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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5264-2021

Fecha
3 de noviembre de 2021
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL5264-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

VIII. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: NO ANULAR el laudo arbitral del 6 de julio de 2021, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A. y la sociedad INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A. SEGUNDO: Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5264-2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

3 de noviembre de 2021

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL5264-2021

Radicación n.° 90696

Acta 42

Bogotá, D.C., tres (03) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Decide la Sala el recurso de anulación interpuesto por el apoderado de la sociedad INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A., contra el laudo arbitral del 6 de julio de 2021, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A. y la recurrente.

I. ANTECEDENTES

El Ministerio del Trabajo, mediante la Resolución n.° 0906 del 27 de abril de 2021, convocó e integró un tribunal de arbitramento obligatorio para que dirimiera el conflicto colectivo suscitado entre el Sindicato de Trabajadores de Industrias Cárnicas del Oriente S.A. y la sociedad Industrias Cárnicas del Oriente S.A.

II. LAUDO ARBITRAL

El respectivo laudo arbitral fue emitido el 6 de julio de 2021.

Los árbitros sostuvieron que: (i) eran competentes teniendo en cuenta la presunción de legalidad que recae sobre el acto administrativo mediante el cual se constituyó el tribunal de arbitramento y que se agotaron las etapas legales previas sin que se resolviera el conflicto colectivo de trabajo; (ii) la decisión a adoptar tiene como marco de referencia los siguientes presupuestos: - El artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual supone la necesidad de resolver sobre todas las peticiones contenidas en el pliego presentado por la organización sindical, sobre las cuales no se presentó acuerdo entre las partes; (iii) las decisiones deben adoptarse con criterio racional y enmarcarse dentro de la equidad, que es ponderación, proporcionalidad y razonabilidad, lo cual supone considerar la situación especial en que se encuentran las partes involucradas en el conflicto, de tal forma que se logre la protección de los trabajadores, pero simultáneamente se salvaguarden los intereses de la entidad empleadora, sin poner en riesgo su estabilidad económica y su continuidad; (iv) al momento de proferir el laudo arbitral en un conflicto económico, los árbitros deben proceder a un estudio tanto de la situación económica y administrativa de la entidad empleadora, así como de las pretensiones contenidas en el pliego de peticiones de la organización sindical, su número de afiliados y el impacto que la decisión de las solicitudes pueda tener en el futuro de las relaciones entre las partes, dado que la principal finalidad de las convenciones colectivas, a la par de la mejora en las condiciones de trabajo de los beneficiados por ellas, debe ser procurar y llevar paz laboral al ámbito de las empresas; (v) analizaron de manera particular la situación, encontrando como hechos fundamentales relativos a la organización sindical que se trata de un sindicato de industria y minoritario, en una empresa que cuenta con más de 80 trabajadores, de los cuales 11 se encuentran afiliados a SINTRAINCAROSA, y que el presente es el primer conflicto colectivo entre el sindicato y la sociedad empleadora; (vi) en lo que toca con la empresa, ha sido necesariamente afectada por el complejo momento de incertidumbre general por el que atraviesa la economía por efectos de la pandemia de la covid-19, con cifras en rojo en el 2021, situación a tenerse en cuenta al momento de tomar las determinaciones finales, y (vii) en esa medida ha orientado las soluciones a procurar no gravar de forma desmedida las finanzas de la empresa, de modo que se puedan garantizar su sostenibilidad y la conservación de los puestos de trabajo.

III. RECURSO DE ANULACIÓN

Fue interpuesto por el apoderado de la sociedad Industrias Cárnicas del Oriente S.A., que no fue replicado.

El descontento de la recurrente con el laudo arbitral fustigado gira en torno a que el tribunal de arbitramento se extralimitó, dado que el «Sindicato en su pliego de peticiones, fija el ámbito sobre el cual se puede pronunciar el Tribunal de Arbitramento; al hacerlo sobre aspectos no pedidos o en cuantías o porcentajes más altos de los solicitados se presenta una ilegalidad insubsanable, como en efecto, sucedió en este caso», por lo siguiente:

Procedimiento disciplinario

Pliego de peticiones

19. ESTABILIDAD. Cuando un funcionario de la empresa, debidamente facultado, estimare que es necesario despedir a un trabajador sindicalizado, así lo comunicará por escrito al jefe de la Secretaria de Talento Humano, quien pasará inmediatamente aviso al trabajador, con copia al Sindicato. Enterado el trabajador de la solicitud de despido, podrá, si lo estima pertinente y, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación, presentar descargos por escrito, solicitar y allegar al jefe de la Secretaria de Talento Humano las pruebas e información tendientes a desvirtuar el hecho que se le imputa. El jefe de la Secretaria de Talento Humano ordenará, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la solicitud, la práctica de las pruebas que sean conducentes para el esclarecimiento de los hechos, la cual se llevará a cabo por conducto del funcionario investigador que aquel designe para el efecto, en un término no superior a cinco (5) días hábiles. Si el Sindicato estimare que la causal invocada no es justa, solicitará por escrito al jefe de Secretaria de Talento Humano dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha de la comunicación, la convocatoria del Comité de Despidos, integrado por dos (2) miembros de la empresa y dos (2) del Sindicato, el cual deberá reunirse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al vencimiento del período probatorio y rendir su informe al señor Alcalde[sic], debidamente fundado en la justicia o injusticia del despido propuesto, en el plazo de una (1) semana. El GERENTE, dentro de los tres (3) días siguientes, mediante resolución motivada, si procede o no al despido y lo decretará, si así fuere el caso. La recomendación del Comité no es obligatoria para el señor Alcalde [sic] (…)

1.2 Laudo arbitral

ARTÍCULO SEXTO. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Antes de proceder a efectuar un despido con justa causa la empresa deberá cumplir con el siguiente procedimiento: A) Conocida la falta presuntamente cometida por el trabajador, la empresa dentro de los siete (7) días hábiles siguientes deberá informarlo por escrito al trabajador con copia al sindicato, indicando con precisión los hechos de que se trata y señalando día y hora la realización de la audiencia de descargos. B) En la audiencia de descargos el trabajador, con el acompañamiento de dos miembros de la organización sindical si así lo desea, ofrecerá las explicaciones que considere pertinentes, pudiendo allegar las pruebas que estime conducentes para el esclarecimiento de los hechos. C) Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización de los descargos, la empresa decidirá si va a proceder a la finalización del contrato de trabajo con justa causa, decisión que será comunicada por escrito al trabajador con copia al sindicato. D) En caso de estar inconforme el trabajador con la decisión de la empresa, podrá interponer dentro de los dos (2) días hábiles siguientes el recurso de apelación para que se reconsidere, indicando las razones y motivos que lo sustente. E) La empresa dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del recurso resolverá si mantiene la decisión inicial o si la modifica. 11 Parágrafo. En caso de dar la empresa por finalizado un contrato de trabajo pretermitiendo total o parcialmente el procedimiento anterior el despido será ilegal, y la entidad empleadora deberá cancelar la correspondiente indemnización de ley.

1.3 Argumentos del recurrente

Sostiene que el tribunal de arbitramento carece absolutamente de competencia para pronunciarse sobre el mismo, puesto que el procedimiento disciplinario, se encuentra regulado por normas de rango constitucional y legal, así como por las interpretaciones autorizadas que sobre el particular realizan nuestras altas Cortes, en la producción de la jurisprudencia nacional. Es por lo anterior, que cualquier pronunciamiento del órgano colegiado arbitral, como aquel efectuado en el laudo recurrido, carece de validez, y constituye una extralimitación de sus funciones.

Aduce que el tribunal al fijar un procedimiento para adelantar una investigación previa, garantizar el derecho de defensa e imponer las sanciones correspondientes, viola el principio de la autonomía del empleador y el poder subordinante de este, dado que es el empleador, quien tiene la facultad y obligación de expedir y «adoptar un reglamento interno de trabajo, que no viole la ley y la Constitución Nacional, y en desarrollo del mismo fijar las obligaciones, prohibiciones y la escala de faltas y “procedimientos para su comprobación” (Art 108 numeral 16 CST), al fijar los árbitros procedimientos diferentes a los establecidos en el reglamento interno de trabajo, que ya había establecido el [e]mpleador, están violando la facultad que le asiste a este al limitar e invadir la facultad de regulación que tiene el [e]mpleador y que le fue fijada por el legislador, por cuanto es una facultad del empleador establecer el procedimiento disciplinario, garantizando los mandatos de la Corte Constitucional fijados en la sentencia C-934 de 2004, pero no pueden los árbitros suplantar dicha iniciativa del empleador».

Agrega que «como si fuera poco, tamaña intromisión en la autonomía de la empresa, imponerle un procedimiento disciplinario, NO es un conflicto de naturaleza económica, sino que atañe directamente a la organización y facultad de la empresa, razón de más para concluir que en este punto, los señores árbitros sobrepasaron los límites de su competencia». Si lo anterior no fuese de recibo, en lo que, si es claro la extralimitación del Tribunal, consiste en que este no puede, como ocurre en el laudo objeto del recurso, fijar las consecuencias de la omisión del procedimiento disciplinario frente a la terminación del contrato de trabajo.

En efecto, no puede el Tribunal determinar si la omisión del mismo puede dar lugar a la terminación del contrato, el procedimiento se establece para «imponer sanciones» pero no para determinar si el mismo es requisito previo para poder concluir un contrato de trabajo con justa causa y menos aún determinar el alcance de ello.

IV. CONSIDERACIONES

a) En puridad de verdad, no hay razones para estimar que este tipo de decisiones constituya una extralimitación en la competencia de los árbitros, al tenor de lo estatuido en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, sino que, por el contrario, ello responde a una forma de concretar, en las relaciones laborales, el debido proceso tendiente a garantizar el derecho de defensa y contradicción al trabajador en aras de que, previo a la imposición de una sanción o decisión de terminación del contrato de trabajo, con justa causa, tenga la oportunidad de presentar sus descargos y que sea la misma empresa la que adopte la decisión pertinente, como más adelante se verá.

En ese horizonte, la forma como quedó redactado este artículo cumple con la finalidad que esta Corporación ha sostenido en cuanto a que sólo persigue que, frente a la eventual imposición de sanciones o terminación de la relación laboral, en un hecho atribuible al inculpado, los trabajadores tengan la oportunidad de ejercer su defensa, lo cual está acorde con los postulados de la buena fe y la protección debida por los empleadores a sus trabajadores, principios que son cimiento fundamental del derecho del trabajo. Medida que, además, no perjudica al empleador, dado que, por el contrario, puede ser útil para tomar los correctivos que realmente correspondan, después de efectuar un examen sopesado de la situación.

Se dice lo precedente porque la Corte observa que el cuerpo arbitral consagró un trámite detallado y garantista, para que el trabajador asuma su defensa e incluso para que el empleador, luego de valorar los diferentes elementos de persuasión, tenga suficiente claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que se le imputan al trabajador, sin que ello, de ninguna manera, restrinja su facultad de imponer las sanciones pertinentes y terminar el contrato de trabajo con justa causa, cuando se encuentre demostrada la falta que así lo permita. Y el incluirse en la cláusula que la pretermisión total o parcial del procedimiento acarrea que el despido sea ilegal, tampoco desborda las facultades del colegiado, pues de no establecerse dicha consecuencia el trámite sería inane.

Ahora bien, nótese que el procedimiento disciplinario diseñado por el tribunal de arbitramento está acorde con lo explicado por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-593-2014, en la que se destacó, entre otros aspectos:

(i) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción, (ii) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias. Acá debe recordarse que el mismo Código Sustantivo del Trabajo dispone que tanto la conducta como su respectiva sanción debe encontrarse previamente consagradas en el Reglamento Interno del Trabajo, (iii) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados, (iv) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos, (vi) el pronunciamiento definitivo del patrono mediante un acto motivado y congruente, (vii) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (viii) la posibilidad que el trabajador pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones ya sea ante el superior jerárquico de aquél que impone la sanción como la posibilidad de acudir a la jurisdicción laboral ordinaria.

Y sobre estos pilares está soportado el mencionado procedimiento.

b) Procedimiento para sanciones disciplinarias y terminación del contrato con justa causa

Partiendo de la base de que la sanción disciplinaria es diferente a la terminación de la relación laboral con justa causa, establecer un procedimiento para que el empleador adopte cualquiera de las dos figuras, no se constituye en una extralimitación en sus competencias, ni una limitación a la potestad que tiene el empleador de poner fin a los contratos de trabajo con justa causa, como tampoco para terminarlos sin justificación con la obligación de pagar la indemnización correspondiente; la propia compañía puede hacer uso a su favor de ese procedimiento disciplinario, a efectos de verificar si se presenta o no la falta grave que amerite tomar la drástica decisión de despedir al trabajador, pues, se insiste, se fijó un debido proceso tendiente a garantizar el derecho de defensa y contradicción que le asiste al trabajador inculpado, concediéndole la oportunidad de presentar descargos, de tener conocimiento de los hechos que se le endilgan, de estar asesorados por los miembros de la organización sindical y de apelar la determinación.

c) Lo atinente al reglamento interno

Es doctrina de esta Corporación que no existe ningún impedimento legal para que los arbitradores se pronuncien sobre un procedimiento disciplinario, puesto que expresamente el artículo 106 del Código Sustantivo del Trabajo establece que, si bien al empleador corresponde elaborar el reglamento interno de trabajo sin intervención alguna, salvo lo dispuesto en pacto, convención colectiva, fallo arbitral o acuerdo con sus trabajadores. Y también de modo expreso el artículo 108 ibídem dispone que en dicho reglamento estén contenidas disposiciones normativas sobre la «Escala de sanciones disciplinarias y forma de aplicación de ellas» (Ord. 16). Entonces, de aplicar los mencionados preceptos, salta a la vista que sí es procedente que, mediante fallo arbitral, se estatuyan disposiciones normativas como las dispuestas en la cláusula bajo escrutinio (sentencias CSJ SL, 12 dic. 2012, rad. 55340)

Criterio que ha sido reiterado, entre otras, en las sentencias CSJ SL3269-2014 CSJ SL8896-2015, CSJ SL21988-2017, CSJ SL5688-2018, CSJ SL388-2019 y CSJ SL2846-2020.

d) Sobre el argumento de que la disposición del procedimiento disciplinario no es de contenido económico

La Sala, en providencia CSJ SL5887-2016, enseñó que un conflicto colectivo de interés se suscita por diferencias relativas a la determinación de derechos y obligaciones futuras. No surge por tanto de un diferendo acerca de un derecho existente, como ocurre con el conflicto jurídico, sino del interés de una de las partes de crear dicho derecho, plasmándolo en un convenio colectivo, y el interés de la otra parte de no hacerlo. En este orden, el conflicto de interés procura la creación, modificación o supresión de normas jurídicas laborales y, por ello, tiene una finalidad creadora o legislante.

Por ello, adujo que usualmente estos conflictos suelen ser conocidos como «económicos» debido a que un alto porcentaje de los temas discutidos tienen un impacto en los costos de mano de obra o representan un mejoramiento monetario de los trabajadores, empero, no siempre es así, dado que a la par de los beneficios y auxilios traducibles en cifras, también existen otro tipo de pretensiones que solo indirectamente podrían tener un efecto económico. Tal es el caso de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, formación profesional, diálogo, medidas de no represalias, procedimientos sancionatorios, etc.

Agregó que:

El anterior contexto es necesario para comprender la función de los árbitros, pues esta no se agota en la fijación de cláusulas de contenido monetario, como podría pensarse. Su labor estriba en la resolución completa del conflicto, premisa que lleva inmersa el análisis integral de las peticiones directa o indirectamente económicas, así como de todas aquellas que fortalezcan los derechos, garantías y acciones tuitivas de los trabajadores o reequilibren su posición.

Todos estos aspectos son parte esencial en el conflicto de interés llamado a ser compuesto por los árbitros, ya que, según se sugirió, el «interés» de los trabajadores en la construcción de modelos laborales empresariales sólidos y cooperativos mediante la negociación colectiva, no siempre es traducible en cifras económicas. Existen otras propuestas incuantificables frente a las condiciones de trabajo y empleo, cuya positivización otorga a los trabajadores el poder de ejercer nuevos derechos, facultades o garantías, o son un realce, superación o consolidación de los ya existentes. Naturalmente, la resolución a través del mecanismo arbitral de estos puntos, indeterminables económicamente, es necesaria en clave a zanjar las diferencias e imprimir paz y estabilidad a las relaciones laborales. Su no solución, por consiguiente, implica la perpetuación del conflicto.

Por estas razones, al ser el conflicto un escenario de debate, puja o divergencia, y el arbitraje uno de los mecanismos alternos de solución, los árbitros deben proveer sobre todos los puntos respecto de los cuales tengan competencia y, en tal sentido, evitar desestimar las peticiones bajo el ligero argumento de estar contenidas en la ley.

En la misma dirección la Corte, en sentencia CSJ SL3325-2018, explicó, con profusión, que el conflicto colectivo es por esencia de interés y no necesariamente económico. Esto significa que la competencia de los árbitros no se agota en la fijación de cláusulas de contenido monetario, sino también en aquellas indirectamente económicas que fortalezcan los derechos, garantías y acciones tuitivas de los trabajadores o reequilibren su posición.

De suerte que el tribunal de arbitramento se avino a la posición mayoritaria de esta Sala, en cuanto a que efectivamente es competente para crear un procedimiento para imponer sanciones disciplinarias como para terminar el contrato de trabajo con justa causa, por lo que no hay méritos para anular la decisión en los términos solicitados.

2º) Auxilio por procedimientos médicos y odontológicos

2.1 Pliego de peticiones

22.3 AUXILIOS POR PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS. INCAROSA S.A, reconocerá a sus trabajadores los siguientes auxilios: El equivalente a dos (2) días de salarios vigentes devengados por el trabajador para procedimientos y tratamientos tanto médicos y odontológicos no cubiertos por el POS para el trabajador o su grupo familiar. PARÁGRAFO: Se entienden como familiares: los padres, el cónyuge o compañera(o) permanente, los hijos e hijastros del trabajador.

2.2 Laudo arbitral

ARTICULO NOVENO. AUXILIO POR PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS La empresa reconocerá un auxilio monetario hasta por un máximo de dos (2) días de salario mínimo legal en caso de que al trabajador o a otro miembro de su grupo familiar le sean ordenados procedimientos o tratamientos médicos y odontológicos no cubiertos por el plan de salud fijado por la ley. Parágrafo. Para los efectos del presente artículo se entiende como grupo familiar el declarado como tal por el trabajador e integrado por el cónyuge o compañero o compañera permanente, los hijos o hijastros menores de veinticinco (25) y los padres que dependan económicamente del trabajador.

2.3 Argumentos del recurrente

Dice que, en el laudo arbitral se fija un

auxilio económico para el “trabajador o a otro miembro del grupo familiar” que le sean ordenados tratamientos médicos y odontológicos no cubiertos en el plan de salud fijado por la ley” como a bien se indica en el “salvamento de voto” esta prestación es inequitativa y regula aspectos propios del sistema de seguridad social integral. Como se expresa en el salvamento de voto, cuyos argumentos hacemos propios para los efectos del recurso, se viola el principio de “equidad” que deben tener los árbitros al momento de fijar una prestación económica en relación con los otros trabajadores y desborda las condiciones económicas de la realidad que actualmente vive nuestro país, para mayor claridad me permito trascribir apartes del salvamento: “ … Es la equidad, en tratándose de conflictos económicos “no es solo un criterio auxiliar de interpretación, SI NO EL CRITERIO FUNDANTE DE LA DECISIÓN MISMA” así lo señalo la sentencia T- 046 de 2002 el magistrado Dr. Cepeda al referirse al tema. Así pues, si la equidad es el criterio “fundante de la decisión” es ella la que señala el norte que los árbitros podemos seguir y parece que, en este punto, mis colegas extraviaron el norte que debíamos seguir… Toda la razón le asiste al señor arbitro en su queja al haber impuesto una prestación económica que viola ese principio de equidad en la decisión, imponer una prestación económica, que podría incluso no tener un límite razonable, por cuanto es supremamente amplio e impreciso el laudo arbitral al extender la prestación “al grupo familiar” al no definir en la prestación que es “grupo familiar” del trabajador, hará referencia los “ beneficiarios” que consagra el artículo 34 del decreto 806 de 1998 o el artículo 21 del Decreto 2353 de 2015 cuando hace referencia al “núcleo familiar” o cual otro?. En dicho artículo resulta indeterminado la referencia al “grupo familiar” lo que tendría consecuencias graves desde el punto de vista económico que ello podría implicar para la empresa. También se incurre en un grave desatino en el otorgamiento de la prestación cuando se advierte: “le sean ordenados procedimientos o tratamientos médicos y odontológicos no cubiertos en el plan de salud” y se demuestra con el siguiente ejemplo: A un trabajador su odontólogo tratante le ordena un tratamiento estético o suntuario ( diseño de sonrisa) o un médico una cirugía estética ( aumento de senos) de acuerdo al criterio mayoritario del Tribunal la empresa debe reconocer un auxilio económico por estos “procedimientos” realmente, ello desborda cualquier sentido de equidad y armonía en las relaciones de empleadores y trabajadores, ni aun el sistema de salud reconoce estos procedimientos y con la decisión de los árbitros pretenden que se reconozca un auxilio económico cuando ello ocurre. La ligereza con la que se fijó esta prestación económica no guarda armonía con los principios de la seguridad social que contienen tanto el artículo 2 de la ley 100 de 1993 y el 53 de la CN, en efecto, si bien es cierto que son principios de la seguridad social deben respetarlos los árbitros cuando imponen prestaciones económicas como la que es objeto del recurso. En efecto el principio de “eficiencia” cuya consagración constitucional, nos advierte de “la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos técnicos y financieros disponibles” los árbitros imponen una obligación a una empresa con bastantes dificultades económicas, tal y como está demostrado en las pruebas recaudadas en el trámite arbitral, a reconocer auxilios por tratamientos “suntuarios y estéticos”, es violar flagrantemente ese principio de equidad que se quejó el árbitro en su salvamento de voto.

También constituye violatorio de la facultad de los árbitros la de regular aspectos propios de la seguridad social, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en especial el artículo 206 de dicha compilación normativa, los beneficios económicos y las prestaciones asistenciales derivados de los riegos por enfermedad no profesional los asume el sistema de seguridad social en salud, a través de la EPS correspondiente, atendiendo a las prescripciones legales del C.S.T. Corolario de lo anterior, resulta que las contingencias derivadas de enfermedades de origen común son del resorte exclusivo del sistema, y carecen los árbitros de competencia para pronunciarse sobre los mismos. Aunado a lo dicho, no es correcto, denominar la prestación concedida como “auxilio por procedimientos médicos”, cuando lo que se está otorgando es un ajuste en el valor de la incapacidad, que paga la EPS. La anterior contradicción, conlleva a que este punto deba ser anulado

V. CONSIDERACIONES

Ante todo, se impone memorar que a partir de la sentencia SL13016-2015, la Sala varió su criterio, indicando que los árbitros sí tienen competencia para decidir en equidad sobre los derechos de los trabajadores que superen el mínimo establecido en la ley, entre los que se cuentan los pertenecientes al sistema de seguridad social.

Dicho criterio, ha sido reiterado en muchedumbre de oportunidades, entre otras, en las providencias CSJ SL20031-2017 y CSJ SL5449-2018, en donde se sostuvo:

En lo que respecta a que los árbitros no pueden crear obligaciones en materia de seguridad social, esta sala en sentencia de anulación CSJ SL3269-2016, del 24 de feb. 2016, rad. 73545, reiterada en providencia de anulación CSJ SL8157-2016, del 8 de jun. 2016, rad. 74171, explicó:

Se equivoca el recurrente al afirmar, sin ulteriores reflexiones, que los árbitros no pueden crear obligaciones en materia de seguridad social.

Es imperioso recordar que la superación de los beneficios consagrados en la ley o en instrumentos convencionales preexistentes, puede darse en dos vías. Por un lado, mediante la creación de nuevos derechos (superación por creación) y por otro a través de la complementación o adición de los ya existentes (superación por adición). Así, esta Corporación, en sentencia de anulación CSJ SL13016-2015, refiriéndose a las facultades de los arbitradores señaló que para decidir en equidad éstos «pueden pronunciarse con respecto a cualesquiera mejoras que superen los mínimos previstos en la ley, bien sea mediante la creación de nuevos beneficios o la complementación de los ya existentes».

De otra parte, ha estimado la Sala que el ejercicio de la justicia arbitral encuentra un límite en (i) los acuerdos logrados por las partes en las etapas de arreglo directo; (ii) el respeto de los derechos o facultades del empleador y los trabajadores reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes; y (iii) la observancia del orden jurídico estatuido, y dentro de éste, la equidad como principio general del derecho (CSJ SL17703-2015).

[…] Ahora, si bien la Sala ha aceptado la posibilidad de que los árbitros emitan decisiones encaminadas a lograr mejoras en los derechos de los trabajadores, incluidos aquellos relacionados con los sistemas de protección social, también ha considerado que dicha atribución tiene límites.

Estos límites, indudablemente ligados con el respeto al orden público preestablecido, tienen que ver con la no alteración o el desquiciamiento de la estructura, organización y funcionamiento del sistema de seguridad social.

[…] No es ajeno para la Corte que en la sentencia CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 55501 se señaló que los árbitros no pueden crear pagos adicionales por incapacidades en la medida que son las partes involucradas en el conflicto las llamadas a convenir libremente ese aspecto; sin embargo, tal postura, como puede advertirse en el anterior recuento, ha ido evolucionando a través de diferentes sentencias emitidas respecto al tema.

Por ello, hoy en día, existe una jurisprudencia consolidada que acepta la posibilidad de los árbitros de pronunciarse y conceder prestaciones adicionales a las previstas en el sistema de seguridad social, respetando, eso sí, las normas imperativas de orden público, lo cual implica: (i) acatar lo dispuesto en A.L. 01/2005 en lo que hace a la prohibición de laudar en torno a condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistema general de pensiones; (ii) evitar alteraciones y desajustes en la estructura, organización y funcionamiento de los subsistemas de seguridad social, como pueden ser la sustracción, traslado o reasignación de obligaciones y responsabilidades establecidas en la ley, modificación del monto y porcentaje de las cotizaciones; (iii) no imponer al empleador cargas y prestaciones que por mandato legal le corresponde satisfacer exclusivamente a las entidades del sistema, por ejemplo, servicios del Plan Obligatorio de Salud.

La cláusula bajo estudio estableció un auxilio para procedimientos o tratamientos médicos y odontológicos no cubiertos por el plan de salud fijado por la ley y, en ese contexto, no le impuso al empleador cargas y prestaciones que por mandato legal le corresponde satisfacer exclusivamente a las entidades del sistema general de seguridad social en salud, «de tal forma que se conviertan en un instrumento de desplazamiento de las entidades obligadas por ley a satisfacer determinadas obligaciones prestacionales, o en un mecanismo de reasignación de las mismas contrariando la articulación del sistema general de seguridad social. Máxime que, con el fin de liberarse de ciertas cargas asistenciales y económicas, el empleador contribuye mediante un aporte monetario a esos entes especializados a fin de que garanticen la cobertura y protección del trabajador ante la ocurrencia de los riesgos asegurados». (CSJ SL4039-2017)

El tema concerniente a la extensión de los beneficios convencionales a los miembros de la familia de un trabajador, efectivamente tiene connotación de ser económico para las partes, luego el Tribunal sí goza de competencia para pronunciarse en torno a ello.

La Sala en sentencia CSJ SL3491-2019, recordó que el grupo familiar «son personas directamente interesadas en el trabajo de quien les provee sustento y, en esa medida, experimentan los beneficios y pérdidas de su empleo. Por ello, esta Sala ha defendido que los árbitros tienen plena competencia para establecer derechos y beneficios a favor del grupo familiar, pues «se ajusta a los propósitos de una relación laboral y al desenvolvimiento del trabajo humano en el contexto empresarial o social» (CSJ SL21177-2017).

Ahora bien, repárese en que la textura de la disposición no luce abierta, genérica e indeterminada toda vez que fluye cristalino que el monto de la prestación corresponde a «un auxilio monetario hasta por un máximo de dos (2) días de salario mínimo legal» y, además, determina palmariamente quiénes conforman el grupo familiar al establecer que para «los efectos del presente artículo se entiende como grupo familiar el declarado como tal por el trabajador e integrado por el cónyuge o compañero o compañera permanente, los hijos o hijastros menores de veinticinco (25) y los padres que dependan económicamente del trabajador».

Por último, se impone memorar que esta Corporación ha rechazado anular disposiciones por dudas interpretativas planteadas por los recurrentes en anulación. En cambio, ha insistido en que esos aspectos indeterminados, derivados del análisis de los enunciados normativos del laudo, deben ser resueltos naturalmente por las partes y los jueces laborales según los criterios y herramientas interpretativas más extendidas en el mundo jurídico. En palabras de la Corte: «es difícil concebir una norma que adolezca de algún grado de indeterminación, que por medio de la interpretación jurídica no pueda ser determinada. Como también es difícil concebir una disposición oscura que a través de un ejercicio hermenéutico no pueda ser clarificada. Lo anterior y por, sobre todo, si se tiene de presente que la indeterminación o vaguedad semántica es una característica potencial de toda norma jurídica» (CSJ SL5887-2016, reiterada en CSJ SL14879-2016).

Siendo coherentes con lo discurrido, la disposición arbitral no se anulará.

3º) Fondos de Vivienda y calamidad doméstica

3.1 Pliego de peticiones

27. FONDO DE VIVIENDA Durante la vigencia de la presente convención colectiva INCAROSA S.A., constituirá un fondo de vivienda para adjudicar préstamos a los trabajadores para compra de lote, mejora, construcción de vivienda y deshipoteca originada en la compra, mediante Fondo de Vivienda.

17. FONDO ROTATORIO DE CALAMIDAD DOMESTICA o INCAROSA S.A., constituirá el Fondo Rotatorio de Calamidad Doméstica en cuantía de (50,000.000) millones de pesos dirigido al otorgamiento de préstamos sin intereses para los trabajadores beneficiarios de la presente convención para la vigencia 2017 y 2019 se incrementará en 60 salarios (SMLMV), para la vigencia 2019 cuya finalidad estará dirigida a los trabajadores afiliados al Sindicato. El funcionamiento del fondo será reglamentado por las partes dentro de los (60) días siguientes a la expedición del laudo arbitral.

3.2 Laudo arbitral

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. FONDO DE VIVIENDA La empresa creará un fondo rotatorio de préstamos para compra o mejora de vivienda para los beneficiarios del laudo, por la suma de ocho millones de pesos ($ 8.000.000). Las partes reglamentarán el funcionamiento del fondo dentro de los sesenta (60) días siguientes a la expedición del presente laudo.

ARTICULO QUINTO. FONDO ROTARIO PARA CALAMIDAD DOMÉSTICA La empresa creará un fondo rotatorio para préstamos por calamidad por la suma de ocho millones de pesos ($ 8.000.000) por el primer año de vigencia del laudo. Para el segundo año de vigencia el fondo se incrementará en un porcentaje equivalente al índice de precios al consumidor (IPC) promedio nacional del año inmediatamente anterior Las partes reglamentarán el funcionamiento del fondo dentro de los sesenta (60) días siguientes a la expedición del presente laudo.

3.3 Argumentos del recurrente

Afirma que el laudo arbitral pretende imponer una determinada organización administrativa desde una instancia externa, a la misma empresa, imposición que coarta su libertad en el desarrollo de su objeto social, prohijada por la Constitución; en el caso del fondo rotatorio de vivienda, al ordenarle a la sociedad su creación y funcionamiento, le impone, además, de los costos financieros que ello supone, la asunción de funciones extrañas al objeto social de la compañía, debiendo destinar sus recursos humanos, para el funcionamiento del fondo rotatorio de vivienda y calamidad doméstica y, por supuesto, invadiendo su derecho a ejercer su actividad económica en los términos elegidos por la misma organización empresarial.

Añade que resulta desproporcionado ordenar constituir este fondo por valor de $8.000.000 cada uno, cuando las utilidades menos los pasivos operacionales fueron bastante bajos y un porcentaje importante, «más del 20% de ellas se deberán destinar a la constitución de un fondo de vivienda y calamidad doméstica, sin tener en cuenta, las demás prestaciones reconocidas por el laudo; es que no se entiende cual fue el criterio de los señores árbitros, para imponer unas acreencias como las ordenadas en el laudo, con absoluta desconexión de la realidad económica de la empresa».

VI. CONSIDERACIONES

Esta Corporación recientemente, mediante sentencia CSJ SL282-2021, reiteró lo adoctrinado atinente a la facultad que tienen los árbitros para disponer la creación de un fondo para adquisición de vivienda, así como de un comité que reglamente los préstamos que se otorguen. Allí recordó lo enseñado en providencia CSJ SL4259-2020, así:

Sea lo primero indicar que a pesar de decirse por la recurrente que acredita el estado de propietarios de vivienda de los trabajadores afiliados, en la certificación del folio 35 del cuaderno anexo lo que se refleja es la afiliación sindical vigente. Y en segundo lugar que, con independencia de ese estado, que lo que puede dar lugar es a que precisamente la empleadora no se vea abocada a incurrir en mayor disponibilidad de dinero para el mantenimiento del fondo indicado, lo cierto es que es jurisprudencia pacífica de la Sala el que los fondos patronales con destinación específica a la adquisición, construcción, mejora, reparación o liberación de gravámenes de la vivienda del trabajador no sean extraños a la decisión de los árbitros en los conflictos de intereses.

En sentencia CSJ SL17551-2016, 07 sep. 2016, rad. 74793, la Corte razonó:

De antaño es línea de pensamiento de la Corte Suprema de Justicia que una de las necesidades primordiales de los trabajadores es la adquisición de vivienda, la cual constituye un factor fundamental para el mejoramiento del nivel de vida del trabajador y su familia. De ahí que el sector empresarial tenga como deber el fomento de los planes de vivienda para los trabajadores a sus servicios. Aquí y ahora, memórese que este auxilio se otorga con carácter o a título de préstamo.

Al desatar un recurso de similares características, la Sala en sentencia CSJ SL, 31 de ene. 1994, rad. 6571, reiterada, entre muchas, el 31 de oct. 1994, rad. 7310, dejó asentado que los tribunales de arbitramento no violaban ningún derecho del empleador cuando, como en este caso ocurrió, disponen la creación de un fondo para vivienda.

Igualmente, la Sala tiene dicho que el tribunal de arbitramento tiene competencia para establecer un comité de vivienda para la reglamentación de préstamos para vivienda. Por ejemplo, véase la sentencia de anulación CSJ SL, 15 de mar. 2011, rad. 48395. Y siendo lo anterior así, con mayor razón la tiene para determinar que sea el empleador quien reglamente el funcionamiento del fondo de vivienda, lo que evidencia aún más que el Tribunal obró dentro del marco del objeto para el que fue convocado y evidencia que resolvió el conflicto con fundamento en un criterio justo y equitativo.

[…]

“De manera que resulta evidente que el cuerpo arbitral no extralimitó su competencia, ni tampoco aparece desproporcionada la concesión de las prestaciones extralegales que dispuso frente a las peticiones de los trabajadores con las cuales iniciaron el conflicto colectivo”

En lo que atañe a la cláusula del fondo rotatorio para calamidad doméstica, tiene enseñado la Sala que no contraría ninguna disposición de orden constitucional o legal, sino que aparece inspirada en fines plausibles, tendientes a prestar ayuda y colaboración al trabajador que ha sufrido una calamidad doméstica (sentencia CSJ SL, 13 may. 2008, rad. 34622).

Ahora bien, la Corte observa que, tal como quedaron redactadas las disposiciones: (i) los beneficios se otorgan a título de préstamo, y (ii) son las partes – empleador y organización sindical- quienes reglamentaran el funcionamiento de los dichos fondos, lo que evidencia aún más que el tribunal de arbitramento obró dentro del marco del objeto para el que fue convocado.

De otra parte, repárese en que, en realidad un fondo de calamidad doméstica es de estirpe y fines diferentes al de vivienda, luego ello tampoco sería un referente para determinar que la decisión resulta caprichosa e inequitativa.

Así las cosas, los árbitros resolvieron el conflicto con fundamento en un criterio justo y equitativo, ya que no aparece desproporcionada la concesión de los mencionados préstamos, así la disposición se extienda a 11 trabajadores.

Igualmente, resulta insoslayable que el tribunal de arbitramento, para adoptar la decisión, tuvo como báculo: a) la equidad, «que es ponderación, proporcionalidad y razonabilidad, lo cual supone considerar la situación especial en que se encuentran las partes involucradas en el conflicto, de tal forma que se logre la protección de los trabajadores, pero simultáneamente se salvaguarden los intereses de la entidad empleadora, sin poner en riesgo su estabilidad económica y su continuidad»; b) el estudio tanto de la situación económica y administrativa de la entidad empleadora, así como de las pretensiones contenidas en el pliego de peticiones de la organización sindical, su número de afiliados y el impacto que la decisión de las solicitudes pueda tener en el futuro de las relaciones entre las partes, dado que la principal finalidad de las convenciones colectivas, a la par de la mejora en las condiciones de trabajo de los beneficiados por ellas, debe ser procurar y llevar paz laboral al ámbito de las empresas; c) como hechos fundamentales relativos a la organización sindical que se trata de un sindicato de industria y minoritario, en una empresa que cuenta con más de 80 trabajadores, de los cuales 11 se encuentran afiliados a SINTRAINCAROSA, y que el presente es el primer conflicto colectivo entre el sindicato y la sociedad empleadora; d) en lo que toca con la empresa, que ella ha sido necesariamente afectada por el complejo momento de incertidumbre general por el que atraviesa la economía por efectos de la pandemia de la covid-19, con cifras en rojo en el 2021, situación a tenerse en cuenta al momento de tomar las determinaciones finales, y; e) en esa medida ha orientado las soluciones a procurar no gravar de forma desmedida las finanzas de la empresa, de modo que se puedan garantizar su sostenibilidad y la conservación de los puestos de trabajo.

De suerte que la Sala observa que la decisión arbitral se encuentra enmarcada no solo «dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social» (artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo), sino dentro de la proporcionalidad y razonabilidad, características propias de los laudos arbitrales.

Por último, no hay que pasar por alto que los árbitros concedieron unas prebendas consagradas en el pliego de peticiones y negaron otras, lo que apunta a inferir, que efectivamente estudiaron y analizaron el material persuasivo allegado por los protagonistas sociales durante el trámite arbitral y la real dimensión de la situación económica de la empresa.

En dicha perspectiva, el cuerpo colegiado no sólo tuvo como referencia las necesidades de los trabajadores, sino, que el laudo no fue adoptado a espalda de la realidad financiera de la sociedad recurrente.

Conclusión forzosa de cuanto se ha expuesto es que se despachan desfavorablemente los planteamientos de la sociedad recurrente.

4º) Permisos sindicales

4.1 Pliego de peticiones

11. PERMISOS SINDICALES. Se modificará

El Municipio de Rionegro[sic] reconocerá y otorgará los siguientes permisos sindicales remunerados a trabajadores que estén afiliados al sindicato, así: 1. Ochenta (80) horas mensuales a los integrantes de la Junta Directiva, para realizar labores propias del cargo como Directivo sindical. 2. Un (1) día quincenal para participar de las reuniones de Junta Directiva. Así mismo se concederá un (1) día de permiso remunerado a todos los trabajadores sindicalizados para realizar asamblea general una vez por semestre y extraordinaria en el evento que se requiera. 3. Treinta (30) días anuales para capacitación sindical, esto es asistencia a foros, seminarios, talleres, congresos y plenarios sindicales estos permisos deben ser solicitados por Sintraincarosa. 4. Cuando un trabajador de INCAROSA S.A, afiliado al sindicato, llegare a ocupar cargos en un Comité Ejecutivo de alguna organización de segundo grado, a la cual este afiliado SINTRAINCAROSA, Y quien sea elegido en un Comité Ejecutivo de una organización de tercer grado previa solicitud del sindicato, INCAROSA S.A lo analizara en su momento. Parágrafo. Cuando SINTRAINCAROSA, solicite permiso sindical para asistir a los eventos del literal (c) para varios trabajadores oficiales[sic] al mismo tiempo y cuando por razones del servicio no sea posible concederlos para todos los solicitados, es el sindicato quien define las personas que asisten a tales eventos.

4.2 Laudo arbitral

ARTICULO TERCERO. PERMISOS SINDICALES Durante la vigencia del presente laudo la empresa concederá a la organización sindical los siguientes permisos sindicales remunerados: - Treinta (30) horas mensuales, no acumulables, para todas las gestiones de los directivos sindicales. - Diez (10) días anuales, no acumulables, para capacitaciones sindicales, permisos de los cuales no podrán disfrutar más de dos (2) trabajadores simultáneamente. Los anteriores permisos sindicales serán remunerados con el salario ordinario diurno y deberán ser solicitados con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles.

4.3 Argumentos del recurrente

Asevera que no puede el tribunal de arbitramento, proceder a fijar unos permisos por cuanto ello obedece a la órbita del empleador.

Agrega que resulta excesivo, dicha cantidad de horas, pues implica una pérdida de productividad exagerada, para una organización sindical bastante pequeña, es «una evidente trasgresión al principio rector de equidad, otorgar 30 horas para reunión de junta directiva al mes. Esta cantidad de tiempo equivale a casi una semana de trabajo de cada trabajador multiplicado por el número de estos, que hagan parte de la junta directiva. En los términos en los que está expresado el laudo resulta un verdadero despropósito, la fijación de dichos periodos. - La valoración de estos permisos sindicales durante cada año de vigencia del laudo arbitral asciende a la suma de $ 41.816.867 pesos, lo anterior, sin tener presente la dificultad del ausentismo que ello significa frente a los trabajadores de la compañía. De dejarse incólume el laudo recurrido, se puede concluir sin sobresaltos, que la empresa no tendrá viabilidad financiera. Con fundamento en las anteriores consideraciones reiteramos la solicitud de anulación del laudo arbitral referido, por haberse extralimitado, por tener efectos retroactivos y por falta de aplicación de equidad y ponderación en los términos expuestos».

VII. CONSIDERACIONES

Concerniente a los permisos sindicales, el criterio de la Sala gravita en que se trata de una facultad de los árbitros, siempre que su concesión se muestre proporcional y razonable.

Sin duda, la necesidad del reconocimiento del permiso sindical es evidente, dado que la garantía de un adecuado ejercicio del derecho de asociación de los trabajadores, no puede quedar al arbitrio de quien, precisamente, es su antagonista dentro de la dialéctica de la relación capital-trabajo, sino que a los directivos sindicales se les debe brindar la oportunidad de reunirse con el objetivo de organizarse en defensa de los intereses de los afiliados, dentro de un marco de razonabilidad y sin que se desvirtúe uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo como lo es la prestación personal de servicio a favor de un empleador (CSJ SL10918-2016).

La jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como la de esta Corporación, ha sido unánime en cuanto el deber que el ordenamiento colombiano impone al empleador de conceder los permisos sindicales, «pero eso sí dentro de ciertos y precisos límites» (CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 36147); por cuanto «el uso de los permisos sindicales debe estar apoyado en los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad» (CC T-464/10).

Los permisos remunerados, que fijaron los árbitros para capacitación sindical, tienen una estrecha relación con el ejercicio del derecho de asociación y libertad sindical.

En esa perspectiva, puesta la Corte en la tarea de verificar cada uno de los aspectos relacionados, observa que la forma como está concebido el reconocimiento de los permisos, el número de trabajadores sindicalizados (11) y de días otorgados, que no son permanentes, esto es, 30 horas mensuales, no acumulables, para todas las gestiones de los directivos sindicales y 10 días anuales, no acumulables, para capacitaciones sindicales, permisos de los cuales no podrán disfrutar más de dos (2) trabajadores simultáneamente, durante toda la vigencia del laudo arbitral, en realidad dista de ser una decisión contraria a la equidad, razonabilidad y proporcionalidad y, además, la recurrente no acredita fehacientemente con probanza alguna cómo el otorgamiento de los permisos le acarrearía dificultades en su ejercicio normal que interfiera en el adecuado cumplimiento de su objeto social y que, eventualmente, pueda poner en peligro su estabilidad económica, máxime que la empresa, según su propia información, cuenta con un total de 80 trabajadores.

Tampoco se pierda de vista que la decisión arbitral fue palmaria en advertir que el permiso debe solicitarse «con una anticipación no menor de cinco (5) días», tiempo que le permite al empleador adecuar las necesidades del servicio, durante los días de permiso.

De suerte que, la Sala estima que la decisión arbitral bajo escrutinio no se exhibe inequitativa o injustificada, teniendo en cuenta los propósitos u objetivos que persigue, se ajusta a los criterios de racionalidad y proporcionalidad y, además, no tienen el carácter de ser permanentes, como tampoco afectan el desarrollo normal de la gestión empresarial y, por ende, no se anulará.

Por último, el tribunal de arbitramento tampoco desbordó el marco de su competencia pues el laudo arbitral no se basó «sobre aspectos no pedidos o en cuantías o porcentajes más altos de los solicitados», como lo adujo la recurrente.

Sin costas, dado que no hubo réplica.

VIII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NO ANULAR el laudo arbitral del 6 de julio de 2021, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A. y la sociedad INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A.

SEGUNDO: Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Ministerio de Trabajo para lo de su competencia.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

(Aclaro Voto Parcial)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

(Salvo Voto Parcial)

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

ACLARACIÓN DE VOTO PARCIAL

Recurrente: Industrias Cárnicas del Oriente S.A.

Demandado: Sindicato de Trabajadores de Industrias Cárnicas Del Oriente S.A.

Radicación: 90696

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena.

Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, si bien estoy de acuerdo con el sentido de la decisión, me permito aclarar el voto parcialmente respecto a los argumentos expuestos en la cláusula sobre el fondo de vivienda –artículo 13-, fondo rotario para calamidad doméstica –artículo 5- y permisos sindicales –artículo 3- referentes a que el laudo no violó el principio de inequidad manifiesta, pues a mi juicio y como lo he considerado en otras oportunidades, tal como lo he manifestado en diferentes oportunidades, las partes no están facultadas legalmente para recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa.

Al respecto, si bien la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que las partes pueden recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa (CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076-2017, entre muchas otras), en mi criterio, ello no es jurídicamente admisible, pues no existe norma alguna que contemple tal motivo o causal; además, que se aparta del entendimiento, alcance, finalidad y sentido de los procedimientos arbitrales.

Para sustentar lo anterior, inicialmente es oportuno destacar que el recurso de anulación está en el catálogo de los medios de impugnación extraordinarios, lo que implica que la competencia que tienen los jueces al resolverlo es rogada, dispositiva y taxativa y debe sujetarse a las estrictas y precisas causales o motivos que contempla la ley para acudir a él. Bajo esa perspectiva, no es dable crear otras causales de procedencia en este tipo de recursos, pues ello lesiona el principio de legalidad.

Además, adviértase que de la legislación sustancial laboral y procesal únicamente se extraen dos causales o motivos de anulación, ambas relacionadas con aspectos competenciales. La primera está contemplada en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que estipula que el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes», como cuando la decisión interfiere indebidamente en el núcleo esencial del derecho constitucional de empresa, o atenta contra los referentes basilares del derecho fundamental a la negociación colectiva; por ejemplo, al resolver puntos que fueron concertados directamente por las partes, tal y como expresamente lo prohíbe dicho precepto. Y la segunda, está en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el Tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado, esto es cuando decide más de lo pedido o por fuera de lo pedido, o no desata todos los puntos sobre los cuales debía pronunciarse teniendo competencia para ello.

Nótese entonces que la causal de «inequidad manifiesta» no está expresamente establecida en el estatuto sustancial o procesal laboral ni puede inferirse de alguna manera de las normas que regulan este recurso extraordinario; por tanto, carece de toda justificación legal tenerla como motivo válido de anulación.

Y llama la atención el hecho que el legislador únicamente haya establecido dos motivos de anulación estrictamente relativos a la competencia de los árbitros con exclusión total de cualquier otra facultad que expresamente permita calificar, valorar o interpretar el juicio de equidad que emplean los árbitros para dirimir un conflicto colectivo de trabajo, que es lo que, a mi juicio, realiza la Corte cuando se pronuncia sobre el carácter manifiestamente inequitativo de una cláusula del laudo.

En efecto, cuando la Sala aborda el análisis de este tipo de alegaciones no hace otra cosa que emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las estimaciones que en equidad dictaron los árbitros, actuación que, reitero, es ajena a las precisas y extraordinarias facultades competenciales del juez de anulación.

Por otra parte, estas valoraciones y calificaciones que a menudo hace la Sala cuando en el recurso de anulación se alega que las decisiones de los árbitros son ostensiblemente inequitativas, se oponen a un criterio que también es inveterado en la Corte, relativo a que son únicamente aquellos quienes pueden decidir en equidad. En efecto, si un juez determina si una decisión es o no inequitativa, está haciendo, sin duda alguna, un juicio de equidad, pues califica, valora o interpreta la decisión, de allí que tal requisito adicional se enfrente a una contradicción lógica con el propio criterio jurisprudencial en vigor.

Ahora, los precisos motivos de anulación permiten entender que el arbitramento está diseñado y concebido para tramitarse en una sola instancia a fin que a través del laudo arbitral el conflicto termine de manera definitiva, sin más cortapisas y trámites que lo alarguen y desdibujen el carácter expedito que debería caracterizar a todo proceso de negociación colectiva. De allí que su principal objetivo sea la salvaguarda del debido proceso de las partes y cualquier otro cuestionamiento que salga de este marco competencial y aluda a calificar, interpretar o valorar la decisión de fondo de los árbitros, deba rechazarse.

En otros términos, el recurso de anulación persigue que se garantice la regularidad del laudo, como textualmente lo señala el artículo 143 mencionado. Así, no está establecido para provocar una resolución de fondo ni juzgar el juicio de equidad que realizan los árbitros.

Lo anterior implica entender que la revisión en anulación debe ser extraordinaria y excepcional, y únicamente concierne a ejercer un control posterior respecto a la competencia de los árbitros en los términos explicados.

Asimismo, al revisar otras disposiciones que regulan el arbitraje en Colombia, como las que resuelven asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas, destaco que de las causales de anulación que enlista el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todas ellas hacen referencia a cuestiones procedimentales. De hecho, este compendio legal en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolver el recurso extraordinario «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo». Tal exigencia normativa, por su rotunda claridad, no merece mayor interpretación: el juez de anulación no puede calificar ni modificar el criterio de los árbitros.

Sobre este punto, el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que por vía del recurso de anulación no es dable, bajo ninguna circunstancia, emprender el estudio del caso como si fuese una segunda instancia ni para calificar las motivaciones, valoraciones o interpretaciones que realicen los árbitros, pues la finalidad esencial de este medio de impugnación únicamente radica en garantizar el debido proceso de las partes (CE, Sección Tercera, 19 jun. 2019, rad. 11001-03-26-000-2018-00109-00 -61809-). Precisamente en esta decisión indicó:

En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo.

De modo que cuando la Sala juzga las valoraciones de equidad que hacen los árbitros y califica o determina si es protuberante o manifiestamente inequitativa, sin duda, desconoce el objetivo de este recurso extraordinario. Lo anterior porque, reitero, el arbitraje laboral está concebido como el mecanismo a través del cual los interlocutores sociales terminen de forma definitiva sus diferencias cuando les ha resultado imposible resolverlas por sí mismas, al paso que el recurso de anulación es una garantía que se erige como una salvaguarda de procedimiento que permite verificar que las reglas de competencia se han cumplido con rigor.

Adicionalmente, debo señalar que la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia al requisito de inequidad manifiesta genera problemas procesales de constitucionalidad, pues el sindicato está situado en una posición desigual en relación con el empleador. Adviértase que las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación.

Lo anterior significa que la Corte únicamente puede juzgar las valoraciones que en equidad realizaron los árbitros cuando el afectado es el empleador, pero no cuando la decisión injusta o protuberante inequitativa afecta al sindicato, de modo que este está en clara desventaja. Así, la jurisprudencia vigente compromete seriamente el derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 4.° del Código General del Proceso.

Dejo así sustentada mi aclaración de voto parcial en el presente asunto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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