Corte que si las partes de la convención colectiva convinieron que, en materia de reajuste pensional, se aplicaría la Ley 4ª de 1976 sin consideración a su vigencia, puede inferirse plausiblemente que fue su voluntad expresa mantener esa disposición más allá de que posteriormente fuera derogada o subrogada, lo cual no es contrario al orden público, ni constituye un atentado a principios constitucionales o legales, ni está proscrito por el ordenamiento jurídico, por cuanto bien pueden los suscriptores de una convención colectiva pactar la pervivencia de beneficios contenidos en disposiciones legales derogadas, que mejoren lo establecido en la ley, salvo que existan normas superiores que lo prohíban o restrinjan de manera explícita, que no es el caso del precepto que aquí se examina».

Señaló que, al tenor literal de la norma convencional, fue voluntad de las partes fijar el incremento de las pensiones según la fórmula prevista en la Ley 4ª de 1976, y como la disposición referida era clara, no podía el juzgador darle un sentido diferente; aludió a la sentencia de esta Sala CSJ SL, del 15 de mar. 2011, rad. 38750 de la que copió un fragmento y afirmó: «De manera que como las partes acordaron la aplicación de la Ley 4ª a los pensionados de la demandada o aquellos que se lleguen a pensionarse (sic), como los actores a quienes se estudia la aplicación de la norma convencional, adquirieron la calidad de pensionados con posterioridad a la expedición de la norma convencional, pero en vigencia de la misma, son destinatarios del precitado canon.»

Rememoró apartes de la sentencia de esa Corporación CSJ SL, del 30 de abr. 2012, rad. 43974, que también copió parcialmente, e indicó que «quienes promovieron el presente juicio, son beneficiarios de la convención y resulta pertinente su instrumentación, puesto que la pensión que les fue reconocida, (lo fue) con fundamento en las normas convencionales, vigentes para la época.»

Destacó, en contradicción a lo afirmado al inicio de la providencia, que como solamente se había aportado la conciliación suscrita con Pedro Antonio Castro Tapia y con Ernesto Grau, analizaría la cosa juzgada solamente respecto de aquellos; agregó que no se había controvertido la existencia de algún vicio del consentimiento, sino «si la forma de incrementar la pensión de sobrevivientes conciliada es o no un derecho adquirido».

Dijo que según el artículo 15 del CST la transacción en los asuntos del trabajo, es viable, a menos que se trate de derechos ciertos e indiscutibles, regla que también por extensión se aplicaba tratándose de conciliaciones, y que esa «facultad de transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles tiene también regulación constitucional, artículo 53 como principio mínimo de carácter fundamental».

Añadió que los derechos ciertos e indiscutibles son los que «se han consolidados (sic) o reconocidos en forma concreta por el empleador, no estando, en consecuencia, sometidos a la contingencia de consolidarse en el tiempo, es decir, no dependen de circunstancias inciertas o contingentes para su exigibilidad y efectividad».

Adujo que la pensión de jubilación convencional es un derecho adquirido, por lo tanto, cierto e indiscutible que no puede ser transigido o conciliado, y que como a pesar de estar prohibido, las partes habían conciliado sobre el tema, aquel acto estaba «viciado de nulidad absoluta por objeto ilícito tal como se dispone en el artículo 1741 del C.C., en consecuencia, no se aplican los efectos de la conciliación a la demandante».

Indicó que sobre el particular asunto del incremento de la pensión convencional a cargo de la demandada, ya esta Sala se había pronunciado en la sentencia CSJ SL, del 23 de ene. 2009, rad. 30077, que transcribió en algunos de sus apartes, criterio que afirmó se había reiterado en las sentencias CSJ SL, del 3 de may. 2011, rad. 39495 y CSJ SL, del 1º de nov. 2011, rad. 40094. Y remató diciendo que los actores «tienen un derecho adquirido para que su mesada pensional se reajuste conforme a la norma convencional, derecho que no puede ser desconocido por la demandada por haber ingresado al patrimonio de los demandantes» y, por ello, confirmó la sentencia de primer grado respecto de los ya citados actores.

RECURSO DE CASACIÓN

Inicialmente la demandante Yadira Cecilia Badillo Fontalvo y la demandada, interpusieron sendos recursos extraordinarios, el Tribunal los concedió y la Corte los admitió; sin embargo, la actora mencionada desistió y la Sala aprobó tal decisión y ordenó continuar con la casación propuesta por ELECTRICARIBE.

En el trámite igualmente se aprobó la transacción suscrita entre ELECTRICARIBE y los demandantes Ernesto Grau Fuentes y Yadira Cecilia Badillo Fontalvo; y se dispuso seguir con la formulada por la entidad respecto de Isaac Mario Martínez Fernández, Pedro Antonio Castro Tapias, Campo Elías Campo Jimeno y Efraín Ruíz Pastor.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la entidad recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia gravada, en cuanto en su numeral primero modificó el primero de la sentencia de primer grado y confirmó la condena, para que, en sede de instancia, la revoque y, en consecuencia, se absuelva a la entidad de las cargas impuestas.

Con tal propósito formuló dos cargos por la causal primera de casación que no tuvieron réplica y que se procede a resolverlos.

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia de violar por la vía directa en la modalidad de infracción directa, los artículos 13 y 14 del C.S.T, y por la aplicación indebida, los artículos 53 y 48 de la C.N., 15 y 467 del C.S.T., 1º de la Ley 640 de 2001, 64, 65 y 66 de la Ley 446 de 1998, 1508 y 1741 del C.C., el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, en relación con los incisos 1º a 4º y parágrafo 1º ibidem.

Para dar desarrollo al cargo afirma que el Tribunal erró cuando calificó de derecho adquirido, cierto e indiscutible, la prestación extralegal que se les otorgó a los demandantes Castro Tapias y Grau Fuentes porque dada esa naturaleza, los mismos sí eran susceptibles de ser negociados y eventualmente modificados por voluntad de sus titulares.

Precisa que, si bien los artículos 53 de la Carta Política y 14 del C.S.T. enseñan que las disposiciones que regulan el trabajo humano son de orden público, que está prohibido transigir derechos ciertos e indiscutidos y que no se puede renunciar a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, característica «inmersa en el raciocinio del Tribunal», dichas disposiciones fueron transgredidas por el juzgador plural en tanto de ellas se infiere que los derechos de orden convencional sí son enteramente negociables «o si se quiere, de ellos puede disponer a su libre albedrío su titular».

Que de no haber infringido directamente o haberse aplicado indebidamente la norma, el juez de alzada no hubiera «enervado los efectos que en principio, por si sola, produciría tal cláusula legal: la transacción y por contera, la conciliación, poseen entera validez, así medien derechos adquiridos y ciertos e indiscutibles, cuando los mismos resultan ser de naturaleza extralegal».

Considera que si el juzgador de segundo grado no hubiera incurrido en «las pifias destacadas» hubiera reconocido el carácter de cosa juzgada que tienen las conciliaciones que suscribieron las partes, y hubiera absuelto a la entidad porque, insiste, al ser derechos extra legales, se podían negociar.

Agrega que el Tribunal, al haber hecho suyas las argumentaciones exhibidas en las sentencias de esta Corte, «pareciera haber encontrado en lo implementado por los parágrafos 2º y 3º transitorio del Acto Legislativo No. 1 de 2005, apoyo normativo adicional a sus conclusiones de restarle validez a los ya destacados negocios conciliatorios celebrado con dos accionantes».

Dice no controvertir lo que de las preceptivas constitucionales entendió el Tribunal, es decir, que la expedición del Acto Legislativo no hace perder el derecho legítimamente adquirido, pero que «tales disposiciones no tienen como efecto propio, no obstante, como pareciera asomarse en el razonar del juez de la alzada, la imposibilidad de disponer libremente de tales eventuales derechos, siempre y cuando se trata de unos de orden extralegal, esto último tema pacífico en el presente trámite judicial».

Precisa que en el acto legislativo referido se contemplan dos asuntos, uno, la prohibición de fijar condiciones diferentes a las previstas en el sistema general de pensiones y, otro, la renuncia y negociabilidad de derechos adquiridos o ciertos e indiscutibles, temáticas distintas reguladas en diferentes normas, pero que el juez colectivo al decidir como lo hizo las aplicó indebidamente, por lo que se dan las condiciones para la anulación del fallo y, consecuentemente, la declaratoria de cosa juzgada.

CONSIDERACIONES

El Tribunal anotó como punto fuera de controversia la sustitución patronal de la Electrificadora del Atlántico S.A. E.S.P. por parte de Electricaribe S.A. E.S.P., y tras estimar, acorde a la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, el alcance y vigencia de la convención colectiva de trabajo (1983-1985), estableció que los demandantes tenían un derecho adquirido, cierto e indiscutible sobre la aplicación del reajuste de las pensiones contenidas en la Ley 4ª de 1976, en consideración a la libertad de negociación, motivo por el cual las conciliaciones que habían suscrito sobre el particular, resultaban nulas y carecían por tanto de validez.

La recurrente cuestiona, a través del ataque, la calificación que el sentenciador le dio al reajuste de las mesadas pensionales, con el argumento de que al tratarse de un asunto extra legal carecía de dicha connotación y, por tanto, sí era susceptible de ser transigido o conciliado.

Pues bien, no le asiste razón a la censura cuando afirma que los incrementos pensionales de la Ley 4ª de 1976 previstos en las convenciones colectivas de las que se beneficiaban los actores, no constituyen derechos adquiridos ni tampoco ciertos ni indiscutibles, por la simple razón de que aquellos son de origen extra legal.

La certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extra legal; de manera que como los aumentos aquí otorgados se habían consolidado, resultaban necesariamente ciertos. Ahora, la cualificación de «adquiridos» implica la acción de consecución, obtención y sobre ello no podía haber duda, pues no se discute que en las convenciones colectivas se habían pactado el derecho implorado y aún más, se había concedido.

Igualmente, resulta desatinada la acusación al afirmar que los mencionados incrementos no constituían derechos mínimos y, por tanto, podían ser renunciables, pues en estricto rigor, esa calidad no la tienen solamente aquellos cuya fuente sea la ley; de otra parte estos beneficios representan una clara posibilidad para los pensionados o futuros pensionados de incrementar su patrimonio personal, máxime como en el caso de autos, cuando aquellos ya habían sido aplicados según las previsiones convencionales.

Como bien lo destacó el Tribunal, la pensión extra legal no era una expectativa que tenían los actores, sino un derecho reconocido y en pleno goce, y al ser los incrementos parte integrante del mismo, no se puede válida ni jurídicamente afirmar que aquellos estaban desprovistos de certeza y que, por ende, sobre ellos se podía transar y el titular renunciarlos.

De tal manera que cuando se desconoció por las partes la calidad de derecho cierto y se concilió el incremento pensional, se transgredieron las prerrogativas legales que protegen los derechos laborales que tienen carácter de irrenunciables; por lo tanto, el juzgador acertó cuando restó validez al acuerdo extra legal que pretendía modificar la fuente predeterminada de aumento de las mesadas; lo anterior con independencia de que en las sentencias que sirvieron de soporte a la decisión del Tribunal, se hiciera alusión al Acto Legislativo 01 de 2005, que lejos de permitir la transacción o conciliación de derechos ciertos, respetó los ya adquiridos.

Al punto, esta Sala en sentencia CSJ SL4468-2019, indicó:

Por último, vale subrayar que los incrementos aludidos constituyen verdaderos derechos adquiridos para quienes causaron sus pensiones al amparo de la convención colectiva y con anterioridad a la fecha límite de su vigencia, establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005. De esta forma, comoquiera que el derecho pensional nació a la vida jurídica el 30 de marzo de 2009, asimismo surgió el derecho accesorio a su incremento anual. Al respecto, resultan pertinentes las reflexiones contenidas en las sentencias CSJ SL15495-2017 y CSJ SL 19672, 11 feb. 2003:

[…] como ya lo ha asentado la Corte en múltiples oportunidades en que se ha debatido la aplicación de una estipulación conciliatoria a espaldas de un derecho convencional in meius del cual se beneficia al trabajador, razón asiste al juzgador cuando desatiende estipulaciones plasmadas en tal clase de actos, por pretenderse con ellas la pérdida de vigencia de reajustes pensionales pactados convencionalmente, en este caso los enmarcados en la Ley 4ª de 1976, con la pretensión de optarse por los que en adelante, es decir, a partir de la data de la misma, establecen normas que regularmente se expiden cada año para aumentar la pensión de vejez.

Y ello es así por la simple razón de que el derecho al reajuste pensional de que se trata, desde cuando fue estipulado convencionalmente, y para el particular trabajador cuando adquiere la calidad de pensionado o jubilado por la empresa, en este caso por la Electrificadora del Caribe, S.A., E.S.P., se causó, por tanto, empezó a tener una incidencia en el valor o monto del particular derecho pensional.

De no verse así, los artículos 14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo, relativos a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y a la imposibilidad de transigirse cuando éstos tienen el carácter de ciertos e indiscutibles resultan lesionados, por ser indiscutible que la teoría de la irrenunciabilidad de los derechos laborales no solo cabe predicarla respecto de prerrogativas legales, sino que también es posible extenderla, bajo ciertas circunstancias, a derechos y beneficios convencionales. Además, porque cuando un derecho convencional no tiene límite distinto al del tope de su disfrute cuando alcance el monto de 5 salarios mínimos legales vigentes, como aquí ocurre y no se discute, su pérdida de vigencia ante otra fórmula menormente provechosa apareja la pérdida de un derecho cierto e indiscutible.

Así lo ha entendido la Corte en diferentes oportunidades, bastando para memorar una de ellas, lo consignado en sentencia de 11 de febrero de 2003 (Radicación 19672), a ese respecto:

La regla general es la irrenunciabilidad de los derechos y prerrogativas que conceden las leyes laborales, y por eso la salvedad para esa regla exige excepción expresa de la misma ley, según el artículo 14 del CST. Otras normas reafirman esa regla; así, en materia de salarios, el artículo 149, y en cuanto a prestaciones, el 340, ambos del mismo Código citado.

Aunque pudiera decirse que la dicha regla general está referida a la irrenunciabilidad de los derechos cuya fuente es la ley, abriendo la muy discutible posibilidad de la renuncia a los derechos laborales originados en otra fuente, una tal apreciación pierde firmeza ante el artículo 15 del CST, porque un derecho causado, uno que está ya en el patrimonio del trabajador, no admite negociación alguna, y porque la dicha norma solo permite la renuncia, a través de la transacción, cuando de derechos inciertos y discutibles se trata; como también lo dice la norma sobre conciliación.

Así las cosas, el cargo no prospera.

CARGO SEGUNDO

Acusa la sentencia de violar por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea, el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, incisos 1º a 4º del mismo artículo, y bajo la modalidad de infracción directa los artículos 1º y 3º del Decreto 732 de 1976 y 1º del Decreto 0958 de 1984 y por aplicación indebida el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, 21 y 467 del C.S.T y 1741 del C.C.

En la demostración del cargo afirma no discutir las premisas fácticas en que se fundó el Tribunal, al igual «que no amerita discusión el sentido ofrecido por la estipulación extralegal en la que soporta el Tribunal el fallo - parágrafo 1º del artículo 2º de la convención colectiva de trabajo pactada por Electrificadora del Atlántico S.A y el sindicato que representaba sus trabajadores (folio 528)- en cuanto la misma hacen perdurar los beneficios previstos en la Ley Cuarta de 1976 para pensionados de mi representada como los accionante (sic)», ni que la mencionada cláusula se le aplicaba a los actores.

La disconformidad radica en que según el censor el juzgador «no advirtió, o ninguna opinión seria le mereció, que dicho parágrafo 3º establece que la limitante o tope se refiere exclusivamente al “reajuste de que trata este artículo” exclusivamente.»

Agrega que si se revisan detalladamente los 4 primeros incisos y el parágrafo del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976 se determinan varias peculiaridades del reajuste, entre ellas, la que resulta de ser «mixto, constituido por a) una suma fija, y, b) por la resultante de la aplicación de un porcentaje, según los precisos lineamientos en ellos vertidos, esto es, el despliegue de unas relativamente complejas operaciones aritméticas construidas a partir de las eventuales variaciones del salario como mínimo mensual entre uno y otro año calendario (incisos 1º a 4º).» y que es al aumento de esa naturaleza a la que se refiere la Ley 4ª «no a uno general de cualquier pensión en nuestro país, aún bajo la vigencia real de la dicha ley».

Añade que, además el incremento aludido, según lo prevé el parágrafo 2º, solo es viable para quienes gozaran del estatus de pensionados con un año o más de anterioridad, detalle que no observó el juez colectivo, que de haberlo hecho habría dado lugar a la absolución de la entidad.

CONSIDERACIONES

La censura en este cargo descontextualiza por completo el derecho alegado por los demandantes, en tanto lo sustrae de la convención colectiva que lo reconoce y le da origen; en otras palabras, olvida el recurrente que el incremento pensional se pactó en el acuerdo al que llegaron las partes para desatar una confrontación colectiva, y que luego se reiteró en la compilación de tales contratos.

Pero, además, pasa por alto que el sentenciador encontró que la remisión a la Ley 4ª de 1976 que se hace en el compendio de convenciones, para efectos del reajuste pensional, se contrae exclusivamente a la «fórmula» allí prevista, no a otras aristas que bien pudieron fijarse en la citada disposición legal. Esa premisa fáctica no puede ser desconocida en un cargo enfilado por la vía jurídica como lo es el que presenta la censura.

La disquisición planteada sobre si era preciso contar con un año de pensionado para lograr el incremento pensional, o si se refería a un derecho «mixto» que, según el recurrente, se involucran en el texto íntegro del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, obliga necesariamente a revisar el escrito de la Convención para determinar si realmente las partes quisieron que en relación con dichos temas también se aplicara la referida norma legal, proceder imposible de verificar cuando lo que se formula son glosas jurídicas.

En todo caso, la Sala, al resolver un cargo propuesto en idéntica forma al que ahora es objeto de estudio, en providencia CSJ SL3788-2019, señaló:

Por lo demás, tampoco tiene cabida la infracción directa de los artículos 1° y 3° del Decreto 732 de 1976 y 1° del Decreto 958 de 1984, el primero, reglamentario de la Ley 4ª de 1976 y el segundo, adicional del artículo 1° del Decreto 732 de 1976, en tanto estas disposiciones solo contienen las directrices para el cálculo del porcentaje de reajustes pensionales, pero, como lo ha explicado esta Corporación en casos seguidos contra la misma demandada y bajo supuestos de similares contornos, no quiere decir que ello conduzca a apartarse de «lo consagrado en el parágrafo 3º del citado artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, pues, adicionalmente, así fue estipulado convencionalmente» (CSJ SL5675-2018).

En cualquier caso, un estudio sobre el fondo de la acusación, tampoco conllevaría un mejor o más promisorio escenario para la empresa recurrente, pues como se memoró en la sentencia que acaba de mencionarse:

[…] es posición reiterada de esta Sala que ese texto convencional estableció el reconocimiento de todos los beneficios previstos por la Ley 4ª de 1976, incluyendo lo dicho en su artículo 1º, sobre los reajustes pensionales anuales en al menos el 15% para las pensiones equivalentes hasta cinco (5) veces el salario mínimo legal mensual más alto, sin miramiento especial alguno que condicione su aplicación en sentido distinto.

Aunado a lo anterior, resulta relevante señalar, que los argumentos esbozados en el cargo ya han sido estudiados por la Corporación en sendas oportunidades, como es el caso de la sentencia CSJ SL3933-2018, en la cual, luego de repasar el texto del artículo 1 de la Ley 4 de 1976, se explicó lo siguiente:

Al confrontar lo anterior con la sentencia atacada en sede extraordinaria, no es posible detectar el yerro jurídico que se le endilga al ad quem. Por el contrario, se advierte que es la recurrente quien parte de una premisa equivocada, pues el juzgador nunca estimó que el incremento a que refiere la Ley 4.ª de 1976 corresponde a un porcentaje fijo del 15% en todos los casos, como erróneamente lo hace ver. En efecto, el Tribunal tras constatar la aplicabilidad del precepto al sub judice, procedió a verificar «los incrementos porcentuales que le han efectuado al actor durante esos años tomando el Índice de Precios al Consumidor», para concluir que estos «resultan inferiores al 15% que establece la ley (sic) 4ª de 1976».

Y ello es así porque, independientemente de las diferentes variables y esquemas previstos en el artículo 1.º ibidem, para el reajuste de las pensiones, lo cierto es que, si al aplicar las reglas de todos los incisos resulta un incremento inferior al 15%, este deberá equipararse a dicha cifra. Por consiguiente, no resultó errado el raciocinio del juez de segundo nivel en ese preciso tópico, pues no es cierto, como lo pone de presente la censura, que el tope que fijó el parágrafo tercero tenga aplicabilidad únicamente frente a los supuestos del inciso segundo y tercero del mismo precepto. Así lo entendió esta Corporación en sentencia CSL SL, 17 mar. 2009, rad. 31350:

El parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, disponía que, en ningún caso, el reajuste pensional de que trataba ese artículo, sería inferior al 15% de la respectiva mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de cinco veces el salario mensual mínimo legal más alto.

Es admisible entender, como lo hizo la sentenciadora inicial, y, tácitamente, lo avaló el Tribunal, que lo dispuesto en esa norma constituye una prerrogativa o derecho del pensionado cuya prestación se encuentre dentro del tope pensional allí previsto para que, si una vez aplicados a su pensión los mecanismos de reajuste legal pensional vigentes con posterioridad a la Ley 4ª de 1976, ella resulte con un aumento inferior al 15%, se deba llevar hasta ese porcentaje […]

Las reflexiones transcritas son útiles y suficientes para concluir que, contrario a lo afirmado por la empresa recurrente, los beneficios previstos en el artículo 1 de la Ley 4 de 1976 no solo tienen aplicabilidad frente a los supuestos de los cuatro primeros incisos de dicha disposición, pues queda claro que el incremento del 15% responde a una prerrogativa para aquellos pensionados cuya prestación se encuentre dentro del mencionado tope, por manera que si luego de la aplicación de los mecanismos de reajuste vigentes con posterioridad a tal Ley, el resultado es inferior al porcentaje antedicho, se debe proceder a su ajuste en los términos del precepto bajo estudio.

Así las cosas, al no encontrar la Sala razones para cambiar el criterio jurisprudencial que hasta ahora se ha mantenido vigente, el cargo no prospera.

En consecuencia, el acto jurisdiccional que llega al recurso extraordinario ungido de la doble presunción de legalidad y acierto, permanece incólume.

Así, el cargo se desestima.

Sin costas en el recurso extraordinario, toda vez que no hubo réplica.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 31 de octubre de 2012, en el proceso instaurado por PEDRO ANTONIO CASTRO TAPIAS, ISSAC MARIO MARTÍNEZ, CAMPO ELIAS CAMPO JIMENO, EFRAÍN RUÍZ PASTOR, ERNESTO GRAU FUENTES y YADIRA CECILIA BADILLO FONTALVO, contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. (ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.).

Sin costas en el recurso extraordinario.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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