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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5476-2019

Fecha
10 de diciembre de 2019
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL5476-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013) por la Sala Primera Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ALBERTO MORENO ESCOBAR contra CI IBLU SA. Sin costas en el recurso extraordinario.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5476-2019

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

10 de diciembre de 2019

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL5476-2019

Radicación n.º 68648

Acta 044

Bogotá, DC, diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

Decide la sala el recurso de casación interpuesto por ALBERTO MORENO ESCOBAR, contra la sentencia proferida por la Sala Primera Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 28 de febrero de 2013, en el proceso que él instauró contra CI IBLU SA.

ANTECEDENTES

Alberto Moreno Escobar llamó a juicio a la sociedad CI Iblu SA, con el fin de que se declarara que estuvo vinculado con esa entidad mediante contrato de trabajo, que terminó sin justa causa y de manera unilateral por parte del empleador, vínculo que se extendió entre el 1 de abril de 1984 y el 31 de enero de 2008, en el cargo de vendedor.

En consecuencia, demandó el pago de la indemnización por terminación unilateral e injusta del contrato, las cesantías, las vacaciones, las primas, las «[…] bonificaciones al pago de los correspondientes incrementos salarios (sic) año a año», la reliquidación por indexaciones sobre dichos montos, los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales que correspondían a los años 1984 a 2008, la sanción por no consignación del auxilio de cesantía en un fondo, los intereses a las cesantías y la sanción por no pagarlos, la indemnización moratoria por el no pago de las prestaciones sociales, la indemnización por daños y perjuicios causados como consecuencia del no pago de aportes obligatorios a la seguridad social, el auxilio de transporte, el subsidio familiar y las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró al servicio de la demandada entre el 1 de abril de 1984 y el 31 de enero de 2008, cumpliendo funciones como vendedor en la Costa Atlántica, a través de la suscripción de más de cuatro contratos de prestación de servicios, pero prestando el servicio personalmente, recibiendo órdenes y cumpliendo horarios.

Agregó que percibía comisiones mensuales por ventas y que, de acuerdo con el movimiento de la venta, podía devengar de $5.000.000 a $30.000.000, cancelados al finalizar el año. Además, le pagaban un monto de $100.000 por transporte durante quince años, los cuales fueron suspendidos desde febrero de 2006. Agregó que no recibió prestación social alguna a lo largo del contrato.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones, por cuanto nunca existió un contrato de trabajo ni contrato de prestación de servicios; que se suscribieron varios contratos de agencia comercial, pero con la sociedad Moreno Vergara Cía. Ltda., en la que el señor Alberto Moreno Escobar fungía como representante legal; que la sociedad Moreno Vergara Cía. Ltda. le presentaba la factura sobre las ventas mensuales y la sociedad CI Iblu SA inmediatamente realizaba el pago pactado en el contrato de agencia comercial, por comisiones, ventas, recaudo y de acuerdo al producto vendido de propiedad de la sociedad. Respecto de los otros fundamentos fácticos dijo que no eran ciertos.

En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la relación laboral pretendida, falta de legitimación en la causa por pasiva, pago, mala fe y temeridad, cláusula compromisoria y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla – Adjunto, mediante fallo del 31 de marzo de 2011, resolvió:

PRIMERO: Absolver al demandado SOCIEDAD COMERCIAL C.I IBLU S.A de las pretensiones de la demanda formulada por el señor ALBERTO MORENO ESCOBAR, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Por sustracción de materia, no hay lugar a resolver las excepciones de mérito formuladas.

TERCERO: Dado que la sentencia es adversa al demandante, en el evento de no ser impugnada, envíese en CONSULTA al superior.

CUARTO: Costas a cargo del demandante.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Primera Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al desatar el recurso de apelación interpuesto por el extremo demandante, mediante fallo del 28 de febrero de 2013, dispuso:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de marzo de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla Adjunto, en el presente proceso ordinario incoado por ALBERTO MORENO ESCOBAR contra la SOCIEDAD COMERCIAL C.I IBLU S.A.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró, como fundamento de su decisión, que el problema jurídico a resolver consistía en establecer si entre las partes existió o no un contrato de trabajo. Para dilucidar ese tema, estudió la documental de folios 19 a 222, en la que aparecen contratos de agencia comercial, liquidaciones de comisiones, una consignación y una misiva de Salud Total, a partir de las cuales planteó lo siguiente:

De los documentos antes relacionados, y aportados por el actor con el propósito de probar los hechos por él perseguidos, se percibe que si (sic) hubo una prestación de servicio, sin que se pueda demostrar a ciencia cierta, si efectivamente existió o no un contrato de trabajo, pues no se evidencian los elementos constitutivos del mismo, o por lo menos la actividad personal del actor ni la de los extremos laborales que rigieron la prestación del servicio.

Ahora, las planillas de liquidación de comisiones de vendedores, aportadas al plenario por el demandante y antecedentes relacionadas, no le dan mayores luces a este proceso en relación a lo instado por el actor, pues de ellas tan solo se coligen las fechas, almacenes y valor de las ventas efectuadas, sin que se observe que obedecían a una prestación personal del servicio por parte del demandante, como evidentemente es alegado en la alzada, por la que no le aportan mayor valor probatorio al proceso.

Además de lo anterior, vale la pena precisar, que en caso de que se pretenda hacer valer estos documentos como se expone en la alzada, se anota que los mismos no se encuentran debidamente firmados por la parte a quien se oponen, ni tampoco aceptados por ella; por lo que en este caso se considera válida la aplicación del artículo 269 del C.PC. […].

Las razones para confirmar la decisión de primera instancia fueron las que se transcriben a continuación:

Es palmar que no pueden prosperar las peticiones contenidas en la demanda introductoria, como ya se dijo, por cuanto el accionante no cumplió con la carga procesal de demostrar los extremos temporales del supuesto contrato de trabajo y de forma precisa que día inició y cuando feneció el vínculo jurídico que ligó las partes, ausencia demostrativa que impone a absolver a la demandada de los derechos laborales pretendidos. Carga probatoria que conforme a lo previsto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al asunto por integración analógica del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, le correspondía al accionante, y que no cumplió.

Por lo tanto, al no haberse allegado al proceso por el demandante ALBERTO MORENO ESCOBAR pruebas testimoniales ni documental tendiente a demostrar lo afirmado y solicitado en el libelo de demanda relativo a la existencia de un contrato de trabajo, incumpliendo así con la obligación de autorresponsabilidad probatoria por ser la prueba echada de menos de su incumbencia, debe absolverse a la demandada SOCIEDAD COMERCIAL C.I IBLU S.A de todas las pretensiones incoadas en su contra por el actor, como efectivamente lo hizo el Juzgador de instancia al decidir el asunto.

Por otro lado, arguye la Sala de los volantes de consignación antes relacionados como probanzas aportadas al proceso, y consignados a nombre del actor, que si bien es cierto que en ellos figura el nombre de la empresa demandada como depositante, y adjunto a ellos emerge reflejado el valor de las comisiones y respectivas deducciones, no es menos cierto que con la sola presentación de estos documentos no se sobre entiende (sic) por sí solo el cumplimiento de la exigencia de la prestación personal del servicio por el demandante, contenida en el artículo 23 del CST, la cual radica en cabeza de éste su acreditación, y la cual brilla por su ausencia en ésta (sic) oportunidad.

Así pues, contrario a lo que señala el demandante en la alzada, estos documentos como bien se dijo, no aportan mayor valor probatorio al plenario, con relación al supuesto pretendido en el líbelo (sic) y ahora debatido, por lo que es menester de la Sala, abordar los testimonios recepcionados (sic) durante las audiencias de trámites (sic) llevadas a cabo durante en el desarrollo del proceso, a fin de establecer, si con ellos se logra acreditar o no, la existencia del vínculo laboral entre los litigiosos, que se alega en el recurso de apelación incoado por el actor.

Durante la tercera audiencia de trámite, se recepcionó (sic) el testimonio del señorALVARO (sic) ANTONIO MARIN (sic) DIAZ (sic) (Fol. 845 a 848), del cual se extrajo con relación a lo debatido, lo siguiente:

Manifestó el testigo conocer al demandante, señor ALBERTO MORENO ESCOBAR, hace aproximadamente 35 años, y expuso constarle que trabajó en la sociedad demandada, porque en los viajes de ventas a nivel de la Costa Atlántica salía con los mostrarios (sic), que en esa época se llamaban IBLU SAMS y PIER LAROUSE, los cuales ofrecía a los diferentes clientes de la zona. Que el señor MORENO, se disponía a vender los productos de la fábrica desde la Guajira hasta Montería, a través de un mostrario (sic) que le era entregado por la demandada.

Arguye así mismo el declarante, que nunca ha trabajado para la demandada y que le constan los hechos de la demanda, porque salía con el señor ALBERTO MORENO a las correrías de la zona y se enteraba con el muestrario que llevaba y ese era el de la compañía CI IBLU LTDA. Que el demandante salía el domingo para permanecer hasta el sábado siguiente o cuando era temporada de navidad hasta diez o doce horas por fuera de la casa, ya que los muestrarios eran grandes y necesitan ese tiempo para trabajar con calma y dar los resultados que la fábrica quería del vendedor.

Por su parte, del señor JORGE ANTONIO VARGAS AGUDELO, durante su testimonio recepcionado (sic) ante el JuzgadoSexto (sic) Laboral del Circuito de la ciudad de Medellín, en virtud del despacho comisorio librado (fol. 61 a 62. 2do cuaderno), se extrajo lo siguiente:

Manifestó el declarante conocer al señor ALBERTO MORENO ESCOBAR desde hace 35 años por ser colegas en el ramo de las ventas de las confecciones, que viajaban juntos en las correrías que les tocaba en la Costa Norte; así mismo manifestó que el actor laboró para la demandada CI IBLU S.A. aproximadamente desde el año 1984, desconociendo la fecha precisa de retiro porque se desplazó de la ciudad en el año 2008.

Que la labor desempeñada por el actor en la demandada, era el (sic) de representante de ventas para la zona Costa Norte, y entre las labores que le eran asignadas, le tocaba hacer igual labor con distinta empresa Cat Jeans Limitada, que durante el tiempo que viajaban, su labor era visitar almacenes de cadena para hacer la correspondiente venta, contratar impulsadora para los mismos almacenes, controlarles inventarios y horarios de las mismas, y hacer los correspondientes cobros.

De las declaraciones antes citadas, se divisa que ninguno de los declarantes le constan los hechos de la demanda por haber laborado directamente con la empresa, o por haber presenciado contiguamente los movimientos del actor desde el ingreso hasta el retiró (sic) de la compañía, pues por el contrario sostienen saber lo narrado por ellos, porque viajaban con el demandante en las correrías, y así lo apreciaban, basando su testimonio en que el demandante exhibía muestrarios que eran de la empresa, desconociendo los extremos laborales y funciones exactas ejercidas por éste, lo que ciertamente no configura un contrato de trabajo, como bien lo señaló el A quo, pues de esta manera los testimonios a la luz del derecho probatorio resultan ser dudosos y vagos, por lo que no es dable darles el valor probatorio pretendido por la parte apelante.

Se infiere de lo anterior, que el calificador efectivamente tuvo en cuenta los testimoniosinvocados (sic) por el recurrente, no considerándolos idóneos para demostrar la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, compartiendo la Sala tal postura, de conformidad con la libre formación del convencimiento, establecido en el artículo 61 del CPL […].

Es palmario entonces, contrario a lo que expresa el inconforme, que el A-quo si (sic) tuvo en cuenta los testimonios aportados por el demandanteal (sic) momento de fallar (Fol. 881 de los considerandos de primera instancia). Cosa distinta es que no le haya dado a éstos el valor probatorio pretendido por el demandante, esto es, que ellos demostraban la existencia de un contrato de trabajo, determinando en cambio que no lo probaban, no existiendo certeza de que la prestación de servicio del demandante obedeciera a un contrato de trabajo, ni mucho menos exactitud y precisión que puedan llevar pleno convencimiento a la Sala del hecho que se discute; por lo tanto, esta prueba no es considerada suficiente para demostrar la existencia de un contrato de trabajo entre las partes ahora en litigio, como era su cometido.

De todo lo esbozado tenemos, que al exponer el demandante que lo realmente celebrado entre él y la demandada fue un contrato de trabajo y no un contrato comercial como lo acreditan los documentos probatorio (sic) aportados al plenario, así debía demostrarlo dentro del proceso, sin que se observe que se haya cumplido con este cometido procesal, pues la prestación de servicio que se podría deducir de las probanzas no infieren que correspondan a un contrato de trabajo, pues aún si así se declarara, la demostración de los extremos del mismo principalmente se haría necesaria para efectos de cuantificar los valores correspondientes a pagar sin que haya lugar a dubitaciones o cálculos aleatorios que pudieran generar en vulneración de los derechos laborales, constitucionales o legales de alguna de las partes. Demostración que al no existir, hace improcedentes las pretensiones demandadas.

Ahora, la parte recurrente indica en su alzada de (sic) que el A quo invirtió la carga de la prueba referente a la presunción legal, al exigir que debía ser el demandante quien debía probar la subordinación.

Sobre este tópico, la Corte Suprema de justicia en sentencia No. 36549 de 2009, M.P. Dr, Camilo Tarquino Gallego, señaló en un caso similar lo siguiente: […].

Así las cosas, acorde con la sentencia de la Corte citada, es palmar que no pueden prosperar las peticiones contenidas en la demanda introductoria, como ya se dijo, por cuanto el accionante no cumplió con la carga procesal de demostrar los extremos temporales del supuesto contrato de trabajo que reclama, pues no es factible establecer con exactitud si el servicio prestado obedeció a un contrato de trabajo y de forma precisa que día inició y cuando feneció el vínculo jurídico que ligó a las partes, ausencia demostrativa que impone absolver a la demandada de los derechos laborales pretendidos. Carga probatoria que conforme a lo previsto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al asunto por integración analógica del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, le correspondía al accionante, y que no cumplió.

Por lo tanto, al no haberse allegado al proceso por el demandante ALBERTO MORENO ESCOBAR prueba testimonial ni documental suficiente tendiente a demostrar lo afirmado y solicitado en el libelo de demanda relativo a la existencia de un contrato de trabajo, incumpliendo así con la obligación de autorresponsabilidad probatoria por ser la prueba echada de menos de su incumbencia, debe absolverse a la demandada SOCIEDAD COMERCIAL C.I. IBLU S.A. de todas las pretensiones incoadas en su contra por el actor, como efectivamente lo hizo el Juzgador de instancia al decidir el asunto.

Por lo anterior, no es posible consentir las argumentaciones enrostradas por el demandante tendiente a edificar en este caso una declaratoria de contrato y en consecuencia una eventual condena.

Así las cosas entonces, y en virtud de todo lo reseñado precedentemente, al no encontrase justificados los supuestos fácticos de los hechos y pretensiones que con esta demanda perseguía el actor, es obvio que no está demostrada la existencia del contrato de trabajo reclamado por éste, debiéndose en consecuencia mantener la absolución propalada por la juez de instancia, y por ende, CONFIRMAR la sentencia impugnada dado que la censura no tiene la fuerza para quebrarla y la misma goza de la presunción de certeza y legalidad que le es inherente a este tipo de decisiones cuando son revisadas en segunda instancia, como en este caso, en virtud del recurso de apelación.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la sentencia del a quo y, en su lugar, condene a la demandada de conformidad con las pretensiones formuladas en el escrito demandatorio inicial.

Con tal propósito formuló un cargo, por la causal primera de casación, que no fue objeto de réplica.

CARGO ÚNICO

Acusó la sentencia por la vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 29 y 53 de la CN, 23, 24, 64, 65, 99, 186 y 249 del CST; 2 y 4 de la Ley 50 de 1990, 1 de la Ley 52 de 1975 y 33 de la Ley 100 de 1993.

Denunció que el tribunal incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho:

1) No dar por demostrado estándolo, que entre el señor ALBERTO MORENO ESCOBAR y la SOCIEDAD COMERCIAL C.I IBLU S.A existió en la realidad un contrato de trabajo.

2) No dar por demostrado estándolo, que el señor ALBERTO MORENO ESCOBAR prestó sus servicios personales de trabajo bajo la continuada dependencia y subordinación de la demandada SOCIEDAD COMERCIAL C.I IBLU S.A, en calidad de vendedor en la Costa Atlántica.

3) No dar por demostrado, estándolo, que el señor ALBERTO MORENO ESCOBAR recibía de la SOCIEDAD COMERCIAL C.I IBLU S.A el pago de una comisión o remuneración mensual del 3%, así: dicho porcentaje de ventas; los cobros diarios le eran cancelados 6% a los 60 días y 5% por cobros al mes; transcurridos 120 días no se pagaba comisión al demandante.

4) No dar por demostrado estándolo, que la relación laboral del señor ALBERTO MORENO ESCOBAR y la SOCIEDAD COMERCIAL C.I IBLU S.A se prolongó desde el primero (1°) de abril de 1984 hasta el día 30 de enero de 2008.

5) No dar por demostrado, estándolo, que la SOCIEDAD COMERCIAL C.I IBLU S.A decidió dar por terminado unilateralmente y sin justa causa el contrato de trabajo al señor ALBERTO MORENO ESCOBAR.

6) No dar por demostrado estándolo, que la SOCIEDAD COMERCIAL C.I IBLU S.A le adeuda al señor ALBERTO MORENO ESCOBAR el auxilio de cesantías e intereses sobre cesantías causados durante todo el tiempo de la relación laboral que existió entre las dos partes, esto es desde el 1° de abril de 1984 hasta el 30 de enero de 2008; al igual que las primas de servicio y vacaciones causadas igualmente durante dicha relación laboral.

7) No dar por demostrado estándolo, que la SOCIEDAD COMERCIAL C.I IBLU S.A adeuda al señor ALBERTO MORENO ESCOBAR la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa legal.

8) No dar por demostrado estándolo, que la SOCIEDAD COMERCIAL C.I IBLU S.A adeuda al señor ALBERTO MORENO ESCOBAR la indemnización por concepto de sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo. (sic) Por el no pago de las prestaciones sociales y vacaciones al demandante a la terminación unilateral del contrato de trabajo.

Aseveró que los errores tuvieron origen en la apreciación errónea de los siguientes elementos probatorios: el contrato de agencia comercial celebrado entre el señor Alberto Moreno Escobar y la sociedad comercial CI Iblu SA, suscrito en enero de 2004 (f.os 19 a 25), el contrato de esa misma denominación suscrito entre ellos el 1 de enero de 1999 (f.os 26 a 33), similar convenio celebrado el 1 de agosto de 1990 (f.os 34 a 42), las planillas de liquidación de comisiones de vendedores (f.os 46 a 48, 52 a 89, 86 a 94, 97 a 100, 112 a 155, 157 a 161, 163 a 194 y 196), las consignaciones efectuadas por CI Iblu SA a favor del señor Moreno Escobar (f.os 162, 165 y 195).

En la demostración del cargo explicó que el ad quem incurrió en una contradicción al afirmar que:

De los documentos antes relacionados, y aportados por el actor con el propósito de probar los hechos por el perseguido (sic), se percibe que si (sic) hubo una prestación de servicio, sin que se pueda demostrar a ciencia cierta, si efectivamente existió o no un contrato de trabajo, pues no se evidencian los elementos constitutivos del mismo, o por lo menos la actividad personal del actor ni la de los extremos laborales que rigieron la prestación del servicio.

Explicó que el tribunal entró en un contrasentido argumentativo y jurídico al dar por acreditada la prestación personal del servicio por parte del actor, sin proceder a hacer efectiva la presunción legal consagrada en el artículo 24 del CST, que invierte la carga de la prueba para que sea la empresa demandada quien desvirtúe los elementos del contrato de trabajo, lo que dejaba al recurrente relevado de la obligación de demostrar la subordinación.

Agregó que la apreciación probatoria del tribunal, además de errónea, es contraria a la jurisprudencia sentada por esta corte en la sentencia CSJ SL 30947, 1 jul. 2009, reiterada en la CSJ SL 40270, 1 nov. 2011, en las que, según el censor, se dijo que, en ningún caso, quien preste un servicio está obligado a probar que lo hizo bajo continua dependencia y subordinación, para que la relación surgida pueda entenderse gobernada por un contrato de trabajo. Explicó que la presunción jamás fue desvirtuada por la sociedad demandada, pues el material probatorio que esta aportó no sirve a ese propósito.

El casacionista adujo también que el tribunal incurrió en otro error de hecho, que consistió en haber apreciado, con base en los volantes de consignación aportados por el actor, que en ellos figura el nombre de la empresa demandada como depositante, y adjunto a los mismos aparece el valor de las comisiones y deducciones, a pesar de lo cual esa información no resultó suficiente para el cumplimiento de la exigencia de la prestación personal del servicio por el demandante, a quien correspondía su acreditación, la cual, dijo el juzgador, brillaba por su ausencia, así como tampoco encontró, pudiendo deducirlo de las mismas piezas probatorias, los extremos temporales del contrato de trabajo.

Explicó que el tribunal desconoció que esos volantes demuestran la remuneración percibida por el censor, al tiempo que criticó la «[…] falta de rigor» de ese juez plural al momento de valorar las pruebas documentales aportadas por el actor y aseguró que simplemente le fue más fácil al fallador de segunda instancia apresurarse a no dar demostrados los extremos de la relación laboral y el monto de la remuneración, respecto de la relación laboral existente entre los litigantes, cuando estos elementos sí quedaron establecidos, pues con tales volantes se deduce el monto de los pagos percibidos, mientras que los topes temporales del vínculo laboral surgen de los contratos de agencia comercial.

Apoyó sus argumentos en diversas sentencias de esta sala, que consideró que fueron contravenidas por el ad quem.

CONSIDERACIONES

El tribunal fundamentó su decisión en que las documentales que la parte demandante incorporó al legajo daban cuenta de que «[…] si (sic) hubo una prestación de servicio», sin que por ello se haya estructurado plenamente un contrato de trabajo, «[…] pues no se evidencian los elementos constitutivos del mismo, o por lo menos la actividad personal del actor ni los extremos laborales que rigieron la prestación del servicio». En cuanto a la remuneración, dijo que «[…] las planillas de liquidación de comisiones de vendedores, aportadas al plenario por el demandante […] no le dan mayores luces a este proceso en relación a (sic) lo instado por el actor, […] sin que se observe que obedecían a una prestación personal del servicio por parte del demandante», a la par que dedujo de esas planillas que su sola presentación no permite entender el cumplimiento de «[…] la exigencia de a prestación personal del servicio por el demandante, […] la cual brilla por su ausencia».

Luego de esos análisis documentales, el tribunal abordó las declaraciones de los testigos Álvaro Antonio Marín Díaz (f.os 848 a 851) y Jorge Antonio Vargas Agudelo (f.os 115 a 116, cuaderno de despachos comisorios), de las cuales extrajo que a ellos no les constaban los hechos de la demanda, en particular, los extremos laborales y las funciones exactas que desempeñó el actor, de donde consideró que el contrato de trabajo no quedó establecido, para rematar indicando que, quien se reputaba trabajador, no solo debía probar la prestación personal del servicio, sino, además, correr con las cargas probatorias respecto de los extremos temporales de la relación, el monto del salario y la jornada laboral, entre otros, según jurisprudencia de esta corporación, elementos que tampoco encontró probados en el caso de autos.

Ahora bien, para resolver el cargo, que fue formulado por la vía de los hechos, es preciso analizar los elementos probatorios documentales denunciados como mal apreciados por el recurrente, pues son hábiles en el recurso extraordinario, al tenor del numeral 3º del artículo 87 del CPTSS, ejercicio del cual la sala encuentra que el tribunal sí cometió un error, pues a pesar de que tuvo a la vista y reconoció la existencia de los contratos de agencia comercial celebrados entre las partes, visibles entre folios 19 y 42 del expediente, y aun cuando inicialmente dijo que percibía de ellos la prestación de servicios, a renglón seguido, y de manera paradójica, manifestó que no estaba evidenciada la actividad personal del actor, ni los extremos laborales que la rigieron (f.º 931).

Tal contradicción resulta evidente, pues el objeto de esos contratos tenía que ver con la actividad de promoción y venta de los productos que comercializaba la empresa demandada y, al menos el primero de los documentos que aparece en el expediente, suscrito en enero de 2004, fue rubricado a título personal por el señor Moreno Escobar, mientras que los otros dos (f.os 26 a 42) fueron firmados por el mismo, pero en condición de representante legal de la sociedad Moreno Vergara y Cía. Ltda., lo que tiene incidencia en la decisión.

Así entonces, esa documental, contentiva de los contratos de agencia comercial que acordaron los litigantes, sí permitía entender que el hoy recurrente se comprometió, en una oportunidad a título personal y en otras dos ocasiones como representante de una empresa, a desarrollar las actividades ya mencionadas a favor de la demandada, luego, al menos en cuanto al contrato de folios 19 a 25, sí se podía deducir, sin mayor esfuerzo, que existió una prestación de servicios personales a cargo del demandante, con lo que, a partir de enero de 2004 era dable establecer que existió un nexo en el que él se podía reputar trabajador a favor de la empresa CI Iblu SA, al menos mientras pudiera sostenerse la presunción establecida en el artículo 24 del CST.

Ese error incidió en las resultas de la litis, pues el tribunal dejó de aplicar el mandato contenido en el ya mencionado artículo 24 de la codificación sustantiva del trabajo, según el cual: «Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo», y dejó de atender a ese mandato, cuando menos, en lo que respecta al vínculo contractual que ligó a las partes desde enero de 2004.

Empero, si bajo tal argumento se declarase nula la decisión confutada, en sede de instancia la corte no podría hacer cosa diferente que confirmar la sentencia de primer grado, pues, de una parte, con la prueba establecida en el expediente no se puede concluir que esos servicios fueron de índole laboral durante todo el tiempo reclamado, ya que se observa que en los contratos celebrados el 1 de agosto de 1990 y el 1 de enero de 1999, el demandante obró como representante legal de Moreno Vergara y Cía. Ltda., circunstancia que reafirmó cuando, en la audiencia en la que rindió su declaración (f.os 833 a 834), reconoció como suyas las firmas que se le pusieron de presente, plasmadas en los textos de los aludidos contratos de agencia comercial, lo que significa que, conforme al mandato del artículo 98 del CST, al obrar como agente vendedor mediante una empresa comercial de la que era su representante legal, el señor Moreno Escobar, no actuaba como trabajador de la empresa demandada, sino como un prestador independiente de servicios, de manera que ese primer análisis desvirtúa, al menos con anterioridad al año 2004, la existencia de un contrato de trabajo.

En cuanto a este tema, la corte se ha pronunciado en la providencia CSJ SL 14382, 26 sep. 2000, en los siguientes términos:

En caso similar al presente, donde también es demandada la sociedad Comercializadora Bel O’ware Ltda bajo similares presupuestos fácticos y frente al mismo cargo que aquí se estudia, tuvo oportunidad de pronunciarse la Sala sobre la correcta aplicación que debe dársele al artículo 98 del Código Sustantivo del Trabajo (modificado por D. 3129/56, art. 3o) frente a los artículos 23 y 24 ibídem, guardando total pertinencia al tema de estudio:

“Acerca de este tema debe aclararse que el artículo 98 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el D. 3129/56, art. 3º, en efecto contiene una regulación especial, en cuanto prescribe que hay contrato de trabajo con los representantes, agentes vendedores y agentes viajeros cuando al servicio de personas determinadas bajo su continuada dependencia y mediante remuneración se dediquen personalmente al ejercicio de su profesión y no constituyan por sí mismos una empresa comercial. Sin embargo, es evidente que ni ésta disposición ni sus reglamentarias, pretendieron excluir a los trabajadores contemplados en ella del ámbito de aplicación de los artículos 23 y 24 de C.S.T, sino más bien marcar con mayor nitidez, la diferencia entre éstos y quienes cumplen actividades similares pero bajo la modalidad independiente, vale decir sujetos a un nexo comercial exento del elemento subordinación. Consiguientemente, es claro que como el mencionado artículo 24 del C.S.T. no excluyó de su regulación a los trabajadores del artículo 98 ibídem, ni lo hizo el desaparecido inciso 2 del artículo 2 de la reforma de la ley 50 de 1990, no le asiste razón al censor en su planteamiento.” (Sent. 22 de agosto de 2000, mag. Ponente Dr. Francisco Escobar Henriquez, rad. 14542, Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia).

Aplicando ese antecedente jurisprudencial al caso de autos, dado que el demandante obró en 1990 y 1999 como representante de una persona jurídica, cuya existencia, además, está verificada con el certificado de existencia y representación de folios 490 a 492, y sin que pueda determinarse probatoriamente que esa condición se modificó antes de suscribir el contrato del año 2004, no queda otro camino que definir que, hasta esta última fecha, en el expediente no obra prueba alguna que demuestre que la prestación de servicios se suscitó por razón diferente a ese vínculo entre empresas dedicadas al comercio de textiles, por lo tanto, durante el lapso analizado sería inviable acceder a las pretensiones del extremo activo.

De otra parte, a partir del mes de enero de 2004, el recurrente suscribió otro contrato de agencia comercial, pero este último, a diferencia de los ya estudiados, lo fue a título personal, con lo cual, según se advirtió, el mismo artículo 98 del CST reafirma la presunción de existencia de contrato de trabajo a la que se refiere el artículo 24 ibídem, lo que no significa que de forma automática pueda darse por establecido el nexo subordinante pues, a pesar de que el tribunal no paró mientes en los pormenores que se deducen de tal convenio, en todo caso, la parte demandada fue capaz de derruir la presunción enunciada, como se expondrá a continuación, lo que se acompasa con el criterio que ha establecido esta corporación en sentencias como la SL CSJ 4214-2019:

Así en la sentencia CSJ SL34223, 13 abr. 2010, en la que se rememoró la sentencia CSJ SL30437, 1 jul. 2009, se dijo:

De los anteriores apartes del fallo impugnado se desprende que el Tribunal, a pesar de que halló acreditada la prestación personal de servicios por parte del actor, se dio a la tarea de encontrar los restantes elementos de la relación de trabajo, dentro de ellos la subordinación laboral, con lo que no tuvo en cuenta que ese elemento, que es esencial para la configuración del contrato de trabajo, debía considerarse establecido por razón de la presunción consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, norma a la que no se refirió en su decisión y que, como es sabido, establece: “Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”.

Para la Corte es claro que, si el Tribunal tuvo por probado que el actor le trabajó a la demandada, no tenía por qué verificar si esa actividad laboral se hizo bajo subordinación laboral, pues ese hecho debió considerarlo debidamente acreditado por razón de la presunción consagrada en la norma legal que infringió directamente. Toda vez que esa presunción es de naturaleza legal y, por lo tanto, susceptible de ser desvirtuada, ha debido entonces el fallador indagar si la presunción se desvirtuó por la parte demandada, acreditando que los servicios se prestaron de manera independiente, esto es, su labor de análisis de las pruebas se debió orientar a encontrar la autonomía en la prestación de los servicios, mas no la subordinación, que, en principio, estaba acreditada por ministerio de la ley. (El resaltado es propio).

En aplicación de ese parámetro, y en lo que respecta a la presunción que habría operado a partir de enero de 2004, si se llegase a casar la sentencia del tribunal, ya en sede de instancia la sala encontraría que la parte demandada contrarrestó la certeza del elemento relativo a la subordinación o dependencia, a través de los testimonios que se recibieron mediante despacho comisorio y que obran en el respectivo cuaderno, entre folios 48 a 52, correspondientes a Isabel Cristina Ospina García, Samuel Bluman Levy y José Ignacio Molina Saldarriaga, quienes al unísono indicaron que durante todo el tiempo que el accionante prestó servicios a la empresa llamada a juicio, lo hizo sin recibir órdenes de nadie, con total independencia y libertad para realizar su gestión comercial, e incluso reafirmaron que nunca lo hizo a título personal, sino como representante de una firma comercial, a lo que agregaron que en caso de no asistir a alguna reunión que citara la empresa, no había ninguna consecuencia adversa a quienes actuaban como agentes comerciales, tal como el demandante. En conclusión, la parte demandada logró echar por tierra la presunción de existencia del contrato laboral al que aspiraba el impugnante.

A más de lo expuesto, aunque el cargo bajo estudio resultaría exitoso en su propósito de demostrar un error fáctico cometido por el juzgador colegiado, en todo caso, una vez logrado ese objetivo, también dejó libre de ataque uno de los basamentos del fallo, que corresponde al análisis que efectuó el tribunal respecto de las declaraciones de los señores Marín Díaz y Vargas Agudelo, quienes intentaron dar crédito a la versión del demandante, según el juez de apelaciones, sin éxito, lo que llevo al ad quem a confirmar el fallo absolutorio de primer grado, debido a lo parcial e indirecto del conocimiento de esos testigos respecto de los hechos; en ese sentido, ante la descalificación de esas manifestaciones, debía el censor cuestionar y derrotar aquella conclusión, so pena de que la providencia impugnada no pueda quebrarse por continuar amparada en un soporte que se presume cierto y atenido a la legalidad.

Sobre la necesidad de refutar todos y cada uno de los argumentos de la sentencia impugnada, la corte ha dicho en providencias como la CSJ SL351-2019:

[…], en la sentencia CSJ SL13058-2015, ha explicado la Sala lo siguiente:

La Sala reitera que la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, exige el despliegue de un ejercicio dialéctico dirigido puntualmente a socavar los pilares de la sentencia gravada, porque en caso contrario permanecerá incólume, soportada sobre los cimientos que resultaron útiles al Tribunal para resolver el caso sometido a su consideración.

Corresponde entonces al censor identificar los soportes del fallo que controvierte y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o la jurídica, o por ambas, en cargos separados, desde luego, si es que el fundamento de la decisión es mixto.

Así pues, dado que mediante las consideraciones de la sentencia de segundo grado no quedó estructurado uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, que constituye el objeto central de la litis, más exactamente la subordinación, por sustracción de materia se hace inocuo adentrarse en el estudio de otro de los resultados del fallo que fue objeto de crítica en el cargo, y que tiene que ver con los extremos temporales de la relación laboral.

Por último, el análisis del tribunal sobre la documental consistente en unas planillas de liquidación de comisiones de vendedores y las consignaciones efectuadas por la sociedad demandada, tampoco se muestra errado a tal grado que permita la casación del fallo, pues, en todo caso, encontrado como está que el vínculo contractual que unió a las partes fue diverso del laboral, esas pruebas solo demuestran cómo operó el pago de una remuneración de comisiones, que no es ajeno a otras formas contractuales de prestación de servicios, distintas de aquella que pregonaba la parte recurrente, lo que no permite concluir que por la sola existencia de ese elemento remuneratorio, quede confirmada la existencia del contrato de trabajo.

Conforme a lo explicado, a pesar de que el cargo resultaría eficiente para denunciar un error fáctico cometido en la sentencia confutada, por las razones aludidas, esa providencia se mantendrá en firme.

Sin costas en el recurso extraordinario, dado el resultado del cargo y por no existir oposición al mismo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013) por la Sala Primera Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ALBERTO MORENO ESCOBAR contra CI IBLU SA.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

SALVAMENTO DE VOTO

SL5476-2019

Radicación n.º 68648

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

Con el debido respeto por la posición mayoritaria, sustento el salvamento de voto en los siguientes argumentos:

En el proveído del que disiento, el Tribunal, del análisis de la prueba documental, percibió que sí hubo prestación personal del servicio, pero confirmó la decisión absolutoria por cuanto:

[…] hubo una prestación de servicio, sin que se pueda demostrar a ciencia cierta, si efectivamente existió o no un contrato de trabajo, pues no se evidencian los elementos constitutivos del mismo, o por lo menos la actividad personal del actor ni la de los extremos laborales que rigieron la prestación del servicio.

Y agregó:

Es palmar que no pueden prosperar las peticiones contenidas en la demanda introductoria, como ya se dijo, por cuanto el accionante no cumplió con la carga procesal de demostrar los extremos temporales del supuesto contrato de trabajo y de forma precisa que día inició y cuando feneció el vínculo jurídico que ligó las partes, ausencia demostrativa que impone a absolver a la demandada de los derechos laborales pretendidos. Carga probatoria que conforme a lo previsto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al asunto por integración analógica del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, le correspondía al accionante, y que no cumplió.

Por su parte, la decisión de la cual me separo si bien encontró acreditado el yerro del ad quem en la exégesis que hizo del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, consideró que en sede de instancia se debería igualmente confirmar la sentencia por observó que en los contratos celebrados el 1 de agosto de 1990 y el 1 de enero de 1999, el demandante obró como representante legal de Moreno Vergara y Cía. Ltda., sobre lo que dijo,

[…] significa que, conforme al mandato del artículo 98 del CST, al obrar como agente vendedor mediante una empresa comercial de la que era su representante legal, el señor Moreno Escobar, no actuaba como trabajador de la empresa demandada, sino como un prestador independiente de servicios, de manera que ese primer análisis desvirtúa, al menos con anterioridad al año 2004, la existencia de un contrato de trabajo.

En este análisis se incurre en un error porque concluye que el solo documento formalmente aportado al proceso permitiría demostrar que la relación contractual tuvo el carácter comercial alegado, marginando por completo el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades.

Por otra parte, se ofrece un entendimiento al artículo 98 del Código Sustantivo del Trabajo extrayendo del mismo algo que no dice y concluyendo que la sola suscripción del documento excluye la prestación personal de servicios propia del contrato de trabajo que a lo sumo, en virtud del artículo 24 ibidem, aquello le bastaba para tener por demostrado el servicio personal y por ende, presumida la existencia del contrato de trabajo.

En estos términos dejo expresado mi disenso con la posición mayoritaria de la Sala.

Fecha ut supra,

356235-165354000

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado

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