FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL576-2023
Radicación n.° 94021
Acta 3
Bogotá, D.C., primero (1) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por PEDRO DOMINGO GIL DELGADILLO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, el 8 de julio de 2021, en el proceso que instauró contra el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
I. ANTECEDENTES
Pedro Domingo Gil Delgadillo demandó al Departamento de Boyacá con el fin de que, previa declaración de que «el acta de conciliación 110 del 1 de abril de 2003, suscrita por mi procurado es inexistente e ineficaz absolutamente», se condenara al reconocimiento y pago de la pensión anticipada especial por retiro voluntario prevista en la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el 12 de noviembre de 2002 con el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Secretaría de Obras Públicas de esa entidad territorial, con una mesada inicial para el mes de abril de 2003 de $580.440 que corresponde al 80% de la asignación básica del último año de servicio, que se pagara la prestación desde el mes de julio de 2009, con los incrementos anuales, catorce mesadas al año, el retroactivo y los intereses moratorios.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró al servicio de la Secretaria de Obras Públicas del Departamento de Boyacá del 10 de septiembre de 1985 al 31 de marzo de 2003 en calidad de trabajador oficial; se retiró voluntariamente mediante conciliación suscrita ante la Inspección del Trabajo de Tunja; que acredita los requisitos para el reconocimiento de la pensión especial prevista en el artículo segundo de la convención colectiva de trabajo del año 2003; que la administración le hizo suscribir un acta de invocación de inaplicabilidad de la convención por lo que le negó la prestación y, que mediante la Resolución 218 del 27 de octubre de 2003 se sancionó a la demandada por incumplimiento de la norma convencional.
Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso al éxito de las pretensiones aceptó algunos de los hechos y negó otros. En su defensa propuso las excepciones de cosa juzgada que fundó en que ante el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Tunja se tramitó un proceso judicial con las mismas pretensiones acá planteadas. Igualmente, que entre las partes se suscribió un acta de conciliación el 1 de abril de 2003 ante la Inspección del Trabajo seccional Boyacá; inexistencia de la obligación, compensación, prescripción y falta de legitimación por activa.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 23 de abril de 2021, declaró probada la excepción de cosa juzgada y, en consecuencia, absolvió al Departamento de Boyacá de todas las pretensiones, condenó en costas a la parte actora y dispuso que, en caso de no ser apelada la decisión, se consultara con el superior.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, mediante fallo del 8 de julio de 2021, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmó el de primer grado e impuso las costas de esa instancia al demandante.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado identificó como problema jurídico, determinar sí frente a las pretensiones formuladas por el accionante en este proceso, existía cosa juzgada, ante el cambio de jurisprudencia como hecho nuevo que permite la formulación de una nueva demanda.
Se remitió al texto del artículo 303 del CGP al que llegó por remisión del artículo 145 del CPTSS, que leyó, y precisó que se requería que entre lo resuelto en la sentencia ejecutoriada y el nuevo planteamiento hubiere identidad de partes, objeto y causa.
Agregó que, de darse tales presupuestos, el juez debe acatar el pronunciamiento anterior, pues no era viable una nueva decisión, lo cual evitaba que los litigios fueran indefinidos.
Se apoyó en la sentencia CC C-100-2019, luego de lo cual encontró probado que el demandante promovió proceso ante el Juzgado Segundo Laboral de Tunja contra el Departamento de Boyacá, en el que solicitó el reconocimiento de la pensión anticipada por retiro voluntario establecida en la Convención Colectiva de Trabajo vigente para el año 2003, que nuevamente solicita en este proceso, aduciendo ahora que existe un derecho cierto, indiscutible e irrenunciable, tal como lo ha señalado la reciente jurisprudencia de la Corte, lo que configura un hecho nuevo que permite adelantar este asunto.
Cotejó el petitum de la demanda que cursó con anterioridad entre las partes con el que sirve de fundamento al presente proceso, destacó que en ambos se buscaba el reconocimiento de la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario consagrada en el artículo 2 numeral 3 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el sindicato del Departamento de Boyacá y dicha entidad territorial el 12 de noviembre de 2002, normativa que destacó se hallaba vigente para el año 2003.
Se remitió al archivo 50 que corresponde a la sentencia del 11 de noviembre de 2008 proferida por el ya referido despacho judicial en un proceso primigenio cursado entre las partes y en el que se declararon probadas las excepciones de prescripción y cosa juzgada, por lo que se absolvió a la demandada de todas las pretensiones, decisión que fue confirmada en segunda instancia el 9 de julio de 2009.
Sostuvo que, si bien era cierto que en el presente asunto se buscaba el mismo objetivo con el argumento de que por ser la pensión un derecho irrenunciable, el mismo no se podía desconocer a través de una conciliación, tal posición resultaba inadmisible, porque de la prueba examinada se establecía que el mismo demandante había formulado demanda contra el Departamento de Boyacá en procura de la misma pensión especial de origen convencional, lo que axiomáticamente resultaba ser idéntico.
Insistió en que en el presente asunto no se planteó un hecho nuevo porque el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión por retiro voluntario estatuida en el artículo 2 de la Convención Colectiva de Trabajo de 2003, fue la misma pretensión formulada en la primera demanda, lo que evidenciaba la cosa juzgada ante la demostración de los tres presupuestos que establece el artículo 303 del CGP,
[…] lo que impide que el demandante promueva nuevo proceso para revivir la controversia jurídica so pretexto de que el derecho pretendido tiene el carácter cierto, irrenunciable e imprescriptible, lo que le permite reclamarlo en cualquier tiempo, lo cual es cierto; pero, también lo es que la sentencia del Juzgado Segundo Laboral que desestimó esa pretensión, era susceptible del recurso de casación, a través del cual debió debatirla y no lo hizo dejando que la sentencia quedara ejecutoriada e hiciera tránsito a cosa juzgada, lo que torna improcedente emitir un nuevo pronunciamiento sobre la misma pretensión porque ello violaría el debido proceso y la seguridad jurídica.
En respaldo acudió a las sentencias CSJ SL346-2021, CSJ SL4746-2020, SL1854-2020, SL852-2020 y SL4746-2020, y concluyó que no hubo cambio jurisprudencial que autorice el adelantamiento de este proceso para reclamar igual derecho pretendido en el proceso antecedente finalizado mediante sentencia ejecutoriada, por lo que confirmó la decisión recurrida.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del juez y «se profiera sentencia de reemplazo accediendo a las pretensiones formuladas, cualquiera que sea la denominación que se le dé al derecho».
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que no mereció réplica y que se procede a resolver.
VI. ÚNICO CARGO
Acusa la sentencia por infracción indirecta en la modalidad de violación medio, de los artículos 145 del CPTSS y 303 del CGP, «que condujo a la infracción directa de la Ley 100 de 1993, en especial su artículo 13; y por inaplicación, los artículos 49 de la ley 6 de 1945; 19 del decreto 2127 de 1945 y, 13, 14, 15, 16, 21, 469 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo por supuesto, en armonía con lo regulado por los artículos 53, 55 y 150 numeral 19, literal f de la Constitución política de Colombia».
Enuncia como errores evidentes de hecho los siguientes:
1. Tener como derecho incierto y, por lo tanto, conciliable, el derecho a la SEGURIDAD SOCIAL derivado de la convención colectiva de trabajo.
2. Dar por demostrado, sin estarlo que el acto de conciliación suscrito entre las partes el 31 de marzo de 2003 tiene efectos definitivos.
3. Tener como prescriptible el derecho pensional.
4. Tener como existente, sin estarlo, cosa juzgada material respecto de las decisiones adoptadas en el proceso ordinario laboral 2007 283 que cursó en el juzgado segundo laboral del circuito de Tunja.
5. No acatar el precedente judicial.
6. Negar los derechos adquiridos.
Aduce que a tales errores se llegó por falta de apreciación de las siguientes pruebas:
• Copia con constancia de depósito de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Departamento de Boyacá y el sindicato de trabajadores oficiales de las obras públicas de esa entidad para el año 2003 cuya aplicación se invoca.
• Acta de conciliación de marzo de 2003, MANIFESTACIÓN DE RETIRO.
• Resolución 218 de 2003 que sancionó al exempleador Departamento de Boyacá por incumplir la convención colectiva de 2003.
• Actuación procesal. En especial demanda y su contestación, la fijación del litigio y las decisiones adoptadas en el proceso 2007 283 que cursó en el juzgado segundo laboral del circuito de Tunja.
Al dar desarrollo al cargo asegura que el juzgador plural erró al desconocer el precedente de la Sala Laboral y concluir que existió cosa juzgada sin hacer el análisis de nuevos y trascendentales hechos nuevos que implicaban retomar los argumentos, pues con los cambios jurisprudenciales se tiene que no era jurídico ni posible que el demandante renunciara en forma individual vía conciliación al reconocimiento de la pensión convencional, además de que el derecho no prescribe.
Insiste en que se está planteando en el presente proceso un hecho nuevo que hace la diferencia con el primigenio y desfigura la cosa juzgada.
VII. CONSIDERACIONES
El Tribunal fundamentó su decisión en que la cosa juzgada, como institución jurídica, impide volver a analizar conflictos suscitados entre las mismas partes buscando iguales pretensiones y con fundamento en la misma causa, dada la característica de inmutabilidad de las sentencias, que provoca la garantía de estabilidad de las decisiones de los conflictos. Una vez auscultó el acervo probatorio, encontró que las peculiaridades propias de la figura en comento se tipificaban, razón por la que se debía confirmar el fallo absolutorio de primer grado.
La censura radica su inconformidad básicamente en que existe un hecho nuevo a partir del cual se debe dar un nuevo análisis a la figura de la cosa juzgada, pues se estarían desconociendo derechos irrenunciables de extrabajadores que fueron vencidos en juicios anteriores.
Pues bien, la posición de la censura soslaya que la institución de la cosa juzgada como prerrogativa de estabilidad jurídica, se funda en que haya identidad de causa, objeto y partes, como entre otras muchas sentencias lo ha dicho la Sala, por ejemplo, en las CSJ SL1686-2017 y CSJ SL198-2019 reiteradas en la CSJ SL1354-2019, lo cual, aunque presupone fundamentos fácticos iguales, no lleva implícito como elemento indispensable, que así lo sean.
Dicho en otras palabras, la identidad que se busca se ancla en el trípode de causa, objeto y sujetos del proceso en curso con otro ya definido; indagación que realizó el sentenciador de segundo grado, cuando de manera correcta, una vez advertido de la excepción que se le propuso, pasó de primera mano a cotejar si las súplicas de una y otra demanda, las partes, y la causa de los conflictos, eran los mismos, y ante la evidencia de ello, procedió, como correspondía, a abstenerse de analizar el planteamiento de fondo, porque así lo obligaba la prosperidad del medio exceptivo.
Es que para evitar pronunciamientos contradictorios y garantizar la definición de los problemas jurídicos interminables, el legislador consagró la figura de la cosa juzgada con la que se da certeza a lo ya definido, impidiendo un nuevo estudio de la situación ya revisada.
Y si algo queda claro en el presente proceso es justamente que lo que buscó el demandante en uno y otro conflicto jurídico, fue que, previa declaración de ineficacia de la conciliación suscrita por las partes el 1.° de abril de 2003 ante el Inspector del Trabajo y Seguridad Social de Tunja, el reconocimiento de la pensión de origen extra legal, que según la providencia del 9 de julio de 2009 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, quedó cubierta por el acuerdo conciliatorio y que, con independencia del acierto jurídico de aquella, lo cierto es que ya fue objeto de análisis por parte de las autoridades judiciales competentes, adquiriendo firmeza y, por tanto, siendo inmutable la decisión sobre la ineficacia del citado acto jurídico, hizo tránsito a cosa juzgada material.
Valga la pena anotar que la ejecutoriedad de la decisión proferida por la Sala Laboral del Tribunal de Tunja en el primer litigió que vinculó a las partes, se debió a que contra la misma el actor no interpuso el recurso extraordinario de casación, no de otra forma hubiera quedado en firme dicho pronunciamiento; de tal suerte que la falta de diligencia ante la no interposición del recurso extraordinario, no puede servir ahora como argumento a su favor, ni tampoco de excusa para desconocer los efectos jurídicos de un pronunciamiento que legalmente se emitió.
Adicionalmente a lo expuesto, resulta pertinente señalar que aun cuando en la segunda acción el actor, para soportar las peticiones, adiciona fundamentos de derecho y jurisprudenciales, como son la alusión al artículo 29 y 48 de la Constitución Nacional, la imposibilidad de que la accionada se ampare en la excepción de cosa juzgada por el alcance de las conciliaciones frente a derechos ciertos e indiscutibles, ninguna de ellas revela la ocurrencia o el conocimiento de un hecho, o una circunstancia nueva que permita una mirada que dote de diferencia de identidad de causa, objeto y sujetos del proceso. En esencia, lo que demanda de la accionada es que se reconozca la pensión convencional especial por retiro voluntario de que trata el artículo 2 de la convención colectiva de trabajo de 2003, que por decisión judicial quedó incluida en el acto conciliatorio respecto a cuya ineficacia ya se emitió decisión, que se itera, está en firme, por lo que configura cosa juzgada.
De otra parte, como lo destaca la oposición, en estricto sentido el hecho de alegar en el presente juicio que con la suscripción de la conciliación se vulneraron derechos ciertos e irrenunciables, no se está configurando un nuevo hecho que afecte la cosa juzgada, sino que se está exhibiendo una argumentación jurídica ligeramente diferente a la formulada en el primer proceso, pero sin que ello hubiera dado paso a un petitum disímil.
Así las cosas, al hacer la lectura de las dos demandas, y evidenciar la triple identidad que exige el legislador para configurar la cosa juzgada, el sentenciador de la alzada no incurrió en los desatinos que la recurrente le enrostra, por ende, el cargo no prospera.
Sin costas por cuanto no hubo réplica.
VIII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 8 de julio de 2021 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso ordinario laboral seguido por PEDRO DOMINGO GIL DELGADILLO contra el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Sin costas.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO