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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5195-2020

Régimen de transición

Fecha
31 de agosto de 2020
Magistrado ponente
Iván Mauricio Lenis Gómez
Citada por
19 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL5195-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Es posible sumar, para reconocer la pensión de vejez del Acuerdo 049 de 1990 aplicable por transición, los tiempos servidos al Estado sin cotización al ISS y las semanas cotizadas a este?

Reglas

  1. En las pensiones de vejez del Acuerdo 049 de 1990 reconocidas por transición pueden sumarse semanas cotizadas al ISS y tiempos laborados en entidades públicas, aunque estos no hayan recibido aportes al ISS.

    «en el marco del Acuerdo 049 de 1990 es procedente la sumatoria de tiempos de servicios en los sectores público y privado, con o sin cotización al Instituto de Seguros Sociales»
  2. En el régimen de transición, la norma anterior conserva aplicación ultraactiva en edad, tiempo y monto; las demás condiciones se rigen por la Ley 100 de 1993.

    «la normativa anterior aplicable tendría los mencionados efectos ultraactivos solamente en los aspectos de edad, tiempo y monto, pues el resto de condiciones pensionales se encuentran regidas por las d»
  3. El cómputo de semanas para las pensiones de transición permite sumar tiempos públicos y privados, incluso si no hubo aportes a cajas o fondos de previsión.

    «la forma de computar las semanas para estas prestaciones se rige por el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1.º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993»
  4. La acumulación de semanas y tiempos servidos exige que los aportes al sistema tengan soporte en trabajo efectivamente realizado.

    «esta regulación permitió que las personas pudieran acumular semanas aportadas o tiempos servidos al Estado, indistintamente, para efectos de consolidar su pensión de vejez, bajo el presupuesto de que»
  5. La Corte puede extraer la genuina intención del cargo y estudiar el cuestionamiento jurídico cuando la exposición presenta una aparente contradicción normativa.

    «esta aparente contradicción no impide a la Sala extraer la genuina intención de la recurrente»
  6. En casación laboral, los aspectos de primera instancia que no fueron objeto de apelación deben confirmarse en respeto del principio de consonancia.

    «como el monto de la mesada pensional y los intereses moratorios, deberán confirmarse estos, en respeto al principio de consonancia»

Decisión

Casó la sentencia del Tribunal. En instancia confirmó la decisión de primera instancia que reconoció la pensión de vejez y mantuvo el monto y los intereses moratorios, al no haber sido objeto de apelación.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia que la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla profirió el 31 de julio de 2012, en el proceso que RUTH FERRER DE SALAZAR promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES. En sede de instancia, RESUELVE: PRIMERO: Confirmar la sentencia que el Juez Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla profirió el 5 de abril de 2011, por las razones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO: Costas como se indicó en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5195-2020

Magistrado ponente: Iván Mauricio Lenis Gómez

31 de agosto de 2020

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado ponente

SL5195-2020

Radicación n.° 60555

Acta extraordinaria 82

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020).

La Corte decide el recurso de casación que RUTH FERRER DE SALAZAR interpuso contra la sentencia que el 31 de julio de 2012 profirió la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario que adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-.

Se acepta el impedimento que manifiesta el magistrado Omar Ángel Mejía Amador, por tanto, se le declara separado del estudio del presente asunto.

ANTECEDENTES

La actora solicitó que se declare que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez «con base en su tiempo de servicio y semanas cotizadas», en la cuantía que se determine al promediar el salario devengado durante el último año de servicio, debidamente indexado. En consecuencia, solicitó el retroactivo al que hubiere lugar, con su respectiva corrección monetaria, desde la presentación de la petición administrativa hasta la fecha de su pago efectivo; lo que se acredite ultra y extra petita y las costas del proceso.

En subsidio, pretendió que se condenara a la entidad demandada a reconocerle la indemnización sustitutiva de la pensión reclamada.

En respaldo de sus aspiraciones, narró que nació el 7 de junio de 1945, por lo que cumplió 55 años de edad el mismo mes y día del año 2000; que es beneficiaria del régimen de transición; que trabajó al servicio de los siguientes empleadores: (i) Magisterio oficial, desde el 2 de agosto de 1972 hasta el 7 de septiembre de 1978; (ii) Gimnasio Christophoro Colombo entre el 1.° de enero de 1986 y el 31 de diciembre de 1993; (iii) Colegio Providencia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia Liceo de Cervantes, del 1.° de enero de 1994 al 31 de diciembre de 2009 y, (iv) Mega Servicios Ltda.

Expuso que cuando comenzó a laborar no estaba en vigencia la Ley 100 de 1993 y que para tener derecho a la prestación deprecada solo requería 500 semanas cotizadas y el cumplimiento de la edad establecida en la ley, conforme a la normativa aplicable para la época.

Agregó que el 1.° de octubre de 2008 solicitó al Instituto de Seguros Sociales la pensión de vejez, la cual le fue negada mediante Resolución n.º 012742 de 26 de junio de 2009, bajo el argumento que no acreditó la densidad de cotizaciones exigidas, pese a que en dicho acto administrativo se indicó que aportó 1081 semanas (f.º 1 a 9).

Al dar respuesta a la demanda, la convocada a juicio se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos en que se basan, aceptó la fecha de nacimiento de la demandante, su calidad de beneficiaria del régimen de transición, las semanas cotizadas, que efectuó reclamación administrativa y su respuesta negativa. Frente a los demás, adujo que no le constaban.

Reiteró que si bien la actora es beneficiaria del régimen de transición y tiene más de 55 años de edad, no acreditó el cumplimiento de las semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, para acceder al reconocimiento pensional.

En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, carencia del derecho reclamado y falta de causa para demandar (f.º 60 a 62).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

A través de fallo de 5 de abril de 2011, el Juez Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla declaró no probadas las excepciones propuestas y condenó al Instituto de Seguros Sociales a reconocer a la demandante la pensión de vejez a partir del 30 de octubre de 2008, en cuantía equivalente a $1.337.587, así como al pago de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 1.° de marzo de 2009, e impuso costas a la accionada (f. ° 86 a 92).

Explicó que el Acuerdo 049 de 1990 no exige cotizaciones exclusivas al Instituto de Seguros Sociales, que la demandante acreditó 1081 semanas y la edad de 55 años y que, por tanto, conforme al artículo 12 de dicha normativa era procedente el reconocimiento del derecho pensional reclamado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de la demandada, mediante sentencia del 31 de julio del 2012, la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla revocó la de primera instancia y, en su lugar, absolvió a la impugnante de todas las pretensiones incoadas en su contra (f. ° 123 a 131).

Para los efectos que interesan al recurso extraordinario, el ad quem señaló que no era objeto de discusión en el proceso que: (i) la actora nació el 7 de junio de 1945 y que cumplió 55 años de edad el mismo día y mes del año 2000; (ii) es beneficiaria del régimen de transición, y (iii) en total reunió 1081 semanas, entre el tiempo laborado en la Secretaría de Educación de Barranquilla y lo aportado al Instituto de Seguros Sociales.

Así, indicó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si la accionante tenía derecho al reconocimiento de la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990.

En esa dirección, expuso que el artículo 12 de dicha normativa no permitía sumar los mencionados periodos, pues era necesario haberlos cotizado al instituto demandado. Para respaldar su criterio jurídico, aludió a la sentencia CSJ 23 mar. 2011, rad. 40033.

Respecto a la pretensión subsidiaria, esto es, la indemnización sustitutiva, afirmó que la demandante no acreditó la obligación de declarar su imposibilidad para continuar cotizando, conforme lo previsto en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, concluyó que no tenía derecho a esa prestación.

RECURSO DE CASACIÓN

El recurso extraordinario de casación lo interpuso la demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte Suprema de Justicia.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

La recurrente pretende que la Corte «case totalmente» la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, confirme la decisión del a quo.

Con tal propósito, por la causal primera de casación formula un cargo, que fue objeto de réplica.

CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia impugnada de trasgredir por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, los artículos 1.º, 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 10, 11, 13 literales c), f) y h), 33, 34, 36 inciso 2.º, 50, 121, 123, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993, 1.° del Decreto 1548 de 1998, 1.° del Decreto 2709 de 1994, 2.º, 3.º, 4.º, 8.º, 9.º y 10.º del Decreto 1637 de 2006, 5.º, 7.º, 8.º y 11 del Decreto «3995» (sic) y 2683 del Código Civil. Afirma que lo anterior conllevó la «indebida aplicación» de los artículos 7.º de la Ley 71 de 1988, 2.º del Decreto 758 de 1990, 3.º del Decreto 510 de 2003, el inciso 3.º del artículo 9.º de la Ley 797 de 2003, 3.º y 4.º de la Ley 2709 de 1994 (sic) y, como violación de medio, los artículos 13, 25, 48, 53 y 58 de la Constitución Política.

En la demostración del cargo, manifiesta que el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 se refiere simplemente a «semanas pagadas», esto es, las debidamente sufragadas o aportadas en cualquier tiempo al sistema de seguridad social integral, entendido este por las entidades que lo conforman.

Agrega que el tiempo de servicio en los distintos establecimientos públicos tiene la misma connotación que aquellas que se cotizaron directamente ante la demandada; que considerar lo contrario sería tanto como aceptar que el Estado se hace acreedor a título gratuito del trabajo que recibió de sus servicios públicos y que por no efectuar cotizaciones se enfrenta injustamente al riesgo de perder su pensión.

Destaca que el artículo 7.° de la Ley 71 de 1988 ya había desarrollado la posibilidad de acumular los aportes sufragados tanto a las entidades de previsión social como al Instituto de Seguros Sociales y que, en igual sentido, lo contemplaron el parágrafo 1.° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, así como los artículos 1.° del Decreto 2709 de 1994, 2.° del Decreto 1548 de 1998 y 9.° de la Ley 797 de 2003.

Explica que dicho marco normativo evidencia una tendencia histórica del legislador por procurar la concentración y unificación de los datos y darle prevalencia al cumplimiento de los presupuestos materiales sobre los cuales se estructura el derecho pensional.

Asevera que el Acuerdo 049 de 1990 no se implementó para regir solo las materias pensionales de las que se ocupa, sino para introducir regulaciones adicionales a las normas preexistentes, sin tocar lo pertinente a la acumulación de tiempos y semanas cotizadas. Así, aduce que no puede considerarse que dicha normativa derogó expresa o tácitamente el artículo 7.° de la Ley 71 de 1988, que debe aplicarse en lo relativo a la sumatoria de tiempos de servicios públicos y cotizados al ISS.

Por último, señala que el precedente judicial de la Corte Constitucional (T-100-2012) indica que en el marco del Acuerdo 049 de 1990 deben tenerse en cuenta los tiempos laborados en establecimiento públicos sin cotización.

RÉPLICA

La opositora manifiesta que la decisión que profirió el Tribunal está ajustada a derecho y conforme a la jurisprudencia de esta Sala de la Corte.

Afirma que el ad quem fundamentó el fallo en los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 12 del Acuerdo 049 de 1990 y no en el artículo 7.º de la Ley 71 de 1988, de modo que no es posible denunciar la infracción de esta última norma, ni apoyarse en preceptos constitucionales. Agrega que si bien la última disposición permite la suma de las semanas cotizadas al ISS con los aportes a una entidad de seguridad social, la aplicación de tal precepto no se alegó en la demanda.

Por último, arguye que el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se refiere a la pensión de vejez que trata el inciso 1.º de esa disposición y que solo si tal precepto se aplica integralmente, es válida la invocación del literal f) del artículo 13 ibidem.

CONSIDERACIONES

Al margen de la glosa de técnica que la opositora le atribuye al cargo, para la Corte, del análisis de la acusación se infiere claramente un cuestionamiento jurídico a la decisión del Tribunal en cuanto consideró que con base en el Acuerdo 049 de 1990 no es posible sumar tiempos de servicios públicos y cotizados al ISS. Ahora, si bien la actora también fundamenta su postura jurídica con base en la Ley 71 de 1988, esta aparente contradicción no impide a la Sala extraer la genuina intención de la recurrente, esto es, demostrar que el Tribunal se equivocó al no considerar la pertinencia de ambas normas, en el marco de la posibilidad que brindan de acumular la totalidad de los períodos efectivamente trabajados en los sectores público y el privado.

Claro lo anterior, no se discute en casación que: (i) la demandante nació el 7 de junio de 1945 y cumplió 55 años en la misma data del año 2000; (ii) es beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y (iii) cotizó un total de 1081 semanas, entre tiempos de servicio laborados a la Gobernación del Atlántico y el cotizado al Instituto de Seguros Sociales.

Por tanto, la Corte debe dilucidar si el Tribunal incurrió en un desatino al considerar que para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez con base en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, no era procedente la sumatoria de los tiempos servidos al Estado, no cotizados al ISS, con los efectivamente aportados a dicha entidad.

Pues bien, en recientes pronunciamientos la Corte cambió de criterio jurisprudencial y estableció que en el marco del Acuerdo 049 de 1990 es procedente la sumatoria de tiempos de servicios en los sectores público y privado, con o sin cotización al Instituto de Seguros Sociales (CSJ SL1947-2020, CSJ SL1981-2020 y CSJ SL2557-2020). Precisamente, en la primera sentencia referida la Corporación explicó:

(…) No obstante, ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos laborados a entidades públicas.

Para modificar tal criterio jurisprudencial, debe destacarse que tal como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Corporación, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 tuvo como finalidad esencial proteger las expectativas legítimas de quienes estaban próximos a pensionarse, a fin que estuvieran cobijados por la legislación precedente, en los aspectos definidos por el legislador.

Este tipo de regímenes se prevé en los sistemas de seguridad social a fin de que los cambios legislativos en materia pensional no sean abruptos para los ciudadanos, sino que su aplicación sea progresiva y gradual y no se afecten las expectativas legítimas de quienes se encontraban cerca de consolidar los derechos prestacionales. Es el establecimiento de condiciones de transición lo que garantiza la aplicación ultraactiva de la disposición anterior, se reitera, en algunos aspectos definidos por el propio legislador.

Específicamente, el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 implicó una protección especial para quienes se encuentran cobijados por éste, en el sentido de que la normativa anterior aplicable tendría los mencionados efectos ultraactivos solamente en los aspectos de edad, tiempo y monto, pues el resto de condiciones pensionales se encuentran regidas por las disposiciones de la Ley 100 de 1993.

De lo anterior se deriva que si la disposición precedente solo opera para las pensiones de transición en los puntos de edad, tiempo y monto, entonces la forma de computar las semanas para estas prestaciones se rige por el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1.º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que disponen expresamente la posibilidad de sumar tiempos privados y tiempos públicos, así éstos no hayan sido objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social.

En efecto, el literal f) del artículo 13 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establecen que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en calidad de servidor público, cualquiera que sea el número de semanas o el tiempo de servicio. En el mismo sentido, se reafirma, el parágrafo 1.º del artículo 33 de dicho precepto consagra la validez de los tiempos como servidor público para el cómputo de las semanas.

Esta lectura es acorde justamente con las finalidades propias de la Ley 100 de 1993, como ley del Sistema Seguridad Social Integral, pues esta regulación permitió que las personas pudieran acumular semanas aportadas o tiempos servidos al Estado, indistintamente, para efectos de consolidar su pensión de vejez, bajo el presupuesto de que los aportes a seguridad social tengan soporte en el trabajo efectivamente realizado.

Lo anterior permite reconocer que, durante su trayectoria profesional, las personas pueden estar unos tiempos en el sector público o en el sector privado, dado que ello hace parte de las contingencias del mercado laboral y lo relevante es que el Estado permita tener en cuenta lo uno y lo otro para el acceso a prestaciones económicas, pues, en últimas, lo que debe contar es el trabajo humano.

La posibilidad de la sumatoria de tiempos parte también de la propia Ley 100 de 1993, que contempló diversos instrumentos de financiación, tales como los bonos pensionales, los cálculos actuariales o las cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna.

En virtud de ello, las pensiones del régimen de transición previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no pueden ser ajenas al anterior entendimiento, puesto que éstas pertenecen evidentemente al sistema de seguridad social integral y, como tal, pese a tener aplicación ultraactiva de leyes anteriores en algunos aspectos como tiempo, edad y monto, en lo demás siguen gobernadas por dicha ley, que, finalmente, es la fuente que les permite su surgimiento a la vida jurídica y a la que se debe remitir el juez para su interpretación.

En tal dirección, así debe entenderse el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual que un parágrafo no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este caso serían las pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el cómputo previsto en este parágrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transición de esta normatividad.

Es de resaltar que este cambio de criterio jurisprudencial de la Sala está acorde a mandatos superiores y a la defensa del derecho a la seguridad social en tanto garantía fundamental de los ciudadanos, así reconocida por diferentes instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador de 1988, que, además de estar ratificados por Colombia, hacen parte del denominado ius cogens.

Así las cosas, en el caso concreto, teniendo en cuenta este nuevo criterio jurisprudencial y en atención a que el Tribunal estableció que la demandante reunió 1081 semanas en toda su vida laboral, derivadas de tiempos de servicios públicos y cotizaciones efectivamente aportadas al ISS, es procedente el reconocimiento de la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990.

Por último, es preciso indicar que si bien la actora también tendría derecho al otorgamiento de la prestación reclamada con fundamento en el artículo 7.º de la Ley 71 de 1988, normativa que también permite la sumatoria referida y toda vez que las 1081 semanas aportadas equivalen a más de 20 años de servicios, la pensión se concederá con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, que le resulta más favorable a aquella. En efecto, con esta última disposición la tasa de reemplazo equivale al 78% en atención al número de semanas sufragadas, que es más alta que la que correspondería con la Ley 71 de 1988, esto es, el 75%.

En el anterior contexto, el cargo es fundado y se casará la sentencia impugnada.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

SENTENCIA DE INSTANCIA

En sede de instancia, procede la Corte a resolver el recurso de apelación que interpuso el ISS y conforme a los temas estrictamente objeto de inconformidad.

Debe advertirse que en el presente asunto no procede el grado jurisdiccional de consulta previsto en el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007 para los eventos en que la Nación es garante de obligaciones de entidades descentralizadas, por cuanto esta normativa entró a regir en el Distrito Judicial de Barranquilla a partir del 1.º de enero de 2012, según el Acuerdo No. PSAA11-9006 de 2011, esto es, después de la data en que se profirió la decisión de primer grado.

En el recurso de apelación, la entidad afirmó que su inconformidad radicaba en que si bien la accionante es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 no permite sumar los tiempos prestados a entidades públicas con los aportados al ISS y que tal posibilidad se consagró en la Ley 71 de 1988, cuyos presupuestos no satisface la reclamante.

Pues bien, las consideraciones expresadas en sede casacional son suficientes para reiterar que en el marco del Acuerdo 049 de 1990, a efectos del reconocimiento de la prestación de vejez, se pueden sumar los tiempos de servicios públicos no cotizados al ISS, hoy Colpensiones, con las cotizaciones efectivamente efectuadas a dicha entidad de seguridad social.

En consecuencia, en atención a que en el proceso se acreditó y, ello no se discute, que sumado el tiempo de servicio público con las semanas cotizadas efectivamente al ISS, la demandante reunió 1081 semanas y que cumplió 55 años de edad el 7 de junio de 2000, a juicio de la Corte, es procedente el reconocimiento de la pensión de vejez deprecada.

En atención a que la entidad impugnante no reprochó otros aspectos de la decisión del a quo, como el monto de la mesada pensional y los intereses moratorios, deberán confirmarse estos, en respeto al principio de consonancia que regula los juicios del trabajo y de la seguridad social (artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social).

Las costas en la segunda instancia estarán a cargo del ISS.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia que la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla profirió el 31 de julio de 2012, en el proceso que RUTH FERRER DE SALAZAR promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES.

En sede de instancia, RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la sentencia que el Juez Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla profirió el 5 de abril de 2011, por las razones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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