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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5189-2020

Fecha
11 de noviembre de 2020
Magistrado ponente
Jorge Luis Quiroz Alemán
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL5189-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el veintisiete (27) de junio de dos mil catorce (2014), dentro del proceso ordinario seguido por AMPARO DEL SOCORRO AMAYA y HÉCTOR FERNANDO OROZCO VALENCIA contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN SA. Costas como quedó enunciado en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5189-2020

Magistrado ponente: Jorge Luis Quiroz Alemán

11 de noviembre de 2020

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

Magistrado ponente

SL5189-2020

Radicación n.° 69161

Acta 42

Bogotá, D. C., once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por AMPARO DEL SOCORRO AMAYA GÚZMAN y HÉCTOR OROZCO VALENCIA, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 27 de junio de 2014, en el proceso que instauraron contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A.

ANTECEDENTES

Amparo del Socorro Amaya y Héctor Orozco Valencia demandaron a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección SA, para que fuera condenada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de padres del causante, retroactivo, intereses moratorios, costas procesales o se conceda la devolución de saldos.

Soportaron su pedimento en que el 2 de noviembre de 2010 falleció Jhonathan Andrés Orozco Amaya, quien se encontraba afiliado a Protección S.A., era soltero y vivía con sus padres, quienes dependían económicamente de él; que al momento del fallecimiento contaba con 29,91 semanas cotizadas; que solicitaron la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada; y que el causante dejó causados los requisitos legales para que sus beneficiarios pudieran acceder a la pensión de sobrevivientes, pues cotizó más del 20% del tiempo entre su cumpleaños y el fallecimiento.

Por su parte, la entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, dio por cierto solamente el relativo a la edad del causante. De otra parte, manifestó que no eran ciertos los relacionados con la fecha de fallecimiento, la causación del derecho alegado y la dependencia económica.

Propuso como medios exceptivos los que denominó: inexistencia de la obligación, ausencia de un bono pensional que dé cuenta de tiempos adicionales, cobro de lo no debido, ausencia de acreditación de la dependencia económica, ausencia de causa para pedir, devolución de saldos, pago, buena fe y prescripción.

II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, mediante providencia del 29 de marzo de 2012, declaró que los demandantes no tienen derecho a la pensión de sobrevivientes solicitada, de manera que absolvió de todas las pretensiones y les impuso costas procesales.

III.SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al estudiar el recurso de apelación presentado por la parte actora, mediante sentencia proferida el 27 de junio de 2014, la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, confirmó el fallo del a quo.

Consideró como problema jurídico a resolver, determinar si los demandantes tienen derecho a la pensión de sobrevivientes conforme a la Ley 100 de 1993, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

Para sustentar su decisión, en primer momento, señaló que en tratándose de pensión de sobrevivientes en el régimen de ahorro individual, la norma aplicable es el artículo 73 de la Ley 100 de 1993, el cual remite a lo dispuesto en el 12 de la Ley 797 de 2003.

Precisó que no se cumplían las exigencias previstas en la mencionada disposición además de que, si fuera del caso aplicar el principio de la condición más beneficiosa, conforme a la Ley 100 de 1993, tampoco podría generarse el derecho a la pensión, toda vez que las cotizaciones realizadas por el causante no lo fueron en vigencia de la norma citada, de manera que tampoco se pudo constituir una expectativa legítima.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente a través de un acápite denominado «petición», lo siguiente:

[…] por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito a la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia casar la sentencia por la suscrita acusada, emanada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín –Sala Cuarta Dual de descongestión (sic) Laboral con fecha de (sic) 27 de junio de 2014, revocándola y en su lugar conceder el derecho a la prestación y ordenar a la demandada el pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora señor (sic) HECTOR (sic) FERNANDO OROZCO VALENCIA y la señora AMPARO DEL SOCORRO AMAYA GUZMAN (sic), en calidad de padres del causante JONATHAN ANDRES (sic) OROZCO AMAYA, en aplicación al principio de condición más benéfica (sic); bajo los parámetros de la Ley 100 de 1993 y no la ley 797 de 2003; exigiendo solo 26 semanas de cotización al sistema de seguridad social en Pensión al causante con 19 años de edad afiliado al sistema.

Con tal propósito, por la causal primera de casación, la parte impugnante formula un cargo, que fue replicado.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia recurrida por la vía directa, en la modalidad de infracción directa de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con el 50, 141 y 142 de la misma, y el 8º de la Ley 4 de 1976; y por aplicación indebida de los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 y 25, 40, 42, 48 y 53 de la Constitución Política.

Afirma que el Tribunal no tuvo en cuenta la jurisprudencia relacionada con el principio de progresividad y condición más beneficiosa, situación que lo llevó a emplear erróneamente el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, a la vez que obvió acudir a la Ley 100 de 1993, en su versión original.

Expone que el causante falleció sin cumplir los 20 años de edad; que la Ley 797 de 2003 no reguló los requisitos para adquirir la pensión de sobrevivientes causada por la población antes mencionada, y por haber tránsito de una ley a otra, se debió aplicar la más favorable; además, que los literales a y b de la precitada ley fueron derogados e hizo más gravosa la situación.

Cuestiona el requisito relacionado con el cumplimiento de las 50 semanas de cotización al sistema de seguridad social, por cuanto, para el caso, resultaría imposible completar la densidad exigida.

Critica lo argumentado por el Tribunal cuando aduce la imposibilidad de aplicar el principio de la condición más beneficiosa, toda vez que las cotizaciones se realizaron en vigencia de la Ley 797 de 2003. Por lo anterior, se debe buscar la norma vigente que regula el tema, pero no existe, de manera que resulta más favorable la Ley 100 de1993.

VII. RÉPLICA

Aduce que, con la lectura del recurso presentado, se observa que se acude a un medio nuevo en casación, pues no se hizo referencia a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Para soportar esta premisa, cita la providencia CSJ SL17447-2014.

Señala que no se cumple con las técnicas que regulan la sustentación del recurso extraordinario de casación, pues en el alcance de la impugnación se pretende la casación del fallo del Tribunal y a su vez su revocatoria, omitiendo además pronunciarse frente a la providencia de primer grado.

Afirma que, de otra parte, si el recurso viene encaminado por la vía directa, resulta necesario aceptar las conclusiones de orden probatorio a las que llegó el Tribunal, sin embargo, involucra situaciones de orden fáctico. Recuerda que dentro del expediente no obran pruebas que demuestren la existencia de la dependencia económica de los padres, ni la periodicidad de la ayuda.

Finalmente, indica que si en gracia de discusión se aceptara examinar la viabilidad de acceder a la pensión solicitada, resulta necesario estudiar los planteamientos esbozados en la sentencia CSJ SL 38674, 25 jul. 2012. Así, concluye que para la fecha del tránsito legislativo de la Ley 100 de 1993 a la 797 de 2003 el causante no estaba cotizando, ni contaba con 26 semanas aportadas en el año previo al 29 de enero de 2003, pues tenía tan solo 12 años de edad.

VIII. CONSIDERACIONES

Para resolver este asunto, debe recordarse que en forma reiterada esta Sala de la Corte ha dicho que el recurso de casación no es una tercera instancia, en la que el recurrente pueda presentar sin ninguna técnica las inconformidades que lo separan del fallo de segunda instancia.

En la sentencia CSJ SL1012-2019, radicación n.° 66518 del 6 de febrero de 2019, se recordó lo reseñado en sentencias CSJ SL3314-2018 y CSJ SL390-2018 sobre el particular y se dijo:

Por el contrario, adoctrinado está que el recurrente debe ceñirse a las exigencias formales y de técnica, legales y jurisprudenciales, en procura de hacer procedente el estudio de fondo del recurso extraordinario, en la medida en que son los jueces de instancia los que tienen competencia para dirimir los conflictos entre las partes, asignando el derecho sustancial a quien demuestre estar asistido del mismo. Al juez de casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustente el recurso extraordinario, satisfaga las exigencias previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las cuales no constituyen un mero culto a la forma, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según las voces del artículo 29 de la Constitución Política.

Para la Sala, es evidente que la demanda de casación contiene serios e insuperables defectos de técnica que imposibilitan su estudio de fondo, como pasa a explicarse:

Respecto del alcance de la impugnación, ha expresado esta Corporación que el petitum debe enunciar lo pretendido con la mayor claridad y precisión posible, pues no puede la Corte ampliarlo o modificarlo de manera oficiosa.

Así, es deber del censor plantear cómo debe proseguir la Sala una vez constituido en tribunal de instancia y conforme las exigencias que para ello se requieren; situación que no se constata, pues pretende el recurrente que esta Colegiatura case la sentencia acusada y, a su vez, que sea revocada, para que, en su lugar, se acceda a las pretensiones incoadas; pedimentos que constituyen un yerro, puesto que una vez casada, no se puede revocar lo que ha sido anulado.

Desde otra perspectiva, se avizora que el recurrente se limita a transcribir repetidamente apartes de su sustentación, sin mayores consideraciones para demostrar los errores endilgados, dejando de lado que no se trata de una tercera instancia. Sumado a ello, trae a colación lo relacionado con el requisito de la dependencia económica, condición que no fue fundamento de la decisión proferida por el tribunal ante la negativa del pretendido derecho.

No obstante las anteriores consideraciones, si la Sala fuera flexible en las exigencias técnicas y formales del recurso de casación y emitiera pronunciamiento de fondo, entendiendo que el censor pretende se case totalmente la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, se revoque la providencia emitida por el juzgado que absolvió a la demandada, el mismo tampoco tendría vocación de prosperidad.

Lo antes dicho por cuanto, de acuerdo con la vía escogida por el censor, no resultarían objeto de controversia los supuestos fácticos admitidos por el Tribunal, a saber: i) que el causante falleció el 1 de noviembre de 2010; ii) que se encontraba afiliado a Protección S.A.; iii) que contaba con tan solo 29,91 semanas cotizadas dentro de los 3 últimos años anteriores al fallecimiento; y iv) que las cotizaciones realizadas por el causante lo fueron en vigencia de la Ley 797 de 2003.

Ahora, en sede casacional, su inconformidad radica en la aplicación indebida de los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, pues lo procedente, según lo expone, es que, conforme el principio de la condición más beneficiosa, la disposición ajustable al caso es la Ley 100 de 1993, en su versión original.

Al respecto, en la sentencia CSJ SL4650-2017, reiterada recientemente en la CSJ SL1673-2020, la Sala estudió las características propias del prenombrado principio y su procedencia en el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003, así:

D. Temporalidad de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003

Como se recuerda la condición más beneficiosa es un mecanismo que: (i) busca minimizar la rigurosidad propia del principio de la aplicación general e inmediata de la ley; (ii) protege a un grupo poblacional con expectativa legítima, no con derecho adquirido, que goza de una situación jurídica concreta, cual es, la satisfacción de las semanas mínimas que exige la reglamentación derogada para acceder a la prestación que cubre la contingencia de la invalidez; y (iii) al ser excepcional, su aplicación, necesariamente, es restringida y temporal.

Sin perder de vista lo precedente, y una vez analizada la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003, brota espontánea una primera conclusión: el legislador jamás pretendió perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que regulan la pensión de sobrevivientes, y si bien con la condición más beneficiosa debe respetarse o mejor resguardarse los hechos denominados por la doctrina foránea «intertemporales» que se generan con personas que tienen una situación jurídica concreta, ello no puede llevar a mantener, per secula seculorum, la protección de «“derechos” que no son derechos”», en contra posición de la nueva ley que ha sido proferida honrando la Constitución Política.

De suerte que, a falta de normatividad expresa, el principio de la condición más beneficiosa emerge como un puente de amparo construido temporalmente para que transiten, entre la anterior y la nueva ley, aquellas personas que, itérese, tienen una situación jurídica concreta, con el único objetivo de que, en la medida que lo recorren, paulatinamente vayan construyendo los «niveles» de cotización que la normativa actual exige.

Pero ¿cuál es el tiempo de permanencia de esa «zona de paso» entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003? Bueno, para la Corte lo es de tres años, tiempo este que la nueva normativa (Ley 797 de 2003) dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones reúnan la densidad de semanas de cotización-50- y una vez verificada la contingencia de la muerte los causahabientes puedan acceder a la prestación correspondiente.

Con ese fin, se obtiene un punto de equilibrio y se conserva razonablemente por un lapso determinado- tres años-, los «derechos en curso de adquisición», respetándose así, para determinadas personas, las semanas mínimas establecidas en la Ley 100 de 1993, «con miras a la obtención de un derecho en materia de pensiones, cuya efectividad se subordina al cumplimiento ulterior de una condición», cual es, la muerte.

Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima. Con estribo en ello se garantiza y protege, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional.

No puede la Corte pasar por alto que esta franja de tres años, a más de tornarse razonable y proporcional favorece, a quienes tenían dicha situación concreta al momento del tránsito legislativo.

Es inocultable que, si las expectativas legítimas no pueden ser modificadas de manera abrupta o arbitraria, de ahí la razón de ser de la condición más beneficiosa, tampoco pueden permanecer inalterables como si fuesen unos derechos adquiridos. Dicho en breve: no se le puede otorgar el mismo tratamiento y protección a las expectativas legítimas que a los derechos consolidados.

Con tal óptica, es de verse que, si los regímenes de transición tienen duración limitada y cuantificable en el tiempo, y que, para algún sector, es posible que el legislador modifique los regímenes de transición con posterioridad a su consagración «porque éstos no pueden ser concebidos como normas pétreas», caben las siguientes preguntas ¿cómo entender que el principio de la condición más beneficiosa sí permanezca en vigor sin límite alguno en el tiempo? Si un régimen de transición no es permanente, ¿bajo qué argumento puede sostenerse que el uso de la condición más beneficiosa sí lo sea? si precisamente, como se explicó, los derechos adquiridos son diferentes a las expectativas legitimas. No hay argumentos que, prima facie, lo justifique.

No se pierda de vista que ha transcurrido más de 13 años desde cuando acaeció el cambio normativo, 29 de enero de 2003, es decir, lapso de tiempo que incluso superó el término del régimen de transición dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, para las pensiones por vejez. Por tanto ¿se justifica mantener con vida lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, más allá del tercer año de vigencia de la Ley 797 de 2003, so pretexto de emplear la condición más beneficiosa, cuando, se repite esta ley dispuso un margen de tres años para satisfacer la densidad de semanas de cotización?

De suyo, también se cumple con lo asentado por la Sala respecto a la deliberada voluntad del legislador en la reforma introducida al sistema pensional con la Ley 797 de 2003, que propende por asegurar un equilibrio financiero, de manera que los niveles de protección que hoy se ofrezcan, se puedan mantener a largo plazo.

Desde la perspectiva anterior, si la condición más beneficiosa tiene cabida por vía de excepción y su aplicación es restrictiva, no es dable emplearla con un carácter indefinido. Tampoco es factible, en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, alterar la normativa que se ha de aplicar en virtud del principio examinado

Una reflexión insoslayable, el fallecimiento del afiliado es un supuesto ineludible de la causación del derecho a la pensión de sobrevivientes, no es un requisito de exigibilidad. Ello explica que no basta satisfacer la densidad de cotizaciones en cualquier tiempo para entender consolidado el derecho, sino que los dos elementos deben acontecer dentro del ámbito temporal que establece la ley. Este planteamiento permite entender la justificación de la condición más beneficiosa y su permanencia efímera.

Hay que añadir, eso sí, que al ponderarse el principio de esta forma, también se evita cargarle al sistema general de pensiones obligaciones ilimitadas, que, sin hesitación alguna, no fueron previstas o incluidas en los análisis de sostenibilidad financiera al tiempo de crear la nueva disposición, justamente por la dificultad de hacerlo dada la naturaleza de la contingencia que se ampara.

Bajo el mismo horizonte, no puede pasar por alto esta Sala lo concluido por Ad quem en relación con la ausencia de cotizaciones en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues, contrario a lo expuesto por el censor, tal tópico sí adquiere gran relevancia para el estudio de lo pretendido. Al punto, si el actor se afilió tan solo en vigencia de la Ley 797 de 2003 (hecho que resulta indiscutido), ni siquiera contaba con una expectativa pensional y, de cara a ello, no podría verse afectado con el cambio normativo. Por ello mismo, no era factible el otorgamiento de la prestación deprecada conforme al principio de la condición más beneficiosa.

Así, conforme las exigencias descritas, no erró el Tribunal al estudiar la pensión pedida conforme a los postulados de la Ley 797 de 2003, de manera que si no cumplió sus requerimientos resulta atinada su negativa, toda vez que, en el asunto bajo estudio, el causante falleció el 2 de noviembre de 2010, esto, con posterioridad al 29 de enero de 2006, pero, además, sus cotizaciones lo fueron en vigencia de la Ley 797 de 2003, razón por la cual no resulta admisible acudir al principio de la condición más beneficiosa, por el tránsito legislativo entre la Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, partiendo de las consideraciones expuestas y porque el afiliado fallecido no tenía expectativa alguna en vigencia de la normatividad derogada.

En consecuencia, el cargo resulta infundado.

Las costas del recurso extraordinario de casación serán por cuenta de la parte recurrente, en consideración a que no prosperó el cargo único que formuló. Se fijan como agencias en derecho la suma de $4.240.000 que se incluirá en la liquidación que se practique conforme lo dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el veintisiete (27) de junio de dos mil catorce (2014), dentro del proceso ordinario seguido por AMPARO DEL SOCORRO AMAYA y HÉCTOR FERNANDO OROZCO VALENCIA contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN SA.

Costas como quedó enunciado en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

IVAN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ANGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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