FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL5153-2020
Radicación n.° 64151
Acta 41
Bogotá, D.C., cuatro (04) de noviembre de dos mil veinte (2020)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Uno de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 18 de junio de 2013, en el proceso que instauró MARLY LLERENA ALFARO en nombre propio y en representación de sus hijos menores LAVL Y CCVL contra el CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA y la RECURRENTE.
ANTECEDENTES
Marly Llerena Alfaro en nombre propio y en representación de sus hijos menores LAVL y CCVL llamó a juicio a las accionadas para que fuera declarado que tanto la accionante como sus hijos menores, eran beneficiarios de la pensión de sobreviviente del señor Leonel de Jesús Villamizar Martínez, quien estuvo afiliado a la administradora Porvenir; esto por cuanto se dio el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993.
En consecuencia, que fueran condenadas a pagar el retroactivo desde la muerte del causante; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; la indexación; lo que resulte probado extra y ultra petita; y las costas del proceso.
En lo que en rigor interesa al recurso extraordinario, fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el señor Leonel de Jesús Villamizar Martínez falleció el 28 de diciembre de 1997, quien laboró en el Concejo Distrital de Barranquilla como conductor en el periodo comprendido entre el 18 de enero de 1995 hasta su muerte; que fue vinculado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones en la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A; que dejó huérfanos a sus hijos menores y a su compañera permanente la aquí accionante.
Que mediante apoderado judicial presentó solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la accionada, quien de manera extemporánea negó la solicitud con fundamento en que el causante no acreditó los requisitos contemplados en el artículo 46 de la ley 100 de 1993, por no encontrarse cotizando al momento del fallecimiento.
Que ante la negativa presentó recurso de reposición, señalando que el de cujus sí cumplía con los requisitos, ya que estaba cotizando al sistema para la fecha del deceso como trabajador del Distrito de Barranquilla, sin que se evidenciara novedad de retiro.
Señaló que obtuvo la certificación laboral emitida por el empleador, así como la información de la Administradora de pensiones en nombre del señor Leonel de Jesús Villamizar Martínez, en la que se informaban los tiempos cotizados por el Concejo Distrital de Barranquilla que comenzaban el 1/07/1995 hasta el 01/12/97. Que los tiempos aportados por esta entidad fueron 100 semanas y pone en su conocimiento que el empleador incurrió en mora en el año 1996, por lo que entró en proceso de cobranza por los periodos faltantes entre diciembre de ese año a diciembre de 1997, los cuales fueron pagados con intereses de mora y se encontraban en proceso de acreditación en la cuenta de ahorro individual del afiliado.
Finalmente, indicó que la información suministrada por la Administradora coincide con la dada por el empleador y, por ende, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes peticionada y que la controversia radicaba en que el fondo de pensiones negaba la prestación por cuanto el empleador público efectuó de manera extemporánea las cotizaciones por pensión.
El Concejo Distrital de Barranquilla, al contestar la demanda, se opuso a las súplicas y, aceptó como ciertos los hechos relativos a la vinculación laboral y el fallecimiento del causante; de los restantes informó que no le constaban (folios 94-100). En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de causa para pedir, y cualquier otra perentoria que se demuestre dentro del proceso.
Por su parte, Porvenir S.A. se opuso a las súplicas. Aceptó como ciertos los hechos relativos al fallecimiento de su afiliado, la reclamación de pensión; negó cualquier conducta de la entidad por cuanto en la misiva del 7 de abril del 2005, se le hizo saber a la accionante que en su cuenta de Av Villas se encontraba abonado el total de saldos de la cuenta individual del afiliado, lo que suponía el inicio de la reclamación, su pleno conocimiento y la aceptación de lo resuelto por la entidad.
De la misma manera, refirió que no era cierto que el señor Villamizar Martínez estuviera cotizando al sistema al momento de su fallecimiento, esto es, el 28 de diciembre de 1997, ya que su empleador para esa fecha se encontraba en mora en el pago de las cotizaciones causadas desde diciembre de 1996, por lo que adelantó el trámite de cobranza respectivo al hacerse parte en el proceso de restructuración de aquél, dentro del cual obtuvo finalmente el pago correspondiente en abril de 2008. Finalmente indicó que no le constaba lo relacionado con el contrato laboral y su duración.
En su defensa, propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de las obligaciones, buena fe de la entidad demandada, compensación y la que denominó «genérica».
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante providencia del 30 de noviembre de 2011, resolvió:
PRIMERO: CONDENAR a la demandada PORVENIR S.A., a reconocer y a pagar a la señora MARLY LLERENA ALFARO, en calidad de compañera supérstite y a los menores hijos […]; pensión de sobreviviente equivalente al 45% del ingreso base de liquidación, en suma no inferior al salario mínimo legal mensual vigente, a partir del 29 de Diciembre de 1997; conforme a lo dispuesto en el inciso 29 del art. 48 de la Ley 100 de 1993; aunado a los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la misma ley; por las razones expuestas.
SEGUNDO: ABSTENERSE de estudiar las excepciones de mérito propuestas por la parte demanda Inexistencia de la Causa para pedir, Inexistencia de Obligaciones, Buena Fe, Compensación y Genérica; por lo motivado.
TERCERO: Costas, en esta instancia a cargo de la parte demandada
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Uno de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a través de fallo del 18 de junio de 2013, al desatar el recurso vertical interpuesto por Porvenir S.A., reformó la sentencia de primer grado y, en su lugar, dispuso:
PRIMERO: ORDÉNESE a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., que al momento de pagar las mesadas pensionales realice los respectivos descuentos sobre las sumas ya canceladas a la parte demandante en razón a la indemnización sustitutiva(sic).
SEGUNDO: DECLARAR prescritos los derechos de la demandante señora MARLY LLERENA ALFARO sobre las mesadas pensionales causadas con anterioridad al mes de Agosto (sic) de 2006, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Octavo Laboral del Circuito, señale las agencias en derecho, las cuales no fueron fijadas en la oportunidad procesal correspondiente.
CUARTO: CONFIRMASE en lo demás.
QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia
En lo que estrictamente concierne al recurso de casación, el fallador de segundo grado circunscribió el problema jurídico a:
[…] determinar, si la actora y sus hijos menores, cumplen con los requisitos exigidos en el Artículo 46 de la Ley 100 de 1993, para convertirse en titulares del reconocimiento del Derecho a la pensión de sobreviviente del finado LEONEL DE JESÚS VILLAMIZAR MARTÍNEZ, a pesar de la mora del empleador, quien canceló las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, con posterioridad al fallecimiento del causante.
Consideró que al haber sido la fecha de fallecimiento del afiliado el 28 de diciembre de 1997, se debía resolver a la luz de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, que a tal data no habían sido modificadas, y para el caso concreto dispuso aplicar el Numeral 2º de la ley en comento, por cuanto el señor Leonel de Jesús Villamizar Martínez no era pensionado, luego habría de ser verificado si se encontraba afiliado o no al Sistema de Seguridad Social.
Tras referirse al «Certificado Laboral», del Concejo Distrital de Barranquilla, que evidenciaba que Villamizar Martínez laboró en la entidad del 18 de enero de 1995 al 21 de diciembre de 1997, como conductor, y al certificado de la AFP Porvenir S.A., que daba cuenta como tiempos cotizados con el mencionado empleador público, el periodo del «01/07/1995, hasta el 01/12/1997», siendo el 01 de julio de 1995 la fecha en que el causante se vinculó a la administradora, pone de presente que en la misma se señaló que el empleador referido reportaba 100 semanas de cotización, que había incurrido en mora en el año 1996, lo que llevó a que se promoviera proceso coactivo en su contra, logrando el pago de lo que adeudado.
El Tribunal, con sustento en la sentencia CC T-270-2010, relativa a la imposibilidad de trasladar las consecuencias de la mora al afiliado, indicó que «es claro para esta Sala que el fallecido era afiliado al SGSSP toda vez que así se demuestra en Certificación obrante a folio 37, expedida por PORVENIR S.A., donde la misma entidad demandada afirma que "SI" realizaron los aportes por concepto de pensión al finado por parte del Concejo Distrital de Barranquilla (Fol. 37)». Por lo cual, consideró que correspondía a la AFP la cancelación de las mesadas pensionales del afiliado fallecido.
En cuanto a las semanas de cotización encontró que el certificado de información laboral indicó que los aportes a seguridad social fueron girados a la AFP Porvenir S.A., y al no existir constancia «de haber elaborado bono pensional para que otra entidad de Seguridad Social se hiciera cargo de las mesadas pensionales del finado (Fol. 37)», la administradora era la responsable del pago de las mesadas desde la data de fallecimiento. Informó que el causante cotizó el tiempo equivalente a 2 años 5 meses, por lo que cumplió el requisito de las 26 semanas antes de su muerte.
El colegiado otorgó a los solicitantes la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por cumplir las exigencias del estatuto pensional, puesto que estaban acreditadas las cotizaciones al sistema, el parentesco, la convivencia y dependencia del causante que permitían la prosperidad de la pretensión. Así las cosas, con sustento en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, estableció que debía otorgarse una pensión con el 45% del IBL y, en todo caso, no podía ser inferior al salario mínimo.
Respecto de los intereses de mora determinó que hubo morosidad de la entidad en la respuesta por cuanto debía haber reconocido y pagado la prestación desde el primer momento, razón por la cual procedían los réditos previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; para cuya causación, se acogió a lo expuesto por la Sala Laboral de esta Corte en sentencia CSJ SL, 4 de jun. 2008, rad. 32141 y a la Ley 717 de 2001 y, teniendo como data de la solicitud prestacional el 24 de febrero de 2005, asentó que la entidad demandada tuvo hasta el 24 del mes de abril de esa misma anualidad para reconocer la pensión, momento a partir del cual procedía el pago de los intereses y no desde la fecha del fallo como pretendió el apelante.
En relación con la prescripción, encontró que el señor Leonel Villamizar Martínez falleció el 28 de diciembre del año 1997; que en el expediente reposaba copia del fallo de tutela del Juzgado 5 Penal Municipal de Barranquilla, con el cual evidenció que la solicitud pensional se presentó el 24 de febrero de 2005, aspecto que no fue desvirtuado en el proceso. Que el 13 de junio de 2007 se le negó el derecho a la actora y se le hizo devolución de los saldos por $984.998.oo, determinación contra la que interpuso recurso de reposición, el cual se resolvió de manera negativa el 16 de mayo de 2008, por lo que, con sustento en las normas que regulan la excepción extintiva, la accionante permaneció inerte desde el 16 de mayo de 2008 hasta el 25 de agosto de 2009, fecha de presentación de la demanda.
Así, consideró que el término no podía ser suspendido por ocho años, contado desde el fallecimiento hasta la reclamación presentada a Porvenir S.A., el 24 de febrero de 2005; y que tampoco operaba la suspensión desde el 16 de mayo de 2008 «(fecha en que quedo agotada la vía gubernativa)» hasta el 25 de agosto de 2009, que corresponde a la presentación de la demanda.
Por lo anotado infirió que la reclamación no tenía la virtualidad de interrumpir la prescripción hasta la presentación de la demanda, por cuanto con anterioridad a esta, el agotamiento de la reclamación había ocurrido hacía más de 3 años, y tampoco podía tenerse en cuenta un nuevo reclamo hecho directamente ante Porvenir S.A. por parte de la demandante para interrumpir la prescripción de las mesadas iniciales, como quiera que la misma solo se da con el primer reclamo y se permitía por una sola vez respecto de determinado derecho. Así, en virtud del artículo 145 del CPTSS, aplicó el artículo 90 del otrora CPC, modificado por el 10 de la Ley 794 de 2003, e indicó:
La demanda fue presentada el 25 de agosto de 2009 (Fol. 11).
Se admitió el 2 de Octubre (sic) de 2009 (Fol. 90-91).
Se notificó la admisión el 6 de octubre de 2009 a la parte demandante (Fol. 91).
El Aviso se entregó a Porvenir S.A., el 10 de mayo de 2010 (Fol. 92).
El Aviso se entregó al Concejo Distrital de Barranquilla, el 18 de mayo de 2010 (Fol. 93).
Como se puede observar la notificación de la demanda se efectuó dentro del año siguiente a la notificación al demandante de la admisión de la demanda, por lo cual la presentación de la demanda interrumpió el término de la prescripción.
Ahora, para determinar desde que fecha el porcentaje de la mesada pensional de la señora MARLY LLERENA ALFARO, no se encuentra afectado por el fenómeno de la prescripción se hace necesario recurrir a la sentencia del 31 de mayo de 2007, Rad. 26506, M.P. Dr. CAMILO TARQUINO GALLEGO,
[…]
Acogiendo el anterior precedente vertical, y teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 25 de agosto de 2009 (Fol. 11) y se cumplieron las condiciones del Art. 90 del C.P.C., modificado por el D.E. 2282/89, Art. 1° núm. 41. Modificado por la L 794 de 2003, Art. 10, la señora MARLY LLERENA ALFARO tiene derecho a percibir su porcentaje de la mesada por pensión de sobreviviente originada por la muerte de su compañero a partir del 25 de agosto de 2006, en consecuencia se modificará la decisión del a-quo declarando prescritos los derechos de la demandante señora MARLY LLERENA ALFARO sobre las mesadas pensionales causadas con anterioridad al mes de agosto de 2006.
Referente a los menores [...], el fenómeno de la prescripción no opera, toda vez que ambos eran menores de edad cuando se instauró esta acción, pues ya ha sido aceptado por ésta corporación que la prescripción se suspende en el caso de los menores accionantes.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del once (11) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), Rad. No. 11349, Magistrado Ponente: GERMÁN G. VALDÉS SANCHEZ,
Atendiendo al anterior precedente tenemos que las mesadas de los menores […] no se han visto afectadas por el fenómeno de la prescripción, por lo cual se confirmará lo ordenado en la sentencia por el a-quo.
En lo que atañe a las costas consideró que hubo dilación en el reconocimiento de la pensión por parte de Porvenir S.A., por cuanto la entidad negó la prestación bajo el pretexto de que el causante no cumplía con los requisitos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y dentro del proceso se demostró que sí se satisfacían, por lo tanto, debió reconocer la pensión de sobreviviente a favor de la parte actora y sus hijos menores, en consecuencia, le es imputable la condena en costas por ser la parte vencida en juicio y recordó que:
En efecto, cuando se habla de condena en costas, ello contiene dos aspectos: agencias en derecho y gastos procesales. Las primeras son fijadas por el juzgador, mediante auto de cúmplase, y luego por secretaria se hace la respectiva liquidación, la cual queda a disposición de las partes por tres días, dentro de las cuales pueden objetarlas. Es de anotar, que dicha notificación se hace por fijación en lista, para que las partes puedan objetarla, si a bien lo tienen.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandada, y concedido por el Tribunal fue admitido por la Corte, que procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte:
[…] case la providencia acusada. Luego, se pide que revoque la sentencia de la juez a quo para que, finalmente, se absuelva a Porvenir S.A. de todo lo pedido en su contra.
En subsidio, se solicita que case parcialmente el fallo del Tribunal en cuanto no autorizó a Porvenir S.A. a descontar los dineros relacionados con los pagos de aportes al sistema de seguridad social en salud y a cargo exclusivo de los beneficiarios de la pensión; con posterioridad, se solicita que revoque en forma parcial la providencia de la juez de primer grado en lo que atañe a no haber facultado a la Administradora para retener las sumas correspondientes a aportes al sistema de seguridad social en salud, para que en sede de instancia imponga a Porvenir S.A. la obligación de realizar las mencionadas deducciones y transferirlas a la EPS a la que la señora Llerena Alfaro y sus hijos estén afiliados.
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica.
CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia por:
[…] la aplicación indebida de los artículos 73 y 46 numeral 2o literal a) y 141 de la Ley 100 de 1993 y por la infracción directa de los artículos 22, 24 y 46 numeral 2o literal b) de la Ley 100 de 1993, 19 y 28 del Decreto 692 de 1994, 13 del Decreto 1161 de 1994, 13 literal d) de la Ley 100 de 1993, 11, 12 y 13 del Decreto 2665 de 1988 (aplicables por remisión del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, según jurisprudencia de la H. Sala), 259 numeral 2o del Código Sustantivo del Trabajo en concordancia con el 1609 del Código Civil y 29 y 230 de la Carta Magna.
La censura, previa cita de un aparte del fallo fustigado, afirma que se tuvo por demostrado y no lo discute en el cargo por la senda escogida, que el empleador del señor Villamizar estuvo en mora en el pago de aportes desde 1996 por lo que a la fecha de su fallecimiento no estaba cotizando a la seguridad social, lo que generó que Porvenir iniciara proceso de cobro coactivo que finalizó con el recaudo de los aportes en mora.
En lo relativo a los deberes del empleador, la censura refiere los artículos 13, literal d) y 22 de la Ley 100 de 1993, y el 19 del Decreto 692 de 1994. En cuanto al recaudo de la administradora, cita el precepto 24 de la Ley 100 de 1993 y el 13 del Decreto 1161 de 1994, para significar que le resultaba fácil comprender que si el Concejo Distrital de Barranquilla incumplió la obligación legal de pago de los aportes a la seguridad social y, por el contrario, la accionada sí había dado cabal y «oportuna obediencia» a los preceptos que la obligaban a iniciar la gestión de cobranza, inclusive que había iniciado un cobro coactivo que generó el pago de los aportes después del fallecimiento de su afiliado, era el empleador el responsable frente a las obligaciones con el sistema de seguridad social.
Refiere que desde el inicio del régimen de pensiones, la responsabilidad de los empleadores se concibió transitoria hasta que el sistema definitivo de seguridad social tomara a su cargo la atención de riesgos laborales (artículo 12 Ley 6 de 1945; 193 y 259 CST y su numeral 2); de manera que este solo se liberaría del pago de pensiones si subrogaba el riesgo de la seguridad social, dando cumplimiento a lo exigido en la ley, que para el caso en estudio, era lo dispuesto en el literal b) del numeral 2 del artículo 46 de la Ley 100 de 1993.
Con sustento en tal norma considera que, dado que a la fecha del fallecimiento del causante el Concejo Distrital de Barranquilla no se encontraba haciendo aportes y, además, no se reunían las semanas para que los beneficiarios del señor Villamizar Martínez, accedieran a la prestación de sobrevivientes, el empleador no subrogó en el Sistema de Seguridad Social el pago de la pensión y más cuando diligentemente la entidad recurrente acató su deber legal del cobro de los aportes en mora. Es por ello que considera que el responsable del pago de la pensión es la entidad empleadora y no la AFP.
Reitera, con soporte en los artículos 11, 12 y 13 del Decreto 2665 de 1988 «(aplicables por remisión del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, según jurisprudencia de la H. Sala)», y 28 del Decreto 692 de 1994, que el patrono incumplido es el responsable de la cancelación de las prestaciones que el sistema de seguridad social no asuma como secuela de su incumplimiento en el pago oportuno de los aportes, lo que evidencia que era el Concejo, y no Porvenir, el obligado al pago de la pensión pretendida. Sustenta su argumento en la sentencia CSJ SL, del 6 de feb. 2013, rad. 45173, y concluye que:
Al amparo de esas sabias enseñanzas de la H. Sala, es ineluctable inferir que en la medida en que Porvenir S.A. ejerció una efectiva labor de cobranza de las cotizaciones en mora, tal y como lo halló plenamente comprobado el Tribunal, ninguna responsabilidad le cabía en lo concerniente a pagar la pensión de sobrevivientes que solicitó la señora Llerena, de manera que era el empleador moroso quien debía asumir las consecuencias de su negligencia en la cancelación de los aportes a la seguridad social de su funcionario.
Y como corolario de esos razonamientos, refulge el dislate cometido por el juzgador ad quem al haber condenado a Porvenir S.A. a sufragar la prestación reclamada cuando lo correcto hubiera sido imponer esa obligación al Concejo Distrital de Barraquilla, atendiendo tanto a lo señalado en las normas que se estudiaron con antelación como dando obediencia a las tesis de la H. Sala sobre esta materia.
RÉPLICA
Se opone al cargo, en esencia, por cuanto, si bien el Tribunal se refirió a la certificación de Porvenir en la que se pone de presente que se cotizaron 100 semanas habiéndose incurrido en una mora por parte del Concejo Distrital de Barranquilla en el año 1996, lo que generó que se iniciara proceso coactivo obteniendo el pago con posterioridad a la fecha de muerte del causante, lo cierto es que ni el fallo ni en las pruebas se afirma o, queda probado, la fecha en que la administradora demandada inició las acciones de cobro en contra de la entidad empleadora, antes del fallecimiento del causante.
Aduce que de los documentos soporte de la accionada, se evidencia que ésta inició su labor de cobranza en fecha posterior al año 2007, por cuanto para ese año todavía se argumentaba que no había derecho a la pensión de sobrevivientes peticionada.
CONSIDERACIONES
Dada la vía escogida, no hay reparo en las conclusiones fácticas del Tribunal en torno a que: 1) el señor Leonel de Jesús Villamizar Martínez falleció el 28 de diciembre de 1997, 2) laboró para el Concejo Distrital de Barranquilla del 18 de enero de 1995 al 21 de diciembre de 1997, como conductor, 3) cotizó con la citada entidad pública, en el periodo del 1 de julio de 1995 al 1 de diciembre de 1997, 4) se vinculó con la AFP Porvenir S.A. el 1 de julio de 1995; 5) el empleador reportaba 100 semanas de cotización, y había incurrido en mora en el año 1996, que por proceso coactivo pagó.
Le corresponde a la Sala elucidar si erró el Tribunal al imponer el pago de la prestación en cabeza de la administradora por cuanto la misma ejerció el cobro coactivo que permitió el pago de los aportes en mora del empleador, aun cuando lo efectuó en fecha posterior a la data del deceso del señor Villamizar Martínez.
Deber de diligencia y cuidado de las administradoras del Sistema General de Pensiones, en cuanto a las acciones de cobro de aportes en mora.
Se impone recordar que insistentemente se ha señalado la responsabilidad en cabeza del administrador pensional cuando no adelanta las acciones de cobro de los aportes en mora del empleador y la imposibilidad de trasladar las consecuencias de esta al trabajador.
Por ejemplo, en fallo CSJ SL4021-2019, la Corte, recordó:
[…] las diferencias entre «mora» en el pago de aportes y «falta de afiliación», expresión esta última que se puede asimilar a la omisión en comunicar el ingreso del trabajador por parte del empleador. En el primer caso, se ha señalado que no es admisible que las consecuencias de la omisión del empleador en realizar el pago de las cotizaciones se trasladen al afiliado, si antes no se acredita por la administradora que adelantó las gestiones de cobro correspondientes.
Así lo ha adoctrinado esta Sala de la Corte desde la sentencia CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270, reiterada, entre otras, en las CSJ SL, 17 may. 2011, rad. 38622; CSJ SL, 13 feb. 2013, rad. 43839; y CSJ SL, 15 may. 2013, rad. 41802, en la que se concluyó que «[…] las administradoras de pensiones y no el afiliado, tienen por ley la capacidad de promover acción judicial para el cobro de las cotizaciones, por lo tanto no se puede trasladar exclusivamente la responsabilidad de la mora en el pago de las cotizaciones a los empleadores, sino que previamente se debe acreditar que las administradoras hayan adelantado el proceso de gestión de cobro, y si no lo han hecho la consecuencia debe ser el que se les imponga el pago de la prestación.
Entonces, se itera, no es dable trasladar al trabajador las consecuencias del no pago del aporte por parte de su empleador, así como que la administradora tiene el deber de adelantar las acciones de cobro correspondientes a efectos de persuadir al aportante incumplido de honrar su obligación, acciones que, de adelantarlas debidamente y de manera oportuna, concretan en cabeza del aportante moroso la consecuencia de asumir la prestación del sistema que, como efecto de su omisión, se viera privado el trabajador.
Sin embargo, en aquellos eventos en que la administradora no demuestre haber adelantado, o no adelante en debida forma u oportunamente las acciones de cobro frente a los aportes tardíos, será la directa obligada al reconocimiento de la prestación por su inacción.
Estándar mínimo de la acción de cobro por parte del Administrador.
Cuando se habla de adelantar las acciones de cobro, es deber del administrador mostrar la diligencia en su actuar, de conformidad con el estándar que la regulación ha establecido al respecto.
Es de resaltar que las diferentes actuaciones de los sujetos que participan en el sistema general de pensiones están reguladas, para el caso del aporte pensional, entre otros, en los Decretos 1161 de 1994, 692 de 1994, 656 de 1994 y Decreto 1156 de 1996, vigentes para la fecha del deceso del afiliado, los cuales establecen cuándo se causan, cómo se determina el ingreso base de cotización, su monto, quién es el obligado, la fecha de pago para que sea considerado oportuno, así como las reglas de imputación de pagos para la acreditación de la cotización.
En consecuencia, la evidencia del cumplimiento de la administradora de haber adelantado las acciones de cobro deberá efectuarlo de acuerdo con el estándar que determine la norma vigente para el momento que se presente la falta de pago del aportante, o que la misma persista.
En esa línea de pensamiento, es menester indicar que aun cuando la administradora recurrente en diferentes oportunidades manifestó que había iniciado acciones de cobro, inclusive, que procedió con el cobro coactivo de los aportes en mora, no aportó ningún medio probatorio que efectivamente corroborara lo dicho, ni la fecha en las que adelantó dichas gestiones.
Es más, se trae a colación que en la contestación de la demanda, la recurrente identifica una acción de cobro cuando afirma haber presentado la acreencia dentro del proceso de restructuración iniciado por el Concejo Distrital de Barranquilla; no obstante, no allegó soporte de tal actuación, del acuerdo, ni del contenido del mismo, de tal manera que quedara evidenciado por cuáles de los trabajadores de la entidad se presentó la deuda, el periodo en mora, así como si se reconoció la acreencia, los términos del acuerdo y, en caso de la aceptación del mismo, si la administradora lo aprobó o no.
Ahora bien, nótese que para la fecha en que la accionada reporta que el Concejo Distrital de Barranquilla incurrió en mora, esto es, el año 1996, regía el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994, referido por la recurrente, que instituye:
Artículo 13. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes entablar contra los empleadores las acciones de cobro de las cotizaciones que se encuentren en mora así como de los intereses de mora a que haya lugar, pudiendo repetir contra los respectivos empleadores por los costos que haya demandado el trámite pertinente, en los términos señalados en el literal h) del artículo 14 del Decreto 656 de 1994.
Estas acciones deberán iniciarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la cual se entró en mora. Lo anterior es aplicable inclusive a las administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, las cuales podrán iniciar los correspondientes procesos coactivos para hacer efectivos sus créditos de conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6º de 1992 y demás normas que los adicionen o reformen. (Subraya fuera de texto)
Parágrafo. En aquellos casos en que sea pertinente, las administradoras deberán informar al Fondo de Solidaridad Pensional sobre las acciones de cobro que deban adelantarse, con el objeto de que éste, si lo estima pertinente y por conducto de su representante, tome participación en el correspondiente proceso.
Se tiene -y solo aludiendo a este precepto-, que la AFP no dio cuenta del cumplimiento del estándar fijado por esta norma, consistente en que pasados 3 meses en que incurrió en mora el Concejo Distrital de Barranquilla, esta hubiera iniciado el cobro extra judicial e, inclusive, la acción judicial. Si bien la llamada a juicio habla de un proceso de cobro coactivo que, como se señaló, no quedó comprobado, debe dejarse por sentado que esta acción en particular es una prerrogativa que no tienen las administradoras de naturaleza privada, por lo que la misma debía constituir en mora al empleador a efectos de proceder ante la jurisdicción ordinaria para obtener el pago de la acreencia, para lo cual la ley dotó a la liquidación, emanada de la administradora, de mérito ejecutivo. Aspecto tampoco acreditado en el proceso.
Así las cosas, no es errada la condena impuesta por parte del fallador de segundo grado, por cuanto, acorde con la jurisprudencia pacífica de esta Sala, no podían trasladarse al afiliado las consecuencias de la mora del empleador y la ausencia de prueba de que la administradora cumplió, en debida forma, con su deber de cobro «que se insiste su comprobación no se da con la mera afirmación de la entidad de haber cobrado, sino con la evidencia concreta de sus diferentes actuaciones», impide exonerar o morigerar a esta última de su responsabilidad.
En armonía con lo discurrido, el cargo no sale avante.
CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia por la «vía del derecho, por la infracción directa de los artículos 143, 152, 157, 160, 161, 178 y 182 de la Ley 100 de 1993, 10° de la Ley 1122 de 2007, 42 del Decreto 692 de 1994, y 26 y 65 del Decreto 806 de 1998».
Estima que la sentencia atacada soslayó la obligación legal de la Administradora de efectuar los descuentos relativos a los aportes al régimen de seguridad social en salud a cargo de los beneficiarios de la pensión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 inciso 2o de la Ley 100 de 1993 y 42 inciso 3o del Decreto 692 de 1994.
RÉPLICA
Expone que es lamentable que el recurrente alegue el descuento al sistema de salud cuando los beneficiarios en todo ese tiempo han sufrido el no pago de la pensión, por lo que ruega que no sea atendida la solicitud
CONSIDERACIONES
En relación al segundo punto de disconformidad, esto es, el condicionamiento de los descuentos de aportes al régimen de seguridad social en salud, brota palmaria que, de conformidad con las normas aplicables al asunto, es decir, los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 3o del Decreto 510 de 2003, reglamentario de la Ley 797 de 2003, todos los pensionados tienen la obligación de realizar aportes a salud y ayudar a financiar el sistema.
Al punto, en sentencia CSJ SL1169-2019, la Sala explicó:
En torno al tópico abordado en el cargo, esta sala de la Corte viene sosteniendo de manera consistente y pacífica que, por ministerio de la ley, las entidades pagadoras de pensiones se encuentran en la obligación de descontar la cotización correspondiente al sistema de seguridad social en salud y transferirla a la E.P.S. o entidad a la cual esté afiliado el pensionado, de conformidad con lo estatuido en los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994. (Ver CSJ SL1422-2018 y CSJ SL1065-2018, entre muchas otras).
Ahora bien, teniendo presente que la cotización destinada a financiar el sistema de seguridad social en salud está a cargo de los pensionados, en su totalidad, desde el momento en el que adquieren esa calidad, y que efectuar las correspondientes deducciones sobre la mesada, para tales efectos, representa una de las obligaciones corrientes de cada fondo de pensiones, que opera por ministerio de la ley, la Corte estima forzoso precisar que no es necesaria alguna declaración judicial tendiente a reconocer ese deber o a imponerlo, como se venía concibiendo en anteriores oportunidades.
En ese sentido, para la Corte el hecho de que el respectivo juzgador de instancia no confiera una autorización expresa al fondo de pensiones para realizar los descuentos con destino al sistema de salud no se puede traducir, en manera alguna, en una negación de esa potestad que, se repite, representa en realidad una de las obligaciones típicas del respectivo fondo, que opera por mandato legal insoslayable.
Así las cosas, como no era indispensable instituir expresamente alguna autorización a la entidad demandada, para descontar las sumas correspondientes al sistema de seguridad social en salud, junto con la condena al pago de pensión, el Tribual no incurrió en los errores jurídicos denunciados por la censura al no referirse al punto.
Puestas en esa dimensión las cosas, es claro que no era menester que el juez emitiera pronunciamiento al respecto, por cuanto estos operan por ministerio de la Ley y es esta la que habilita a las administradoras a efectuar el aporte respectivo.
De suerte que, el cargo no prospera por cuanto no es necesaria declaración judicial tendiente a reconocer ese deber o a imponerlo.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de ocho millones cuatrocientos ochenta mil pesos ($8.480.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia dictada el 18 de junio de 2013, por la Sala Uno de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso promovido por MARLY LLERENA ALFARO en nombre propio y en representación de sus hijos menores LAVL Y CCVL en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
Costas como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN