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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5691-2021

Pensión de vejez

Fecha
1 de diciembre de 2021
Magistrado ponente
Gerardo Botero Zuluaga
Citada por
19 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL5691-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Podían contabilizarse como cotizados los periodos en mora reportados por la Asociación Los Mil Amigos sin prueba suficiente de la relación laboral?

  2. ¿Cumplía la demandante los requisitos de semanas para la pensión de vejez del Acuerdo 049 de 1990 o de la Ley 100 de 1993?

Reglas

  1. La exigencia de probar la relación laboral que respalda cotizaciones reportadas es excepcional y opera cuando existen dudas serias y fundadas sobre la vigencia del vínculo.

    «esta exigencia es excepcional y resulta predicable únicamente en los casos en que, como se dijo, existan serias y fundadas dudas sobre la vigencia de un nexo contractual de trabajo»
  2. La existencia de una historia laboral no obliga al juez a convalidar automáticamente los periodos con mora si hay dudas serias sobre el vínculo laboral que los generó.

    «el simple registro de las cotizaciones en la historia laboral no conlleva, de manera automática e inexorable, a tener como efectivamente cotizado esos períodos»
  3. Para computar como cotizaciones los periodos en mora se requiere acreditar la relación laboral efectiva que los originó cuando no existe certeza sobre su continuidad.

    «resulta necesario la comprobación de la existencia de la relación laboral que los generó»
  4. No es suficiente el reporte de mora en la historia laboral para imputar a la administradora de pensiones la responsabilidad por las semanas, si no está acreditada la relación de trabajo que habría generado los aportes.

    «no son suficientes los reportes que aparecen en la historia laboral expedida por Colpensiones»
  5. La persona puede requerir al presunto empleador para que pague los aportes en mora y la administradora los convalide, si demuestra el trabajo y reúne los requisitos legales para la pensión.

    «la demandante requiera al presunto empleador para que realice el pago de los respectivos aportes en mora por el tiempo que afirmó haber laborado en su favor»

Decisión

En sede de instancia, la Corte revocó la sentencia que había condenado a Colpensiones a pagar la pensión de vejez y el retroactivo, y absolvió a la entidad de las pretensiones. Impuso a la demandante las costas de primera instancia.

Parte resolutiva

DECISIÓN Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sede de instancia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia dictada por el Juzgado Veinticinco (25) Laboral del Circuito de Bogotá, el diecinueve (19) de mayo de dos mil catorce (2014), en el proceso promovido por BLANCA ELINA DEL CARMEN NOVOA DE MARTÍN contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES, para en su lugar, ABSOLVER a la referida entidad de todo lo pretendido en su contra. SEGUNDO: Costas de primera instancia a cargo de la parte demandante, las de segunda no se causan.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5691-2021

Magistrado ponente: Gerardo Botero Zuluaga

1 de diciembre de 2021

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado ponente

SL5691-2021

Radicación n.° 70665

Acta 46

Villavicencio, primero (01) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

Procede la Corte a proferir el fallo de instancia en el proceso ordinario laboral que BLANCA ELINA DEL CARMEN NOVOA DE MARTÍN adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

En sentencia CSJ SL3692-2020 del veintiséis (26) de agosto de dos mil veinte (2020), esta Corte casó el fallo dictado por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el quince (15) de agosto de dos mil catorce (2014), mediante el cual se había confirmado la sentencia dictada en primer grado que condenó a la demandada a reconocer y pagar a la accionante la pensión de vejez, a partir del 1º de diciembre de 2008, en cuantía inicial de $461.500, debidamente indexada, junto con un retroactivo pensional equivalente a $40.777.333,89, causado entre la referida data y el 1º de abril de 2014.

Para arribar a la aludida decisión, la Sala señaló, esencialmente que «las cotizaciones de un asegurado al sistema, se generan con ocasión de la prestación efectiva del servicio o en otras palabras la existencia de una relación laboral hace que surja para el empleador el deber de aportar al sistema pensional » de manera que, para que pudiera hablarse de mora patronal, «se requería la existencia de una relación laboral que así la genere, por lo que no puede el operador judicial endilgarle a la administradora de pensiones una responsabilidad automática ante los reportes de falta de pago por parte del empleador reflejados en la historia laboral».

En el contexto que antecede, se determinó que «ante el reporte de mora del empleador Asociación los Mil Amigos del Distrito, el Tribunal no podía endilgarle de manera automática a la administradora de pensiones la responsabilidad del reconocimiento pensional, por no haber iniciado la acciones cobro, sin antes haber verificado la existencia de la relación laboral, generadora de esas supuestas cotizaciones no canceladas por parte del empleador».

Por tal motivo en sede de instancia, y para mejor proveer, se solicitó a la Asociación los Mil Amigos del Distrito, así como a la demandante Blanca Elina del Carmen Novoa de Martín, remitir copia del contrato de trabajo, de los comprobantes de pago de nómina, de la liquidación final de acreencias laborales, de la carta de terminación del contrato de trabajo o la renuncia y de las planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral que tengan en su poder.

Así mismo, se solicitó a la referida asociación remitir un certificado laboral en el que consten los extremos temporales del contrato de trabajo, las condiciones del mismo, cargo que ocupó la demandante y las sumas devengadas por esta, durante el tiempo que laboró en ella, discriminadas mes a mes.

A folio 85 de cuaderno de la Corte, se observa informe secretarial en el cual se indica, que en cumplimiento a lo ordenado en la referida sentencia, se libraron los oficios OSSCL CSJ n.° 56901, 56903 y 57033 de 13 de octubre de 2020; que en respuesta el día 14 de octubre de 2020, se recibió correo electrónico proveniente de la Secretaria Distrital de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la cual se señaló que «la asociación Los Mil Amigos del Distrito no cuenta con vinculación por ser de carácter privado, la cual se encuentra suspendida de acuerdo con una consulta realizada en internet y, en las bases de datos de las entidades liquidadas con el nombre de la señora Novoa de Martín, no se encontró».

Así mismo, se dejó constancia que en reiteración se libraron los oficios OSSCL CSJ n.° 69802 y 69803 de 04 de diciembre de 2020, a la parte opositora, señora Blanca Novoa y su apoderada, por lo que el 26 de marzo de 2021, se recibió respuesta de la togada, mediante la cual puso a disposición «una tarjeta de comprobación de derechos y una historia laboral antigua de la poderdante».

En atención a lo anterior, se ordenó que por Secretaría, se requiriera directamente a la Asociación los Mil Amigos del Distrito, para que allegara con destino a este proceso, la documental solicitada mediante oficio OSCL CSJ No 56901 del 13 de octubre de 2020.

Finalmente conforme al informe secretarial que reposa en el expediente, se tiene que los oficios remitidos fueron devueltos por la empresa de mensajería 472, con causal «Dirección Errada»; de igual forma, se dejó constancia que estos fueron enviados a las direcciones registradas en el folio 30 del cuaderno principal, dirección laboral y del empleador del documento denominado Solicitud de vinculación, al igual que, a la obtenida de la página de internet de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la que se consultó respecto de la Asociación los Mil Amigos del Distrito. Así mismo, se dejó constancia que tampoco fue posible la comunicación telefónica al número que aparece en el expediente.

Así las cosas, se procedió a correr el traslado en el Sistema de Gestión Siglo XXI por el término de tres (3) días de las respuestas obtenidas, sin que se haya obtenido oposición alguna por lo que se procede a proferir la respectiva decisión que corresponde

CONSIDERACIONES

En sede de instancia, procede la Corte a decidir el recurso de apelación que formuló la parte demandada, quien pretende ser absuelta de las condenas impuestas por el juez de primer grado, consistentes en el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, a partir del 1º de diciembre de 2008, en cuantía inicial de $461.500, debidamente indexada, y del retroactivo pensional equivalente a $40.777.333,89.

En ese orden, el problema puesto a consideración de la Sala, consiste en determinar si conforme a lo que se encuentra acreditado en el proceso la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez antes señalada.

Al efecto, lo primero que debe advertirse, es que si bien esta Sala de la Corte ha sostenido que «las cotizaciones de un asegurado al sistema, se generan con ocasión de la prestación efectiva del servicio » de manera que, para que pudiera hablarse de mora patronal, «se requería la existencia de una relación laboral que así la genere, por lo que no puede el operador judicial endilgarle a la administradora de pensiones una responsabilidad automática ante los reportes de falta de pago por parte del empleador reflejados en la historia laboral», también ha precisado que, « cuando se ostentan serias dudas acerca de la validez de ciertos períodos, ya sea, por ejemplo, porque existen novedades o inconsistencias en la historia laboral tales como: la falta de afiliación o de retiro, el no registro de la relación laboral o porque no esté muy clara la continuidad o permanencia del afiliado» como es lo que acontece en el presente asunto, «resulta necesario exigir la prueba de la existencia de una relación laboral que le dé soporte efectivo a dichas cotizaciones, aun cuando se registra afiliación pero se registra mora del empleador, para así evitar fraudes al sistema de seguridad social». (CSJ SL3285-2021), debiéndose advertir, que tal y como se resaltó en la sentencia antes citada:

(…) esta exigencia es excepcional y resulta predicable únicamente en los casos en que, como se dijo, existan serias y fundadas dudas sobre la vigencia de un nexo contractual de trabajo, pues no en todos los eventos en que se examine una historia laboral, de cara a efectuar la contabilización de las semanas cotizadas, se debe verificar la existencia de una relación laboral por cada período aportado o dejado de cotizar.

Dicho de otra manera, no puede el juez entrar a convalidar períodos con una aparente falta de relación laboral sin tener la certeza de que en éstos el trabajador prestó sus servicios bajo un vínculo laboral, puesto que, el simple registro de las cotizaciones en la historia laboral no conlleva, de manera automática e inexorable, a tener como efectivamente cotizado esos períodos, dado que ello no solo podría conllevar a cargarle o imputarle al sistema pensional un número de semanas no cotizadas por el asegurado, sino a declarar la existencia de un contrato de trabajo no cumplido, con las consecuencias que ello acarrea; lo que además supone un claro desconocimiento de un principio medular del ordenamiento jurídico del trabajo, como lo es el de la primacía de la realidad sobre las formas.

En consecuencia, para tomar en favor de la demandante como efectivamente cotizados los periodos con la Asociación los Mil Amigos del Distrito, resulta necesario la comprobación de la existencia de la relación laboral que los generó, pues en el plenario no existe certeza sobre la permanencia de la relación contractual, y por lo tanto de la continuidad de la afiliación de la accionante como cotizante por parte de la referida entidad; ello por cuanto, si bien la actora afirmó que, estuvo vinculada a la Asociación «los Mil Amigos» desde el 1º de diciembre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1998, y que este empleador sólo efectuó el pago de las cotizaciones a pensión durante un mes, revisada la historia laboral que figura a folios 24-32 y 71-74, se constata que cuenta con un total 524.57 semanas de cotizaciones y que para la razón social Asociación Mil Amigos del Distrito reporta lo siguiente:

Ciclo

Días cotizados

Observación

199605

0

Pago en proceso de verificación

199612

0

Nombres no concuerdan con Registraduría

199702

30

Pago aplicado al periodo declarado

199703-199909

0

Su empleador presenta deuda por no pago

Ahora bien, de la tarjeta de comprobación de derechos y de la historia laboral allegada por la demandante - parte opositora en casación, y que reposan en el cuaderno digital de la Corte, tampoco es posible inferir la existencia de la relación laboral durante todo el interregno temporal echado de menos por la Sala y generadora de las cotizaciones reclamadas por la accionante; pues lo cierto es que, el primer documento tiene como fecha de vigencia de enero a marzo de 1996 y se indica que únicamente se efectúan aportes a «EGM»; mientras que, el segundo, se trata de una historia laboral para el periodo de cotización 1967-1994, la cual por obvias razones no puede reflejar lo requerido por la promotora del proceso, quien alegó la existencia del contrato de trabajo desde el 1º de diciembre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1998.

Lo mismo sucede con la solicitud de vinculación a pensiones, salud y riesgos laborales que se observa a folio 30, puesto que si bien, de la misma puede inferirse que existió una afiliación por parte de la Asociación los Mil Amigos como empleadora de la demandante Blanca Elina del Carmen Novoa de Martín, quien tenía desempeñaba funciones de empleada del servicio doméstico, lo cierto es que, ello no acredita que la relación laboral hubiese permanecido vigente durante todo el interregno temporal afirmado por esta, más aún, cuando existen inconstancias entre los extremos temporales afirmados por ella (1º de diciembre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1998)- y los reflejado en la historia laboral (mayo de 1996 a septiembre de 1999).

Ahora se tiene que a folio 31 del expediente reposan las tarjetas de comprobación de derechos correspondientes al periodo comprendido desde noviembre del 1995 hasta diciembre de 1996, frente a las cuales debe advertirse que, en varias de ellas no se reportan pagos para los riesgos de invalidez, vejez y muerte y que, en todo caso, así se tuvieran en cuenta en su totalidad a pesar de no coincidir con el interregno temporal que la demandante afirmó prestó sus servicios a la Asociación los Mi Amigos, ello no conduciría a que completara las (500) semanas de cotización durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de edad mínima, o las 1000 en cualquier tiempo como se verá en el cuadro que se desarrolla más adelante.

Como consecuencia de lo anterior y, dado que el operador judicial no puede darle validez a « unos períodos con una aparente falta de relación laboral », y no existiendo pruebas en el proceso donde se demuestre que efectivamente la demandante prestó sus servicios bajo un contrato de trabajo durante el periodo por ella afirmado, no es posible contabilizar los demás periodos reclamados a efectos de reconocer la pensión de vejez deprecada, ya que, «el simple registro de las cotizaciones en la historia laboral no conlleva, de manera automática e inexorable, a tener como efectivamente cotizado esos períodos», pues una conclusión diferente, conduciría: i) a imponerle al sistema pensional una carga no justificada, al no existir las cotizaciones por parte del asegurado, afectando su sostenibilidad financiera y ii) a reconocer la existencia de una contrato de trabajo con todas las consecuencias que ello supone; lo que también conllevaría a que se transgrediera un principio cardinal del derecho laboral, como lo es el de la primacía de la realidad sobre las formas.

Así las cosas, dada la incertidumbre que causa la situación aquí suscitada, resultaba necesario que se probara vinculación laboral entre la demandante y la asociación los Mil Amigos del Distrito, se desarrolló durante todo el interregno temporal por ella afirmado, ya que no existe certeza sobre su real ocurrencia, ni acerca del periodo durante la cual se desarrolló, por lo que, en el sub judice no son suficientes los reportes que aparecen en la historia laboral expedida por Colpensiones para determinar la existencia de mora patronal en el pago de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, situación que no impide que, la demandante requiera al presunto empleador para que realice el pago de los respectivos aportes en mora por el tiempo que afirmó haber laborado en su favor, y de esta manera sean convalidados por la administradora de pensiones, a fin de que, en caso de cumplir con los requisitos establecidos por la ley, proceda al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la accionante.

Lo anterior debido a que, al adelantarse una depuración de los aportes que se reflejan en la historia laboral y teniendo en cuenta las semanas acreditadas con los tarjetas de comprobación de derecho, se tiene que el accionante completó un total de 993.72 semanas de las cuales solo 295.35, fueron en los últimos 20 años, por lo que no causó el derecho a la pensional regulado en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, concedido por el juez de primer grado, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla de conteo de semanas totales 25/10/1971 al 30/11/2008

Descripción

Desde

Hasta

Días

Semanas

Observación

Jacques de Schauwer y Cía.

10/25/71

2/1/73

466

66.57

Plásticos Jumbo Ltda.

4/1/73

4/6/73

6

0.86

Aquaforjas Ltda.

5/14/73

1/13/74

245

35.00

Lab Máxima O F Ltda.

8/10/74

9/1/76

754

107.71

Vonder Ltda.

4/15/77

2/1/78

293

41.86

Salsamentaria Europa

2/13/78

10/1/82

1692

241.71

Salsamentaria Europa

10/2/82

3/5/83

155

22.14

Gutiérrez y Barón Cía. Ltda.

2/22/83

3/5/83

12

1.71

Simultanea

Gutiérrez y Barón Cía. Ltda.

3/6/83

4/5/83

31

4.43

Asociación los Mil Amigos

11/1/95

12/31/95

60

8.58

Tarjeta de comprobación de derechos

Asociación los Mil Amigos

12/1/96

12/31/96

360

51.43

Tarjeta de comprobación de derechos

Asociación los Mil Amigos

2/1/97

2/28/97

30

4.29

Aplicado periodos anteriores

Blanca Elina Novoa

10/1/00

1/31/01

120d

17.14

No afiliados al Régimen Subsidiado

Blanca Elina Novoa

3/1/01

1/31/04

1067

152.43

No afiliados al Régimen Subsidiado

Blanca Elina Novoa

3/1/04

10/31/07

1340

191.43

No afiliados al Régimen Subsidiado

Blanca Elina Novoa

12/1/07

1/31/08

62

8.86

No afiliados al Régimen Subsidiado

Blanca Elina Novoa

3/1/08

11/30/08

275

39.29

No afiliados al Régimen Subsidiado

Semanas totales Cotizadas

993.72

Últimos 20 años 01/11/1978 al 1/11/1998

Descripción

Desde

Hasta

Días

Semanas

Observación

Salsamentaria Europa

11/1/78

10/1/82

1431

204.43

Salsamentaria Europa

10/2/82

3/5/83

155

22.14

Gutiérrez y Barón Cía. Ltda.

2/22/83

3/5/83

12

1.71

Simultanea

Gutiérrez y Barón Cía. Ltda.

3/6/83

4/5/83

31

4.43

Asociación los Mil Amigos

1/11/95

12/31/1995

60

8.58

Tarjeta de comprobación de derechos

Asociación los Mil Amigos

12/1/96

12/31/96

360

51.43

Tarjeta de comprobación de derechos

Asociación los Mil Amigos

2/1/97

2/28/97

30

4.29

Aplicado periodos anteriores

Semanas totales Cotizadas últimos 20 años

295.35

De igual manera, tampoco tiene derecho la demandante a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en tanto que, para la fecha en que cumplió los 55 años de edad (1 de noviembre de 1998), dicha norma exigía 1000 semanas, y para ese entonces solo contaba con un poco más de 500; así como, para el año 2008, anualidad que refleja la última cotización, requería 1125 semanas, conforme al artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que modificó el precepto normativo antes señalado.

En consecuencia, se revocará la decisión dictada por el Juzgado Veinticinco (25) Laboral del Circuito de Bogotá, el diecinueve (19) de mayo de dos mil catorce (2014), que condenó a la administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones a reconocer y pagar a la accionante la pensión de vejez, a partir del 1º de diciembre de 2008, en cuantía inicial de $461.500, debidamente indexada, un retroactivo pensional equivalente a $40.777.333,89, causado entre la referida data y el 1º de abril de 2014; para en su lugar, absolverla de todo lo pretendido en su contra.

Costas de primera instancia a cargo de la parte demandante las de segunda no se causan.

DECISIÓN

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sede de instancia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia dictada por el Juzgado Veinticinco (25) Laboral del Circuito de Bogotá, el diecinueve (19) de mayo de dos mil catorce (2014), en el proceso promovido por BLANCA ELINA DEL CARMEN NOVOA DE MARTÍN contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES, para en su lugar, ABSOLVER a la referida entidad de todo lo pretendido en su contra.

SEGUNDO: Costas de primera instancia a cargo de la parte demandante, las de segunda no se causan.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Aclaro voto

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Aclaro voto

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

No firma por ausencia justificada

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación n°70665

REFERENCIA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) vs. BLANCA ELINA DEL CARMEN NOVOA DE MARTÍN.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar el voto por las mismas razones que lo hice en sede de casación.

Recuérdese que el argumento central de nuestra posición jurídica tiene por estribo la defensa de la autonomía de las instituciones y procedimientos propios del servicio de la seguridad social, entre otros, los de afiliación, reporte de novedades, solicitudes de prestaciones, etc., con el fin de asegurar los fines que, como derecho irrenunciable, esta busca. En este particular caso, me ocuparé del deber de reporte de novedades frente a las relaciones laborales dependientes.

Pues bien, una de las situaciones por las cuales se genera la obligación de afiliación o vinculación al sistema de pensiones, es aquella donde la persona es enganchada bajo el marco de un contrato de trabajo. No obstante, ante el sistema de seguridad social, las obligaciones derivadas de este tipo de enlace, específicamente en lo tocante al reporte de novedades, no son del resorte del empleado, sino exclusivamente del empleador. Lo que implica que, será el beneficiario de la prestación del servicio quien responda por la veracidad de la información que reporte el sistema de seguridad social y, en ese orden, no es el empleado quien debe asumir la carga de demostrar la autenticidad de las novedades que reporta el empleador. Desde ya, se concibe como una prueba diabólica exigirle al otrora empleador, cuando fue este último quien, cumpliendo con los deberes legales, reportó la información al sistema de seguridad social, la que se presume auténtica y eficaz.

En esta línea, consideramos que la posición de la Sala, además de imponer una carga inadmisible al empleado, desconoce los deberes que la ley consagra, itero, única y exclusivamente al dador del laborío y, en ese contexto, contraviene abiertamente el principio constitucional de buena fe que se presume en toda actuación pública o privada.

Aflora palmario que el único obligado al pago de la cotización, en el marco de una relación laboral dependiente, es el empleador y si se le exime de cualquier responsabilidad, es natural que no tenga ningún incentivo para cumplir con los deberes que el sistema le impone, en especial, aquellos relativos a la veracidad de la información que suministra. Recuérdese que a voces del artículo 22 de la Ley 100 de 1993, quien contrata en el marco de una relación de trabajo, es el obligado al pago del aporte y responde por la totalidad del mismo, aún en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador.

El artículo 4 del Decreto 1406 de 1999, estatuye con propiedad, que:

Artículo 4. Obligados a cumplir los deberes formales. Los aportantes deberán cumplir las obligaciones y deberes formales establecidos en la ley o el reglamento, personalmente o por medio de sus representantes.

A su vez, define al aportante como:

es la persona o entidad que tiene la obligación directa frente a la entidad administradora de cumplir con el pago de los aportes correspondientes a uno o más de los servicios o riesgos que conforman el Sistema y para uno o más afiliados al mismo. Cuando en este decreto se utilice la expresión "aportantes", se entenderá que se hace referencia a las personas naturales o jurídicas con trabajadores dependientes, a las entidades promotoras de salud, administradoras de pensiones o riesgos profesionales obligadas a realizar aportes correspondientes al Sistema, a los rentistas de capital y demás personas que tengan capacidad de contribuir al financiamiento del SGSSS, y a los trabajadores independientes que se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral.

También explica qué comprende las novedades y el carácter transitorio o permanente de las mismas:

"Novedades" comprende todo hecho que afecte el monto de las cotizaciones a cargo de los aportantes o de las obligaciones económicas que estos tienen frente al sistema.

Las novedades pueden ser de carácter transitorio o permanente:

a) Novedades transitorias son las que afectan temporalmente el monto de las obligaciones económicas a cargo del aportante, tales como incapacidades, suspensiones del contrato de trabajo y variaciones no permanentes del Ingreso Base de Cotización, y

b) Novedades permanentes son las que afectan la cotización base a cargo del aportante en relación con una determinada entidad administradora, tales como ingresos al sistema, cambios de empleador o retiro, traslado de entidad administradora y cambios permanentes en el Ingreso Base de Cotización, trabajadores dependientes al servicio de más de un patrono, cambio de condición de independiente a dependiente, o viceversa. (subrayas y negrita fuera de texto).

En igual dirección, los artículos 8 y 9 del Decreto 1406 de 1999, modificado por el Decreto 2236 de 1999, instituyen la obligación del aportante de reportar la información exigida, que incluye las novedades, a través del formulario de autoliquidación. Expresan las normas referidas:

Articulo 8o. Formulario único. Las Superintendencias Bancaria y de Salud, de conformidad con sus propias competencias, adoptarán el Formulario Único de Autoliquidación de Aportes al Sistema, el cual será de obligatoria utilización por parte de los aportantes. Dicho formulario único podrá tener el carácter de integrado, en los eventos y para los casos que contempla el inciso 2o. del artículo anterior.

Artículo 9o. Contenido de la declaración de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral. El formulario para la declaración de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral deberá incluir la razón social y el NIT de la entidad administradora a la cual se presenta, y deberá contener, al menos, la siguiente información:

a) Apellidos y nombres o razón social del aportante, con indicación de su respectivo NIT.

Cuando la declaración corresponda a una sucursal deberá indicarse, adicionalmente, el código que permita su adecuada identificación;

b) Período de cotización, el cual corresponde al mes calendario de la nómina sobre la cual se calculan y pagan las respectivas cotizaciones, o durante el cual se perciben los ingresos sobre los cuales las mismas se efectúan. Cuando el aportante pague cotizaciones por períodos atrasados, deberá diligenciar un formulario de autoliquidación por cada uno de ellos;

<Inciso adicionado por el artículo 1o. del Decreto 2236 de 1999. El texto es el siguiente:> En el Sistema de Seguridad Social en Salud, por tratarse de un riesgo que se cubre mediante el pago anticipado de los aportes, se tomará como base para el cálculo de éstos el valor de la nómina pagada o de los ingresos percibidos en el mes calendario anterior a aquel que se busca cubrir, según sea el caso.

c) Apellidos, nombres y documento de identidad de cada uno de los afiliados;

d) Novedades del período de cotización;

e) Días cotizados para cada uno de los riesgos por los cuales se aporta;

f) Ingreso Base de Cotización;

g) Liquidación de aportes a los diferentes riesgos cubiertos, al igual que al Fondo de Solidaridad Pensional;

h) Valor de las incapacidades o licencias que, por cada riesgo, hayan sido pagadas por el aportante por cuenta de la administradora y que son objeto de deducción;

i) Cuando se trate de una corrección, el código que así lo señale, al igual que el número de radicación de la declaración que se corrige;

j) Liquidación de sanciones que resulten procedentes;

k) Firma del aportante, o de su representante legal o apoderado, según sea el caso.

Cuando la autoliquidación de aportes se presente en formulario magnético, la entidad administradora deberá reemplazar la firma a que alude el presente literal, con medios alternos de identificación propios del manejo computacional de datos.

Parágrafo 1o. En las declaraciones de autoliquidación de aportes correspondientes al SGSSS, se deberá incluir el valor de las UPC correspondientes a los afiliados adicionales dependientes y que se paguen mediante la respectiva nómina. En todo caso, la desafiliación del cotizante principal hará perder la calidad de beneficiario dependiente a aquel por el cual se están pagando las UPC adicionales, sin perjuicio de los reembolsos a que pueda haber lugar. Igualmente deberá presentarse, en forma discriminada, la información relativa a los aportes que se liquiden al 8% y al 12%.

Parágrafo 2o. La declaración de aportes al Sistema podrá realizarse a través de medios electrónicos, en las condiciones y con las seguridades que establezca el reglamento. Cuando se adopten dichos medios, el cumplimiento de la obligación de declarar no requerirá para su validez la firma autógrafa del documento.

Sin hesitación ninguna, los incumplimientos de tales obligaciones generan responsabilidad para el aportante. Legalmente, es absolutamente patente que las consecuencias derivadas de la falta de prestación de las declaraciones, de los errores u omisiones son responsabilidad exclusiva del aportante. Así lo dice de manera elocuente el artículo 39 del decreto multicitado:

Artículo 39. Deberes especiales del empleador. Las consecuencias derivadas de la no presentación de las declaraciones de autoliquidación de aportes o de errores u omisiones en ésta, que afecten el cubrimiento y operatividad del Sistema de Seguridad Integral o la prestación de los servicios que él contempla con respecto a uno o más de los afiliados, serán responsabilidad exclusiva del aportante. (subraya y negrita fuera de texto).

En todo caso el empleador que tenga el carácter de aportante, deberá tener a disposición del trabajador que así lo solicite la copia de la declaración de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en que conste el respectivo pago, o el comprobante de pago respectivo en caso que este último se haya efectuado en forma separada a la declaración respectiva.

Igualmente, y de conformidad con las normas establecidas en el Código de Comercio sobre conservación de documentos, el aportante deberá conservar copia del archivo magnético contentivo de las autoliquidaciones de aportes presentadas.

Entonces, de una lectura, si se quiere desprevenida, fluye cristalino que es el aportante, y no otro, el que tiene el deber de informar a la seguridad social todas las novedades que, dada la relación laboral dependiente, se presenten, incluida, desde luego, la de retiro, y no el empleado, afiliado al sistema de seguridad social.

Pensemos en algo: así como en materia laboral el empleado, parte «débil» de la relación, le basta probar la prestación personal del servicio, para que se presuma la subordinación, y al empleador derruirla; en seguridad social, el afiliado debe demostrar la novedad de ingreso, y ante una controversia, le corresponde al empleador o a la entidad administradora acreditar la veracidad de tal información que fue registrada u omitida al sistema.

Aquí y ahora, la pregunta que surge no puede ser otra que ¿por qué la Administradora del sistema de seguridad social tiene responsabilidad? Y la respuesta también se mantiene en lo simple, y se encuentra para el sistema de pensiones, en los artículos 24 y 57 de la Ley 100 de 1993:

Artículo 24. Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.

Artículo 57. Cobro coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1.992, las entidades administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus créditos.

Estos preceptos de raigambre legal fueron reglamentados por el Decreto 2633 de 1994, el cual, en su artículo 2, indica:

Artículo 2° Del procedimiento para constituir en mora al empleador. Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

De manera que, nótese que la respuesta que debe dar la administradora, cualquiera ella sea, es inmediata y casi concomitante al momento en que se de la mora del empleador, al cual debe requerir y, en caso de silencio, ejecutar el pago de la obligación.

Si la administradora incumple estos deberes y aquellos derivados de las facultades de fiscalización e investigación establecidos en el artículo 53 de la Ley 100 de 1993, aparece claro que ella es la que debe responder por el pago de las prestaciones económicas a que tenga derecho el afiliado.

Para el caso del régimen de ahorro individual, lo mismo ocurre cuando la administradora no implementa los mecanismos que el artículo 24 del Decreto Ley 656 de 1994 ordenó y, por tanto, no logra el recaudo efectivo de los aportes adeudados por el empleador a la seguridad social. De hecho, el artículo 4 del Decreto Ley 656 de 1994, establece:

Artículo 4º En su calidad de administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, las administradoras son instituciones de carácter previsional y, como tales, se encuentran obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a dicha calidad. Por lo tanto, serán responsables de los perjuicios que por su culpa leve se puedan ocasionar a los afiliados.

En el horizonte trazado, en relación con las obligaciones propias del sistema de seguridad social, concretamente la de reportar novedades, el afiliado, trabajador dependiente, carece de ellas pues, repito, es el aportante el único obligado a reportarlas bajo un régimen estricto de responsabilidad; pero a su vez, las entidades administradoras responden por la falta de cobro oportuno de los aportes que, con base en las novedades presentadas, se hayan causado.

Como colofón, se exhibe diáfano que al afiliado no se le puede exigir que demuestre los hechos que dan soporte a la afiliación y a las novedades que se presenten durante la relación laboral, incluida la de retiro, pues ellas son obligaciones exclusivas del empleador como aportante al sistema de seguridad social; obligaciones que, huelga decir, deben ser fiscalizadas y vigiladas en su cumplimiento por las entidades administradoras del sistema, so capa, eso sí, de responder por las prestaciones que se generan a favor del afiliado.

Fecha ut supra

FERNANDO CASTILLO CADENA

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandante: Blanca Elina del Carmen Novoa de Martín

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

Radicación: 70665

Magistrado ponente: Gerardo Botero Zuluaga

Si bien estoy de acuerdo con el sentido de la decisión, debo aclarar un aspecto que, de no hacerlo, podría pasar inadvertido. Me refiero al siguiente aparte del fallo:

Ahora se tiene que a folio 31 del expediente reposan las tarjetas de comprobación de derechos correspondientes al periodo comprendido desde noviembre del 1995 hasta diciembre de 1996, frente a las cuales debe advertirse que, en varias de ellas no se reportan pagos para los riesgos de invalidez, vejez y muerte y que, en todo caso, así se tuvieran en cuenta en su totalidad (...) (destaco).

Este párrafo sugiere que la eficacia probatoria de las tarjetas de comprobación de derechos allegadas con el fin de demostrar que en un período reportado con mora existió relación laboral, está sujeta a que las mismas reporten pagos para los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

No estoy de acuerdo con este criterio, pues no siempre este tipo de documentos da cuenta de ese hecho -pago de aportes- que, por cierto, precisamente es lo que propicia la discusión -la mora del empleador-, de allí que sea una exigencia desproporcionada. Por tanto, dichas pruebas eventualmente pueden demostrar que la persona trabajadora estuvo vinculada al entonces ISS, hoy Colpensiones, a través de un empleador determinado, lo que sería suficiente para validar el periodo respectivo que tenga reportes de afiliación y mora, y sea objeto de discusión.

Sin embargo, y como se indicó en el fallo, aún teniéndolas en cuenta no alcanzaría para que la actora cumpliera el mínimo de semanas exigido. Por ello, mi aclaración de voto.

En los anteriores términos sustento la aclaración de voto en el presente asunto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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