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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL578-2023

Fecha
1 de febrero de 2023
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL578-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

VIII. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, el 6 de abril de 2021, en el proceso que instauró ALIRIO DE JESÚS MARTÍNEZ TORRES en contra de HILDO ALBERTO VELANDIA RINCÓN. Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL578-2023

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

1 de febrero de 2023

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL578-2023

Radicación n.° 94452

Acta 3

Bogotá, D.C., primero (1) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por HILDO ALBERTO VELANDIA RINCÓN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, el 6 de abril de 2021, en el proceso que instauró ALIRIO DE JESÚS MARTÍNEZ TORRES en contra del recurrente.

I. ANTECEDENTES

Alirio de Jesús Martínez Torres demandó a Hildo Alberto Velandia Rincón para que, previa declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo celebrado entre las partes entre el 15 de septiembre de 1995 y el 15 de septiembre de 2015, el cual fue terminado sin justa causa, sea condenado a reconocerle y pagarle las siguientes acreencias laborales: cesantía $ 8.139.200,oo y sus intereses $968.063,oo; prima de servicios $8.067.200,oo; vacaciones $4.032.622.oo; subsidio de transporte $1.771.704,oo; indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa $2.087.600,oo; indemnización moratoria por falta de pago de conformidad con el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo $14.754.000,oo; sanción moratoria por no consignación de las cesantías $14.754.000.oo. Así mismo, a la nivelación salarial y se ordene al demandado afiliarlo y cotizar a pensiones y salud, con el salario realmente devengado; lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas y agencias en derecho.

Como fundamento de sus peticiones, adujo, en estricto rigor, que: (i) fue vinculado el día 15 de septiembre de 1995 por medio de contrato verbal, celebrado con el demandado; (ii) cumplía con las órdenes que le eran impartidas y con las actividades de ordeñar, levantar cercas, y realizar distrito de riego en las fincas que llevan por nombre LA MORERA y LOS TANQUES, cuidado general de todos los semovientes, pastoreo de animales, sembrar árboles y todas las relativas al cuidado de las fincas y explotación económica de las mismas, por lo que desempeñaba prácticamente el cargo de Administrador; (iii) cumplía con los horarios programados por el accionado, los que transcurrían de las 7:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde de domingo a domingo, en el municipio de Floresta-Boyacá-; (iv) nunca se le pagó el salario mínimo que estuviera vigente según la ley para cada año laborable; (v) el día 15 de septiembre del 2015, se le comunicó, de manera verbal, que no podía seguir trabajando, sin especificarle ninguna razón en especial, y (vi) le adeudan todo lo implorado en la demanda.

Hildo Alberto Velandia Rincón, al contestar el escrito generatriz de la contienda, se opuso a la prosperidad de las súplicas y formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, carencia de derecho, inexistencia de contrato de trabajo, prescripción, cobro de lo no debido, pago, compensación, genérica y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral del Circuito de Duitama, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 23 de julio de 2018, decidió:

PRIMERO: DECLARAR que entre el demandante ALIRIO DE JESÚS MARTÍNEZ TORRES en calidad de ex-trabajador y el demandado HILDO ALBERTO VELANDIA RINCÓN, en calidad de ex-empleador, existió un contrato de trabajo a término indefinido, con extremos del 1 de enero de 2000 al 15 de septiembre de 2015, la cual finalizó de manera voluntaria por parte del trabajador, como quedó advertido en el acápite respectivo de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR parcialmente probadas las excepciones de PRESCRIPCIÓN e INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, y no probadas las demás propuestas por el demandado, conforme a lo motivado.

TERCERO: CONDENAR al demandado HILDO ALBERTO VELANDIA RINCÓN, a pagar al demandante ALIRIO DE JESÚS MARTÍNEZ TORRES las siguientes sumas de dinero: 3.1._ La suma de $10.091.630.oo por concepto de cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicio. 3.2._ La suma de $1.289.595.oo por concepto de vacaciones. 3.3._ La suma de $21.478.oo diarios, desde el día 16 de septiembre de 2015 por cada día de retardo y hasta que se verifique el pago de las prestaciones sociales ordenadas en el numeral 3.1 de la presente sentencia, por concepto de la Indemnización contenida en el parágrafo 2 del artículo 65 del CST. 3.4._ La suma de $18.206.933.oo por concepto de la indemnización por la no consignación de las cesantías a un fondo, consagrada en el artículo 99-3 de la ley 50/90. 3.5._ Los aportes o cotizaciones a la seguridad social en pensiones al fondo que esté afiliado o se afilie el demandante ALIRIO DE JESÚS MARTÍNEZ TORRES entre el 1 de enero de 2000 al 15 de septiembre de 2015, teniendo como IBC el SMLMV para cada anualidad con el cálculo actuarial que realice la entidad correspondiente. 3.6._ Las costas del proceso en el equivalente del 80% de las que se liquiden. Como agencias en derecho se fija la suma de $2.500.000.oo, conforme se señaló en el acápite pertinente.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones incoadas por el demandante, por los argumentos expuestos en cada acápite de esta decisión.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, mediante providencia del 6 de abril de 2021, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmó el fallo impugnado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el fallador identificó como problemas a elucidar los siguientes: (1) determinar si existe una errada valoración probatoria por parte del juez de primer grado, lo cual condujo a establecer la existencia del contrato de trabajo; (2) los extremos temporales de la misma; (3) indemnización moratoria artículo 65 del C.S.T.; (4) indemnización contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; (5) aportes a la seguridad social; (6) excepciones de mérito.

1. De la existencia del contrato de trabajo

El juzgador, luego de referirse a los artículos 22 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, 167 del Código General del Proceso, 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 53 de la Constitución Política, analizó los testimonios rendidos por Ana Delina Rincón de Velandia, Marco Antonio Izaquita Bernal, José Armando Velandia Rincón, José Martín Córdoba Bernal, Hildebrando Córdoba Bernal, Marcos Fidel Rincón y Alberto Prieto Velandia de los cuales infirió la ineludible relación laboral y la prestación personal del servicio por parte del demandante a favor del demandado, es decir,

Se comprueba el hecho base de la presunción del contrato de trabajo, esto es, la prestación personal de servicios del actor a favor del demandado. Por tanto, el accionante cumplió con la carga probatoria que le impone el artículo 167 del CGP., Lo anterior, corrobora la existencia del vínculo laboral y la demostración de los elementos propios de la misma, por ende, no puede ser otra la conclusión que en virtud del principio de la primacía de la realidad, que sí existió un contrato de trabajo entre las partes, regida por la ley sustantiva del Trabajo, planteadas así las cosas, debe decirse que el recurrente no desvirtuó, al no demostrar que se trataba de “convites o jornal grande” y que los mismos se hacían ocasionalmente respecto del accionante, por ende, se establece plenamente que el demandado, no probó como estaba a su cargo, los supuestos de hecho que enmarcaron sus reparos alusivos al caso, por ende, se confirmará la sentencia en este aspecto.

2. De los extremos temporales de la relación laboral

El Tribunal, tras valorar la prueba testimonial, indicó que:

La Sala de decisión, consciente de las limitantes y dificultades probatorias, respecto de este tipo de vínculos, concluye de manera razonable, que existen suficientes argumentos y elementos que permiten dilucidar sin temor a equívocos y a partir de las declaraciones citadas, con sustento en el precedente jurisprudencial del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria citado líneas atrás, que la relación laboral se dio desde el 1° de enero del 2000 al 15 de septiembre de 2015, como a bien lo tuvo el ad quo[sic]. Por ello, se confirmará en este aspecto la sentencia.

3. Indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T.

Para la Sala sentenciadora el empleador incumplió en los pagos de las prestaciones sociales a que tenía derecho el demandante, «a pesar de que dichas acreencias son necesarias para el mínimo vital del trabajador y al no ser diligente la persona responsable de ello, se quebrantan derechos mínimos del que presta el servicio».

Explicó que no existían razones suficientes para eximir de la sanción moratoria, en la medida que, igualmente, debían ser allegados al juicio otros argumentos y elementos que respaldaran la presencia de una conducta conscientemente correcta, los que no fueron incorporados, de manera que, no aparecían motivos para pensar que el demandado obró cabalmente.

Así las cosas, como las pruebas aportadas no fueron conducentes para establecer la buena fe y como en el expediente no obran elementos que acrediten las «razones serias y atendibles, constitutivas de la misma» que alegaba la censura, confirmó la sentencia de primer grado en este punto.

4. Indemnización contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentir del fallador, la conducta del demandado no fue recta, leal «y el desbordamiento de los límites establecidos en la Ley 50 de 1990, así como la no liquidación y pago de las cesantías y la correspondiente consignación a un fondo, está desprovista de buena fe, que no exime de las condenas indemnizatorias, como a bien lo tuvo el A quo, por ende, se confirmará en este aspecto la sentencia».

5. Aportes a la seguridad social de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 161 de la Ley 100 de 1993 y artículo 57 del Decreto 806 de 1998

Expuso que cuando el empleador no cancela de manera puntual y completa los aportes y cotizaciones a las correspondientes administradoras de fondos de pensiones, debe asumir en forma directa los riesgos que se generen por su incumplimiento, puesto que dichas obligaciones tienen un carácter de irrenunciables e imprescriptibles, como lo establece el artículo 48 de la Constitución Política.

Por lo tanto, y al estar establecida la ausencia de pago por parte del empleador, se debe reconocer durante toda la relación laboral.

Así, confirmó la decisión de primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandado, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la «CASACIÓN de la sentencia impugnada en cuanto confirmó la condena en contra del demandado HILDO ALBERTO VELANDIA RINCON. En sede de instancia solicito que se REVOQUE la totalidad de las condenas en contra de mi representado y decretadas en favor de ALIRIO DE JESUS MARTINEZ TORRES por el Juez de primera instancia, y en su lugar se declaren probadas las excepciones propuestas por la parte pasiva en el presente litigio. Sobre las costas en cada una de las instancias, solicito resolver de acuerdo con las resultas del presente recurso».

Con tal propósito formula un cargo, en el que plantea la siguiente acusación. No hubo oposición.

VI. ÚNICO CARGO

Ataca la sentencia por la vía indirecta «y por aplicación indebida de las siguientes disposiciones sustanciales: interpretación errónea de los artículos 22, 24, 65 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 99 de la Ley 50 de 1990, artículo 61 del Código Procesal Laboral, artículos 22 y 161 de la Ley 100 de 1993».

Relaciona como errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que existió un contrato de trabajo de forma indefinida entre el demandante y el demandado.

2. Dar por demostrado, siendo contrario a la realidad, que el demandante fue trabajador subordinado de mi representado.

3. Dar por demostrados, sin estarlo, que el demandante fue trabajador subordinado del señor Hildo Alberto Velandia Rincon, que recibió órdenes permanentes ininterrumpidamente y que fue sujeto de prohibiciones y sanciones de parte de mi representado.

4. Dar por demostrado sin estarlo, que el demandante fue trabajador subordinado de mi representado entre el 1 de enero de 2000 y el 15 de septiembre de 2015.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante prestó sus servicios bajo la modalidad de “convite o jornal grande”.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante no fue trabajador subordinado del señor Hildo Alberto Velandia Rincón.

7. No dar por demostrado, estándolo, que el demandado pagaba al demandante un “jornal” y no un salario, tal como lo confesó en su interrogatorio de parte el demandante (audiencia de práctica de pruebas minuto 0:29:55).

8. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante prestó sus servicios en tareas ocasionales a mi representado, bajo la modalidad de “convite o jornal grande”, tal como lo confesó en su interrogatorio de parte el demandante (audiencia de práctica de pruebas minuto 0:30:00, 0:36:15 y 0:36:30) y que los mismos solo se realizaban los días festivos (audiencia de práctica de pruebas minuto 0:30:34).

9. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante prestó sus servicios a otras personas diferentes de mi poderdante, como lo fueron los padres y los hermanos del demandado (audiencia de práctica de pruebas minuto 0:32:08).

10.No dar por demostrado, estándolo, que la Finca Los Tanques era de propiedad del padre del demandado Hildo Velandia (audiencia de práctica de pruebas minuto 0:34:05 y 0:35:25).

11.Dar por demostrado, siendo contrario a la realidad, que el demandante “prestó sus servicios para el demandado, desarrollando las labores tales como: zanjear, cercar, pastar el ganado, sembrar árboles, destapar quebradas, entre otras, en las fincas “Los Tanques y Morera”, de propiedad del demandado, ubicadas en la vereda Teneria Medio del municipio de Floresta”.

12.No dar por demostrado, estándolo, que mi poderdante siempre actuó bajo el pleno convencimiento de que los servicios que le prestaba el señor Martínez lo eran bajo la modalidad de “convite o jornal grande”.

13.No dar por demostrado, estándolo, que mi poderdante siempre actuó dentro de los parámetros de la buena fe.

Relaciona como pruebas mal apreciadas:

CONFESIÓN (mal apreciada) Es la realizada por el demandado, en la cual y según lo afirma el juzgador de segunda instancia en sus consideraciones, aceptó que “Frente a la subordinación, se resalta que el demandado en el interrogatorio absuelto manifestó que en los “convites y jornales grandes”, se tenían que dar órdenes e instrucciones y los obreros recibían una contraprestación por el servicio prestado”.

CONFESIÓN (no apreciada) Es la realizada por el demandante, en la cual quedó claramente afirmado que el demandante prestó sus servicios en tareas ocasionales a mi representado, bajo la modalidad de “convite o jornal grande”, y que los mismos solo se realizaban los días festivos; que el demandante prestó sus servicios a otras personas diferentes de mi poderdante, como lo fueron los padres y los hermanos del demandado; que la Finca Los Tanques era de propiedad del padre del demandado Hildo Velandia.

Y como pruebas no calificadas:

PRUEBA NO CALIFICADA (mal apreciada) Testimonios de ANA DELINA RINCÓN DE VELANDIA, MARCO ANTONIO IZAQUITA BERNAL, JOSÉ ARMANDO VELANDIA RINCÓN.

El recurrente asevera que el Tribunal arribó equivocadamente y sin mayores argumentaciones fácticas, a la existencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo (artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo) derivada según su apreciación personal de los testimonios recaudados en el debate probatorio y «es evidente que ninguno de los testigos dio cuenta clara y veraz de que el demandante hubiera prestado sus servicios de manera permanente y continua, mucho menos cumpliendo un horario de trabajo al servicio y bajo la subordinación permanente y continua, es decir bajo permanentes órdenes que impartiera el señor Hildo Alberto Velandia. Tampoco se pudo establecer por parte de ninguno de los testigos cuál era el salario que devengaba el demandante, pues ninguna afirmación realizaron al respecto, mucho menos tuvieron conocimiento de los momentos o períodos en los cuales supuestamente el demandado pagaba al demandante el equivalente al salario que brilla por su ausencia en el presente proceso».

En la misma línea, conviene recordar que el Juzgador de segunda instancia reconoció las limitantes y dificultades que tenía de suyo el presente proceso ordinario, y pese a esas limitantes y dificultades, decidió ratificar y aprobar el argumento expuesto por el de primera instancia en cuanto a los extremos temporales que resultaron de una deducción sin fundamento jurídico ni fáctico alguno, «toda vez que en el expediente brilla por su ausencia prueba alguna que permitiera al Tribunal, sin lugar a dudas establecer los extremos temporales de la supuesta relación laboral que vinculó a las partes de este proceso, situación en la cual ni siquiera los testigos pudieron tener coincidencia o claridad alguna».

Afirma en cuanto a la aplicación indebida del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que en la sentencia atacada, sin mayor exposición argumentativa, se decidió ratificar lo argumentado por el fallador de primera instancia en lo relacionado con la presunción de existencia del contrato de trabajo

[D]ejando de lado, por una parte, la ausencia de los elementos que debieron tomarse en consideración por parte del Juzgador, como la prestación personal del servicio y el salario o remuneración, para luego sí proceder a concluir con la presunción de que habla el precepto legal arriba anotado; y por el otro lado, la decisión recurrida deja de lado lo evidente que del debate probatorio resultó respecto a la confesión del demandante en su interrogatorio de parte cuando afirmó que prestaba servicios de forma esporádica y que la finca que alegaba de propiedad del demandado, fue durante un tiempo de terceros no llamados al presente proceso.

En ese mismo sentido, indica que otro de los desaciertos del juzgador de segunda instancia radica en la equivocada aplicación que efectuó del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por indebida apreciación de los testimonios recibidos en audiencia pública, esto

[T]eniendo en cuenta que se dio por sentado y se presumió la mala fe de mi representado, cuando nada se dijo respecto del firme convencimiento que afirmó haber tenido respecto de la modalidad de contratación bajo la cual se dio su relación con el demandante, toda vez que la misma se desarrolló bajo la modalidad de los “convites” y el “jornal grande” a la luz de los cuales mi poderdante siempre estuvo convencido de no adeudar suma alguna al señor demandante por ningún concepto, diferente al que oportunamente pagó por colaboración del demandante en los convites expuestos a lo largo del debate probatorio.

Los anteriores son motivos, relacionados con la buena fe de mi poderdante, debieron ser suficientes para que el juzgador de segunda instancia hubiera declarado probada la excepción de buena fe y, en consecuencia, haber absuelto a mi poderdante de dicha pretensión y de la indemnización establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. En ese mismo sentido, y como consecuencia de la inexistencia de un contrato de trabajo del cual pudiera derivar obligación alguna a cargo de mi representado, el Tribunal debió decidir y declarar la absolución de mi poderdante en el pago de los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones del demandante (artículos 22 y 161 de la Ley 100 de 1993) pues al no existir contrato de trabajo alguno, obligado era absolver a mi poderdante del pago de unas obligaciones de seguridad social que solo pueden tener su origen y derivar de la previa existencia de un contrato de trabajo, situación que en el presente caso brilla por su ausencia. Quedan así expuestas las razones que considera mi mandante deben ser tenidas en cuenta para derivar en el quebrantamiento de la sentencia recurrida, y para pedir en la actuación de instancia la revocatoria de la decisión del A quo en los términos indicados en el alcance de la impugnación. Para el efecto invoco como apoyo conceptual, la misma argumentación que se expuso en respaldo de la acusación.

VII. CONSIDERACIONES

Como se aprecia de la simple lectura del itinerario procesal, la sala sentenciadora, para confirmar la decisión del juez de primer grado, en cuanto declaró la existencia de una relación de estirpe laboral entre las partes en contienda, en estricto rigor, tuvo como báculo la prueba testimonial, aspecto sobre el cual es consciente el recurrente toda vez que a este elemento suasorio acude, con insistencia, para tratar de demostrar los desaguisados que le enrostra al acto jurisdiccional fustigado.

La Corte, de continúo, ha enseñado que el impugnante acude en el recurso extraordinario a la vía indirecta cuando, en su sentir, el juzgador incurre en error de hecho o error de derecho. El primero, concierne al aspecto puramente material de la prueba, se cometen –en la casación del trabajo- en los eventos en que el juez pretermite, o supone, o altera el contenido objetivo de la prueba, lo que genera tener por acreditado dentro del proceso algo que realmente no lo está o, en no tener por acreditado lo que ciertamente sí lo está, pero solo respecto de las pruebas calificadas, cuales son, confesión judicial, inspección judicial o documento auténtico; en tanto el segundo, gravita en torno a las pruebas solemnes, es decir, «cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo», tal como explícitamente lo precisa el numeral 1º del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Bien se conoce, por cierto, que si la acusación se endereza formalmente por el sendero indirecto, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos básicos: (i) precisar los desatinos fácticos que, desde luego, deben tener la connotación de ser evidentes; (ii) mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió esta última; (iii) explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Expresado en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los errores y, posteriormente, demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de los elementos de juicio que considere dejados de valorar o erróneamente apreciados (sentencia CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148).

No basta entonces que el recurrente dé explicaciones así sean razonables sobre los eventuales asertos erróneos del fallador o, que se limite a enfrentar sus conclusiones con las de éste, sino que, además de identificar y demostrar el desacierto de hecho ostensible, debe acreditar, con base en el contenido de las pruebas, qué es lo que ellas en verdad acreditan y su incidencia en la equivocada resolución judicial.

Puestas en este escenario las cosas, le corresponde a la Corte elucidar si el colegiado aplicó indebidamente las normas denunciadas, al considerar que entre las partes existió una verdadera y real relación laboral.

La Sala debe empezar por acotar que no todos los medios probatorios acusados por el recurrente son hábiles en casación, como ocurre con la prueba testimonial y el interrogatorio de parte habida cuenta que, este último solo se abre paso cuando del mismo se entraña una confesión.

Ahora bien, según las elocuentes, claras y perentorias voces del artículo 197 del Código General del Proceso, toda confesión es infirmable, pues «admite prueba en contrario». Precisamente, eso fue lo que sucedió en el asunto bajo escrutinio dado que el sentenciador de la apreciación de la prueba testimonial coligió de manera contundente algo diferente a lo dicho por el actor en el interrogatorio de parte: que la relación laboral fue continúa. Aquí y ahora recuérdese que el Tribunal, puesta la mirada en los deponentes, concluyó que el demandado «no desvirtuó, al no demostrar que se trataba de “convites o jornal grande” y que los mismos se hacían ocasionalmente respecto del accionante por ende, se establece plenamente que el demandado, no probó como estaba a su cargo, los supuestos de hecho que enmarcaron sus reparos alusivos al caso». Dicho en breve y sin tapujo alguno: el juez plural, tras valorar la plataforma probatoria, estimó que la prueba testimonial fue el elemento persuasivo de convicción que lo condujo al haz luminoso de la realidad, en la medida en que resulta insoslayable que la verdad es única.

Sin hesitación ninguna, se exhibe de mucha utilidad traer a colación el pensamiento de la Sala de Casación Civil homóloga, en torno a la confesión, así:

[n]o significa, empero, que la cuestión ingrese así en arca sellada para siempre, y adquiera la categoría de verdad inexpugnable, de tal suerte que sobre ella no se pueda volver la mirada; porque hay que convenir que, hoy por hoy, ninguna circunstancia, en tanto que forme parte del debate procesal, puede adquirir tamaña impermeabilidad y mirársela como verdad absoluta; así y todo provenga de la denominada ‘reina de las pruebas’, por supuesto que la confesión ya no ejerce el mismo imperio de antaño, cuando se hablaba de una verdad suficiente, sin importar si acompasaba con la verdad verdadera. Es principio admitido ahora que la confesión es infirmable, según expresión paladina, en cuanto a nuestro ordenamiento respecta, del art. 201 del Código de Procedimiento Civil [hoy 197 del Código General del Proceso] (CSJ SC de 29 jun. 2012, rad. 1999-00666-01).

Por lo explicado, es necesario recordar que si el tribunal le otorgó mayor credibilidad a unos medios probatorios que a otros, esa circunstancia no constituye un desacierto evidente de hecho, por motivo que los sentenciadores de instancia gozan de la potestad legal de apreciar libremente la prueba para formar su convencimiento acerca de los hechos controvertidos, con base en aquellos elementos demostrativos que más los induzcan a hallar la verdad real y no la simplemente formal que aparezca en el proceso, prevista en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Las inferencias del juzgador mientras sean lógicas y aceptables quedan abrigadas por la doble presunción de acierto y legalidad, tal como se dejó sentando por esta Corporación en sentencia CSJ SL, 13 nov. 2003, rad. 21478 reiterada, entre otras, en las CSJ SL, 2 ago. 2007 y CSJ SL, 6 nov. 2008, radicados 30368 y 33786, respectivamente, en la que se razonó:

[…] Al efecto y de vieja data la Corte ha considerado que dada la libertad de apreciación de las pruebas que tienen los juzgadores de instancia en virtud de lo establecido por el art. 61 del C.P. del T., el entendimiento que estos le den a aquellas, nace de la autonomía e independencia de que gozan y de la facultad de formar libremente su convencimiento con base en el principio de la sana crítica, que no es más que la lógica y la experiencia.

Por lo dicho, las conclusiones que hace el Tribunal acerca del material probatorio recepcionado, mientras sean lógicamente aceptables, se encuentran cobijadas por la presunción de legalidad, por lo que priman sobre las conclusiones que hacen las partes en relación con el análisis de una o varias pruebas aun cuando dichas inferencias sean también lógicas y de recibo, dado lo cual, debe mantenerse la sentencia con base en esta conclusión del Tribunal.

Ya se dijo que la acusación se edifica en la indebida apreciación de los diferentes testimonios, mas, como también se explicó, este medio de prueba no está calificado para fundar sobre ella un error de hecho manifiesto en la casación del trabajo, por ello únicamente puede ser examinada si previamente se tiene establecido un desacierto valorativo originado en medios de convicción idóneos para estructurar un yerro fáctico, lo que aquí no ocurrió.

Se itera, entonces que, quien pretende el quiebre de una sentencia, debe demostrarle a la Corte, a través de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección judicial, que el operador jurídico que la emitió incurrió en un error manifiesto. Todo ello, al tenor de los plasmado en el artículo 7° de la Ley 16 de 1969, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia CC C-140 de 29 de marzo de 1995.

En este fallo, el tribunal constitucional, dijo:

[…]

Resulta entonces de particular interés observar que el artículo 7o de la Ley 16 de 1969, excluyó la posibilidad de demandar en casación aspectos en materia probatoria diferentes al error de hecho “por falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular”. Esta decisión no se basó únicamente -como se señaló- en el argumento de que los asuntos procedimentales se podían ventilar ante los jueces de instancia, pues no debe olvidarse que el juez que dirige el proceso tiene un contacto directo y permanente con el proceso y, lo que es más importante, evalúa en forma personal y autónoma cada una de las pruebas, asignándole a cada una de ellas su respectivo valor jurídico. De ello resulta que mal podría el juez de casación entrar a evaluar si el juez de instancia apreció correctamente o no un testimonio u otra prueba cuya relevancia no pueda ser definida objetivamente. Por ello, en estos casos la casación sólo se permite del error de hecho por indebida apreciación de un documento auténtico, una confesión judicial o una inspección judicial, y siempre y cuando ese yerro altere sustancialmente el resultado del proceso.

Adicionalmente, esta Corporación encuentra que las causales previstas en la disposición demandada respetan los postulados contemplados en el artículo 29 superior. En efecto, quien desee acudir en casación en materia laboral, conoce los procedimientos establecidos para tales propósitos en la ley; conoce también que la Corte Suprema de Justicia es el tribunal competente para esos eventos (Art. 235-1 C.P.); se le ha garantizado la posibilidad de apelar la sentencia de primera instancia y de controvertir ahora la proferida en segunda instancia; y, lo que es más importante, ha podido, en cada una de esas oportunidades procesales, presentar y controvertir pruebas. Como si lo anterior no fuese suficiente, nótese que la decisión de restringir en casación el error de hecho para sólo tres medios probatorios (documento auténtico, confesión judicial e inspección judicial), responde a la imposibilidad del juez de casación de apreciar las consideraciones subjetivas y valorativas que tuvo el juez de instancia al ser, en virtud de lo ordenado por la ley, quien dirigió y practicó personalmente las pruebas a lo largo del litigio. Así las cosas, esa determinación garantiza también el derecho de defensa, pues hace que el juez de casación funde sus argumentaciones en hechos objetivos y no en meras especulaciones respecto de la forma de pensar, concluir, razonar o actuar de quienes administraron justicia en materia probatoria, tanto en primera como en segunda instancia.

Para una mayor claridad, resulta pertinente transcribir los siguientes argumentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia, los cuales esta Corte comparte en su integridad:

Es, en efecto, al juez de la primera instancia a quien corresponde principalmente la valoración de las pruebas, pues es dicho juez el funcionario que actúa como instructor del proceso. Por lo mismo, en la alzada, al superior fundamentalmente le compete ejercer un control de legalidad, no debiendo en principio separarse de las apreciaciones de su inferior sobre el grado de credibilidad que le hubiera merecido la exposición de un testigo, sin importar si ha sido citado por el empresario o por el trabajador, a quien el juez directamente oyó rendir su declaración, salvo cuando esa valoración aparezca clara y frontalmente contradicha con medios de convicción que, tal cual ocurre con el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección ocular, permitan registrar de manera evidentemente objetiva e irrefragable hechos distintos u opuestos a los afirmados en el testimonio. Lo mismo acontece con la prueba pericial a la cual puede acudir el juez cuando considere que requiere asesoría judicial (Art. 51 C.P.T.), elemento de convicción que por su misma índole no permite la mayoría de las veces un control objetivo de valoración del que pueda deducirse un evidente error de apreciación por un juez distinto al que lo requirió. En cambio, lo que establece un documento auténtico (única prueba que consideró calificada el artículo 23 de la Ley 16 de 1968), cuando su texto es claro e inequívocas las manifestaciones allí contenidas, no puede ser normalmente leído en forma diferente sin incurrir en yerro manifiesto. Lo mismo puede decirse de la confesión que se rinde en el proceso, dadas las características y condiciones que exige el artículo 195 del CPC, y de lo registrado por el juez dentro de la inspección ocular, medios de prueba a los cuales el artículo 7o. de la Ley 16 de 1969 extendió la calificación de idóneos para estructurar el error de hecho en la casación laboral.

En resolución, y siendo coherente con lo discurrido, el cargo no sale victorioso.

Sin costas, dado que no hubo réplica.

VIII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, el 6 de abril de 2021, en el proceso que instauró ALIRIO DE JESÚS MARTÍNEZ TORRES en contra de HILDO ALBERTO VELANDIA RINCÓN.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

(Aclara Voto)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

ACLARACIÓN DE VOTO

Recurrente: Hildo Alberto Velandia Rincón

Demandante: Alirio de Jesús Martínez

Radicación: 94452

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena

Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, considero pertinente aclarar mi voto, pues bien estoy de acuerdo con el sentido de la decisión, a mi juicio la Sala no indicó expresamente que resolvía el argumento de la censura conforme al cual los extremos temporales se determinaron sin fundamento jurídico ni fáctico, lo cual el recurrente sustentó en que no había prueba que lo soportara y los testigos no eran coincidentes.

Por tanto, considero oportuno indicar que adicionalmente al argumento genérico de la sentencia, puedo precisarse que el recurrente se basó en una prueba no apta en casación -los testimonios-, de modo que su estudio no era procedente y por tanto con ello se resolvió ese aspecto de la acusación.

Dejo así sustentada mi aclaración de voto en el presente asunto.

Fecha ut supra.

IVAN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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