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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5145-2020

Pensión de sobrevivientes

Fecha
25 de noviembre de 2020
Magistrado ponente
Omar Ángel Mejía Amador
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL5145-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Procedía reconocer a los beneficiarios la pensión de sobrevivientes con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, por aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pese a que la afiliada falleció en vigencia de la Ley 797 de 2003?

Reglas

  1. La pensión de sobrevivientes se define conforme a la ley vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado.

    «el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la ley que se encuentra vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado»
  2. La condición más beneficiosa permite, de manera excepcional, aplicar la disposición inmediatamente anterior a la vigente al fallecimiento si se acredita la densidad de cotizaciones requerida por aquella; no autoriza buscar regímenes más antiguos.

    «permite la aplicación de la disposición inmediatamente anterior a la vigente al momento del fallecimiento, si el afiliado aportó la densidad de semanas requeridas»
  3. La condición más beneficiosa no es absoluta ni atemporal y no puede usarse para perpetuar un régimen derogado ni para realizar una búsqueda histórica de la norma más favorable.

    «no puede ser usado para garantizar la perpetuidad de un régimen o de una regulación que en un tiempo pretérito estuvo vigente»
  4. El principio de favorabilidad presupone duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes, por lo que no permite aplicar una norma derogada cuando no existe tal duda.

    «su mandato parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes, lo que no ocurre en el sub lite»
  5. El juez laboral puede apartarse de un precedente de tutela si cumple los deberes de transparencia y argumentación suficiente, dada la eficacia inter partes de esas decisiones.

    «el segundo, aunque también tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentación suficiente»
  6. En casación por vía directa, los supuestos fácticos no controvertidos permanecen fuera del debate y la Corte resuelve la interpretación jurídica de las normas denunciadas.

    «dada la orientación de los cargos, no son objeto de controversia los siguientes supuestos fácticos»

Decisión

La Corte no casó la sentencia que negó la pensión de sobrevivientes, pues la norma aplicable era la vigente al fallecimiento y no era posible extender la condición más beneficiosa a disposiciones anteriores a la inmediatamente precedente. Costas a cargo de los recurrentes.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 28 de febrero de 2014 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JAIRO PLAZA, MIGUEL ALEJANDRO, JAIRO NICOLÁS y SARA CATHERINE PLAZA TORRALVO contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en liquidación, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL en liquidación, La FIDUPREVISORA S.A. (BUEN FUTURO) y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO. Costas como se indicó en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5145-2020

Magistrado ponente: Omar Ángel Mejía Amador

25 de noviembre de 2020

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Magistrado ponente

SL5145-2020

Radicación n° 68596

Acta 44

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por JAIRO PLAZA, MIGUEL ALEJANDRO, JAIRO NICOLÁS y SARA CATHERINE PLAZA TORRALVO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 28 de febrero de 2014, en el proceso instaurado por los recurrentes en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en liquidación, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, en liquidación, la FIDUPREVISORA S.A. (BUEN FUTURO) y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, estas dos últimas entidades en calidad de litisconsortes facultativos.

ANTECEDENTES

Jairo Plaza, Miguel Alejandro, Jairo Nicolás y Sara Catherine Plaza Torralvo convocaron a proceso al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, a la Caja Nacional de Previsión Social, en Liquidación (Cajanal), a La Fiduprevisora S.A. (Buen Futuro) y a La Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, a la luz del Decreto 758 de 1990 y del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, como consecuencia del fallecimiento de su compañera y madre Sara Rebeca Torralvo Herrera, el 29 de septiembre de 2003, junto con el reconocimiento y pago del retroactivo pensional, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de las mesadas causadas.

De manera subsidiaria, pidieron el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, indexada, y el bono pensional, a cargo de las administradoras de pensiones correspondientes.

Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que: Sara Rebeca Torralvo Herrera, nació el 2 de junio de 1954; estuvo vinculada laboralmente así: (i) la Alcaldía de Sincelejo, Sucre, desde el 4 de enero de 1977 hasta el 24 de julio de 1979, periodo en el cual aportó a la Caja de Previsión Municipal de Sincelejo; (ii) con la empresa Crisvel Ltda. desde el 1 de diciembre de 1979 hasta el 31 de agosto de 1982, cotizando en el Instituto de Seguros Sociales; y (iii) con la Contraloría General de la República desde el 23 de junio de 1983 hasta el 12 de enero de 1993, aportando en la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), acumulando un total de 773.4285 semanas en toda su vida laboral; que para el 1 de abril de 1994 contaba con 40 años de edad; y que falleció el 29 de septiembre de 2003.

Indicaron que el 26 de mayo de 2006 elevaron ante el Instituto de Seguros Sociales la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y, subsidiariamente, la indemnización sustitutiva, prestaciones que les fueron negadas, mediante Resolución 0020580 de 18 de mayo de 2007, con excepción de Miguel Alejandro a quien le reconocieron la mencionada indemnización en cuantía de $407.337,00, en razón a que para esa época era menor de edad, la cual no había sido reclamada.

Explicaron que, posteriormente, presentaron reclamación administrativa el 4 de marzo de 2008 ante la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), en liquidación, entidad que, igualmente, les negó el reconocimiento y pago de esas mismas prestaciones, a través de la Resolución ABM-60870 de 16 de diciembre de 2008.

Precisaron que a la última entidad de seguridad social a la que aportó Sara Rebeca Torralvo Herrera fue a la Caja Nacional de Previsión Social, en Liquidación, entidad que trasladó a todos sus afiliados al Instituto de Seguros Sociales, en virtud del artículo 4 del Decreto 2196 de 12 de junio de 2009, razón por la cual elevaron una nueva solicitud ante esa entidad el 13 de noviembre de 2009, así como a Cajanal en Liquidación el 10 de marzo de 2010 y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 18 de febrero de 2010, sin que hubiesen sido resueltas.

Añadieron que su padre Jairo Plaza convivió en unión marital de hecho con su progenitora desde 1983 hasta el día de su deceso y que de dicha unión fueron ellos procreados, habiendo alcanzado todos ya la mayoría de edad, encontrándose bajo la tutela y cuidado de su padre.

Al dar respuesta a la demanda Cajanal en Liquidación se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la fecha de la muerte de la afiliada, la dependencia económica de los hijos respecto del padre, la respuesta negativa a la solicitud de pensión, el reconocimiento de la indemnización sustitutiva a Miguel Alejandro Plaza Torralvo por parte del ISS y negó que la causante fuera beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; respecto de los demás supuestos fácticos dijo no constarle. Adujo, en su defensa, que los beneficiarios no acreditaron los requisitos del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Propuso, en su defensa, las excepciones de «falta de causa», «inexistencia de la obligación», «Prescripción» y la que denominó genérica. (f.os 338 a 344)

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las pretensiones de la demanda y, en cuanto a los hechos, aceptó la afiliación y aportes al ISS para cubrir los riesgos de I.V.M. por parte de la empresa Crisvel Ltda., la fecha de nacimiento y deceso de la afiliada, la dependencia económica de los hijos respeto del padre, la negativa del reconocimiento pensional, el reconocimiento de la indemnización sustitutiva que realizó a favor de Miguel Alejandro Plaza Torralvo, la existencia de la unión marital de hecho entre Sara Rebeca Torralvo Herrera y Jairo Plaza, y que la última entidad de seguridad social a la que cotizó la causante fue a Cajanal en Liquidación; respecto a los demás hechos indicó que no le constaban. En su defensa alegó que los hijos de la afiliada no podían ser beneficiarios de la prestación económica, en razón a que ellos manifestaron en las declaraciones juramentadas que al momento del fallecimiento de su progenitora dependían económicamente de su padre y, de otra parte, porque la causante no acreditó las 50 semanas de cotización dentro de los tres años anteriores al fallecimiento en el sistema de seguridad social. Precisó que no era procedente el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva a Jairo Plaza como consecuencia de la configuración del fenómeno jurídico de prescripción.

Propuso las excepciones de «PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD», «COMPENSACIÓN», «COSA JUZGADA», «INEXISTENCIA DEL DERECHO Y DE LA OBLIGACIÓN POR FALTA DE CAUSA Y TÍTULO PARA PEDIR», «COBRO DE LO NO DEBIDO», «NO CONFIGURACIÓN DEL DERECHO AL PAGO DEL I.P.C., NI DE INDEXACIÓN O REAJUSTE ALGUNO», «BUENA FE» y la que denominó «DECLARATORIA DE OTRAS EXCEPCIONES». (f.os 345 a 352)

El a quo tuvo por no contestada la demanda de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como la de La Fiduprevisora S.A. (f.º 551)

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Catorce Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, mediante fallo de 9 de diciembre de 2013, resolvió: (i) condenar a la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal a reconocer y pagar a Jairo Plaza y Miguel Alejandro Plaza Torralvo la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de Sara Rebeca Torralvo Herrera, en un 50% para cada uno de ellos; (ii) absolver al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Fiduprevisora Buen Futuro de todas y cada una de las pretensiones de la demanda incoadas en su contra; (iii) declarar no probadas las excepciones propuestas por Cajanal; (iv) condenar en costas a esta última entidad. (f.os 907 a 916)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL

La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que conoció en virtud de la apelación de la parte demandante, mediante fallo de 28 de febrero de 2014, decidió: (i) modificar «la sentencia del a quo, en cuanto condenó a Cajanal EICE al pago de la indemnización sustitutiva, para, en su lugar condenar, en los términos ordenados por el Juez de Primera Instancia, al ISS hoy Colpensiones»; (ii) adicionar la sentencia apelada, en el sentido de que en el evento de que no se hubiese hecho efectiva la orden impartida en la Resolución 20580 de 18 de mayo de 2007, que ordenó el pago de $407.337, debía realizarse su pago indexado; (iii) confirmar en todo lo demás; y (iv) revocar las costas de primera para, en su lugar, imponerlas a cargo del ISS, y absolver de las mismas en esa instancia

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal, luego de dar por demostrado que: (i) la afiliada había cotizado 766,5714 semanas en toda su vida laboral, según los siguientes tiempos: 3440 días en la Contraloría General de la República, 921 días en el Municipio de Sincelejo y 1005 días cotizados al ISS por parte de la empresa Crisvel Ltda.; (ii) la causante falleció el 29 de septiembre de 2003; (iii) el Municipio de Sincelejo y la Contraloría General de la República emitieron los respectivos bonos pensionales por los periodos laborados entre el 4 de mayo de 1977 hasta el 27 de julio de 1979 y desde el 23 de junio de 1983 hasta 12 de enero de 1993; (iv) el ISS como Cajanal negaron la pensión de sobrevivientes, mediante Resoluciones 20580 de 18 de mayo de 2007 y 60870 de 16 de diciembre de 2008, respectivamente, en razón a que en la historia laboral de la causante no se acreditaron las 50 semanas de cotización dentro de los tres años anteriores al fallecimiento; (v) el ISS le reconoció la indemnización sustitutiva a Miguel Alejandro Plaza Torralvo, con base en 143 semanas de cotización y un ingreso base de liquidación de $540.413, en cuantía de $407.337, señaló lo siguiente:

[…] En su recurso, el demandante, en contra de lo dicho en la demanda, totaliza 7968 días, que superan 20 años de servicio, para solicitar la pensión de sobrevivientes, cuya sumatoria, nada tiene que ver con la realidad procesal (…) por lo que se despacharán adversamente los argumentos mediante los cuales pretende el pago de esta prestación, sin que haya lugar a reclamar bono pensional tipo T de Colpensiones, pues no se configuran los requisitos del artículo 18 (sic) Decreto 4937 de 2009 para el otorgamiento de la pensión con 20 años de servicios pues se tienen 766 semanas que no superan ese lapso.

Tampoco se configura la pensión de sobrevivientes pues no existen 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a la muerte, ya que el fallecimiento de la causante, (sic) fue el 29 de septiembre de 2003 y la última cotización fue realizada a la (sic) Contraloría General de la República el 12 de enero de 1993 (folio 416), menos aún aplicarse el principio de la condición más beneficiosa en relación con el Acuerdo 049 de 1990, toda vez que la norma inmediatamente anterior, era el 26 de la Ley 100 de 1993 y la vigente a esa fecha, al momento de la muerte, el 29 de septiembre de 2003, era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, respecto de las que no se configuran los requisitos para la pensión de sobrevivientes por lo que se mantendrá la decisión que la negó.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda del recurso extraordinario y su réplica.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la parte recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque el fallo absolutorio del juzgado y, en su lugar, condene al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, «en la forma pedida en el acápite de pretensiones de la demanda, condenando en costas a la parte demandada».

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados, así:

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia por vía directa, en la modalidad de infracción directa de los siguientes artículos:

[…] 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el artículo 1 del Decreto 758 de 1990; 1, 2, 3, 6, 10, 11, 13, 46, 48, 288, 272 de la Ley 100 de 1993; artículo 1 de la Ley 797 de 2003, 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con los artículos 13, 48, 53 y 58 de la Constitución Política de Colombia, lo que condujo a la APLICACIÓN INDEBIDA del artículo 12 del Decreto 797 de 2003, que modifico (sic) el artículo 46 de la Ley 100 de 1993; artículo 16 del Código sustantivo (sic) del Trabajo; artículo 230 de la Constitución Política.

En el desarrollo del cargo, la censora cuestionó el hecho de que las autoridades judiciales y administrativas hubiesen aplicado de manera automática los requisitos legales vigentes al momento del deceso del afiliado, esto es, la Ley 797 de 2003, pasando por alto los aportes efectuados en los regímenes anteriores, con los cuales se consolidó el derecho pensional reclamado.

Sostuvieron que, no desconocen las diferentes reformas pensionales que se han suscitado en materia de seguridad social, pero lo que pretenden es que el sub examine se resuelva a la luz de los principios constitucionales de «progresividad, condición más beneficiosa, favorabilidad, igualdad, equidad» consagrados en la Constitución Política, el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 797 de 2003 y referidos en las sentencias CC T-593-2007, CC C-038-2004, CC T-221-2006 y CC T-974-2005 emitidas por la Corte Constitucional, respecto de las cuales transcribieron varios apartes.

Posteriormente, señalaron que la jurisprudencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, así como la de la Corte Constitucional han desarrollado los principios de «la conservación de la norma más favorable y la condición más beneficiosa en materia de Seguridad Social», que establecen «que una nueva norma no puede disminuir ni desconocer las condiciones favorables existentes en el ordenamiento anterior, en la medida que estas resultan ser más beneficiosas, por lo cual, deben ser reconocidas y respetadas por las Leyes (sic) posteriores».

Afirmaron que la sentencia atacada parte de un supuesto equivocado al entender que el principio de la condición más beneficiosa no se aplica en aquellos eventos en los cuales una persona fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, toda vez la norma inmediatamente anterior es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

Posteriormente, resaltaron lo siguiente:

[…] La Ley 100 de 1993, en su momento exigió para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes que el afiliado hubiera cotizado un mínimo de 26 semanas al momento de producirse el deceso; y si había dejado de cotizar, hubiese efectuado aportes como mínimo por 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produjo el fallecimiento, y en vigencia de este régimen era posible la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 por el principio de la condición más beneficiosa, que reconoce la pensión de sobrevivientes con 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo o 150 semanas en los últimos seis (6) años, conforme lo tiene establecido la honorable Sala de Casación Laboral; Sin embargo, el artículo 12 de la ley (sic) 797 de 2003 modificó los requisitos previstos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, al exigir que el afiliado fallecido, hubiera cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

Con fundamentó en lo anterior, sostuvieron que la exigencia de las 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento de un afiliado es una medida regresiva en materia de seguridad social, puesto que el nuevo régimen establece un requisito más riguroso en el tiempo y en el número de semanas, desconociendo la naturaleza y la finalidad de esta prestación frente aquellas personas que no cotizaron en vigencia de la Ley 797 de 2003, como ocurrió en el sub examine, situación que, por demás, limita el uso de los aportes en el tiempo e impide la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa de aquellos causantes que cumplieron con la densidad de las cotizaciones exigidas en este último régimen, encontrándose pendientes del acaecimiento del deceso «como condición o plazo para su causación».

Además, citaron algunos párrafos de las sentencias CC T-1064 -2006 y CC T-299 de 2010 emitidas por la Corte Constitucional e indicaron que el ad quem se reveló contra los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el artículo 1 del Decreto 758 de esa misma anualidad, al no haber aplicado los principios constitucionales, así como los de seguridad social, a los que hicieron referencia.

Sostuvieron que el juez de alzada aplicó indebidamente el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues, si bien es cierto era la norma vigente al momento del fallecimiento de la causante el 29 de septiembre de 2003, también lo es que la señora Rebeca Torralvo Herrera para esa data contaba con 766 semanas, que fueron cotizadas en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, con las cuales dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios, en razón a que cumplió con los requisitos exigidos en los artículos 6 y 25 del citado acuerdo, en su condición de cotizante activa, como eran 300 semanas de cotización en cualquier época o 150 dentro de los 6 años anteriores a la muerte, óptica bajo la cual no se podía aplicar al caso bajo estudio el aludido artículo 12, ya que la causante se encontraba «desafiliada del sistema» al no haber realizado cotización alguna en vigencia de la Ley 797 de 2003.

Aseveraron que el sentenciador de segundo grado aplicó indebidamente los artículos 46 de la Ley 100 de 1993 y 12 de la Ley 797 de 2003, dado que dichas disposiciones en manera alguna pueden afectar las situaciones definidas y consumadas conforme a leyes anteriores, como ocurre en el caso bajo estudio, pues, insistieron, la causante consolidó el derecho reclamado en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, al haber cumplido los presupuestos allí exigidos.

Alegaron que bajo las anteriores condiciones se mantiene para los beneficiarios una expectativa legítima para acceder a la prestación pensional y, por ello, era inviable aplicar la Ley 797 de 2003, debiéndose resolver el sub lite con fundamento en el principio de la condición más beneficiosa.

Por último, manifestaron que si el ad quem hubiese aplicado el artículo 1 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 11 de la Ley 100 de 1993, y el inciso 4.º del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, en armonía con los principios medulares de la seguridad social contenidos en los artículos 10, 11, 13, 46, 48, 288, 272 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política, habría concluido que era procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la luz del Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en razón a la naturaleza de los derechos que integran la prestación, así como los derechos adquiridos en vigencia de un régimen anterior.

RÉPLICA

La opositora, la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público adujo que no se opone al fundamento del recurso extraordinario de casación, pues los efectos de la sentencia que lo decida en manera alguna podrían cobijarlo, como consecuencia de los fallos absolutorios proferidos por los sentenciadores de instancia respecto a esa entidad.

La Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE en Liquidación, hoy Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales UGPP, se opuso a la prosperidad del cargo y sostuvo que no se causó la pensión de sobrevivientes, dado que «no existen 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a la muerte, ya que el fallecimiento de la causante, fue el 29 de septiembre de 2003 y la última cotización fue realizada a la Contraloría General de la República, el 12 de enero de 1993». Agregó que no puede invocarse el principio de la condición más beneficiosa con relación al Acuerdo 049 de 1990, toda vez que la norma vigente al momento de la muerte, el 29 de septiembre de 2003, es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, respecto de la cual no se configuraron los requisitos para la causación de la pensión de sobrevivientes.

Fiduciaria La Previsora S.A. arguyó que, como quedó definido en ambas instancias la absolución de dicha entidad, es inviable su modificación en sede de casación, toda vez que no se formuló pretensión alguna de condena en su contra en el alcance de la impugnación de la demanda de casación.

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, presentó réplica conjunta a los dos cargos formulados. Señaló que el ad quem acertó en la determinación adoptada, en la medida que se demostró que la causante no contaba con la densidad de semanas exigidas en la Ley 797 de 1993, en razón a que el fallecimiento de la afiliada ocurrió el 29 de septiembre de 2003 y la última cotización se efectúo el 12 de enero de 1993, motivo por el cual no se podía acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, dado que no acreditaron los requisitos de causación, aunado al hecho que es inviable la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 con fundamento en la condición más beneficiosa, dado que el fallecimiento de la causante ocurrió el 29 de septiembre de 2003, sin que se pueda hacer una búsqueda retrospectiva con el fin de determinar cuál es la normatividad viable para acceder a las pretensiones de la demanda. En razón de lo anterior, solicita que no se anule la providencia impugnada.

CARGO SEGUNDO

Acusa la decisión impugnada de vulnerar por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea las mismas disposiciones enlistadas en precedencia. A su vez, propone igual demostración.

RÉPLICA

Los opositores Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE en Liquidación, hoy Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales UGPP y Fiduciaria La Previsora S.A., expusieron los mismos argumentos planteados en la réplica al cargo primero.

CONSIDERACIONES

La Corte estudiará en forma conjunta las acusaciones propuestas contra el fallo del ad quem, en atención a que invocan la vía directa, citan el mismo elenco normativo y, además, están sustentados con argumentos que comportan una identidad en su formulación.

Así las cosas, dada la orientación de los cargos, no son objeto de controversia los siguientes supuestos fácticos: (i) que Sara Rebeca Torralvo Herrera falleció el 29 de septiembre de 2003; (ii) que cotizó un total de 776,57 semanas en toda su vida laboral, esto es, entre el 4 de mayo de 1977 y el 12 de enero de 1993; (iii) que no efectuó cotización alguna dentro de los tres años anteriores a su muerte; (iv) el ISS negó la pensión de sobrevivientes reclamada, mediante Resolución 0020580 de 18 de mayo de 2007; (v) que la Caja Nacional de Previsión Social, en Liquidación, igualmente negó la prestación reclamada, a través de Resolución 60870 de 16 de diciembre de 2008; .

La controversia estriba en determinar si es procedente el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor de los beneficiarios en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta, para ello, que la causante falleció el 29 de septiembre de 2003.

El tribunal, confirmó la decisión del sentenciador de primer grado, que negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, al argumentar que: (i) la afiliada, contrario a lo afirmado por los impugnantes en el recurso de apelación, no había superado los 20 años de servicios; (ii) no era procedente aplicar al sub lite el Acuerdo 049 de 1990, en aplicación de la condición más beneficiosa, porque la norma inmediatamente anterior a la fecha del deceso era el artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, que exigía 26 semanas de cotización, y la última cotización fue realizada por la Contraloría General de la República el 12 de enero de 1993; (iii) no se configuraron los requisitos exigidos en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, norma vigente a la fecha del deceso de la causante, para la causación del derecho pensional.

La historia laboral de la causante, sus tiempos de servicios y sus semanas de cotización, se pueden sintetizar en el siguiente cuadro:

Empleador

y

Período Laborado

Entidad de afiliación a la S.S.

Días trabajados

Semanas Cotizadas

Alcaldía de Sincelejo

4 de Enero/1977

al

27 de julio/1979

Caja de Previsión Municipal

924

132

Crisvel Ltda.

1.° de Diciembre/1979

al

31 de Agosto/1982

ISS

990

141,42

Contraloría Gral de la República

23 de Junio/1983

al

12 de Enero/1993

Cajanal

3440

491,42

Total de Semanas Cotizadas

764,85

Ahora bien, es criterio reiterado de esta Corporación que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la ley que se encuentra vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado. De ahí que, tal y como lo señaló el colegiado de apelaciones, la disposición que rige el presente asunto es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, cuyos requisitos para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes no cumplió la causante, dado que no cotizó 50 semanas durante los tres años anteriores al deceso, pues la última cotización data del 12 de enero de 1993, aspecto que no es controvertido en los cargos.

Por tanto, como la censura persigue que el proceso se resuelva con fundamento en los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, es necesario señalar que no es viable dar aplicación plus-ultractiva a la citada disposición, pues, como ha reiterado esta Sala no es posible realizar una búsqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares del causante y, por tanto, favorece a sus beneficiarios.

Al respecto en providencia SL5375-2019, que rememoró la sentencia SL3548-2018, se expuso lo siguiente:

[…] Ahora bien, es criterio reiterado de esta Corporación que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la ley que se encuentra vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado. De ahí que, tal y como lo señaló el ad quem, la disposición que rige el asunto es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, cuyos requisitos no cumplió el causante dado que no cotizó 50 semanas durante los tres años anteriores al deceso.

Así las cosas, como la censura persigue que el proceso se resuelva bajo la égida del artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990, es preciso señalar que no es viable dar aplicación a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una búsqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares del de cujus o cuál resulta ser más favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia futuro.

Esa ha sido la postura de la Sala expuesta en reiteradas providencias, entre otras, CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL1689-2017, CSJ SL1090-2017, CSJ SL2147-2017, CSJ SL3867-2017, CSJ SL17720-2017, CSJ SL 034-2018, CSJ SL149-2018 y CSJ SL353-2018.

En ese orden, no era procedente que el Tribunal considerara los requisitos para la pensión de sobrevivientes del Acuerdo 049 de 1990 como lo pretende la censura, ni siquiera bajo el argumento de acudir al principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes, lo que no ocurre en el sub lite.

En conclusión, el Tribunal no cometió los yerros endilgados, razón por la cual el recurso extraordinario no se encuentra llamado a la prosperidad.

Además, esta colegiatura en sentencia SL5611-2019, que reiteró lo sentado en la sentencia SL876-2019, donde a su vez, se reseñó lo consignado en la SL1983-2018, se expuso:

[…] Ilustra lo anterior lo sentado en la CSJ-SL 1983- 2018, en la que se rememoró la posición de la Corte en los siguientes términos:

Esta Corporación en sentencia CSJ SL, 9 dic. 2008 rad. 32642, reiterada en las de 16 feb. 2010 rad. 39804 y 15 mar. 2011 rad, 42021, precisó: … no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del derecho (…) Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido –a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos ‘plusultractivos’, que resquebraja el valor de la seguridad jurídica. He allí la razón por la cual la Corte se ha negado a aplicar la condición más beneficiosa en los procesos decididos por las sentencias del 3 de diciembre de 2007 (rad. 28876) y 20 de febrero de 2008 (rad. 32.642). (…)

Respecto de los casos que invoca el recurrente resueltos por esta Corporación en que se aplicó la condición más beneficiosa y se concedieron las prestaciones de supervivencia de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, se trata de eventos en que los decesos ocurrieron antes de la vigencia de la reforma introducida por la Ley 797 de 2003, lo que implica que se trata de supuestos fácticos diferentes.

En esta medida, no le asiste razón a la censura cuando afirma que el artículo 25 del Acuerdo 049/90 era aplicable al caso examinado, pues debido a la fecha del fallecimiento del causante, la norma que regulaba el asunto era la Ley 797/03.

De igual forma, en pronunciamientos más recientes, por ejemplo, en las Sentencias SL1938-2020, 3403-2020 y, otras más, esta Sala ha reiterado su criterio, en tratándose de la adecuada aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en punto a la aplicación de la normatividad inmediatamente precedente en lugar de dar efectos plus-ultractivos a normas que muy pretéritamente habían sido derogadas. Precisamente en la primera de las sentencias arriba referida, la SL1938-2020, así se enseñó:

El principio de condición más beneficiosa

Este principio tiene gran importancia a efectos de definir la norma aplicable en caso de un cambio normativo y, en materia de seguridad social, consiste en la preservación de las condiciones o los requisitos establecidos en la disposición anterior para acceder a una prestación, cuando aquella ha sido sustituida por otra.

Tal principio en nuestro ordenamiento jurídico ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991, a partir de la interpretación de algunas normas del Código Sustantivo del Trabajo, como el artículo 13 –mínimo de derechos y garantías-; no obstante, dicho estatuto constitucional lo consagró en el artículo 53.

En efecto, el citado precepto establece que «la ley, los contratos, los acuerdos y convenios del trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores», esto es, que las situaciones individuales y concretas previamente reconocidas deben conservarse ante una sucesión normativa; en otros términos, la nueva norma debe respetar las reglas que el régimen previo estableció.

A diferencia de los derechos adquiridos (artículo 58 ibidem), el principio de la condición más beneficiosa no procura por la protección de situaciones jurídicas consolidadas, en tanto que su campo de acción es mucho más amplio y cobija incluso a situaciones en proceso de consolidación, pues conserva los efectos de un estatuto normativo, que si bien fue objeto de derogatoria parcial o total, eventualmente es aplicable ultraactivamente.

En el caso de la pensión de sobrevivientes, la institución de la condición más beneficiosa protege las expectativas legítimas de los beneficiarios de un afiliado al sistema general de pensiones que fallece, siempre que haya cotizado la densidad de semanas establecidas en la ley anterior, pero cuyo hecho generador -la muerte-, ocurrió durante la vigencia de la norma posterior.

Pero la aplicación del principio en referencia tiene, además, las siguientes características: (i) no es absoluta ni atemporal; (ii) procede en caso de un cambio normativo, y (iii) permite la aplicación de la disposición inmediatamente anterior a la vigente al momento del fallecimiento, si el afiliado aportó la densidad de semanas requeridas para el reconocimiento del derecho pensional.

La característica relativa a que no es absoluto e ilimitado en el tiempo, significa que no puede ser usado para garantizar la perpetuidad de un régimen o de una regulación que en un tiempo pretérito estuvo vigente y le era aplicable a un sujeto o a un grupo, dado que, bien comprendido, su ámbito de actuación se orienta a conservar un régimen normativo anterior cuando quiera que el trabajador haya cumplido una condición relevante del mismo que, si bien no es definitiva para adquirir el derecho, juega un rol fundamental en su consolidación.

En este sentido, la condición más beneficiosa se sitúa en un lugar más allá de la simple expectativa para ubicarse en el concepto de expectativa legítima tutelable por el ordenamiento jurídico, en la medida en que no desconoce y ampara la consolidación de una exigencia relevante, que si bien no es suficiente para alcanzar el derecho, en tanto no se ha cumplido otra condición ulterior, sí genera la confianza fundada en torno a que el régimen que estaba en curso y en el que cumplió algunos presupuestos será respetado.

Sin embargo, su aplicación no puede ser irrestricta al punto de petrificar la legislación e impedir la puesta en marcha de reformas sociales de interés general, de las cuales dependa la realización y efectividad de los derechos de la comunidad o, la supervivencia de instituciones y prestaciones fundamentales para la sociedad; es decir, su aplicación debe ser razonable y proporcional a fin de no lesionar o comprometer otros derechos de interés público y social.

En esta dirección, esta Sala en sentencia CSJ SL 7964, 4 dic. 1995, indicó que este postulado «no es absoluto y en manera alguna conduce al anquilosamiento de la normatividad laboral, pues de lo que se trata es de proteger al trabajador que construye su vida y la de su familia alrededor de unas expectativas económicas y jurídicas generadas en su propia labor, de manera que un cambio desfavorable de esas expectativas sólo es humana y jurídicamente admisible, cuando en cada caso concreto medien serias circunstancias justificantes, verbigracia el interés general reconocido».

En aplicación de la jurisprudencia en precedencia referida, debe indicar la Sala que, no era procedente que el tribunal considerara los requisitos para la pensión de sobrevivientes del Acuerdo 049 de 1990 como lo pretende la censura, ni siquiera bajo el argumento de acudir al principio de favorabilidad que contempla el artículo 53 de la Constitución Política, toda vez que su mandato parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes, lo que no ocurre en el sub examine.

Ahora bien, si se analizara el presente caso bajo la perspectiva del tránsito legislativo, entendido éste como el espacio-tempore delimitado entre la derogatoria de una ley y la sanción y promulgación de una nueva, en nada cambiaría el panorama ya advertido, pues, la causante al momento del tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, no estaba cotizando y no tenía 26 semanas en al año inmediatamente anterior, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y 29 de enero de 2003. Ergo, no puede predicarse por esta vía, que la causante tenía una situación jurídica concreta que permita que a sus beneficiarios les deba ser protegida a través del principio de la condición más beneficiosa. (Ver Sentencia SL2337-2020)

Por otro lado, si la Sala se situara bajo la égida del parágrafo 1.º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que consagra:

[…] Parágrafo 1°.- Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes en los términos de esta ley.

Al respecto debe indicar la Sala, teniendo en cuenta la circunstancias particulares de la causante, quien, al momento del fallecimiento, se encontraba afiliada a la extinta Caja Nacional de Previsión Social y, que posteriormente, fue inscrita al Instituto de Seguros Sociales, en virtud del artículo 4 del Decreto 2196 de 2009, asumiendo, como consecuencia, esta última entidad el reconocimiento de las prestaciones del régimen de prima media con prestación definida de los servidores públicos, se tiene que, en principio, la normatividad aplicable sería el artículo 33, original, de la Ley 100 de 1993, que exige 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo, supuesto fáctico que no cumplió la causante al momento del fallecimiento, en tanto a esa data tenía cotizadas 764,85 semanas en toda su vida laboral.

Por otra parte, tampoco es aplicable el Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta para ello que la causante nació el 2 de junio de 1954 y era, en principio, beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, a pesar de la nueva postura adoptada por esta Sala en torno a posibilitar la sumatoria de tiempos públicos y semanas de cotización para el reconocimiento de prestaciones periódicas a la luz del citado acuerdo (Ver Sentencia SL1947-2020), lo cierto es que no alcanzó la causante a dejar, siquiera, cotizadas las 500 semanas exigidas, como mínimo, en los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad, exigencia esta última que para este caso se habilitó con la fecha de su deceso, ya que en ese respectivo interregno, -29 de septiembre de 1983 al 29 de septiembre de 2003-, sólo dejó cotizadas 477,57 semanas.

Finalmente, si se analiza la prestación económica pretendida a la luz del artículo 7 de la Ley 71 de 1988, tampoco tendría derecho, ya que no cumplió con las exigencias allí previstas en tanto que los 20 años de aportes allí requeridos, los cuales equivalen a 1028,57 semanas, se insiste, tampoco se satisfacen en la medida de que la causante sólo acumuló un total de 764,85 semanas, cifra obtenida por la Sala como se dijo precedentemente y resulta inferior a la obtenida por el tribunal.

Ahora bien, como quiera que la censura en la demostración de los cargos aludiera a varias decisiones provenientes de la jurisdicción constitucional, sobre la fuerza vinculante de dichos precedentes y en desarrollo de un ejercicio de transparencia, esta Corte en las providencias SL1884-2020 y SL1938-2020, rememoradas en la SL3314-2020, así adoctrinó:

[…] La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, y que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de dictar sentencia.

Asimismo, ha precisado que su precedente tiene fuerza vinculante, puesto que no existe duda que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermenéutica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgar comprensiones a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones jurídicas y a desarrollar principios básicos del Estado Constitucional, como el de seguridad jurídica; además, permite materializar el respeto de los principios de la igualdad, la supremacía de la Carta Política, el debido proceso y la confianza legítima (C-539-2011).

No obstante, también ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad, es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior, y el precedente en vigor, esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela.

El primero tiene una fuerza vinculante especial y obligatoria en razón de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresión a las disposiciones de la Constitución Política (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque también tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentación suficiente, en armonía con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017).

En este contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y que su aplicación debe ser proporcional –a fin de no quebrantar otros bienes jurídicos superiores valiosos para los individuos y la sociedad-, respecto de la sentencia de tutela T-953-2014 que refiere la censura en el cargo, la Sala considera oportuno señalar que la misma tiene efectos inter partes. Y, en todo caso, dicho criterio fue posteriormente modificado a través de la sentencia SU-05-2018, de cuyo contenido esta Sala de Casación de la Corte se aparta, en cumplimiento de los requisitos de trasparencia y suficiencia definidos por la Corte Constitucional (C-621-2015 y SU-354-2017), por las razones que expone a continuación (deber de argumentación suficiente):

En esa providencia, dicha autoridad judicial estableció que es posible la aplicación plus ultraactiva de la condición más beneficiosa cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003; (ii) no acredite 50 semanas de aportes en los 3 años anteriores al deceso para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, y (iii) reúne el número mínimo de semanas exigidas en el régimen anterior.

Igualmente, asentó que es procedente la acción de tutela para reclamar la pensión de sobrevivientes cuando se cumplan con las siguientes condiciones del test de procedencia: (i) pertenecer a un grupo de especial de protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) tener afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital; (iii) depender económicamente del causante antes de su fallecimiento, de modo que la pensión de sobrevivientes constituye el ingreso; (iv) al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la pensión de sobrevivientes, y (v) la persona reclamante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de tal prestación.

Pues bien, a juicio de esta Corporación, en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Asimismo, desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente los de aplicación general e inmediata y retrospectividad.

Además, de aplicarse cualquier disposición anterior se darían efectos plus ultraactivos a normativas derogadas en una sucesión de tránsitos legislativos, lo que afecta el principio de seguridad jurídica, pues genera incertidumbre sobre la norma aplicable en la medida en que el juez podría hacer un ejercicio histórico para definir la concesión del derecho pensional con aquella que más se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de carácter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible (CSJ SL1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019 y CSJ SL2829-2019).

Por otra parte, debe advertirse que la financiación de todo sistema pensional depende de variables demográficas, fiscales o actuariales que deben ajustarse en diferentes momentos, de modo que las reformas en determinados contextos pueden privilegiar aspectos que antes no contemplaban o, potenciar algunos de ellos, como por ejemplo darle mayor peso a la permanencia en la afiliación para la adquisición de un derecho pensional que a la sola acreditación de un número específico de semanas.

En consecuencia, la introducción de reglas ajenas a las legales puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha diseñado el sistema pensional y comprometer la realización de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, el reconocimiento de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causación y pago.

En síntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condición más beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicación y actualizarlo conceptualmente bajo la égida del modelo constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad y la garantía de efectividad de los derechos fundamentales sociales.

Por ello, se reitera, esta Corporación ha adoctrinado que, respecto de las exigencias para acceder a la pensión de sobrevivientes, el juez no puede realizar un examen histórico de las leyes anteriores a fin de determinar una aplicable al caso particular.

En suma, debe reiterar esta Sala la no posibilidad de instrumentar el principio de la condición más beneficiosa para adaptar las circunstancias particulares de un caso en concreto a la norma que mejor se avenga a los propósitos o finalidades particulares, pues, tal y como se ha decantado jurisprudencialmente, la teleología principialistica apunta es a permitir la extraordinaria aplicación, pero se insiste, de la disposición inmediatamente anterior.

De tal manera que no erró el juzgador de la alzada cuando precisó que, de aplicar el principio de la condición más beneficiosa, no se podría acudir a norma diferente a la inmediatamente anterior a la que regía el asunto. Por lo anterior, los cargos no prosperan.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones doscientos cuarenta mil pesos ($4.240.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 28 de febrero de 2014 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JAIRO PLAZA, MIGUEL ALEJANDRO, JAIRO NICOLÁS y SARA CATHERINE PLAZA TORRALVO contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en liquidación, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL en liquidación, La FIDUPREVISORA S.A. (BUEN FUTURO) y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandante: Jairo Plaza y Otros

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y Otros.

Radicación: 68596

Magistrado Ponente: Omar Ángel Mejía Amador

Como tuve la oportunidad de manifestarlo en la sesión correspondiente, aunque suscribo el sentido de la decisión porque la afiliada no reunió la densidad de semanas prevista en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, estoy en desacuerdo con el argumento según el cual es posible aplicar la Ley 100 de 1993 en su texto original, en virtud de la denominada perspectiva del «tránsito legislativo» o principio de la condición más beneficiosa, cuando la muerte se produce en vigencia de la primera de las citadas leyes. Las razones las he expuesto en distintos votos disidentes de sentencias en las que se ha abordado este mismo tema del principio de la condición más beneficiosa en el tránsito de la Ley 100 de 1993 y sus reformas pensionales -leyes 797 y 860 de 2003-, las cuales transcribo a continuación:

LOS DESACUERDOS VERBALES EN TORNO AL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA

De entrada, la condición más beneficiosa es un principio que suscita una enorme dificultad, puesto que ni la Constitución Política ni la ley definen qué debe entenderse por tal. Por ello, cualquier teorización sobre este principio es necesariamente convencional, en tanto que no existe un significado único o verdadero de la condición más beneficiosa, solo puede haber un acuerdo sobre su contenido. Y, desde ahí, viene la primera dificultad: el significado que la mayoría o algunos de los magistrados atribuye a la condición más beneficiosa es distinto al que le asigna la minoría o algunos de ese grupo. Entonces, a primera vista, estamos en una controversia insoluble porque no

existe acuerdo previo sobre lo qué es la condición más beneficiosa y, al final, cada cual define según sus percepciones lo que cree que debería ser ese concepto.

Genaro Carrió denomina este tipo de desacuerdos «Seudo-Disputas originadas en equívocos verbales», caracterizadas por la creencia de que cada palabra o frase tiene un significado intrínseco o propio, que no puede ni debe confundirse con las extensiones que la licencia lingüística pretende añadirle. Esto, desde luego, tiene graves consecuencias, pues empezamos por indagar el significado de la condición más beneficiosa, luego por su esencia o naturaleza –como si fuese una entidad real- y finalmente presuponemos que es posible describir las características verdaderas de esa entidad.

Para solucionar esto -añade Carrió- y evitar que nos embarquemos en una discusión monumentalmente estéril, debemos ponernos de acuerdo previamente sobre cuál de los sentidos de una multívoca frase o palabra vamos a usar. De lo contrario, el debate será totalmente infructuoso.

LOS PUNTOS DE CONSENSO. LA LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA Y EL CARÁCTER DINÁMICO DE LA LEGISLACIÓN SOCIAL: UN LÍMITE AL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA

Este escollo derivado de la necesidad y dificultad de estipular una definición convencional de la condición más beneficiosa, como presupuesto de un debate constructivo, no es en lo absoluto una cuestión insuperable. Considero que una buena manera de empezar el estudio del tema hubiese sido identificar los aspectos que teníamos en común o en los que había algún grado de consenso. Y me parece que un punto de encuentro tiene que ver con que la condición más favorable no es un postulado absoluto o irrestricto, capaz de petrificar la legislación e impedir la puesta en marcha de reformas sociales de interés general.

Ahora, esta aproximación inicial al problema de la condición más beneficiosa es, a mi modo de ver, saludable, porque desde ese punto de partida se podía construir un dialogo entre este principio y el de la prevalencia del interés general; ambos debían armonizarse, no desplazarse.

El planteamiento anterior, a su vez, nos conduce a preguntarnos: ¿cuáles son los límites al principio de la condición más beneficiosa en función de ese interés general?, ¿aplica frente a todo tipo de reformas pensionales? Mi respuesta, es la siguiente: el principio de la condición más favorable, si bien existe, no debe ser interpretado de modo tal que obstaculice o dilate la ejecución de reformas legislativas necesarias para dar respuesta inmediata a problemas sociales y económicos.

En esta dirección, esta Sala en sentencia CSJ SL, 4 dic. 1995, rad. 7964 indicó que este postulado «no es absoluto y en manera alguna conduce al anquilosamiento de la normatividad laboral, pues de lo que se trata es de proteger al trabajador que construye su vida y la de su familia alrededor de unas expectativas económicas y jurídicas generadas en su propia labor, de manera que un cambio desfavorable de esas expectativas sólo es humana y jurídicamente admisible, cuando en cada caso concreto medien serias circunstancias justificantes, verbigracia el interés general reconocido […]».

En idéntico sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-177 de 2005, al referirse a la teoría de la irreversibilidad en virtud de la cual los estándares normativos de protección son inmodificables, señaló que «de aplicarse el criterio del actor, se llegaría al absurdo de que las normas laborales se volverían inmodificables y toda la legislación laboral estática, a pesar de los grandes cambios que en esta materia es necesario introducir, en atención al dinamismo de las relaciones laborales y las políticas sociales y económicas, que en defensa del interés social o general debe prevalecer sobre el particular, y las cuales finalmente redundan en el mejoramiento de la clase trabajadora».

Desde este punto de vista, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa y la teoría de la irreversibilidad de los estándares normativos, así se aplique temporalmente, no puede suspender ni mucho menos paralizar la puesta en marcha de importantes adecuaciones a las políticas laborales, sociales y económicas. La justicia, oportunidad y conveniencia de la ejecución en el tiempo de las leyes debe juzgarse por el órgano legislativo, y ello solo podría ser objetado –por los jueces- por motivos de inconstitucionalidad o cuando perturbe expectativas legitimas tutelables por el derecho, lo cual tendría lugar frente a alteraciones sustanciales o estructurales en la legislación, no cuando se trate de simples ajustes institucionales.

En este orden de ideas, el acento debe ponerse en si la reforma es un ajuste legislativo necesario para dar respuesta inmediata a una problemática socioeconómica, caso en el que los jueces no podrían prorrogar la vigencia en el tiempo de las leyes; si, por el contrario, la reforma genera un cambio relevante en el statu quo o en las condiciones esenciales preestablecidas, en detrimento de la confianza de los ciudadanos, la condición más beneficiosa cobra todo su esplendor. Por lo demás, esta diferencia corresponde a lo que son las simples expectativas y lo que son las expectativas legítimas tutelables por el derecho, cuya diferencia es bastante sutil cuando se trata de identificar una y otra, pero absolutamente imprescindible.

MI CONCLUSIÓN: NO APLICA LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA EN EL TRÁNSITO DE LA LEY 100 DE 1993 Y SUS REFORMAS PENSIONALES

Si lo anterior es claro, me parece que en el tránsito de la Ley 100 de 1993 a las leyes 797 de 2003 y 860 de 2003, no cabe la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, toda vez que estas reformas estaban diseñadas para oxigenar de forma inmediata la insuficiencia financiera que desde hace años afronta el sistema. No hubo, pues, un cambio de régimen o sistema pensional, cuya alteración exagerada trastoque las expectativas legitimas de los afiliados al sistema. De hecho, el sistema es el mismo y la reforma no es aguda, como en su momento lo fue el cambio del Acuerdo 049 de 1990 por la Ley 100 de 1993.

Por lo demás, una modificación de 26 semanas en cualquier tiempo o en el año anterior a la muerte o invalidez –según sea cotizante activo o inactivo- a 50 semanas en los tres años anteriores, no comporta una alteración sustancial tal que amerite la suspensión temporal de la legislación actual para proteger las expectativas legítimas de ciertas personas. Me parece que este ajuste era de aplicación inmediata, independientemente de que cada uno de los magistrados piense que no era conveniente políticamente.

Debo agregar que la creación de reglas jurisprudenciales encaminadas a prorrogar la vigencia inmediata de reformas sociales indispensables y urgentes, a través de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, es una actividad que corre el riesgo de usurpar competencias propias del órgano legislativo. En este escenario, los límites entre la interpretación jurídica y la creación legal son difusos.

Con base en los anteriores argumentos, aclaro el voto

Fecha ut supra.

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada

Cód 4

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