RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL5595-2018

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5595-2018

Fecha
28 de noviembre de 2018
Magistrado ponente
Gerardo Botero Zuluaga
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL5595-2018

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2011 por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JAIRO DE JESÚS RESTREPO GONZÁLEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Previo a proferir la decisión que corresponda en instancia, para mejor proveer, se ordena por Secretaría correr traslado al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES de la Resolución Nro. GNR339980 del 29 de septiembre de 2014, visible de folios 19 a 23 del cuaderno de la Corte para los fines previstos en la parte motiva de esta providencia. Costas como se dejó visto en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5595-2018

Magistrado ponente: Gerardo Botero Zuluaga

28 de noviembre de 2018

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado ponente

SL5595-2018

Radicación n.°55242

Acta n.°45

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JAIRO DE JESÚS RESTREPO GONZÁLEZ contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 16 de septiembre de 2011, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES.

Se reconoce a la doctora CLARA EUGENIA GÓMEZ GÓMEZ, con Tarjeta profesional No 68.184 del C. S de la J. como apoderada de la parte recurrente, de conformidad con el poder que obra a folio 17 en el cuaderno de Corte.

ANTECEDENTES

Jairo de Jesús Restrepo González presentó demanda ordinaria laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la prestación pensional de vejez, los intereses moratorios y las costas del proceso.

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, esgrimió que nació el 9 de mayo de 1943; que es beneficiario del régimen de transición; que solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de vejez, pedimento denegado mediante Resolución Nro. 002495 de 2009, bajo el argumento de que el actor “tiene 419.86 semanas en el sector público sin cotización al ISS y 600 semanas cotizadas al ISS, las cuales sumadas acumulan 1.019.86 semanas”; que tiene derecho al reconocimiento de la prestación en razón a que cuenta con más de 20 años de aportes al sector público y privado, consolidando los requisitos previstos en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988.

El Instituto de Seguros Sociales, se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Admitió lo atinente a la afiliación del demandante al ISS, la solicitud del reconocimiento de la prestación de vejez y su respuesta negativa; manifestó no constarle la condición de beneficiario del régimen pensional; frente a los supuestos de hecho restantes adujo que no son hechos, sino apreciaciones jurídicas con las cuales pretenden sustentarse las pretensiones.

Propuso las excepciones inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, imposibilidad de liquidar intereses moratorios, imposibilidad de condena en costas, prescripción, buena fe del Seguros Social y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, mediante providencia del 26 de marzo de 2010, absolvió al Instituto demandado de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del accionante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de la sentencia del 16 de septiembre de 2011, confirmó la decisión absolutoria emitida por el juzgador de primer grado.

Para fundamentar su decisión, el Tribunal advirtió que, una vez determinados los requisitos establecidos por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, para efectos de reconocer el derecho prestacional deprecado, es menester acreditar 20 años se aportes sufragados en entidades de previsión social o las que hagan sus veces, tal y como lo dispone el artículo 5 del decreto 2703 de 1994.

Bajo el anterior contexto estableció, que en el caso en concreto no se discute el cumplimiento del requisito de la edad mínima, no obstante, se exige la acreditación de 20 años en los cuales se hayan hecho aportes a entidades de seguridad social, teniendo en cuenta que los espacios temporales carentes de cotización no pueden ser computados.

Así mismo consideró, que “el señor Jairo de Jesús Restrepo González acredita la densidad de cotización requerida. Al respecto , entre los folios 9/12 y 46/49 obra certificado de información laboral, de salario base y mes a mes para efectos de calcular los bonos pensionales , documento en el cual se informa que el actor prestó servicios al Departamento de Antioquia por el espacio de 2939 días (419.86semanas ó 8.16 años”, información que cotejada con la expedida por el ISS, mediante Resolución Nro. 02495 del 30 de enero de 2009, permite concluir que el tiempo por el cual prestó servicios al sector público, el actor no realizó cotizaciones a una caja o fondo.

En este orden, para efectos del estudio del derecho pretendido, el juez plural estableció la improcedencia del cómputo que el tiempo de servicios que no fue objeto de aportes al sistema por parte del demandante, y en tal medida determinó que las 600 semanas de cotizaciones acreditadas, comportan una densidad inferior a los 20 años requeridos.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el apoderado del demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, y en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado.

Con tal propósito, el impugnante formuló dos cargos que no fueron replicados.

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia recurrida, por la vía directa “interpretación errónea de los artículos 7, 10, 13 literales c), f), h), 36 inciso 2º, 50, 141, 142 de la ley (sic) 100 de 1993 y aplicación indebida del artículo 9 de la ley (sic) 797 de 2003 y 7 de la ley (sic) 71 de 1988. Artículos 25, 48 y 53 de la Constitución Nacional”.

En el desarrollo de la acusación, la censura sostiene que el Tribunal negó la prestación, al considerar que no es procedente la sumatoria de tiempos en sector público y privado para acceder a la pensión de vejez en el régimen de transición, “y que ello solo lo permite la Ley 71 de 1988 si se aporta a una caja o fondo o la Ley 797 de 2003”.

Afirma que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hace alusión a un tiempo de servicios enmarcado en un periodo o una edad, para ser derechohabiente del tránsito de legislación en pensiones, y el parágrafo del artículo, que consagra que para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez “(…) se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio”, el cual se refiere a la posibilidad que tienen las personas cobijadas por el régimen de transición, de sumar semanas y tiempos de servicio.

Cita los artículos 7º, 10º y 13 de la Ley 100 de 1993, de lo que concluye, que el objetivo del sistema general de pensiones es garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones determinadas en la norma, para lo cual se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la referida ley, al ISS o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio, razón por la que reitera que en el presente asunto en aplicación a esas normativas se debe “reconocer la pensión con todos los tiempos”.

Finalmente señala, que en caso de existir duda respecto de la norma aplicable, debe hacerse remisión al principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, además desarrollado por los artículos 20 y 21 del C.S.T.

CARGO SEGUNDO

Fue planteado por la vía directa, infracción directa de “los artículos 7, 10, 13, literales c), f), h), 33, 36 inciso 2º, 50, 141, 142 de la ley (sic) 100 de 1993 y aplicación indebida del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y 7 de la ley (sic) 71 de 1988. Artículos 25, 48 y 53 de la Constitución Nacional”.

Argumenta que, el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, brinda a las personas cobijadas por el régimen de transición, la posibilidad de sumar semanas y tiempos de servicio para acceder a su derecho pensional.

Reitera lo consagrado en los artículos 7º, 10º y 13 de la referida ley, de lo que se infiere, que para obtener la prestación, se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, al ISS o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo laborado, normatividad que debe ser aplicada en el presente asunto, lo que conllevaría al reconocimiento de la pensión del actor “con todos los tiempos”.

Indica que la Ley 71 de 1988, posibilitó la suma de semanas y tiempos para acceder a una pensión de vejez, con la misma edad requerida en los reglamentos del ISS, es decir, con 60 años de edad.

Aduce que el ad quem se rebeló contra las normativas que regulan el régimen de transición. Que como lo admitió el Tribunal, el actor está cobijado por este régimen, y siendo ello así, la Ley 100 de 1993, permite sumar tiempos servidos antes de la vigencia de la Ley, lo que es procedente en este caso.

CONSIDERACIONES

Se estudian conjuntamente los cargos propuestos, en consideración a que ambos están planteados por la vía directa, se hallan soportados en el quebrantamiento de la misma normatividad, y comportan una identidad en su argumentación.

Descendiendo al caso en concreto y para efectos del estudio de las acusaciones, es claro para la Sala que conforme a la modalidad de violación seleccionada, el censor admite las conclusiones fácticas a las que arribó tribunal, esto es el natalicio del actor el 9 de mayo de 1943 y el cumplimiento de sus 60 años en la misma calenda de 2003, así como los 2.939 días que aquel laboró al servicio del Departamento de Antioquia y las realmente cotizadas al Instituto de Seguros Sociales.

Ahora bien, lo que genera distanciamiento del censor con la sentencia cuestionada, es la viabilidad jurídica para efectuar la sumatoria de los tiempos de servicios prestados por el accionante al Departamento de Antioquia, que en criterio del impugnante el juez apelaciones impidió el computo con las semanas cotizadas al ISS, para cumplir así los presupuestos legales deprecados, a fin de obtener una prestación pensional en el marco de la Ley 71 de 1988, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Visto lo precedente, es menester hacer alusión a la intelección efectuada por el tribunal respecto del artículo 7 de la Ley 71 de 1988; ello por cuanto, fundó su decisión en el desconocimiento de los tiempos públicos de servicio que ostentaba el demandante, al no encontrar acreditado en el plenario las cajas de previsión destinatarias de los aportes con anterioridad a su afiliación al Instituto de Seguros Sociales.

Así mismo, concluye que solamente podían tenerse en cuenta los aportes efectuados por el demandante como trabajador del sector público, frente a los cuales, se evidenciara cotizaciones con destino a una caja de previsión social.

En este punto, resulta procedente hacer mención al criterio desarrollado por la Sala, en torno al artículo 7 de la Ley 71 de 1988, según el cual los tiempos servidos a entidades estatales, deben ser tenidos en cuenta para la consolidación del derecho pensional, independientemente de si han sido o no objeto de aportes a una entidad de previsión social; ello por cuanto se trata de una circunstancia que no es atribuible al afiliado, y por tal razón no puede generar una afectación al mismo, en tanto que estos espacios temporales deben computarse a la hora de evaluar el cumplimiento de los presupuesto legales establecidos en la normatividad debatida.

Frente al aspecto referido, la Sala en sentencia CSJ SL994-2018, reitera el pronunciamiento efectuado mediante providencia CSJ SL13260-2015, en los siguientes términos:

“(…) conforme a los postulados constitucionales y legales atrás referidos, y frente a la citada decisión del Consejo de Estado a través de la cual se declaró la nulidad del artículo 5° del Decreto 2709 de 13 de diciembre de 1994, reglamentario del artículo 7° de la Ley 71 de 1988, la Corte estima necesario rectificar su actual criterio y, en su lugar, adoctrinar que para efectos de la pensión de jubilación por aportes que deba aplicarse en virtud del régimen de transición pensional establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se debe tener en cuenta el tiempo laborado en entidades oficiales, sin importar si fue o no objeto de aportes a entidades de previsión o de seguridad social.

En síntesis, de acuerdo con lo expuesto el marco normativo que regula la pensión deprecada en la demanda, es el previsto en art. 7° de la Ley 71 de 1988, por manera que el recurso prospera y habrá de casarse la sentencia”.

Conforme a lo precedente, se evidencia la existencia del yerro atribuible al juez de apelación, en tanto, mal pudo excluir el tiempo de servicios en el sector público, al amparo del artículo 7 de la Ley 71 de 1988, por no acreditar los aportes a una caja de previsión o al Instituto de Seguros Sociales, cuando lo cierto era que dicho espacio temporal debía computarse con las cotizaciones efectuadas al ISS.

Lo expuesto, es suficiente para que los ataques sean fundados y en consecuencia se case el fallo fustigado.

Previo a proferir la decisión que corresponda en instancia, para mejor proveer, se ordena por Secretaría correr traslado al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES de la Resolución Nro. GNR339980 del 29 de septiembre de 2014, visible de folios 19 a 23 del cuaderno de la Corte, a fin de garantizar el derecho de contradicción de dicha entidad y en tal medida incorporarla como prueba al plenario.

Sin costas en el recurso dada la prosperidad de los cargos propuestos; tampoco hay lugar a ellas en las instancias.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2011 por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JAIRO DE JESÚS RESTREPO GONZÁLEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Previo a proferir la decisión que corresponda en instancia, para mejor proveer, se ordena por Secretaría correr traslado al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES de la Resolución Nro. GNR339980 del 29 de septiembre de 2014, visible de folios 19 a 23 del cuaderno de la Corte para los fines previstos en la parte motiva de esta providencia.

Costas como se dejó visto en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

FERNANDO CASTILLO CADENA

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandante: Jairo de Jesús Restrepo González

Demandado: Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones

Radicación: 55242

Magistrado Ponente: Gerardo Botero Zuluaga

Pese a que en la respectiva sesión en la que se discutió el asunto anuncié salvamento de voto, al leer el texto definitivo de la providencia, estimo que lo pertinente es la aclaración.

En efecto, aunque estoy de acuerdo con la decisión, toda vez que el Tribunal incurrió en el yerro que se le endilga en cuanto a la aplicación de la Ley 71 de 1988, consideró oportuno clarificar que, a mi juicio, la sumatoria de cotizaciones realizadas a cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado con el tiempo trabajado como servidor público no cotizado al ISS, también es posible conforme al Acuerdo 049 de 1990.

Reitero que en la actualidad, en mi criterio jurídico, es posible sumar a la luz del Acuerdo 049 de 1990 las semanas no sufragas al Instituto de Seguros Sociales.

Nótese que el régimen de transición pensional fue establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con el objetivo de proteger las expectativas legítimas de las personas que estaban cerca de adquirir su derecho pensional según la normativa anterior, que les era más favorable que la nueva. Así se consagró en favor de este grupo poblacional un privilegio justificado en el cambio abrupto de las normas pensionales, en virtud del cual los aspectos relativos a la edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y el monto, previstos en el régimen anterior, se conservarían, pero «las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley».

Por lo tanto, el régimen de transición, contrario a lo que podría pensarse, no es un mecanismo que garantice a plenitud la vigencia ultraactiva de las disposiciones de los estatutos pensionales anteriores, sino solo algunos de sus elementos, específicamente la edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y monto, todo lo demás está sometido al imperio de la Ley 100 de 1993.

Si lo anterior es claro, debemos entonces colegir que la forma de computar o establecer el número de semanas se rige por lo dispuesto en el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, disposiciones que permiten expresamente la suma de tiempos públicos, hayan sido o no objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social.

En efecto, tanto el literal f) del artículo 13 como el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuyos textos reflejan una misma proposición normativa, señalan que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio. A su turno, el parágrafo 1.º del artículo 33 del mencionado estatuto de seguridad social, también le concede validez para efectos del cómputo de semanas, a los tiempos laborados como servidores públicos.

Por lo demás, está acorde con los fines del sistema general de pensiones esta lectura, habida cuenta que la Ley 100 de 1993, cimentada sobre la idea de que el trabajo humano es un pilar fundamental del sistema de protección social, le concedió validez a todos los tiempos laborados, sin distinciones fundadas en la clase de empleador (público o privado) a la que se prestaron los servicios, la entidad de previsión a la que se realizaron los aportes o si los tiempos efectivamente laborados no fueron cotizados. El trabajo humano, desplegado en favor de un empleador público o privado, realizado en un tiempo determinado, se traduce en semanas pensionales, válidas para efectos pensionales.

El planteamiento anterior no es una novedad surgida intempestivamente. En pronunciamientos anteriores, como acertadamente se indica en la parte motiva de la sentencia, esta Corporación había empezado a madurar el criterio de la posibilidad de acumular, en favor de los beneficiarios del régimen de transición, las semanas trabajadas en el sector público no cotizadas a una caja, fondo o entidad de previsión social, con las cotizaciones efectuadas al I.S.S. Así, en sentencia SL4457-2014, se marcó un hito en la materia, al sostenerse que a la luz de la pensión de jubilación por aportes de la Ley 71 de 1988 era posible la acumulación referida, para lo cual se adujo:

Posteriormente, ya en vigencia de la Constitución Política de 1991 el legislador no desconoció los motivos que dieron origen a la llamada pensión por aportes, de modo que al establecer el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, igualmente consagró la posibilidad de acumular para efectos pensionales los tiempos de servicios y de cotizaciones acumulados en uno y otro sector, tanto en el régimen de prima media con prestación definida así como en el de ahorro individual con solidaridad.

En punto al tema que ahora ocupa la atención de la Sala, para el primero de los regímenes dispuso el legislador en el parágrafo primero del artículo 33 ibidem, en inequívoca conexidad con el artículo 13 de la misma normativa, que “[p]ara efectos del cómputo de las semanas (…) se tendrá en cuenta: (…) b. El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados”.

Recuérdese que el literal f) del citado artículo 13 consagra que, “[p]ara el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio”.

En este orden de ideas, podría aseverarse que, a diferencia de los regímenes anteriores, la Ley 100 de 1993 tuvo un efecto homogeneizador, traducible en la posibilidad de convalidar todos los tiempos laborados, lo cual, se hace extensivo a los beneficiarios del régimen de transición, no solo porque a ellos les aplica en su plenitud las reglas del sistema general de pensiones, salvo en los tres ítems ya indicados, sino también porque estas personas eran las que sufrían las consecuencias de la legislación preexistente, caracterizadas por la dispersión de regímenes y responsabilidades, donde algunas semanas eran desechadas o reputadas como no válidas para pensión.

Precisamente, en aras de materializar la idea de que el trabajo humano cuenta en la seguridad social, la Ley 100 de 1993 previó sendos instrumentos de financiación, como los cálculos actuariales, los bonos pensionales o las cuotas partes pensionales, que permiten portar y hacer valer las semanas de trabajo para efectos del reconocimiento y pago de las prestaciones pensionales.

A lo anterior cabe agregar que los beneficiarios del régimen de transición, al igual que los que no lo son, son afiliados del sistema de pensiones, que, valga recordar, es un sistema único y universal, de manera que no hay motivos para negarles el derecho de portabilidad de sus semanas efectivamente laboradas, independientemente de que su empleador público no las hubiera cotizado al ISS o a otra caja o entidad de previsión social.

Es, en esta dirección, que debe comprenderse el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, entre otras cosas, porque es inusual que un inciso incorporado en un precepto que regula temáticamente un asunto, en este caso, el régimen de transición, no se refiera a la materia reglamentada sino a otra.

Con todo, si alguna duda interpretativa insalvable subsistiere en torno al alcance del parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ella tendría que resolverse en favor del trabajador, según lo ordena el principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Constitución Política.

Ha dicho esta Corporación que el principio de favorabilidad, en su vertiente hermenéutica, supone la existencia de dos interpretaciones sólidas contrapuestas (CSJ SL16794-2015 y SL11233-2016). Significa esto que no es cualquier colisión interpretativa la que da lugar a aplicar la favorabilidad, sino aquella originada a partir de dos o más interpretaciones firmes y bien fundamentadas, que ponen al juez en una situación bastante complicada.

La posición interpretativa de la Sala, explícita en la sentencia, sostiene que a la luz del Acuerdo 049 de 1990 solo es posible sumar semanas cotizadas exclusivamente al ISS, la cual difiere de la posición que defiendo y que es del criterio de que son convalidables todas las semanas laboradas en el sector público, hayan sido o no cotizadas a cajas o entidades a previsión social. Ambas interpretaciones se exhiben persuasivas y materialmente bien argumentadas, de suerte que, si alguna duda u objeción quedara acerca de cuál de las dos posturas es la que debe acogerse, habría que optarse por la más favorable.

Adicionalmente, con esta línea de pensamiento se satisface el principio pro homine o pro persona, que se desprende de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política y los artículos 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud del cual los jueces están en la obligación de preferir la interpretación que más desarrolle los derechos fundamentales del ser humano.

Por todo lo dicho, considero que sí es posible para efectos de obtener la pensión por vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, contabilizar las semanas laboradas en el sector público, sufragadas o no a una caja, fondo o entidad de previsión social. Todos los tiempos laborados, sin distinción al tipo de empleador o si fueron objeto de aportes a pensión o no, son válidos para efectos pensionales.

Con esta precisión, dejo expuestas las razones de mi aclaración de voto porque mi criterio jurídico de fondo en la actualidad es otro.

Fecha ut supra.

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL5595-2018 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.