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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5152-2020

Fecha
23 de septiembre de 2020
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL5152-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2014, la Sala Primera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso que JOSÉ VICENTE VELÁSQUEZ SÁNCHEZ adelanta en contra de la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DEL ATLÁNTICO -EMPOTLAN- y DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. En sede de instancia, se declara la nulidad del auto que admitió el grado jurisdiccional de consulta y, en su lugar, se dispone que es improcedente; por lo que se ordena devolver el expediente al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla. Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5152-2020

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

23 de septiembre de 2020

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL5152-2020

Radicación n.° 69975

Acta 35

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil diecinueve (2020)

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por JOSÉ VICENTE VELÁSQUEZ SÁNCHEZ contra la sentencia proferida por la Sala Primera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 18 de septiembre de 2014, dentro del proceso adelantado por el recurrente en contra de la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DEL ATLÁNTICO -EMPOTLAN- y DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

ANTECEDENTES

José Vicente Velásquez Sánchez demandó a la Empresa de Obras Sanitarias del Atlántico -Empotlan- y al Departamento del Atlántico, con el fin de que se declarara que reunía los requisitos para acceder a la pensión sanción y, en consecuencia, que se condenara a las accionadas al reconocimiento y pago de dicha prestación a partir del 24 de mayo de 2010, fecha en que cumplió la edad exigida, incluyendo el pago de las mesadas adicionales.

Igualmente, solicitó que la asignación pensional fuera liquidada con el 50,55% sobre el valor del salario, primas y toda clase de ingresos del último año de servicio con Empotlan, que cuantificó en $221.967, que debidamente indexada, corresponde a una asignación inicial proporcional de $1.874.969, a partir del 24 de mayo de 2010. Así mismo, que se indexara su primera mesada pensional año por año, más las costas y, en especial, las agencias en derecho.

Fundamentó sus peticiones en que laboró al servicio de la Empresa de Obras Sanitarias del Atlántico desde el 2 de enero de 1976 al 28 de febrero de 1989, es decir, por 13 años, 1 mes y 7 días; que su último cargo fue el de «Ayudante Instalador Acueducto de Sabanalarga»; que su vinculación se dio bajo un contrato laboral por término indefinido; que como consecuencia del Decreto 25 de 1989, que ordenó la liquidación de Empotlan, le fue terminado sin justa causa su contrato, mediante comunicación firmada por el gerente liquidador.

Que, como consecuencia de lo anterior, Empotlan procedió con el pago de la indemnización por despido injusto que fue liquidada con un salario promedio de $224.967,00, las cesantías, y prestaciones sociales por un total de $7.918.256.59. Finalmente, que agotó reclamación correspondiente ante cada una de las entidades demandadas.

La Gobernación del Atlántico, al dar respuesta a la demanda, se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda; en cuanto a los hechos manifestó que no le costaban en razón a que el Departamento no intervenía en el manejo administrativo de los trabajadores o funcionarios de Empotlan, dado que esta gozaba de autonomía administrativa y presupuestal, y sus trabajadores no tenían vínculo alguno con el Departamento del Atlántico.

En su defensa propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa y cosa juzgada.

Se dio por no contestada la demanda por parte de la Empresa de Obras Sanitarias del Atlántico -Empotlan.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia del 7 de octubre de 2013, declaró no probada la excepción de cosa juzgada, y condenó a la Empresa de Obras Sanitarias del Atlántico –Empotlan- al reconocimiento de la pensión sanción en favor del señor Velásquez Sánchez equivalente al 49% de los aportes salariales con los que cotizó, sin que sea inferior a un salario mínimo, a partir de la fecha en que cumpla 60 años, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 171 de 1961.

Declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento de Atlántico y, en consecuencia, lo absolvió de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Costas a la empresa demandada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, mediante sentencia del 18 de septiembre de 2014, revocó la de primer grado y, en su lugar, absolvió a las entidades demandadas de los cargos de la demanda. Sin costas en la instancia.

Recordó el juez de alzada que lo reclamado en el asunto bajo su estudio era la pensión sanción, por cuanto supuestamente al actor le dieron por terminado el contrato de trabajo sin que mediara justa causa.

Para la resolución del objeto de litigio, acudió a la Ley 171 de 1961, la que transcribió en la parte pertinente y expuso que para acceder a la pensión sanción, conforme a dicha norma, se requería el cumplimiento de dos requisitos: i) que el trabajador hubiera sido despedido del servicio sin que mediara justa causa y ii) haber laborado para la misma empresa o entidad durante más de 10 años y menos de 15; exigencias que una vez cumplidas permitían que la pensión fuera concedida, pero a partir del momento en que se cumplieran los 60 años de edad.

El Tribunal encontró que el actor cumplió 60 años el 24 de mayo del 2010, que alcanzó aproximadamente 13 años de servicios; no obstante, que, si bien el trabajador reunía los requisitos exigidos en la norma reseñada, evidenció que desde el momento de la vinculación del señor Velásquez Sánchez a Empotlan, a inicios del año 1976, su empleador dio cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 259 del CST, norma que también citó para dejar por sentado que, cuando el empleador afilió al trabajador al ISS para los riesgos de IVM, se relevó de la obligación pensional y, por tanto, no procedía la pensión deprecada, y sumó a su argumento lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, que retomó lo estatuido en el artículo 8 de la Ley 171 de 1961, para acotar que:

[…] la lectura desprevenida de la norma antes reseñada, lleva a concluir sin hesitación alguna, que la pensión sanción solo estará en cabeza del empleador cuando éste haya omitido la afiliación al régimen general de pensiones; como en este caso está más que acreditado, en los autos, que el hoy demandante, extrabajador de la demanda en Empotlan fue afiliado al Instituto de los Seguros Sociales, no procede la pensión reclamada, así las cosas con arreglo a todo lo reflexionado, lo que se impone es la absolución […]

RECURSO DE CASACIÓN.

El recurso fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que se case la sentencia de segunda instancia, en cuanto revocó en todas sus partes la decisión del Juzgado; una vez constituida en sede de instancia, se confirme en su integridad el fallo condenatorio de primer grado, se ordene el reconocimiento de la pensión sanción peticionada y se provea en costas como en derecho corresponda.

Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, los cuales no fueron replicados. Por cuestiones de método se estudiarán inicialmente los dos primeros.

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia impugnada por incurrir en violación de medio «de los artículos 69 del Decreto 2158 de 1948 (CPL y de la SS); 14 de la Ley 1149 de 2007; 29 de la CN; 331 del CPC; 302 de la Ley 1564 de 2012, lo que condujo a que se quebrantara indirectamente por aplicación indebida los artículos 259 del CST (num 2°); 133 ley 100 de 1993, lo que a su turno llevó a la infracción directa de los artículos 8 de la ley 171 de 1961; 74 del Decreto 1848 de1969; Decreto 3135 de 1968; 177 del CPC; 167 de la Ley 1564 de 2012 (CGP); 8 de la Ley 153 de 1887; 53 de la CN; 29 y 53 de la C.N.».

Señala que los quebrantos normativos se produjeron como consecuencia de los errores de hecho manifiesto identificados como:

1. Dar por demostrado, que, en el presente asunto, procedía la consulta.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la Empresa de Obras Sanitarias del Atlántico fue Departamentalizada mediante Decreto 000025 de 1989 expedido por el Gobernador del Atlántico.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la Empresa de Obras Sanitarias del Departamento del Atlántico era una empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Departamental.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el departamento (sic) del atlántico (sic) adquirió los derechos sociales que poseía la Nación en la Empresa de Obras Sanitarias del Departamento del Atlántico.

5. No dar por demostrado, estándolo, que la Nación no era garante de la Empresa de Obras Sanitarias del Atlántico.

Refiere que tales errores de hecho se produjeron como consecuencia de la no apreciación de la prueba obrante a folios 51 a 56, esto es, el Decreto 000025 de 1989, expedido por el Gobernador del Atlántico, mediante el cual se departamentaliza una entidad descentralizada y se ordena su liquidación.

El recurrente dice compartir las conclusiones del Colegiado en cuanto a que la sentencia de primera instancia fue condenatoria, y que el apoderado de la Empotlan no interpuso recurso de apelación, y evidencia que se aparta de la decisión de darle trámite al Grado Jurisdiccional de Consulta y, en consecuencia, que hubiera revisado de manera oficiosa la sentencia de primer grado sin haber dado por demostrado que la empresa referida fue Departamentalizada mediante el Decreto 000025 de 1989 expedido por el Gobernador del Atlántico, documento en el que se observa que la naturaleza de la misma es de Empresa Industrial y Comercial del Estado, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa del orden departamental, según el artículo 1 del decreto en comento.

Así mismo, refiere que el Juez de Alzada ignoró que el Decreto Departamental 000025 de 1989, establece claramente en el artículo 4, que el patrimonio de Empotlan estaría constituido, «entre otros, por los siguientes derechos: "[...] b) Los derechos sociales adquiridos por el Departamento a la Nación e INFOPAL"» por lo que, de haber estimado la prueba, habría dado por demostrado que, si bien la Nación poseía unos derechos en esa empresa citada, estos fueron adquiridos por el Departamento del Atlántico y, con ello, habría podido deducir que la Nación no es garante de la misma y, en consecuencia, que no procedía el grado jurisdiccional de consulta.

Finalmente asevera, que en el expediente no obra prueba que acredite que la Nación es garante de la Empresa de Obras Sanitarias del Atlántico, para que pudiera operar el grado jurisdiccional de consulta, en el caso objeto de controversia.

CARGO SEGUNDO

Acusa la sentencia impugnada por incurrir en violación de medio «de los artículos 69 del Decreto 2158 de 1948 (CPL y de la SS); 14 de la Ley 1149 de 2007; 29 de la CN; 331 del CPC; 302 de la Ley 1564 de 2012, lo que condujo a que se quebrantara directamente por aplicación indebida los artículos 259 del CST (num 2°); 133 ley 100 de 1993, lo que a su turno llevó a la infracción directa de los artículos 8 de la ley 171 de 1961; 74 del Decreto 1848 de 1969; Decreto 3135 de 1968; 177 del CPC; 167 de la Ley 1564 de 2012 (CGP); ; 8 de la Ley 153 de 1887; 53 de la CN; 29 y 53 de la C.N.»

Indica la censura que se materializa la violación de las normas acusadas en la proposición jurídica, por cuanto el artículo 69 del CPTSS, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, no consagró el grado jurisdiccional de consulta de manera general, sino que lo instituyó para casos específicos, esto es, cuando las sentencias de primera instancia fueran adversas a la Nación, Departamento o Municipio, o a entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante; condición que opera por ministerio de la Ley.

En ese contexto, encuentra errada la providencia acusada por cuanto el Tribunal fue más allá del alcance de la norma ya que «la misma no hizo ninguna referencia a que la Nación sea garante de las entidades descentralizadas del orden territorial como la enjuiciada, ni mucho menos esa disposición se refirió a la prueba jurídica o fáctica, de ello».

Por último, afirma que, adicionalmente, se configura el quebrantamiento del debido proceso tutelado en el artículo 29 de la CN.

CONSIDERACIONES

Se procede al estudio conjunto de los cargos 1 y 2, aun cuando se presentan por vías diferentes, por cuanto acusan el mismo elenco normativo y pretenden el mismo fin.

Se recuerda que el Tribunal conoció el caso en segunda instancia en virtud del grado jurisdiccional de consulta y absolvió a las entidades demandadas por estimar que el empleador cumplió con el deber de afiliar al demandante al ISS para los riesgos de IVM.

La censura se duele de que el Juez de segundo grado hubiera dado un alcance diferente al artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, sin percatarse de que la Empresa de Obras Sanitarias del Atlántico -Empotlan, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado frente a la cual la Nación no es garante, requisito indispensable para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta.

Así las cosas, corresponde a esta Sala determinar si procedía el grado jurisdiccional de consulta dada la naturaleza de la Empresa de Obras Sanitarias del Atlántico -Empotlan.

Para abordar el estudio, es preciso señalar que el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por la Ley 1149 de 2007, se encontraba en vigor a la fecha en que fue presentada la demanda, esto es, el 16 de enero de 2013, como quiera que el 1º de enero de 2012, había entrado en operación para el Distrito de Barranquilla en virtud del artículo 1º del Acuerdo N° PSAA11-9006-2011 del 15 de diciembre de 2011 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Pues bien, el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por la Ley 1149 de 2011, estatuye:

Artículo 14. Artículo 69 modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2011. Procedencia de la consulta. Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción denominado de "consulta". Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas. También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante. En este último caso se informará al Ministerio del ramo respectivo y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la remisión del expediente al superior.

En primera medida valga recordar que la consulta no constituye un recurso adicional, sino un grado jurisdiccional, que impone la obligación al juez de primera instancia, de enviar su fallo ante el superior para que sea revisado, cuando no sea apelado, en los eventos previstos en la norma. En ese orden, la consulta se surte por ministerio de la ley y, efectivamente, es taxativa, entonces, solo opera en aquellos casos contemplados en la norma en cita.

Esta Corte, en sentencia CSJ SL8647-2015, explicó:

En el caso de los procesos del trabajo y de la seguridad social, conforme al artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, procede la aludida consulta cuando: 1º) las sentencias de primera instancia fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador –o afiliado o beneficiario, según el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007--, si no fueren apeladas; y 2º) las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al departamento o al municipio. Además, el citado artículo 14 de la Ley 1149 de 2007 estableció que también serían objeto de consulta 3º) las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante, caso en el cual se informará al Ministerio del ramo respectivo y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la remisión del expediente al superior.

De conformidad con la línea de pensamiento de esta Sala, es menester determinar la naturaleza de la Empresa de Obras Sanitarias del Atlántico -Empotlan y si el Nación es garante de la misma.

Al respecto, el artículo 1o del Decreto Departamental 00025 de 1989, que obra a folios 51 a 56, señala:

La Empresa de Obras Sanitarias del Atlántico es una empresa industrial y comercial del Estado, dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, del orden departamental y está adscrita a la Secretaría de Fomento.

El artículo 4º, referente a su patrimonio, indica que estará constituido, entre otros, por:

Los bienes muebles o inmuebles que poseía y posee la entidad

Los derechos sociales adquiridos, por el Departamento a la Nación e INFOPAL.

Las transferencias y aportes que reciba la entidad de entidades públicas y/o privadas.

Los derechos de tasas y contribuciones

Cualquier otros derechos que con justo título se adquieran

Resulta importante traer a colación que en las disposiciones finales el artículo 22, frente al pasivo laboral, se instituye:

El pasivo laboral que la Empresa de Obras Sanitarias del Atlántico contrajo en su fase nacional con sus trabajadores, estará a cargo de la Nación, pero la entidad departamentalizada negociará con la Nación para el pago de los derechos correspondientes.

Finalmente, el artículo 24 regula:

La deuda externa e interna con que quede la Empresa de Obras Sanitarias del Departamento del Atlántico, es de responsabilidad de la entidad en los términos y condiciones establecidas por el Gobierno Nacional, dentro de la política aprobada en materia de descentralización para el sector agua potable. Efectuada la liquidación de la Empresa de Obras Sanitarias del Atlántico, la deuda externa e interna de la entidad será asumida por el órgano o personería jurídica que la remplace, en los términos y condiciones que de la Empresa de Obras Sanitarias del Atlántico.

En desarrollo del Decreto Departamental citado, se expidió la ordenanza No. 000031 del 2 de septiembre de 1993, (folio 57-58) mediante la cual se autorizó al Gobernador del departamento a:

i) Suscribir convenios interadministrativos con la Nación, para concurrir a la creación de un Fondo de cofinanciación, sin personería jurídica, con destinación exclusiva a la atención del pago de obligaciones laborales ya causadas o que, a futuro, se ocasionaran durante la existencia de Empotlan y el desarrollo de su liquidación. Fondo frente al que se dispuso su extinción una vez se finalizara la función de su creación.

ii) La contratación de un «crédito-puente para cancelar las mesadas pensionales atrasadas y actualmente exigibles a ex-trabajadores con derecho a ellas de la Empresa de Obras de Sanitarias del Atlántico "EMPOTLAN, con parte de la financiación de la proporción que le corresponderá asumir en el pago global de los mencionados pasivos laborales».

Estatuye la ordenanza que a partir de su publicación se derogan todas las disposiciones que le sean contrarias. Resta agregar que esta ordenanza fue aclarada y modificada en su artículo 2º, a través de la Ordenanza No. 000058 del 14 de diciembre de 1993, habilitado que con los recursos del crédito puente se atienda la cancelación de las deudas de Empotlan «tales como mesadas pensionales atrasadas, sentencias condenatorias, salarios moratorios, cancelación, reliquidaciones de prestaciones sociales originadas en mandamientos judiciales, todo como parte de la financiación de la proporción que le corresponderá asumir en el pago global de los mencionados pasivos laborales».

Del marco normativo de carácter departamental expuesto, se puede concluir que efectivamente la Empresa de Obras de Sanitarias del Atlántico “EMPOTLAN”, a partir de 1989, es una empresa industrial y comercial del orden departamental y que los derechos sociales que poseía la Nación fueron adquiridos por parte del Departamento, de lo que se deriva, a todas luces, que no es una entidad del orden nacional.

De otro lado, tampoco se encuentra que la Nación fuera garante de los pasivos de Empotlan y, en este punto, vale la pena resaltar que cuando se habla de que el Estado actúa en tal condición, como su nombre lo indica, garantiza el pago o asunción de determinadas obligaciones que son de un tercero, esto es, la Nación no figura como el obligado directo.

Con sustento en ello y revisado el artículo 24 del Decreto Departamental 25 de 1989, claramente establece que la deuda externa e interna con la que quede Empotlan, será responsabilidad de ésta y que, concluida la liquidación, será asumida por el órgano o persona jurídica que la remplace, en la forma como lo venía haciendo la empresa liquidada. Dejando por sentado que la Nación no es garante de este pasivo.

Ahora bien, debe reseñarse que el artículo 22 del Decreto 025 de 1989, que regula el pasivo laboral y que fuera anteriormente citado, no contempla que la Nación sea garante del pasivo de Empotlan, lo que determina claramente la responsabilidad directa del Estado en los pasivos laborales contraídos en la fase nacional de la misma, cuando indica que está a cargo de la nación, esto es, como obligado directo, no como garante de la entidad departamentalizada y, no obstante, señalar que es obligación de la nación, expresa que la entidad departamentalizada negociará con la Nación para el pago de los derechos correspondientes. Y en este punto cobra valor la Ordenanza No. 00031 del año 1993, antes anotada, puesto que en su artículo 1º autoriza al gobernador del departamento a:

[…] suscribir Convenios interadministrativos con la Nación para concurrir a la creación de un Fondo de Cofinanciación, sin personería jurídica, destinado exclusivamente a atender el pago de obligaciones laborales, tanto las ya causadas, como las que en un futuro se ocasionen, originadas en la existencia de la Empresa de obras Sanitarias del Atlántico “Empotlan” y el desarrollo de su proceso de liquidación.

De lo discurrido emerge que, en desarrollo del Decreto 000025 de 1989, se autorizó el convenio interadministrativo para la creación de un fondo de cofinanciación para, a través de este, cubrir todos los pasivos laborales de Empotlan. Así las cosas, tampoco se está ante la figura de garante de la Nación.

Finamente, debe hacerse referencia al artículo 149 de la Ley 100 de 1993, que reza:

ARTÍCULO 149. BENEFICIARIOS DEL FONDO DE PENSIONES DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE METALES PRECIOSOS Y EMPOS. Las pensiones de los beneficiarios del Fondo de Pensionados de las Empresas Productoras de Metales Preciosos creado mediante la Ley 50 de 1990, y las de las Empresas de Obras Sanitarias liquidadas serán pagadas en adelante por el Instituto de Seguros Sociales, el cual también asumirá la prestación del servicio médico asistencial siempre y cuando el pensionado cotice para salud.

El Gobierno Nacional apropiará anualmente en el presupuesto las partidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, y hará las correspondientes transferencias al Instituto de Seguros Sociales. (Negrilla y subraya fuera de texto).

Nótese que Empotlan, para el momento en que se profirió la sentencia de primer grado, no había sido liquidada, por lo que no le es aplicable la normativa bajo estudio y, en ese contexto, está mantenía la responsabilidad del pago de su pasivo interno y externo, así como las acreencias laborales, con el mecanismo creado para tal fin, hasta tanto no se expida una norma que asigne el mismo a otra entidad o personería jurídica, sin que esté acreditado que la Nación, para aquella época, fungía como garante de las mismas.

Entonces, no nos encontramos ante uno de los eventos en que taxativamente se consagra la procedencia del grado jurisdiccional de consulta, existiendo error del Tribunal, por ende, los reproches salen victoriosos y procede el quiebre del acto jurisdiccional controvertido.

Dada la prosperidad de los dos primeros ataques, la Sala se releva del estudio de los demás cargos, que pretendían idéntico fin.

Sin costas en el recurso extraordinario toda vez que salió avante.

En sede de instancia, baste los argumentos expuestos en la esfera casacional para declarar la nulidad del auto que admitió el grado jurisdiccional de consulta y, en su lugar, disponer que es improcedente; por lo que se ordenará devolver el expediente al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2014, la Sala Primera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso que JOSÉ VICENTE VELÁSQUEZ SÁNCHEZ adelanta en contra de la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DEL ATLÁNTICO -EMPOTLAN- y DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

En sede de instancia, se declara la nulidad del auto que admitió el grado jurisdiccional de consulta y, en su lugar, se dispone que es improcedente; por lo que se ordena devolver el expediente al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ÁLEMAN

SALVAMENTO DE VOTO

Demandante: José Vicente Velásquez Sánchez

Demandado: Empresa de Obras Sanitarias del Atlántico Empotlan S.A. y Departamento del Atlántico.

Radicación: 69975

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena

Con el debido respeto a mis compañeros, me aparto de la decisión mayoritaria de casar la sentencia que la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla profirió el 18 de septiembre de 2014, por las razones que paso a explicar:

Para arribar a tal decisión, la mayoría consideró que el juez de segundo grado se equivocó al surtir consulta a favor de la demandada, pues pese a que el escrito inicial se presentó el 16 de enero de 2013 cuando la Ley 1149 de 2007 ya estaba vigente en Barranquilla -1.º de enero de 2012-, la naturaleza jurídica de Empotlan S.A. a partir de 1989, es la de una empresa industrial y comercial del Estado del orden departamental, adscrita a la Secretaría de Fomento del Atlántico, pero los derechos sociales que poseía La Nación fueron adquiridos por parte del departamento y la primera no figura como garante de sus pasivos.

No obstante, lo anterior, en mi criterio, tanto la pretermisión de la consulta como su estudio sin que sea procedente, generan nulidad insubsanable que impide el adelantamiento de cualquier gestión por parte de la Corte y, en consecuencia, era preciso así declararlo y consecuentemente ordenar la devolución del expediente al colegiado de instancia para que, de ser necesario ex oficio, adoptara los correctivos procesales a que hubiere lugar.

Precisamente, la Corte ha adoctrinado que tal grado jurisdiccional no puede pretermitirse so pena de generar una nulidad insaneable (CSJ STL7382-2015, CSJ SL2807-2018, CSJ AL2613-2020, CSJ AL1541-2020 y CSJ AL494-2020), de conformidad con lo previsto en el numeral 2.° del artículo 133 y el parágrafo único del artículo 136 del Código General del Proceso, aplicables en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 de la codificación adjetiva del trabajo y de la seguridad social, lo cual, sin lugar a dudas aplica también a la inversa, es decir, cuando esta se ha surtido sin ser procedente como acontece en el sub lite.

Así las cosas, si para la Sala es claro que en este caso el Tribunal no debía resolver la consulta, es inexplicable que haya abordado el estudio del recurso extraordinario y casado la sentencia, pues con ello avaló la nulidad insaneable que se presentó en la segunda instancia.

De hecho, en múltiples situaciones similares en las que la Sala evidenció tal anomalía procedimental, inadmitió el recurso de casación por improcedente, o declaró la nulidad de lo actuado ante esta Corporación y, reitero, en ambos casos, remitió las diligencias al Tribunal de origen para lo de su competencia (CSJ AL2132-2016, CSJ AL8353-2017, CSJ AL568-2018, CSJ AL2912-2018, CSJ AL5023-2018, CSJ AL5171-2018, CSJ AL903-2019 y CSJ AL1211-2020).

Por ello, contrario a la postura mayoritaria, estimo que se debió proceder conforme al precedente que sobre el particular ha trazado la Corte y, en este caso, era pertinente declarar la nulidad de lo actuado ante esta Corporación, a partir del auto admisorio del recurso y devolver el expediente al juez plural para lo de su competencia, como ya se explicó.

En los anteriores términos dejo expuestas las razones de mi salvamento de voto.

Fecha ut supra.

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada

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