RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL597-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL597-2023

Fecha
15 de marzo de 2023
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL597-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 18 de noviembre de 2020, en el proceso ordinario que promovió NIVIA AMPARO RUANO contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. En sede de instancia, para mejor proveer, se ordena que, por Secretaría de la Sala, se oficie a: 1.- La Universidad de Antioquia, para que en el término de quince (15) días, contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique con destino a este proceso, en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, desde el 22 de diciembre de 1995 y, en relación con la demandante, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha. 2.- Colpensiones para que, en igual lapso, certifique a partir de qué fecha le reconoció la pensión de vejez a la actora e indique los montos que mes a mes le ha cancelado por concepto de mesada pensional. Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda. Sin costas en casación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL597-2023

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

15 de marzo de 2023

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL597-2023

Radicación n.° 94314

Acta 9

Ibagué (Tolima), quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por NIVIA AMPARO RUANO contra la sentencia proferida por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 18 de noviembre de 2020, en el proceso ordinario que promovió contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

I. ANTECEDENTES

Nivia Amparo Ruano llamó a juicio a la Universidad de Antioquia, con el fin de que fuera condenada a reajustarle su pensión de jubilación «en forma anual, a partir del año 2000, y en los años subsiguientes, con un porcentaje mínimo del quince por ciento (15%) de la respectiva mesada pensional»; a las diferencias pensionales; indexación, y al pago de costas incluidas las agencias en derecho.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: estuvo vinculada a la convocada como trabajadora oficial, desde el 6 de febrero de 1971 al 21 diciembre de 1995; mediante Resolución n.° 11963 del 26 de febrero de 1996, la Universidad de Antioquia le reconoció pensión de jubilación, a partir del 22 de diciembre de 1995; la precitada prestación se ha venido cancelando y tuvo como fundamento el artículo 14 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita para la vigencia 1976-1977, que en su artículo 15, dispuso: «[…] A partir de la vigencia de la presente Convención, la Universidad reconocerá a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación el subsidio familiar; se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la Convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención; las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares y para estudio y becas. Igualmente, la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de enero 21 de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación»; este último aparte legal, en su artículo 1º, consagró el derecho al reajuste anual de las «pensiones de jubilación e invalidez, tanto de naturaleza pública como privada» y precisó, además, en su parágrafo tercero, que el porcentaje mínimo de aumento sería el 15% «de la respectiva mesada pensional para las pensiones[sic] equivalentes hasta el valor de cinco (5) veces el salario mínimo legal más alto»; para el momento en que materializó el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional al accionante, se encontraban vigentes tanto la Ley 4ª de 1976 como el artículo 15 del precitado acuerdo colectivo; la convocada ha cumplido con las obligaciones plasmadas en la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, salvo en lo referente al parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976; la pensión que disfrutaba nunca había superado los 5 salarios mínimos legales mensuales vigente; los aumentos que han sido aplicados a la prestación económica del actor eran inferiores al 15% de la mesada pensional del año anterior, por lo que esta última presentaba un déficit en su valor, y que agotó la reclamación administrativa el 10 de mayo de 2012, la cual fue absuelta de forma contraria a sus intereses.

La Universidad de Antioquia se opuso a las pretensiones del actor y propuso las excepciones de adecuada interpretación de la convención por parte de esa institución; inexistencia de la obligación del incremento del 15%; buena fe y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 5 de agosto de 2020, absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra por la actora e impuso costas a favor de la Universidad convocada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al conocer del asunto por virtud del grado jurisdiccional de consulta, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 18 de noviembre de 2020, confirmó la decisión de primer grado. Sin costas.

El tribunal, en primer término, excluyó del debate probatorio que: (i) mediante Resolución n.° 11963 del 26 de febrero de 1996, la Universidad de Antioquia le reconoció a la señora Ruano una pensión de jubilación convencional, «por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 14 de la convención colectiva 1976-1977 […] reconocida a partir del 22 de diciembre de 1995 en cuantía de $371.943». Agregó además que, el reajuste pretendido fue solicitado el 10 de mayo de 2012 y, la Universidad de Antioquia dio respuesta negativa mediante la Resolución n.°230 del 30 de mayo de 2012, decisión confirmada mediante las Resoluciones n.° 353 del 10 de julio de 2012 y 35287 del 8 de agosto del mismo año.

Claro en lo anterior, planteó como problema jurídico a resolver «si hay lugar al reajuste de la pensión de jubilación reconocida a la demandante en el 15% desde el año 2000, en atención a lo estipulado en el artículo 15 de la [C]onvención [C]olectiva de [T]rabajo que remite a la Ley 4ª de 1976».

Para resolver lo pertinente al incremento solicitado, recordó lo previsto en el capítulo 7 de la Convención Colectiva, el que transcribió. Luego de ello, procedió a memorar el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, el que anotó describía «unos criterios y rangos para el reajuste de pensiones, siendo relevante para el caso objeto de estudio lo estipulado en el parágrafo 03 de dicha normativa cuando establece que: En ningún caso el reajuste de que trata este [a]rtículo será inferior al 15% de la respectiva mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de cinco veces el salario mínimo legal más alto», e informó que lo allí previsto no se encontraba vigente «puesto que tal aparte legal «fue sustituida y derogada por la Ley 71 de 1988 y la [L]ey 100 de 1993, tal como lo afirmó la Corte Constitucional en la sentencia C 110 de 2006[…]».

Con lo antes expuesto, concluyó que las pretensiones de la demandante no se encontraban llamadas al éxito. Agregó que las sentencias enunciadas por la parte actora no eran aplicables

[P]ues en estas se hace alusión expresamente a la procedencia del pretendido reajuste del 15% establecido en la [L]ey 4 de 1976, pues en las convenciones que dan origen a las prestaciones reclamadas para los trabajadores beneficiarios de la convención colectiva suscrita con [E]lectrificadora del [C]aribe S.A, se consagró de forma expresa que, todos los trabajadores que se encontraran pensionados o que se pensionen a futuro se les seguirán conociendo todos los derechos contemplados en la [L]ey 4 de 1976, sin consideración a su vigencia, queriendo ello significar que así́ dicha ley perdiera su vigencia la misma seguiría rigiendo para los trabajadores beneficiarios de dichas convenciones, situación está[sic] que es perfectamente posible dado que como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia dicho[sic] alcance no le quita razonabilidad al contenido de la misma pues atendiendo al origen, la naturaleza y finalidad de la convención colectiva de trabajo, son las mismas partes las llamadas a fijar el contenido y alcance de sus normas, y por lo tanto en ejercicio de la autonomía de la voluntad estas tiene total libertad para comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, siempre que su objeto u causa sean lícitos.

No obstante lo anterior, se precisa que no es la situación anterior la que cobija a la demandante, pues en el artículo décimo quinto que estipulo la aplicación de la mencionada [L]ey 4 de 1976 para los trabajadores beneficiarios de la convención suscrita con la U de A, no se hizo consideración alguna con respecto a la aplicación en el tiempo de dicha normativa aun cuando está ya hubiera perdido su vigencia, por lo que entiende la sala[sic] que la finalidad que se pretendió́ con lo enunciado en el numeral decimoquinto de la [C]onvención de la U de A 1976-1977 no era otro que darle aplicación a la norma que regía para ese entonces con respecto a la actualización de las pensiones, esto es, la ley 4 de 1976, misma que fue sustituida en el tiempo por la ley 71 de 1988 y la ley 100/93[…].

sentencia SL-1846-2016[sic], reiterada luego en la sentencia SL-1917 de 2019[sic], donde se analizó́ el caso de un reajuste pensional establecido convencionalmente en favor de los pensionados de la empresa ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. E.S.P., allí́ la Corte Suprema de Justicia, avaló el reajuste pensional con fundamento en la Ley 4° de 1976, pues contrario al asunto aquí́ discutido, las partes firmantes si consignaron expresamente una cláusula que literalmente decía: "...sin consideración a su vigencia...",quedando así́ clara su intención de consagrar las prerrogativas legales, aun después de la derogatoria de la norma legal que las contemplaba, dicho criterio ha sido ratificado en providencias más recientes como la SL3615-2020[sic], y SL768 del 10 de marzo de 2021.

Así, confirmó el fallo de primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la decisión proferida por el juez de primer grado y, en su lugar, «acceda a las pretensiones formuladas en la demanda. Se provea así mismo sobre las costas en ambas instancias y las del recurso de casación».

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado y pasa a decidirse.

VI. ÚNICO CARGO

Ataca la sentencia recurrida, por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos «467, 479, 480 del Código Sustantivo del Trabajo; 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (violación de medio); Artículo 1º, Parágrafo 3º de la Ley 4ª de 1976; artículo 14 y 288 de la Ley 100 de 1993». Así mismo, el «Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo transitorio 3º, artículos 13 y 53 de la Constitución Nacional [sic]».

Como errores evidentes de hecho relaciona los siguientes:

No dar por demostrado, ESTÁNDOLO, que la Ley 4ª de enero 21 de 1976, FUE INCORPORADA, en su integridad, a la Convención Colectiva de Trabajo, 1976-1977, celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

DAR por demostrado, SIN ESTARLO, que la Ley 4ª de enero 21 de 1976, NO FUE INCORPORADA, en su integridad, a la Convención Colectiva de Trabajo, celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

NO dar por demostrado, ESTÁNDOLO, que en la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, y en las convenciones posteriores a ésta, SE plasmó la voluntad de las partes, de incorporar en su INTEGRIDAD la Ley 4ª de 1976 al Acuerdo Colectivo y de MANTENER o CONSERVAR SU VIGENCIA.

DAR por demostrado, SIN estarlo, que en la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, y en las convenciones posteriores a ésta NO se plasmó la voluntad de las partes contratantes, de incorporar de manera incondicionada y en su integridad la Ley 4ª de 1976 al Acuerdo Colectivo y de MANTENER o CONSERVAR su v vigencia.

Afirma que los mencionados yerros provienen de la apreciación errónea de las «Convenciones Colectivas de trabajo allegadas al proceso con las respectivas constancias de depósito en el Ministerio del Trabajo».

Después de transcribir apartes de la sentencia impugnada, aduce que el juzgador de la alzada, pese a que reconoce expresamente el texto del estatuto convencional, desatiende las pretensiones de la demanda y de manera contradictoria a la interpretación de normas convencionales que ha desplegado esta Sala.

En sus palabras,

En el caso específico, en relación con la aplicación de la Ley 4a de 1976, lo que se infiere, sin dificultad, es que, su inclusión, igual, que de cualquier otro texto de rango legal en un contrato colectivo, bien sea transcribiéndolo literalmente, en forma total o parcial, o haciendo mención o REMISIÓN a el, con la anotación de que se le dará́ aplicación, implica la incorporación del mismo como derecho autónomo que, a partir de su inclusión en el contrato colectivo, sigue las consecuencias propias de la Convención Colectiva de Trabajo y no las de la norma jurídica de carácter legal, pues, pugna a la lógica y a la hermenéutica jurídica considerar que tal actuación no tiene ninguna significación ni implicación, porque la Convención Colectiva de Trabajo impone deberes y obligaciones a las partes contratantes, mientras que la Ley, en su sentido formal, de por sí, es obligatoria para todos los destinatarios legales, ciudadanos en general.

Memora la sentencia CSJ SL13242-2014, y reproduce apartes de la decisión del 24 de agosto de 2000, radicado 14489.

Explica que la inclusión en un contrato colectivo de una ley, bien sea transcribiéndola literalmente, en forma total o parcial, o haciendo mención o remisión a ella, con la anotación de que se le dará aplicación, implica la incorporación de esta como derecho autónomo que, a partir de su inclusión en el contrato colectivo sigue las consecuencias propias de la Convención Colectiva de Trabajo y no las de la norma jurídica de carácter legal, pues pugna a la lógica y a la hermenéutica jurídica considerar que tal actuación no tiene ninguna significación ni implicación, porque la ley de por sí es obligatoria para las partes contratantes, además, lleva implícita su obligatoriedad contractual, su sujeción futura al devenir del instrumento convencional, con independencia de las consecuencias que corra la norma jurídica, cualquier actuación diferente, debe ser prevista por los contratantes que la incluyeron en el respectivo contrato colectivo.

Acota que, en contravía de los precedentes jurisprudenciales, del principio de favorabilidad e in dubio pro operario, cuya aplicación no es optativa, sino imperativa, como expresamente lo ordena el artículo 53 de la Constitución Política, la sentencia gravada desconoce el carácter vinculante que tiene «la convención colectiva de trabajo para las partes, pese a la REMISIÓN inequívoca e incuestionada a la Ley 4ª de 1976, que hace la cláusula 15 de la Convención Colectiva, de la voluntad de las partes de acogerla […] en toda su literalidad […] como mandato convencional […]».

Asevera que esta Sala se pronunció en un asunto de similares contornos, luego de lo cual resalta que en el caso concreto «los argumentos y la decisión que se atacan, desconocen palmariamente el Principio de Favorabilidad, como mandato superior y además, en abierta contradicción con los precedentes jurisprudenciales […]», en cuyo respaldo cita las decisiones CSJ SL2451-2021, CSJ SL1214-2019, CSJ SL351-2018 y afirma que:

La incorporación, mediante la REMISIÓN de una norma legal en un contrato colectivo, a más de ser una actuación válida, lleva implícita su obligatoriedad contractual, su sujeción futura, al devenir de la Convención Colectiva de Trabajo, con independencia de las consecuencias que corra la norma legal, objeto de remisión o incorporación. Cualquier actuación diferente, debe ser prevista por los contratantes que la incluyeron en el respectivo contrato colectivo, NUNCA presumida por el fallador.

Concluye al indicar que,

[E]l parágrafo transitorio 3 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 prevé́ que “Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado (...) En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010”; razón por la cual a la luz de tal acto modificatorio de la Constitución cualquier beneficio convencional en materia de pensiones perdió́ vigencia desde el 31 de julio de 2010, sin que sea viable que desde ese momento se solicite un incremento pensional con fundamento en una norma que es inaplicable, por ser contraria a las reglas de carácter pensional vigentes.

Al respecto es de complementar que en el caso concreto el trámite administrativo frente al reajuste pensional culminó con la expedición de la Resolución 038 del 18 de febrero de 2013 y 36935 del 19 de abril de 2013, por lo que la prescripción fue interrumpida con la presentación de la demanda en 2016 y, en consecuencia, no habría reajustes susceptibles del reconocimiento con anterioridad al 31 de julio de 2010, momento de pérdida de vigencia de las condiciones pensionales más favorables contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados; precisando que los reajustes no pueden catalogarse como derechos adquiridos por las razones expuestas.

VII. RÉPLICA

El escrito de oposición se puede sintetizar así:

Sobre la demanda de casación, explica que el cargo se encuentra indebidamente formulado, puesto que «lo que realmente se censura no es que el ad quem haya incurrido en un error determinado por la aplicación de una norma a un hecho no previsto en su supuesto fáctico, sino a una interpretación errónea materializada, de acuerdo con sus argumentos, en la asignación de un sentido o alcance diferente a las disposiciones en comento […]», de manera que la vía correcta de ataque era la directa.

Por otra parte, precisa que no podían reprocharse las consideraciones del colegiado sobre la interpretación extendida a la cláusula 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, puesto que la misma «es razonable y acorde al contenido literal -gramatical- de la disposición convencional». En ese orden de ideas, tal análisis no podía calificarse como caprichoso o «protuberantemente erróne[o] no sólo por las razones expuestas en el literal a) -No incorporación de la Ley 4 de 1976 en la convención colectiva 1976-1977- del numeral 2 – Falta de fundamentos del cargo de casación formulado- del acápite III -oposición al recurso extraordinario de casación- de este escrito; sino además porque la misma se aviene con los criterios hermenéuticos definidos por la Corte Suprema de Justicia en materia de interpretación de cláusulas convencionales».

Añade que, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia desestima la aplicación del principio de favorabilidad cuando con su invocación se pretende la derogación de obligaciones y derechos que provienen del Sistema de Seguridad Social Integral, el que además pregona como principio el de la unidad. Luego de ello, se transcribe, in extenso, la sentencia que identificó como 18844 de octubre 10 de 2002.

VIII. CONSIDERACIONES

En lo atinente al reproche de orden técnico que aduce la réplica, habrá de decirse que no se encuentra llamado a prosperar, por cuanto la línea de pensamiento de esta Corporación ha examinado las convenciones colectivas de trabajo, dado su contenido probatorio, bajo el amparo de la causal primera de casación. De manera que, al predicar los acuerdos colectivos una doble connotación, esta es, ser prueba y fuente jurídica a la vez (CSJ SL1149-2022, CSJ SL131-2022), nada impide que, como en el caso en estudio, se acuda a la vía indirecta para cuestionar el entendimiento que se le otorga a un aparte convencional, pese a que el contenido del embate cuente con algunas apreciaciones jurídicas.

Al descender al caso en estudio y no obstante que el cargo se dirige por la vía indirecta, son supuestos fácticos no sometidos a discusión, que: (i) La Universidad de Antioquia le reconoció a la señora Ruano una pensión de jubilación convencional, «por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 14 de la convención colectiva 1976-1977 […] reconocida a partir del 22 de diciembre de 1995 en cuantía de $371.943» y, (ii) se agotó reclamación administrativa el día 10 de mayo de 2012, la cual fue resuelta de forma negativa por la Universidad convocada mediante la Resolución n.° 230 del 30 de mayo de 2012 y confirmada mediante las Resoluciones n.° 353 del 10 de julio de 2012 y 35287 del 8 de agosto del mismo año.

El juez de segunda instancia, para confirmar la decisión absolutoria de primer grado, indicó, en estricto rigor, que «el artículo décimo quinto que estipul[ó] la aplicación de la mencionada [L]ey 4 de 1976 para los trabajadores beneficiarios de la convención suscrita con la U de A, no se hizo consideración alguna con respecto a la aplicación en el tiempo de dicha normativa aun cuando está ya hubiera perdido su vigencia».

De manera que, le corresponde a la Sala determinar si el colegiado incurrió en un error protuberante de hecho, al inferir que la interpretación admisible de la cláusula consignada en el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, suscrita entre la Universidad de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Antioquia, es considerar que el incremento pensional estatuido en la Ley 4ª de 1976, no debe aplicarse a la pensión que disfruta la accionante. Sin desconocer que la convención colectiva de trabajo, como se explicó en las sentencias citadas (CSJ SL1149-2022, CSJ SL131-2022), es una fuente formal del derecho.

En ese horizonte, tenemos que el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, nos indica lo siguiente:

Artículo décimo cuarto. Pensionados por jubilación.

A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad de Antioquia reconocerá y pagará la pensión de jubilación a los trabajadores que cumplan o hubieren cumplido veinte (20) años de servicios a la Universidad, continuos o discontinuos, y que lleguen a una edad de cuarenta y cinco (45) años.

PARÁGRAFO. A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad pagará a todos los trabajadores jubilados actualmente y que lleguen a jubilarse, una pensión de jubilación del 100% de su salario.

Artículo décimo quinto. Prestaciones extralegales para pensionados.

A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad reconocerá y pagará a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación el subsidio familiar, se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención; las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares y para estudio y becas. Igualmente, la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación.

PARÁGRAFO. La mensualidad de que trata el artículo quinto de la Ley 4ª de 1976, corresponde a la prima de navidad que paga la Universidad. (Negrillas propias).

Pues bien, en torno al ejercicio hermenéutico, esta Corporación, recientemente, en un caso de idénticos contornos al hoy sometido a estudio, mediante la sentencia CSJ SL1149-2022, reiterada en la CSJ SL1945-2022, razonó:

[L]a lectura efectuada por el Tribunal respecto de la cláusula decimoquinta convencional se exhibe desatinada, pues tal estipulación guarda correspondencia con la teleología de la negociación colectiva, de procurar el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, en este caso, al permitir que los pensionados de la Universidad al igual que quienes lleguen a pensionarse, accedan a las prerrogativas de la Ley 4ª de 1976, sin que se observe que la intención de los contratantes hubiera sido la de supeditar el disfrute de los beneficios en ella dispuestos, mientras estuviera vigente.

Se dice lo anterior porque de la norma extralegal fluye razonable que las partes firmantes, haciendo uso de su poder de negociación, hubieren incorporado de manera generalizada un listado de derechos de estirpe legal a la convención, con el propósito de darles una connotación de derecho extralegal nuevo y autónomo frente a las normas legales.

De manera tal que, para la Corte, resulta evidente que la remisión a la Ley 4ª de 1976 en el acuerdo colectivo laboral bajo estudio tuvo como finalidad identificar la garantía legal, pero para efectos de incorporarla a éste, tal como sucede con los demás derechos que allí se enlistan conforme la denominación dada por el legislador.

Además, no puede perderse de vista que «la certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extra legal», como lo asentara esta Sala de la Corte en la sentencia SL1052-2021.

De otro lado, conviene precisar que dentro de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976 se encuentra, precisamente, el incremento pretendido, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de un precepto legal que conservará vigencia como norma convencional, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pactó entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se benefician de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo.

Así lo recordó la Sala en la sentencia SL5108-2020, en los siguientes términos:

El texto convencional que se estudia extiende a los pensionados “todos los derechos contemplados en la Ley 4.ª de 1976”. En ese sentido, no cabría tildar de errado –y menos en la magnitud de manifiesto o evidente- el entendimiento que el Tribunal dio a esa cláusula convencional de aplicar a los demandantes, en su calidad de pensionados, el reajuste anual y automático contemplado en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.

No entiende la Sala cómo el cargo sostiene que el reajuste prescrito en esta norma legal no es un derecho y que sólo pueden ser considerados como tales los que se prevén en los artículos 6° a 10.

Por supuesto que el reajuste de la pensión es un derecho de los pensionados que cumplan las condiciones ahí señaladas, en cuanto representa para ellos la posibilidad de modificar la relación jurídica que los liga con el pagador de la pensión y de exigir, hasta por las vías judiciales, el reconocimiento de esa facultad.

Puede verse como correlato de esa facultad o posibilidad que existe una obligación jurídica a cargo del pagador de la pensión de efectuar el reajuste, hasta el punto de llegar a ser compelido, con el uso legítimo de la fuerza, por los jueces, en la hipótesis de resistirse a honrar ese compromiso legal.

Bueno resulta precisar que la falta de ejercicio de un derecho no traduce que no exista jurídicamente. Es más, la posibilidad de ejercerlo o no pertenece a su propia naturaleza.

Adicionalmente, cualquier enfrentamiento entre la disposición convencional y la ley, en punto al reajuste anual de las pensiones, habrá de resolverse con el postulado de la norma más favorable. Pero, en todo caso, ello no conduce a la pérdida de aliento de la norma convencional.

(…)

Tal precepto, entonces, forma parte de lo que en doctrina se denominan cláusulas normativas de las convenciones colectivas, justamente por ser las llamadas a disciplinar o normar las condiciones de trabajo. Pero ello, en manera alguna, tiene la virtud de trocar su naturaleza convencional para pasar a ser una disposición que tuvo venero en un conflicto jurídico o de derecho.

Por último, nada de exótico resulta que en una convención colectiva de trabajo se disponga la aplicación de un mandato legal así haya perdido vigencia. Es perfectamente jurídica y válida una disposición convencional así concebida. Esa ha sido la orientación de esta Sala, vertida en sentencia del 22 de noviembre de 2000 (Rad. 14.489).

Al atender el precedente lineamiento jurisprudencial, resulta desacertada la interpretación que el colegiado le extendió al aparte convencional trascrito, para con ello inferir que a la accionante no le era aplicable el reajuste pensional que aparece previsto en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.

Recapitulando lo dicho en la mentada providencia CSJ SL1149-2022, reiterado en la CSJ SL4189-2022 y, en especial, para dar respuesta a la réplica:

[N]o se advierte que las partes hubieren decidido excluir lo relativo al reajuste allí previsto; o que la norma extralegal únicamente aludiera a los beneficios concernientes a subsidio familiar, distribución de remanentes (capítulo 5 del Acuerdo de 1975), servicio médico familiar, primas de junio y navidad, auxilio de maternidad, útiles escolares y becas para estudio, algunos de los cuales, dicho sea de paso, también se encuentran regulados en la Ley 4ª de 1976, en sus artículos 6, 7 y 9. Nótese, además, que el precepto convencional bajo estudio de manera expresa estableció que: «Igualmente la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación», con lo cual no queda duda que las partes, en ejercicio de su libertad de contratación laboral, válidamente estipularon que los pensionados fueran acreedores --aparte de los beneficios aludidos en precedencia--, del reajuste pensional reclamado.

Entonces, contrario a lo aducido por el Tribunal y alegado por la opositora, el hecho de que en la citada cláusula no se hiciera alusión alguna sobre la vigencia de la norma legal de referencia, en manera alguna podía conducir a concluir que la misma estuviera atada a la derogatoria, subrogatoria o demás situaciones que afectan la vigencia de la ley en el tiempo, en este caso, de la citada Ley 4a de 1976, por ser claro que, incorporada la norma legal al texto convencional, ésta queda sujeta, no a las accidentalidades que afectan su lugar de origen, que no es más que un marco de referencia, se repite, sino a las propias de la vigencia de las preceptivas convencionales, pues deja de ser norma legal para los convencionistas, para convertirse en norma convencional propia de sus relaciones contractuales de trabajo. Este es el cabal entendimiento que debe darse a la vigencia de la norma convencional cuando su contenido tiene venero o fuente en una norma legal, como ocurre en este caso.

En esas condiciones, acoger por vía convencional un reajuste no inferior al 15%, conforme lo establecido en la referida normativa, se enmarca dentro de la voluntad contractual de las partes, producto de su autonomía, frente a la cual no le es dable a la Corte entrometerse, pues acorde con lo asentado en la sentencia SL3820-2020, «en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean lícitos, que no atente contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores o, en general, que no se produzca lesión a la Constitución o la ley».

Finalmente, cumple acotar que los incrementos pretendidos por la recurrente constituyen verdaderos derechos adquiridos, pues se encuentra pensionada desde el 22 de diciembre de 1995, a través de la Resolución n.° 11963 del 26 de febrero de 1996, con venero en la Convención Colectiva de Trabajo 1976 – 1977 y, como quedó visto, a pesar de la derogatoria de la Ley 4ª de 1976, lo cierto es que esta siguió rigiendo dichos beneficios por virtud de lo instituido en el plurimencionado acuerdo colectivo.

De esta manera, fluye con claridad, la innegable conclusión relativa a la existencia de un derecho adquirido a favor de la accionante, dada la fecha en que se causó su pensión de jubilación -1995-, el que, atendiendo la correcta interpretación de la cláusula convencional precitada, debe serle garantizado, sin que resulte admisible ninguna lectura diferente.

Entonces, siendo coherentes con lo discurrido, la acusación sale avante y, en consecuencia, se casará la sentencia impugnada.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación, dada su prosperidad.

En sede de instancia, para mejor proveer, se ordenará que por Secretaría de la Sala se oficie a la Universidad de Antioquia, para que en el término de quince (15) días, contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique con destino a este proceso, en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, desde el 22 de diciembre de 1995 y, en relación con la demandante, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha.

Asimismo, se oficiará a Colpensiones para que, en igual lapso, certifique a partir de qué fecha le reconoció la pensión de vejez a la actora e indique los montos que mes a mes le ha cancelado por concepto de mesada pensional.

Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 18 de noviembre de 2020, en el proceso ordinario que promovió NIVIA AMPARO RUANO contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

En sede de instancia, para mejor proveer, se ordena que, por Secretaría de la Sala, se oficie a:

1.- La Universidad de Antioquia, para que en el término de quince (15) días, contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique con destino a este proceso, en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, desde el 22 de diciembre de 1995 y, en relación con la demandante, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha.

2.- Colpensiones para que, en igual lapso, certifique a partir de qué fecha le reconoció la pensión de vejez a la actora e indique los montos que mes a mes le ha cancelado por concepto de mesada pensional.

Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda.

Sin costas en casación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL597-2023 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.