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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5657-2021

Pensión de invalidez

Fecha
24 de noviembre de 2021
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
36 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL5657-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Procedía reconocer pensión de invalidez con aplicación plusultractiva de normas anteriores por condición más beneficiosa?

Reglas

  1. La condición más beneficiosa no permite una búsqueda histórica ilimitada de regímenes anteriores.

    «no es posible, entre otros, la utilización del postulado de la condición más beneficiosa, con el objeto de realizar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores»
  2. Para la pensión de invalidez rige, en principio, la norma vigente al estructurarse la pérdida de capacidad laboral.

    «En síntesis, conforme al precedente citado, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condición más beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicación y actual»
  3. La condición más beneficiosa solo permite acudir a la normatividad inmediatamente anterior dentro de los límites temporales fijados por la jurisprudencia.

    «solo es posible diferir los efectos de la mencionada ley hasta el 26 de diciembre de 2006»

Decisión

La Corte casó la sentencia condenatoria y, en sede de instancia, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, al concluir que el afiliado no reunía los requisitos legales ni los de aplicación del principio.

Parte resolutiva

XI. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 2 de junio de 2020 por la Sala Tercera del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por CARLOS ENRIQUE VIANA RODRIGUEZ contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES En sede de instancia, se dispone: REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín el día 7 de octubre de 2020, en su lugar: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de inexistencia de la obligación. En consecuencia, SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada de las pretensiones de la demanda. TERCERO: Sin Costas en segunda instancia, las de primera a cargo del demandante. Sin costas en el recurso extraordinario.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5657-2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

24 de noviembre de 2021

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL5657-2021

Radicación n.° 88756

Acta 45

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la Sociedad ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, contra la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 2 de junio de 2020, en el proceso que en su contra instauró CARLOS ENRIQUE VIANA RODRÍGUEZ.

I. ANTECEDENTES

Carlos Enrique Viana Rodríguez llamó a juicio a Colpensiones, para que fuera condenada a reconocerle y pagarle la pensión de invalidez, a partir del 8 de abril de 2016 y a futuro en forma vitalicia, junto con los incrementos anuales de ley; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; de manera subsidiaria, la indexación sobre el pago de las mesadas causadas; lo que resultara probado extra y ultra petita; y las costas procesales.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: presentó graves problemas de salud como lo fueron insuficiencia renal crónica terminal, secundaria a nefropatía diabética avanzada, con hemodiálisis 3 veces por semana, también presentaba diabetes, deterioro de agudeza visual y, nefropatía diabética; la entidad contratada por pensiones le realizó la valoración de la pérdida de capacidad laboral -P.C.L. quien se la dictaminó en 83% con fecha de estructuración del 8 de abril de 2016; interpuso el correspondiente recurso de apelación frente al que, la Junta Regional de calificación, estableció como data de estructuración el 8 de abril del año 2016; nació el 18 de febrero de 1954, por lo que a la fecha de la demanda contaba con 64 años; laboró tanto en el sector público y privado alcanzando un total de 719,28 semanas, de las cuales 431 fueron cotizadas al ISS antes del primero de abril de 1994; ha tenido problemas de salud desde los 40 años y como se podía ver del dictamen de la Junta Regional de Antioquía había presentado crisis desde el año 2013 y en el año 2016, y el 7 de noviembre de 2018 peticionó a la entidad encartada la pensión de invalidez bajo la aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los relativos al trámite de calificación y la edad del actor, de los restantes indicó que no eran tales, o no le costaban. En su defensa propuso los medios exceptivos que denominó: inexistencia de la obligación demandada y la falta de derecho para pedir; improcedencia de la obligación de intereses moratorios, buena fe; prescripción, y la que identificó como «innominada o genérica».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 7 de octubre de 2020, decidió:

PRIMERO: Se DECLARA que el señor CARLOS ENRIQUE VIANA RODRIGUEZ C.C 70.064.541 tiene derecho a pensión de invalidez a cargo de LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES representada legalmente por JUAN MIGUEL VILLA LORA en virtud del principio de la condición más beneficiosa por cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990 para acceder a la prestación.

SEGUNDO: Se CONDENA a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reconocer y pagar por concepto de retroactivo $51.354.714 por el periodo comprendido del. 08 de abril de 2016 y hasta el 30 de septiembre de 2016, realizando el respectivo descuento del 12% correspondiente a salud. Así mismo LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES debe reconocer y pagar al señor CARLOS ENRIQUE VIANA RODRIGUEZ a partir de octubre del presente año una mesada pensional equivalente por $1.239.945 y la mesada adicional de junio que en lo sucesivo se causen, sin perjuicio de los incrementos anuales aprobados por el gobierno nacional.

TERCERO Se CONDENA a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reconocer y pagar al demandante sobre las sumas condenadas los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 7 de marzo de 2019 y hasta la fecha del pago efectivo, a la tasa máxima de interés moratoria vigente al momento en que se efectué el pago.

CUARTO: Se DECLARAN no probadas las excepciones propuestas por LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

QUINTO: Se CONDENA en costas a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. Fijando el despacho como agencias en derecho la suma de $5.135.471 por conceptos de agencias en derecho y equivalentes al 10% de las pretensiones reconocidas.

SEXTO: Si el presente fallo no fuere apelado, remítase el expediente y él audio a la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior de Medellín, para que allí se surta el grado jurisdiccional de consulta.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de la misma entidad, mediante decisión judicial del 2 de junio de 2020, dispuso modificar el numeral segundo «en el sentido de indicar que el valor del retroactivo comprendido entre el 8 de abril de 2016 y el 31 de mayo de 2020, asciende a $63.640.864,41, y el valor a reconocer y pagar al actor a partir del mes de junio de esta calenda, por mesada pensional equivale a $1.282.150.oo.» y, revocó la condena de intereses moratorios impuestos a la administradora pensional, en su lugar, ordenó el reconocimiento y pago de la indexación de cada una las mesadas pensionales adeudadas hasta el momento del pago efectivo. Confirmó en lo demás. Costas a la parte vencida.

Determinó que el problema jurídico se circunscribía a establecer si procedía el reconocimiento y pago de pensión de invalidez, en aplicación del criterio jurisprudencial constitucional de la condición más beneficiosa, como lo estableció el juez de primera instancia y, en caso afirmativo, examinaría lo relacionado con el valor de la mesada pensional, el retroactivo pensional, la procedencia de intereses moratorios, la indexación y las costas procesales.

Quedó fuera de debate que: el señor Carlos Enrique Viana Rodríguez se afilió al régimen de prima media con prestación definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales el 6 de octubre de 1978, cotizó hasta el 30 de abril de 1996, un total de 607,99 semanas, de estas 431,72 antes de la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, lo que infirió de la historia laboral de folios 117 a 119; la Junta regional de calificación de invalidez de Antioquia mediante el dictamen No. 074435-2018 rendido el 16 de agosto de 2018, le determinó una pérdida de capacidad laboral de 83%, estructurada el 11 de abril de 2016 por diagnóstico de diabetes Mellitus insulinodependiente, con otras complicaciones especificadas e, insuficiencia renal terminal; elevó solicitud de reconocimiento y pago de pensión de invalidez, la que fuera negada el 7 de mayo 2019, bajo el argumento de que no acreditó la densidad de semanas previstas en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, modificatoria del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y, tampoco era procedente la aplicación del principio de condición más beneficiosa en la medida que el afiliado no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo, esto por cuanto su situación de invalidez no se produjo entre el 29 de diciembre de 2003 y el 29 de diciembre de 2006, ni tampoco acreditó 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración.

La sala sentenciadora como soporte de su decisión recordó que la norma aplicable al caso era la vigente al momento de estructuración del estado de invalidez, esto era, la Ley 860 de 2003 y, que no estaba en debate que el accionante no cumplió con el requisito de semanas exigido en dicha norma, ni en la precedente Ley 100 de 1993; sin embargo, acogió el principio constitucional de condición más beneficiosa en virtud del cual, aunque no se cumplía el requisito de cotización de la norma anterior, sí se cumplía con el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por cuanto el demandante contaba con más de 300 semanas cotizadas al 1 de abril del 1994, «sin que para este efecto se exijan límite temporal en la jurisprudencia constitucional».

A ello llegó como consecuencia de que existían dos posiciones contrarias, de un lado esta Sala de Casación Laboral bajo la que el principio de la condición más beneficiosa, solo operaba frente a la norma inmediatamente anterior y con límite temporal, por lo que no era posible realizar una búsqueda histórica en el ordenamiento jurídico de la disposición que consagrara el derecho pensional; identificó pronunciamientos de esta corporación y, de otro lado, de la Corte Constitucional, que insistentemente vía tutela, ha sostenido que era posible la aplicación de la condición más beneficiosa en relación con pensiones de invalidez y, que si era viable la aplicación del Acuerdo en comento, siempre y cuando a la fecha de la entrada en vigencia del sistema integral de seguridad social, el afiliado acreditara una densidad de 300 semanas cotizadas.

Expuso que, para la jurisdicción constitucional, ello era así, por cuanto existía un déficit derivado en la omisión del legislador en la creación de mecanismos de protección de derechos eventuales, expectativas legitimas, que no podían ser obviadas por el funcionario judicial en la resolución de los casos bajo su estudio y, además, en voces de la sentencia de la Corte Constitucional bajo el principio de la condición más beneficiosa:

[…] las expectativas legitimas contraídas antes de entrar en vigencia el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 constituyen barreras que limitan la competencia del legislador para agravar los requisitos ya cumplidos mediante reformas desprovistas de regímenes de transición, este límite de raigambre constitucional es entonces oponible a la reforma introducida por la Ley 100 de 1993 en su versión original e, incluso por la Ley 860 de 2003; este tipo de protección, no cobija aquellas personas que tienen una mera o, simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional; sino a un grupo de personas que si bien, no tienen un derecho adquirido se ubican en una posición intermedia, habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta como haber cumplido en su integridad la densidad de semanas que consagraba la ley derogada, evento en que es posible acudir a la norma anterior sin que sea necesariamente sucesiva.

Tras referir providencias de tutela de la Corte Constitucional, le resultó el caso bajo su estudio análogo a los supuestos de hecho analizados por dicha corporación, agregó que conforme a la Sentencia CC SU05-2018, que analizó el principio de la condición más beneficiosa en pensión de sobrevivientes, que exigía la observancia de un test, el mismo no aplicaba para la pensión de invalidez por considerarlas pensiones diferentes y tras exponer los argumentos de la jurisdicción constitucional consideró viable la aplicación del principio y procedió con el reconocimiento de la pensión.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la de primera y la absuelva de las pretensiones de la demanda y defina en costas lo que corresponda.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica y se abordaran de manera conjunta, dado que se dirigen por la misma vía de ataque y se presenta el mismo fin.

VI. PRIMER CARGO

Acusa la sentencia de violar la ley por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea «del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, en concordancia con los artículos 48 y 53 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo».

Considera errada la fundamentación del colegiado cuando establece que debido a que el demandante no cumplió con los requisitos establecidos por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, el reconocimiento de la pensión de invalidez, de acuerdo al principio de la condición más beneficiosa, se regularía por el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, por cuanto cotizó más de 300 semanas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo que le permitió consolidar el derecho a la pensión peticionada, a pesar de que la última cotización al sistema fue en el mes de abril de 1996 cuando ya se encontraba en vigencia otro ordenamiento jurídico.

Puso de presente que las leyes sociales, conforme al artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo, son de orden público y producen efectos generales e inmediatos a partir de su promulgación, por lo que se ha establecido que la pensión de invalidez debe analizarse bajo la normatividad vigente al momento de su estructuración y acota que, tanto el régimen de transición, como el principio de la condición más beneficiosa buscan garantizar las «expectativas legítimas» de los afiliados que son afectados por una nueva normativa que pueda truncar su derecho pensional próximo a consolidarse, para lo que se habilita «continuar con las mismas condiciones de la ley vigente al cambio normativo; más no extender sus efectos en el tiempo de manera indefinida, dado que con cada cambio normativo la afectación es menor producto del desvanecimiento de su expectativa originada en la falta de cumplimiento de los requisitos».

Además de señalar que tal principio no es automático, acudió a la CSJ SL1938-2020 y, las condiciones para la procedencia de dar vía libre al principio de la condición más beneficiosa: Así concreta que el equívoco se enmarca en la consideración de que:

[…] respecto a la consolidación del derecho a pensión de invalidez en los términos del artículo 6 del acuerdo 049 de 1990, producto de la cotización de 300 semanas anteriores a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, es contrario a derecho y viola la ley sustancial, por cuanto es equivocado concluir que las cotizaciones realizadas en un ordenamiento producen efectos hacia el futuro y consolide el derecho para el reconocimiento de la pensión a pesar del cambio del ordenamiento. Pues al no existir una expectativa “legitima”, se ha establecido que la cotización en ordenamientos anteriores genera una mera expectativa y no un derecho adquirido.

VII. SEGUNDO CARGO

Acusa la sentencia de violar la ley por la vía directa, modalidad de infracción directa:

[…] del artículo 6 del acuerdo 049 de 1990, reglamentado por el decreto 758 de 1990, lo que conllevó a la inaplicación de los artículos 1 de la ley 860 de 2003, modificatoria del artículo 39 de la ley 100 de 1993 en concordancia con los artículos 48 y 53 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo.

Al igual que en el cargo precedente se duele de la fundamentación del Tribunal para reconocer la pensión de invalidez, en aplicación al principio de la condición más beneficiosa, acudiendo al artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por cuanto el actor cotizó más de 300 semanas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y para la demostración del error se sirve de los mismos fundamentos.

Adiciona que, si en gracia de discusión se estudiara el precedente constitucional en que el fallador de segundo grado fundamenta su decisión, se equivoca al señalar que el test de procedencia no es aplicable tratándose de la prestación de invalidez, puesto que, ello contraviene el precedente vigente de la sentencia CC SU-556-2019, que claramente dejó por sentado que, el principio de la condición más beneficiosa de manera ultractiva opera exclusivamente para casos donde se encuentre acreditado y superado dicho test de razonabilidad, para el efecto citó la Sentencia T-188 de 2020.

Considera que la sala sentenciadora al establecer que la situación del demandante no debe ser regulada por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, sino por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, omitió el fin esencial de este principio «que es garantizar las expectativas, pero no cualquier posibilidad de pensionarse bajo un régimen pensional, sino las que corresponden a unas expectativas reales y cercanas que puedan generar un derecho pensional de acuerdo al régimen que venía cotizando al momento del cambio normativo» y de allí entiende que se evidencia la interpretación errónea tanto de la Ley 860 de 2003 como del precedente jurisprudencial al dar un alcance que no corresponde a la ley aplicable al caso concreto.

Tal entendimiento lo encuentra contrario a derecho al concebir que las cotizaciones realizadas en un ordenamiento producen efectos hacia el futuro y con estas se consolide el derecho para reconocer una pensión que, resalta, tiene una normativa existente al momento de la pérdida de la capacidad laboral diferente, expresó:

[…] ya que en materia de pensión de invalidez se ha establecido que la misma genera una mera expectativa y no un derecho adquirido, sumado al hecho que no existe transición frente a esta modalidad de pensión de acuerdo con el precedente jurisprudencial vigente la búsqueda de una legislación donde el demandante cumpla requisitos no puede ser indefinida en el tiempo, pues se encuentra limitada a los 3 años posteriores a la entrada en vigor de la legislación.

VIII. RÉPLICA CONJUNTA A LOS CARGOS

La oposición solicita que no se case la sentencia por cuanto adolece de defectos técnicos, como quiera que presenta: un alcance de impugnación deficiente; incumple con la carga de que la proposición jurídica sea completa; incompatibilidad en la formulación de los cargos en razón a que, en ellos existe acusación por violación directa de la ley y a la vez por interpretación errónea del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003; error en la inteligencia de la norma ya que por ningún lado argumenta desde la norma sustancial cuál debe ser la hermenéutica correcta, no se distingue cuál es la interpretación errónea que le imprimió el fallador de segundo grado a la norma y cuál, en criterio del recurrente, era el sentido adecuado.

IX. CONSIDERACIONES

No le asiste razón al opositor en cuando a los reparos de técnica endilgados al recurso extraordinario de casación y por el contrario observa los mínimos cuestionamientos que permiten a la Sala abordar su estudio.

Dado que los cargos se dirigen por el sendero de puro derecho, no hay controversia alguna en torno a que: el señor Carlos Enrique Viana Rodríguez está afiliado al régimen de prima media con prestación definida desde el 6 de octubre de 1978, al 30 de abril de 1996 tiene 607,99 semanas aportadas, de las que 431,72 son anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; la Junta Regional de Calificación de Invalidez le determinó una pérdida de capacidad laboral de 83%, estructurada el 11 de abril de 2016, por diabetes Mellitus insulinodependiente, con otras complicaciones especificadas e, insuficiencia renal terminal, y que no se acreditó la densidad de semanas previstas en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, modificatoria del artículo 39 de la Ley 100 de 1993; no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo, ni tampoco demostró 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración.

El descontento del accionante gravita, en estricto rigor, en que el Tribunal aplicó indebidamente el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, pues no debió utilizar el 6º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, en virtud del principio de la condición más beneficiosa.

En lo que respecta al reproche, la Corte de vieja data ha advertido que no es posible, entre otros, la utilización del postulado de la condición más beneficiosa, con el objeto de realizar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores hasta acomodar al caso concreto la norma que mejor se avenga en cada caso particular o resulte más favorable y, con ello, una aplicación plus ultractiva de la Ley, lo cual por demás, desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia el futuro.

Al punto, esta Corte, en providencia CSJ SL840-2020 que rememora la SL1689-2017, reiterada en sentencia CSJ SL8305-2017, enseñó:

La inconformidad de la parte recurrente con el fallo atacado radica básicamente en que de acuerdo con el principio de la condición más beneficiosa, es viable darle aplicación al artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año.

Pues bien, es criterio reiterado de esta Corporación, que el derecho a la prestación pensional reclamada debe ser dirimido a la luz de la norma que se encuentra vigente al momento de la estructuración de tal condición. De ahí que, al haberse estructurado la invalidez el 23 de junio de 2008, la disposición que rige el asunto es el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, cuyos requisitos no cumplió el actor pues no cotizó 50 semanas durante los tres años anteriores a dicha fecha.

De otra parte, como la censura invoca el principio de la condición más beneficiosa a fin de que el asunto se resuelva bajo la égida del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, es preciso señalar que no es viable dar aplicación a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una búsqueda interminable de legislaciones anteriores a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares del peticionario o cuál resulta ser más favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia futuro. Esta ha sido la postura de la Sala expuesta en recientes providencias, entre otras, CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016 y CSJ SL15965-2016.

En este orden, no era procedente que el Tribunal considerara los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 de manera plus ultractiva como lo pretende la censura, ni siquiera bajo el argumento de acudir al principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes, lo que no ocurre en el sub lite.

De manera que, trasladando todos los argumentos expuestos en las anteriores decisiones al asunto sometido a escrutinio de la Corte, se concluye que el juzgador de alzada se equivocó, por cuanto para la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del actor, esto es, 11 de abril de 2016, la norma aplicable era la Ley 860 de 2003, modificatoria del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y no el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, como acertadamente lo infirió.

No está demás señalar y como refiere el ataque el actor no podría ser acreedor a la aplicación de la condición más beneficiosa por el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, por cuanto la Sala mayoritariamente se ha inclinado por reglar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa cuando la estructuración de la invalidez del afiliado ha sucedido al amparo de la Ley 860 de 2003, solo es posible diferir los efectos de la mencionada ley hasta el 26 de diciembre de 2006, esto es, por 3 años luego de su vigencia; ver sentencia SL2358-2017.

Ahora bien, sobre la fuerza vinculante del precedente constitucional, puntualmente la sentencia CC SU-05-2018, esta Corporación, en sentencia CSJ SL184-2021, adoctrinó:

La fuerza vinculante del precedente constitucional

La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de resolver el asunto de su competencia.

Asimismo, ha precisado que un precedente tiene fuerza vinculante, puesto que, sin duda, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermenéutica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgarle comprensión a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones normativas y a desarrollar principios básicos del Estado constitucional, como el de seguridad jurídica; además, permite materializar el respeto de los principios de igualdad, supremacía de la Carta Política, debido proceso y confianza legítima (C-539-2011).

No obstante, también ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad; es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior y el precedente en vigor; esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela.

El primero, tiene fuerza vinculante especial y obligatoria en razón de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresión a la Constitución Política (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque también tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentación suficiente, en armonía con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017).

En ese contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y su aplicación debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jurídicos Superiores importantes para los individuos y la sociedad-, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter partes y a la ratio decidendi de la sentencia SU-05-2018, se aparta de su contenido -deber de transparencia-, por las razones que se expone a continuación -deber de argumentación suficiente- (C-621-2015 y SU-354-2017).

En esa providencia, dicha autoridad judicial estableció que es posible la aplicación plus ultractiva de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, (ii) no acredite 50 semanas de aportes durante los tres años anteriores al deceso, para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, (iii) pero sí reúne el número mínimo de semanas cotizadas exigidas en el régimen anterior.

Igualmente, asentó que es procedente la acción de tutela para reclamar la pensión de sobrevivientes, cuando se cumplan con las siguientes condiciones del test de procedencia: (i) pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) tener afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital; (iii) depender económicamente del causante antes de su fallecimiento, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso; (iv) al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la pensión de sobrevivientes, y (v) la persona reclamante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de tal prestación.

A juicio de esta Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Así mismo, desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente los de aplicación general e inmediata y de retrospectividad.

Por otra parte, la aplicación ultractiva de normativas derogadas en una sucesión de tránsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jurídica, pues genera incertidumbre sobre la disposición aplicable, en la medida en que el juez podría hacer un ejercicio histórico para definir la concesión del derecho pensional, con aquella que más se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de carácter general, lo cual, según el criterio de la Sala, no es posible (…)

En síntesis, conforme al precedente citado, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condición más beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicación y actualizarlo conceptualmente bajo la égida del modelo constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad y la garantía de efectividad de los derechos fundamentales sociales.

En consecuencia, la sala sentenciadora incurrió en los errores de los que se le acusa, bajo el amparo constitucional que no ha sido de recibo por esta Sala como quedó anotado, sin que existan razones diferentes que permitan un cambio de pensamiento, por lo que habrá de casarse la sentencia impugnada.

Sin costas en el recurso extraordinario dada la prosperidad del cargo.

X. SENTENCIA DE INSTANCIA

Basta acudir a las consideraciones narradas con antelación, para concluir que el demandante no cumple con los requisitos narrados en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 ni con aquellos previstos para la habilitación del principio de la condición más beneficiosa, por lo que se encuentran llamados al éxito aquellos argumentos expuestos en la apelación planteada por la convocada.

En ese horizonte, en los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, entre el 11 de abril de 2013 y el 11 de abril de 2016, no presenta cotización alguna, debiendo en dicho interregno contar con un mínimo de 50 periodos semanales según la disposición en cita. Tampoco reúne las condiciones previstas en el parágrafo 2o del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 1o de la Ley 860 de 2003, puesto que para la última fecha anotada - 2016 - solamente registra un total de 607,99 semanas, cantidad muy inferior al 75% de las exigidas para acceder a la pensión de vejez, lo que excepcionalmente habilitaba el conteo de 26 semanas en el mismo periodo.

En cuanto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa frente a la prestación de invalidez cuando ésta ha sucedido al amparo de la Ley 860 de 2003, solo es posible diferir los efectos de la mencionada ley hasta el 26 de diciembre de 2006, y en el caso en estudio el siniestro se dio en el año 2016, luego no se abrieron las puertas de la aplicación del aludido principio para acudir a la norma precedente que era la Ley 100 de 1993 en su versión original y que, en todo caso tampoco hubiera cumplido ya que todas sus cotizaciones fueron realizadas hasta el 30 de abril de 1996, por manera que no estaba cotizando y no tendría las 26 semanas requeridas en el año inmediatamente anterior.

En este estado de las cosas, se impartirá absolución a la demandada al abrirse paso la excepción de inexistencia de la obligación. Al salir avante uno de los medios exceptivos propuestos, se releva esta Corporación del estudio de los restantes, atendiendo para ello los derroteros consignados en el artículo 282 del Código General del Proceso.

No se impondrán costas en segunda instancia, al no haberse causado. Las de primera, a cargo del demandante.

XI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 2 de junio de 2020 por la Sala Tercera del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por CARLOS ENRIQUE VIANA RODRIGUEZ contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

En sede de instancia, se dispone: REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín el día 7 de octubre de 2020, en su lugar:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de inexistencia de la obligación. En consecuencia,

SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada de las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin Costas en segunda instancia, las de primera a cargo del demandante.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

(Aclara Voto)

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

(Aclara Voto)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

No firma por ausencia justificada

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Recurso Extraordinario de Casación

Radicación n.º 88756

Referencia: demanda promovida por CARLOS ENRIQUE VIANA RODRÍGUEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me permito hacer aclaración de voto, pues si bien comparto lo que finalmente se adoptó en el sub judice, en tanto dispuso casar la sentencia condenatoria del Tribunal, en razón a que el demandante no acreditó los requisitos previstos en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, disiento frente a los argumentos expuestos para apartarse de la CC SU-05-2018, y al límite temporal que se aduce respecto del principio de la condición más beneficiosa, pues debo reiterar lo siguiente:

En la sentencia CC SU-05-2018, la Corte Constitucional estableció la viabilidad de aplicar por plus ultractivamente el principio de la condición más beneficiosa, bajo ciertos parámetros o cumplimiento del test de proporcionalidad; sin embargo, la Sala para apartarse de dicha decisión retoma los argumentos expuestos en CSJ SL1884-2020, manifestando además, entre otras razones, que: «en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa», lo que estimo aceptable cuando se trata del salto normativo entre la Ley 860 de 2003 y la Ley 100 de 1993, sin necesidad de limitarlo al espacio temporal que la mayoría de esta Corporación ha establecido para tal fin.

Frente a dichos argumentos, debo indicar que si bien inicialmente compartí el criterio mayoritario de la Sala vertido en la sentencia CSJ SL2358 de 2017, a través de la cual se dio vigencia temporal a la Ley 100 de 1993, en el transito legislativo con la Ley 860 de 2003, esto es, el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2006, ello fue con el fin de extender en el tiempo por vía jurisprudencial, los efectos del principio de condición más beneficiosa en dicho periodo, y hacer menos rigurosa su aplicación, en aras de tratar de salvaguardar los derechos de los asegurados y su grupo familiar, quienes por los cambios normativos verían truncada la posibilidad de acceder a la pensión de invalidez, pese a tener en cúmulo de cotizaciones importantes, y que conforme a disposiciones anteriores daría lugar de acceder a esa prestación.

No obstante lo anterior, al hacer un juicioso y minucioso análisis de dicha providencia y de las diferentes hipótesis que allí se plantean como supuestos fácticos que deben cumplir los asegurados para acceder a la pensión de invalidez bajo esta nueva línea de pensamiento, se observa que las reglas allí trazadas, a más de ser en algunos casos confusas, también se tornan poco posibles de cumplir, de tal suerte, que de manera exigua o en nada termina favoreciendo al grupo poblacional al que está dirigida, contrario a lo que fue la finalidad del cambio doctrinal propuesto respecto de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa que con aquella providencia se fijó.

En efecto, al analizar por ejemplo las subreglas planteadas en la providencia, como las señaladas en el numeral «3.2», de una detallada lectura, se advierte que se hacen más difíciles de cumplir en la práctica, pues en este evento, cuando el asegurado no era cotizante activo para el momento del tránsito legislativo, las 26 semanas deben de ser cotizadas en el año inmediatamente anterior a la vigencia de la Ley 860 de 2003, es decir, «entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2002», siendo entonces un número mínimo de afiliados quienes puedan cumplir con tales exigencias.

Bajo el contexto que antecede, en mi prudente juicio imponer un limite temporal para acudir al postulado en comento en aquellos casos de sucesión normativa entre la Ley 860 de 2003 y Ley 100 de 1993, cuando el asegurado invalido cumple con los requisitos que esta última disposición exige en su canon 39, desconoce la esencia misma de la condición más beneficiosa, pues como lo ha sostenido esta Corporación en diferentes oportunidades es característico de la institución jurídica en comento que « Entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia –expectativas legítimas- habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada», de manera que a mi juicio, la posición de la Sala de supeditar la aplicación del principio de la condición mas beneficiosa a que el peticionario acredite las 26 semanas en el año inmediatamente anterior al «26 de diciembre de 2003» y no como lo exige el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, desconoce lo antes señalado, olvidando además que las expectativas legitimas no pierden su condición de tales como consecuencia de una sucesión normativa o del paso del tiempo.

En los anteriores términos, dejo consignado mi aclaración de voto.

Fecha ut supra,

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandante: Carlos Enrique Viana Rodríguez

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

Radicación: 88756

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, aclaro mi voto en la presente providencia, por las razones que expongo a continuación.

Si bien estoy de acuerdo con la decisión de casar la sentencia anterior con fundamento en la postura de la Sala relativa a que no es posible realizar una búsqueda histórica con el fin de determinar la norma que más se ajusta a las necesidades del actor; no comparto: (i) las consideraciones relativas a la posibilidad de aplicar el principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003, y (ii) al instalarse en sede de instancia, a la Sala le correspondía analizar el alcance del precedente respecto a la pensión de invalidez en tratándose de patologías crónicas, degenerativas y congénitas, para determinar si el actor era beneficiario de prestación que solicitó. Lo anterior por las siguientes razones:

(i) Aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo de Ley 100 de 1993 a 797 y 860 de 2003.

Considero que la aplicación del citado principio que consagra el artículo 53 de la Carta Política de 1991 está sometido a ciertos límites, que el juez del trabajo y de la seguridad social los cuales debe tener en cuenta en sus decisiones dado que, si bien protege las situaciones jurídicas o los derechos individuales próximos a consolidarse respecto a un cambio normativo que pueda lesionarlos, lo cierto es que su ámbito de acción no cobija cualquier reforma o ajuste en la legislación laboral o de la seguridad social, sino solamente aquella que contenga cambios estructurales en los esquemas que la soportan.

Lo anterior, porque de no limitarse y aplicarse ante cualquier transito normativo paralizaría la puesta en marcha de importantes ajustes en las políticas laborales, sociales y económicas. Por tal razón, este principio, adecuadamente entendido, está dirigido a garantizar, con ciertos límites, la permanencia de determinado estatuto regulatorio ante cambios verdaderamente estructurales en la regulación.

En esa dirección, las leyes 797 y 860 de 2003 no representaron un cambio estructural en el sistema de pensiones en nuestro país, sino de modificaciones legislativas en cuanto a los requisitos para el acceso a las prestaciones económicas, por tanto, en virtud de ello, la condición más beneficiosa no opera en dicho caso respecto a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 en su versión original, en tanto una modificación paramétrica respecto a la densidad de semanas de cotización como la que se planteó en dichas reformas, no refleja un cambio sustancial que amerite la suspensión temporal de la legislación actual con la finalidad de proteger expectativas legítimas.

(ii) Omisión en el análisis del precedente respecto a las patologías crónicas degenerativas, crónicas y congénitas.

En el sub lite el actor demandó solicitando el reconocimiento de la pensión de invalidez derivados de múltiples diagnósticos que padece, los cuales se corroboran en el dictamen de pérdida de capacidad laboral que la Junta Regional de Calificación realizó el 16 de agosto de 2018, entre ellos «diabetes mellitus insulinodependiente», «ECV» que derivó en un «glaucoma crónico», «hipertensión arterial» y «trasplante renal con disfunción crónica» y que le generaron una PCL del 83% con fecha de estructuración 8 de abril de 2016 (f.º 16 a 17 reverso).

Ahora, si bien la jurisprudencia de la Corte ha precisado que, en principio, el derecho a la pensión invalidez debe analizarse conforme a la norma vigente al momento de la estructuración de tal condición, en esta perspectiva la Ley 860 de 2003, lo cierto es que también ha considerado que en tratándose de afiliados que padecen enfermedades de tipo crónico, degenerativo o congénito, a efectos de analizar la procedencia o no del derecho pensional, se puede acudir a las siguientes fechas para efectos de contabilizar el número de semanas de cotización exigido por la ley: (i) la de calificación de dicho estado; (ii) la de la solicitud de reconocimiento pensional, o (iii) la de la última cotización realizada (CSJ SL781-2021 y CSJ SL1439-2021).

Así, pese a que en la demanda el accionante empleó como argumento principal la aplicación del principio de la condición mas beneficiosa, a mi juicio, ubicada en sede de instancia, la Sala debía analizar si el actor cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez bajo tales parámetros y, para ello, acudir a los fundamentos fácticos planteados y lo que logró probarse en el proceso; lo anterior, en aplicación del principio general del derecho que indica «dame los hechos y yo te daré el derecho» el cual es connatural con el postulado constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental –artículo 228 de la Constitución Política-.

En esta vía, era necesario que la Corte determinara no solo si el actor cumplía con los requisitos para acceder a la prestación que reclama conforme a la norma vigente a la fecha de estructuración, sino que le correspondía establecer si las patologías que padece el actor podrían considerarse como crónicas, degenerativas o congénitas y, analizado lo anterior, si acreditó la densidad mínima de cotizaciones a la fecha de calificación de la invalidez, de la solicitud de reconocimiento pensional, o la de la última cotización realizada; sin embargo, se omitió realizar el estudio pertinente.

En los anteriores términos dejo expuesto mi aclaración de voto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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