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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL552-2020

Fecha
18 de febrero de 2020
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL552-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veintitrés (23) de enero de dos mil catorce (2014) por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que instauró MARIO DE JESÚS ARIAS RINCÓN contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES y las sociedades ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. Costas como se dispuso en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL552-2020

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

18 de febrero de 2020

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL552-2020

Radicación n.° 66799

Acta 005

Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARIO DE JESÚS ARIAS RINCÓN frente a la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 23 de enero de 2014, dentro del proceso que adelantó contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES y de las sociedades ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.

ANTECEDENTES

Mario de Jesús Arias Rincón demandó a Porvenir S.A., a Colfondos S.A. y la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, con el fin de que se declarara: (i) la nulidad del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (en adelante RPM) al de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS); (ii) que es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y (iii) que tiene derecho a que le sea reconocida la pensión de vejez según los términos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condenara a Porvenir S.A. a trasladar a Colpensiones todas las cotizaciones efectuadas durante el período en que estuvo afiliado al RAIS. De igual forma, requirió que esta última entidad le concediera su derecho pensional a partir del 1º de octubre de 2011, junto con el pago del retroactivo por concepto de las mesadas causadas y no canceladas; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de todas las sumas adeudadas.

Para fundamentar sus pretensiones, indicó que nació el 9 de octubre de 1949, por lo que el 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años. Así mismo, sostuvo que se afilió al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) el 5 de abril de 1976 y que realizó ante esta entidad un total de aportes equivalente a 698,57 semanas.

Relató que el 14 de abril de 1999, por orden de su empleador, suscribió un formulario de afiliación a Colfondos S.A. Con lo cual, afirmó que fue inducido a error por parte de esta última, comoquiera que no se le suministró la información clara sobre las consecuencias que tendría su cambio de régimen pensional, motivo por el que la entidad omitió su deber de buen consejo. Adicionalmente, agregó que el 22 de abril de 2002 Colfondos S.A. trasladó sus aportes a Porvenir S.A.

Finalmente, aseguró que cuenta con 603,77 semanas cotizadas dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse y con 60 años, por lo que reunía las exigencias para causar la pensión de vejez en virtud del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.

Sin embargo, esgrimió que Porvenir S.A., mediante comunicado del 24 de abril de 2012, le informó que el comité de multiafiliación determinó que se encontraba afiliado al RPM, motivo por el que no era competente para otorgarle la prestación solicitada. Por su parte, afirmó que Colpensiones le negó su solicitud de pensión de vejez argumentando que perdió el beneficio de la transición porque no contaba con más de 15 años de cotizaciones antes del 1° de abril de 1994.

Al contestar la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, advirtió que no era cierto que el demandante tuviera 500 semanas cotizadas dentro los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima de pensión. Además, estableció que el señor Arias Rincón perdió el beneficio del régimen de transición por no tener 15 años de servicios al 1º de abril de 1994.

En su defensa, propuso las excepciones que denominó «VALIDEZ DEL NEGOCIO JURIDICO –TRASLADO DE FONDO», «INEXISTENCIA DE LA ALEGADA INDUCCIÓN AL ERROR», «PÉRDIDA DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN», prescripción y buena fe.

Colfondos S.A. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, sostuvo que la afiliación del demandante surtió efectos el 1° de junio de 1999 y no el 14 de abril del mismo año. Por último, puntualizó que,

[…] brindó al demandante y brinda a todos sus potenciales afiliados a través de sus asesores comerciales, toda información requerida para que estos tomen de manera libre y espontánea la decisión de permanecer en el régimen en el cual se encuentran o de trasladarse al Régimen de Ahorro Individual. Los asesores comerciales son capacitados de manera idónea por COLFONDOS S.A., antes de que puedan prestar la asesoría al público, mediante el programa de capacitación dispuesto por la compañía y que se encuentra a disposición y en conocimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En su defensa, planteó las excepciones que denominó «INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN», «FALTA DE CAUSA», buena fe, «VALIDEZ DE LA AFILIACIÓN AL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD» e «INEXISTENCIIA DE PÉRDIDA DEL REGIMEN DE TRANSICIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA AFILIACIÓN SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD A COLPENSIONES».

Por su parte, Porvenir S.A. se opuso a las pretensiones. En cuanto los hechos, afirmó que, pese a que el formulario que suscribió con el actor no se trataba de uno de traslado, lo cierto es que sí le suministró todos los elementos necesarios para que tomara una decisión libre e informada.

Propuso las excepciones de «Falta de legitimación en la causa por pasiva», «Inexistencia de las obligaciones demandadas», buena fe, pago y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 29 de octubre de 2013, absolvió a las demandadas de la totalidad de las pretensiones elevadas en su contra.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Tras apelación presentada por el demandante, la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante providencia del 23 de enero de 2014, confirmó en su integridad el fallo proferido por el Juzgado.

Como sustento de su decisión, advirtió que de las pruebas se encontraban acreditados los siguientes supuestos de hecho:

Que el demandante estuvo afiliado y cotizando al ISS desde el mes de abril de 1976 hasta febrero de 1999 acumulando un total de 698 semanas de aportes.

Para esa fecha decidió trasladarse al RAIS a través de COLFONDOS S.A. al cual estuvo afiliado hasta su posterior traslado a Porvenir S.A. el 19 de febrero de 2002.

Más adelante se re afilió nuevamente al ISS lo que generó una situación de multivinculación la cual fue resuelta el 13 de marzo de 2012 en donde se determinó que se encontraba válidamente vinculado al ISS.

Así pues, manifestó que el objeto de su decisión se circunscribía a determinar si el traslado del demandante del RPM al RAIS administrado por Colfondos fue nulo. Lo anterior, teniendo en cuenta que este le significó la pérdida del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de cual era beneficiario.

Al respecto, señaló que la Corte Constitucional por medio de las sentencias CC C-789 de 2002 y CC SU-062 de 2010 estableció la posibilidad de que las personas que contaran con más de 15 años de servicios cotizados al 1° de abril de 1994, mantuvieran los beneficios del régimen de transición, aun si habían decidido trasladarse del RPM al RAIS. No obstante, advirtió que al actor no le era aplicable la excepción constitucional ya que, para la vigencia del Sistema General de Pensiones, este contaba con apenas 10 años de aportes.

Por otro lado, se refirió a la validez de la afiliación del demandante a Colfondos, con el fin de determinar si dicha entidad cumplió con el deber de información que tenía a su cargo. Al respecto, del análisis de las pruebas allegadas al proceso sostuvo que,

Según el representante legal de COLFONDOS S.A. esa entidad cuenta con asesores comerciales capacitados para brindar toda la información necesaria a los potenciales afiliados al momento de suscribir el respectivo formulario de afiliación, pero a pesar de lo anterior, en el caso concreto esa información o asesoría nunca se dio, por cuanto lo único que ocurrió fue la presentación del documento o formulario de afiliación a COLFONDOS por parte de la secretaría de la empresa para ser firmado para proceder con el trámite correspondiente.

Ni en el momento de la firma del formulario ni en la fecha posterior el demandante recibió comunicación o contacto alguno con asesores de COLFONDOS S.A. para cualquier asunto relacionado con su afiliación y traslado de régimen pensional y,

La secretaria de la empresa quien en representación del empleador fue la persona que le presentó el formulario de afiliación para su firma al demandante, la señora RUTH MARÍA GAVIRIA tampoco desde su posición laboral le brindó ningún tipo de asesoría especifica con relación al traslado de régimen pues su obligación era simplemente tramitar la afiliación como tal de todos los trabajadores de la CORPORACIÓN MARCHANDO HACIA EL FUTURO.

En ese sentido, expuso que Colfondos S.A. no le prestó al demandante asesoría alguna y que, si bien en el formulario de afiliación figuraba la firma de una asesora, ello no significa que efectivamente «[…] esta hubiera tenido una participación activa y determinante en la decisión del demandante».

Pese a lo anterior, el juez plural concluyó lo siguiente:

Según el anterior panorama a juicio de la Sala no existen elementos suficientes para considerar que el acto jurídico de afiliación a Colfondos S.A. se encuentre viciado de nulidad por vicios en el consentimiento. Vicios que en los términos del artículo 1508 del Código Civil pueden ser el error, la fuerza y el dolo, los cuales han sido desarrollados también en el sistema general de pensiones en artículos como el 13 y el 60, según los cuales la afiliación a uno u otro régimen es libre y espontánea por parte del afiliado, así como la escogencia de la administradora de fondo de pensiones. En suma, no es clara la nulidad del acto jurídico pues la Sala no encuentra elementos suficientes que puedan inferir en un vicio en el consentimiento.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos en que fue presentado y bajo los alcances del recurso extraordinario.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia de segundo grado para que, una vez constituida en sede de instancia, revoque el fallo proferido por el Juzgado y, en su lugar, acceda a la totalidad de las pretensiones invocadas dentro de la demanda inicial.

Con tal propósito formuló dos cargos por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados y se resolverán en el orden propuesto.

PRIMER CARGO

Acusó la sentencia del Tribunal de quebrantar,

[…] Por la vía directa por interpretación errónea de los artículos 1603 del Código Civil, 3 de la Ley 1382 de 2009 en armonía con los artículos 174, 177 y 197 del C.P.C. y 145 del C.P.L.S.S., 4, 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, 1, 2, 3, 11, 12, 13, 36, 50, 76, 90, 97, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993, 11 del Decreto 694 de 1993, 36 de la Ley 100 de 1993, 12 del Acuerdo 049 1990 (Decreto 758 de 1990); en relación con los artículos 50, 141 de la Ley 100 de 1993, 8 de la Ley 4 de 1976. Artículos 48 y 53 de Constitución Nacional.

En la demostración del cargo, argumentó que el Tribunal no dio por probado el vicio de consentimiento, ya que impuso en él la carga de la prueba. Tal intelección configuró un error pues, de acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por esta Corporación, la carga de la prueba debió invertirse siendo las administradoras de fondos de pensiones las que demuestren que cumplieron con los debes de información a su cargo.

Así mismo, expuso que uno de los principales aspectos de la seguridad social después de 1993, ha sido brindar la posibilidad a los afiliados de que elijan libremente el régimen pensional al cual se quieren acoger. De esta manera, aseguró que de conformidad con el artículo 13 de la citada ley, la selección de cualquiera de los regímenes debía ser voluntaria e informada por parte del afiliado. En este sentido, advirtió que muchos afiliados se han trasladado a fondos privados con consecuencias adversas, no por su negligencia, sino por falta de una asesoría adecuada.

Estableció que la anterior situación se ha dado debido a «[…] un dialogo (sic) entre desiguales, en medio de sus diferencias». Es decir, que existe una asimetría entre el afiliado y las administradoras de fondos de pensiones, por lo que debe haber una inversión de la carga de la prueba respecto del deber de diligencia, pues son dichas entidades las que conocen todo lo atinente al funcionamiento del sistema de pensiones.

Posteriormente, trajo a colación el principio «pro homine», el cual describió como aquel que «[…] impone la aplicación de las normas jurídicas que sean más favorables al ser humano y sus derechos», para decir que,

Estas pinceladas demuestran la gran responsabilidad que tenían y tienen los Fondos Privados frente a los afiliados, pues la sola firma estampada en una proforma, no los puede liberar de ese deber de diligencia de índole profesional. Si ello es así, la carga de la prueba necesariamente está en sus hombros, no solo por los derechos que abroquela el consentimiento informado, sino también, procesalmente, por las afirmaciones o negaciones indefinidas que se plasma en una demanda así lo imponen.

Y si el legislador así lo consagró de manera expresa en la ley 100 de 1993 es porque entendió la trascendencia de la selección de uno u otro régimen al matizar que tenía que ser libre y voluntaria, y no puede tener este carácter una decisión carente de un conocimiento reflexivo en un asunto tan neurálgico como el régimen pensional.

Es tan así, que hoy muchos afiliados que se trasladaron de régimen se duelen, no de la decisión propiamente, sino de la falta de asesoría de los Fondos Privados y de unos ofrecimientos que los indujo en error, pues estaban huérfanos de un estudio previo serio, concreto e individualizado de la situación de cada uno de los afiliados legos en esta materia.

[…]

Desde el derecho debemos siempre privilegiar al ser humano, en tanto el fin último de aquél es la justicia y no se podría predicar ésta, si los operadores jurídicos no defendiéramos los derechos desde los mismos deberes que se imponen a quienes están obligados a cumplir específicas cargas o imperativos.

Es que esa falta de asesoría legítima necesariamente afecta derechos tan caros como el de la autonomía y la dignidad humana. Su ausencia indefectiblemente hace presumir la mala fe y trasladan la carga de la prueba del deber de información porque no se puede desconocer la inmensa posición dominante que ostenta los Fondos Privados sobre los pretensos afiliados.

Expresó que el RPM, «[…] si bien no es la panacea en materia de seguridad social pensional», está pensado para el ser humano, pues otorga a sus cotizantes una expectativa legítima de alcanzar la pensión de vejez. Por otra parte, aseveró que en el RAIS «[…] la pensión de vejez está sujeta a la volatilidad económica y a otros factores tales como la expectativa de vida del afiliado y sus potenciales beneficiarios, e inclusive a variables macroeconómicas y políticas, del todo ajenas a quienes con su esfuerzo pretenden conseguir una pensión que les permita una vida digna».

Agregó que la Ley 1328 de 2009 invirtió de manera expresa la carga de la prueba para el consumidor financiero, por lo que, a su juicio, los fondos de pensiones son los que deben probar su diligencia ante los estrados judiciales.

Adujo que los agentes comerciales de Colfondos S.A. se limitaron a «[…] cumplir un libreto a fin de “atrapar” un sinnúmero de afiliados sin hacer un serio y concreto análisis o estudio previo sobre su posición, condición y situación fáctica y jurídica, amén de las ventajas y desventajas, que les permitieran decidir libremente como lo establece la ley 100». Finalmente citó múltiples sentencias de la Sala, para advertir que en ellas se prevé igualmente la inversión de la carga de la prueba.

RÉPLICAS

Porvenir S.A. argumentó que durante las instancias no se probó que la información brindada por Colfondos S.A. no hubiera sido suficiente, clara y completa. En ese sentido, aseguró que no era posible concluir la existencia de un vicio de consentimiento.

Aseguró que, en caso de que hubiera existido nulidad relativa del traslado, esta quedó subsanada pues no se adelantó la acción pertinente en el término legal. Para fundamentar la anterior afirmación, citó jurisprudencia de esta Corporación.

Colfondos S.A. comenzó por señalar que el cargo se orientó por vía directa pese a que su sustentación contiene aspectos fácticos propios de la indirecta.

Sobre el fondo del ataque, refirió que el Tribunal acertó al considerar que no se encontraba probado el vicio de consentimiento pretendido por el demandante. Por el contrario, dijo que del formulario de folio 22 del cuaderno principal, es claro que este aceptó, mediante su firma, afiliarse de manera voluntaria. Añadió que el documento fue establecido en su momento por la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Para concluir, advirtió que,

Tan voluntaria y libre fue la decisión del demandante de cambiar de régimen durante los años de 1997 y 2002, que incluso en este último año, hizo uso nuevamente de la libertad que le otorga la Ley 100 de 1993 en esta materia y se trasladó al fondo de pensiones Porvenir. Sumado a lo anterior, el artículo 3 del Decreto 1161 de 1993, otorga el derecho al retracto dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de vinculación, derecho que no fue ejercido por el accionante, pues decidió pertenecer en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

No sobra destacar que la propia parte impugnante asevera que quien supuestamente lo coacción para cambiarse de régimen fue su empleador del año 1997 y no el fondo de pensiones.

Colpensiones planteó que, en caso de determinarse que el traslado del señor Arias Rincón desde el RPM al RAIS fue nulo, la acción habría «caducado», pues la demanda se presentó con posterioridad a los 10 años de la ocurrencia de los hechos.

CONSIDERACIONES

Inicia la Sala por referirse al reparo de orden técnico suscitado por los opositores, el cual consiste en que la proposición jurídica del cargo fue inadecuada, así como que este contiene una mixtura de vías.

Al respecto, se considera que, si bien pudiera asistirle razón a la réplica, dicho error no resulta suficiente para descartar su análisis de fondo, pues en virtud del criterio de flexibilización desarrollado por esta Corporación, se cumple con los requisitos mínimos y suficientes para legitimar su correspondiente estudio de fondo.

Ahora bien, la discusión que se propuso en el recurso de alzada, atinente a la obligación y el deber de información que tienen las administradoras de fondos de pensiones frente a la eventual decisión que tomen los afiliados de trasladarse entre regímenes pensionales, ya ha sido objeto de amplio estudio por parte de esta Corporación.

En ese sentido, y dado los contornos particulares del presente caso, conviene recapitular las diferentes aristas que han girado en torno a esta problemática de la siguiente manera:

La coexistencia entre regímenes pensionales y el derecho del afiliado en su escogencia

Con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, el legislador buscó afianzar a través del Sistema General de Pensiones, la cobertura plena y eficiente del derecho fundamental a la seguridad social. Así, para menguar las vicisitudes intrínsecas de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, aunado a la necesidad de satisfacerlas de manera integral y eficiente, introdujo la posibilidad de que coexistieran instituciones públicas y privadas que se encargaran, mediante el reconocimiento y pago de prestaciones, de proteger a la población afiliada que cada una tiene a su cargo.

Así fue analizado en sentencia CSJ SL19447-2017, en los siguientes términos:

Esta Sala de la Corte explicó, en su oportunidad que la transformación del sistema pensional, con la duplicidad de regímenes, obedeció al interés de reforzar la protección social en Colombia, a través de un Estatuto, en el que este derecho fuese visto también como un servicio público que el Estado procuró alcanzar a través de un piso básico de cobertura y con la incorporación de la universalidad, dotado de elementos de asistencia social y otras prestaciones definidas, en las que es determinante la participación pública y privada en los regímenes, pero eso sí, enmarcados en una buena administración de las instituciones y en el financiamiento a través de cotizaciones e impuestos.

Tal cometido se soporta en el principio general de garantía de los derechos irrenunciables de los ciudadanos a obtener una calidad de vida, acorde con la dignidad humana, a través de la protección de las contingencias que la afecten, en los distintos estadios de la existencia (artículo 1 L.100/93) y por ello se impone que el sistema sea integral, regulado a través de la eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, que en últimas son útiles en la práctica para cohesionar a todas las instituciones en la concreción de los derechos que a través de aquel se regulan.

Por lo tanto, se habilitó la operación simultánea del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (administrado por el ISS – hoy Colpensiones) y el de Ahorro Individual con Solidaridad (gestionado por los fondos privados), para que cada uno de ellos -obedeciendo a las disposiciones particulares y de funcionamiento que las regulan-, pudiera satisfacer integralmente las obligaciones que son de su competencia y respecto de cada una de las personas que de manera voluntaria decidieron afiliarse en uno o en otro, en concordancia con el marco de los principios constitucionales de los artículos 48 y 53 de la Carta Política y legales como el 1º y 2º de la Ley 100 de 1993.

De ahí que, inexorablemente, se evidencie la importancia de que las personas, al momento de escoger el régimen, estén debidamente asesoradas. Es así, pues la información asimétrica referente a la forma en que operan y conceden la prestación de vejez de los dos regímenes, comprometen la escogencia libre y consiente de los afiliados.

En ese sentido, frente a la importancia de la información y las consecuencias de su ausencia, la providencia CSJ SL4964-2018 dispuso:

[…] conforme el literal b) del artículo 13 de la ley en cita, la elección de cualquiera de los dos regímenes debe ser libre y voluntaria, lo que se exige no es cualquier tipo de asesoría, sino aquella que permita el ejercicio de la libertad informada, cuya infracción castiga la propia normativa en la medida en que indica que si el empleador o cualquier persona natural o jurídica la desconoce, se hace merecedor de las sanciones previstas en el inciso 1 del artículo 271, esto es que «el empleador y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de la Salud según el caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente, ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente.

Así mismo tal disposición prevé las consecuencias en la infracción de la información veraz cual es, que «La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador» lo que en este caso también resultaba relevante, en punto a la actuación de la empresa Quifarma S.A.

Es que el propio Estatuto de Seguridad Social, desde su origen, reconoce que, en el marco de los regímenes pensionales de prima media y el de ahorro individual con solidaridad, podían presentarse asimetrías en la información, sobre todo con estas últimas Administradoras de Pensiones, y contempló para el efecto unas consecuencias en las que, fundamentalmente, da cuenta sobre lo trascendente de las afiliaciones a ellos para los asociados, máxime la incidencia que, frente al régimen de transición tenían y en ese sentido adopta las correcciones pertinentes, también para los empleadores.

Así que es la propia ley la que sanciona, con severidad, el incumplimiento íntegro de los deberes de información que les atañe e incluso, para la controversia aquí suscitada ello era determinante, de un lado porque la simple manifestación genérica de aceptar las condiciones, no era suficiente y, de otro, correspondía dar cuenta de que se actuó diligentemente, no solo por la propia imposición que trae consigo la referida norma, sino porque en los términos del artículo 1604 del Código Civil, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo y, en este específico caso ellas no se agotan solo con traer a colación los documentos suscritos, sino la evidencia de que la asesoría brindada era suficiente para la persona, y esto no se satisfacía únicamente con llenar los espacios vacíos de un documento, sino con la evidencia real sobre que la información plasmada correspondiera a la realidad y atendiera las pautas para que se adoptara una decisión completamente libre, en las voces del referido artículo 13 de la Ley 100 de 1993 (subrayas fuera del texto).

El deber de información: contenido y alcance

Teniendo en cuenta el rol y la composición de las administradoras de pensiones, la ley ha estatuido en ellas el deber de informar idónea y oportunamente acerca de las ventajas y desventajas que acarrea para el afiliado la vinculación y/o posterior traslado entre uno y otro régimen.

Lo anterior, bajo el entendido de que son estas instituciones las que conocen y son expertas en el andamiaje y funcionamiento del Sistema General de Pensiones, pues es su deber suplir de la mejor manera posible todas las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte.

Dicho razonamiento quedó consignado en el fallo CSJ SL, 22 noviembre 2011, radicación 33083, así:

Esas particularidades ubican a las Administradoras en el campo de la responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, la misma que, por ejercerse en un campo que la Constitución Política estima que concierne a los intereses públicos, tanto desde la perspectiva del artículo 48 como del artículo 335, se ha de estimar con una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares.

Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, en especial las de los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del C.C., regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual.

La doctrina ha bien elaborado un conjunto de obligaciones especiales, con específica vigencia para todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión fiduciaria, como la de las administradoras de pensiones, que emanan de la buena fe, como el de la transparencia, vigilancia, y el deber de información.

Así las cosas, teniendo como punto de partida el hecho de que la afiliación o traslado entre regímenes trae consigo repercusiones de gran envergadura, a saber, los términos en que se causará y disfrutará el derecho fundamental a la pensión, debe indicarse con especial énfasis que el contenido de la información a suministrar por parte de las administradoras, debe constar imprescindiblemente tanto en las etapas del proceso de traslado, como de los beneficios o inconvenientes que puedan recaer sobre el afiliado, en concordancia con las diferentes alternativas para acceder a determinada prestación en los dos regímenes pensionales.

Por ende, esta Corporación en la providencia CSJ SL17595-2017, ha destacado como deberes y obligaciones de los fondos:

(i) la información que comprende todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional; (ii) el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la simetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad; (iii) una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconveniente, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado a tomar una opción que claramente el perjudica.

Así, el contenido de la información que los fondos deben suministrar no puede ser superficial ni abstracta, sino que tiene que supeditarse concretamente a las condiciones de cada uno de los afiliados. En ese orden de ideas, hace parte de los datos necesarios que se deben entregar, entre otros, la posibilidad de que aquellas personas vinculadas al RPM y que eran beneficiarias del régimen de transición, puedan perder dicha expectativa legítima de acceder a la pensión de vejez conforme a las prerrogativas existentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.

No cabe duda, que ocultar dicha novedad representa un agravio para el interesado, al menos, en lo que atañe al simple hecho de no poder decidir con todos los elementos de juicio que rodean su caso particular.

Carga de la prueba respecto de la información suministrada

La Sala ha fijado que es obligación de las administradoras demostrar que no hubo asimetría de la información y, por lo tanto, proveer a los jueces de todos los medios de convicción que permitan dar certeza de que, al momento de producirse el traslado entre regímenes, el afiliado contaba con todos los elementos de juicio suficientes para decidir libre y voluntariamente (CSJ SL12136-2014).

Así mismo, y con base en la suscripción del formulario de traslado como única prueba para desvirtuar la negligencia en la remisión de información al afiliado, la Corte en la providencia CSJ SL12136-2014 dijo:

De manera que, conforme lo discurrido queda claro que existirá ineficacia de la afiliación cuando quiera que i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

En ese orden, el Tribunal en su decisión incurrió en los yerros que se le endilgan, al considerar que no se acreditó el engaño por parte del actor, cuando resulta claro que la información, en este caso, del traslado de régimen, resulta ser de transparencia máxima, lo cual no puede ser ignorado por los jueces de instancia, dada la trascendencia del derecho pensional que está de por medio; de contera además, el juzgador desconoció el artículo 11 de la Ley 100/93, en donde se establece el respeto por los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos a quienes estén pensionados o hayan cumplido los requisitos, así como el literal b) del precepto 13 ibídem que trata sobre la selección libre y voluntaria de régimen.

Efectos de la nulidad de traslado

Sobre las consecuencias de declarar la nulidad del traslado entre regímenes pensionales, con ocasión del incumplimiento del deber que les asiste a las administradoras de suministrar la información necesaria para que el afiliado tome una decisión libre y veraz en los términos descritos con anterioridad, la Sala ha indicado que procede la devolución de los valores que el determinado fondo hubiera recibido, entre otras, las cotizaciones, el bono pensional si fuere del caso, además de los rendimientos e intereses que se hubieren causado.

No está de más aclarar que dicha situación no supone una retroactividad plena, pues han de mantenerse incólumes todas aquellas situaciones consolidadas y que presumieron una buena fe por parte del afiliado, como lo es el otorgamiento de las mesadas pensionales o de los derechos que pudieran haberse causado en el régimen al que retorna.

Así fue consignado en sentencia CSJ SL, 8 septiembre 2008, radicado 31989, donde concretamente se dijo:

Las consecuencias de la nulidad de la vinculación respecto a las prestaciones acaecidas no es plenamente retroactiva como lo determina la normatividad del derecho privado, la que no tienen cabida enteramente en el derecho social, de manera que a diferencia de propender por el retorno al estado original, al momento en que se formalizó el acto anulado, mediante la restitución completa de las prestaciones que uno y otro hubieren dado o recibido, ha de valer el carácter tutelar y preservar situaciones consolidadas ya en el ámbito del derecho laboral ora en el de la seguridad social; en la doctrina es indiscutido que la nulidad del contrato de trabajo, no priva al trabajador del derecho a su remuneración; o que en materia de seguridad social, en el laboral administrativo, según el mandato expreso del artículo 136 del C.C.A. el trabajador o el afiliado de buena fe, tiene el derecho a conservar, sin deber de restituir las prestaciones que le hubieren sido pagadas.

[…]

La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidos a terceros, en este caso, a la administradora del régimen de prima media en el que se hallaba el actor antes de producirse la vinculación cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago íntegro del derecho pensional, obligaciones por las que sólo ha de responder a partir de cuando le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aquí demandada.

Caso concreto

Del análisis del cargo presentado, teniendo en cuenta que fue dirigido por la vía directa, se encuentra que el Tribunal encontró probados los siguientes supuestos fácticos: (i) que Mario de Jesús Arias Rincón estuvo afiliado al ISS entre los ciclos 04-1976 y 02-1999, acumulando un total de 698 semanas de aportes; (ii) que en febrero de 1999 se trasladó al RAIS administrado por Colfondos S.A. hasta el 19 de febrero de 2002, fecha en la que se afilió a Porvenir S.A.; y (iii) que mediante pronunciamiento del comité de multivinculación del 13 de marzo de 2012, se resolvió que el actor había retornado a Colpensiones, entidad en la que se encuentra actualmente vinculado.

No obstante, el juez plural determinó a partir de las pruebas allegadas al proceso, que «[…] no existen elementos suficientes para considerar que el acto jurídico de afiliación a Colfondos S.A. se encuentre viciado de nulidad por vicios en el consentimiento». Es decir, no encontró probada la asimetría de la información, así como que el actor no contara con los medios necesarios para tomar la decisión que más le beneficiara.

Al respecto, se precisa que, del recuento normativo y jurisprudencial realizado, se debe concluir la necesidad de estudiar la ocurrencia de una presunta nulidad del traslado entre regímenes pensionales a la luz del análisis de los medios de convicción aportados en el expediente. Lo anterior, comoquiera que la información que deben brindar las administradoras de fondos de pensiones no es general y abstracta, sino que debe someterse a las particularidades y condiciones concretas de cada uno de los afiliados.

En consecuencia, el juez de instancia solo puede determinar si hubo asimetría de la información o negligencia en el deber de asesoría a partir de la apreciación de las pruebas aportadas por las partes dentro del proceso, para así concluir con base en la libre formación del convencimiento que le asiste, si hubo o no engaño al momento de efectuarse el correspondiente traslado.

Así pues, al haber estimado el Tribunal que no hubo vicios de nulidad, inexorablemente debió el recurrente encausar su ataque por la vía indirecta, pues de lo contrario se entiende que está conforme con las apreciaciones fácticas y probatorias a las que este arribó (CSJ SL 4438-2019, CSJ SL4014-2019, CSJ SL 4019-2019, CSJ SL 4141-2019, entre otros).

Se insiste en que la providencia de segundo grado tiene presunción de legalidad y acierto, motivo por el que este recurso extraordinario no le permite a la Corte juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, habida cuenta de que su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia impugnada con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto (CSJ SL1693-2018; CSJ AL1292-2017).

En ese orden, se reitera, no fueron atacados los pilares fundamentales del fallo impugnado, pues debieron acusarse los errores de hecho y las pruebas que no fueron apreciadas o erróneamente valoradas, para así concluir que la administradora de pensiones incumplió con los deberes que tenía a su cargo.

En consecuencia, el cargo no prospera.

SEGUNDO CARGO

Acusó la sentencia recurrida de violar,

[…] por la vía directa por infracción directa los artículos 1, 2 y 12 del Decreto 3995 de 2008, 36 de la Ley 100 de 1993, 12 del acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990), 2° de la ley 797 de 2003, 1 del decreto 3800 de 2003, en relación con los artículos 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993, 8 de la Ley 4 de 1976 y por aplicación indebida del artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional.

Se centró en advertir que el Tribunal erró al considerar que tener 15 años cotizados antes de 1º de abril de 1994 era la única manera de conservar el régimen de transición, con ocasión del traslado entre regímenes pensionales. Sobre este punto, advirtió que el Decreto 3995 de 2008 habilitaba para que cuando hubiera «multivinculación», el afiliado podía recuperar el beneficio de la transición.

Señaló que una interpretación sistemática permitía inferir que el propósito de la normatividad referida en precedente era «[…] definir los casos de vinculación a los dos regímenes de manera simultánea y por ende que el pretenso derechohabiente a la pensión recupere el régimen de transición». Así pues, dijo lo siguiente:

Inclusive, es cierto que el artículo 12 del Decreto 3995 de 2008 dispone que se pueden trasladar del RAIS al RPM aquellas personas que estén a menos de 10 años de pensionarse, teniendo en cuenta lo establecido en las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, exigencia de estar inmerso en la sentencia C-789 de 2002, lo que resulta inocuo, pues siempre se podrá trasladar quien tenga 15 años de servicio al 1 de abril de 1994, sin necesidad inclusive de demanda judicial alguna (Ver SENTENCIA SU-168 de 2009), por ello, el regreso del RAIS al RPM, es recuperando la transición con el requisito de la edad y no con el tiempo de servicios.

RÉPLICAS

Porvenir S.A. planteó que la tesis según la cual, a pesar al cambiar de régimen, se conserva el régimen de transición, carece de fundamento jurídico. Así, argumentó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para poder recuperar dicho beneficio, el demandante tendría que haber acreditado que cotizó más de 15 años antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Colfondos S.A. manifestó que para casos como el del demandante, de acuerdo con la sentencia SU-130 de 2013 de la Corte Constitucional, para recuperar el régimen de transición era necesario que se acreditaran los 15 años de servicios antes del 1° de abril de 1994. Sobre este punto, aseguró que el actor no cumplió con dicha exigencia, pues en las instancias se demostró que contaba con poco más de 10 años de cotizaciones en la fecha indicada.

Colpensiones aseguró que,

Sumado esto, en la demanda inicial y en la sustentación del recurso de apelación solo se pretendió que se declarar que el traslado al fondo de pensiones privado – Colfondos S.A., es nulo porque se habría tipificado un pretendido vicio de consentimiento del actor, pero nada se dijo respecto de una opinada multiafiliación.

Por eso la competencia funcional de la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín y de la Sala de Casación laboral y de Seguridad Social de la Corte Suprema de Justicia giró y debe girar única y exclusivamente del recurso de alzada. Pero siendo inconsecuente con la limitante mencionada, el recurrente pretendió incluir un inaceptable hecho nuevo en casación con base en una supuesta multiafiliación.

[…]

Finalmente, es muy importante analizar con inmenso cuidado este tipo de casos, ya que por la vía de las supuestas múltiple afiliaciones se está pretendiendo crear una puerta para recuperar el régimen de transición, cuando lo que ha ocurrido en la gran mayoría de los procesos es que hubo un traslado válido del I.S.S. a un fondo privado, y se procura disfrazar el regreso al Instituto (-hoy en día Colpensiones-) mediante una inexistente múltiple afiliación para obviar el requisito para la conservación del régimen de transición consistente en haber cotizado un mínimo de quince (15) años para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

CONSIDERACIONES

Con base en las argumentaciones erigidas dentro del presente cargo y, teniendo en cuenta que el mismo se dirigió por la vía directa, no son objeto de debate los hechos acreditados por el juez plural, tal y como se señaló en el cargo anterior.

Así las cosas, se tiene que los problemas jurídicos a resolver se circunscriben a determinar (i) si el actor se encontraba inmerso en un conflicto de multiafiliación y, por ende, el traslado efectuado del RPM al RAIS, administrado por Colfondos, carecía de validez; y (ii) si constituye un requisito acreditar los 15 años de servicios al 1º de abril de 1994, a efectos de recuperar la transición con ocasión del traslado de régimen o si, por el contrario, le bastaba al señor Arias Rincón con tener al menos 35 años de edad al momento de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones.

El conflicto de multiafiliación

La figura de la multiafiliación fue desarrollada a partir del artículo 17 del Decreto 692 de 1994, el cual en su tenor literal prevé lo siguiente:

Artículo 17. Múltiples vinculaciones. Está prohibida la múltiple vinculación. El afiliado sólo podrá trasladarse en los términos de que trata el artículo anterior, sin embargo, cuando el afiliado cambie de régimen o de administradora antes de los términos previstos, será válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales. Las demás vinculaciones no son válidas y se procederá a transferir a la administradora cuya afiliación es válida, la totalidad de saldos, en la forma y plazos previstos por la Superintendencia Bancaria.

Parágrafo. Las administradoras podrán establecer sistemas de control de multiafiliación, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia Bancaria para dirimir, en casos especiales, los conflictos que se originen por causa de las múltiples vinculaciones (subrayas fuera del texto).

De su lectura, se colige que la multivinculación se configura cuando el afiliado se trasladó entre regímenes pensionales (del RPM al RAIS o viceversa), por fuera del término otorgado por la ley para tales fines. Lo anterior, trayendo como consecuencia que se deberá tomar como válida, únicamente, la última afiliación que se hizo respetando los períodos concedidos para ello.

Así las cosas, se tiene que los artículos 11 y 15 del Decreto 692 de 1994 previeron dos escenarios posibles y en los cuales se fijaron los plazos para la procedencia del traslado: (i) en el caso en el que los afiliados estuvieran vinculados al ISS al 31 de marzo de 1994, podían continuar automáticamente suscritos en dicha entidad y cambiarse en cualquier tiempo; y (ii) en el evento en que hubieran hecho su selección inicial a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, podían trasladarse solo después de haber transcurrido 3 años de conformidad con el artículo 15 de la norma suscitada, el cual se modificó posteriormente a 5 años según lo consagrado en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003.

Tal análisis fue expuesto en sentencia CSJ SL8215-2016, así:

La múltiple afiliación se presenta cuando no puede ser válida la última si no se realiza dentro de los términos previstos en la ley. El artículo 17 del Decreto 692 de 1994 al prohibir la múltiple vinculación, señaló que el afiliado sólo podrá trasladarse de régimen o de administradora de pensiones, cuando dicho cambio se lleve a cabo en los plazos que para tal efecto se tienen fijados, resultando válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales; las demás no serán válidas ni legítimas, debiéndose proceder a transferir la totalidad de los saldos a la administradora cuya afiliación resulte válida.

Para el traslado de régimen, que es el punto que interesa al recurso extraordinario, una vez efectuada la selección inicial, los afiliados al sistema general de pensiones sólo podrán trasladarse de régimen transcurridos tres (3) años conforme a lo estipulado en el artículo 15 del Decreto 692 de 1994. Con la entrada en vigencia del artículo 2° de la Ley 797 de 2003, que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, este término se amplió a cinco (5) años.

Caso concreto

Sobre este punto, se tiene que no pudo existir una multivinculación para el momento en que el actor se trasladó del RPM al RAIS administrado por Colfondos en febrero de 1999. Lo anterior, dado que este se encontraba afiliado al ISS para el 31 de marzo de 1994 (pues estaba realizando aportes desde abril de 1976), por lo que estaba legitimado para cambiarse en cualquier tiempo, tal y como en efecto sucedió, respetando los plazos de los artículos 11 y 15 del Decreto 692 de 1994.

En ese orden de ideas, al haber estimado el comité de multivinculación el 13 de marzo de 2012, que el señor Arias Rincón se encontraba afiliado en Colpensiones y que era dicha entidad quien debía asumir las eventuales obligaciones pensionales, en nada afectó que el demandante se hubiera trasladado inicialmente y de forma válida entre regímenes pensionales.

En este sentido, la decisión de multiafiliación a la que se refirió el comité respectivo es aquella que ocurrió entre Porvenir S.A. y Colpensiones, pues respecto de ella no se presentaron los términos mínimos de permanencia indicados en la ley.

Así, se tendría que el señor Arias Rincón estuvo afiliado inicialmente al ISS, posteriormente a Colfondos S.A. y en virtud de la decisión del comité de multivinculación, retornó a Colpensiones.

Recuperación del régimen de transición

Estando resuelto el primer problema jurídico, compete responder el segundo interrogante y determinar si se equivocó el juez plural al fijar como único requisito para recuperar el régimen de transición del accionante, el cumplimiento de los 15 años de servicios al 1° de abril de 1994.

En ese sentido, esta Corporación ha sido clara en acusar que los beneficios de la transición se reestablecen, únicamente, cuando los afiliados, a pesar de haber trasladado del RPM al RAIS, tuvieren 15 o más años de servicios al momento de la vigencia del Sistema General de Pensiones. Por ende, no bastaba con probar solamente el cumplimiento de la edad mínima exigida (35 años al 1° de abril de 1994), tal y como acertadamente lo afirmó el Tribunal. Sobre este punto, el fallo CSJ SL15365-2017 puntualizó:

Lo primero que se impone precisar es que de conformidad con lo previsto en el inciso 4° de la Ley 100 de 1993, y en armonía con la hermenéutica impartida por la Corte Constitucional en la sentencia C-789 de 2002, el régimen de transición se pierde cuando sus beneficiarios voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, “caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen”.

Sin embargo, está prevista su recuperación, para aquellas personas que decidan retornar al Régimen de Prima Media, siempre y cuando a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones tuvieren 15 o más años de servicios o su equivalente en cotizaciones.

[…]

La Corte Suprema de Justicia sobre este tema ha mantenido una línea jurisprudencial uniforme, que tiene el carácter de reiterada. Ha considerado entre otras en sentencias de 31 de enero de 2007, rad. 27465; 1° de diciembre de 2009, rad. 36301; 9 de marzo de 2010, rad. N° 35406; y 14 de noviembre de 2012, rad. 38366, que los beneficiarios del régimen de transición que migraron al régimen de ahorro individual con solidaridad y posteriormente deciden regresar al de prima media con prestación definida, recuperan los beneficios de la transición siempre que, a la entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones, el 1º de abril de 1994, tuvieren 15 o más años de servicios cotizados.

No ha exigido el requisito de la equivalencia de aportes, porque ha considerado que se trata de condicionamientos no establecidos por la ley. En la sentencia rad. 35406 ya citada, dejó esta Corporación las siguientes enseñanzas:

«En realidad, la solución que se pretendió ofrecer a las personas que se encontraron ante un panorama como el descrito, a través de la sentencia C-789 de 24 de septiembre de 2002, se tradujo, prácticamente, en la imposibilidad de recuperar los beneficios del régimen de transición, pues al exigir que, además de retornar al régimen de prima media, y de trasladar todo el importe efectuado en el régimen de ahorro con solidaridad, dicho ahorro debía ser, por lo menos, igual ‘monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieran permanecido en el régimen de prima media’, pretextando proporcionalidad y salud financiera del sistema, introdujo unos condicionamientos no establecidos por la Ley.

Tan es así, que la propia Corte Constitucional en un pronunciamiento posterior en sede de tutela, reconoció la imposibilidad comentada, al concluir que siempre será mayor el porcentaje destinado a financiar la pensión de vejez en el régimen de prima media, que en el de ahorro individual (T-818/07)».

Por lo anterior, el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente, pues su recurso no salió avante y fue replicado. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones doscientos cuarenta mil pesos ($4.240.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el art. 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veintitrés (23) de enero de dos mil catorce (2014) por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que instauró MARIO DE JESÚS ARIAS RINCÓN contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES y las sociedades ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.

Costas como se dispuso en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

SALVAMENTO DE VOTO

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL552-2020

Radicación n.° 66799

Acta 005

Conforme lo expuse en la sesión donde fue objeto de debate la sentencia que origina este salvamento de voto, con todo respeto por la posición mayoritaria, considero que el Tribunal sí cometió la transgresión normativa endilgada por la censura, razón por la cual debió casarse la providencia impugnada.

Ello es así, por cuanto el ad quem encontró demostrado que Colfondos S.A. no le brindó asesoría alguna al demandante sobre el traslado de régimen. En tales condiciones, su decisión no podría considerarse libre y voluntaria, en los términos del literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, si en realidad no contaba con la información suficiente, relevante y completa acerca de las consecuencias, ventajas y desventajas que le acarreaba el tránsito de un régimen pensional a otro.

No se equivocó entonces el recurrente en la elección de la senda de puro derecho, pues esa conclusión fáctica del Tribunal no fue controvertida. Antes bien, precisamente esa realidad era la que le imponía al ad quem revocar el fallo del a quo, y en su lugar declarar la ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, siguiendo así la prolífica jurisprudencia de esta Corporación al respecto.

En estos breves términos dejo expuestos los motivos de mi disenso.

Fecha ut supra,

638810-162115500

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado

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