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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL534-2023

Fecha
7 de marzo de 2023
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL534-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el dos (2) de abril de dos mil diecinueve (2019) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LAWRENCE SANTACRUZ PAZ contra SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S., CLÍNICA PALMA REAL S.A.S. y la COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA. Sin costas según lo explicado en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL534-2023

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

7 de marzo de 2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL534-2023

Radicación n.° 85119

Acta 07

Bogotá D.C., siete (7) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LAWRENCE SANTACRUZ PAZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 2 de abril de 2019, en el proceso que instauró en contra de SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S., CLÍNICA PALMA REAL S.A.S. y la COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA.

ANTECEDENTES

Lawrence Santacruz Paz demandó a la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de la Salud de Colombia (en adelante Coomeva), Sinergia Global en Salud S.A.S. y a la Clínica Palma Real S.A.S., con el fin de que se declarara que ejerció como médico y, en consecuencia, se les condenara al pago de las cesantías y sus intereses, las primas de servicios y las vacaciones desde el 26 de abril de 2011 hasta el 6 de agosto de 2014, así como las horas extras, la sanción por la no consignación de las cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la indemnización moratoria consagrada en el precepto 65 del Código Sustantivo del Trabajo, los aportes a la seguridad social, los intereses moratorios y la indexación.

Fundamentó sus peticiones, en que se vinculó laboralmente con Sinergia Global en Salud S.A.S. mediante contrato laboral individual a término indefinido para ejercer como médico en la Clínica Palma Real, desde el 25 de abril de 2011 hasta el 6 de agosto de 2014, fecha en la que fue aceptada su renuncia, devengando una suma total de $4.261.993, a pesar de que en el contrato se estipuló como tal la suma de $2.853.315.

Puntualizó que para la liquidación de las prestaciones sociales el empleador tomó la suma de $2.030.369, en tanto que para los aportes parafiscales se tuvo en cuenta $2.572.000 y para liquidar la retención en la fuente se aplicó un salario de $2.948.991.

Relató que al momento de la terminación del contrato no le fueron pagados los derechos reclamados y, según los cálculos efectuados, la demandada le adeudaba un total de $27.011.386,04.

Al dar respuesta a la demanda, la Clínica Palma Real S.A.S. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la vinculación laboral y la renuncia del demandante, aclarando que en abril de 2014 operó la sustitución patronal a su favor y negó los demás.

Explicó que el salario con el cual aquel fue contratado fue de $2.853.315, sin embargo, él se acogió al modelo de compensación flexible, de manera libre y espontánea, el cual estipulaba los siguientes beneficios de carácter extrasalarial, sin efectos prestacionales destinados a satisfacer necesidades individuales: «aporte a Fecoomeva $176.430, aporte institucional $39.947 y auxilio monetario de educación $958.713».

Alegó las excepciones de carencia de acción o derecho para demandar, prescripción, buena fe, principio de legalidad y estabilidad jurídica.

Sinergia Global en Salud S.A.S. también rechazó las pretensiones de la demanda. Aceptó que el vínculo del trabajador fue hasta abril de 2014, ya que operó la sustitución patronal con la Clínica Palma Real S.A.S., así como lo relativo a los términos del contrato; por su parte negó los mismos hechos que la anterior demandada y alegó que no le constaba lo dicho sobre las horas extras.

Propuso las excepciones de carencia de acción o derecho para demandar, prescripción, buena fe, principio de legalidad y estabilidad jurídica.

Coomeva afirmó que no le constaban los hechos de la demanda y se opuso a sus pretensiones. Aclaró que Sinergia Global en Salud S.A.S. y Clínica Palma Real S.A.S. eran empresas del grupo, de la cual era su matriz, pero se trataba de sociedades distintas, jurídicamente independientes, con autonomía financiera y administrativa, por lo que no era responsable solidariamente por las obligaciones de aquellas.

Propuso las excepciones de carencia de acción o derecho para demandar, inexistencia de solidaridad, ilegitimidad sustantiva de la parte demandada, prescripción y principio de legalidad y estabilidad jurídica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Palmira (Valle), mediante fallo del 10 de octubre de 2017, absolvió a las demandadas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En grado jurisdiccional de consulta en favor del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante fallo del 2 de abril de 2019, confirmó el proferido en primera instancia.

Consideró como fundamento de su decisión, que,

Respecto de la competencia de la Sala se conoce en grado jurisdiccional de consulta a favor del demandante al ser la decisión preferida en primera instancia totalmente adversa a sus pretensiones y no haber sido apelada por la parte demandante, lo que otorga competencia plena a la sala para determinar si la decisión de primera instancia se emitió o no ajustada a derecho.

Como cuestiones previas debe tener en cuenta la sala lo siguiente: dentro del trámite de la consulta de la sentencia, la profesional del derecho de la parte demandante rinde sus alegatos de conclusión reprochando la providencia que desató la litis en primera instancia al considerar que se debe revisar el tema de la compensación flexible suscrito por el actor y la parte demandada.

Al respecto advierte la Sala que revisadas los hechos y pretensiones del libelo introductorio se observa que no fue dirigido para atacar la ineficacia del acuerdo enunciado ni la reliquidación de los salarios por el contrario al revisar uno a uno los hechos y pretensiones de la demanda se solicitó la reliquidación de las prestaciones, pero como consecuencia del reconocimiento y pago de las horas extras solicitadas, es decir, que los puntos incluidos en los alegatos en esta instancia son puntos nuevos que no fueron debatidos en primera instancia y por lo tanto el reproche, respecto del acuerdo de compensación flexible o su reliquidación solicitando que se revise los valores pagados por efectos del acuerdo de compensación flexibles, no pueden ser estudiados al desatar la consulta porque eso excedería la competencia de este grado jurisdiccional.

Delimitado, lo anterior y teniendo en cuenta por efectos del principio de consonancia y de congruencia, la demanda, la contestación y lo fallado por el juez de primera instancia, los problemas jurídicos que resolverá la Sala de Decisión son los siguientes, si existió sustitución de empleadores entre Sinergia Global en Salud SAS y la Clínica Palma Real. Este aspecto del contrato laboral del señor Lawrence Santa Cruz Paz, si las demandadas a la finalización de la relación quedaron adeudando dinero por concepto de horas extras o trabajo suplementario y solamente en el evento de que eso sea positivo determinará las salas y el demandante tiene o no derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales.

Sobre el problema jurídico concluyó que sí existió la sustitución de empleadores, pero que el demandante no cumplió con la carga de demostrar el trabajo en horas extras, ni el trabajo suplementario laborado para proceder al reajuste o la reliquidación solicitada.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el señor Santacruz Paz, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con el alcance del recurso extraordinarios y según los términos en que fue presentado.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia atacada, en cuanto se abstuvo de analizar la ineficacia del acuerdo de compensación flexible, para que, en sede de instancia, revoque el fallo del juzgado y en su lugar, se sirva:

[…] CONDENAR a las demandadas SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S. y la CLÍNICA PALMA REAL S.A.S. al pago de las diferencias causadas desde el mes de mayo de 2011 hasta la finalización del vínculo laboral el 1° de agosto de 2014, por concepto de reliquidación de prestaciones sociales y acreencias laborales, tales como cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social, tomando el salario real devengado por el demandante, debidamente indexado, y como consecuencia se ordene al reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en el artículo 65 del CST y 99 numeral 3° de la ley 50 de 1990, liquidados hasta la fecha en que se verifique el pago completo de la obligación . NO LA CASE EN LO DEMÁS, y provea en costas lo que en derecho corresponda.

Con tal propósito formula dos cargos, que son replicados y se resuelven de forma conjunta, debido a que persiguen el mismo fin y la solución es semejante para ambos.

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia impugnada de infringir:

[…] por vía indirecta bajo la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 69 del CPTSS y 42 numeral 5° del CGP (violación medio), en relación con los artículos 43, 127, 128 y 132 del CST, 53 de la Constitución Nacional, y 1° del Convenio 95 de la OIT convertido en Legislación Interna mediante la Ley 54 de 1952. Todos estos en concordancia con lo expuesto en los artículos 1°, 9°, 10, 11, 13, 14, 16, 21, 23, 57, 65, 67, 68, 186, 192, 249, 253, 254 y 306 del CST, 17 y 18 de la ley 100 de 1993, 99 (numeral 1° y 3°) de la ley 50 de 1990, 281 del CGP, 55 de la ley 270 de 1996 y 25 de la Constitución Política.

Relaciona los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que en el caso bajo estudio respecto al tema de la compensación flexible “al revisar el libelo introductorio se encuentra que no fue dirigido para acatar la eficacia del acuerdo enunciado ni la reliquidación de los salarios”.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que luego de revisar los hechos y pretensiones de la demanda se extrae que lo solicitado es la reliquidación de las prestaciones sociales “…pero como consecuencia del reconocimiento y pago de las horas extras solicitadas…”.

3. Dar por demostrado, sin ser cierto, que la ineficacia del acuerdo para acceder al sistema de compensación flexible suscrita entre el actor y su empleador, “…son puntos nuevos que no fueron debatidos en primera instancia, y por lo tanto el reproche respecto del acuerdo de compensación flexible o su reliquidación solicitando que se revise los valores pagados por efectos del acuerdo de compensación flexible, no pueden ser desatados al estudiar la consulta porque eso excedería la competencia de ese grado jurisdiccional”.

4. No dar por demostrado, estándolo, que desde el líbelo genitor se solicita la reliquidación de prestaciones sociales, acreencias laborales y aportes a seguridad social, no solo sobre las horas extras solicitados, sino también, sobre los valores no tenidos en cuenta por las entidades accionadas al momento de liquidar dichas acreencias, por haber sido excluidos como factor salarial en el acuerdo de sistema de compensación flexible.

5. No dar por demostrado, siendo evidente, que el Juez de primera instancia se pronunció explícitamente sobre la validez del acuerdo para acceder al sistema de compensación flexible suscrito entre mi poderdante y su empleador, y por lo tanto, este tema debía ser abordado, analizado y debatido por el sentenciador de alzada al desatar el grado jurisdiccional de consulta.

6. No dar por demostrado, estándolo, que las estipulaciones contenidas en el acuerdo para acceder al sistema de compensación flexible, relacionadas con que “…no constituyen salario para ningún efecto…” emolumentos como “Aporte Fecoomeva Plus”, “Aporte Institucional” y el “Auxilio Monetario de Educación”, devienen en ineficaces, al ostentar dichos rubros carácter salarial, toda vez que fueron periódicos, el actor los recibía como contraprestación directa de su servicio y enriquecían su patrimonio.

7. No dar por demostrado, estándolo, que la liquidación de prestaciones sociales, acreencias laborales y aportes al sistema de seguridad social del actor por parte de las demandadas, durante la relación laboral y a su finalización, se efectuaron de forma incompleta al no incluir como factores salariales los rubros antes mencionados.

8. No dar por demostrado, estándolo, que las demandadas actuaron de mala fe al restar el carácter salarial que ostentan las sumas excluidas en el acuerdo para acceder al sistema de compensación flexible, vulnerando derechos laborales ciertos e indiscutibles que le asisten al señor LAWRENCE SANTACRUZ, por lo cual las accionadas son acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 65 del CST y 99 numeral 3° de la ley 50 de 1990.

Manifiesta que dichos errores obedecieron a la indebida valoración de (i) la demanda inicial; (ii) la audiencia de conciliación del 2 de agosto de 2016; (iii) la de práctica de pruebas del 8 de marzo de 2017; (iv) la de juzgamiento del 10 de octubre de 2017; (v) los desprendibles de nómina de enero de 2013 a julio de 2014; (vi) los detalles de pagos de nómina desde enero de 2012 y, (vii) la liquidación definitiva de prestaciones sociales.

Adicionalmente, acusa la falta apreciación de las (i) contestaciones a la demanda presentadas por la Clínica Palma Real S.A.S. y Sinergia Global; (ii) la solicitud para tránsito al sistema de compensación flexible; (iii) el acuerdo para acceder al sistema de compensación flexible y (iv) el contrato laboral suscrito el 25 de abril de 2011.

Indica que no presenta discusión alguna frente a que (i) la relación laboral transcurrió desde el 25 de abril de 2011 hasta el 6 de agosto de 2014; (ii) que se produjo una sustitución de empleadores de Sinergia Global en Salud S.A.S. por la Clínica Palma Real S.A.S. y (iii) que no existe certeza frente a las horas extras adeudadas.

Reprocha la decisión recurrida, por cuanto el juzgador concluyó erróneamente que el pacto de compensación flexible es válido debido a que su ineficacia no fue pretendida en el presente proceso, pues lo solicitado desde la demanda inicial se centraba en la reliquidación de prestaciones sociales.

Manifiesta que basta con remitirse a dicha pieza procesal para concluir lo contrario, en la medida que hizo referencia a los factores salariales tenidos en cuenta por su empleador para las respectivas liquidaciones, junto con las acreencias laborales que quedaron pendientes.

Señala que si bien la demanda no es explícita en pedir la ineficacia del acuerdo, lo solicitado se dirige a hacer efectiva la naturaleza salarial que cobija los rubros que excluye como tal dicho pacto, y es sobre este fundamento que se insiste el pago de las diferencias entre lo reconocido y lo adeudado.

Asegura que, en las distintas audiencias y en la rendición de los interrogatorios de parte y testimonios, se hizo referencia al acuerdo de compensación flexible y al carácter salarial que ostentan los rubros excluidos.

Manifiesta que como el juez se pronunció explícitamente sobre el pacto, aunque se abstuvo de decretar su ineficacia con base en argumentos ambiguos y desconociendo las garantías constitucionales laborales, este tema debía ser analizado en el grado jurisdiccional de consulta, pues tal figura implica conocer en su integridad los asuntos sometidos a discusión.

Indica que demostrado tal error, es posible concluir que el juzgador incurrió en los demás, ya que habría concluido que las estipulaciones relacionadas con los emolumentos como «Aporte Fecoomeva Plus, Aporte Institucional y el Auxilio Monetario de Educación», devienen en ineficaces, al ostentar carácter salarial, toda vez que fueron periódicos, los recibía como contraprestación directa de su servicio y enriquecían su patrimonio.

Insiste en que era obligación del Tribunal analizar si dichos conceptos ostentaban o no naturaleza salarial, lo cual indudablemente lo conducía a determinar que sí lo eran, pues basta acudir a la nómina donde aparecen cada uno de los pagos mensuales efectuados, cumpliéndose así con el elemento de la periodicidad.

Sostiene que el actuar incorrecto de las demandadas al restar dicho carácter de las sumas excluidas en el acuerdo para acceder al sistema de compensación flexible, vulneran los derechos laborales ciertos e indiscutibles que le asisten, por lo cual proceden las sanciones establecidas en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 numeral 3° de la Ley 50 de 1990.

Cita como fundamento de lo dicho las sentencias CSJ SL2071-2019, CSJ SL243-2019, CSJ SL 2 mayo 2012, radicado 38818 y CSJ SL 13 mayo 2008, radicado 29806.

CARGO SEGUNDO

Impugna la sentencia acusada,

[…] por vía directa bajo la modalidad de interpretación errónea de los artículos 69 del CPTSS y 42 numeral 5° del CGP (violación medio), lo que condujo a la infracción directa (falta de aplicación) de los artículos 43, 127 y 128 del CST, 53 de la Constitución Nacional, y 1° del Convenio 95 de la OIT convertido en Legislación Interna mediante la Ley 54 de 1952. Todos estos en concordancia con lo expuesto en los artículos 1°, 9°, 10, 11, 13, 14, 16, 21, 23, 57, 65, 67, 68, 132, 186, 192, 249, 253, 254 y 306 del CST, 17 y 18 de la ley 100 de 1993, 99 (numeral 1° y 3°) de la ley 50 de 1990, 281 del CGP, 55 de la ley 270 de 1996 y 25 de la Constitución Política.

Discute el entendimiento que el Tribunal le otorgó al grado jurisdiccional de consulta, puesto que, contrario a lo dispuesto, sí tenía plena competencia para conocer de todos los aspectos de la controversia, lo cual incluye lo relacionado con la ineficacia del acuerdo de compensación flexible.

Sostiene que dicha figura debe ser orientada más allá que un mecanismo procesal, en aras de que se garanticen los derechos mínimos fundamentales e irrenunciables del trabajador, como ocurre en el presente caso donde los empleadores pretenden restar la naturaleza salarial de determinados rubros cancelados de manera periódica.

Asegura que el Tribunal se limitó a leer la literalidad de la demanda, hechos y pretensiones, pero en ningún momento se detuvo a extraer el fondo de la misma, cuya orientación no era otra que la declaratoria de la ineficacia del acuerdo, lo cual fue debatido en todo el transcurso procesal.

Por último, explica:

De haber otorgado una correcta exégesis a las normas procesales antes señaladas, como violación medio, en consecuencia debía conocer en grado jurisdiccional de consulta de la ineficacia del acuerdo de compensación flexible, al ser este un aspecto relacionado desde la demanda inicial y debatido en el transcurso del proceso, pero como no fue así incurrió entonces en la infracción directa de (falta de aplicación) de los artículos 43, 127 y 128 del CST, 53 de la Constitución Nacional, y 1° del Convenio 95 de la OIT convertido en Legislación Interna mediante la Ley 54 de 1952. Normas éstas que por su prevalencia necesariamente hubiesen conducido a la ineficacia del multicitado acuerdo de compensación flexible, ya que dicho pacto desconoce notoriamente la naturaleza salarial de los rubros allí excluidos como tal y que encajan dentro de los conceptos invocados en el Código Sustantivo del Trabajo y la OIT; es por esto que acudiendo al principio de la primacía de la realidad sobre las formas y al mandato contenido en el artículo 43 del CST, deviene en ineficaz por vulnerar los derechos laborales ciertos e indiscutibles del trabajador, su mínimo vital, y atentar contra las garantías constitucionales.

[…]

IX. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

Una vez casada la sentencia conforme se solicita en el alcance de la impugnación, al constituirse esa H. Sala como sentenciador de instancia, deberá acoger los mismos argumentos expuestos en la presente demanda frente a lo resuelto por el A Quo respecto a la validez del acuerdo de compensación flexible.

Aunado a ello, solicito muy respetuosamente se acoja lo que respecto a la sustitución patronal dispuso el sentenciador de alzada.

Una vez declarada la ineficacia del acuerdo de compensación flexible y tener como factores salariales los emolumentos allí excluidos como tal, se deberá proceder a la reliquidación de prestaciones sociales del actor, tales como cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones, aportes a la seguridad social, salud y pensión, debidamente indexados, e igualmente al pago de las sanciones moratorias consagradas en los artículos 65 del CST y 99 de la ley 50 de 1990, liquidados hasta el momento en que se haga el pago efectivo y completo de las obligaciones.

Para efectos de establecer el salario promedio real devengado por el Dr. LAWRENCE SANTACRUZ PAZ, se anexa cuadro que contiene los rubros excluidos por las demandadas al momento de efectuar la liquidación de prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social, desde enero de 2012 hasta la finalización de la relación laboral. No reposa en el plenario información para el año 2011, por lo que para mayor proveer comedidamente solicito se sirva oficiar a la sociedad demandada con el fin de que allegue la respectiva información.

En los anteriores términos dejo sustentado el recurso de casación.

Cita como fundamento de lo dicho las sentencias CSJ SL959-2020, CSJ SL2071-2019 y CSJ SL865-2019.

RÉPLICA

Coomeva pone de presente que los ataques presentan falencias técnicas, ya que el recurrente denuncia la violación medio de normas procesales que relaciona, pero no explica de qué forma se produjo la transgresión de las sustanciales que también menciona (CSJ SL726-2021).

Agrega que mezcla argumentos de tipo jurídico y fáctico sin distinción alguna, lo que se evidencia en el primer cargo, pues pese a que lo orienta por la senda fáctica, en su desarrollo se remite a jurisprudencia, generando una confusión de vías que es inadmisible y que hace que el ataque se asemeje a un alegato de instancia.

Acompaña la decisión del Tribunal en la medida que el recurrente nunca solicitó la nulidad del acuerdo de compensación flexible ni la consecuente reliquidación de salarios y prestaciones sociales.

Expone que el juez está sometido al marco jurídico procesal que le fijen las partes, y al que le permite la legislación en eventos taxativamente determinados, por lo que no puede condenar por conceptos no incluidos en las pretensiones de la demanda inicial, ni considerados por el fallador de primera instancia en virtud de lo consagrado en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Sostiene que, en caso de que se debiera analizar la nulidad del acuerdo, habría que tener en cuenta que el artículo 15 de la Ley 50 de 1990 permitió que se celebraran pactos de exclusión salarial sobre ciertos rubros que nunca llegan a ostentar tal condición, habiendo quedado demostrado que fue el propio trabajador quien se acogió voluntariamente a dicha propuesta.

Sinergia Global en Salud S.A.S. afirma que el recurrente omitió atacar todos los pilares de la sentencia, ya que se limitó a cuestionar la correspondiente eficacia, sin realizar reparos respecto de la absolución de las demandadas en cuanto al pago de horas extras, reliquidación de prestaciones sociales e inexistencia de la obligación.

Advierte que el primer cargo comprende nuevas pretensiones que no fueron incluidas en la demanda inicial, y si bien el juzgado hizo mención a dicho acuerdo, ello no era una pretensión, al punto que ni siquiera fue objeto de inconformidad posterior en la medida en que el recurrente no apeló el fallo de primera instancia.

Asegura que las pruebas relacionadas como erradamente apreciadas no son calificadas en casación. Para soportar sus argumentos cita las sentencias CSJ SL3833-2019 y CSJ SL4285-2019.

CONSIDERACIONES

La sede extraordinaria de casación no está dirigida a la composición del litigio entre las partes, puesto que no es una tercera instancia a la cual se pueda acudir libremente y con la finalidad de que se resuelva el pleito que se encuentra a consideración de la jurisdicción ordinaria laboral.

Los artículos 87, 90 y 91 del Código de Procesal del Trabajo y Seguridad Social, junto con la normativa de la Ley 16 de 1969, consagran las reglas mínimas a las que debe sujetarse el recurrente en casación, que le permiten a la Corte ejercer el estudio de legalidad de la sentencia controvertida.

La inobservancia de dichos preceptos, que constituyen los requisitos indispensables con los que debe contar la sustentación del recurso, conlleva a la imposibilidad del estudio de la sentencia recurrida, debido a que viene precedida de la doble presunción de acierto y legalidad, la cual puede ser derruida siempre que se acierte en el planteamiento y en la demostración de sus inconformidades.

Al respecto, en la sentencia CSJ SL4281-2017 se dijo que:

[…] al Juez de la casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario satisfaga las exigencias previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la formalidad, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política.

Lo expuesto cobra relevancia en la medida que le asiste razón a los replicantes sobre la existencia de errores de técnica en el recurso que resultan insubsanables, aun ante la tendencia a flexibilizar los requisitos de la demanda de casación, toda vez que existen unas formas propias en esta sede que deben ser respetadas por quien acude a ella con la finalidad de que la sentencia de segunda instancia sea anulada.

Tal y como lo advierten, el recurrente realiza un entretejido de aspectos jurídicos y fácticos en contra de la sentencia recurrida, pues, por un lado, critica la valoración que los jueces de primera y segunda instancia efectuaron o no sobre la demanda inicial, sus pretensiones y demás piezas procesales, en conjunto con extensos razonamientos jurisprudenciales acerca de los pactos de compensación flexible.

Todo lo anterior, en ambas vías de ataque, olvidando así que los reproches encauzados por la vía directa presuponen una total y completa conformidad con las situaciones fácticas y probatorias deducidas por el Tribunal. Mientras que la senda de los hechos se trae a colación cuando el juzgador incurre en errores ostensibles de hecho o de derecho como consecuencia de una equivocada apreciación o falta de estimación de los medios de convicción que lo condujeron a encontrar probado aquello que no lo está o a no dar por demostrado lo que sí está.

En esa medida, los cargos mencionados reflejan una mezcla de vías que desconoce que, si se denuncia la violación directa de la ley, existirá una confrontación jurídica entre las normas acusadas y la sentencia impugnada, con abstracción de los aspectos fácticos, toda vez que ellos dan lugar a errores de hecho o de derecho que deben atacarse acudiendo a la vía indirecta.

Al respecto, en la providencia CSL AL1547-2021, esta Sala explicó:

[…] de manera inveterada la Corte ha dicho que no es dable conjuntarlas, dado que la violación directa de la ley, que es la que se produce cuando se interpreta erróneamente una norma o se infringe directamente, entendida ésta como ‘falta de aplicación’, supone plena conformidad o por lo menos ninguna discrepancia manifiesta con los razonamientos probatorios del juzgador; y al contrario, cuando se acusa la violación indirecta de la ley por haber incurrido el juez de la alzada en errores de hecho o de derecho al dejar de apreciar, apreciar con error o suponer la prueba, se parte de la idea de que los razonamientos jurídicos del Tribunal no ocupan la atención del recurrente, pues se presume que el análisis de la premisa mayor de la sentencia atacada se encuentra fuera de discusión.

[…]

De otro lado, si se entendiera que la orientación del cargo es el de la vía indirecta por la enunciación que se hace --aunque mal-- de algunos errores evidentes de hecho, ello a nada positivo conduciría, pues la censura omite singularizar las pruebas que condujeron a tales yerros e indicar el lugar del expediente donde éstos se ubican, además, no precisa si ello ocurrió por la errónea valoración o por su falta de estimación.

Y como si todo lo anterior no fuera suficiente para desestimar el ataque que se hace a la sentencia impugnada, que por supuesto lo es, la censura presenta una argumentación que más que la sustentación de un recurso de casación, se traduce en un simple alegato de instancia, en el que el recurrente no solo dirige su discurso argumentativo indistintamente contra las decisiones tanto de primera como de segunda instancia, olvidando que el recurso extraordinario de casación solo procede contra las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia por los Tribunales en procesos ordinarios o contra las mismas decisiones proferidas por los Jueces del Circuito cuando tiene lugar el recurso per saltum, que no es el caso de autos; sino que también hace una mixtura de las vías directa e indirecta de violación de la ley, cuando bien es sabido que son excluyentes, habida cuenta de que la primera conlleva a un error jurídico mientras que la segunda a la existencia de uno o varios yerros fácticos, debiendo ser su formulación y análisis diferentes y por separado.

Por otro lado, las pruebas acusadas en el primer cargo como indebidamente apreciadas por el Tribunal no lo fueron, siendo, únicamente, la interpretación de la demanda inicial el pilar fundamental de este punto de la decisión. Por tanto, cabe recordar que la falta de apreciación y la indebida valoración de las pruebas son dos fenómenos diferentes, pues cuando se aprecia se emite un juicio sobre su valor, en tanto que, si se deja de hacerlo, no hay concepto alguno acerca del mérito que ofrece (CSJ SL4924-2020).

En tercer lugar, se acusa la vulneración de normas procesales en ambos cargos, cuestión que escapa del objeto del recurso de casación, toda vez que este se circunscribe al análisis de la vulneración de la ley sustancial, en los términos del artículo 87, numeral 1° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Ello podría subsanarse si se buscara atribuir la violación medio de normas sustanciales, esto es, que el desconocimiento de disposiciones adjetivas derivó en la vulneración de las sustantivas, para lo cual la Corte ha establecido precisas condiciones, esto es que en el listado de las normas violentadas aparezcan tanto las procesales como las sustantivas aplicables al caso y que la crítica se dirija por la vía directa (CSJ SL2462-2021, reiterada en sentencia SL2004-2022).

Contrario a lo exigido, la demanda extraordinaria (i) no explica cuál fue la actuación procesal indebida del Tribunal, sino que se limita a enunciar las normas sin que ellas sean objeto de exposición, o cuando menos presentes, en los fundamentos de cada ataque y, (ii) en el caso del cargo primero, no cumple el mandato de formularlo por la vía directa, sino que lo interponen por la de los hechos, que le es incompatible.

En armonía con lo expuesto se recuerda que una de las principales cargas que le asiste al recurrente, a efectos de respetar el propósito de la casación y su naturaleza extraordinaria, es que sus argumentos se dirijan a demostrar la vulneración de la ley por parte del juzgador, evitando argumentaciones propias de las instancias.

Lo anterior, al tenor de lo dispuesto por el artículo 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual «[…] el recurrente deberá plantear sucintamente su demanda, sin extenderse en consideraciones jurídicas como en los alegatos de instancia», pues en esta sede no se confrontan las partes en litigio y sus argumentos, sino la sentencia y la normatividad vigente (CSJ SL2517-2017 y CSJ AL1292-2017).

En igual sentido, la providencia CSJ AL1444–2021 dijo:

Todo lo hasta hora visto impone a la Corte recordar el carácter extraordinario y, por ende, técnico, del recurso de casación, así como reiterar que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, tarea que se entiende es la que compete a las dos instancias regulares del proceso y, excepcionalmente a la Corte, cuando funge como tal, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se orienta a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el Tribunal observó las preceptivas jurídicas que como parte del sistema normativo propio estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos constitucionales de las partes.

Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se confrontan, directa o indirectamente, las normas pertinentes al caso y la sentencia, no quienes actuaron como contrapartes en las instancias (negrillas fuera del original).

El incumplimiento de estas exigencias supone, según el precedente de la Sala, la imposibilidad de revisar sus reclamaciones (CSJ AL077-2022, que reiteró la CSJ AL1844-2020), pues la discusión litigiosa corresponde resolverla a los jueces de las instancias, mientras que la Corte solo es competente para abordar la crítica contra una sentencia que se encamine a demostrar una vulneración normativa.

A pesar de las deficiencias técnicas advertidas, del segundo cargo es posible extraer los reparos jurídicos frente al sentido que el juzgador le asignó al grado jurisdiccional de consulta, pues, a juicio del recurrente, al estar habilitado por dicha figura, sí podía estudiar todos los aspectos relacionados con el objeto del litigio, entre ellos, el pacto de compensación flexible que suscribió y que condujo a determinar los factores salariales con los que el empleador liquidó las prestaciones sociales y demás emolumentos.

Para la Sala no puede pasar desapercibida dicha acusación, en la medida que resulta ser próspera toda vez que, esta Sala ha reiterado en múltiples ocasiones que, cuando la decisión resulte contraria a los intereses del trabajador, el Tribunal tiene el deber de estudiar la decisión en su integridad, en observancia de lo establecido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CSJ SL3618-2020).

En ese sentido, el Tribunal debe sujetarse a esta competencia oficiosa que le amplía el espectro de estudio y decisión, en contraposición al recurso de apelación que exige la aplicación estricta del principio de consonancia; o en esa misma línea, el principio procesal de congruencia que impone al juez la obligación de decidir sobre la base de las pretensiones y hechos planteados en la demanda inicial, las excepciones y circunstancias fácticas presentadas por las partes, así como a lo alegado en las oportunidades procesales pertinentes (CSJ SL3443-2021, CSJ SL440-2021 y CSJ SL5290-2021).

Ante lo expuesto resulta claro que el Tribunal erró en la forma en que abordó la discusión, toda vez que resulta evidente la relación intrínseca que existe entre las pretensiones reliquidatorias del ex trabajador con el marco que tuvo en cuenta el empleador para realizarlas, esto es, el pacto de compensación flexible suscrito entre ellos.

Lo anterior, sin perjuicio de que no lo haya mencionado en el escrito inicial, en tanto dicho acuerdo rigió la vinculación laboral entre ellas y fue traído a colación en la defensa técnica de las demandadas durante este proceso.

Sin embargo, este error no derruye por sí solo la decisión del Tribunal, pues en instancia se llegaría a la misma conclusión absolutoria, tal y como pasa a explicarse.

El querer del recurrente se traduce en la declaratoria de invalidez del acuerdo de exclusión salarial suscrito, pues ello significaría automáticamente la reliquidación de los rubros pedidos, en tanto se tendrían que tener en cuenta para tales efectos los aportes denominados Fecoomeva, Institucional y el auxilio monetario de educación, que fueron expresamente excluidos de la base salarial.

Tal pedimento supone la carga probatoria general estipulada en el artículo 167 del Código General del Proceso a las partes. Esta cuestión ya ha sido abordada por esta Corte, que mediante sentencia CSJ SL3817-2020 señaló que la «[…] facultad legal consagrada en los artículos 54 y 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no puede desplazar, reemplazar o relevar a las partes de la “iniciativa probatoria” que, conforme a las reglas de la carga de la prueba, les competía de acuerdo con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 167 del Código General del Proceso», y agrega, reseñando los postulados de la providencia CSJ SL872-2018,

[…] las pruebas oficiosas en los procesos del trabajo, a las que sin fortuna alguna a estas alturas del proceso pretende adherirse el recurrente, como en múltiples veces lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, es tema orientado a obtener el ‘completo’ esclarecimiento de los hechos controvertidos en el proceso (artículo 54 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social), o lo ‘necesario’ para resolver la apelación o la consulta (artículo 83 ibidem), pero, en modo alguno, un mecanismo mediante el cual se pueda desplazar, reemplazar o relevar a las partes de la ‘iniciativa probatoria’ que conforme a las reglas de la carga de la prueba les competía de acuerdo con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, vigente para entonces, por ser incuestionable la vigencia de la regla probatoria del onus probandi, aun cuando con las atenuaciones que la legislación, la doctrina y la jurisprudencia frente a casos particulares le han hecho, la cual, en términos generales, enseña que en el proceso quien afirma poseer una nueva verdad, o una verdad distinta a la que debe tenerse por la de la normalidad de los hechos que ocurren en la vida y tienen trascendencia jurídica, corresponde probarla (negrillas fuera del original).

Sobre pagos laborales y su naturaleza, esta Corporación ha emitido abundante precedente según el cual al trabajador le corresponde probar que recibió efectivamente pagos extralegales en el período que reclama, así como las condiciones de los desembolsos, mediante la exposición detallada de pruebas que acreditaran los montos recibidos, su fecha de reconocimiento y la naturaleza con que se otorgaron; lo cual no hizo, pues se limitó a aportar detalles de nómina con la única intención de demostrar su periodicidad.

Ello desconoce que las partes pueden excluir pagos, beneficios o auxilios aun cuando sean habituales, pero, siempre y cuando lo acuerden expresamente, y no estén relacionados en forma directa con la prestación del servicio. Al respecto, la sentencia CSJ SL4342-2020 desarrolla la posición que de vieja data ha sostenido al Corte al respecto:

Ahora bien, el hecho de que el ad quem no lograra determinar su finalidad y los requisitos para su causación, no era óbice para emitir una condena al respecto, pues como bien ha señalado esta Sala, por regla general, todos los pagos recibidos por el trabajador por su actividad subordinada son salario, a menos que: (i) se trate de prestaciones sociales; (ii) de sumas recibidas por el trabajador en dinero o en especie, no para su beneficio personal o enriquecer su patrimonio sino para desempeñar a cabalidad sus funciones; (iii) se trate de sumas ocasionales y entregadas por mera liberalidad del empleador; (iv) los pagos laborales que por disposición legal no son salario o que no poseen un propósito remunerativo, tales como el subsidio familiar, las indemnizaciones, los viáticos accidentales y permanentes, estos últimos en la parte destinada al transporte y representación, y (v) según el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo: «los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad» (CSJ SL1798-2018).

Entonces, como el supuesto del artículo 128 ibidem es una excepción a la generalidad salarial de los pagos realizados en el marco de una relación de trabajo, el legislador exigió un pacto expreso, claro y específico acerca de qué beneficios o auxilios extralegales no tienen incidencia salarial, de modo que no son eficaces las cláusulas globales o genéricas, como tampoco la interpretación o lectura extensiva de las estipulaciones contractuales a efectos de incorporar pagos que no fueron objeto de pacto, como equivocadamente lo hizo el ad quem en el presente asunto (CSJ SL1798-2018) (negrillas fuera del texto original).

Así, elementos como la ocasionalidad o habitualidad de un pago extralegal, o su libre disposición, o el hecho de incrementar el patrimonio de un trabajador, si bien son relevantes para el análisis, no le atribuyen automáticamente el carácter de salarial a un pago y no suponen obstáculo para pactar su exclusión.

Así las cosas, la carga argumentativa del recurrente resulta insuficiente para derruir la sentencia impugnada. Por todo lo expuesto, se desestima el recurso en los términos que fue presentado.

Sin costas, porque aun cuando la demanda de casación no salió avante, sí hubo error en la decisión del Tribunal.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el dos (2) de abril de dos mil diecinueve (2019) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LAWRENCE SANTACRUZ PAZ contra SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S., CLÍNICA PALMA REAL S.A.S. y la COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA.

Sin costas según lo explicado en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Salva voto

SALVAMENTO DE VOTO

Ref.: Lawrence Santacruz Paz (Recurrente) Vs. Sinergia Global en Salud S.A.S. - Rad. 85119 (SL534–2023). M.P. Ana María Muñoz Segura.

Con todo respeto por la posición mayoritaria, paso a exponer las razones que me llevaron a distanciarme, de lo decidido en el presente asunto:

Lo primero, recordar que el suscrito perdió ponencia en el sub lite, el 29 de noviembre del 2022, de donde, nuestro salvamento de voto será, precisamente, el proyecto que llevamos a Sala en la mencionada data. Veamos:

… CONSIDERACIONES

Tal como lo pone de presente la opositora, si bien es cierto que la demanda no es un modelo a seguir, y que el recurrente incurrió en una mixtura de argumentos de tipo fáctico y jurídico en cada uno de los cargos, tal falencia queda remediada con el análisis conjunto de ambas acusaciones.

A pesar de que uno de los cargos se orienta por la senda indirecta, no está en discusión: i) que el demandante Lawrence Santacruz Paz estuvo vinculado laboralmente con desde el 25 de abril de 2011 al 6 de agosto de 2014, inicialmente al servicio de Sinergia Global en Salud S.A.S., la cual fue sustituida patronalmente por Clínica Palma Real S.A.S.; ii) que él renunció a su cargo.

Dicho esto, deberá decidir la Corte si el Tribunal vulneró el principio de congruencia al no pronunciarse sobre la ineficacia del acuerdo de compensación flexible, y si de esa manera se equivocó al absolver a las demandadas de la reliquidación pretendida.

El principio procesal de congruencia tiene que ver con que el juez tiene la obligación de decidir sobre la base de las pretensiones y hechos planteados en la demanda inicial, las excepciones y circunstancias fácticas presentadas por la convocada a juicio, así como a lo alegado por las partes en las oportunidades procesales pertinentes (CSJ SL3443-2021, CSJ SL440-2021 y CSJ SL5290-2021).

Dichas actuaciones limitan la autonomía judicial del juez, quien debe obrar dentro de ese marco trazado por las partes, dado que es lo que edifica la relación jurídica sustancial y procesal de estas en el espacio jurisdiccional.

Ahora, ello no se opone al deber judicial de interpretar la demanda. De hecho, la Corte ha señalado que «constituye su deber dado que está en la obligación de referirse “a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales” (art. 55, L. 270/1996), de manera que su decisión involucre las peticiones del escrito inicial en armonía con los hechos que le sirven de fundamento» (CSJ SL2808-2018).

Y en el ámbito del recurso extraordinario de casación, la Sala ha establecido que si el ad quem desborda los límites de la congruencia y decide pretensiones ajenas al debate procesal, puede incurrir en el quebrantamiento de dicho principio y comprometer la legalidad de la sentencia si: (i) la transgresión es relevante; (ii) afecta el derecho de defensa de alguna de las partes involucradas y; (iii) esto incide o sirve de medio para la infracción de una disposición sustancial –violación medio– (CSJ SL911-2016 y CSJ SL440-2021). Esto explicó la Corte al respecto:

Así, la Corte debe dilucidar si el Tribunal incurrió en la violación de los referidos principios de consonancia e incongruencia y en un uso ilegítimo de las facultades extra y ultra petita.

Para ello, la Sala hará una breve síntesis sobre los rasgos principales de los principios procesales y facultades que convergen en la discusión planteada, para luego resolver las problemáticas propuestas.

1. Principio de consonancia

Conforme lo prevé el artículo 66A de la Ley Procesal Laboral, este postulado impone que «la sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación» (CSJ SL10405-2014).

Ello significa que el juez de segundo grado debe estar sujeto a las materias específicas y debidamente sustentadas en la apelación que se haga contra la decisión primigenia. Bajo esta lógica, el juzgador no tiene competencia para resolver otros aspectos ajenos a la relación jurídico procesal, sino estrictamente aquellos controvertidos por las partes en el recurso vertical.

La Corte ha precisado que con la referida restricción el legislador quiso focalizar la actividad jurisdiccional y materializar el objetivo de simplificación de trámite y celeridad pretendido en la Ley 712 de 2001, por lo que las partes están obligadas a concretar con exactitud los motivos por los que se apartan de la decisión judicial.

Asimismo, es preciso destacar que mediante sentencia C-968-2003, la Corte Constitucional condicionó la aplicación de la figura de la consonancia en materia laboral, bajo el entendido de que «las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador».

Conforme lo anterior, la Constitución Política le impone al ad quem la obligación de pronunciarse sobre las materias relacionadas con los beneficios mínimos consagrados en las normas laborales, de modo que tales aspectos que de forma implícita estén cobijados en la impugnación, hacen parte de su competencia funcional, siempre y cuando: (i) hayan sido discutidos en el juicio y (ii) estén debidamente probados (CSJ SL2808-2018).

Por otra parte, en este punto es oportuno señalar que el referido postulado no tiene aplicación cuando procede el grado jurisdiccional de consulta. Ello porque esta institución procesal busca la realización de objetivos y valores constitucionales como la prevalencia del derecho sustancial y la garantía de un orden justo, razón por la que opera por ministerio de la ley en los casos previstos expresamente por el legislador, y no como iniciativa de las partes del proceso. De esa manera, el juez que conoce de la consulta cuenta con amplias facultades para examinar el asunto sin estar sujeto a los límites que impone el recurso de apelación o el principio de la no reformatio in pejus.

2. Principio de congruencia

El principio procesal de congruencia establecido en el entonces vigente artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los litigios del trabajo por autorización expresa del precepto 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es una expresión del debido proceso y el derecho de defensa, que se manifiesta en la obligación del juez de adecuar la definición del juicio a las pretensiones y hechos planteados en la demanda inicial, a las excepciones y circunstancias fácticas presentadas por la contraparte, así como a lo alegado por las partes en las oportunidades procesales pertinentes.

Dichas actuaciones limitan la autonomía judicial del juez, quien debe obrar dentro de ese marco trazado por las partes, dado que es lo que edifica la relación jurídica sustancial y procesal de estas en el espacio jurisdiccional.

Ahora, ello no es obstáculo para que el juez, eventualmente pueda interpretar la demanda. De hecho, la Corte ha señalado que «constituye su deber dado que está en la obligación de referirse “a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales” (art. 55, L. 270/1996), de manera que su decisión involucre las peticiones del escrito inicial en armonía con los hechos que le sirven de fundamento» (CSJ SL2808-2018).

Y en el ámbito del recurso extraordinario de casación, la Sala ha establecido que si el ad quem desborda los límites de la congruencia y decide pretensiones ajenas al debate procesal, puede incurrir en el quebrantamiento de dicho principio y comprometer la legalidad de la sentencia si: (i) la transgresión es relevante; (ii) afecta el derecho de defensa de alguna de las partes involucradas, y (iii) esto incide o sirve de medio para la infracción de una disposición sustancial -violación medio- (CSJ SL911-2016).

Además, nótese que el juez de segundo grado también está sujeto a las materias específicas y debidamente sustentadas en la apelación que se haga contra la decisión primigenia, en virtud del referido y explicado principio de consonancia.

Así, la Corte tiene adoctrinado que las anteriores directrices procesales hacen parte de la denominada congruencia externa del fallo, según la cual «toda sentencia debe tener plena coincidencia entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la demanda respectiva y en la contestación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia» (CSJ SL2808-2018).

A su vez, la congruencia interna «exige armonía y concordancia entre las conclusiones judiciales derivadas de las valoraciones fácticas, probatorias y jurídicas implícitas en la parte considerativa, con la decisión plasmada en la parte resolutiva. Por tanto, el fallo conforma un todo inescindible, un acto complejo, una unidad temática, entre la parte motiva y la resolutiva» (CSJ SL2808-2018).

Por otra parte, debe destacarse que el principio de congruencia tiene excepciones precisas en el ordenamiento jurídico, como cuando: (i) el juez advierte fraude, colusión o una situación abiertamente ilegal que amerite una intervención excepcionalísima en aras de proteger los derechos fundamentales de las partes, según lo previsto en el artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CSJ SL466-2013); (ii) existen hechos sobrevinientes (CSJ SL3844-2015 y SL2808-2018), y (iii) la posibilidad del juez en materia laboral de decidir por fuera de lo pedido (extra petita) o más allá de lo suplicado (ultra petita), conforme lo prevé el artículo 50 ibidem.

En síntesis, la Corte tiene adoctrinado que «toda sentencia debe tener plena coincidencia entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la demanda respectiva y en la contestación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia» (CSJ SL2808-2018, SL2604-2021, SL440-2021 y SL5290-2021).

Por otra parte, se advierte que este principio tiene excepciones precisas en el ordenamiento jurídico, como cuando: (i) el juez advierte fraude, colusión o una situación abiertamente ilegal que amerite una intervención excepcionalísima en aras de proteger los derechos fundamentales de las partes, según lo previsto en el artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CSJ SL466-2013); (ii) existen hechos sobrevinientes (CSJ SL3844-2015 y SL2808-2018), y (iii) la posibilidad del juez en materia laboral de decidir por fuera de lo pedido (extra petita) o más allá de lo suplicado (ultra petita), conforme lo prevé el artículo 50 ibidem.

También es menester recordar que la consulta, si bien no es un recurso, es una genuina expresión material de los artículos 29 y 31 superiores, es decir, tiene raigambre constitucional, en la medida en que ampara y protege los derechos fundamentales y garantías del trabajador y, por otra parte, para las entidades de derecho público, se manifiesta como una protección del interés público económico, y una vigilancia del patrimonio público.

Dicha institución procesal busca la realización de objetivos y valores constitucionales como la prevalencia del derecho sustancial y la garantía de un orden justo, por lo que el juez de segundo grado debe examinar todo lo planteado en el proceso.

A la luz de las consideraciones expuestas en precedencia, y luego de examinar los enunciados fácticos narrados en el escrito inaugural del juicio, considera la Sala que no hay que hacer mayor esfuerzo para comprender que lo que persigue el actor es que se declare la ineficacia del acuerdo de compensación flexible suscrito entre las partes, y de esta manera sea viable la reliquidación de sus prestaciones sociales y el pago de seguridad social.

En efecto, los hechos 8 a 14 de la demanda, dicen textualmente:

8.- De acuerdo con las planillas de pago que se adjuntan al presente proceso se establece claramente que la Sociedad Clínica Palma Real SAS toma varios factores salariales para cada uno de los descuentos y para la liquidación de prestaciones sociales, explicación que en los numerales 9, 10, 11, 12, 13 y 14 siguientes.

9.- En el contrato de trabajo se contrata con un salario de $2.853.315 mensuales,

10.- Para la liquidación de prestaciones se toma como salario de $2.030.369 mensuales,

11.- Para la liquidación del pago mensual se toma como salario la suma de $2.030.369,

12.- Para liquidar los aportes parafiscales se toma $2.572.000 mensuales,

13.- Para liquidar los aportes parafiscales se toma $2.948.991 como salario mensual,

14.- Presenta un total devengado por la suma de $4.261.993

Es cierto que en los enunciados transcritos, la parte actora no se refirió textualmente al acuerdo de compensación flexible. Con todo, al analizar esta pieza procesal (la demanda) en conjunto con las contestaciones de las accionadas, se deduce sin atisbo de duda que era sobre eso a lo que se refería el demandante.

Ello es así, habida cuenta de que fueron las mismas demandadas las que dejaron claro que los hechos planteados por el demandante tenían relación con dicho acuerdo, toda vez que, al responder el hecho 8, Clínica Palma Real S.A.S. y Sinergia Global en Salud S.A.S. manifestaron que el demandante solicitó acogerse al modelo de compensación flexible (CF), de manera libre y espontánea, y explicaron cuál fue el salario percibido más unos beneficios de carácter extralegal.

En otras palabras, los hechos de la demanda elucidan a las claras que el demandante manifestó que el empleador liquidó sus prestaciones con un salario inferior al que estaba fijado en el contrato de trabajo, y también menor al que se utilizaba para liquidar los aportes parafiscales. Si al contestar esos hechos, las accionadas se defendieron excusándose en el denominado acuerdo de compensación flexible, entonces es obvio que el juez de primer grado, y el de la alzada al decidir el grado jurisdiccional de consulta, no solo estaban habilitados, sino que realmente estaban compelidos a pronunciarse sobre la validez y eficacia de dicho documento.

Conforme a lo anterior, le asiste razón al censor como quiera que este punto sí fue materia de debate, y por lo tanto, merecía un pronunciamiento judicial. La transgresión del principio de congruencia, así advertida, inevitablemente tuvo repercusión en las disposiciones normativas de carácter sustancial relacionadas en la proposición jurídica de las acusaciones, especialmente los artículos 127 y 128 del CST, en la medida en que privó al trabajador de obtener una decisión judicial que definiera si los rubros sobre los que versaba el acuerdo de compensación flexible debían ser incluidos o no en la liquidación de las prestaciones sociales y demás acreencias laborales identificadas en la demanda.

En suma, los cargos prosperan, en consecuencia, se casará el fallo impugnado.

Sin costas, debido al éxito del recurso.

Después de darle cabida a la prosperidad de la demanda de casación, esto expusimos en sede de instancia:

… SENTENCIA DE INSTANCIA

En orden a decidir el grado jurisdiccional de consulta, y atendiendo a lo expuesto en casación, pasa la Sala a determinar si el acuerdo de compensación flexible que se le aplicó al trabajador durante la vigencia de la relación laboral, carece de validez, o no.

El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo prescribe que es salario todo lo que recibe el trabajador, en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio. Así, el salario es la ventaja patrimonial que se recibe como contrapartida del trabajo subordinado o, dicho de otro modo, es la prestación básica correlativa al servicio prestado u ofrecido.

Así mismo, el salario cumple con una misión socioeconómica al procurar el mantenimiento o subsistencia del trabajador, su familia y su futuro de cara a las contingencias a las que está expuesto. A partir de él se determina la base de liquidación de las prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones, cotizaciones a la seguridad social y parafiscales, así como el valor de los subsidios por incapacidad laboral, indemnizaciones a cargo del sistema de riesgos laborales, pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia.

Por ello, a nivel constitucional y legal, goza de especial protección a través de un articulado que garantiza su movilidad, irrenunciabilidad, inembargabilidad, pago, igualdad salarial, prohibición de cesión, garantía de salario mínimo, descuentos prohibidos, entre otros (arts. 53 CP y 127 y ss. CST).

De otro lado, el artículo 128 del CST otorga la facultad a las partes de acordar que ciertos beneficios o auxilios no posean carácter salarial, «tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad». Sin embargo, desde ya hay que recordar que esa posibilidad no es una autorización para que los interlocutores sociales resten incidencia salarial a los pagos retributivos del servicio, en tanto que «la ley no autoriza a las partes para que dispongan que aquello que por esencia es salario, deje de serlo» (CSJ SL, 13 jun. 2012, rad. 39475, CSJ SL12220-2017 y CSJ SL5159-2018).

Por tal razón no pueden las partes, a través de acuerdo, contrariar la naturaleza de las cosas o disponer que deje de ser salario algo que por esencia lo es. Así, independientemente de la forma, denominación (auxilio, beneficio, ayuda, etc.) o instrumento jurídico que se utilice, si un pago se dirige a retribuir el trabajo prestado, es salario.

Esta Sala ha dicho que los acuerdos de exclusión salarial son una excepción a la regla general conforme a la cual, los pagos realizados en el marco de una relación de trabajo son salario. Por lo tanto, como se trata de acuerdos excepcionales, entonces deben ser expresos, claros, precisos y detallados de los rubros cobijados en él, «pues no es posible el establecimiento de cláusulas globales o genéricas, como tampoco vía interpretación o lectura extensiva, incorporar pagos que no fueron objeto de pacto. Por ello, la duda de si determinado emolumento está o no incluido en este tipo de acuerdos, debe resolverse en favor de la regla general, esto es, que para todos los efectos es retributivo» (CSJ SL1798-2018 y CSJ SL5159-2018).

Esta Corporación también ha precisado que el empleador tiene la carga de demostrar que ciertos pagos regulares no tienen como finalidad directa retribuir los servicios del trabajador, ni enriquecer su patrimonio, sino que tienen una destinación diferente, como puede ser la de garantizar el cabal cumplimiento de las labores o cubrir determinadas contingencias, ya que el empleador es quien está en una mejor posición probatoria para acreditar dicha destinación diferente (CSJ SL12220-2017, CSJ SL1437-2018, y CSJ SL5159-2018).

En el sub judice, la Corte observa que los litigantes celebraron un contrato de trabajo a término indefinido el 25 de abril de 2011 con un salario de $2.853.315. El 1º de mayo de ese año, trabajador y empleador suscribieron un acuerdo para acceder a un «sistema de compensación flexible» (f.º 201 a 202) de manera libre y voluntaria solicitada por el actor (f.º 203 a 205), por cuya virtud, el salario pasó a ser de $1.854.655, al tiempo que surgió un «aporte fecoomeva plus» por valor de $176.430, un «aporte institucional» por valor de $39.947, y un «auxilio monetario de educación», por valor de $958.713.

Los comprobantes de nómina (f.º 37 a 58) muestran que, junto con el salario y demás conceptos laborales, prestacionales o no, el demandante recibía mensualmente los auxilios antedichos, con independencia o al margen de la finalidad aparentemente propuesta o pactada.

Pues bien, el pacto discutido no muestra nada diferente a que el trabajador decidió acogerse en forma voluntaria a un nuevo esquema de compensación, que a la postre le significó un salario sustancialmente inferior al que percibía, así como el pago de unos conceptos expresamente excluidos de la base salarial.

De ello, se desprende que pese a la denominación asignada a cada auxilio o beneficio, los valores devengados mensualmente por dichos conceptos no tenían finalidad distinta a remunerar los servicios prestados por el trabajador y acrecentar su patrimonio. Desde esa perspectiva se entiende que el acuerdo comentado, si bien libre de vicios, no podía producir efectos, en la medida que conllevaba a restar carácter salarial a un rubro que ostentaba esa condición por su propia esencia; es decir, implicaba la disposición sobre un derecho mínimo irrenunciable.

Por si fuera poco, las demandadas no probaron que tales conceptos constituyeran una de las excepciones contempladas en el artículo 128 del estatuto laboral, o en otras disposiciones legales, como para habilitar la posibilidad de excluir dichos valores de la base salarial, en claro detrimento de los intereses del trabajador.

Corolario de lo expuesto, concluye la Sala que los emolumentos cuya exclusión salarial se pactó en el acuerdo de compensación flexible, realmente son salario, y por contera, debían ser incluidos en la base para liquidar las prestaciones y demás acreencias laborales del trabajador.

Por otra parte, Sinergia Global en Salud S.A.S. aceptó que el vínculo fue hasta el mes de abril de 2014, ya que operó la sustitución patronal con la Clínica Palma Real S.A.S. En tales condiciones, tiene la calidad de obligada solidaria, es decir, que tiene la responsabilidad que le correspondía bajo las previsiones del numeral 1 del artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo, que consagra expresamente que «el antiguo y el nuevo {empleador} responden solidariamente de las obligaciones que a la fecha de la sustitución sean exigibles a aquél, pero si el nuevo {empleador} las satisficiere, puede repetir contra el antiguo».

Por todo lo expuesto, se condenará a Sinergia Global en Salud S.A.S. y a Clínica Palma Real S.A.S., solidariamente, al pago de las diferencias generadas con ocasión de la reliquidación de las prestaciones sociales y vacaciones, como pasará a explicarse.

Al revisar las nóminas, se observa que el trabajador percibió salarios variables, de tal manera que para los años 2011 y 2012 no hay mayor información sobre el supuesto salario que debió devengar, ya que no se aportaron pruebas sobre el mismo.

Para los años 2013 y 2014, se tiene que con apoyo en las nóminas que militan a folios 37 a 58, el salario promedio fue de $xxxx y $xxxx, respectivamente. Con base en estos guarismos se hará la reliquidación deprecada.

Es importante precisar que, para tales efectos no se incluirá la prima pagada en diciembre de 2013 (f.º 46) y junio de 2014 (f.º 39), pues al ser ocasional, no queda claro que constituyera una retribución directa del servicio.

Si bien en los términos de los artículos 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social la interrupción de la prescripción se produce con el reclamo, como no hay prueba de este hecho, en este asunto en concreto se tomará la fecha de presentación de la demanda, esto es, 29 de julio de 2015 (f.º 1).

Así las cosas, entre la terminación del vínculo y la presentación de la demanda, el fenómeno extintivo no se configuró para presentar la acción laboral, pues no se superó el término trienal exigido en las referidas preceptivas. Sin embargo, la prescripción sí se configuró sobre los derechos laborales que se hicieron exigibles antes del 29 de julio de 2012.

Pues bien, al incluir los conceptos salariales descartados por las empleadoras en la base para la liquidación de las acreencias laborales del trabajador, se obtienen los siguientes resultados, conforme al cálculo realizado por el actuario asignado a esta Corporación:

Cesantías

Intereses sobre las Cesantías

Primas de servicio

Vacaciones

En lo que concierne a la indemnización prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, tiene carácter eminentemente sancionatorio. En esa medida, esta se genera cuando quiera que el empleador se sustrae, sin justificación atendible, de consignar las cesantías en un fondo previsto para tal fin, o cuando lo hace, pero en forma incompleta (CSJ SL8216-2016), y para exonerarse de ella, el empleador debe acreditar que su incumplimiento fue de buena fe.

Bajo ese panorama, no puede considerarse que la conducta del empleador hubiera sido de buena fe, pues, sin razón alguna, eludió el reconocimiento y pago de las obligaciones derivadas del contrato regulado en el Código Sustantivo del Trabajo.

En este caso, las accionadas no aportaron razones o elementos de juicio convincentes que le permitieran sustraerse de la sanción moratoria, más allá del nombre que le dio a los auxilios. Tampoco existía una discusión razonable en torno a si los denominados auxilios y aportes eran o no salario. Antes bien, su carácter retributivo era claro, ya que el trabajador podía disponer inmediata y libremente de esos recursos, de forma similar a como lo hace con su sueldo, premisa que desdibuja la destinación específica alegada por la empresa.

Con arreglo al numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, se condenará a las demandadas a pagar al accionante un día de salario por cada día de mora hasta la finalización de la relación laboral, teniendo en cuenta lo advertido ya en torno a la prescripción. Los cálculos realizados por el actuario asignado a esta Sala arrojan lo siguiente:

$$$

La sanción moratoria del artículo 65 del CST comparte la característica de no ser automática, de modo que, para su imposición, el juez debe constatar si el demandado omitió suministrar elementos de persuasión que acrediten una conducta provista de buena fe (CSJ SL8216-2016). Como quiera que eso ha quedado definido, y en vista de que la demanda fue presentada dentro de los dos años siguientes a la terminación del vínculo contractual, se condenará a la parte demandada a pagar esta indemnización a razón de un día de salario por cada día de retardo, desde el 6 de agosto de 2014 hasta el 6 de agosto de 2016. A partir del mes 25, la empresa deberá reconocer intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia sobre las prestaciones sociales insolutas, hasta la fecha en que se haga efectivo su pago.

Finalmente, al tenor de lo dispuesto en los artículos 17, 18, 20 y 22 de la Ley 100 de 1993, se condenará al empleador a que efectúe los aportes correspondientes al Sistema General de Pensiones sobre la parte del salario que no se tuvo en cuenta a la hora de hacer las cotizaciones.

Con lo expuesto se entienden resueltas las excepciones propuestas por la accionada.

Las costas de ambas instancias estarán a cargo de la parte demandada.

Y así quedaba nuestra parte resolutiva:

… DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el dos (2) de abril de dos mil diecinueve (2019), dentro del proceso ordinario laboral seguido por LAWRENCE SANTACRUZ PAZ contra SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S., CLÍNICA PALMA REAL S.A.S y COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA - COOMEVA.

Sin costas en casación.

En sede de instancia, RESUELVE:

PRIMERO: Condenar a Sinergia Global en Salud S.A.S. y a Clínica Palma Real S.A.S, a pagarle al accionante las siguientes sumas de dinero con ocasión de la reliquidación de sus prestaciones sociales y vacaciones:

(i) Cesantías: $xxxx

(ii) Intereses sobre las cesantías: $xxxx

(iii) Primas de servicio: $xxxx

(iv) Vacaciones: $xxxx, suma que deberá ser indexada a la fecha de su cancelación efectiva.

SEGUNDO: Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción, en el entendido de que se encuentra prescrita la acción para reclamar las acreencias laborales causadas antes del 29 de julio de 2012. Las demás excepciones se declaran no probadas.

TERCERO: Condenar a Sinergia Global en Salud S.A.S. y a Clínica Palma Real S.A.S, a pagar al accionante una indemnización moratoria equivalente a la suma de $$$, que corresponde a un día de salario por cada día de retardo desde el 6 de agosto de 2014 hasta el 6 de agosto de 2016. A partir del mes 25, la empresa deberá reconocer intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia sobre las prestaciones sociales insolutas, hasta la fecha en que se haga efectivo su pago.

CUARTO: Condenar a Sinergia Global en Salud S.A.S. y a Clínica Palma Real S.A.S, a pagar al demandante la suma de $$$ por concepto de sanción moratoria por la consignación deficitaria de las cesantías consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

QUINTO: Condenar a Sinergia Global en Salud S.A.S. y a Clínica Palma Real S.A.S. a que efectúe los aportes con destino al Sistema General de Pensiones sobre la parte del salario que no se tuvo en cuenta a la hora de hacer las cotizaciones.

SEXTO: Costas como se indicó en la parte motiva.

692785-1333500En estos términos dejo expuestos los motivos de mi discrepancia, es decir, como se dijo al comienzo, dando a conocer nuestro proyecto derrotado.

Fecha ut supra,

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado

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