Ficha de la providencia
Sentencia SL606-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL606-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL606-2019
Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa
26 de febrero de 2019
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Magistrado ponente
SL606-2019
Radicación n.° 70562
Acta 006
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CARLOS ARTURO ARANGO ARBELÁEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., el 17 de julio de 2014, en el proceso que instauró contra OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC.
ANTECEDENTES
Carlos Arturo Arango Arbeláez llamó a juicio a Occidental de Colombia LLC, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la «indemnización sustitutiva de la pensión de vejez», que estimó en la suma de $835.016.768; los intereses moratorios más altos permitidos por la ley, y las costas procesales.
Fundamentó sus peticiones, en que laboró para la accionada por contrato de trabajo a término indefinido, desde el 2 de marzo de 1981, hasta el 5 de octubre de 1988, que la empresa no cumplió con la obligación de realizar las reservas para cubrir el riesgo de la pensión de vejez y tampoco sufragó las cotizaciones o aportes pensionales al ISS.
Dijo que con el fin de obtener lo pretendido, interpuso acción de tutela contra la empleadora, pero le fue denegada porque debía acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral; que previamente le hizo la petición a Occidental de Colombia LLC, quien respondió que para esa época no tenía obligación de recaudar esos aportes ni traspasarlos al ISS y que tampoco era una caja de seguridad social.
Estimó, según cálculo actuarial que aportó, que la obligación ascendía a $835.016.768.
Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones porque con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, las empresas petroleras no tuvieron llamamiento obligatorio a inscripción al ISS y, en cuanto a los hechos, admitió los extremos de la relación laboral y señaló que no era cierto que tenía la obligación de pagar la reserva actuarial; que el artículo 260 del CST la obligaba reconocer la pensión de vejez a quienes cumplieran 20 años de servicios y 55 de edad, que no era el caso del demandante quien laboró por espacio de 7 años.
En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, y prescripción.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante fallo del 26 de junio de 2014, absolvió a la demandada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Por apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., mediante sentencia del 17 de julio de 2014, confirmó la decisión.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal (registro de audio) comenzó por cuestionar el precedente invocado por el recurrente contenido en la sentencia CC T-784-2010, en la medida que no tenía los mismos antecedentes fácticos que en el presente juicio, «[…] pues en esa oportunidad se analizó el tiempo que le hacía falta al accionante para completar el derecho a la pensión»; mientras que aquí se trataba de obtener el pago de un título pensional o cálculo actuarial por el tiempo de duración de la relación laboral sin estar ligado a la pensión; a más que las decisiones de tutela solo tenían efectos inter partes.
Dejó sentado, que la relación de trabajo entre las partes se llevó a cabo desde el 2 de marzo de 1981, hasta el 5 de octubre de 1988. Seguidamente estudió los argumentos de la alzada en cuanto discutió que su derecho se hallaba amparado en la Ley 90 de 1946 y por el artículo 37 de la Ley 100 de 1993. En relación con la primera normatividad, recordó que creó el Instituto de Seguros Sociales y estableció en su artículo 72, la obligación a cargo de los empleadores de afiliar a sus trabajadores en las fechas en que fueran llamados a inscripción.
En tal sentido el Decreto n.° 1993 de 1997, que aprobó el Acuerdo del ISS n.° 257 del mismo año, ordenó la inscripción de los trabajadores de la industria del petróleo, y la Resolución n.° 4250, fijó como fecha límite el 1° de octubre siguiente, en atención a la zona geográfica. Puntualizó que hasta esa fecha no se podía exigir a la demandada la obligación correspondiente a la afiliación del demandante al ISS, dado que la relación laboral había fenecido el 5 de octubre de 1988.
Señaló que, frente al artículo 37 de la Ley 100 de 1993, el actor no cumplía los requisitos allí establecidos, de los cuales solo acreditaba la edad de 60 años, pero dejó por fuera de los hechos y del debate probatorio las demás exigencias, es decir, la demostración del número de semanas cotizadas y la manifestación acerca de la imposibilidad de seguir realizando aportes para obtener la pensión. Agregó, que era necesario que la relación laboral estuviese vigente al momento de expedirse la Ley 100 de 1993, para poder validar el tiempo de servicio con la empresa demandada porque, precisamente la sumatoria de tiempos con empleadores particulares que no estuvieron obligados a afiliar a sus trabajadores al ISS, así como la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, fueron disposiciones creadas en los artículos 33 y 37 de esta ley.
Recordó, que la sentencia CC C-506-2001, decidió la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el parágrafo 1°, literal c) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, y concluyó que no se violaba el derecho a la igualdad entre los trabajadores que no tenían un vínculo laboral vigente al 1° de abril de 1994, porque solo con esta ley se creó la posibilidad de acumular esos tiempos de servicio no cotizados al ISS, a través de la obligación de aprovisionar las reservas y los cálculos actuariales que financiarían las pensiones en esas condiciones.
Estimó, que no se vulneraba el principio de favorabilidad porque había suficiente claridad sobre la forma en que debía interpretarse el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y no había pugna entre dos normas que regularan el derecho en discusión, en especial porque se había concluido que el empleador no tenía la obligación de cotizar al ISS durante la vigencia del contrato de trabajo celebrado con el demandante.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende que la corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y en su lugar acceda a las pretensiones.
Con tal propósito formuló tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicadas y se resolverán conjuntamente, dada su conexidad fáctica y normativa, así como la finalidad común.
CARGO PRIMERO
Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por vía directa:
[…] por no aplicación de las siguientes normas: Constitución Nacional, arts. 13, 46, 48 y 53. Garantizan el derecho a la igualdad y los derechos de los trabajadores y de las personas adultas mayores; Arts. 13 y 16 del CST, que garantizan el mínimo de derechos y el efecto de las normas del CST; Ley 153 de 1887, arts. 1, 2 y 3 que se refiere a la interpretación y aplicación de las normas en caso de vacío; Ley 90 de 1946, que creó la obligatoriedad de las empresas de hacer los aprovisionamientos necesarios para realizar los aportes al ISS. Decretos 2663 y 3743 de 1950; Ley 107 de 1961, art. 13; Decreto 1993 de 1967; Decreto 064 de 1968; Decreto 433 de 1971; Decreto 1572 de 1973; Ley 1573 de 1973, Ley 1650 de 1987; Decreto 3063 de 1989; Art. 13 de la Ley 100 de 1993 Lit. F y art. 11 de la misma Ley; Resolución 4250 de 1993; Art. 2 Decreto 1930 de 2001; Ley 797 de 2003; Decreto 1640 de 2005; Decreto 4640 de 2005.
En la demostración del cargo, dijo que el tribunal se equivocó al concluir que el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 no era aplicable al caso que nos ocupa; que no tuvo en cuenta que con anterioridad a esta norma el legislador había desarrollado un régimen especial para los trabajadores vinculados a la industria petrolera, paralelo al de los demás trabajadores, en el cual se obligaba a las empresas a destinar reservas que garantizaran las pensiones, con los aportes de los trabajadores.
Recordó, que desde la Ley 90 de 1946, artículo 72, se impuso la obligación a los empleadores de hacer los aprovisionamientos de capital necesarios para realizar las cotizaciones al sistema del seguro social, mientras este entraba en vigencia.
Aceptó que la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez se institucionalizó con la Ley 100 de 1993, en el artículo 37, pero estimó que debía responsabilizarse a la empresa petrolera demandada, del pago de los aportes realizados con anterioridad que debieron depositarse en fondos constituidos para tal fin, pues de lo contrario, de no llenarse este vacío, se vulnerarían sus derechos fundamentales a la igualdad y al mínimo de garantías laborales; por consiguiente, debía acudirse al principio de favorabilidad porque los Decretos 433 de 1971 y 1572 de 1973, en desarrollo de la Ley 107 de 1961, estaban vigentes y establecían las «cuotas de cotización» para la empresas extranjeras, en la cuales se encontraban las petroleras.
Sostuvo, citando la sentencia CC T-784-2010, que antes de expedirse la Resolución del ISS n.° 4250 de 1993, que impartió la obligación de afilar a esta clase de trabajadores, la empresa tenía implementado un fondo para el reconocimiento de la pensión a sus trabajadores de conformidad con el Decreto 1573 de 1973 (sic), antes de que pasaran al ISS, y en la actualidad seguía pagando dichas acreencias; solo que se volvió costumbre negar la devolución de estos dineros, a pesar de que deberían estar reflejados en sus estados financieros.
Agregó, que los Decretos 1993 de 1967 y 064 de 1968, aprobatorios de los Acuerdo del ISS n.° 264 y 267 de 1967, ordenaron por vez primera la inscripción para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, de todos los trabajadores de la industria del petróleo; pero que solo hasta 1982, por medio de la Resolución n.° 3540, se fijó el 1° de septiembre del mismo año, para estos efectos; sin embargo, la Resolución n.° 5043 de esa anualidad postergó indefinidamente la anterior, mientras se realizaba una concertación entre el gobierno y ese gremio, y solo hasta la expedición de los Decretos 1650 de 1987 y 3063 de 1989, se dispuso la afiliación, aunque la fecha definitiva se fijó en la Resolución n.° 4250 de 1993.
Acudió a la sentencia CC T-1046-2007, para reflejar que la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez era una especie de ahorro que pertenecía al trabajador y las empresas petroleras no podían enriquecerse ilegalmente apropiándose de estos recursos. Arguyó que tenían que incluirse las semanas cotizadas con anterioridad a la Ley 100 de 1993, como se desprendía de las sentencias CC T-972-2006, T-1088-2007 y T-850-2008, y del literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disposición que al igual que el artículo 37 ibídem, no imponían condicionamiento alguno en relación con la sumatoria de cotizaciones antes y después de la vigencia de esa normatividad.
CARGO SEGUNDO
Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del mismo compendio normativo acusado en el cargo anterior.
En la demostración del cargo, reiteró los argumentos esgrimidos en el anterior.
CARGO TERCERO
Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del mismo cuerpo normativo y agregó el artículo 176 del CGP (Ley 1564 de 2012).
Enlistó, como errores de hecho, los siguientes:
Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante no tiene derecho a la indemnización sustitutiva.
No observar la certificación emitida por la demandada en la que consta que mi representado estuvo vinculado con contrato de trabajo de marzo dos (2) de mil novecientos ochenta y uno (1985 sic) a cinco (5) de octubre de mil novecientos ochenta y ocho (1988) que obra a folios 19 y 20 del cuaderno principal del expediente.
No hacer observado el registro civil de nacimiento de mi prohijado donde se comprueba que él tenía más de sesenta años cuando realizó la petición de reconocimiento de su derecho a la indemnización sustitutiva, habiendo nacido el veinticuatro (24) de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro (1944); obra a folio 15 del cuaderno principal de la demanda.
No haber apreciado el certificado de existencia y representación de la demandada de donde se desprende que por tratarse de una empresa dedicada a las actividades petroleras, sus empleados están sometidos a un régimen especial; obra en folios 11 a 14 del cuaderno principal de la demanda.
En la demostración, criticó la postura del tribunal que sostuvo que él no reunía los requisitos del artículo 37 de la Ley 100 de 1993, cuando era claro que contaba con 60 años de edad y que la empresa no constituyó la reserva pensional que su régimen especial le imponía. Además, afirmó que después de terminarse la relación laboral había quedado imposibilitado para cotizar en pensiones.
Insistió, que con la prueba relacionada era suficiente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y que el ad quem erró al no valorarla debidamente, vulnerando sus derechos constitucionales, especialmente el de la igualdad.
RÉPLICA
Defendió la decisión del tribunal, en tanto no incurrió en ningún error de apreciación o de interpretación normativa, máxime que el requisito de encontrarse vigente el contrato de trabajo en presencia de la Ley 100 de 1993, fue declarado exequible en la sentencia CC C-506-2001, e hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.
CONSIDERACIONES
Sea lo primero indicar, en torno a los tres cargos, que no basta acusar una decisión de inaplicar o aplicar indebidamente los preceptos constitucionales, porque ello es factible solo ante la existencia de vacíos o contradicciones en las leyes de carácter sustancial que vayan en contravía de los derechos fundamentales del trabajador. En esta dirección, en sentencia CSJ SL3210-2016, la corte sostuvo:
[…] la fuerza normativa de los principios en la legislación laboral y de la seguridad social, se ve reflejada en la función tridimensional que cumplen. Por una parte, son bases estructurales y de ordenación, en tanto orientan, informan y articulan las reglas y, en tal medida, procuran por la coherencia interna de sus disposiciones. De otra parte, cumplen un rol interpretativo e integrador, pues actúan como directrices en el proceso de interpretación y aplicación de las reglas, y en los eventos de insuficiencia normativa, se emplean como fuente integradora del derecho para resolver los casos difíciles o no regulados.
Por ello, para dar cuenta de forma completa de las instituciones del derecho del trabajo, del alcance de algunas de sus reglas o de la solución más acertada, es factible que en la demanda de casación se haga alusión a los principios, para inclusive, derivar de su interpretación verdaderos derechos subjetivos de las partes y reglas materiales con vocación de solucionar directamente los casos.
Dentro de la proposición jurídica elaborada por el censor, se hallan una serie de disposiciones que no regulan el tema de controversia, como el Decreto 1572 de 1973, que se refería a la sustitución de obligaciones pensionales por el cierre, liquidación o descapitalización de actividades empresariales. Tampoco se verificó la existencia de algún régimen especial que impusiera la obligación a las empresas petroleras de adelantar la afiliación al ISS, antes de ser llamadas a inscripción por esta entidad.
El tribunal planteó dos posturas hermenéutica: (i), que no se vulneraba el principio de favorabilidad porque había suficiente claridad sobre la forma en que debía interpretarse el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y no había pugna entre dos normas que regularan el derecho en discusión, en especial porque se había concluido que el empleador no tenía la obligación de cotizar al ISS durante la vigencia del contrato de trabajo celebrado con el demandante; (ii) que la sentencia CC C-506-2001, decidió la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el parágrafo 1°, literal c) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, y concluyó que no se violaba el derecho a la igualdad para los trabajadores que no tenían un vínculo laboral vigente al 1° de abril de 1994, porque solo con esta ley se creó la posibilidad de acumular esos tiempos de servicio no cotizados al ISS, a través de la obligación de aprovisionar las reservas y los cálculos actuariales que financiarían las pensiones en esas condiciones.
La segunda conclusión se muestra anacrónica frente a la postura actual de la Corporación, conforme a la cual, para que opere la convalidación de tiempos servidos en los términos del literal c) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, no es necesario que el contrato de trabajo exista al momento de su vigencia, toda vez que dicha restricción es contraria a los postulados de la seguridad social, razón por la cual se viene inaplicando por inconstitucional. Esta doctrina se condensa en sentencia CSJ SL197-2019, así:
[…] ante situaciones de trabajadores que tienen periodos laborados para empleadores que no estaban en la obligación de afiliar a sus trabajadores al ISS, bien sea porque no había cobertura o por otras razones (CSJ SL5790-2014, CSJ SL4072-2017 y SL14215-2017), se debe tener en cuenta el tiempo servido, como tiempo efectivamente cotizado, para efectos de reconocimiento de la pensión de vejez, y en dichos casos, los empleadores deben responder por el título pensional correspondiente (CSJ SL9856-2014, CSJ SL17300-2014, SJ SL14388-2015, CSJ SL10122-2017, CSJ SL15511-2017 y CSJ SL068-2018). En la sentencia CSJ SL14388-2015, se precisó lo siguiente:
No obstante lo anterior, no se puede desconocer que la jurisprudencia de la Sala ha tenido una evolución, coordinada y concordante con el espíritu de las nuevas disposiciones que ha expedido el legislador para contrarrestar estas hipótesis de falta de afiliación, que afectan la configuración del derecho pensional de los afiliados, con arreglo a los principios de la seguridad social de universalidad, unidad, integralidad y eficiencia. En lo fundamental, esa progresión de la jurisprudencia ha estado encaminada a lograr la financiación plena de las prestaciones, así como unidad en su reconocimiento, a través de las entidades de seguridad social. (Subrayas adicionales).
A pesar del yerro interpretativo anterior, la decisión confutada no alcanza a desmontase en cuanto a su doble presunción de validez y legalidad, habida cuenta que el juez colegiado dejó por sentado y no es materia de discusión, que en el sub lite se trataba de obtener el pago de un título pensional o cálculo actuarial por el tiempo de duración de la relación laboral «sin estar ligado a la pensión»; que la relación de trabajo entre las partes se llevó a cabo desde el 2 de marzo de 1981, hasta el 5 de octubre de 1988; que la Ley 90 de 1946, creo el Instituto de Seguros Sociales y estableció en su artículo 72, la obligación a cargo de los empleadores de afiliar a sus trabajadores en las fechas en que fueran llamados; que el Decreto n.° 1993 de 1997, que aprobó el Acuerdo ISS n.° 257 del mismo año, ordenó la inscripción de los trabajadores de la industria del petróleo, y la Resolución n.° 4250 del 28 de septiembre de 1993, fijó como fecha límite el 1° de octubre siguiente, en atención a la zona geográfica.
El problema neural que concita la atención de la corte apunta a establecer si, pese a que la empresa demandada solo se vio obligada a afiliar a sus trabajadores a partir del 1° de octubre de 2003, tiene el deber de entregarle al demandante el valor del cálculo actuarial – a título de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez- correspondiente a 7 años y 7 meses de servicio, laborados entre el 2 de marzo de 1981 y el 5 de octubre de 1988.
Antes de responder a ese interrogante, debe ponerse de presente que el actor «[…] no demostró haberse afiliado al régimen de seguridad social, antes ni después de la Ley 100 de 1993». Importa relievar que mientras no opere la afiliación al sistema de pensiones no puede establecerse un lazo que conduzca a la reclamación de las prestaciones en él establecidas. Así se desprende de la sentencia CSJ SL 35211, 9 sep. 2009, en la que dijo:
[…]
Claro que la afiliación y la cotización, si bien hacen parte de la relación jurídica de seguridad social y, por consiguiente, con estrechas vinculaciones y recíprocas influencias, son conceptos jurídicos distintos, que no es dable confundirlos, y que están llamados a producir secuelas totalmente diferentes en el mundo del derecho.
“La afiliación es la puerta de acceso al sistema de seguridad social y constituye la fuente de los derechos y obligaciones que ofrece o impone aquél.
“De tal suerte que la pertenencia al sistema de seguridad social está determinada por la afiliación y en ésta encuentran venero todos los derechos y obligaciones, consagrados a favor y a cargo de los afiliados y de las administradoras o entes gestores.
“Nadie puede predicar pertenencia al sistema de seguridad social, mientras no medie su afiliación; y ningún derecho o ninguna obligación de los previstos en dicho sistema se causa a su cargo sin la afiliación.
“La cotización, por su parte, es una de las obligaciones que emanan de la pertenencia al sistema de seguridad social, que, como ya se explicó, deriva, justamente, de la afiliación.
“Mientras que la afiliación ofrece una pertenencia permanente al sistema, ganada merced a una primera inscripción, la cotización es una obligación eventual que nace bajo un determinado supuesto, como lo es la ejecución de una actividad en el mundo del trabajo o el despliegue de una actividad económica. (Subrayas marginales).
Es trascendental la previsión anterior, porque el precedente jurisprudencial decantado por la Sala ha llevado a adoptar posiciones que implican establecer la obligación del pago del cálculo actuarial «[…] cuando el tiempo de servicio es necesario para la consecución de la pensión a cargo de un fondo al cual se encuentre afiliado el reclamante», sin importar que la relación laboral se hubiese dado con antelación a la vigencia de la Ley 100 de 1993, y comprendiendo incluso a aquellos empleadores que, como la empresa petrolera demandada, no estaban obligados a afiliar a sus servidores porque el ISS no había efectuado el llamamiento a la inscripción en su compresión territorial.
En la reciente evolución jurisprudencial de la corporación, el denominador común ha sido que la consolidación del «derecho a la pensión» no puede verse sacrificada por la falta de pago de unos aportes que representan el tiempo laborado sin cotizaciones a la entidad administradora de fondos de pensiones que responderá por la prestación. La sentencia CSJ SL9856-2014, recoge el precedente sobre el tema:
[…]
Sobre la problemática que debe resolverse, la Sala de Casación Laboral ha oscilado entre considerar que el empleador es inmune a toda responsabilidad generada en el no pago de aportes para pensión en fecha anterior a aquella en que la cobertura gradual del ISS alcanzó una zona del territorio nacional, y otra tesis posterior, según la cual, así no se presente la hipótesis mencionada, el empleador debe contribuir a la financiación de la pensión de quien le prestó servicios, pagando el valor actualizado de las cotizaciones no sufragadas. En sentencias de la CSJ SL, 24 jul. 2006, rad. 26078, 4 jun. 2008, rad. 28479, 29 jul. 2008 rad. 29180, y 1 jul. 2009, rad. 32942, entre otras, la Corte descartó toda posibilidad de éxito a pretensiones de similar contenido a las formuladas en el proceso que se revisa.
Si se intentara una especie de retrospectiva jurisprudencial, se encontraría, por vía de ejemplo, que en la sentencia 8453 de 18 de abril de 1996, reiterada en las de 12 de diciembre, del mismo año, y 24 de febrero de 1998, radicaciones 9216 y 10339, en su orden, la postura de la Corte en aquella época, en lo que interesa para resolver este caso, partió de la literalidad del texto de la Ley 90 de 1946, y los Acuerdos 189 de 1965, aprobado por el Decreto 1824 de igual año, el artículo 64 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de la misma anualidad, artículo 4º del Acuerdo 044 de 1989, aprobado por el Decreto 3063 del mismo año, e inclusive del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad. Expuso la Sala de aquella época:
«Ese marco conceptual, histórico y legislativo dentro del cual ha venido operando la asunción de los citados riesgos por parte del Instituto de Seguros Sociales, contiene enunciados generales sucesivos que sirven de pauta para una mejor comprensión de ese mecanismo en cuanto se refiere a los trabajadores dependientes. Por tanto, puede entenderse que la obligación del ISS de pagar los riesgos que cubre --y específicamente para el presente caso los referentes a invalidez, vejez y muerte-- empieza en el momento en que los asume, vale decir, cuando dispone iniciar la cobertura de tales riesgos en las zonas geográficas del territorio nacional donde aún no lo ha hecho y en ese mismo momento nace la obligación del empleador de afiliar a su trabajador con la advertencia de que la afiliación debe darse de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos del Instituto. Así mismo en tal oportunidad surge la obligación conjunta de los sujetos del contrato de trabajo de pagar los respectivos aportes o cotizaciones. En presencia de esos eventos puede decirse, en principio, que el empleador queda exonerado del pago de dichas contingencias.
[…]
Era otra la situación por la que atravesaba el caótico e incipiente esquema de seguridad social en aquél momento histórico, sin dificultades financieras, ni pretensiones de cobertura universal, de ahí que es perfectamente entendible que, incluso, se asumiera, con apego a la letra de la norma, que la afiliación al sistema de un trabajador en una zona geográfica donde el Instituto no hubiera extendido su cubrimiento, generaba invalidez de la misma.
También consideró que la obligación patronal de afiliar al trabajador al régimen pensional, nacía desde el momento en que el ISS asumía el riesgo de vejez en el municipio en el que el asalariado prestaba el servicio, por manera que antes no podía hablarse de incumplimiento del deber de afiliación. Así, verbigracia, en sentencia de 24 de julio de 2006, radicación 26078, se asentó:
«Esta sustitución del régimen prestacional, no se produjo de manera uniforme y total, en el tiempo y en el espacio, pues se fue implementando paulatinamente, por zonas geográficas determinadas. En efecto, una vez adoptado el reglamento respectivo de un riesgo, correspondía al Instituto expedir la regulación de inscripciones, aportes y recaudos, atendiendo estudios actuariales, para que después, con el lleno de las formalidades reglamentarias se determinara mediante resolución, la fecha en que debían iniciarse las inscripciones para ese riesgo y el campo de cobertura o zona geográfica comprendida por el nuevo servicio de seguridad social. En ese momento nacía la obligación para el empleador de afiliar a su trabajador, con la advertencia que la afiliación debía darse de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos del Instituto. Así mismo, en tal oportunidad, surgía la obligación conjunta de los sujetos del contrato de trabajo de pagar los respectivos aportes o cotizaciones.
Bajo este entendimiento, para definir en un proceso laboral, si hubo o no sustitución prestacional, el régimen aplicable al trabajador, y el grado de responsabilidad del empleador, hay que establecer, en qué momento y para qué riesgos llamó el ISS a inscripciones, en la zona geográfica en la que se ejecutó el contrato de trabajo».
[…]
Sin embargo, en decisión mayoritaria 32922, de 22 de julio de 2009, la Corte estimó que ante iguales supuestos fácticos, era viable y necesario que los tiempos trabajados y no cotizados, por la ausencia de cobertura del sistema general de pensiones en lugares de la geografía nacional, que no por incumplimiento empresarial, fueran «habilitados» a través de títulos pensionales a cargo del empleador, a efectos de que el dador del servicio completara la densidad de cotizaciones exigida por la Ley. Así discurrió la Sala en esa ocasión:
[…]
La determinación del alcance de las obligaciones de los empleadores de contribuir a la financiación de las prestaciones del Sistema General de Pensiones, guarda estricta correspondencia con la vocación de protección universal e integral de este sistema, tal como se consagra en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993.
Ciertamente, el legislador concibió el Sistema General de Pensiones para comprender la protección de vejez de quienes, esa es la regla general, causaran la pensión durante su vigencia, debiendo para el efecto adoptar las previsiones respecto a empleadores y trabajadores cuando estos venían madurando sus derechos bajo los regímenes anteriores.
El artículo 5 del Decreto 813 de 1994, adopta para el efecto las siguientes previsiones, respecto a los empleadores del sector privado que “tiene a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones”: en sus literales b) y c) deja por fuera del Sistema General de Pensiones a quienes hubieren cumplido los requisitos para acceder al derecho de la pensión de jubilación, y a quienes hubieren prestado servicios por más de 20 años, y cumplido 50 años para la mujer, y 55 para el hombre.
Y el literal a) se ocupa de los demás, de los que quedan comprendidos en la transición, aquellos trabajadores que tienen opción de pensión de jubilación de empresa, respecto a lo cual les otorga una doble garantía, con las correlativas obligaciones de los empleadores: el derecho al reconocimiento de la pensión de empresa para disfrutar anticipadamente a la de vejez –cuando sea el caso-, o en el mayor valor si lo hubiere después de reconocida ésta, tal como acontecía en el régimen de seguros sociales obligatorios; y diferenciándose de éste, fortaleciendo los mecanismos de protección de la vejez del trabajador, el patrono debe no sólo cotizar por el tiempo que hiciere falta para reconocer la pensión de vejez, sino también, y aquí es lo novedoso, el deber del empleador de habilitar todo el tiempo en que el trabajador le hubiere prestado servicios mediante el traslado del cálculo actuarial correspondiente.
Los trabajadores respecto a los que los empleadores tienen el deber de constituir títulos pensionales para habilitar el tiempo servido por el que no se efectuaron cotizaciones son aquellos cuya “vinculación laboral se encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley” como reza el literal c) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Y los empleadores a quienes la ley les atribuye tal obligación son aquellos que tienen o tenían a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, como lo señala La ley 100 de 1993 en sus artículos 33, literal c), y 60 literal h), y los decretos reglamentarios, artículo 5 del Decreto 813 de 1994, el artículo 1 del Decreto 1887 de 1994.
El entendimiento de la expresión los “empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión” debe guardar consonancia con la vocación del Sistema General de Pensiones de proteger a la totalidad de los trabajadores subordinados, con la exclusión de los de regímenes expresamente exceptuados; de esta manera, el alcance de dicha norma debe ser compresivo de aquella variedad de situaciones en las que el empleador tuvo o tenía a su cargo el deber de reconocer y pagar el derecho pensional.
No son admisibles aquellas interpretaciones del texto que distinguiendo lo que el legislador no distingue, conduzcan a dejar por fuera del derecho a habilitar sus tiempos servidos a un empleador, los mismos por los que no se hicieron cotizaciones a los seguros sociales obligatorios; ya porque se crea que basta mirar el día anterior a la vigencia de la ley, y hacer caso de la circunstancia principal que con anterioridad el empleador si había tenido a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones; tampoco, si se hacen diferencias a partir de la causa por la que no se hicieron cotizaciones, dejando por fuera a los trabajadores de los empleadores según este haya debido o no hacer cotizaciones; ciertamente, es razón válida para que no opere la subrogación pensional a cargo del ISS, y el empleador tenga a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, es que el empleador no haya afiliado a su trabajador, ya por que no hubo el llamado a la afiliación, o porque hecha la convocatoria no se cumplió con el deber de afiliar, o porque era una empresa de un sector en el que seguros obligatorios no tenían cobertura pensional.
[…]
La condición de empleador que tiene o ha tenido a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones de sus trabajadores, para que se cumpla, basta que lo sea con uno de ellos, con el que reclama la habilitación del tiempo en la seguridad social, por el que no se hizo aporte mientras el vínculo laboral estuvo vigente.
El lapso de anterioridad al que remite la Ley 100 de 1993, para determinar si el empleador es de aquellos que reconoce y paga pensiones, no se limita al inmediatamente anterior a la de la vigencia de la nueva normatividad; una similar remisión es la que hace el régimen de transición del artículo 36 ibidem, y respecto a la cual es oportuno rememorar lo que enseño la Sala, y que tiene aplicación en el sub lite, en sentencia del 20 de febrero de 2007, radicación 29120, cuando dijo:
«El régimen al cual se encuentre afiliado se ha de entender cualificadamente, esto es, en el sentido de valer aquel que tenga la virtualidad de habilitarlo para acreditar requisitos para el régimen oficial bajo el cual se encuentre».
De igual manera el periodo que se ha de tomar, respecto al cual el empleador tenía a su cargo el pago y reconocimientos de pensiones, es todo aquel por el que el trabajador prestó sus servicios al empleador sin que se efectuaran las cotizaciones a una entidad de seguridad social, el mismo que el trabajador tiene derecho se le habilite en el Sistema General de Pensiones, mediante la contribución a pensiones correspondiente.
Así, entonces, no se puede predicar yerro del tribunal, si considera a la entidad demandada, como un empleador que tenía a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión del actor.
[…]
En esa misma línea, en fallo 35692 de 24 de enero de 2012, la Sala dirimió un litigio con contornos similares al presente en los siguientes términos:
«Es un aspecto fáctico no controvertido en el proceso que, al entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones, previsto en la Ley 100 de 1993, el demandante no se encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales, dado que sus servicios los venía prestando en lugares donde esta entidad no tenía cobertura, de manera que su particular situación se enmarca dentro de las previsiones del artículo 1 del Decreto 1887 de 1994, pues al entrar en vigencia el referido sistema, el trabajador fue afiliado al régimen de prima media con prestación definida y su contrato se encontraba vigente al 23 de diciembre de 1993, luego, correspondía a su empleador trasladar al Seguro Social la reserva actuarial o cálculo actuarial; lo que guarda consonancia con la decisión de segundo grado que confirmó la sentencia del juez del conocimiento, pues está fundada precisamente en la norma antes indicada.
El traslado del cálculo actuarial referido tiene por objeto que el tiempo de servicios prestado, con anterioridad a que entrara a regir la Ley 100 de 1993, sea computado dentro de las semanas exigidas para la causación de la pensión de vejez, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, tanto antes como después de que fuera subrogado este precepto por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003; luego, en la medida que sea suficiente, contribuirá para que se consolide a favor del afiliado la pensión requerida, lo que encarna una garantía aún mayor a la que traía el régimen pensional implantado en el país con la Ley 90 de 1946, y mediante el cual se previó que la seguridad social subrogaría el régimen de prestaciones a cargo de los empleadores, de manera progresiva y gradual, de conformidad con los reglamentos que expidiese el Instituto.
Fue así sí como el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de ese mismo año, consagró en sus artículos 60 y 61 un régimen de transición, para gobernar la situación de las personas que venían trabajando antes de que el Seguro Social fuera asumiendo la cobertura del riesgo de vejez en determinadas regiones, pero del que sólo se beneficiaban quienes tuvieran para ese momento una relación laboral de 10 o más años de servicios para un empleador, en el que no se contabilizaba ese tiempo para el reconocimiento de la pensión de vejez sino que el empleador estaba obligado a reconocer la pensión correspondiente, cuando se daban los presupuestos de las normas anteriores que las regulaban, con la obligación de seguir cotizando por cuenta del trabajador hasta que éste reuniera las exigencias para que el Seguro reconociera la pensión de vejez. Previsiones que, en el mismo sentido se contemplaron en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que estuvo vigente hasta el momento en que entró a regir la Ley 100 de 1993.
En tanto que en el nuevo sistema general de pensiones, de la Ley 100 de 1993, el tiempo de servicios que llevaba un trabajador para un empleador del sector privado que tenía a cargo la pensión de jubilación, por falta de cobertura del Instituto de Seguros Sociales en determinado lugar geográfico del país, con contrato de trabajo vigente al 23 de diciembre de 1993, suma a través del traslado de la reserva o cálculo actuarial para que el trabajador reúna, en el régimen de prima media, el mínimo de semanas requerido para adquirir el derecho a la pensión de vejez, pero con la ventaja de que también se adiciona el tiempo de servicios como servidores públicos, las semanas cotizadas a cajas de previsión del sector privado, el tiempo de servicios como trabajadores vinculados a empleadores que no cumplieron la obligación de afiliar al trabajador y el número de semanas cotizadas en cualquiera de los de los dos regímenes del sistema general de pensiones. Resulta claro entonces que la modalidad del traslado de la reserva o cálculo actuarial es más beneficiosa para los trabajadores que el régimen de transición que operaba, antes, en los acuerdos del Instituto de Seguros Sociales, en la medida que facilita al trabajador que complete las semanas exigidas para consolidar el derecho pensional, con la garantía de que la prestación estará a cargo de una entidad de la seguridad social».
Poco tiempo después, en la sentencia de 10 de julio de 2012, radicación 39914, la Sala revaluó la tesis y discurrió así:
«Ahora bien, en lo que respecta a la segunda acusación, es equivocada la inferencia del Tribunal en el sentido que no era eximente de la obligación de realizar los aportes por parte del empleador, el hecho de que en el lugar donde se prestó el servicio no hubiera cobertura del ISS, pues, sencillamente, si esta entidad aún no había asumido el riesgo de vejez, no había obligación del empleador de afiliar a su trabajador y, por ende, de realizar las cotizaciones que echó de menos el sentenciador.
Si no había obligación del demandado de afiliar a su trabajador y, por ende, de efectuar las cotizaciones correspondientes para el riesgo de vejez, no puede hablarse de incumplimiento imputable al deudor, elemento necesario para que surja la obligación de indemnizar, al tenor del artículo 1613 del C. C., por lo que se cae por su base la decisión recurrida.
Por ende, se equivocó el Tribunal al atribuirle al demandado una responsabilidad no prevista en la ley, por un hecho no imputable a aquél, como es la falta de afiliación de trabajadores al Instituto de Seguros Sociales de pago de cotizaciones para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, durante un lapso en el que no existió cobertura legal en el municipio de Mariquita, donde prestó sus servicios la demandante, por lo cual los cargos prosperan».
Planteado así el estado de la jurisprudencia de la Sala, en virtud de la nueva composición, se considera necesario fijar el criterio de la mayoría de sus integrantes, como enseguida se anota.
No se somete a duda que la dificultad, si no imposibilidad, logística y financiera que comportaba la implantación del sistema general de pensiones, impuso que su entrada en vigencia se hiciera en forma gradual; por ello, es perfectamente justificable que la asunción de los riesgos amparados por el mismo, no rigiera paralelamente en todas las regiones de la geografía nacional, sino que, en la medida en que se iba haciendo viable, la garantía que implicaba que las pensiones dejaran de estar a cargo del empleador, se fue extendiendo a zonas en las que las condiciones de variada índole permitían el avance. Incluso, no se desconoce que aún llegado el momento en que adquirió vigor jurídico la Ley 100 de 1993, un amplio sector no había alcanzado la protección.
Aun cuando es cierto el carácter transitorio del régimen de prestaciones patronales, no puede estimarse que el empleador no tuviera responsabilidades ni obligación respecto de los periodos efectivamente trabajados por su empleado, pues la disposición que reguló el tema no lo excluyó de ese gravamen, es decir, no puede interpretarse aquella previsión en forma restrictiva, ni menos bajo la lectura del 1613 del C.C., porque se desconoce la protección integral que se debe al trabajador, la cual se logra a través de la entidad de Seguridad Social, si se dan las exigencias legales y reglamentarias, a cargo de la empleadora, en cualquier evento en que deba la atención de riesgos, esto es, por las diferentes causas que no distingue el legislador, como la ausencia de aportes a la Seguridad Social ante la falta de cobertura del I.S.S., o por la omisión del responsable de la afiliación respectiva o del pago de las cotizaciones debidas.
Precisamente el artículo 76 de la Ley 90 de 1946 clarificó la situación al disponer «El seguro de vejez a que se refiere la Sección Tercera de esta Ley reemplaza la pensión de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior. Para que el Instituto pueda asumir el riesgo de vejez en relación con servicios prestados con anterioridad a la presente ley, el patrono deberá aportar las cuotas proporcionales correspondientes. Las personas entidades o empresas que de conformidad con la legislación anterior están obligadas a reconocer pensiones de jubilación a sus trabajadores, seguirán afectadas por esa obligación en los términos de tales normas, respecto de los empleados y obreros que hayan venido sirviéndoles hasta que el Instituto convenga en subrogarlas en el pago de esas pensiones eventuales. En ningún caso las condiciones del seguro de vejez para aquellos empleados y obreros que al momento de la subrogación lleven a lo menos diez (10) años de trabajo al servicio de las personas, entidades o empresas que se trate de subrogar dicho riesgo serán menos favorables que las establecidas para aquellos por la legislación sobre jubilación anterior a la presente ley»; de forma que al contemplar esas situaciones, no puede entenderse que excluyó al patrono de las obligaciones inherentes al contrato de trabajo.
En efecto, bajo la égida de que no existía norma que regulara el pago de las cotizaciones en cabeza del empleador, en el período en que no existió cobertura del I.S.S., parece desconocerse que el trabajador no tenía por qué ver frustrado su derecho al desconocerse el periodo en el que realmente prestó el servicio, sin que sea viable gravarlo, ante la aparente orfandad legislativa a la que hace referencia a la sentencia, pues ciertamente esos lapsos tienen una incidencia directa en la satisfacción de su derecho pensional.
(Todas las subrayas son fuera del texto)
Consecuente con lo anterior, no hay lugar a casar la sentencia acusada porque, de un lado no existe una afiliación del recurrente a una entidad de seguridad social que permita habilitar el pago de la contribución actuarial, y, en segundo lugar, puesto que el traslado del cálculo actuarial tiene por objeto que el tiempo de servicios prestado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, sin afiliación al sistema, sea computado con las semanas de cotización a un fondo porque son determinantes para la causación de la pensión de vejez, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, tanto antes como después de que fuera subrogado este precepto por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003; luego entonces, esos 7 años y 7 meses trabajados por el actor al servicio de la demandada no tienen la posibilidad de contribuir a la consolidación de su pensión de vejez.
Pasando al contexto de la «indemnización sustitutiva de la pensión de vejez», con anterioridad a la Ley 100 de 1993 dicha prestación estaba prevista únicamente para los afiliados al Instituto de Seguros Sociales, por las cotizaciones realizadas de conformidad con sus reglamentos. Por tanto, el tiempo laborado por el demandante sin estar blindado con una afiliación al sistema de seguridad social, no tiene la virtud de obligar al empleador a pagárselo por medio del cálculo actuarial porque esa no era una obligación establecida en el artículo 259 del CST, que en su inciso 2°, expresa: «Las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida colectivo obligatorio dejarán de estar a cargo de los empleadores cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto». Tampoco en el artículo 260 ídem, que establecía:
Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.
El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicio.
El ad quem se pronunció negativamente respecto de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, tras estimar que el demandante no cumplía con los requisitos del artículo 37 de la Ley 100 de 1993, de los cuales solo acreditaba la edad de 60 años, pero dejó por fuera de los hechos y del debate probatorio las demás exigencias, es decir, la demostración del número de semanas cotizadas y la manifestación acerca de la imposibilidad de seguir realizando aportes para obtener la pensión.
Para la corte, el argumento del tribunal es acertado, aunque podría salvarse el requisito de la manifestación acerca de la imposibilidad de seguir realizando aportes para obtener la pensión con la sola presentación de la demanda; pero en lo demás, se acompasa con lo adoctrinado en sentencia CSJ SL SL1419-2018, donde se expresó:
[…]
Aplicabilidad del artículo 37 de la Ley 100 de 1993 a las condiciones del actor.
[…]
1. En primer lugar, el Tribunal cometió un error elemental al equiparar las normas reguladoras de la pensión de jubilación, con las disposiciones que rigen el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
Es verdad que con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 los regímenes de pensiones aplicables a los servidores públicos, establecidos en normas como la Ley 6 de 1945 y la Ley 33 de 1985, no consagraban la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez reclamada en la demanda. Dicha prestación estaba prevista únicamente para los afiliados al Instituto de Seguros Sociales, por las cotizaciones realizadas de conformidad con sus reglamentos.
Sin embargo, como ya se advirtió, el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no es extensible a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, de manera que la norma aplicable para analizar su reconocimiento no coincide necesariamente con la que rige los eventuales reclamos de una pensión de vejez o de jubilación, como pareció entenderlo el Tribunal. Contrario a ello, como se dijo en la sentencia CSJ SL, 26 oct. 2010, rad. 38620, «…desde ningún punto de vista, lo relativo a la indemnización sustitutiva, puede estimarse sometido a las mismas reglas, por el principio de la retrospectividad de la ley…», de forma tal que «…es la norma vigente al momento en que se suceden los supuestos fácticos contemplados en la norma, la que debe presidir la solución de la controversia.» (Resalta la Sala).
Con fundamento en lo anterior, a falta de un régimen de transición aplicable a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, el Tribunal debió tener en cuenta el carácter retrospectivo que tienen las disposiciones de seguridad social, que permite su aplicación a situaciones en curso (CSJ SL14388-2015), y no limitarse a revisar la misma norma con base en la cual había negado la procedencia de la pensión de jubilación. Por dicha vía, debió asumir que, por no tener algún derecho adquirido, la del actor era una de esas situaciones pensionales en curso, que podía comenzar a estar cubierta por la Ley 100 de 1993, de acuerdo con la vocación de aplicación integral y universal que tiene el sistema de seguridad social (artículo 11 de la Ley 100 de 1993).
El Tribunal también pasó por alto que esta corporación ha indicado que «…la exigibilidad de la prestación en cuestión [indemnización sustitutiva] se encuentra supeditada a que se niegue o establezca que no hay lugar a la prestación pensional principal cuando ésta sea objeto de reclamo expreso y es así, a partir de ese momento, que puede entenderse causado el derecho a su reclamo.» CSJ SL, 15 may. 2006, rad. 26330.
En igual medida, que tanto el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, como los artículos 1 y 4 del Decreto 1730 de 2001, contemplan como supuestos fundamentales para la causación de la prestación pedida el retiro del servicio, luego del cumplimiento de la edad necesaria para pensionarse, «…pero sin el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando…» (Resalta la Sala).
En ese sentido, de acuerdo con los componentes fundamentales de la prestación, la decisión del afiliado de rendirse o capitular, en su proceso de construcción de la pensión, por reconocer y declarar su imposibilidad de seguir cotizando, constituye un elemento esencial para la exigibilidad de la prestación, pues solo a partir de ese momento la respectiva entidad de seguridad social está autorizada para reconocerla (artículo 4 del Decreto 1730 de 2001).
Por lo mismo, únicamente a partir de la definición del derecho pensional en sentido negativo y de la declaración del afiliado de estar imposibilitado para seguir cotizando, que en este caso se dio en vigencia de la Ley 100 de 1993, era posible reflexionar en torno a la causación de la indemnización sustitutiva y, por la misma vía, examinar cuál norma era la que resultaba aplicable.
[…]
2. En el orden planteado, para determinar si el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 le podía ser efectivamente aplicado al actor, el Tribunal debió verificar si las condiciones relevantes para la configuración de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez se habían materializado durante la vigencia del sistema integral de seguridad social.
La citada disposición, junto con la reglamentación del Decreto 1730 de 2001, contemplan como supuestos de hecho relevantes para la causación y exigibilidad de la prestación los siguientes:
haber cumplido la edad necesaria para conseguir una pensión de vejez;
carecer del número mínimo de semanas necesarias para obtener una pensión de vejez;
y declarar la imposibilidad de continuar cotizando para recibir la pensión de vejez.
[…]
Finalmente, la declaración de no poder seguir cotizando al sistema debió entenderse formulada con la petición de pensión de jubilación, el 10 de agosto de 2005 (fol. 6), en vigencia de la Ley 100 de 1993, o, en últimas, con la presentación de la demanda, en la que el actor solicitó que, ante la posible decisión de no reconocerle una pensión de jubilación, se le otorgara la indemnización sustitutiva, debido a su avanzada edad y, tras ello, a la imposibilidad de seguir cotizando.
[…]
Esa decisión es de libre confección para el interesado y, por ello, no es correcto afirmar que la indemnización sustitutiva se causa o se hace exigible por el simple hecho de llegar a la edad mínima de pensión, pues es necesario que el trabajador claudique expresamente en su proceso de configuración de la pensión, por encontrarse en imposibilidad de seguir cotizando, como se deriva de los artículos 1 y 4 del Decreto 1730 de 2001. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional al destacar que «…el trabajador no tiene que renunciar a la expectativa de cumplir el número mínimo de semanas o el capital requerido…» (Sentencia CC T-1075/2012) y que, por el contrario, cuenta con «…la posibilidad de aceptar esta prestación [indemnización sustitutiva] o de optar por la pensión de vejez, para lo cual deberá seguir cotizando hasta el cumplimiento del requisito de semanas de cotización, siendo esta una decisión libre del afiliado que puede ser tomada en cualquier tiempo…» Resalta la Sala. (Sentencia CC T-180/2009).
En este caso, se reitera, el actor adoptó esa decisión de renunciar a la configuración de la pensión de vejez en vigencia de la Ley 100 de 1993 y, por ello, dicha norma podía serle aplicada de manera retrospectiva, para los precisos efectos de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
[…]
Resta señalar, que a pesar de existir argumentaciones contrarias frente a los problemas jurídicos planteados, provenientes de la Corte Constitucional, lo cierto es que la presente decisión tiene respaldo en la hermenéutica trazada por la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral; es decir que constituye «doctrina legal probable», conceptualizada por la Corte Constitucional en sentencia C-836 de 2001, así:
[…] La autoridad de la Corte Suprema para unificar la jurisprudencia tiene su fundamento en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas y esta atribución implica que la Constitución le da un valor normativo mayor o un “plus” a la doctrina de esa alta Corporación que a la del resto de los jueces de la jurisdicción ordinaria. Ello supone que la carga argumentativa que corresponde a los jueces inferiores para apartarse de la jurisprudencia decantada por la Corte Suprema es mayor que la que corresponde a éste órgano para apartarse de sus propias decisiones por considerarlas erróneas.
Consecuente con lo anterior, los cargos no prosperan.
No hay lugar a costas en el recurso extraordinario porque a pesar de que las acusaciones no tuvieron éxito, se logró demostrar un yerro hermenéutico endilgado a la decisión tribunal.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., el diecisiete (17) de julio de dos mil catorce (2014), en el proceso que instauró CARLOS ARTURO ARANGO ARBELÁEZ, contra OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC.
Sin costas.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
ACLARA VOTO
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