RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL538-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL538-2019

Fecha
19 de febrero de 2019
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL538-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el diecisiete (17) de julio de dos mil trece (2013) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ANA FRANCISCA GALLEGO ZAPATA, quien actúa en nombre propio y en el de su hija menor ANA CRISTINA AYALA GALLEGO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL538-2019

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

19 de febrero de 2019

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL538-2019

Radicación n.° 64423

Acta 005

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ANA FRANCISCA GALLEGO ZAPATA, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor ANA CRISTINA AYALA GALLEGO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 17 de julio de 2013, en el proceso que le instauraron al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

Ana Francisca Gallego Zapata demandó al Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en nombre propio y en el de su hija menor Ana Cristina Ayala Gallego para que fuera condenada a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge y padre respectivamente, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios y/o indexación.

Fundamentó sus peticiones en que contrajo matrimonio con Jorge Eusebio Ayala Ochoa el 12 de enero de 1980, vínculo que permaneció hasta el fallecimiento de este; que ocurrió el 26 de abril de 2008, que de dicha unión nació Ana Cristina Ayala Gallego el 9 de septiembre de 1990; que el 13 de mayo de 2008 solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes; que la entidad negó la prestación mediante Resolución n.° 019029 de 2008, porque el causante contaba con 848 semanas de las cuales 0 corresponden a las cotizadas en los 3 años anteriores a su fallecimiento, razón por la que les reconoció la indemnización sustitutiva en cuantía de $4.919.613 a cada una.

Dijo que no contaba con el número de semanas exigido en la norma, pero aclaró que el causante tenía la fidelidad al sistema, y agregó que, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, Jorge Eusebio Ayala Ochoa había cotizado el número mínimo de semanas requerido en el régimen de prima media con prestación definida, es decir, 500. Por lo tanto, y en virtud del principio de la condición más beneficiosa adujeron tener derecho a la pensión de sobrevivientes.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos dijo que no le constaban, pero que los aceptaría como ciertos si había prueba de ellos. En su defensa propuso las excepciones de prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, imposibilidad de condena en costas e indexación de las condenas, pago y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Adjunto al Octavo Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 30 de junio de 2010, declaró que Ana Francisca Gallego y su hija Ana Cristina Ayala Gallego tenían derecho a la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su cónyuge y padre respectivamente, de conformidad con lo normado en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, dando aplicación al principio de la condición más beneficiosa. Igualmente declaró probada la excepción de compensación.

En consecuencia, condenó al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a favor de las demandantes la suma de $8.964.742,68 como retroactivo pensional causado entre el 26 de abril de 2008 y el 30 de junio de 2010 y ordenó que a partir del 1 de julio siguiente se les continuara cancelando una mesada pensional de $515.000, así como los intereses moratorios.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, mediante sentencia del 17 de julio de 2013, revocó la decisión proferida por el a quo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión que ante situaciones causadas en vigencia de la Ley 797 de 2003, norma aplicable al caso porque el señor Ayala Ochoa falleció el 26 de abril de 2008, no puede aplicarse, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad.

Sobre la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, transcribió apartes de la sentencia CSJ SL 30581, 9 jul. 2008, rescatando de ella, que este precepto tiene plena validez en tratándose del tránsito legislativo entre el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad y la Ley 100 de 1993 original o entre esta y la Ley 797 de 2003 en virtud de la equidad y del principio de proporcionalidad.

Concluyó diciendo que:

En el caso examinado, se observa de la historia laboral visible a folios 35, que el asegurado sólo efectuó cotizaciones al ISS para los riesgos de IVM hasta el año 1992, no cumpliendo entonces así el requisito atinente a las semanas cotizadas en los últimos tres años anteriores a su fallecimiento. Ahora, aplicando en virtud del principio de la condición más beneficiosa, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 primigenio, igualmente se concluye, que no dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, pues no encontrándose cotizando al momento de su deceso, en los términos del literal b), le correspondía acreditar que por lo menos había cotizado 26 semanas en el año inmediatamente anterior a su deceso, lo cual tampoco ocurrió. Razón por la cual, sin necesidad de hacer alguna otra consideración, hay que advertir que este asegurado no dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, y, por tanto, no hay lugar a su reconocimiento en cabeza de la parte actora.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la proferida por el a quo.

Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, oportunamente replicados y que serán resueltos de manera conjunta, por atacar similar elenco normativo y merecer la misma solución.

CARGO PRIMERO

Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los artículos «[…] 12 de la Ley 797 de 2003, en armonía con los artículos 1, 2, 11, 12, 47, 48, 50, 74, 141, 142, 272 de la Ley 100 de 1993 y aplicación indebida del 9 de la Ley 797 de 2003. Art. 48 y 53 de la C.N.».

Dijo que no discutía el hecho de la no procedencia de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa porque en el sub lite no operaba. Resaltó que la finalidad de la pensión de sobrevivientes es proteger el núcleo familiar del asegurado fallecido, por lo que no compartió el alcance que le dio el ad quem al parágrafo 1 del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, pues su exigencia es «[…] haber satisfecho el número mínimo de semanas cotizadas en el régimen de prima media […]».

Consideró que la normas se refiere a aquellas que se coticen en el régimen del ISS «[…] es decir, se reitera al citado acuerdo 049 de 1990, que exige como densidad mínima de aportes 500 para acceder a una pensión de vejez, porque con ese número de aportes se obtiene una pensión de vejez en el régimen de prima media». Es que, si el afiliado tiene 500 semanas entre los 40 y los 60 años y fallece, la muerte habilita la edad de conformidad con la Ley 12 de 1975, estando en presencia de un derecho adquirido, que en los términos del artículo 58 de la Constitución Política es inmutable. Entonces:

[…] no es pertinente aquí pedir, la fecha de nacimiento del asegurado, para ver si estaba en transición por la edad o tiempo de servicios, porque, como atrás se puntualizó, el querer del legislador era recoger los pronunciamientos y decisiones de las altas Cortes sobre la condición más beneficiosa y pedir, como en efecto lo fue, que al menos el asegurado hubiere cotizado 500 semanas (número superior a 300 que es aquel con el cual se venía condenando a satisfacer pensiones de sobrevivientes atendiendo el postulado Constitucional aludido), suficientes para acceder a una pensión en el riesgo de vejez.

Pidió la corrección de la tesis doctrinaria consagrada en las sentencias de radicado CSJ SL 37951, 24 may. 2011, SL 42628 y SL 43218, últimas de las que no indicó las fechas, donde esta Corporación exige que las 500 semanas cotizadas por el asegurado fallecido fueran aportadas en los 20 años anteriores al deceso.

Por último, agregó, que no era pertinente probar la fecha de nacimiento del causante ni demostrar si era o no beneficiario del régimen de transición.

CARGO SEGUNDO

Acusó la sentencia impugnada de violar directamente, pero por infracción directa, el mismo grupo normativo del primer cargo y expuso similares argumentos.

RÉPLICA

Se opuso a la prosperidad de la demanda de casación por considerar que el ad quem no cometió yerro alguno, toda vez que aplicó la ley vigente al momento del fallecimiento del causante, que era la Ley 797 de 2003 y que esta exigía 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores al fallecimiento, situación que no aconteció, pues la última cotización la realizó en 1992. Dijo que no era posible la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación.

Por último, señaló que no había lugar a la aplicación del parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues el causante, al momento de su muerte, no había cotizado el mínimo de semanas requerido en el régimen de prima media para obtener su pensión de vejez.

CONSIDERACIONES

Dada la vía escogida, la sala advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos establecidos por el ad quem: (i) que el afiliado Jorge Eusebio Ayala Ochoa falleció el 26 de abril de 2008; (ii) que en toda su vida laboral cotizó un total de 848 semanas; (iii) que durante los tres años anteriores a su fallecimiento no registran semanas cotizadas; y, (iv) que su última cotización data del 14 de octubre de 1992.

Dos fueron los temas planteados desde el libelo genitor, ambos tenían la finalidad de que, a Ana Francisca Gallego Zapata y a su hija, se les concediera la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge y padre, respectivamente.

Con el primero, ella pretendió la aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa. Con el segundo, buscó que le aplicaran el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Ambos fueron objeto de pronunciamiento negativo por parte de los jueces en las instancias.

En lo que se relaciona con el recurso extraordinario de casación, no corresponde a la Sala analizar el primer tema pues no fue incluido en el mismo, más aún la recurrente admitió que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no operaba en el presente asunto, de tal suerte que la controversia queda contraída exclusivamente a la exégesis del parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, ya que desde la perspectiva de la censura, dicha normativa permite la remisión directa al Acuerdo 049 de 1990.

En el recurso extraordinario señaló que el ad quem le dio un alcance equivocado a la norma antes mencionada, pues en su criterio consagra varias hipótesis para acceder al derecho pensional, a saber: (i) 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores al deceso, o (ii) haber cumplido con el número mínimo de semanas cotizadas en el régimen de prima media, para el riesgo de vejez.

Precisó que el parágrafo 1 del citado artículo se refiere al régimen de pensión de vejez consagrado es el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, el cual exige como mínimo de aportes, 500 semanas; así mismo, afirmó que dicha densidad no está restringida a un periodo de tiempo, porque no deben ser cotizadas en los 20 años anteriores al deceso del afiliado, pues así no se estableció, siendo suficiente su cotización en cualquier tiempo para entender que hay un derecho adquirido.

De vieja data la corte ha precisado que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser estudiado a la luz de la legislación que se encuentra vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, por ello, la norma llamada a aplicarse en el presente asunto es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 mediante el cual se modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, norma que se encontraba en vigor para la fecha del deceso del afiliado, 12 de mayo de 2009.

La norma objeto de controversia es del siguiente tenor:

ARTÍCULO 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:

PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.

El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que, a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.

La norma contempla una posibilidad adicional para acceder al derecho pretendido, esto es el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que señala que, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes los beneficiarios del causante, cuando éste hubiere cumplido el número mínimo de semanas exigido para la pensión de vejez en el régimen de prima media, sin que se le haya reconocido una indemnización sustitutiva o la devolución de saldos.

Como lo indica la misma recurrente, el tema ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la corte. El artículo 12 de la Ley 797 de 2003 contempla, que quien tenga cotizadas al menos 50 semanas en los últimos tres años anteriores a su fallecimiento, deja generado el derecho a la pensión de sobrevivientes.

Sin embargo, para quien no tenga las 50 semanas en ese tiempo, el citado parágrafo abre la posibilidad de generar el mismo derecho pensional, cuando el fallecido tuviera cotizado el número de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez, que, para ese momento, eran 1000 semanas pero que, posteriormente, año a año, fueron aumentando hasta llegar a las 1300.

La norma en ningún momento hace referencia al régimen anterior a la Ley 100 de 1993 original sino a esta misma.

Con el fin de que exista claridad respecto del actual entendimiento acerca de los requisitos que deben cumplirse para que se cause la pensión de que trata el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, debe precisarse que el criterio expuesto no significa que las normas de los reglamentos del seguro de invalidez, vejez y muerte que tenían vigencia antes de la Ley 100 de 1993, vale decir el Acuerdo 049 de 1990, no formen parte del régimen de prima media con prestación definida, como tampoco que, para efectos de establecer el derecho a la pensión de sobrevivientes de que trata el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, no se pueda acudir a esas normas, en ningún caso.

Ha dicho la Sala, que cuando el afiliado sea beneficiario del régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se le aplica, en materia de densidad de cotizaciones, lo que contemple el régimen al cual se encontraba afiliado para el 1 de abril de 1994, que para el caso, es el Acuerdo 049 de 1990, en particular su artículo 12, por la remisión expresa que hace el mencionado artículo 36.

Al respecto la Sala dijo en la sentencia CSJ SL17720-2017, reiterada en la SL198-2018, que:

En torno a la interpretación que se ha hecho del artículo aludido, esta Corporación ha indicado que en él se plantean dos hipótesis para alcanzar el derecho pensional, la primera exige que el asegurado hubiese aportado 50 semanas en los 3 años anteriores a su deceso, y la segunda, consagrada en el parágrafo trascrito, se da cuando, en tiempo anterior al fallecimiento, el causante haya cumplió con el número mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a una pensión de vejez. Sobre el particular en sentencia CSJ S7358-2014 señaló:

Es cierto que de conformidad con ese precepto es posible acceder a la pensión de sobrevivientes en otra hipótesis, y es cuando el causante hubiere cumplido el número mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para la prestación por vejez, y que en el caso de las personas en régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cobijadas por los reglamentos del Instituto, es el número mínimo de cotizaciones previstas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de ese año, que forman parte del régimen de prima media con prestación definida.

En sentencia CSJ SL 31 de Ago (sic) 2010, Rad 42628, reiterada en las de 25 Ene (sic) y 22 Feb (sic) 2011, Rad. 43218 y 46556 respectivamente, sostuvo esta Corporación que cuando el parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 hacía alusión al número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima media, comprendía para los beneficiarios del régimen de transición, las previstas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, que naturalmente incluye la hipótesis de las 500 semanas.

Así las cosas, conforme se anotó con antelación, debe entenderse que la alusión efectuada al número mínimo de semanas de que trata el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 es el fijado por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones que le hayan sido introducidas, entre otras, por la propia Ley 797 de 2003.

Sin embargo, ello será así siempre y cuando (…) el afiliado no sea beneficiario del régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, en tal caso, y en tratándose de un afiliado al Seguro Social, por razón de los beneficios de ese régimen se le debe aplicar, en materia de densidad de cotizaciones, el régimen al cual se encontrara afiliado para el 1 de abril de 1994, que lo es el Acuerdo 049 de 1990, en particular su artículo 12, por así disponerlo el señalado artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Y lo anteriormente expuesto es así porque, en primer término, las normas vigentes de ese acuerdo forman parte del régimen de prima media con prestación definida y, en segundo lugar, deben utilizarse en materia de edad, número de semanas cotizadas y monto de la prestación, para los beneficiarios del régimen de transición pensional.

No obstante que el legislador contempló esta otra forma de acceder a la prestación periódica de supervivencia, naturalmente quien pretenda acogerse a los beneficios del parágrafo en comento debe demostrar que cumple los requisitos allí exigidos, esto es, que el afiliado tenía acumulado en su haber el número de aportes exigido en el régimen de prima media para consolidar el derecho a la pensión de vejez. Y la demostración de esos supuestos es la que se echa aquí de menos, pues admitiendo que el régimen aplicable a la pensión de vejez del difunto era el previsto en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de ese año, como beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debía demostrarse que sufragó mínimo 1.000 semanas de cotizaciones en toda la vida laboral o 500 en los 20 años anteriores al fallecimiento, según lo ha entendido la Sala. (CSJ SL 1° de Feb (sic) 2011, Rad. 44863, 17 y 24 May (sic) 2011, Rads. 41661 y 37951 respectivamente).

Conforme lo anterior, estima la Sala que el Tribunal no incurrió en los yerros que se le enrostran por concluir que «no se puede otorgar la pensión de sobreviviente, debido a que no se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 12 de la ley 797 de 2003», pues tal inferencia parte de un entendimiento inequívoco del precepto comentado y de la verificación de las pruebas aportadas, que revelan que la actora no cumple los supuestos fácticos establecidos en la norma en cita.

Ni siquiera estudiando la posibilidad de aplicar al caso el régimen de transición puede decirse que el fallecido generó la pensión de sobrevivientes, por cuanto no tenía los requisitos de que trata el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad en su artículo 12, ya que, eventualmente, los 60 años los hubiera cumplido en el 2015 y de ese año a 1995, es decir los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, no cotizó 500 semanas ni completó las 1000 en toda su vida laboral.

Por lo tanto, al no existir argumentos diferentes que lleven a la corte a abordar el tema desde otra visión los cargos no prosperan.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el diecisiete (17) de julio de dos mil trece (2013) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ANA FRANCISCA GALLEGO ZAPATA, quien actúa en nombre propio y en el de su hija menor ANA CRISTINA AYALA GALLEGO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL538-2019 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.