Ficha de la providencia
Sentencia SL5567-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL5567-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL5567-2021
Magistrado ponente: Ivan Mauricio Lenis Gomez
6 de octubre de 2021
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
SL5567-2021
Radicación n.° 66910
Acta 38
Bogotá, D. C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021)
La Corte profiere fallo de instancia en el proceso ordinario laboral que ÉDGAR EDUARDO BRICEÑO BELTRÁN promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
El actor solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes prevista en el artículo 7.° de la Ley 71 de 1988, el retroactivo insoluto causado desde el momento en que adquirió el derecho, los intereses moratorios y las costas procesales (f. 1 a 12).
Mediante fallo de 15 de junio de 2012, la Jueza Segunda Laboral de Descongestión del Circuito de Barranquilla decidió (f.° 99 a 101):
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción propuesta por el Instituto de Seguro Social.
SEGUNDO: CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar el beneficio de la pensión de vejez por aportes al señor Edgar Briceño Beltrán a partir del 1 de octubre de 2006, fecha de la última cotización en cuantía a $1.684.980.21 equivalente al 75% del salario base de liquidación que correspondió a la suma de ($2.246.640.27) de conformidad con lo establecido con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, más las mesadas adicionales y los respectivos reajustes legales en los años subsiguientes, sin que en ningún caso su valor sea inferior al salario mínimo legal vigente al momento de su causación y reconocimiento, sumas debidamente indexadas más los intereses moratorios vigentes en el momento del pago de conformidad con el art. 141 de la Ley 100 de1993.
TERCERO: CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales al pago del retroactivo pensional correspondiente al período de 1 de octubre de 2006 hasta mayo de 2012, que corresponde a $159.839.424.40.
CUARTO: No se condena en costas por no haberse causado.
Para justificar su decisión, la a quo estimó que el actor nació el 22 de enero de 1943, es beneficiario del régimen de transición y tenía 565,71 semanas cotizadas al ISS entre el 15 de enero de 1968 y el 30 de septiembre de 2006. Agregó que «al contabilizar las semanas en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público “5 días, 9 meses y 8 años”; en Administración de Impuestos y Aduanas de Pereira “15 días, 5 meses y 1 año”; en el Ministerio de Defensa Nacional “13 días, 2 meses y 3 años”, se concluiría que la (sic) demandante acredita un total de “4 días, 6 meses y 28 años”; razón por la cual acredita los 20 años exigidos por el artículo 7 de la ley 71 de 1988 para acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes», a partir de la fecha de la última cotización, esto es el 1.º de octubre de 2006.
Inconforme con la anterior decisión, la demandada interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara la providencia de la a quo; para el efecto, expuso que al condenar al reconocimiento del retroactivo pensional no se tuvieron en cuenta las mesadas que reconoció al actor desde el 1.º de marzo de 2005, de modo que se le obliga a conceder un doble pago de mesadas pensionales. Asimismo, señaló que no comparte el valor que se determinó como ingreso base de cotización, en tanto el mismo debió calcularse conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 con inclusión del promedio de lo que devengó el actor en los últimos 10 años «y no como mi representada inicialmente lo había realizado».
Por último, indicó que no había lugar al reconocimiento de los intereses moratorios, dado que su actuar fue diligente en relación con el estudio de las reclamaciones que el actor presentó, las cuales atendió de forma oportuna. Asimismo, que se debe considerar que «ha cancelado en debida forma las mesadas desde su reconocimiento y a la fecha no le adeuda valor alguno al demandante» (f.° 110 y 111).
Mediante sentencia de 19 de diciembre de 2012, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla revocó la decisión de primer grado, absolvió a la demandada de todas las pretensiones y se abstuvo de imponer costas en la alzada (f.° 121 a 123).
Al decidir el recurso de casación que interpuso el actor, mediante de sentencia CSJ SL5083-2020 de 30 de septiembre de 2020 la Corporación casó la decisión del Colegiado de instancia.
En la citada providencia, la Corte señaló que es posible computar los tiempos de servicio público del demandante que no fueron cotizados a algún fondo o caja de previsión social a efectos de estructurar el derecho a la pensión por aportes establecida en el artículo 7.° de la Ley 71 de 1988 (CSJ SL4457-2014, SL994-2018, SL2417-2019 y SL4287-2019), de modo que la concluyó que el ad quem se equivocó al no tener ello en consideración.
Para mejor proveer, la Corte ofició al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Administración de Impuestos y Aduanas de Pereira para que allegaran en el término de quince (15) días siguientes al recibo del oficio, certificación en la que constaran de forma detallada los tiempos de servicios que prestó Édgar Eduardo Briceño Beltrán, así como los salarios que devengó mes a mes. Asimismo, se requirió a Colpensiones para que aportara la historia laboral completa del asegurado en la que obraran las semanas cotizadas y los ingresos base de cotización.
Mediante comunicación de 22 de enero de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público allegó por correo electrónico la información solicitada; para el efecto remitió el «certificado de información laboral (…) en el que se detalla el vínculo laboral y el cual fue realizado en la herramienta CETIL (Certificación Electrónica de Tiempos Laborados)». Asimismo, informó que trasladó la solicitud de salarios mes a mes a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, en atención a que el actor laboró en dichas seccionales para los interregnos de «21 de diciembre de 1979 hasta el 15 de octubre de 1985 y 16 de octubre de 1985 hasta el 26 de marzo de 1987».
A su vez, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira mediante correo electrónico de 25 de enero de 2021 remitió el CETIL del actor. Lo propio hizo Colpensiones mediante comunicación electrónica de 28 de enero de esta anualidad, en la que envió la historia laboral y el reporte de semanas que cotizó el demandante. Por último, el Ministerio de Defensa no suministró lo requerido y sólo indicó «que la solicitud fue radicada con n.º RXT21-3304». La anterior información se puso a disposición del actor, quién no se pronunció en el término de traslado.
Ahora, advierte la Sala que con el fin de dar respuesta oportuna a la acción que adelanta el actor y pese a que el Ministerio de Defensa no dio respuesta al requerimiento que se le formuló, se procederá a proferir la decisión de instancia con la información obrante en el proceso, al estar dadas las condiciones necesarias para el efecto.
CONSIDERACIONES
Sea lo primero señalar que la sentencia proferida por la a quo tan solo fue recurrida por el ISS; de igual modo se aclara que la citada providencia no es revisable en consulta, dado que el proceso inició con anterioridad -22 de julio de 2011 (f.º 52)- a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1149 de 2011 en el Circuito de Barranquilla, conforme al Acuerdo n.º PSAA11-9006 de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa, esto es el 1.º de enero de 2012 (CSJ SL17300-2014, SL5195-2020 y SL185-2021).
Asimismo, advierte la Corte que la a quo reconoció la pensión por aportes al actor desde la fecha de la última cotización -1.º de octubre de 2006- y calculó el ingreso base de liquidación conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, aspectos que aquel no controvirtió y que no puede la Sala revisar desde su perspectiva, en tanto la sentencia no fue totalmente adversa a sus intereses y no puede hacer más gravosa la situación del único apelante.
En ese orden, procede la Sala a resolver el recurso de alzada en aplicación del artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que establece que «la sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación». (CSJ SL2808-2018 y SL3144-2021).
Conforme el alcance de la apelación de la entidad de la seguridad social, la Corte centrará el análisis en determinar si la a quo se equivocó en: (i) el reconocimiento de la reliquidación pensional; (ii) el ingreso base de liquidación que determinó; (iii) la liquidación del retroactivo pensional, y (iv) al imponer condena por intereses moratorios.
Claro lo anterior, en este asunto no se discute que: (i) el actor es beneficiario del régimen de transición y acreditó los requisitos para acceder a la pensión por aportes; (ii) el ISS le reconoció pensión de vejez en los términos de la Ley 797 de 2003, desde el 1.º de marzo de 2005 en cuantía inicial de $1.145.842 y negó el reconocimiento de indexación o intereses moratorios; (iii) determinó el ingreso base de liquidación para liquidar la prestación conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993; para el efecto tuvo en cuenta 1003 semanas cotizadas entre tiempos públicos y privados, salvo el tiempo prestado al Ministerio de Defensa Nacional que no se cotizó a alguna caja previsional; (iv) incluyó en la liquidación pensional los salarios que certificó el Ministerio de Hacienda para los años 1985 a 1987, y (v) aplicó a la prestación una tasa de reemplazo del 63.16%, tal como se precisa a continuación:
Acto
Reconocimiento
Modifica fecha causación.
Reliquidación pensional y Retroactivo
Resolución n.º 3408 de 17 de junio de 2005
Resolución n.º 8289 de 25 de julio de 2007
Resolución n.º 21712 de 21 de octubre de 2009
Norma Aplicada
Ley 797 de 2003
Ley 797 2003
Ley 797 2003
IBL
$ 1,783,305
$ 1,783,305
No indica
Tasa de Reemplazo
63.16%
63.16%
63.16%
Mesada Inicial
$1,126,225
$1,126,225
$ 1,145,842
Semanas tenidas en cuenta
1003
1003
1003
Fecha Causación
01-jul-05
01-mar-05
01-mar-05
Retroactivo
No Reconoce
$5,631,675
$82,429,076
Observaciones
N/A
N/A
A este valor se descontaron los aportes a salud, las mesadas que ya habían sido pagadas y se reconoció al actor $1.263.550
Folio
18 - 20
29-32
45 a 47 y reverso
Para una mejor comprensión del tema, la Corte analizará (i) la liquidación pensional del actor en los términos de la Ley 71 de 1988, y (ii) del retroactivo pensional y los intereses moratorios.
LIQUIDACIÓN PENSIONAL LEY 71 DE 1988
En relación con las personas beneficiarias del régimen de transición la Corte ha señalado que el ingreso base de liquidación se determina conforme al tiempo que les hiciere falta para adquirir la prestación económica a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones -1.º abril 1994-. Para el efecto, a quienes les faltaren menos de 10 años para consolidar el derecho la determinación del citado concepto se realiza al tenor de lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 ibidem, mientras que aquellas que les faltaren 10 años o más se aplica lo dispuesto en el artículo 21 ibidem (CSJ SL2510-2017, reiterada en SL2495-2019). Asimismo, que en este último escenario, es viable acudir a todo el tiempo cotizado en la vida laboral si el afiliado acumuló al menos 1250 semanas de aportes al sistema (CSJ SL 7263-2015).
En esta vía, pese a que no se discute en la alzada que el actor acreditó los requisitos para acceder a la pensión por aportes, al existir controversia en relación con el ingreso base de liquidación aplicable para calcular la prestación reclamada, es necesario establecer la fecha de causación del derecho pensional con el fin de determinar la norma a la que debió acudir la a quo para liquidar la pensión.
Pues bien, se tiene que el artículo 7.º de la Ley 71 de 1988 exige que para el acceso a la pensión de jubilación por aportes se deben acreditar 20 años «de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces» y 60 años de edad.
De modo que bastan las consideraciones expuestas en sede casacional en relación a que es posible acumular los tiempos de servicio laborados por el actor y que no fueron cotizados a alguna caja de previsión social para efectos de reunir el tiempo necesario para estructurar el derecho a la citada prestación (CSJ SL4457-2014).
Así, se advierte que el demandante nació el 22 de enero de 1943 (f.º 14, 30, 41, 45, 87 a 89), por tanto, cumplió 60 años el mismo día del año 2003 y acreditó un total de 1148,43 semanas entre tiempos laborados en el sector público y privado. Asimismo, que alcanzó las 1028 semanas de cotización que corresponden a 20 años de aportes, el 8 de noviembre de 2003, data en la que causó el derecho pensional, tal como se detalla a continuación en los siguientes cuadros:
Sector
Entidad
Desde
Hasta
Cargo
Aportes
Semanas
Folio.
Público
Ministerio de Defensa Nacional
16 jun. 60
16 ene. 62
Grumete D3
Sin aportes
112
42 y 43
Público
Ministerio de Defensa Nacional
16 mar. 62
5 oct. 62
Grumete D3
Sin aportes
42 y 43
Público
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
21 dic. 79
26 mar. 87
Guarda de aduanas
Cajanal
379
41
Privado
ISS hoy Colpensiones
15 ene. 88
1 sep. 2006
N/A
Colpensiones
657.43
Historia Laboral de Colpensiones Oficio Corte.
TOTAL, SEMANAS
1148,43
FECHAS
N° DE
TOTAL, SEMANAS
TOTAL 1.028 SEMANAS
DESDE
HASTA
DÍAS
EN TODA LA VIDA
AL 08/11/2003
16/06/1960
30/06/1960
15
2.14
2.14
Min Defensa
01/07/1960
31/07/1960
31
4.43
4.43
Min Defensa
01/08/1960
31/08/1960
31
4.43
4.43
Min Defensa
01/09/1960
30/09/1960
30
4.29
4.29
Min Defensa
01/10/1960
31/10/1960
31
4.43
4.43
Min Defensa
01/11/1960
30/11/1960
30
4.29
4.29
Min Defensa
01/12/1960
31/12/1960
31
4.43
4.43
Min Defensa
01/01/1961
31/01/1961
31
4.43
4.43
Min Defensa
01/02/1961
28/02/1961
28
4
4
Min Defensa
01/03/1961
31/03/1961
31
4.43
4.43
Min Defensa
01/04/1961
30/04/1961
30
4.29
4.29
Min Defensa
01/05/1961
31/05/1961
31
4.43
4.43
Min Defensa
01/06/1961
30/06/1961
30
4.29
4.29
Min Defensa
01/07/1961
31/07/1961
31
4.43
4.43
Min Defensa
01/08/1961
31/08/1961
31
4.43
4.43
Min Defensa
01/09/1961
30/09/1961
30
4.29
4.29
Min Defensa
01/10/1961
31/10/1961
31
4.43
4.43
Min Defensa
01/11/1961
30/11/1961
30
4.29
4.29
Min Defensa
01/12/1961
31/12/1961
31
4.43
4.43
Min Defensa
01/01/1962
16/01/1962
16
2.29
2.29
Min Defensa
01/02/1962
28/02/1962
Min Defensa
16/03/1962
31/03/1962
16
2.29
2.29
Min Defensa
01/04/1962
30/04/1962
30
4.29
4.29
Min Defensa
01/05/1962
31/05/1962
31
4.43
4.43
Min Defensa
01/06/1962
30/06/1962
30
4.29
4.29
Min Defensa
01/07/1962
31/07/1962
31
4.43
4.43
Min Defensa
01/08/1962
31/08/1962
31
4.43
4.43
Min Defensa
01/09/1962
30/09/1962
30
4.29
4.29
Min Defensa
01/10/1962
05/10/1962
5
0.71
0.71
Min Defensa
01/11/1962
30/11/1962
112
01/12/1967
31/12/1967
Total Semanas
15/01/1968
31/01/1968
17
2.43
2.43
01/02/1968
29/02/1968
29
4.14
4.14
01/03/1968
31/03/1968
31
4.43
4.43
01/04/1968
30/04/1968
30
4.29
4.29
01/05/1968
31/05/1968
31
4.43
4.43
01/06/1968
30/06/1968
30
4.29
4.29
01/07/1968
31/07/1968
31
4.43
4.43
01/08/1968
31/08/1968
31
4.43
4.43
01/09/1968
30/09/1968
30
4.29
4.29
01/10/1968
31/10/1968
31
4.43
4.43
01/11/1968
30/11/1968
30
4.29
4.29
01/12/1968
31/12/1968
01/04/1973
30/04/1973
23/05/1973
30/05/1973
8
1.14
1.14
01/06/1973
30/06/1973
01/03/1974
31/03/1974
26/04/1974
30/04/1974
5
0.71
0.71
01/05/1974
31/05/1974
31
4.43
4.43
01/06/1974
30/06/1974
01/07/1974
31/07/1974
31
4.43
4.43
01/08/1974
31/08/1974
31
4.43
4.43
01/09/1974
30/09/1974
30
4.29
4.29
01/10/1974
31/10/1974
01/03/1975
31/03/1975
25/04/1975
30/04/1975
6
0.86
0.86
01/05/1975
31/05/1975
31
4.43
4.43
01/06/1975
30/06/1975
30
4.29
4.29
01/07/1975
31/07/1975
31
4.43
4.43
01/08/1975
31/08/1975
31
4.43
4.43
01/09/1975
30/09/1975
30
4.29
4.29
01/10/1975
31/10/1975
31
4.43
4.43
01/11/1975
30/11/1975
30
4.29
4.29
01/12/1975
31/12/1975
31
4.43
4.43
01/01/1976
31/01/1976
31
4.43
4.43
01/02/1976
29/02/1976
29
4.14
4.14
01/03/1976
01/03/1976
1
0.14
0.14
01/04/1976
30/04/1976
01/05/1976
31/05/1976
01/06/1976
30/06/1976
05/07/1976
31/07/1976
27
3.86
3.86
01/08/1976
31/08/1976
31
4.43
4.43
01/09/1976
30/09/1976
30
4.29
4.29
01/10/1976
31/10/1976
31
4.43
4.43
01/11/1976
30/11/1976
30
4.29
4.29
01/12/1976
31/12/1976
31
4.43
4.43
01/01/1977
31/01/1977
31
4.43
4.43
01/02/1977
28/02/1977
28
4
4
01/03/1977
08/03/1977
8
1.14
1.14
01/04/1977
30/04/1977
01/05/1977
31/05/1977
01/06/1977
30/06/1977
01/07/1977
31/07/1977
01/08/1977
31/08/1977
16/09/1977
30/09/1977
15
2.14
2.14
01/10/1977
31/10/1977
31
4.43
4.43
01/11/1977
08/11/1977
8
1.14
1.14
01/12/1977
31/12/1977
01/01/1978
31/01/1978
01/02/1978
28/02/1978
01/03/1978
31/03/1978
01/04/1978
30/04/1978
30
4.29
4.29
01/05/1978
31/05/1978
31
4.43
4.43
01/06/1978
01/06/1978
1
0.14
0.14
01/07/1978
31/07/1978
01/11/1979
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21/12/1979
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11
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1.57
Min Hacienda
01/01/1980
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4.43
4.43
Min Hacienda
01/02/1980
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4.14
4.14
Min Hacienda
01/03/1980
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4.43
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Min Hacienda
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4.29
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Min Hacienda
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31
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Min Hacienda
01/05/1982
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Min Hacienda
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Min Hacienda
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Min Hacienda
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Min Hacienda
01/04/1983
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Min Hacienda
01/05/1983
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Min Hacienda
01/06/1983
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Min Hacienda
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Min Hacienda
01/10/1983
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4.43
Min Hacienda
01/11/1983
30/11/1983
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Min Hacienda
01/12/1983
31/12/1983
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4.43
Min Hacienda
01/01/1984
31/01/1984
31
4.43
4.43
Min Hacienda
01/02/1984
29/02/1984
29
4.14
4.14
Min Hacienda
01/03/1984
31/03/1984
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4.43
4.43
Min Hacienda
01/04/1984
30/04/1984
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4.29
4.29
Min Hacienda
01/05/1984
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Min Hacienda
01/06/1984
30/06/1984
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Min Hacienda
01/07/1984
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Min Hacienda
01/08/1984
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Min Hacienda
01/09/1984
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4.29
Min Hacienda
01/10/1984
31/10/1984
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4.43
Min Hacienda
01/11/1984
30/11/1984
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4.29
Min Hacienda
01/12/1984
31/12/1984
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4.43
Min Hacienda
01/01/1985
31/01/1985
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4.43
4.43
Min Hacienda
01/02/1985
28/02/1985
28
4
4
Min Hacienda
01/03/1985
31/03/1985
31
4.43
4.43
Min Hacienda
01/04/1985
30/04/1985
30
4.29
4.29
Min Hacienda
01/05/1985
31/05/1985
31
4.43
4.43
Min Hacienda
01/06/1985
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4.29
Min Hacienda
01/07/1985
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Min Hacienda
01/08/1985
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4.43
Min Hacienda
01/09/1985
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4.29
Min Hacienda
01/10/1985
31/10/1985
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Min Hacienda
01/11/1985
30/11/1985
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4.29
Min Hacienda
01/12/1985
31/12/1985
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4.43
4.43
Min Hacienda
01/01/1986
31/01/1986
31
4.43
4.43
Min Hacienda
01/02/1986
28/02/1986
28
4
4
Min Hacienda
01/03/1986
31/03/1986
31
4.43
4.43
Min Hacienda
01/04/1986
30/04/1986
30
4.29
4.29
Min Hacienda
01/05/1986
31/05/1986
31
4.43
4.43
Min Hacienda
01/06/1986
30/06/1986
30
4.29
4.29
Min Hacienda
01/07/1986
31/07/1986
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4.43
Min Hacienda
01/08/1986
31/08/1986
31
4.43
4.43
Min Hacienda
01/09/1986
30/09/1986
30
4.29
4.29
Min Hacienda
01/10/1986
31/10/1986
31
4.43
4.43
Min Hacienda
01/11/1986
30/11/1986
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4.29
4.29
Min Hacienda
01/12/1986
31/12/1986
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4.43
4.43
Min Hacienda
01/01/1987
31/01/1987
31
4.43
4.43
Min Hacienda
01/02/1987
28/02/1987
28
4
4
Min Hacienda
01/03/1987
26/03/1987
26
3.71
3.71
Min Hacienda
01/04/1987
30/04/1987
379
01/05/1987
31/05/1987
Total Semanas
01/06/1995
30/06/1995
01/07/1995
31/07/1995
14
2
2
01/08/1995
31/08/1995
30
4.29
4.29
01/09/1995
30/09/1995
30
4.29
4.29
01/10/1995
31/10/1995
30
4.29
4.29
01/11/1995
30/11/1995
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01/12/1995
31/12/1995
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4.29
4.29
01/01/1996
31/01/1996
30
4.29
4.29
01/02/1996
29/02/1996
30
4.29
4.29
01/03/1996
31/03/1996
15
2.14
2.14
01/04/1996
30/04/1996
01/05/1996
31/05/1996
30
4.29
4.29
01/06/1996
30/06/1996
30
4.29
4.29
01/07/1996
31/07/1996
30
4.29
4.29
01/08/1996
31/08/1996
30
4.29
4.29
01/09/1996
30/09/1996
30
4.29
4.29
01/10/1996
31/10/1996
30
4.29
4.29
01/11/1996
30/11/1996
30
4.29
4.29
01/12/1996
31/12/1996
30
4.29
4.29
01/01/1997
31/01/1997
30
4.29
4.29
01/02/1997
28/02/1997
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4.29
01/03/1997
31/03/1997
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01/09/1997
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01/01/1998
31/01/1998
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01/02/1998
28/02/1998
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01/03/1998
31/03/1998
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01/04/1998
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01/05/1998
31/05/1998
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01/06/1998
30/06/1998
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01/07/1998
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01/08/1998
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01/09/1998
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01/10/1998
31/10/1998
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4.29
01/11/1998
30/11/1998
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01/12/1998
31/12/1998
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01/01/1999
31/01/1999
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4.29
01/02/1999
28/02/1999
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4.29
4.29
01/03/1999
31/03/1999
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4.29
01/04/1999
30/04/1999
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01/05/1999
31/05/1999
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4.29
4.29
01/06/1999
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4.29
4.29
01/07/1999
31/07/1999
11
1.57
1.57
01/08/1999
31/08/1999
01/09/1999
30/09/1999
01/10/1999
31/10/1999
30
4.29
4.29
01/11/1999
30/11/1999
30
4.29
4.29
01/12/1999
31/12/1999
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4.29
4.29
01/01/2000
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29/02/2000
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01/04/2000
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01/05/2000
31/05/2000
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01/10/2000
31/10/2000
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4.29
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01/11/2000
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01/12/2000
31/12/2000
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4.29
01/01/2001
31/01/2001
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4.29
01/02/2001
28/02/2001
30
4.29
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01/03/2001
31/03/2001
30
4.29
4.29
01/04/2001
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30
4.29
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01/05/2001
31/05/2001
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01/06/2001
30/06/2001
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01/07/2001
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01/09/2001
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01/10/2001
31/10/2001
30
4.29
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01/11/2001
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4.29
4.29
01/12/2001
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4.29
4.29
01/01/2002
31/01/2002
30
4.29
4.29
01/02/2002
28/02/2002
30
4.29
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01/03/2002
31/03/2002
30
4.29
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01/04/2002
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4.29
4.29
01/07/2002
31/07/2002
26
3.71
3.71
01/08/2002
31/08/2002
10
1.43
1.43
01/09/2002
30/09/2002
10
1.43
1.43
01/10/2002
31/10/2002
11
1.57
1.57
01/11/2002
30/11/2002
11
1.57
1.57
01/12/2002
31/12/2002
12
1.71
1.71
01/01/2003
31/01/2003
12
1.71
1.71
01/02/2003
28/02/2003
12
1.71
1.71
01/03/2003
31/03/2003
12
1.71
1.71
01/04/2003
30/04/2003
30
4.29
4.29
01/05/2003
31/05/2003
30
4.29
4.29
01/06/2003
30/06/2003
30
4.29
4.29
01/07/2003
31/07/2003
7
1
1
01/08/2003
31/08/2003
8
1.14
1.14
01/09/2003
30/09/2003
9
1.29
1.29
01/10/2003
31/10/2003
9
1.29
1.29
01/11/2003
30/11/2003
30
4.29
1.14
Causo Requisitos Ley 71/88.
1028 semanas
01/12/2003
31/12/2003
30
4.29
01/01/2004
31/01/2004
11
1.57
01/02/2004
29/02/2004
30
4.29
01/03/2004
31/03/2004
30
4.29
01/04/2004
30/04/2004
30
4.29
01/05/2004
31/05/2004
30
4.29
01/06/2004
30/06/2004
30
4.29
01/07/2004
31/07/2004
30
4.29
01/08/2004
31/08/2004
30
4.29
01/09/2004
30/09/2004
30
4.29
01/10/2004
31/10/2004
30
4.29
01/11/2004
30/11/2004
30
4.29
01/12/2004
31/12/2004
30
4.29
01/01/2005
31/01/2005
30
4.29
01/02/2005
28/02/2005
30
4.29
01/03/2005
31/03/2005
30
4.29
01/04/2005
30/04/2005
30
4.29
01/05/2005
31/05/2005
30
4.29
01/06/2005
30/06/2005
30
4.29
01/07/2005
31/07/2005
30
4.29
01/08/2005
31/08/2005
30
4.29
01/09/2005
30/09/2005
30
4.29
01/10/2005
31/10/2005
30
4.29
01/11/2005
30/11/2005
30
4.29
01/12/2005
31/12/2005
30
4.29
01/01/2006
31/01/2006
30
4.29
01/02/2006
28/02/2006
01/03/2006
31/03/2006
01/04/2006
30/04/2006
01/05/2006
31/05/2006
30
4.29
01/06/2006
30/06/2006
01/07/2006
31/07/2006
01/08/2006
31/08/2006
01/09/2006
30/09/2006
30
4.29
TOTAL
1148,43
1.028,00
Conforme lo anterior, para la data de entrada en vigencia del sistema general de pensiones -1.º de abril de 1994, al actor le faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho pensional, el cual causó el 8 de noviembre de 2003, de modo que el ingreso base de liquidación del demandante se rige por lo dispuesto en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no conforme al artículo 21 ibidem como lo aduce la censura.
De modo que no es de recibo el reparo de la entidad de la seguridad social expuesto en el recurso de alzada, en relación a que debió emplearse el último precepto en cita y acoger para el efecto el promedio de los salarios que devengó el asegurado en los últimos 10 años cotizados.
Y la Sala advierte que si bien se equivocó la a quo al determinar el ingreso base de liquidación del actor conforme a la citada disposición, lo cual incide en el valor de la mesada pensional que reconoció, la Corte no puede modificar en este aspecto la sentencia apelada, pues con ello haría más gravosa la situación del apelante único, de modo que este aspecto se dejará incólume.
Al respecto, nótese que basta con liquidar la prestación del actor con el tiempo que hiciere falta para causar la pensión y tomar como momento hito la data de la última cotización -1.º de octubre de 2006-, para concluir que el ingreso base de liquidación y por ende la mesada pensional que se obtiene es superior al que se estableció por parte de la a quo. Esto se precisa así:
CONCEPTO
IBL
TASA DE
MONTO
FOLIO
REEMPLAZO
MESADA
Liquidación a quo
$ 2,246,640,27
75%
$ 1.684.980,21
107
Liquidación Corte
$ 2.780.574,75
75%
$ 2.085.431,06
FECHAS
N° DE
N° DE
SALARIO
SALARIO
SALARIO
DESDE
HASTA
DÍAS
SEMANAS
DEVENGADO
INDEXADO
PROMEDIO
30/07/1995
31/07/1995
2
0,29
$ 24.714,29
$ 79.318,13
$ 45,88
01/08/1995
31/08/1995
30
4,29
$ 370.000,00
$ 1.187.479,50
$ 10.302,02
01/09/1995
30/09/1995
30
4,29
$ 370.000,00
$ 1.187.479,50
$ 10.302,02
01/10/1995
31/10/1995
30
4,29
$ 370.000,00
$ 1.187.479,50
$ 10.302,02
01/11/1995
30/11/1995
30
4,29
$ 370.000,00
$ 1.187.479,50
$ 10.302,02
01/12/1995
31/12/1995
30
4,29
$ 370.000,00
$ 1.187.479,50
$ 10.302,02
01/01/1996
31/01/1996
30
4,29
$ 370.000,00
$ 994.459,71
$ 8.627,47
01/02/1996
29/02/1996
30
4,29
$ 370.000,00
$ 994.459,71
$ 8.627,47
01/03/1996
31/03/1996
15
2,14
$ 207.000,00
$ 556.359,89
$ 2.413,36
01/04/1996
30/04/1996
$ -
$ -
01/05/1996
31/05/1996
30
4,29
$ 142.125,00
$ 381.993,48
$ 3.314,00
01/06/1996
30/06/1996
30
4,29
$ 794.000,00
$ 2.134.056,78
$ 18.514,08
01/07/1996
31/07/1996
30
4,29
$ 1.539.000,00
$ 4.136.414,84
$ 35.885,61
01/08/1996
31/08/1996
30
4,29
$ 956.000,00
$ 2.569.468,86
$ 22.291,52
01/09/1996
30/09/1996
30
4,29
$ 979.000,00
$ 2.631.286,63
$ 22.827,82
01/10/1996
31/10/1996
30
4,29
$ 964.000,00
$ 2.590.970,70
$ 22.478,06
01/11/1996
30/11/1996
30
4,29
$ 1.056.000,00
$ 2.838.241,76
$ 24.623,27
01/12/1996
31/12/1996
30
4,29
$ 1.056.000,00
$ 2.838.241,76
$ 24.623,27
01/01/1997
31/01/1997
30
4,29
$ 1.056.000,00
$ 2.334.734,46
$ 20.255,07
01/02/1997
28/02/1997
30
4,29
$ 1.056.000,00
$ 2.334.734,46
$ 20.255,07
01/03/1997
31/03/1997
30
4,29
$ 1.056.000,00
$ 2.334.734,46
$ 20.255,07
01/04/1997
30/04/1997
30
4,29
$ 1.215.036,00
$ 2.686.350,78
$ 23.305,53
01/05/1997
31/05/1997
30
4,29
$ 1.191.105,00
$ 2.633.441,19
$ 22.846,51
01/06/1997
30/06/1997
30
4,29
$ 1.324.290,00
$ 2.927.902,94
$ 25.401,12
01/07/1997
31/07/1997
30
4,29
$ 2.500.256,00
$ 5.527.872,96
$ 47.957,26
01/08/1997
31/08/1997
30
4,29
$ 407.184,00
$ 900.252,38
$ 7.810,17
01/09/1997
30/09/1997
30
4,29
$ 927.373,00
$ 2.050.350,10
$ 17.787,88
01/10/1997
31/10/1997
30
4,29
$ 1.235.980,00
$ 2.732.656,35
$ 23.707,26
01/11/1997
30/11/1997
30
4,29
$ 1.243.038,00
$ 2.748.261,04
$ 23.842,63
01/12/1997
31/12/1997
30
4,29
$ 1.809.079,00
$ 3.999.733,98
$ 34.699,83
01/01/1998
31/01/1998
30
4,29
$ 1.120.856,00
$ 2.106.764,24
$ 18.277,31
01/02/1998
28/02/1998
30
4,29
$ 1.152.722,00
$ 2.166.659,67
$ 18.796,93
01/03/1998
31/03/1998
30
4,29
$ 1.201.937,00
$ 2.259.164,33
$ 19.599,46
01/04/1998
30/04/1998
30
4,29
$ 1.238.995,00
$ 2.328.818,65
$ 20.203,75
01/05/1998
31/05/1998
30
4,29
$ 1.141.219,00
$ 2.145.038,59
$ 18.609,36
01/06/1998
30/06/1998
30
4,29
$ 2.537.213,00
$ 4.768.953,03
$ 41.373,22
01/07/1998
31/07/1998
30
4,29
$ 1.417.176,00
$ 2.663.728,18
$ 23.109,27
01/08/1998
31/08/1998
30
4,29
$ 1.418.849,00
$ 2.666.872,76
$ 23.136,55
01/09/1998
30/09/1998
30
4,29
$ 1.559.419,00
$ 2.931.088,55
$ 25.428,76
01/10/1998
31/10/1998
30
4,29
$ 1.328.355,00
$ 2.496.779,97
$ 21.660,90
01/11/1998
30/11/1998
30
4,29
$ 2.165.793,00
$ 4.070.830,90
$ 35.316,64
01/12/1998
31/12/1998
30
4,29
$ 2.098.302,00
$ 3.943.974,62
$ 34.216,09
01/01/1999
31/01/1999
30
4,29
$ 1.123.146,00
$ 1.810.232,57
$ 15.704,74
01/02/1999
28/02/1999
30
4,29
$ 1.172.627,00
$ 1.889.983,66
$ 16.396,62
01/03/1999
31/03/1999
30
4,29
$ 1.069.208,00
$ 1.723.297,90
$ 14.950,53
01/04/1999
30/04/1999
30
4,29
$ 1.363.549,00
$ 2.197.702,53
$ 19.066,25
01/05/1999
31/05/1999
30
4,29
$ 2.389.344,00
$ 3.851.029,46
$ 33.409,74
01/06/1999
30/06/1999
30
4,29
$ 1.632.484,00
$ 2.631.159,00
$ 22.826,71
01/07/1999
31/07/1999
11
1,57
$ 1.632.484,00
$ 2.631.159,00
$ 8.369,79
01/08/1999
31/08/1999
$ -
$ -
01/09/1999
30/09/1999
$ -
$ -
01/10/1999
31/10/1999
30
4,29
$ 1.632.484,00
$ 2.631.159,00
$ 22.826,71
01/11/1999
30/11/1999
30
4,29
$ 2.480.789,00
$ 3.998.416,10
$ 34.688,40
01/12/1999
31/12/1999
30
4,29
$ 1.632.000,00
$ 2.630.378,91
$ 22.819,94
01/01/2000
31/01/2000
30
4,29
$ 1.618.000,00
$ 2.386.946,47
$ 20.708,04
01/02/2000
29/02/2000
30
4,29
$ 1.628.000,00
$ 2.401.698,92
$ 20.836,02
01/03/2000
31/03/2000
30
4,29
$ 1.632.000,00
$ 2.407.599,90
$ 20.887,22
01/04/2000
30/04/2000
30
4,29
$ 2.535.000,00
$ 3.739.746,17
$ 32.444,30
01/05/2000
31/05/2000
30
4,29
$ 2.038.000,00
$ 3.006.549,38
$ 26.083,42
01/06/2000
30/06/2000
30
4,29
$ 1.992.000,00
$ 2.938.688,11
$ 25.494,69
01/07/2000
31/07/2000
30
4,29
$ 1.986.000,00
$ 2.929.836,64
$ 25.417,90
01/08/2000
31/08/2000
30
4,29
$ 1.907.000,00
$ 2.813.292,28
$ 24.406,82
01/09/2000
30/09/2000
30
4,29
$ 1.977.934,00
$ 2.917.937,32
$ 25.314,67
01/10/2000
31/10/2000
30
4,29
$ 2.877.000,00
$ 4.244.279,97
$ 36.821,40
01/11/2000
30/11/2000
30
4,29
$ 2.014.000,00
$ 2.971.143,50
$ 25.776,26
01/12/2000
31/12/2000
30
4,29
$ 1.874.000,00
$ 2.764.609,20
$ 23.984,46
01/01/2001
31/01/2001
30
4,29
$ 2.193.000,00
$ 2.975.019,64
$ 25.809,89
01/02/2001
28/02/2001
30
4,29
$ 1.951.000,00
$ 2.646.722,90
$ 22.961,74
01/03/2001
31/03/2001
30
4,29
$ 1.747.000,00
$ 2.369.976,89
$ 20.560,82
01/04/2001
30/04/2001
30
4,29
$ 3.039.000,00
$ 4.122.701,64
$ 35.766,64
01/05/2001
31/05/2001
30
4,29
$ 2.157.000,00
$ 2.926.182,11
$ 25.386,20
01/06/2001
30/06/2001
30
4,29
$ 2.201.000,00
$ 2.985.872,43
$ 25.904,04
01/07/2001
31/07/2001
30
4,29
$ 2.093.000,00
$ 2.839.359,83
$ 24.632,97
01/08/2001
31/08/2001
30
4,29
$ 1.974.000,00
$ 2.677.924,66
$ 23.232,43
01/09/2001
30/09/2001
30
4,29
$ 2.183.000,00
$ 2.961.453,66
$ 25.692,19
01/10/2001
31/10/2001
30
4,29
$ 2.588.000,00
$ 3.510.875,90
$ 30.458,73
01/11/2001
30/11/2001
30
4,29
$ 2.025.000,00
$ 2.747.111,16
$ 23.832,66
01/12/2001
31/12/2001
30
4,29
$ 1.971.000,00
$ 2.673.854,86
$ 23.197,12
01/01/2002
31/01/2002
30
4,29
$ 1.365.000,00
$ 1.720.169,60
$ 14.923,39
01/02/2002
28/02/2002
30
4,29
$ 1.914.000,00
$ 2.412.018,03
$ 20.925,55
01/03/2002
31/03/2002
30
4,29
$ 2.121.000,00
$ 2.672.878,92
$ 23.188,65
01/04/2002
30/04/2002
30
4,29
$ 3.179.000,00
$ 4.006.167,88
$ 34.755,65
01/05/2002
31/05/2002
30
4,29
$ 2.535.000,00
$ 3.194.600,69
$ 27.714,87
01/06/2002
30/06/2002
30
4,29
$ 2.259.000,00
$ 2.846.786,17
$ 24.697,39
01/07/2002
31/07/2002
26
3,71
$ 2.911.800,00
$ 3.669.443,11
$ 27.589,80
01/08/2002
31/08/2002
10
1,43
$ 2.279.100,00
$ 2.872.116,14
$ 8.305,71
01/09/2002
30/09/2002
10
1,43
$ 2.279.100,00
$ 2.872.116,14
$ 8.305,71
01/10/2002
31/10/2002
11
1,57
$ 2.279.100,00
$ 2.872.116,14
$ 9.136,29
01/11/2002
30/11/2002
11
1,57
$ 2.279.100,00
$ 2.872.116,14
$ 9.136,29
01/12/2002
31/12/2002
12
1,71
$ 2.279.100,00
$ 2.872.116,14
$ 9.966,86
01/01/2003
31/01/2003
12
1,71
$ 2.279.100,00
$ 2.684.791,69
$ 9.316,80
01/02/2003
28/02/2003
12
1,71
$ 2.279.100,00
$ 2.684.791,69
$ 9.316,80
01/03/2003
31/03/2003
12
1,71
$ 2.279.100,00
$ 2.684.791,69
$ 9.316,80
01/04/2003
30/04/2003
30
4,29
$ 2.461.200,00
$ 2.899.306,44
$ 25.153,03
01/05/2003
31/05/2003
30
4,29
$ 2.461.200,00
$ 2.899.306,44
$ 25.153,03
01/06/2003
30/06/2003
30
4,29
$ 2.461.200,00
$ 2.899.306,44
$ 25.153,03
01/07/2003
31/07/2003
7
1,00
$ 2.461.000,00
$ 2.899.070,84
$ 5.868,56
01/08/2003
31/08/2003
8
1,14
$ 2.461.000,00
$ 2.899.070,84
$ 6.706,93
01/09/2003
30/09/2003
9
1,29
$ 2.461.000,00
$ 2.899.070,84
$ 7.545,30
01/10/2003
31/10/2003
9
1,29
$ 2.461.000,00
$ 2.899.070,84
$ 7.545,30
01/11/2003
30/11/2003
30
4,29
$ 2.461.200,00
$ 2.899.306,44
$ 25.153,03
01/12/2003
31/12/2003
30
4,29
$ 2.461.200,00
$ 2.899.306,44
$ 25.153,03
01/01/2004
31/01/2004
11
1,57
$ 2.461.000,00
$ 2.722.078,39
$ 8.659,01
01/02/2004
29/02/2004
30
4,29
$ 2.461.200,00
$ 2.722.299,60
$ 23.617,41
01/03/2004
31/03/2004
30
4,29
$ 2.461.200,00
$ 2.722.299,60
$ 23.617,41
01/04/2004
30/04/2004
30
4,29
$ 2.682.800,00
$ 2.967.408,33
$ 25.743,85
01/05/2004
31/05/2004
30
4,29
$ 2.682.800,00
$ 2.967.408,33
$ 25.743,85
01/06/2004
30/06/2004
30
4,29
$ 2.682.800,00
$ 2.967.408,33
$ 25.743,85
01/07/2004
31/07/2004
30
4,29
$ 3.007.800,00
$ 3.326.886,38
$ 28.862,52
01/08/2004
31/08/2004
30
4,29
$ 3.233.800,00
$ 3.576.861,88
$ 31.031,19
01/09/2004
30/09/2004
30
4,29
$ 2.799.800,00
$ 3.096.820,43
$ 26.866,57
01/10/2004
31/10/2004
30
4,29
$ 2.809.800,00
$ 3.107.881,29
$ 26.962,53
01/11/2004
30/11/2004
30
4,29
$ 3.588.800,00
$ 3.969.522,52
$ 34.437,73
01/12/2004
31/12/2004
30
4,29
$ 3.697.800,00
$ 4.090.085,92
$ 35.483,68
01/01/2005
31/01/2005
30
4,29
$ 3.353.800,00
$ 3.516.128,95
$ 30.504,30
01/02/2005
28/02/2005
30
4,29
$ 3.997.800,00
$ 4.191.299,52
$ 36.361,77
01/03/2005
31/03/2005
30
4,29
$ 2.682.800,00
$ 2.812.651,54
$ 24.401,26
01/04/2005
30/04/2005
30
4,29
$ 2.857.100,00
$ 2.995.387,93
$ 25.986,59
01/05/2005
31/05/2005
30
4,29
$ 2.857.100,00
$ 2.995.387,93
$ 25.986,59
01/06/2005
30/06/2005
30
4,29
$ 2.857.100,00
$ 2.995.387,93
$ 25.986,59
01/07/2005
31/07/2005
30
4,29
$ 2.857.100,00
$ 2.995.387,93
$ 25.986,59
01/08/2005
31/08/2005
30
4,29
$ 2.857.100,00
$ 2.995.387,93
$ 25.986,59
01/09/2005
30/09/2005
30
4,29
$ 2.857.100,00
$ 2.995.387,93
$ 25.986,59
01/10/2005
31/10/2005
30
4,29
$ 2.857.100,00
$ 2.995.387,93
$ 25.986,59
01/11/2005
30/11/2005
30
4,29
$ 2.857.100,00
$ 2.995.387,93
$ 25.986,59
01/12/2005
31/12/2005
30
4,29
$ 2.857.100,00
$ 2.995.387,93
$ 25.986,59
01/01/2006
31/01/2006
30
4,29
$ 2.857.100,00
$ 2.857.100,00
$ 24.786,87
01/02/2006
28/02/2006
$ -
$ -
01/03/2006
31/03/2006
$ -
$ -
01/04/2006
30/04/2006
$ -
$ -
01/05/2006
31/05/2006
30
4,29
$ 3.085.700,00
$ 3.085.700,00
$ 26.770,10
01/06/2006
30/06/2006
$ -
$ -
01/07/2006
31/07/2006
$ -
$ -
01/08/2006
31/08/2006
$ -
$ -
01/09/2006
30/09/2006
30
4,29
$ 3.085.700,00
$ 3.085.700,00
$ 26.770,10
TOTAL
3.458
494,00
$ 2.780.574,75
253365274320
En consecuencia, tal como se explicó en precedencia, la Corte mantendrá el monto de la prestación que reconoció la a quo y que corresponde al valor de $1.684.980,21, en tanto se reitera, al liquidar la mesada pensional en los términos del inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que es aplicable al actor, arroja una mesada inicial de $2.085.431,06 para el 1.º de octubre de 2006, que es superior a la que se estableció por la Jueza de primera instancia.
INTERESES MORATORIOS Y RETROACTIVO PENSIONAL
En relación con este concepto, se advierte que conforme a la postura definida por la Sala, los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 proceden incluso en aquellos casos en que la prestación pensional se reconoce en virtud del régimen de transición, después de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, por considerarlas incluidas en tal sistema (CSJ SL1681-2020 y CSJ SL3832-2021). En la primera sentencia, la Corte explicó:
En este orden de consideraciones, no existe razón para negar el derecho a los pensionados del régimen de transición (Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1988, entre otras) a obtener los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues, se repite, estas prestaciones hacen parte del sistema general de pensiones.
Para ahondar en razones, el artículo 11 de la citada ley dispone que las pensiones reguladas integralmente por normas anteriores son aquellas adquiridas con antelación ‘a la fecha de vigencia de esta Ley (sic)’. En otras palabras, las pensiones obtenidas después de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, sea en virtud del régimen de transición o según las reglas de la pensión ordinaria de vejez, se entienden incluidas en este sistema, con todo lo que ello implica en materia de convalidación de tiempos, instrumentos de financiación (cálculos actuariales, los bonos pensionales o las cuotas partes pensionales), topes pensionales, reajustes, ingreso base de liquidación, causación de intereses moratorios, entre otras materias.
Sin embargo, se ha precisado al respecto que los mismos no operan en aquellos casos en los que la solicitud de reconocimiento pensional se presentó de forma previa a la fecha en la que la Sala adoptó tal criterio, que permite acumular los aportes realizados por tiempos laborados en el sector privado y aquellos del sector público cotizados o no a una caja de previsión para acceder a la pensión prevista en la Ley 71 de 1988 (CSJ SL2572-2021).
En esta perspectiva, se observa que la última solicitud pensional que formuló el actor data del 1.º de junio de 2009 (f.º 48), momento para el cual no se había adoptado el actual criterio por parte de la Sala, de modo que no procede el reconocimiento de los intereses moratorios y, en su lugar, se impondrá el pago de la indexación respecto de la diferencia de las mesadas adeudadas, pues se trata simplemente de reconocer la pérdida del valor adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo.
Asimismo, se advierte que la a quo ordenó el pago total del retroactivo hasta «mayo de 2012» por $159.839.424,40, sin descontar los valores que el ISS, hoy Colpensiones, venía reconociendo por concepto de la pensión de vejez que reconoció al actor en los términos de la Ley 797 de 2003 (f.º 18 a 20, 29 a 32 y 45 a 47 y reverso). Nótese que ambas prestaciones son incompatibles en cuanto cubren el mismo riesgo y se debe acoger la más favorable. Sobre el particular la Sala en sentencia CSL SL15486-2017 precisó:
(…) dada la prohibición que trae el artículo 3.º del Decreto 2709 de 1994, que reza que: ‘La pensión de jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.’, resulta claro que le (sic) actora no puede devengar las dos pensiones de manera simultánea, por lo que al resultarle más favorable la pensión por aportes, será esta la prestación que deberá continuar pagando el ISS.
Así, la Corte modificará la sentencia apelada en este aspecto para en su lugar ordenar el pago de la diferencia entre la mesada pensional que se reconoce a través de la presente acción -$1.684.980,21- a partir del 1.º de octubre de 2006 y la que venía siendo reconocida al actor -$1.201.415- para la misma data conforme a la Resolución n.º 21712 de 21 de octubre de 2009 (f.º 47).
Claro lo anterior, por concepto de retroactivo pensional, la entidad de seguridad social adeuda al demandante la suma de $141.083.026,52, con su correspondiente indexación al 31 de agosto de 2021, sin perjuicio de lo que se cause al momento de su pago efectivo, según se explica en el siguiente cuadro:
-11239532348100
Ahora, en virtud de lo previsto en los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 inciso 3.º del Decreto 692 de 1994, la entidad demandada deberá deducir del valor del retroactivo pensional los aportes pertinentes al sistema de seguridad social en salud, con destino a la EPS a la cual esté afiliado el actor.
En consecuencia, se revocará parcialmente la sentencia apelada en su numeral 2.º, en el sentido de absolver por concepto de intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Asimismo, se modificará el numeral 3.º en relación con el valor que se determinó por concepto de retroactivo pensional e indexación.
Las costas de primera instancia estarán a cargo de la demandada; sin lugar a ellas en la alzada.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, actuando en sede de instancia,
RESUELVE:
PRIMERO: Revocar parcialmente el numeral segundo de la sentencia que la Jueza Segunda Laboral de Descongestión del Circuito de Barranquilla profirió el 15 de junio de 2012, en cuanto impuso el pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 en favor de Édgar Eduardo Briceño Beltrán, para en su lugar, absolver a Colpensiones por tal concepto.
SEGUNDO: Modificar el numeral tercero del citado fallo, en el sentido de fijar el retroactivo pensional correspondiente a las diferencias que se generan entre la mesada pensional que se reconoce en la presente acción y la que venía siendo pagada por Colpensiones entre el 1.º de octubre de 2006 y el 31 de agosto de 2021, en la suma de $141.083.026.52, y por concepto de indexación la cantidad de $42.368.895.74, sin perjuicio de lo que se cause hasta el cumplimiento efectivo de la obligación. El valor de la mesada para el año 2021 se fija en la suma de $3.027.665,69.
TERCERO: Colpensiones deberá deducir del valor del retroactivo pensional los aportes pertinentes al sistema de seguridad social en salud, con destino a la EPS a la cual esté afiliado el actor, conforme lo previsto en los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 inciso 3.º del Decreto 692 de 1994.
CUARTO: Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
QUINTO: Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
ACLARO VOTO
FERNANDO CASTILLO CADENA
ACLARO VOTO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n°66910
REFERENCIA: ÉDGAR EDUARDO BRICEÑO BELTRÁN vs. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar el voto, por dos razones que a continuación expongo.
Ingreso base de Liquidación con la Ley 100 de 1993.
No se ha explicado con suficiencia los motivos para aplicar el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en algunas de las pensiones de vejez que se otorgan con base en el artículo 36 de este cuerpo normativo, es decir, aquellas que se reconocen en sede de transición del sistema.
No existe duda alguna, por lo menos para esta Sala de Casación, de que el régimen de transición sólo protege la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y el monto consagrado en el régimen anterior; como tampoco que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso de base que determina la cuantía de la pensión.
Esta exégesis de la Sala se ve reforzada cuando la misma ley, a punto seguido, reza que «las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley», para, inmediatamente, proceder a definir la figura del Ingreso Base de Liquidación –IBL.
Así las cosas, en nuestro criterio, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fija tanto los elementos necesarios para la causación del derecho como aquellos indispensables para la cuantificación de la mesada, a decir, el monto y la base de liquidación. Por tanto, ese precepto consagra todo lo necesario para la determinación y cuantificación del derecho pensional, lo que genera, prima facie, la imposibilidad de aplicar otras disposiciones jurídicas de similar contenido para la definición de la cuantía de la pensión. En este sentido, emerge palmario, el principio de inescindibilidad de la norma jurídica, al no existir razón alguna para acudir a otro texto normativo bajo el pretexto de que existe un vacío en la Ley.
Al respecto, considero que existen dos problemas que deben ser analizados al momento de estudiar el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones en régimen de transición: i) la interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y ii) la posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos.
La interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
El inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, admite al menos dos alcances que pueden conducir a resultados diferentes en la cuantificación de la prestación. La primera se basa en un derecho de opción; mientras que la segunda considera que la norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación. Lo anterior se explica así:
Derecho de opción
La estructura normativa para dar fundamento a esta interpretación, es del siguiente tenor:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Esta primera interpretación, itérese, se soporta en el derecho de opción, en la medida en que se considera que el inciso tercero del artículo 36 no regula todas las situaciones que pudieran derivarse del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dado que solo cobija a quienes les falta 10 o menos años para cumplir los requisitos de acceso a la pensión, población para la cual se instituye un derecho de opción en la fijación del Ingreso Base de Liquidación, ya que la mesada se liquida con el promedio del tiempo que les falte para adquirir el derecho, siempre que sea inferior a 10 años, o el cotizado durante «toda la vida», dejando por fuera la determinación del IBL para quienes les falte diez o más años para acceder a la pensión en sede de transición. En este último evento, y ante el vacío normativo, debe aplicarse el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
b. La norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación
La segunda interpretación posible está dada por una lectura completa del inciso tercero original, sin tener en cuenta la sentencia de inexequibilidad C-168 de 1995, pero solo para establecer el alcance del mencionado inciso. Dicho aparte completo señalaba:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley., el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos.
Teniendo en cuenta que una norma, como supuesto, abarca todas las hipótesis sobre el tema a regular, y que el régimen de transición, en su versión original, tendría una duración superior a 20 años, dadas las edades a partir de las cuales se protegió la expectativa pensional, 35 años para las mujeres, 40 para los hombres, se puede encontrar que lo que se entiende del citado inciso como un derecho de opción no lo es y, más bien, que la ley regula todas las situaciones para determinar el Ingreso Base de Liquidación, así:
Para los afiliados que les falten dos años o menos para acceder al derecho a la pensión, el IBL se halla con el promedio de lo devengado en los dos últimos años, para trabajadores del sector privado, y de un año para los servidores públicos. Se reitera esta forma de encontrar el IBL fue declarada inexequible, pero, claro está, hacía parte de la norma original.
Para los que le faltan menos de 10 años para acceder al derecho a la pensión, el IBL es el promedio de lo devengado en el tiempo que les haga falta para ello, debidamente actualizado con el IPC.
Para los que le faltan más de 10 años para acceder a la pensión es el promedio de lo cotizado durante todo el tiempo, que le faltara para adquirir el derecho debidamente actualizado con el IPC.
Esta interpretación emerge cristalina cuando la lectura del inciso se realiza en forma inversa, de atrás para adelante, colocándose como objeto principal de interpretación el tiempo que le hace falta al afiliado para el acceso a la pensión y teniendo, como supuesto, que el legislador previó todas las hipótesis posibles derivadas del régimen de transición.
En efecto, la contraposición que hace la norma es entre los que le faltan menos de diez años para adquirir el derecho y los que le faltan más de diez años para tener el estatus de pensionado, cuando señala «si éste fuere superior» pues se está refiriendo al tiempo «que les hiciere falta para ello» con referencia a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho».
Con esta interpretación se libera el contrasentido de entender que el IBL es el promedio del tiempo que les haga falta para adquirir el derecho siempre que sea inferior a diez años o todo el tiempo que les falta para adquirir el derecho si es superior a 10 años, pues la adquisición del estatus de pensionado se da en un solo momento, cual es, aquél en que se cumple con los requisitos mínimos de acceso a la pensión.
Pero, además, adquiere mayor visibilidad cuando se acude a crear un rango de amparo diferenciado entre la protección de expectativas legítimas, muy cercanas y medianas, y meras expectativas, en tanto el IBL para las primeras se calcula de manera muy aproximada al régimen entonces vigente y, en el otro extremo, que corresponde a las meras expectativas, de la forma en que lo hace la nueva ley, incrementándose progresivamente el periodo de determinación del mismo con base en el tiempo que le hace falta al afiliado para adquirir el derecho.
Este último alcance, en nuestro criterio, deja sin bases a la interpretación que propone, como un derecho de opción del afiliado, la doble determinación del IBL para escoger la que más le favorezca.
Las dificultades que se imponen con la lectura completa del inciso 3 del artículo 36 en su versión original
La segunda lectura propuesta es problemática desde el punto de vista de la equidad. Si un régimen de transición busca garantizar, en todo o parte, las mayores ventajas de favorabilidad del régimen precedente, es patente que las condiciones de acceso y cuantificación de la pensión, deben ser próximas a las de la legislación inmediatamente anterior para evitar cambios demasiado bruscos en la expectativa pensional del afiliado.
En este sentido, debe recordarse que los objetivos de la Ley 100 de 1993 eran en su orden i) proteger derechos adquiridos; ii) garantizar las expectativas; y iii) crear un nuevo régimen de pensiones para aquellos excluidos de transición y nuevos afiliados.
Ahora bien, por definición, cuando se salvaguardan expectativas, estas se traducen como un puente, soportado por el principio de favorabilidad entre la nueva legislación y la anterior, para amparar expectativas legítimas. Ello implica que la legislación anterior prima facie es más favorable que la nueva, lo cual deviene claro con la implementación del Sistema General de Pensiones, pues los requisitos de acceso y los elementos de cuantificación del derecho se tornan más exigentes para optar por la pensión.
De ello se sigue que el régimen de transición no busca reconocer pensiones más favorables que las consagradas en el mismo régimen anterior, ni menos favorables que las del nuevo ordenamiento.
Con todo, si para un afiliado con derecho a transición, el nuevo régimen ordinario le resulta más favorable por alguna razón, que lo puede ser, el artículo 288 del estatuto de la seguridad social le permite optar por la prestación consagrada en la nueva ley, a condición, eso sí, de que se someta íntegramente a sus disposiciones.
Llegados a este punto, si impone retornar al primer orden de transición, hoy declarado inexequible.
Básicamente, en este orden, se protegía no sólo el tiempo de servicios o semanas de cotización, la edad y el monto de pensión, sino también la base de liquidación para aquellas personas que les faltare dos años o menos para acceder a la pensión.
Nótese que la forma de establecer la base de la pensión para el sector privado, según se desprende del apartado final del inciso tercero del artículo 36, es similar en cuanto al tiempo que se tiene en cuenta en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, dos años aproximados. Y para el sector público, dado el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, la base de liquidación se toma con el promedio del salario devengado durante el último año de servicios.
Como se recuerda, la norma de protección de la base de liquidación para este primer orden, fue declarada inexequible por medio de la sentencia C-168 de 1995. Sin embargo, afloraba que el querer del legislador no era otro que proteger a aquellos que les faltaran dos años o menos para acceder a la pensión, en cuanto a que las reglas de acceso y cuantificación del derecho fueran muy similares, si no iguales, a las del régimen anterior.
A nuestros efectos, baste memorar que el motivo de inexequibilidad fue la discriminación que se daba entre los trabajadores del sector privado y del público en relación al tiempo para fijar la base de liquidación, dos años para los aquellos, un año para estos, pero no lo fue el de la posibilidad de segmentar el régimen de transición, pues en esa sentencia, se razonó:
Y sobre la discriminación que, según el actor, se crea entre las personas que quedan comprendidas por el precepto demandado frente a las demás, cobijadas por el régimen anterior, cabe anotar que mal podría considerarse que la situación de las personas que se van acercando por edad o tiempo de servicio a las contempladas en la ley para acceder a la pensión de vejez, es la misma de aquellas que apenas inician una vida laboral, llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos de la exigida, pues a pesar de que en ambos casos se tienen meras expectativas, las que como tantas veces se ha reiterado, pueden ser reguladas por el legislador a su discreción, sus condiciones, por ser distintas, justifican un trato diferente. Recuérdese que la igualdad formal no es ajena al establecimiento de diferencias en el trato, fincadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos distintos; esta última hipótesis expresa la conocida regla de justicia que exige tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales en forma desigual.
En el segundo orden aparecen los afiliados a los que les falta diez años o menos para acceder a la pensión. Para ellos, el Ingreso Base de Liquidación se define como el promedio de lo devengado durante el tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho.
Atinente al nuevo régimen, la base de liquidación se toma con un tiempo inferior, lo que puede traer beneficios, toda vez que es más fácil mantener una determinada base salarial durante menos tiempo.
Por su parte, en tercer orden se encuentran los beneficiarios de la transición que les falta más de 10 años para adquirir el derecho, a los que, a voces del artículo 36, se les liquida la base con el promedio de todo el tiempo que les haga falta para ello, es decir, el lapso para adquirir el derecho.
Es en este punto donde, en nuestro criterio, se configuró una manifiesta inequidad, en tanto, en el régimen ordinario las pensiones se liquidan, en principio, con base en el promedio de los salarios cotizados durante los últimos diez años, generándose una contradicción palpable entre la favorabilidad que el régimen de transición protege y la nueva normatividad, que se supone debe ser restrictiva en la determinación del IBL, según se desprende de lo asentado y, por ende, menos favorable.
De lo explicado hasta aquí fluye una primera conclusión: las pensiones en sede de régimen de transición para los afiliados que les hace falta menos de 10 años para adquirir el derecho se deben liquidar, única y exclusivamente, teniendo como base el promedio de lo devengado durante el tiempo que les haga falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el Índice de Precios al Consumidor. En ningún caso, se debe liquidar dicha pensión con el promedio de «toda la vida», a menos que expresamente se renuncie al régimen de transición.
La posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos
Como lo hemos señalado, dada la interpretación que dimana del inciso tercero, existe un problema jurídico que debe atenderse, no por falta de regulación sino por manifiesta inequidad. Me explico. Si mediante el régimen de transición se protegió tres de los cuatro elementos estructurales de la pensión, y el IBL, como cuarto elemento estructural, se modula entorno al tiempo que le falta al afiliado para adquirir el derecho, se supone, dado el principio de favorabilidad que subyace a la institución de la transición, que este no puede ser perjudicial en relación con el estatuido en la legislación permanente (Ley 100 de 1993).
Entonces, como el artículo 36 instituye que para los que les falta más de 10 años, el IBL se toma con el promedio de lo devengado durante el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el I.P.C., esta es la definición que debe utilizarse, por regla general, para liquidar la pensión a favor de este grupo de afiliados.
No obstante, si dicho IBL resulta inferior al que se obtendría de la aplicación de la norma ordinaria, vale decir, el derivado del promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, debe aplicarse este último cálculo, en tanto, se repite, aun a riesgo de fatigar, que la esencia de un régimen de transición es mantener rasgos de favorabilidad frente al nuevo régimen, por ello, la forma de encontrar el IBL no puede ser más desfavorable que la que se aplica de manera general para los afiliados del Sistema General de Pensiones.
Pero lo dicho también tiene que ver el elemento de gradualidad, pues la idea finalmente de la ley, fue la de que el IBL para cada segmento de afiliados se determinara con el tiempo que le faltara al afiliado para adquirir el derecho, hasta un máximo de 10 años. Ello se corrobora con el artículo 39 del proyecto de ley, texto definitivo, aprobado por el Senado, registrado en la Gaceta del Congreso 397 del 16 de noviembre de 1993, el cual señalaba:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación expedida por el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta para ello, fuere igual o inferior a dos (2) años, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años.
Así las cosas, en nuestro criterio, lo que se deriva de la Ley concerniente al IBL es que no fue parte de los elementos dejados íntegramente a salvo por la transición, pues debe servir como instrumento de graduación proporcional de la base pensional para llevarlo hasta el momento en que sea igual al IBL ordinario, es decir, el promedio de los últimos diez años cotizados.
Debe en todo caso señalarse que el término «o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior» fue incorporado al texto definitivo del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, según consta en la Gaceta del Congreso 434 del 3 de diciembre de 1993.
Conclusión
A modo de corolario, considero que en los casos en que al afiliado le falten 10 o más años para adquirir el derecho, el IBL se concreta con el promedio de lo devengado durante todo el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, tal como lo señala expresamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, por favorabilidad, con el promedio de lo cotizado durante los 10 últimos años, apoyándose en este estricto sentido en el artículo 21 de la mencionada Ley.
Ahora bien, sería pertinente aplicar el IBL de «toda la vida» conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, si para el afiliado es más favorable la pensión de vejez ordinaria del régimen de prima media, a condición de que en virtud del artículo 288 ibídem renuncie al régimen de transición.
Las pensiones de Régimen de transición constituyen una pensión especial de vejes de la ley 100 de 1993
Sobre las pensiones especiales
El sistema general de pensiones consagró la pensión de vejez para proteger a la población que, cumpliendo el requisito de cotizaciones, llegara a la edad de acceso legalmente establecida, esto es, actualmente 57 para las mujeres y 62 para los hombres. Esta pensión de carácter ordinario se encuentra determinada para proteger a la población que en promedio sufre del mismo desgaste físico, síquico o sensorial en razón del advenimiento de la vejez.
Sin embargo, por razones de equidad o de mayor desgaste físico, síquico o sensorial ante una mayor y prolongada exposición a determinados riesgos plenamente identificados, la Ley 100 de 1993 previó pensiones de vejez con requisitos de acceso más laxos o con prestaciones más favorables las que se corresponden con el concepto de pensión especial. Por ejemplo, las pensiones especiales de vejez por alto riesgo reconocen la exposición del afiliado a una actividad que genera mayor desgaste físico, síquico o sensorial y, consecuentemente, su vejez prematura.
La Ley de seguridad social, además de las pensiones de vejez para personas que realizaran actividades de alto riesgo, delegadas en su configuración al Gobierno, dadas las facultades extraordinarias concedidas por el numeral 2º de su artículo 139, que le ordenó «Determinar, atendiendo a criterios técnico-científicos y de salud ocupacional, las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador, que requieran modificación en el número de semanas de cotización y el monto de la pensión. Las demás condiciones y requisitos para acceder a la pensión, se regirán por las disposiciones previstas en esta Ley, sin desconocer derechos adquiridos y en todo caso serán menos exigentes», también estipuló pensiones especiales de vejez por motivos de equidad como la del artículo 36, por las razones que más adelante explicaremos, y aquellas afincadas en el artículo 33 ibídem, dada la modificación realizada por la Ley 797 de 2003, a decir, la pensión especial para madres o padres cabeza de familia y la nominada para proteger a las personas con deficiencia, síquica o sensorial del 50% o más, que se advierte es diferente en su esencia y naturaleza a la que se otorga por pérdida del 50% o superior de la capacidad laboral.
Colorario de lo anterior, son pensiones especiales, aquellas prestaciones que se conceden con el cumplimiento de requisitos de acceso más laxos o condiciones más favorables, en comparación con los que se exigen en el régimen general u ordinario, por causa de desgaste físico, síquico o sensorial, o por equidad.
De la ultraactividad plena de la ley a la ultraactividad parcial o restringida
Por razones de equidad, la legislación social, tratándose de las prestaciones por desgaste normal de la capacidad de trabajo, dado el advenimiento de la vejez, ha estatuido transiciones normativas con el fin de proteger expectativas pensionales de la población que podría sufrir menoscabo por la imposición de requisitos de acceso a la prestación menos favorables. Ello exige necesariamente que el legislador eche mano de la aplicación de la ultractividad, para que, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, establezca el nivel de protección que esté más acorde con las necesidades sociales y económicas del país. En general tal fenómeno de la ultraactividad es conocido como «la posibilidad de subsistencia en el tiempo de los efectos de un precepto derogado en aquellos casos en que los derechos causados bajo su imperio sean reclamados posteriormente». Sin embargo, puede ser utilizado por el legislador de forma plena o parcial. A guisa de referencia encontramos que el inciso 2º del parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, instituyó un régimen de transición basado en la ultraactividad plena de la ley. Nótese la forma de configuración:
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta años (50) de edad, si son mujeres, cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro. (Subrayas fuera de texto)
Con base en su amplia capacidad de configuración normativa, desde luego respetando los derechos adquiridos, el legislador de 1993, dada la situación económica y social del país y con el fin de honrar expectativas pensionales, estructuró un régimen de transición dando ultraactividad parcial o restringida a la ley anterior, toda vez que simplemente respetó algunas condiciones y requisitos del régimen precedente, dejando incólume los demás normados de la nueva disposición. De suerte que en realidad no rigen los preceptos anteriormente vigentes, sino únicamente ciertas condiciones y requisitos del otrora régimen. Esta construcción implica necesariamente el diseño de una nueva prestación, cuál es, la del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En efecto, a voces de tal normativa la prestación que obtienen quienes a la vigencia del sistema general de pensiones tuvieran 35 o más años de edad, si son mujeres, o 40 años o más de edad si son hombres, o 15 años de servicios cotizados, es una pensión de vejez; solo que por motivos de equidad, salvaguardando meras expectativas y dotando de equidad natural al sistema, el legislador decidió cimentar los elementos estructurales de esta prestación bajo los requisitos de edad y tiempo de servicios o cotizaciones establecidos en el régimen anterior, conservando, adicionalmente, la tasa de reemplazo o monto de la pensión. Las demás condiciones y requisitos, a no dudarlo, son los fundados en la norma vigente, esto es, los del régimen de prima media con prestación definida del sistema general de pensiones.
Repárese en que la mencionada norma no fijó expresamente la aplicación ultraactiva de la normativa anterior, simplemente diseñó una prestación de vejez basada en ciertos elementos y características del régimen precedente.
La pensión de vejez del régimen de transición es una pensión de naturaleza especial
Conforme a lo señalado, en mi criterio, la pensión de vejez del régimen de transición, dada la aplicación de requisitos más favorables de acceso a la prestación, es de carácter especial creada por el legislador para salvaguardar meras expectativas pensionales fundadas en la equidad.
Las demás condiciones y requisitos de acceso de las pensiones que se otorgan en régimen de transición se rigen por la Ley 100 de 1993
Aunque las condiciones de acceso (requisitos) a una pensión de vejez generalmente los reducimos a dos, edad y tiempo de servicios o cotizaciones, la verdad es que la normativa de seguridad social consagra otros requisitos. A modo de ejemplo el literal j del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, contempla una incompatibilidad que deduce un requisito de acceso, al estatuir «ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez». Dicho en breve, mientras un afiliado disfrute de una pensión de invalidez no puede acceder a una de vejez. Otra condición en el diseño estructural original de la Ley 100 de 1993, se basa en el traslado del valor del cálculo actuarial a la Administradora de Pensiones para convalidar el tiempo de servicios prestado y con ello, tenerlo como semanas de cotización a efectos de lograr las prestaciones del sistema. Podríamos identificar algunas más, pero para los efectos buscados en el presente salvamento considero demostrado mi punto.
La pensión de vejez del artículo 36 es una prestación propia del régimen de prima media con prestación definida.
A partir de la vigencia del sistema general de pensiones, todas las personas que tuviesen un vínculo laboral o una relación legal y reglamentaria fueron tenidos como afiliados obligatorios al sistema con el deber de seleccionar régimen de pensiones y de vincularse a una administradora. El hecho de que un afiliado se encontrará amparado por el régimen de transición no implica, en caso alguno, que la afiliación al sistema sea parcial, limitada o condicionada: al contrario, es plena y total.
Conforme al literal c del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, por el hecho de su afiliación, estas personas tienen «derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de las pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, conforme a lo dispuesto en la presente Ley». A su vez, el artículo 31 ibídem, estableció que, «El Régimen de Prima Media con Prestación Definida es aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas, de acuerdo con lo previsto en el presente Título».
A modo de conclusión: mi punto de vista
Mi criterio, se puede sintetizar así: i) los beneficiarios del régimen de transición son afiliados obligatorios al sistema general de pensiones y, por ende, tienen derecho a las prestaciones establecidas en el libro primero de la Ley 100 de 1993 conforme lo señalan los artículo 10, 11 y 13 del mencionado estatuto de seguridad social; ii) el legislador, por razones de equidad, configuró una prestación especial que denomina genéricamente «pensión de vejez» para salvaguardar meras expectativas guiándose por una decisión de brindar ultraactividad parcial o restringida de la ley anterior; iii) dicha prestación hace parte «integral» de las que reconoce el régimen de prima media con prestación definida conforme al inciso 1º del artículo 31 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, es claro que se trata de una prestación propia del sistema general de pensiones.
Conforme a lo anterior, aclaro el voto.
Fecha ut supra
FERNANDO CASTILLO CADENA
ACLARACIÓN DE VOTO
IVAN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
Radicación n.° 66910
Ref: ÉDGAR EDUARDO BRICEÑO BELTRÁN contra INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES.
Como lo dejé asentado en la Sala respectiva, aun cuando estoy de acuerdo con el fallo de instancia adoptado en el presente asunto, debo aclarar mi voto en cuanto toca con el argumento expuesto por la mayoría, y que se contrae a que, en palabras de la providencia:
«[…]Al respecto ha adoctrinado la Sala, en relación con las personas beneficiarias del régimen de transición, que aquellas que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993 les faltare menos de 10 años para adquirir la prestación económica, el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 ibidem, mientras que a las que les faltaren 10 años o más para consolidar su derecho, tal concepto se determina según lo dispuesto en el artículo 21 ibidem (CSJ SL2510-2017 reiterada en SL2495-2019)».
Lo dicho, por cuanto el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, encuentra su regulación íntegra en él, incluido lo relativo al IBL. Y cuál es ese IBL de la citada Ley 100 de 1993 que se debería utilizar?, he aquí el motivo de mi aclaración.
La Sala ha sido de la opinión, que el régimen de transición protege solo la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y el monto consagrado en el régimen anterior; asimismo, ha considerado que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso base que determina la cuantía de la pensión.
En lo que interesa al presente escrito, dispone la norma en comento:
&$ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas (sic) años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
En cuanto a la interpretación y alcance del IBL, aunque ha habido un entendimiento de que dicho precepto no comprende a quienes les faltaba más de 10 años para adquirir el derecho, es donde reside el núcleo central de mi aclaración, pues, esa lectura no es afortunada y la misma fue propiciada, entre otros motivos, por virtud de la declaratoria de inexequibilidad del apartado que figuraba a renglón seguido y que redondeaba, de manera precisa, la explicación sobre la aplicación del IBL, en el artículo 36:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Indice (sic) de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos. (Subrayas propias. El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-168 de 1995).
Así las cosas, aceptando el hecho de que el mentado artículo 36 reguló íntegramente el tema y que el IBL que allí se dispone es especial, diferente al general contemplado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, la consecuencia que se deriva es que habían tres grupos diferenciados, según la proximidad de cada uno de ellos con el momento de la pensión: i) a quienes les faltaban 1 ó 2 años, dependiendo de si eran servidores públicos o trabajadores del sector privado; ii) a quienes les faltaban menos de diez años; y iii) a quienes teniendo derecho a la transición, les faltaban más de diez años.
Para cada uno de ellos, el inciso ofrecía una solución gradual y progresiva atendiendo la mayor o menor proximidad al momento de pensionarse. Lo que ocurrió, fue que la declaratoria de inexequibilidad desquició la arquitectura propia del precepto legal y, a partir de allí, ha sido difícil encontrar una solución que satisfaga a todos, propiciando toda suerte de interpretaciones, en veces contradictorias.
La lectura que propongo a la problemática planteada, armoniza con el hecho de considerar que el régimen de transición tiene por objeto aminorar el impacto que supone un cambio abrupto de sistema, y que se preserven las condiciones más favorables del régimen anterior.
Sobre el particular, en ejercicio de la acción de constitucionalidad, la Corte Constitucional al revisar el contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, expresó en sentencia C-168-1995 que:
En punto a la aplicación del principio de favorabilidad en materia de régimen pensional, considera la Corte que esta es labor que incumbe al juez en cada caso concreto, pues es imposible, en juicios de constitucionalidad, confrontar la norma acusada que es genérica, con cada una de las distintas normas contempladas en los diferentes regímenes pensionales que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 existían en el sector privado y en el público, para establecer cuál resulta más favorable a determinado trabajador. (Subrayas propias).
Así pues, la solución que más se aviene con lo hasta ahora dicho, consiste en considerar que la norma contrasta los dos grupos que subsistieron luego de la declaratoria de inexequibilidad de la última parte del inciso, y el resultado final que se obtiene es que:
i) para el grupo de los que les faltaban menos de diez años para adquirir el derecho el IBL «será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello», es decir, para tener el estatus de pensionado;
ii) en tanto que, cuando la norma señala «si éste fuere superior» está hablando, precisamente, del tiempo «que les hiciere falta para ello» de la frase anterior, con lo cual es claro que se refiere, por oposición, a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho», quedando claro entonces que, como se señala a continuación;
iii) a los que les faltaban más de diez años, la regla que aplica en materia de IBL, será la del promedio cotizado durante todo el tiempo que les haga falta para adquirir el derecho.
Bajo esa óptica interpretativa, contraria a la que ha venido sosteniendo mayoritariamente la Sala, en mi sentir, resultaría problemático concluir que por virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hay una especie de remisión directa al artículo 21 de la misma normativa, pues en este análisis, ello no es consecuencia inmediata de que al trabajador le falten más de diez años para pensionarse, cuando dicha disposición comenzó a regir y porque, en síntesis, considero que el artículo 36 contiene, en principio, todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez.
Habrá, por supuesto, algunos casos especiales que escapen a esta regla general, por lo que, excepcionalmente, podrá acudirse a otras normas, en aplicación de los principios de favorabilidad y equidad que rigen el derecho del trabajo, si a ello hubiere lugar.
Por tanto, aunque en el caso sub examine, la Sala concluyó que no procedía calcular el IBL con base en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 --tal como lo hizo la A quo- sino en el artículo 36, dado que a la entrada en vigencia de la citada Ley, a la afiliada le faltaban menos de 10 años para cumplir la edad pensional; fundamentó el argumento en la posición mayoritaria antes descrita. En los términos antedichos dejo expresado mi pensamiento respecto de la aludida afirmación contenida en la providencia en cita.
Fecha ut supra.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Magistrado
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