Ficha de la providencia
Sentencia SL5462-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL5462-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL5462-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL5462-2019
Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura
10 de diciembre de 2019
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL5462-2019
Radicación n.º 68612
Acta 44
Bogotá, D.C., (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por CLEOFELINA MORENO RIVAS contra la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, el 19 de junio de 2014, en el proceso que le promovió a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES COLFONDOS S.A. y a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES
ANTECEDENTES
Cleofelina Moreno Rivas demandó a la Administradora de Fondos de Pensiones Colfondos S.A. (en adelante Colfondos S.A.) y a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), con el fin de que se declarara nula su afiliación a la primera y se ordenara su regreso automático a la segunda, con la correspondiente devolución de los valores recibidos en la cuenta individual, incluidos los rendimientos.
Adicionalmente, solicitó que Colpensiones cobrara dichos valores, para efectos de «[…] reconocer y pagar la pensión de vejez […], desde que cumplió los 55 años, el 31 de diciembre de 2004», así como los intereses por mora y las indexaciones de aquellas mesadas sobre las que no aplican intereses moratorios.
Por último, que condenara en costas a las empresas demandadas y la indemnización a cargo de Colfondos S.A. «[…] hasta por 1.000 salarios mínimos legales mensuales» por los perjuicios ocasionados con el traslado.
De manera subsidiaria, instó que se ordenara a Colfondos S.A al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 31 de diciembre de 2006, más los intereses moratorios, las indexaciones y la correspondiente indemnización de perjuicios causados con el traslado de regímenes de pensiones.
Respaldó sus pretensiones señalando que nació el 31 de diciembre de 1949, por lo que en la misma fecha del año 2004 cumplió los 55 años; que laboró desde el 25 de marzo de 1992 hasta el 24 de febrero de 2012, durante 19 años y 11 meses, devengando más de 2 salarios mínimos; y que al día siguiente de su vinculación laboral fue afiliada al Instituto de Seguros Sociales, hasta febrero de 1995, fecha en la cual se hizo efectivo su traslado a Colfondos S.A.
Adujo que el asesor de Colfondos S.A. que suscribió la afiliación «[…] no le dio a ésta (sic) asesoría o explicación alguna sobre los beneficios que perdería si se trasladaba del SEGURO SOCIAL», ni tampoco recibió información alguna sobre los fondos necesarios en la cuenta de ahorro individual para pensionarse, ni la pérdida del bono pensional si se trasladaba antes de cumplir las 150 semanas cotizadas, o sobre las diferencias entre los regímenes en cuanto a los requisitos de edad para pensionarse y el monto de la mesada pensional una vez adquirido el derecho.
Agregó que, mediante comunicado BP-R-I-L11250-09-09 del 23 de septiembre de 2009, Colfondos S.A. objetó la pensión de vejez, en la medida en que no cumplía con los requisitos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, por lo que únicamente había derecho a la devolución de saldos. Dicha entidad reiteró lo anterior, a través de comunicado SER-BP-R-I-L-17042012-04-12 del 17 de abril de 2012, señalando además que, a la fecha de expedición del documento, contaba con 1026 semanas cotizadas.
Finalizó indicando, por un lado, que solicitó pensión de vejez al ISS, hoy Colpensiones, por considerar la afiliación a Colfondos S.A. como viciada de nulidad, y que a la fecha no le han dado respuesta; y por otro, que no disfrutar su pensión ha desmejorado de manera significativa su calidad de vida y su salud.
Al dar respuesta, Colfondos S.A. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento de la demandante, así como las afiliaciones las entidades. No admitió los demás, aduciendo que se cumplió el deber legal de informar acerca de las consecuencias del traslado de régimen y que, toda vez que la decisión estuvo exenta de cualquier engaño o inducción en error, no se podía predicar la nulidad de la afiliación.
En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe y petición antes de tiempo.
Por su parte, Colpensiones no contestó la demanda.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Único Laboral del Circuito de Apartadó, mediante sentencia del 10 de abril de 2014, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR NULO el traslado que la señora CLEOFELINA MORENO RIVAS, hizo del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES como Administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, al fondo de pensiones COLFONDOS S.A., perteneciente al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, traslado que se efectuó el 24 de enero de 1995, por las razones expresadas en la parte considerativa.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, SE DECLARA que la señora CLEOFELINA MORENO RIVAS, debe regresar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, con derecho a que se le aplique el régimen de transición.
TERCERO: como consecuencia de las anteriores declaraciones, SE DECLARA que la señora CLEOFELINA MORENO RIVAS, adquirió el derecho a disfrutar de la pensión de vejez a partir del 23 de septiembre de dos mil nueve (2009), fecha a partir de la cual reclamó la pensión de vejez y fue objetada la misma pensión de vejez por parte de COLFONDOS S.A., la cual le debe ser reconocida teniendo en cuenta el régimen de transición.
CUARTO: SE CONDENA a COLFONDOS S.A. a Reconocer (sic) y pagar la pensión de vejez, a TÍTULO DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, a la señora CLEOFELINA MORENO RIVAS en cuantía de Un Salario Mínimo Legal Vigente del año 2009, desde el 23 de septiembre de 2009, hasta tanto COLPENSIONES asuma el reconocimiento y pago de la pensión de vejez.
QUINTO: SE CONDENA a COLFONDOS S.A. a RECONOCER Y PAGAR a la demandante CLEOFELINA MORENO RIVAS, la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS ($ 35.433.033,00) como retroactivo de las mesadas pensionales a las cuales fue condenada a título de indemnización de perjuicios, causadas desde el 23 de septiembre de 2009 hasta hoy 10 de abril de dos mil catorce (2014).
SEXTO: SE CONDENA a COLFONDOS S.A. a Reconocer (sic) y pagar los INTERESES DE MORA sobre las mesadas pensionales causadas desde el 23 de septiembre de 2009, hasta cuando se efectúe el pago, a TÍTULO DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, hasta cuando se efectúe el pago de las mesadas pensionales, que se liquidarán en la forma como lo señala el artículo 141 de la ley (sic) 100 de 1993.
SÉPTIMO: SE CONDENA a COLFONDOS S.A. a RECONOCER Y PAGAR a la demandante CLEOFELINA MORENO RIVAS, la suma de VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS ($ 23.666.801,00) como retroactivo de los intereses de mora de las mesadas pensionales a las cuales fue condenada a título de indemnización de perjuicios, causadas desde el 23 de septiembre de 2009 hasta hoy 10 de abril de dos mil catorce (2014).
OCTAVO: SE CONDENA A COLFONDOS S.A. a indemnizar los perjuicios morales irrogados a la demandante CLEOFELINA MORENO RIVAS, por el traslado del ISS a COLFONDOS S.A. el 24 de enero de 1995, en el equivalente a 50 Salarios Mínimos Legales Mensuales del año dos mil catorce (2014).
NOVENO: SE CONDENA a COLFONDOS S.A. a devolver a COLPENSIONES la totalidad de los aportes efectuados por la demandante CLEOFELINA MORENO RIVAS durante todo el tiempo que estuvo vinculada a ese fondo, sin que COLFONDOS S.A. pueda deducir lo que destinó de esos aportes para el pago de primas de seguros, para la asesoría en la contratación de la renta vitalicia, financiar el fondo de Solidaridad pensional y cubrir el costo de Administración. También debe devolver a COLPENSIONES los rendimientos de la cuenta de ahorro individual de la demandante CLEOFELINA MORENO RIVAS. Devolución que es a título de indemnización.
DÉCIMO: SE CONDENA a COLPENSIONES a cobrar a COLFONDOS S.A. la totalidad de los aportes efectuados por la demandante CLEOFELINA MORENO RIVAS a COLFONDOS S.A. durante todo el tiempo que estuvo vinculada a ese fondo, sin que COLFONDOS S.A. pueda deducir lo que destinó de esos aportes para el pago de prima de seguros, para la asesoría en la contratación de la renta vitalicia, financiar el fondo de Solidaridad pensional y cubrir el costo de Administración. También a cobrar los rendimientos de la cuenta de ahorro individual de la demandante CLEOFELINA MORENO RIVAS, en COLFONDOS S.A.
DÉCIMO PRIMERO: SE CONDENA a COLPENSIONES a RECONOCER Y PAGAR la pensión de vejez a la señora CLEOFELINA MORENO RIVAS, a partir de la ejecutoria de esta sentencia, aplicando el régimen de transición.
DOCE: SE CONDENA A COLFONDOS S.A. a título de indemnización de perjuicios, a RECONOCER Y PAGAR, SI LO HUBIERE, la diferencia entre la mesada pensional que liquide COLPENSIONES y la que (sic) objeto de condena en esta providencia.
TRECE: se (sic) absuelve a COLFONDOS S.A de las demás pretensiones incoadas en su contra por la señora CLEOFELINA MORENO RIVAS.
CATORCE: EXCEPCIONES implícitamente resueltas por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. No prospera la excepción de prescripción.
QUINCE: CONDENAR en costas a las demandadas COLFONDOS S.A., y COLPENSIONES, en un 100%
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, mediante providencia del 19 de junio de 2014, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante y las entidades demandadas, revocó la sentencia de primera instancia.
Estableció como problema jurídico:
[…] uno, si era procedente declarar la nulidad de la afiliación que la demandante hizo ante Colfondos y el consecuente reconocimiento de la pensión de vejez, aún sin el cumplimiento del requisito de las semanas. En caso negativo, se examinará si había lugar a imponer a Colfondos condena por perjuicios morales, la mesada adicional y la devolución de aportes sin descontar primas. Y tercero, si procede el reconocimiento de la pensión de vejez a partir de la fecha en que la demandante cumple los requisitos o desde la fecha de su reclamación a cargo de Colpensiones. Un último punto, sería si procede la condena en costas a cargo de Colfondos y Colpensiones por haber sido vencidas en juicio.
Indicó que la demandante era beneficiaria del régimen de transición, debido a que contaba con más de 35 años para la fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, pero que, en la medida en que no era inminente o cercano el día en el que cumpliría los requisitos para acceder a la pensión cuando realizó el traslado a Colfondos S.A., no se podía determinar para enero de 1995 que dicho régimen de transición fuera a ser más favorable.
Sobre el particular, adujo lo siguiente:
Es decir, para enero de 1995, no era predicable que el régimen de transición que tenía la demandante administrado por el ISS, frente al sistema pensional de ahorro individual a cargo de administradoras privadas, resultaba más o menos favorable, pues perfectamente los afiliados a este último, a partir de aportes voluntarios adicionales a los legales, y de los rendimientos que pudieran obtener sus fondos depositados en su cuenta individual, podrían anticipar la fecha para la pensión y/o incrementar su monto, aparte de las modalidades que la ley previó para su disfrute.
Señaló que, si bien le asistía razón a la demandante al sostener que habría sido más conveniente quedarse en Colpensiones, por cuanto ya hubiera accedido a la pensión en virtud del régimen de transición, «[…] tal balance viene a hacerse después de transcurridos más de 18 años desde que se trasladó al régimen de ahorro individual, y con apoyo en el mismo, no es procedente, en sentir de la Sala, pregonar la nulidad de la afiliación».
Puso de manifiesto, que no podría deducirse una inducción en error que hubiese sido determinante para la decisión tomada, toda vez que, por un lado, la demandante permaneció en Colfondos S.A. durante más de 17 años sin protesta alguna; y por otro, no estaba, en el momento del traslado, a punto de acceder a la prestación. Sobre lo anterior, determinó que:
Como se advierte con facilidad, el presente caso dista mucho de parecerse a otros que ya ha resuelto la Corporación, con apoyo en el precedente jurisprudencial vertical, que, sobre el tema, contiene plurales decisiones de la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en los cuales la voluntad de trasladarse de régimen se ha visto viciado (sic) por el error en que los agentes del fondo han hecho incurrir a los usuarios que en poco tiempo alcanzarían los requisitos de edad y/o tiempo de servicio para acceder a la prestación, de tal modo que, de haber sabido su real situación frente a la pensión, no habrían aceptado el traslado de régimen, que no es el caso que nos convoca hoy, pues la demandante no estaba, como se ha dicho antes, ad portas de acceder a la prestación.
Concluyó que, teniendo en cuenta que la nulidad se solicitó más de 17 años después del traslado, y que no se encontraron acreditadas en el proceso engaños ni subterfugios tendientes a inducir en error a la demandante, «[…] no es posible acceder a la nulidad deprecada como lo pretendió la parte demandante, pues no es aplicable el precedente jurisprudencial».
Desestimadas las pretensiones principales, examinó si era o no procedente la pretensión subsidiaria; esto es, el reconocimiento de la pensión de vejez por parte de Colfondos S.A. Sobre lo anterior, afirmó que, en la medida en que no cumplía con los requisitos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, no era procedente el disfrute de dicha prestación.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los términos en que fue presentado y dentro de las competencias que otorga el recurso extraordinario.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia, en cuanto revocó la de primera instancia y desestimó las pretensiones de la demanda, para que, en sede de instancia,
[…] MODIFIQUE la sentencia proferida por el juzgado Laboral del Circuito de Apartadó en la forma pedida en el recurso de apelación, esto es, confirmando las condenas a cargo de las demandadas, pero variando la decisión en cuanto a la fecha a partir de la cual Colpensiones debe reconocer la prestación. Proveerá igualmente respecto a las costas del proceso.
Con tal propósito, formuló cuatro cargos, los cuales fueron replicados oportunamente por los demandados y serán resueltos de manera conjunta, pues a pesar de estar presentados por vías distintas, acusan un similar grupo normativo y persiguen el mismo fin.
PRIMER CARGO
Acusó la sentencia de violar directamente,
[…] por infracción directa, los artículos 1740, 1742 y 1746 del C.C. en relación con los artículos 1502, 1508 y 1603 del C. C. el artículo 19 del C.S.T y con el artículo 10 del Decreto 720 de 1994, que produjo a su vez la violación directa, por falta de aplicación de los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, en relación con los artículos 48 y 50 de la Constitución Política, artículo 14 del C.S.T y el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Señaló que el Tribunal reconoció la conveniencia del Régimen de Prima Media, y transcribió un extracto de la sentencia que establecía que «[…] “…tiene razón la demandante al sostener que habría sido mejor haberse quedado en el ISS, pues habría conservado el régimen de transición previsto en el Decreto 758 y con apego a él ya habría accedido a la pensión deprecada.” (Minuto 39:43 de la grabación de la audiencia)».
Advirtió que, a diferencia de lo concluido, los presupuestos fácticos demostraban que tenía una expectativa legítima de adquirir el derecho de pensión a cargo de Colpensiones, por lo que Colfondos S.A. tenía la obligación de explicarle en debida forma que el traslado implicaba la renuncia a las prerrogativas propias del régimen de transición, cosa que, en su sentir, no ocurrió.
Consideró que el acto de traslado no estuvo precedido de una asesoría adecuada, y bajo ese entendido, debería declararse la nulidad del acto, por la vulneración de los artículos 1740, 1742 y 1746 del Código Civil.
Adujo que el Tribunal erró, toda vez que, para llegar a su decisión, no tuvo en cuenta,
Esa renuncia al régimen de transición, sus consecuencias, la certeza de que era mejor quedarse en el ISS porque habría conservado el régimen de transición y con apego a él ya habría accedido a la pensión y la obligación del Fondo de prestar una asesoría adecuada.
Indicó que, de conformidad con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, podía acceder a la pensión con 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores a que alcanzara los 55, y que ello era lo que debía tener en cuenta el Tribunal al momento de resolver el asunto, dado que,
[…] en el régimen de prima media con prestación definida, habría certeza frente al reconocimiento de la pensión a futuro, a lo que se añade que ello se lograría con sólo (sic) cumplir la obligación legal que le exigía el pago de los aportes para pensiones mientras siguiera laborando y permaneciera afiliada al régimen de seguridad social en pensiones y, por el contrario, en el fondo privado no alcanzaría la pensión con esas mismas cotizaciones.
Resaltó que lo anterior llevaría a una conclusión distinta a la del Tribunal, quien consideró que la realización de aportes adicionales en el fondo privado permitiría adquirir la pensión a los 55 años o por un mayor valor. En su sentir, este era un supuesto de difícil ejecución, y que implicaba un grado de incertidumbre en cuanto a la causación del derecho, a diferencia del Régimen de Prima Media, en el que «[…] sí cumpliría la meta de pensionarse con un porcentaje importante del IBL».
Agregó que se equivocó el fallador de alzada cuando afirmó que la declaratoria de nulidad no era procedente por llevar más de 17 años afiliada a Colfondos S.A.,
[…] toda vez que el mayor o menor tiempo que se tome en detectar el error y procurar enmendarlo no convalida la actuación del fondo ni lo hace menos responsable en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, máxime al afectarse una prestación que, como lo ha dicho la jurisprudencia, constituye un derecho irrenunciable e imprescriptible del trabajador, que debe ser protegido por el Estado.
Finalizó indicando que, en virtud del artículo 10 del Decreto 720 de 1994, las administradoras de pensiones son responsables de toda infracción, error u omisión que implique perjuicio a los intereses de los afiliados, por lo que debía declararse responsable a Colfondos S.A. pues,
[…] no resulta justo ni razonable que […] a sus 65 años se vea privada de una pensión y sin posibilidades de obtener la prestación en razón del capital ahorrado, no obstante que por la edad y el tiempo servido debería estar pensionada en el régimen de prima media con prestación definida desde enero del año 2005.
RÉPLICAS
Colfondos S.A. indicó que los primeros tres cargos, al plantearse la vía directa, se encontraban erróneamente formulados, en virtud de lo siguiente:
Contrasta lo anterior con el fundamento de la sentencia que es un fundamento puramente probatorio y que consiste en que el Tribunal no encontró probado el vicio del consentimiento que fundamente la declaratoria de nulidad.
Implica lo anterior que la controversia que sobre la sentencia se ha planteado debió haberse formulado por la vía indirecta pues de haber existido un error del Tribunal – el cual se reitera no existió – en el punto de los vicios del consentimiento, sería consecuencia de una equivocada valoración probatoria y no de un problema en cuanto a la aplicación de normas jurídicas.
Adujo que el Tribunal reconoció la presunta favorabilidad del régimen de transición, pero en retrospectiva, en la medida en que, al momento del traslado, no era posible llegar a tal conclusión.
Afirmó que el beneficio posterior que pudieran obtener las partes a raíz de un contrato es «[…] una circunstancia completamente inocua a fin de estudiar la validez del contrato», para concluir que, en su sentir, no puede predicarse una nulidad por el simple hecho que «[…] para ella hubiese sido mejor permanecer en el régimen de transición».
Teniendo en cuenta que no se encontró demostrada una acción u omisión que lo hiciera responsable, ni tampoco acreditados los perjuicios que presuntamente se causaron, los cuales consideró imprevisibles, no era procedente realizar una declaratoria de responsabilidad a favor de la recurrente.
Por su parte Colpensiones adujo que en los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, en los que están consagradas las obligaciones de las administradoras de pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, no se encuentra el deber de aconsejar o desaconsejar un traslado de régimen.
Agregó que lo que sucedió en realidad fue un error sobre un punto de derecho, el cual no viciaba el consentimiento. Frente a este concepto, transcribió apartes de la sentencia de la Corte Constitucional C-993 de 2006, la cual ponía de manifiesto que el error de derecho no daba lugar a la declaración de nulidad del negocio jurídico, y que, por tanto, era distinto sustancialmente del error como vicio del consentimiento.
Concluyó que:
Teniendo en cuenta que en este caso puntual, el argumento que se esgrime por los juzgadores es un error de derecho, y el mismo no constituye en el ordenamiento colombiano un vicio del consentimiento, no había lugar a exigir a las administradoras que probaran que habían realizado una detallada descripción de los elementos del régimen de ahorro individual, ni podía considerar se generaba la nulidad del traslado, pues simplemente, la supuesta equivocación al seleccionar el regímen (sic) pensional, no constituye en nuestro sistema jurídico un vicio que genere nulidad del negocio jurídico, en este caso, el traslado.
SEGUNDO CARGO
Acusó la sentencia de violar directamente,
[…] por aplicación indebida, los artículos 113 y 114 de la Ley 100 de 1993, en armonía con los artículos 1502 y 1508 del C. C. y en relación con los artículos 1603, 1740, 1742 y 1746 del C. C. el artículo 19 del C.S.T. el artículo 10 del Decreto 720 de 1994, en relación igualmente con los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, los artículos 48 y 50 de la Constitución Política, artículo 14 del C.S.T y el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Cuestionó la aplicación de los artículos 113 y 114 de la Ley 100 de 1993 por parte del Tribunal, ya que, en su sentir, lo hizo de manera literal y sin considerar las especiales características que rodearon el acto de traslado. Sustentó lo anterior señalando que, pese a existir una expectativa legítima de adquirir el derecho de pensión a cargo del ISS, hoy Colpensiones, que se vería frustrada con el traslado, dio por sentada la validez de la afiliación al fondo privado.
Adujo que:
Sobre esa base es que se estima que la cabal aplicación de las normas relacionadas con el traslado y la validez del acto, tienen que llevar a una conclusión favorable frente a la nulidad del traslado de fondos, porque se trata de una persona que estaba renunciando a unos derechos que le preservaba el régimen de transición y que su decisión dependía en buena parte de la correcta información del fondo, en virtud del deber que le asistía a éste (sic) último en ese sentido.
Explicó que la aplicación de las normas relacionadas con la seguridad social en pensiones no debía causar perjuicios a sus afiliados, y por esto, no comprendía cómo se consideró que el traslado fue válido y que además contó con toda la explicación necesaria, cuando la decisión, en últimas, no fue conveniente a sus intereses.
RÉPLICAS
Para Colfondos S.A., reiterado el reparo hecho en el primer cargo, «[…] más que verdaderos cargos de casación que demuestren o si quiera expliquen la equivocada aplicación o interpretación errónea de las normas señaladas, se trata de un alegato de conclusión».
Argumentó que, de aceptarse que la sola pérdida de los beneficios del régimen de transición en virtud de un traslado constituye la nulidad de este,
[…] se llegaría a la absurda conclusión que todas las afiliaciones al régimen de ahorro individual con solidaridad de los beneficiarios del régimen de transición son inválidos por ese solo hecho, lo cual es ilegal ya que lo que hace que un negocio jurídico sea válido no es el mayor o menor beneficio que reciben las partes sino el cumplimiento de los requisitos de existencia y validez dispuestos por el legislador.
En ese orden de ideas, consideró que no existió error por parte del Tribunal, puesto que el cambio de régimen de la recurrente fue libre e informado, sin que la pérdida de los beneficios del régimen de transición implicara la nulidad del acto.
Afirmó que,
[…] la nulidad de un acto o contrato no está dada por la inconveniencia que su celebración signifique para las partes, ni por la supuesta renuncia de un derecho, sino por la falta de los requisitos establecidos por la ley para su validez, esto (sic) son, que su objeto y causa sean lícitos, que no contravenga norma imperativa y que el consentimiento prestado por las partes esté libre de vicios.
Indicó que no hubo objeto ni causa ilícita, que el consentimiento prestado por las partes fue libre y que no existe norma imperativa que haya sido vulnerada, toda vez que el cambio de regímenes pensionales se encuentra consagrado en el «[…] inciso cuarto del artículo 35 (sic) de la Ley 100 de 1993 […]».
Finalmente, concluyó que, teniendo en cuenta que al momento de realizar el traslado le faltaban por lo menos nueve años para cumplir la edad mínima para acceder a la pensión, se equivocó la recurrente cuando pretendió «[…] anular una decisión que válidamente tomó so pretexto de que ahora, en sus particulares condiciones, considera que no le es conveniente».
Colpensiones trajo a colación los mismos argumentos de la oposición al primer cargo.
TERCER CARGO
Acusó la sentencia de violar directamente,
[…] por interpretación errónea, los artículos 113 y 114 de la Ley 100 de 1993, en armonía con los artículos 1502 y 1508 del C. C. y en relación con los artículos 1603, 1740, 1742 y 1746 del C. C. el artículo 19 del C.S.T. el artículo 10 del Decreto 720 de 1994, en relación igualmente con los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, los artículos 48 y 50 de la Constitución Política, artículo 14 del C.S.T y el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Para demostrar el cargo planteó los mismos argumentos presentados en los dos anteriores.
RÉPLICAS
Colfondos S.A. y Colpensiones expusieron los mismos argumentos señalados en la réplica de los cargos anteriores.
CUARTO CARGO
Acusó la sentencia de violar indirectamente,
[…] por aplicación indebida, los artículos 113 y 114 de la Ley 100 de 1993, en armonía con los artículos 1502 y 1508 del C.C. y con los artículos, 1603, 1740, 1742 y 1746 del C.C. en relación con el artículo 177 del C.P.C. y con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y en relación con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, así como del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; igualmente en relación con los artículos 48 y 50 de la Constitución Política, el artículo 14 del C.S.T y el artículo 10 del Decreto 720 de 1994.
Enumeró como errores de hecho manifiestos, los siguientes:
No dar por demostrado, estándolo, que COLFONDOS indujo a error a la señora CLEOFELINA MORENO RIVAS al ofrecer y aceptar su traslado del ISS.
No dar por demostrado, estándolo, que COLFONDOS ocasionó un perjuicio a la señora CLEOFELINA MORENO RIVAS al ofrecer y aceptar su traslado del ISS.
No dar por demostrado estándolo, que para el acto de afiliación de la señora CLEOFELINA MORENO RIVAS a COLFONDOS, éste (sic) fondo faltó a su deber de proporcionar una asesoría adecuada y suficiente.
No dar por demostrado, estándolo, que con el traslado a COLFONDOS este fondo provocó la renuncia a un derecho a la seguridad social que por sus especiales características es irrenunciable e imprescriptible.
No dar por demostrado, estándolo, que la señora CLEOFELINA MORENO RIVAS no tenía ni tiene posibilidades con COLFONDOS en el sistema de ahorro individual con solidaridad.
Indicó como pruebas erróneamente apreciadas:
Fotocopia del folio de registro civil de nacimiento de la demandante.
Respuesta de la demanda por parte de COLFONDOS.
Fotocopia del formulario de traslado de la señora CLEOFELINA MORENO RIVAS del ISS a COLFONDOS.
Reporte estado de cuenta del afiliado, expedido por COLFONDOS.
Reporte de semanas cotizadas de la demandante al ISS y COLPENSIONES
Puso de presente que resultaba evidente la errónea apreciación por parte del Tribunal de los documentos, puesto que de ellos se desprendía que no obtuvo ningún beneficio con su traslado de Colpensiones a Colfondos S.A. y que, por el contrario, implicó la renuncia a la única posibilidad de pensionarse a los 55 años.
Adujo que, con el ofrecimiento y aceptación del traslado por parte de Colfondos S.A., se configuró una inducción en error que ocasionó perjuicios, atendiendo el monto de los aportes reportados por dicho fondo. Explicó que, de la interpretación de los documentos, puede inferirse que el traslado tuvo consecuencias más graves, toda vez que «[…] se evidencia que sus posibilidades de pensionarse en un futuro son mínimas».
Recalcó que, del registro civil de nacimiento, se evidenciaba que nació el 31 de diciembre de 1949, por lo que para la fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 1993, contaba con 44 años, lo cual la hacía beneficiaria del régimen de transición, por ello,
[…] de la prueba documental referida se evidencia que la señora CLEOFELINA MORENO RIVAS, tenía consolidado un derecho de pensionarse a los 55 años de edad, con mínimo 500 semanas cotizadas entre los 35 y 55 años de edad, que transcurrían entre diciembre 31 de 1984 y el mismo día de 2004. En su defecto, tenía una expectativa legítima de adquirir el derecho a pensionarse por vejez a cargo del ISS (hoy COLPENSIONES) al cumplir los 55 años de edad.
Señaló que, para el mes de enero de 1995, tenía 148,71 semanas de cotización acreditadas por Colpensiones, y que bajo ese régimen solo le faltaban 351,29 semanas para cumplir con los requisitos mínimos de pensión de vejez, en virtud del régimen de transición y, como quiera que el asesor de Colfondos S.A. no hizo dicha claridad, debía concluirse que no cumplió el deber de proporcionar información completa que llevara a un consentimiento informado.
Arguyó que el Tribunal se centró en situaciones menos relevantes del caso, con el fin de darle validez al acto de traslado y negar la nulidad. En su sentir, omitió darle importancia a,
[…] la expectativa legítima que tenía y la determinación de si para el año 1995 ese acto de afiliación estuvo precedido de una asesoría adecuada, atendiendo ese deber de información que le correspondía al fondo privado, lo cual resultaba trascendental para la decisión, ante el hecho evidente de estar renunciando al régimen de transición que le garantizaba obtener la prestación si continuaba en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
Concluyó que, partiendo de la existencia de una expectativa legítima, la omisión en la información constituía un engaño y demostraba la ausencia de la debida diligencia de Colfondos S.A. Con relación a lo anterior, aseguró que esta Sala, mediante sentencia del 9 de septiembre de 2008, radicado 31989, adoctrinó que el engaño se produce también en el silencio guardado, por cuanto se debe proporcionar todo lo relevante para la toma de la decisión que se persigue.
Finalizó señalando que, en estos casos, «[…] la debida diligencia se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada».
RÉPLICAS
Colfondos S.A. manifestó que las pruebas presuntamente mal apreciadas no hacían referencia a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que la accionante solicitó su afiliación al fondo, por lo que no tienen la entidad jurídica suficiente para acreditar la supuesta inducción en error, la omisión al cumplimiento del deber de proporcionar una adecuada asesoría ni los perjuicios ocasionados a la actora.
Adicionó que, tal y como lo concluyó el Tribunal, el hecho de que la demandante hubiera sido beneficiaria del régimen de transición al momento del traslado, no implicaba por sí solo prueba de la inducción en error, por cuanto le faltaban por lo menos nueve años para tener la edad requerida para acceder a la pensión.
Concluyó que «[…] lo que se busca con la demanda es reversar una decisión que hoy no es del agrado del (sic) demandante pero que desde ningún punto de vista conlleva ilegalidad alguna de Colfondos».
Colpensiones desarrolló los mismos argumentos de la oposición al primer cargo.
CONSIDERACIONES
Es necesario precisar que encuentra la Sala que no existe controversia frente a los siguientes hechos: (i) que la recurrente nació el 31 de diciembre de 1949, por lo que al 1° de abril de 1994 tenía más de 35 años de edad; (ii) que realizó aportes al ISS desde el 26 de marzo de 1992; y (iii) que, a partir de febrero de 1995, se hizo efectivo su traslado a Colfondos S.A.
El problema jurídico que se plantea a la Corte para su estudio consiste en determinar, si erró el Tribunal al considerar que no era procedente la declaratoria de nulidad del traslado de regímenes pensionales, debido a que no se acreditaron inducciones en error por parte del fondo de pensiones y a que la recurrente no se encontraba cercana a acceder a la pensión de vejez al momento del traslado.
Lo que tiene que ver con la nulidad de traslado entre regímenes pensionales, así como al deber de información de los fondos de pensiones frente a un eventual traslado, ya ha sido estudiado por esta Corporación. En este sentido, y con miras a ofrecer un análisis del tema, la Corte examinará: (i) el alcance de la obligación relativa al deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones; (ii) la carga de la prueba respecto de la información en estos eventos; y (iii) el alcance y los efectos de la nulidad del traslado.
1. El deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensión
Como punto de partida, es necesario poner de presente que las administradoras de pensiones, como las instituciones expertas encargadas del manejo de las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, tienen un deber a su cargo, instituido por la ley, de brindar información clara y suficiente a sus afiliados, entre otros asuntos, en lo concerniente al cambio o traslado de un vinculado de un régimen pensional a otro.
Es así como existe, en cabeza de dichas entidades, la obligación de informar de manera clara, idónea y oportuna acerca de las ventajas y desventajas que implica para el afiliado vincularse o trasladarse de un régimen de pensiones a otro.
Ello comporta especial relevancia, en la medida en el traslado de un régimen a otro trae consigo implicaciones trascendentales para los afiliados, como las diferencias de requisitos legales para acceder a las prestaciones y los términos de causación de estas, así como la manera en la que podrán disfrutarse. Por ello, se reitera, que es imprescindible el cabal cumplimiento de este deber, pues de lo contrario, podría derivar en afectaciones de gran envergadura para aquellos que participan en el régimen de pensiones como vinculados.
Acerca de lo anterior, la Sala, en sentencia SL4343-2019, estableció lo siguiente:
Así, el contenido de la información que los fondos deben suministrar no puede ser superficial ni abstracta, sino que tiene que supeditarse concretamente a las condiciones de cada uno de los afiliados. En ese orden de ideas, hace parte de los datos necesarios que se deben entregar, entre otros, la posibilidad de que aquellas personas vinculadas al Régimen de Prima Media con Prestación Definida y que eran beneficiarias del régimen de transición, puedan perder dicha expectativa legítima de acceder a la pensión de vejez conforme a las prerrogativas existentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Debe resaltarse que el derecho de información a cargo de las administradoras existe desde la creación del sistema de seguridad social actual, en virtud de la Ley 100 de 1993. Lo anterior es resaltado por la Sala, en sentencia CSJ SL1688-2019, quien hace un recuento sobre la evolución normativa de dicho deber. En la providencia, se concluye que el deber de información es ineludible, por lo que debe ser observado con el mayor rigor por parte de los jueces de instancia.
De esta forma, le asiste razón a la recurrente, al afirmar que el Tribunal debió tener en cuenta que, al ser beneficiaria del régimen de transición, era obligación de la entidad demandada poner en conocimiento que el traslado implicaba la pérdida de las prerrogativas propias de dicho régimen.
Sobre el punto, la Sala en sentencia CSJ SL4343-2019, puso de presente que «[…] ocultar dicha novedad representa un agravio para el interesado, al menos, en lo que atañe al simple hecho de no poder decidir con todos los elementos de juicio que rodean su caso particular».
Este razonamiento es el que lleva a la Corte a concluir que erró el Tribunal cuando consideró que, no era relevante los beneficios propios del régimen de transición al momento de realizarse el traslado del ISS a Colfondos S.A., bajo el pretexto de que los afiliados tienen la posibilidad de efectuar aportes adicionales y obtener rendimientos en la cuenta de ahorro individual, lo cual además fue un supuesto hecho por el juzgador sin soporte fáctico alguno.
En virtud de lo anterior, la Corte reitera la imprescindibilidad del deber de información que le asiste a las administradoras de pensiones frente a sus afiliados en lo concerniente, al traslado de un régimen pensional a otro. Por ende, tal y como ha afirmado la jurisprudencia de la Sala, es de especial importancia el hecho de ser beneficiario del régimen de transición, por cuanto es necesario considerar esta circunstancia para la formación de su consentimiento.
2. La carga de la prueba respecto de la información a favor del afiliado
La Sala estima que, el hecho de que la administradora de pensiones afirme que sus asesores están suficientemente informados para brindar toda la información pertinente, o que no se indujo en error a la afiliada de cara al traslado, no es suficiente para que se dé por demostrado el deber de información por parte de Colfondos S.A., pues es necesario que el fondo acredite que el afiliado contó con todos los elementos de juicio necesarios para decidir.
Sobre lo anterior, la Corte, mediante sentencia CSJ SL1688-2019, ha adoctrinado lo siguiente:
[…] es la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez.
Bajo tal premisa, frente al tema puntual de a quién le corresponde demostrarla, debe precisarse que si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se afilió, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca.
En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo.
Considerando lo anteriormente expuesto, se estima desacertado que el Tribunal hubiera dado por cumplido el deber de información completa y veraz a la recurrente, bajo el pretexto de que esta no logró demostrar la existencia de engaños o inducción a error, pues la posición contractual de la afiliada se dificulta o, en su defecto, imposibilita, si se tiene en cuenta que al final era deber de Colfondos S.A. demostrar que hizo una adecuada y completa asesoría.
Con respecto al fundamento de la carga de la prueba en contra del fondo, así como a la desigualdad entre las partes, la Sala en la sentencia mencionada concluyó:
Paralelamente, no puede pasar desapercibido que la inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado obedece a una regla de justicia, en virtud de la cual no es dable exigir a quien está en una posición probatoria complicada –cuando no imposible– o de desventaja, el esclarecimiento de hechos que la otra parte está en mejor posición de ilustrar. En este caso, pedir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarlo el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que (iii) es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento.
Mucho menos es razonable invertir la carga de la prueba contra la parte débil de la relación contractual, toda vez que, como se explicó, las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia frente al afiliado lego. A tal grado es lo anterior, que incluso la legislación (art. 11, literal b), L. 1328/2009), considera una práctica abusiva la inversión de la carga de la prueba en disfavor de los consumidores financieros.
En conclusión, se equivocó el Tribunal al afirmar que era deber de la recurrente probar que fue inducida en error por no recibir información completa y veraz. Todo lo contrario, fue Colfondos S.A. quien no probó la debida diligencia al momento de asesorar a la recurrente, por lo que no sería acertado considerar como cumplido el deber de información cuando, de conformidad con el artículo 1604 del Código Civil, «[…] la prueba de la diligencia o cuidado incumple al que ha debido emplearla».
3. Los efectos y el alcance de la nulidad del traslado
Los efectos y al alcance de la nulidad del traslado, vale la pena analizarlos de manera separada, por cuanto lo primero permitirá determinar las consecuencias jurídicas de dicha declaratoria, mientras que un análisis de lo segundo tiene como fin examinar el razonamiento del Tribunal al momento de determinar si tenía o no cabida la nulidad del traslado.
La Sala ha establecido que cuando se declare la nulidad de un traslado de régimen pensional fruto del incumplimiento del deber de suministrar información completa y veraz al afiliado, procede la devolución de los valores que el fondo hubiera recibido, junto con los rendimientos causados, frutos e intereses (CSJ SL4343-2019).
Como corolario de lo anterior, la Corte determinó, en sentencia CSJ SL, 8 septiembre de 2008, radicado 31989, reiterada en la CSJ SL4343-2019, lo siguiente:
La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.
Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.
Bajo ese entendido, la nulidad declarada con ocasión de una acción u omisión del fondo de pensiones, que genere perjuicios al afiliado, implica que este debe no solamente devolver las cosas al estado en que se encontraban, devolviendo los valores en la cuenta de ahorro individual, sino que debe así mismo asumir los deterioros sufridos por el bien administrado, tales como los gastos de administración.
Finalmente, es vital analizar el alcance que tendría la declaratoria de nulidad; es decir, determinar si la misma tenía o no cabida en el caso concreto. Se recuerda que, para el Tribunal, como al momento del traslado la recurrente no se encontraba cerca de acceder a la pensión, no era posible predicar la nulidad del traslado, por cuanto al momento en que se efectuó, esta no tenía un derecho adquirido ni una expectativa legítima.
Conviene resaltar que la Sala, en sentencia CSJ SL1688-2019, dijo que el análisis de la validez o nulidad del traslado no se desprende de la existencia o no de un derecho consolidado, ni de la proximidad a pensionarse, «[…] dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo. Esto, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades de cada asunto».
Adicionalmente, en la sentencia CSJ SL1452-2019, se dijo que «Tal argumento es equivocado, puesto que ni la ley ni la jurisprudencia tiene establecido que se debe contar con una suerte de expectativa pensional o derecho causado para que proceda la ineficacia del traslado a una AFP por incumplimiento del deber de información».
La cuestión acerca de si el acto de traslado deviene o no en nulo, no puede supeditarse a la proximidad del derecho a pensionarse, toda vez que su validez dependerá de que el afiliado haya o no recibido la información pertinente para la celebración del acto (CSJ SL1452-2019).
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal erró, toda vez que consideró cumplido el deber de información, cuando este jamás fue demostrado, así como al no considerar los beneficios del régimen de transición, y su eventual renuncia, como insumos importantes para la generación del consentimiento libre e informado frente al traslado. También por esgrimir que debía seguir considerándose válido el traslado, en la medida en que, al momento de este, la recurrente no estaba próxima a pensionarse.
En consecuencia, los cargos prosperan.
Sin costas en casación.
Antes de proferir la decisión de instancia, y para mejor proveer, se ordenará que por Secretaría se oficie a Colfondos S.A. a fin de que remita el historial detallado de las semanas que cotizó Cleofelina Moreno Rivas, para lo cual se concederá un término de diez (10) días. Una vez recibida la información precedente, la Secretaría lo pondrá a disposición de las partes por el término de tres (3) días a partir de la fecha de su recibo.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el diecinueve (19) de junio de dos mil catorce (2014) por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, dentro del proceso ordinario laboral promovido por CLEOFELINA MORENO RIVAS, contra el FONDO DE PENSIONES COLFONDOS S.A. y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.
Antes de proferir la decisión de instancia, y para mejor proveer, por Secretaría ofíciese a Colfondos S.A. a fin de que remita el historial detallado de las semanas que cotizó Cleofelina Moreno Rivas, para lo cual se concede un término de diez (10) días. Una vez recibida la información precedente, la Secretaría lo pondrá a disposición de las partes por el término de tres (3) días a partir de la fecha de su recibo.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL5462-2019 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.