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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL607-2020

Fecha
25 de febrero de 2020
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL607-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013), por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario laboral adelantando por MICHITAKA AOKI contra FUJITSU LIMITED SUCURSAL COLOMBIA S.A. en cuanto a los límites de la relación laboral declarada entre las partes así como en la condena por prestaciones laborales y pago de aportes al Sistema General de Pensiones. Sin costas en casación. En sede de instancia, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá 30 de septiembre de 2011, y declarar la existencia de sendas relaciones laborales entre las partes, a partir de la fecha en que la Sociedad Fujitsu Ltd. Sucursal Colombia nació a la vida jurídica, así: - Del 7 de noviembre de 1991 al 20 de marzo de 1993. - Del 21 de marzo de 1993 al 28 de enero de 2002. - Del 1º de marzo de 2002 al 27 de junio de 2003. - Del 28 de junio al 15 de julio de 2003. - Del 16 de julio de 2003 al 15 de abril de 2004. SEGUNDO: ADICIONAR a la decisión proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá 30 de septiembre de 2011: DECLARAR que la demandada Fujitsu Ltd. sucursal Colombia, no cumplió con sus obligaciones como empleadora del señor Michitaka Aoki, correspondientes a los siguientes períodos: - Del 7 de noviembre de 1991 al 20 de marzo de 1993. - Del 28 de junio al 15 de julio de 2003. CONDENAR a la demandada Fujitsu Ltd. sucursal Colombia, al pago de las siguientes sumas y conceptos, a favor del demandante, correspondientes al período comprendido entre el 28 de junio al 15 de julio de 2003: Auxilio de cesantías por un valor de $445.000. Intereses a las cesantías por un valor de $26.700. Prima de Servicios por un valor de $420.377. Vacaciones por un valor de $222.500. Salarios por un valor de $5.043.339. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL607-2020

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

25 de febrero de 2020

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL607-2020

Radicación n.° 63397

Acta 006

Bogotá D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veinte (2020).

Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por las partes, contra la sentencia dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá D.C. el 28 de febrero de 2013, dentro del proceso adelantado por MICHITAKA AOKI contra FUJITSU LIMITED SUCURSAL COLOMBIA S.A.

ANTECEDENTES

Michitaka Aoki demandó a Fujitsu Limited sucursal Colombia S.A. (en adelante Fujitsu Ltd.), con el propósito de que se declarara que, entre él y la sociedad, existió un contrato de trabajo por el lapso comprendido entre el 25 de abril de 1974 y el 15 de abril de 2004.

Así mismo, que se declarara la ineficacia del acuerdo de conciliación suscrito el 28 de enero de 2002 entre las partes, y, en consecuencia, así como que el vínculo laboral fue terminado sin justa causa por parte de Fujitsu Ltd. el día 13 de abril de 2004.

Como resultado de tales declaraciones, que se condenara a la empresa al reconocimiento de una pensión vitalicia de jubilación, del auxilio de cesantía, de la compensación de las vacaciones causadas y no pagadas, de la indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa y por la ineficacia del despido derivada de lo previsto por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002.

Subsidiariamente solicitó la pensión sanción vitalicia de jubilación y los intereses moratorios.

Como fundamento de sus pretensiones, señaló que la sociedad Fujitsu Ltd., tiene su domicilio en la ciudad de Kawasaki (Japón), y constituyó una sucursal en Colombia mediante escritura pública del 29 de octubre de 1991.

Informó que fue enviado por la empresa a prestar sus servicios en Colombia desde 1974, la cual tuvo lugar en dos períodos, así: del 25 de abril de 1974 al 20 de marzo de 1993 bajo instrucciones directas de la sociedad japonesa, y desde el 21 de marzo de 1993 hasta el 15 de abril de 2004 bajo la dependencia de la sucursal colombiana.

Manifestó que, durante la relación laboral con la sociedad japonesa existieron sucesivos contratos de trabajo suscritos en Japón, en tanto que en el tiempo en el que estuvo vinculado con la sucursal colombiana se utilizó la figura del contrato de prestación de servicios profesionales hasta el 28 de febrero de 2002. A partir del 1º de marzo de ese mismo año y hasta el 16 de junio de 2003, se varió la figura a un contrato de trabajo a término indefinido, bajo la modalidad de salario integral.

Resaltó que la relación laboral que lo vinculó con Fujitsu Ltd. y la sucursal colombiana, tuvo una duración total de 29 años, 11 meses y 20 días, la cual fue terminada sin justa causa por parte de su gerente el día 15 de abril de 2004.

Señaló que la operación de la empresa en Colombia no cumplió con los requisitos exigidos por el Código de Comercio para las sucursales de sociedades extranjeras durante el lapso comprendido entre los años 1974 a 1991.

En cuanto a la ejecución de la relación laboral, manifestó que el empleador no le reconoció ni pagó las prestaciones sociales previstas por la legislación colombiana. En este sentido puso de presente que el 20 de marzo de 1993, le fue reconocido en Japón un pago por 288.800 yenes japoneses, imputados a lo que llamó una «cesantía acomodaticia», y que en Colombia la sucursal,

[…] pretendió desentenderse de sus obligaciones mediante dos conciliaciones parciales redactadas ad hoc y motu propio por la empresa y simbólicamente celebradas en el juzgado 1º Laboral de Bogotá con fechas 28 de febrero del 2.002 y 27 de junio del 2.003, donde se violaron derechos ciertos e irrenunciables del trabajador, que configuraron objeto ilícito y por lo consiguiente ineficacia de las mismas.

La sociedad Fujitsu Ltd. sucursal Colombia contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones formuladas, y manifestó que estas se dirigían en contra de un tercero, como lo era la sociedad japonesa.

Propuso las excepciones que denominó inexistencia de las obligaciones que se pretenden deducir en juicio a cargo de la demandada, pago, cobro de lo no debido, carencia de título para pedir, buena fe de la demandada y mala fe del demandante y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 29 de mayo de 2007, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá D.C., dispuso «[…] ABSOLVER a la demandada FUJITSU LIMITED SUCURSAL COLOMBIA, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por el señor MICHITAKA AOKI; de acuerdo a lo señalado en la parte motiva de la providencia».

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Tras la apelación presentada por el demandante, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante sentencia del 28 de febrero de 2013, dispuso lo siguiente:

PRIMERO: Revocar la sentencia proferida en este proceso, por las razones expuestas en la parte motiva, y en su lugar, declarar la existencia del contrato de trabajo entre las partes, desde el 21 de marzo de 1993 hasta el 15 de abril del 2004.

SEGUNDO: Condenar a la parte demandada al pago de prestaciones sociales a favor del demandante tales como:

Cesantías por valor de seis millones cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos con noventa y ocho centavos ($6.479.499,98).

Intereses a las cesantías por la suma de setecientos setenta y siete mil quinientos treinta y nueve pesos con noventa y nueve centavos ($777.539,99).

Prima de servicios por la suma de seis millones cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos con noventa y ocho centavos ($6.479.499,98).

Vacaciones por la suma de tres millones doscientos treinta y nueve mil setecientos cuarenta y nueve pesos con noventa y nueve centavos ($3.239,749.99).

Salario la suma de setenta y siete millones quinientos treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos, ($77.539.999).

TERCERO: Condenar al demandado al pago de la indemnización moratoria de $244.509,43 diarios desde el 16 de abril de 2004, hasta 24 meses y a partir del mes 25, los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria.

CUARTO: Condenar al demandado al pago de aportes a la seguridad social en pensión son procedentes, durante el tiempo comprendido entre el 28 de junio de 2003 hasta el 15 de abril de 2004, teniendo en cuenta al cálculo actuarial consagrado en la Ley 100 de 1993, los cuales deben ser consignados a una entidad del sistema de Seguridad Social que el trabajador elija.

QUINTO: Condenar a la indexación de las sumas reconocidas conforme al índice de precios al Consumidor a la fecha de la providencia, certificado por el DANE

En sustento de su decisión, el Tribunal determinó que, «[…] lo que realmente se debe estudiar en este asunto son los acuerdos conciliatorios firmados entre las partes, los cuales no permiten conceder las prestaciones e indemnizaciones reclamadas por hacer tránsito a cosa juzgada».

A partir de este presupuesto, se detuvo en el análisis de las conciliaciones suscritas por las partes en litigio, a saber: (i) la celebrada el 22 de febrero de 2002, cuyo objeto fue el de acordar el pago de las prestaciones sociales causadas en el período comprendido entre el 21 de marzo de 1993 y el 28 de febrero de 2002; y (ii) la del 27 de junio de 2003, que reconoció el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social hasta esa fecha.

El Tribunal resaltó el hecho de que ambos acuerdos fueron suscritos y aprobados ante funcionarios judiciales y que en su contenido se manifestó la intención inequívoca y espontánea de disponer de los derechos transigidos. Así pues, no encontró ningún vicio que afectara la validez de dichos pactos y en consecuencia ratificó su vigencia y su ejecutoria.

No obstante, y revisando la prueba documental vista a folio 41 del cuaderno 1 del expediente, consistente en una certificación laboral expedida por Fujitsu Ltd. sucursal Colombia, el Tribunal encontró probado que el señor Aoki prestó sus servicios durante el lapso comprendido entre el 21 de marzo de 1993 y el 15 de abril de 2004, «[…] lo que indica que las prestaciones sociales del trabajador dentro del tiempo correspondiente al 28 de junio de 2003 hasta el 15 de abril del 2004, no fueron pagadas por el empleador».

Consecuente con lo anterior, la decisión estimó procedente la condena de los pagos laborales por este período, tomando como salario base para su liquidación la suma de $7.335.283, correspondiente al último salario ordinario que aparece demostrado con el contrato de trabajo visto a folio 50 del cuaderno 1 del expediente.

Respecto de las indemnizaciones, el Tribunal consideró que era procedente la sanción moratoria, toda vez que el proceder de Fujitsu Ltd. sucursal Colombia, no podía calificarse como de buena fe. En cuanto a la derivada del despido sin justa causa, no encontró acreditados los supuestos fácticos que la hicieran procedente y en consecuencia la desestimó.

Respecto de la indexación de lo dejado de pagar, el Tribunal la consideró procedente dada la pérdida del poder adquisitivo de las sumas adeudadas.

RECURSOS DE CASACIÓN

Las dos partes presentaron recurso de casación, los cuales se resolverán de manera independiente y en los términos planteados y de acuerdo con los alcances del recurso extraordinario.

RECURSO DE MICHITAKA AOKI

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se resuelve en los siguientes términos.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

En su demanda, el recurrente solicitó que se «CASE TOTALMENTE» la decisión del Tribunal,

Y para que en sede de instancia revoque totalmente la sentencia de primera instancia de fecha 30 de septiembre de 2011 y en su lugar se condene y se declaren las pretensiones: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta - literales a), c) en cuanto a la indexación, d), e), f), g) y h) y séptima de la demanda, condenando en costas a la parte demandada.

EN SUBSIDIO si esa Alta Corporación no atiende mis razones, se reajusten las condenas en cuanto a la indemnización por despido injusto y a la indemnización moratoria teniendo en cuenta el último salario integral.

Con tal propósito, formuló dos cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados, y que por coincidir en su sustento y en su finalidad se resolverán de manera conjunta.

PRIMER CARGO

Lo formuló por la vía indirecta,

[…] en la modalidad de APLICACION (sic) INDEBIDA, de los artículos: 2, 3, 13, 14, 15, 16, 32, 33, 61, 64 (modificado por el artículo 8 del Decreto 2351 de 1965, numerales 4 y 8), 65, 67, 186, 187, 189, 193, 249, 260, 291, 306, 338 y 340 del código Sustantivo del Trabajo, artículo1 de la ley 52 de 1975, en relación con los artículos 36, 142 de la Ley 100 de 1993, 4, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución Política, 471 y 474 del Código de Comercio, 15 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 3 de la Ley 797 de 2003, 9 del Decreto Reglamentario 692 de 1994, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 51, 54 A y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y artículos 174, 175, 177, 187, 194, 197, 198, 228, 231, 233, 251, 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil.

El recurrente adujo como errores evidentes de hecho, imputados al Tribunal los siguientes:

• No dar por demostrado estándolo, que el demandante prestó servicios a FUJITSU LIMITED, desde el 25 de abril de 1974 a 20 de marzo de 1993.

• No dar por demostrado estándolo, que el demandante prestó servicios a FUJITSU LIMITED, a través de la SUCURSAL COLOMBIA desde el 21 de marzo de 1993 hasta el 28 de febrero de 2002.

• No dar por demostrado estándolo, que el demandante prestó servicios desde el 1 de marzo de 2002 a 30 de junio de 2003.

• No dar por demostrado estándolo, que el demandante prestó servicios desde el 16 de julio de 2003 a 15 de abril de 2004.

• No dar por demostrado estándolo, que la demandada FUJITSU LIMITED estableció una sucursal en Colombia, que denominó FUJITSU LIMITED SUCURSAL COLOMBIA.

• No dar por demostrado estándolo, que la demandada FUJITSU LIMITED con domicilio principal en Tokio (Japón), estableció una oficina en Colombia.

• No dar por demostrado estándolo, que el tiempo de servicios del demandante a la sociedad FUJITSU LIMITED y FUJITSU LIMITED SUCURSAL COLOMBIA, se suman y debe responder la principal FUJITSU LIMITED y en solidaridad FUJITSU LIMITED SUCURSAL COLOMBIA en razón a que el representante legal en Colombia era la misma persona, según certificaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá y que no aparece en el expediente que FUJITSU LIMITED SUCURSAL COLOMBIA, le hubiese avisado del proceso ordinario laboral a la matriz con domicilio en Tokio.

• No dar por demostrado estándolo, que el demandante según certificación del Seguro Social, no figura como afiliado, ni registra semanas cotizadas a los sistemas del Instituto de los Seguros Sociales.

• No dar por demostrado estándolo, que al demandante se le causó en su favor una pensión plena de jubilación regida por el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y que a su vez se encontraba en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

• No dar por demostrado estándolo que el contrato de trabajo del demandante con la demandada FUJITSU LIMITED, no sufrió interrupción entre el 25 de abril de 1974 y el 30 de junio de 2003, por lo que se le causaron las cesantías, intereses a la cesantía según el régimen tradicional.

• No dar por demostrado estándolo, que como el contrato de trabajo entre el demandante y la demandada FUJITSU LIMITED no sufrió interrupción ni solución de continuidad entre el 25 de abril de 1974 y el 30 de junio de 2003, se encontraba bajo el régimen de indemnizaciones de la Ley 50 de 1990, artículo 6.

• No dar por demostrado estándolo que el contrato de trabajo del demandante con la demandada FUJITSU LIMITED, no sufrió interrupción entre el 25 de abril de 1974 y el 30 de junio de 2003, por lo que se le causaron las primas de servicios semestrales y las vacaciones anuales.

• No dar por demostrado estándolo, que para liquidar la indemnización por despido injusto, se tiene como base el salario integral, compuesto por el salario básico y el factor prestacional.

• No dar por demostrado estándolo, que el demandante tenía la edad de 55 años y 20 años de servicio al momento de la demanda, para que se le causara la pensión plena de jubilación de que trata el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo.

• No dar por demostrado estándolo, que la ignorancia de la ley no es exculpación de la sanción por no pago de las prestaciones sociales.

Señaló como pruebas no apreciadas las siguientes:

• Certificado de tiempo de servicios, expedido por el Jefe de Servicios del Personal y Asuntos Generales, que acredita el tiempo de servicio desde el 25 de abril de 1974 a 20 de marzo de 1993. (folio 33 del cuaderno principal).

• Certificado expedido por el Presidente de Japan Lingua Services Co, LTD. de fecha 2 de marzo de 2005 que acredita que los escritos anexos en lenguaje español marcados con A han sido elaborados en su oficina y se consideran fieles traducciones al español, de los documentos marcados con B escritos en lenguaje japonés (folio34 del cuaderno principal.).

• Traducción oficial No. 11.05/05 preparada por María Elvira Martelo, en donde certifica que el suscrito notario a su vez certifica que el Presidente de la Junta Directiva de JAPAN LINGUA SERVICES CO., LTD., debidamente autorizado para actuar y firmar en representación de dicha compañía firmó en su presencia el documento de folio 34 (folios 36 y 37 del cuaderno principal).

• Libro de registro 2005 No., 247 que certifica que la firma es del notario adscrito al Departamento de Asuntos Jurídicos en Tokio (folio 38 del cuaderno principal).

• Certificación de que el demandante MICHITAKA AOKI perteneció a la empresa demandada FUJITSU LTDA. entre abril 25 de 1974 y marzo 20 de 1993 (folio 39 del cuaderno principal).

• Copia del registro civil del demandante MICHITAKA AOKI que acredita que el mismo nació el 24 de junio de 1949 (folio 40 del cuaderno principal).

• Certificación del Gerente General de FUJITSU LIMITED SUCURSAL DE COLOMBIA, que acredita la prestación del servicio del demandante en el cargo de Asistente de Gerencia entre el 21 de marzo de 1993 y el 15 de abril de 2004 (folio 41 del cuaderno principal).

• Certificado de Cámara y Comercio de Bogotá (folio 93 del cuaderno principal) Sobre la representación FUJITSU LIMITED SUCURSAL DE COLOMBIA.

• Certificado de Cámara y Comercio de Bogotá (folio 63 del cuaderno principal) Sobre existencia y representación de FUJITSU LIMITED SUCURSAL DE COLOMBIA.

• Formularios de Matrícula Mercantil, establecimientos de comercio, expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá (folios 89 a 91 del cuaderno principal).

• Certificación del Seguro Social sobre la no afiliación, ni semanas cotizadas del demandante al sistema del Instituto de Seguros Sociales (Folio 96 del cuaderno principal).

• Comunicación de fecha 13 de abril de 2004 en donde se termina el contrato de trabajo sin justa causa (folio 82 del cuaderno principal).

• Liquidación contrato de trabajo a término indefinido de marzo 1 de 2002 a junio 30 de 2002 (folio 67 del cuaderno principal).

• Contrato a término indefinido suscrito entre las partes el 1 de marzo de 2002 (folios 47 a 49 del cuaderno principal).

Y como pruebas erróneamente apreciadas:

• Reclamaciones del demandante a través de su apoderado, a la demandada FUJITSU LIMITED (folios 83, 85 y 86 del cuaderno principal).

• Contestación reclamación por parte de la empresa FUJITSU LIMITED SUCURSAL DE COLOMBIA de 5 de julio de 2005 (folio 84 del cuaderno principal.

• Escrito de demanda (folios 1 a 28 del cuaderno principal).

• Contestación de la demanda (115 a 130 del cuaderno principal).

• Contrato de trabajo a término indefinido suscrito entre las partes el 16 de julio de 2003 (folio 50 a 52 del cuaderno principal).

• Conciliación de fecha 28 de febrero de 2002 ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá (folios 53 a 56 del cuaderno principal).

• Conciliación de fecha 27 de junio de 2003 ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá (folios 60 a 62 del cuaderno principal).

En sustento del cargo, manifestó que el error evidente del Tribunal consistió en concentrar su atención en los acuerdos conciliatorios, dejando de lado la que consideró la «interpretación correcta» de la demanda y de la contestación, toda vez que en estas piezas procesales era manifiesto el hecho de que la primera pretensión consistía en solicitar la declaración de la existencia de una relación de trabajo con la Sociedad Japonesa Fujitsu Ltd., desde el 25 de abril de 1974 y hasta el 15 de abril de 2004.

Para el recurrente,

[…] interpretó erróneamente el Tribunal la pieza procesal de la contestación de la demanda, porque la parte aquí transcrita, encierra confesión por apoderado ya que admite los tiempos de servicios prestados por el demandante, aclarando que estuvo vinculado a la empresa demandada FUJITSU LIMITED que tiene su domicilio en Japón, pero ese domicilio para nada importa en la prestación del servicio del demandante que lo fue en Colombia, pues con esta mala interpretación aplicó indebidamente el artículo 2 del Código Sustantivo del Trabajo, que es del siguiente tenor: "Aplicación Territorial. El presente código rige en todo el territorio de la República para todos sus habitantes, sin consideración a su nacionalidad', entonces, si el demandante de nacionalidad japonesa, califica como extranjero frente a la norma en cita, y la demandada es una empresa extranjera con domicilio en el extranjero, pero el servicio se presta en el territorio de Colombia, la norma aplicable en materia laboral es el Código Sustantivo del Trabajo, por así señalarlo expresamente el mismo código; si el Tribunal no hubiese aplicado indebidamente esa norma habría entendido, que el demandante tendría derecho con la suma de tiempos de servicio a dicha demandada y a su sucursal, a la pensión plena de jubilación de que trata el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, que es del siguiente tenor: "1. Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($800.000) o superior, que legue o haya legado a los cincuenta y cinco (55) años de edad si es varón o los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.

[…]

Igualmente el Tribunal aplicó indebidamente la norma de los artículos 32 y 33 del Código Sustantivo del Trabajo,

[…]

Así las cosas, la aplicación indebida de las normas señaladas se dan en la medida en que el representante legal de la demandada FUJITSU LIMITED SUCUSAL EN COLOMBIA, debió dar aviso a la demandada principal FUJITSU LIMITED con domicilio principal en Japón, de la demanda que impetró el demandante MICHITAKA AOKI, y que es objeto de esta demanda de casación, como no lo hizo o al menos en el expediente no reposa prueba de ello, es decir, de la comunicación que el representante legal de FUJITSU LIMITED SUCURSAL EN COLOMBIA haya hecho a la sociedad FUJITSU LIMITED con domicilio en Japón, tal abstención lo lleva a responder solidariamente por las pretensiones incoadas por el demandante.

Para sustentar que existía una oficina en Colombia, antes de la creación de la sucursal en Colombia traigo a colación documentos tales como el Certificado de Existencia y Representación Legal (folio 63 del cuaderno principal), expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 6 de mayo de 2003, donde certifica "que por E P.1.070 DE LA NOTARÍA 40 DE SANTAFE DE BOGOTA D.C. DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1.991, INSCRITA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 1.991 BAJO EL NO. 24.237 DEL LIBRO 1/1 SE PROTOCOLIZARON COPIAS AUTENTICAS DE LA FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD FUJITSU LIMITED DOMICILIADA EN TOKIO DE SUS ESTATUTOS Y DE LA RESOLUCIÓN QUE ACORDO (sic) EL ESTABLECIMIENTO EN COLOMBIA DE UNA SUCURSAL”. Tal documento acredita la creación de una sucursal en Colombia de la sociedad FUJITSU LIMITED cuyo domicilio principal es en Tokio, prueba suficiente para que el representante legal de la sucursal FUJITSU LIMITED SUCURSAL DE COLOMBIA, avisara a la sociedad FUJITSU LIMITED con domicilio en Tokio, entonces no es de recibo, como se hace en la contestación de la demanda del aquí demandante estaba bajo la vigencia de las leyes de Japón en el primer periodo desde el 25 de abril de 1974 a 20 de marzo de 1993.

Para probar que existía una oficina en Colombia de la sociedad FUJITSU LIMITED con domicilio principal en Tokio (Japón) y que tenía carácter permanente, con base en las normas del Código de Comercio de Colombia, las cuales también fueron objeto de aplicación indebida por el Tribunal, me permito señalar:

En el Certificado de Matricula Mercantil, establecimiento de comercio, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (folio 89 del cuaderno principal), para el año de 1990, se puso como representante legal a KATSUYA FUJII, con dirección carrera 13 No. 27 50, interior 326 y con cédula de extranjería, 242801, en formulario de Matrícula Mercantil establecimiento de comercio expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (folio 90 del cuaderno principal), para el año de 1991, aparece KATSUYA FUJII como representante legal de FUJITSU LIMITED (Tokio — Japón) en Colombia, con cédula de extranjería 242801 y en la dirección carrera 13 No. 27 — 50 interior 326, a su vez en certificado de Cámara de Comercio de Bogotá (folio 91 del cuaderno principal), se certifica que FUJII KATSUYA, identificado con cédula de extranjería No. 242801, representante legal de FUJITSU LIMITED (Tokio — Japón), en Colombia, dicho certificado fue expedido en diciembre de 2006 en Bogotá; certificado de Cámara de Comercio de Bogotá expresa el registro de FUJITSU LIMITED SUCURSAL COLOMBIA (folio 93 cuaderno principal) y a su vez como representante legal FUJII KATSUYA con cédula de extranjería 242801, los anteriores documentos no fueron apreciados por el Tribunal, que de haberlo hecho se habría dado cuenta que la oficina cuyo representante legal era FUJII KATSUYA y correspondía a su vez a la misma persona inscrita como representante legal de la empresa FUJITSU LIMITED SUCURSAL COLOMBIA, lo que significa, que con base en el Código de Comercio de Colombia artículo 471, que dispone: "Para que una sociedad extranjera pueda emprender negocios permanentes en Colombia, establecerá una sucursal con domicilio en el territorio nacional, para cual cumplirá los siguientes requisitos (...)", a renglón seguido del mismo código en su artículo 474, expresa: "Se tienen por actividades permanentes para efectos del artículo 471, las siguientes: 1. Abrir dentro del territorio de la República establecimientos mercantiles u oficinas de negocios aunque éstas solamente tengan un carácter técnico o de asesoría; (…)” , así las cosas, no es de recibo lo dicho por la apoderada de la demandada en su contestación de demanda que la sociedad FUJITSU LIMITED con domicilio principal en Tokio, no tenía actividades permanentes en Colombia, si el Tribunal hubiese analizado los documentos certificados expedidos por la Cámara de Comercio, habría entendido la estrecha relación entre la oficina la oficina FUJITSU LIMITED que abrió en Colombia a pesar de que su domicilio principal estaba en Tokio, con la sucursal de FUJITSU LIMITED SUCURSAL COLOMBIA, así las cosas, no se puede entender como lo entendió el Tribunal por no apreciar los documentos descritos, que el demandante estaba bajo las leyes japonesas para el pago de reconocimiento de la pensión de jubilación y las demás prestaciones sociales tales como cesantías, intereses a la cesantía, prima de servicios, vacaciones e indemnizaciones, para el periodo comprendido entre el 25 de abril de 1974 y el 20 de marzo de 1993.

A continuación, se refirió al contenido de los documentos de folios 32, 33, 34 y 96 del cuaderno 1 del expediente, concluyendo que,

[…] si el Tribunal los hubiese apreciado habría entendido que el demandante prestó servicios a FUJITSU LIMITED entre las fechas señaladas en el escrito de demanda y que corresponden al 15 de abril de 1974 a 20 de marzo de 1993, para un tiempo de servicios de 18 años, 10 meses y 26 días sumados al tiempo del mal llamado contrato prestación de servicios que la demandada FUJITSU LIMITED SUCURSAL DE COLOMBIA, mediante conciliación ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá (folios 53 a 56 del cuaderno principal), en donde se expresó un tiempo de servicio de 21 de marzo de 1993 a 28 de febrero de 2.002 está regido por un contrato laboral, pues no de otra manera se entiende que el acuerdo conciliatorio a que llegaron las partes expresen que el valor pagado en esa diligencia y que consta en el acta de conciliación de $52.949.838.00, “suma con que se concilian todos los derechos relacionados, imputándose en su orden a cada uno de los siguientes conceptos: salarios, sobre-remuneraciones de cualquier tipo, cesantías, intereses a las cesantías anuales y definitivos, primas de servicio, indemnizaciones de cualquier tipo, servicios médicos y asistenciales del señor Aoki y su familia, aportes para pensiones y en fin de cualquiera derecho o suma que hubiese podido causarse de haber existido una relación subordinada de trabajo de los conceptos redamados, con los que se pone fin a cualquier reclamación de tipo laboral, pues los valores conciliados serán imputados a cualquier Derecho o Prestación Social de carácter laboral actual o futura, relacionada con el periodo comprendido entre el 21 de Marzo de 1993 y el 28 de Febrero de 2.002, así no se haya mencionado específicamente. Está muy claro en esta conciliación que el tiempo de prestación de servicios lo fue de carácter laboral y el Tribunal interpretó incorrectamente el escrito de conciliación al no sumar este tiempo de servicios al tiempo de servicios prestados a FUJITSU LIMITED en la oficina en Colombia, es decir, de 8 años, 11 meses y 8 días, más 18 años, 10 meses y 25 días para un total de 26 años, 22 meses y 3 días, que supera con creces el tiempo de 20 años que se requieren para la pensión plena de jubilación de que trata el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y la edad de 57 años, 6 meses y 29 días al momento de presentar la demanda que lo fue el 23 de enero de 2007 (folio 26 del cuaderno principal) y según el registro civil de nacimiento (folio 32 del cuaderno principal) y certificado (folio 33 del cuaderno principal), registros civiles de nacimiento y constancias de trabajo que no fueron apreciadas por el Tribunal, que de haberlo hecho habría constatado que el demandante cumplía requisitos de edad y tiempo de servicios, según el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, que es la norma que rigió esta relación, porque el primer tiempo lo fue hasta el 20 de marzo de 1993, luego no había entrado a regir la Ley General de Pensiones, Ley 100 de 1993 y luego sin solución de continuidad desde el 21 de marzo de 1993 y que para la fecha del 1 de abril de 1994 según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se le aplicaba el régimen anterior que estaba rigiendo para el demandante, es decir, el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo porque la demandada no afilió a su trabajador a la seguridad social del Seguro Social y por ende debía responder con base en el Código Sustantivo del Trabajo, según certificación del Seguro Social de Colombia (folio 96 del cuaderno principal) […]

Al referirse a la procedencia de la condena por concepto de los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100, manifestó que «[…] dado que el demandante trabajó en el territorio nacional y se le aplican las leyes colombianas», «[…] la ignorancia de la ley no sirve de excusa».

Dicho lo anterior, señaló que,

Como quiera que está acreditados los tiempos de servicio desde el 25 de abril de 1974 a 20 de marzo de 1993 (folio 33 del cuaderno principal), 21 de marzo de 1993 y el 15 de abril de 2004 (folio 41 del cuaderno principal), ratificado este último tiempo por el Acta de Conciliación (folios 53 a 56 del cuaderno principal), 1 de marzo de 2002 a 30 de junio de 2003 (liquidación de contrato) (folio 67 del cuaderno principal), y contrato a término indefinido (folios 47 a 49 del cuaderno principal), y el tiempo de 16 de julio de 2003 a 15 de abril de 2004, contrato a término indefinido (folios 50 a 52 del cuaderno principal) y carta de terminación contrato (folio 82 del cuaderno principal).

Como quiera que no existió solución de continuidad a pesar de que en el escrito de contestación de la demanda se indicó que el demandante había presentado renuncia al contrato de trabajo que tuvo vigencia entre 25 de abril de 1974 a 20 de marzo de 1993 y que no aparece demostrado en el expediente, es decir, que la parte demandada sólo afirmó y no probó tal circunstancia y que luego mediante un vínculo denominado contrato de prestación de servicios y reconocido mediante conciliación ante el Juez Primero Laboral de Bogotá del 21 de marzo de 1993 a 28 de febrero de 2002 y luego un contrato a término indefinido del 1 de marzo de 2002 a 30 de junio de 2003, es claro que no existió solución de continuidad entre una y otra relación y que si las partes en gracia de discusión, expresaron manifestación de renuncia que no está probado en el expediente, de terminación por mutuo acuerdo y continuaron con el contrato de trabajo quiere decir que no tuvieron efectividad sus decisiones y manifestaciones, por lo que, con base en la reclamación del apoderado del demandante que el Tribunal interpretó erróneamente (folio 83 del cuaderno principal) y que tiene fecha de 30 de junio de 2005 y la respuesta de la demandada FUJITSU LIMITED SUCURSAL DE COLOMBIA (folio 84 del cuaderno principal), en donde no se alegó la prescripción, sino que se hizo énfasis en las conciliaciones hechas entre las partes y que tenían efecto de cosa juzgada, si no se alegó la prescripción quiere decir que la parte deudora renunció a la misma.

Luego, el señor apoderado del demandante en escrito de 20 de octubre de 2006, insistió en la indemnización por despido sin justa causa, la cesantía, la pensión sanción, la compensación en dinero de las vacaciones, la indexación, los intereses moratorios, la indemnización moratoria (folios 85 y 86 del cuaderno principal), que digo y afirmo que el Tribunal apreció equivocadamente, porque tales reclamaciones tienen su sustento en que la relación laboral no sufrió solución de continuidad, porque el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 8 del Decreto Ley 2351 de 1965 numeral 8, dispone: "No habrá lugar a las indemnizaciones previstas en este artículo, si las partes acuerdan restablecer el contrato de trabajo en los mismos términos y condiciones que regían a la fecha de su ruptura'' el primer tiempo que lo fue con la sociedad extranjera con domicilio en Tokio (Japón) FUJITSU LIMITED y luego el segundo tiempo con la sucursal en Colombia de la sociedad extranjera FUJITSU LIMITED SUCURSAL EN COLOMBIA, que fue objeto de conciliación ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá en donde se reconoció un contrato realidad y luego, con la celebración de un contrato a término indefinido y una nueva conciliación en donde se reconoció que el contrato terminaba el 30 de junio de 2003, fuera de que no hubo interrupción en el tiempo del servicio siempre se restableció el servicio en las mismas condiciones, por ello, la cesantía por el régimen tradicional como se establece en el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo que el Tribunal aplicó indebidamente, establece: […], entonces, el periodo a liquidar de cesantías lo era desde el 25 de abril de 1974 a 30 de junio de 2003, es decir, 29 años, 2 meses, 5 días, con un salario integral de $12.715.000.00, dado por la conciliación ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá (folios 60 a 62 del cuaderno principal), que restándole el factor prestacional del 30%, corresponde a un salario base para liquidar la cesantía y primas de servicios de $9.780.769, lo que corresponde a cesantías de ese tiempo debidos en días de $875.42 y multiplicado por el salario base de $9.789.769, nos arroja un valor adeudado en cesantías de $285.409.360, intereses a la cesantías del último año $34.249.123,20, primas de servicios en la suma de $142.800.100, las vacaciones en la suma de $185.639.000, indemnización por despido injusto en la suma de $377.389.677, y digo despido injusto porque en la conciliación ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá que obra a (folios 60 a 62 del cuaderno principal), en donde se expresa en el acuerdo conciliatorio de indemnización eventual por terminación del vínculo es decir, que aunque hubiesen dicho que el trabajo terminó por el mutuo acuerdo a que llegaron las partes, en renglones más delante de dicho acuerdo consagraron el rubro de indemnización por despido injusto, luego el contrato de trabajo terminó por despido injusto lo que genera la indemnización.

Cerró su argumento con la afirmación de que el Tribunal hizo una interpretación equivocada de las actas de conciliación en las cuales concentró su atención, puesto que en ellas sí se acreditó la terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo por parte del empleador (f.º 61 del cuaderno 1).

Por último, el recurrente señaló que, en caso de que la Sala no tuviese en cuenta sus planteamientos, y resolviera no casar la decisión impugnada, debía efectuarse una reliquidación de las condenas impuestas por el Tribunal.

RÉPLICA

Fujitsu Ltd. manifestó que el recurrente incurrió en un error técnico al formular la demanda de casación, puesto que en el alcance del cargo no identificó «[…] de forma clara y concreta» la sentencia contra la cual se interpuso el recurso, ni la sentencia de primera instancia. En su opinión, dicho defecto hacía inviable el recurso, puesto que, en el caso de que la Sala considerara procedente la casación,

[…] no podría tomar ninguna decisión en sede de instancia pues el Demandante omitió identificar la sentencia cuya revocatoria es pretendida y en su escrito de demanda de casación, hizo referencia a la sentencia proferida por un juzgado diferente al juzgado que profirió la sentencia de primera instancia en este proceso.

En cuanto a la demanda en general, la opositora descartó su viabilidad, puesto que, considerando que su sustento argumental es la eventual falta de pronunciamiento, por parte del Tribunal, respecto de la primera pretensión formulada con la demanda originaria, lo procedente hubiera sido la solicitud de adición de la sentencia y no la interposición del recurso extraordinario. En sustento de su argumento citó la sentencia CSJ SL 17 julio 2013, radicado 43451.

Respecto del cargo, manifestó que no podía prosperar por las siguientes razones:

(i) En la proposición jurídica se incluyeron disposiciones constitucionales que, en su opinión, no podían conformarla por no tener el carácter de normas de derecho sustancial; (ii) las disposiciones procesales invocadas no podían ser denunciadas por la vía indirecta, puesto que solo es posible su infracción como medio, y dicha circunstancia debía proponerse por la vía directa, así como no se desarrolló ningún error medio que justificara esa proposición; (iii) en el desarrollo del cargo no se individualizaron los errores de hecho que el recurrente pretendió imputarle a la decisión del Tribunal; y (iv) el cargo corresponde más a un alegato de instancia, que concibe la casación como una tercera instancia.

Por último, señaló que la demanda no tiene vocación de prosperidad, por cuanto no atacó los pilares sobre los cuales el Tribunal construyó su decisión, toda vez que no hizo referencia a las actas de conciliación analizadas en la segunda instancia, siendo estas el fundamento de su decisión.

SEGUNDO CARGO

Lo formuló por la vía directa,

[…] en la modalidad de infracción directa de la ley, de los artículos 2 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio, 36 y 142 de la Ley 100 de 1993, 48 de la Constitución Política.

En sustento de su cargo, manifestó que el Tribunal,

[…] ignoró y se rebeló contra el principio territorial del artículo 2 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que condujo también a la ignorancia del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo que consagra la pensión de jubilación, afirmación que hago porque el demandante prestó sus servicios en Colombia, situación fáctica que no se discute en el cargo dada la vía escogida, pero que tiene relevancia porque el trabajo que se ejecute en el territorio nacional, no importa que el empleador sea una sociedad extranjera y que a su vez tenga su domicilio principal la sociedad en un país extranjero, y que el trabajador a pesar de tener nacionalidad extranjera, está protegido por la ley laboral colombiana si presta su servicio en el territorio nacional colombiano, es decir, que el único requisito para la aplicación de la ley laboral colombiana es que la persona sin consideración a su nacionalidad preste su servicio en territorio colombiano, así se desprende de la literalidad de la norma que es del siguiente tenor: […] Así las cosas, si el Tribunal no se hubiese rebelado contra esta norma habría entendido que el demandante tenía derecho a la pensión de jubilación de que trata el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, norma que implica que la persona haya prestado sus servicios a un empleador en forma directa durante 20 años o más, continuos o discontinuos, en forma anterior o a la vigencia del Código Sustantivo del Trabajo y que 55 años o más si es hombre o 50 años o más si es mujer, así se puede consultar en la literalidad de la norma, el Tribunal al rebelarse contra el principio territorial o artículo 2 del Código Sustantivo del Trabajo, tuvo como consecuencia, el rebelarse o ignorar la norma del artículo 260 del mismo código, porque no quiso aplicarlo, teniendo como consecuencia la vulneración del derecho del demandante, llevándose de calle también el artículo 48 de la Constitución Política, que señala que la seguridad social es irrenunciable, lo que significa que no pueden existir pactos entre las partes para no aplicar la ley colombiana, tampoco pueden existir pactos entre las partes para desconocer el derecho mínimo e irrenunciable de la pensión de jubilación.

Y digo que se rebeló contra la norma del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, porque teniendo en cuenta la situación fáctica que no se discute en el cargo, no aparece afiliación alguna a la seguridad social, condición sine quanon (sic) para aplicar la norma del Código Sustantivo del Trabajo.

Y digo que en relación con las normas de los artículos 471 y 474 del Código del Comercio, porque las mismas expresan: […], el Tribunal con tales normas, debió entender que el demandante prestaba sus servicios en la República de Colombia, circunstancia que no se discute dada la vía escogida, pero que a pesar de haber condenado a la demandada FUJITSU LIMITED SUCURSAL COLOMBIA, obvió para aplicar las normas de los artículos 2 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con la irrenunciabilidad a la seguridad social de que trata el artículo 48 de la Constitución Política.

En consecuencia, si el Tribunal no se hubiese rebelado contra las normas del artículo 2 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo y del 48 de la Constitución Política, habría entendido que debía condenar a la demandada FUJITSU LIMITED SUCURSAL COLOMBIA, al reconocimiento de una pensión de jubilación a favor del demandante a partir del cumplimiento de la edad de 55 años que lo fue el 24 de junio de 2004.

Además, la ignorancia de las normas señaladas tiene consecuencias en las demás condenas, porque incidieron en la aplicación indebida del artículo 249 sobre cesantía, artículo 1 de la Ley 52 de 1975 sobre los intereses a la cesantía, aplicación indebida que consistió en no tenerlos en cuenta durante todo el tiempo de servicios hasta 30 de junio de 2003, en razón, a que no existió solución de continuidad en la prestación del servicio, por lo que si no se hubiese rebelado contra el principio de la territorialidad habría entendido que todo el tiempo de servicio del demandante era hábil para la liquidación de las cesantías en forma tradicional y consecuentemente también la liquidación de los intereses de la cesantía.

Sucede algo parecido con las primas de servicios del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, que debieron ser liquidadas en forma semestral y con la indemnización por despido injusto de que trata el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 8 del Decreto Ley 2351 de 1965, numeral 4, que expresa: "En los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así: literal d) si el trabajador tuviere diez (10) años o más de servicio continuo, se le pagarán treinta (30 días adicionales de salarios sobre los cuarenta y cinco (45) básicos del literal a, por cada uno de los años de servicios subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción.

[…]

Lo anterior, para significar que el tiempo que el demandante prestó servicios a FUJITSU LIMITED sociedad extranjera con domicilio en Tokio (Japón), fue restablecido el tiempo con FUJITSU LIMITED SUCURSAL EN COLOMBIA, según conciliación ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá y luego restablecido el sewicio (sic) según contrato a término indefinido hasta el 30 de junio de 2003, hechos que no se discuten pero que se traen a colación para indicar que se violentó esta norma del Decreto 2351 de 1965, en razón a la no condena por indemnización por despido injusto.

Igual sucede con el rubro de vacaciones del artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo.

Tiene consecuencia, por el no reconocimiento de las prestaciones sociales la indemnización de que trata el artículo 65 del CódigoSustantivo del Trabajo y el artículo 142 de la Ley 100 de 1993 en referencia a la pensión de jubilación.

RÉPLICA

La opositora consideró que el cargo no era viable, por cuanto el recurrente no formuló el error de derecho en el que presuntamente incurrió el Tribunal toda vez que no estructuró ningún ataque contra los fundamentos jurídicos de la decisión de segunda instancia.

Resaltó que el Tribunal no pudo haber incurrido en ningún error de derecho al valorar una circunstancia respecto de la cual no se pronunció, como lo fuera la existencia de una relación laboral entre las partes con vigencia desde el 25 de abril de 1974 y hasta el 15 de abril de 2004.

CONSIDERACIONES

En cuanto tiene que ver con las objeciones propuestas por la opositora, la Sala considera que, si bien es cierto que los cargos están formulados de tal modo que en ellos prevalecen manifestaciones que podrían ser propias de un alegato de instancia, y que en estos se percibe la intención de considerar la sede de casación como una tercera instancia, también lo es que el recurrente consigue construir, una acusación razonable contra la sentencia que impugna.

Del mismo modo, es fácil identificar la sentencia de segundo grado contra la que se interpone la casación, y la sentencia de primera instancia que en sede de instancia se solicita; y es razonable identificar las vías por las cuales se formuló el ataque de la sentencia impugnada, así como el desarrollo de cada acusación.

En ese orden de ideas, las eventuales falencias que la afectan no impiden su estudio de fondo.

Dicho lo anterior, para la Sala el problema jurídico a resolver consiste en determinar si el Tribunal debió pronunciarse y declarar que la prestación de servicios fue surtida en el período comprendido entre el 25 de abril de 1974 y el 20 de marzo de 1993, bajo una relación de trabajo regida por el ordenamiento jurídico colombiano y, es la causa jurídica para la materialización de los efectos propios de este tipo de vínculos.

Ello porque durante el lapso comprendido entre el 25 de abril de 1974 y el 20 de marzo de 1993, el señor Aoki desarrolló actividades en el territorio colombiano, habiendo sido enviado al país por su empleador, la sociedad japonesa Fujitsu Ltd., y desde el 21 de marzo de 1993, fecha en la que se constituyó la Sucursal colombiana de Fujitsu Ltd., prestó servicios a esta persona jurídica.

Así pues, para abordar el estudio del recurso, la Sala propone su estudio así:

El principio de territorialidad de la ley laboral

El problema propuesto por el recurrente consiste en determinar la responsabilidad legal laboral de una persona jurídica extranjera -japonesa-, que radicada en el extranjero -Japón-, generó el desarrollo de actividades de uno de sus trabajadores en el país, en ejecución de un contrato de trabajo suscrito en el país de origen -Japón-.

Sabido es que, en ejercicio de su soberanía, cada Estado es libre de imponer en su territorio un régimen jurídico aplicable a los habitantes del mismo. De este axioma se deriva el mencionado principio de territorialidad de la ley, conforme con el cual el ordenamiento jurídico de un Estado es aplicable a los habitantes del territorio en el que ejerce su soberanía, sin que, en principio, sea posible extenderlo a otras jurisdicciones.

Este principio, se adecua en materia contractual, incluida la laboral, a partir del principio lex loci solutionis, según el cual, será aplicable el ordenamiento jurídico vigente en el lugar o territorio en el que dicho acto jurídico se ejecute.

En el caso colombiano, el artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo establece que «[…] el presente código rige en todo el territorio de la República para todos sus habitantes, sin consideración a su nacionalidad», para los casos en los cuales el lugar de ejecución de la relación de trabajo sea el territorio nacional de la República de Colombia.

Al respecto, en sentencia CSJ SL 3176-2019, esta Sala señaló:

Dicha tesis que se encuentra reiterada en las sentencias CSJ SL1371-2019, donde se memoró lo expuesto en las CSJ SL1976-2018 y CSJ SL0240-2017, en las que se dijo:

Para dar respuesta al tema planteado por el recurrente, debe advertirse que esta Sala de la Corte, frente a la aplicación de la ley en el espacio, ha indicado que por regla general, y de conformidad a lo señalado en el artículo 2.º del Código Sustantivo del Trabajo, la legislación colombiana no aplica a servicios prestados en el exterior, siendo su excepción la inequívoca continuidad de la subordinación desde Colombia, o que las partes hubieran convenido al respecto, posición que se reitera nuevamente en esta oportunidad, en la medida que no se observan razones atendibles que conlleven a variarla. (Negrillas fuera de texto original). En efecto, en sentencia CSJ SL, 10 feb 2009, rad. 31301, que reiteró la sentencia CSJ SL, 28 jun 2001, rad 15468, se dijo:

[…]

“Conviene precisar que conforme a la jurisprudencia mayoritaria de la Corte sobre aplicación de la ley en el espacio, el principio general es que con arreglo al artículo segundo del Código Sustantivo del Trabajo la legislación colombiana no se aplica a servicios prestados en el exterior, salvo que sea inequívoca la continuidad de la subordinación desde Colombia o que las mismas partes dispongan expresamente el sometimiento a la legislación colombiana durante ese lapso, caso en el cual el empleador contrae un deber cuya fuente es su propia voluntad, sin que nada impida que se obligue a ello, preservándose así los principios de autonomía de la voluntad, buena fe y lealtad.

Cuestión distinta es cuando las partes – como ocurre en el caso aquí debatido – acuerdan expresamente lo contrario, esto es, que los servicios prestados por un trabajador en el exterior no se tengan en cuenta en Colombia para fines de salario o de prestaciones sociales, porque de conformidad con el precitado artículo segundo del código del trabajo esa estipulación es lícita, también desarrolla los postulados de autonomía de la voluntad, buena fe y lealtad, y por tanto no le es dable a ninguna de las partes rebelarse contra ella ni desconocerla”.

La impugnación parte de un equivocado entendimiento de la jurisprudencia respecto de las excepciones a la aplicación del principio de territorialidad establecido en el artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo, particularmente de los criterios jurídicos vertidos en la sentencia arriba transcrita. Y ello es así porque es cierto que ha considerado esta Sala que la regla que se ha dado en denominar lex loci solutionis, contenida en el artículo 2º aludido y que es fiel desarrollo del principio de territorialidad de la ley, no es absoluta y admite algunas excepciones a su aplicación, que permiten que, pese a que el contrato de trabajo no se ejecute en Colombia, se aplique la legislación laboral del país.

Ahora bien, los pronuciamientos jurisdiccionales también han resaltado la necesidad de matizar la aplicación del principio de territorialidad de la ley, atendiendo a las condiciones particulares de cada caso. Sobre el particular, en sentencia CSJ SL321-2019, esta Corporación se pronunció, en los siguientes términos:

En torno al tema de la aplicación de ley nacional o extranjera a los contratos laborales, esta Sala ha establecido, en principio y por aplicación del artículo 2º del CST que «los efectos del contrato de trabajo deben regirse por la ley del lugar donde la labor se haya cumplido, pero son las circunstancias de cada caso en particular las que determinan si se dan los supuestos legales para la aplicación del estatuto laboral colombiano o si, por el contrario, se encuentra excluido del mismo» (CSJ SL, 8 may. 2013, rad.42741).

La Legitimación en la causa de Fujitsu Ltd. sucursal Colombia, como representante de la sociedad japonesa Fujitsu Ltd.

La persona jurídica identificada como Fujitsu Ltd. sucursal Colombia fue constituida el día 7 de noviembre de 1991, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, según folio 57 del expediente, y para los efectos de lo previsto por los artículos 471 y 474 del Código de Comercio y 33 del Código Sustantivo del Trabajo.

Esta circunstancia, que no se discute en el recurso de casación, y que de hecho constituye uno de los hechos acreditados en el plenario, pone de presente que, para todos los efectos legales, la sucursal representa a la casa matriz desde el momento de su constitución y hacia el futuro, pero nunca hacia el pasado.

Y no puede hacerlo, por la elemental razón de que, con anterioridad a su existencia, no podía constituirse una representación; en el mismo sentido, no es posible establecer una representación retroactiva a su establecimiento, lo que implica que la llamada casa matriz de la sociedad japonesa, no contaba con representación en el país.

Tampoco puede la sucursal asumir los eventuales efectos de las situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su vigencia, en general, y concretamente respecto de asuntos laborales y de la seguridad social, por cuanto al no existir en el país una entidad de la cual sea sucesora jurídica, no es posible que se surtan los efectos de una sustitución patronal, figura esta que sí permite la asunción retroactiva de la responsabilidad de un eventual empleador en el tiempo.

Es importante poner de presente que el hecho de que la sociedad japonesa no hubiera constituido una sucursal en Colombia para operar es un asunto que, en sede laboral, se torna irrelevante, y que, si merece algún tipo de revisión, esta deberá adelantarse ante las autoridades competentes en materia de inspección, vigilancia y control del ejercicio societario y mercantil.

Así pues, la empresa Fujitsu Ltd. sucursal Colombia es, en efecto, representante de su casa matriz japonesa, pero solo desde el momento de su constitución, acaecida el 7 de noviembre de 1991, de tal suerte que su responsabilidad solo es predicable desde esa fecha y hacia el futuro.

Corolario de lo anterior, si se pretendía derivar alguna responsabilidad en cabeza de la sociedad japonesa Fujitsu Ltd., por el periodo comprendido entre el 25 de abril de 1974 y el 6 de noviembre de 1991, esta persona jurídica debió haber sido vinculada procesalmente como parte, sin que pudiera convocarse ningún representante, habida cuenta de su inexistencia.

En cuanto tiene que ver con la responsabilidad de la sucursal colombiana, esta tiene lugar, plenos efectos, a partir de la fecha de su constitución, esto es, desde el 7 de noviembre de 1991 y en adelante.

El contenido material de los medios de prueba en concreto

Preliminarmente, es pertinente manifestar que, en cuanto tiene que ver con el ejercicio de formación del convencimiento judicial, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el acervo probatorio no es objeto de interpretación, sino que se somete a un ejercicio de valoración.

Cuando se hace referencia a la interpretación, se está realizando un ejercicio por virtud del cual un contenido normativo se adecúa a unas condiciones concretas de tiempo, modo y lugar, habida cuenta de la eventual ambigüedad que dicho contenido normativo ofrezca en relación o en función de la circunstancia en la que se vaya a aplicar.

De ahí que esta actividad tenga como objeto material el contenido normativo, esto es, la norma jurídica de carácter general y abstracto cuya aplicación sea pertinente respecto de una circunstancia particular. Es así como es posible afirmar que, lo que es objeto de interpretación es el derecho entendido en su acepción positiva y objetiva.

Por otra parte, la valoración es el ejercicio intelectual por medio del cual el juez determina el alcance de un medio de prueba en función de la demostración de un hecho relevante en el proceso, atendiendo las reglas de juicio que el ordenamiento jurídico le concede. En materia procesal laboral, la regla de juicio es la de la libre formación del convencimiento, establecida en el ya citado artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Queda entonces claro que, en sede judicial, se interpreta el derecho y se valora la prueba, de tal suerte que no es procedente la interpretación de esta y la valoración de aquél, y es por esto que el presunto error de hecho que imputa el recurrente demandante a la decisión impugnada, es inexistente, habida cuenta de la imposibilidad de proponer una interpretación correcta o incorrecta de las pruebas que se valoran.

Así las cosas, esta Sala se concentrará en determinar si el Tribunal hizo una valoración adecuada de los medios de prueba denunciados por el recurrente en su primer cargo.

El recurrente denunció unos medios de prueba apreciados de manera errónea, y otros no apreciados, y del error de hecho propuesto dedujo la consecuencia, lesiva para sus intereses, según la cual el Tribunal no acreditó la existencia de un vínculo laboral entre el señor Aoki y Fujitsu Ltd. por el período comprendido entre el 25 de abril de 1974 y el 6 de noviembre de 1991, regido por la normatividad colombiana.

A partir de esa formulación, la Sala considera que el presunto error de hecho denunciado se configuró parcialmente en la medida en que al concluir que hubo una relación laboral, no tuvo en cuenta que en el período comprendido entre el 7 de noviembre de 1991 -fecha de constitución de la sucursal colombiana de la casa matriz– y el 20 de marzo de 1993, hacía parte de la misma pues se acreditó la prestación personal del servicio del señor Aoki a favor de la sucursal colombiana demandada, representante de la sociedad japonesa.

Esta conclusión se sustenta con el análisis individualizado de los medios de prueba denunciados, así:

El documento de folio 63 del expediente, e identificado como «Certificado de Cámara y Comercio de Bogotá […] Sobre existencia y representación de FUJITSU LIMITED SUCURSAL DE COLOMBIA», demuestra que la demandada fue constituida el día 7 de noviembre de 1991, mediante la «[…] protocolización de copias auténticas de la fundación de la sociedad Fujitsu ltd. domiciliada en Tokio de sus estatutos y de la resolución que acordó el establecimiento en Colombia de una sucursal».

Queda entonces acreditado que, desde la fecha del registro mercantil, esto es desde el 7 de noviembre de 1991, la sucursal Colombia de la sociedad japonesa Fujitsu Ltd. nació a la vida jurídica, conforme con el ordenamiento jurídico colombiano, de tal modo que, para efectos laborales, encuadraba dentro de lo previsto por el artículo 33 del Código Sustantivo del Trabajo.

Respecto del «certificado de tiempo de servicios, expedido por el Jefe de Servicios del Personal y Asuntos Generales, que acredita el tiempo de servicio desde el 25 de abril de 1974 a 20 de marzo de 1993», visto a folio 33 del cuaderno principal, no demuestra ningún vínculo con la sucursal colombiana, con anterioridad a la fecha de su constitución. Pero sí lo hizo, en lo que tiene que ver con el período comprendido entre el 7 de noviembre de 1991 y el 20 de marzo de 1993.

Ello es concordante con el contenido del documento visto a folio 39 del expediente, consistente en una «Certificación de que el demandante MICHITAKA AOKI perteneció a la empresa demandada FUJITSU LTDA. entre abril 25 de 1974 y marzo 20 de 1993».

El análisis de los demás medios de prueba relacionados por el recurrente como no apreciados, o apreciados de modo equivocado, se torna irrelevante, puesto que hacen referencia a hechos propios de la relación del señor Aoki con Fujitsu Ltd. sucursal Colombia, que fueron valorados acertadamente por el Tribunal, al punto de que sirvieron de fundamento para que revocara la decisión del Juzgado e impusiera la condena consecuente.

El ataque a los pilares de la decisión del Tribunal

Si bien el recurrente no atacó la validez de las conciliaciones suscritas por las partes los días 22 de febrero de 2002, cuyo objeto fue el de reconocer el pago de prestaciones sociales causadas en el período comprendido entre el 21 de marzo de 1993 al 28 de febrero de 2002, y el 27 de junio de 2003, cuyo objeto fue el de reconocer el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, hasta esa fecha, sí puso de presente un error de hecho que, sin afectar el sustento de la decisión en cuanto tiene que ver con lo dicho respecto de las conciliaciones, demuestra una circunstancia que debió haber sido considerada por el juez de instancia, sin haberlo sido.

Y se resalta que, en lo que tiene que ver con el sustento de la decisión del Tribunal, es precisamente la valoración de esas conciliaciones lo que le sirve de base para declarar la existencia de la relación de trabajo y en consecuencia modificar la decisión del Juzgado.

En ese sentido, se entiende que el recurrente no las impugnara, puesto que haberlo hecho hubiese implicado atacar el sustento de una decisión que fue favorable a sus intereses.

5. Resumen

Es así como, para desatar el recurso de casación interpuesto por el señor Aoki, se tuvieron en cuenta las circunstancias relevantes del asunto, puestas de presente en la demanda formulada, así:

• La resolución del recurso se centra en analizar el problema jurídico planteado, desde la formulación de la demanda que dio lugar al litigio, consistente en determinar la existencia de una única relación laboral, desde 1976 y hasta 2004.

• Conclusión de lo anterior, se encuentra acreditada la existencia de una relación de trabajo entre el señor Aoki y Fujitsu Ltd. Sucursal Colombia, vigente ente el 7 de noviembre de 1991 y el 20 de marzo de 1993, conforme con las pruebas que reposan en el expediente y que fue valorado en las instancias judiciales.

• Por aplicación del principio de territorialidad, en concurrencia con el principio de relatividad de los actos jurídicos, se impone la condena al sujeto que conforma la parte demandada, esto es, a Fujitsu Ltd. Sucursal Colombia, por haber sido quien concurriera al juicio. No es posible entonces imponer una condena a cargo de un sujeto que no fue parte del proceso judicial.

• En ese sentido, la decisión judicial solo puede afectar al demandado desde el momento en el que nació a la vida jurídica, sin que fuera posible imponerle una responsabilidad derivada de hechos presuntamente sucedidos con anterioridad a su existencia.

• Del mismo modo, no es viable una condena por vía de solidaridad entre las sociedades, de Japón y Colombia, por la razón de que la primera no fue convocada a juicio por el juez de primera instancia y, en consecuencia, no fue parte en el proceso que diera lugar a las decisiones judiciales que llevaron hasta la sede extraordinaria de la casación.

• Tal como se expuso, se mantiene la vigencia y los efectos de las conciliaciones suscritas el 22 de febrero de 2002 y el 27 de junio de 2003, en la medida en que fueron el sustento de la configuración de la relación laboral que sirviera de base para la revocatoria de la decisión absolutoria del juzgado, y la consecuente condena decretada por el tribunal, y en consecuencia no fue atacada en la sede extraordinaria por el señor Aoki como recurrente.

Conforme con las consideraciones precedentes, se casará la sentencia en cuanto tiene que ver con el reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre el señor Aoki y Fujitsu Ltd. sucursal Colombia, por el período comprendido entre el 7 de noviembre de 1991 y el 20 de marzo de 1993.

En ese sentido, y con ese alcance, los cargos prosperan.

RECURSO DE FUJITSU LTD. SUCURSAL COLOMBIA

Interpuesto por la sociedad demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolverlo.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Busca la sociedad recurrente, que,

[…] la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia case totalmente la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de fecha 28 de febrero de 2013. Convertida la Honorable corporación en Tribunal de Instancia, deberá confirmar en su totalidad la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., de fecha 30 de septiembre de 2011, en cuanto absolvió a la Compañía de la totalidad de pretensiones incoadas en la demanda, imponiendo costas a cargo del Señor Aoki.

Con tal propósito, formuló un cargo por la causal primera de casación, el cual fue oportunamente replicado.

CARGO ÚNICO

Lo formuló por la vía indirecta,

[…] por ser violatoria de la ley sustancial en forma indirecta, a causa de la aplicación indebida de los siguientes artículos del Código Sustantivo del Trabajo: 65 modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, 127 subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, 132 subrogado por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, 186, 249 y 306; así como el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003, el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003 y el artículo 1 de la Ley 995 de 2005.

La sociedad recurrente adujo como errores evidentes de hecho, imputados al Tribunal los siguientes:

1.- No dar por demostrado, estándolo, que durante el periodo comprendido entre el día 28 de junio de 2003 y el día 15 de julio de 2003, entre las partes no existió vinculación contractual.

2.- No dar por demostrado, estándolo, que entre el día 16 de julio de 2003 y el día 15 de abril de 2004, entre el Señor Aoki y la Compañía existió un contrato de trabajo escrito a término indefinido, en el cual las partes acordaron la remuneración bajo la modalidad de salario integral.

3.- No dar por demostrado, estándolo, que en vigencia del contrato de trabajo que existió entre las partes entre el día 16 de julio de 2003 y el día 15 de abril de 2004, la Compañía pagó al Señor Aoki todos los salarios y vacaciones a que hubo lugar con ocasión a la existencia del vínculo laboral.

4.- No dar por demostrado, estándolo, que en vigencia del contrato de trabajo que existió entre las partes entre el día 16 de julio de 2003 y el día 15 de abril de 2004, la Compañía pagó a favor del Señor Aoki todos los aportes a seguridad social en salud y pensiones a que hubo lugar con ocasión a la existencia del vínculo laboral.

5.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la Compañía actuó de mala fe respecto del Señor Aoki durante el periodo comprendido entre el día 28 de junio de 2003 y el día 15 de abril de 2004.

6.- Dar por demostrado, sin estarlo, que durante el periodo comprendido entre el día 28 de junio de 2003 y el día 15 de abril de 2004, la Compañía no pagó al Señor Aoki suma alguna por concepto de salarios y prestaciones sociales, y no cumplió con sus obligaciones de pago de aportes a favor del Señor Aoki al Sistema General de Seguridad Social en pensiones.

Señaló como pruebas no apreciadas las siguientes:

a. Confesión contenida en el hecho 8 del escrito de demanda que da origen al proceso ordinario laboral, sobre la existencia de un contrato de trabajo escrito a término indefinido entre las partes a partir del día 16 de julio de 2003, bajo la modalidad de salario integral (folios 9 y 10 del cuaderno No. 1 del Juzgado).

b. Confesión contenida en el hecho 11 del escrito de demanda que da origen al proceso ordinario laboral, sobre el pago de salario al Señor Aoki por parte de la Compañía durante su último año de servicio hasta el 15 de abril de 2004 (folios 10 y 11 del cuaderno No. 1 del Juzgado).

5714509286026c. Contrato de trabajo a término indefinido bajo la modalidad de salario integral, suscrito el día 16 de julio de 2003 entre la Compañía y el Señor Aoki, aportado como anexo de la demanda (folios 50 a 52 del cuaderno No. 1 del Juzgado).

d. Carta de terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo entregada por la Compañía al Señor Aoki de fecha 13 de abril de 2004 (folio 82 del cuaderno No. 1 del Juzgado).

e. Confesión ficta derivada de la inasistencia del Señor Aoki a la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento del proceso y fijación del litigio de fecha 1 de octubre de 2007 (folios 214 y 226 del cuaderno No. 1 del Juzgado; y folios 84 a 87 de cuaderno 11001310501920070005501 del Tribunal), respecto de los Hechos, Fundamentos y Razones de la Defensa numerados Sexto y Séptimo en el escrito de contestación a la demanda (folio 122 del cuaderno No. 1 del Juzgado), respecto de la existencia de un contrato de trabajo escrito a término indefinido entre las partes a partir del día 16 de julio de 2003 y hasta el día 15 de abril de 2004, acordado bajo la modalidad de salario integral, y de la falta de prestación de servicios del Señor Aoki a la Compañía durante un periodo entre los meses de junio y julio de 2003.

f. Liquidación final de acreencias laborales de fecha 15 de abril de 2004 entregada por la Compañía al Señor Aoki a la finalización del último contrato de trabajo (folios 77 y 78 del cuaderno No. 1 del Juzgado y folio 112 del cuaderno Anexos 1 del Juzgado).

g. Certificación de afiliación y pago de aportes al sistema general de pensiones del Señor Aoki expedida por la entidad Colfondos Fondo de Pensiones (folios 469 a 533 del cuaderno Anexos 1 del Juzgado y folios 1 a 18 del cuaderno Anexos 2 del Juzgado).

h. Certificación de afiliación y pago de aportes al sistema general de salud del Señor Aoki expedida por la entidad Sanitas EPS (folios 19 a 75 del cuaderno Anexos 2 del Juzgado).

i. Respuesta al requerimiento No. 112828462 de la entidad Colfondos dirigida al Juzgado Once Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, D.C., de fecha 21 de mayo de 2009 (folios 302 a 304 del cuaderno No. 1 del Juzgado).

j. Comunicación dirigida por la EPS Sanitas al Juzgado Once Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, D.C., de fecha 27 de mayo de 2009 (folios 302 a 304 del cuaderno No. 1 del Juzgado).

k. Planillas de salarios pagados por la Compañía a sus trabajadores desde el mes de marzo de 2002 hasta el mes de marzo de 2004 (folios 119 a 143 del cuaderno Anexos 1 del Juzgado).

l. Soportes de pagos salariales efectuados al Señor Aoki por parte de la Compañía durante los años 2003 y 2004 (folios 420 a 441 del cuaderno Anexos 1 del Juzgado).

Y como pruebas erróneamente apreciadas, el «Certificado expedido por la Compañía sobre el tiempo de servicios del Señor Aoki (folio 41 del cuaderno del Juzgado)».

En sustento del cargo, manifestó que el Tribunal incurrió en seis errores, identificables así:

El primero por no haber efectuado una «interpretación» correcta de los medios de prueba consistentes en la confesión ficta del hecho séptimo de la contestación de la demanda, derivada de la inasistencia del demandante a la audiencia regulada por el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en relación con la certificación laboral expedida por la empresa demandada que se encuentra en el folio 41 del expediente.

A su juicio, ello tuvo como resultado la acreditación de una situación contraria a los hechos, como fue la de no dar por probado, estándolo, que hubo una interrupción de la relación laboral entre el señor Aoki y Fujitsu Ltd. sucursal Colombia, por el lapso comprendido entre el 28 de junio de 2003 y el 15 de julio de 2004. Consideró que esto ocurrió pues,

El fallador de segunda instancia, si bien revisa algunas de las pruebas documentales que obran en el expediente, como las audiencias de conciliación realizadas los días 28 de febrero de 2002 y 27 de junio de 2003, así como la certificación emitida por la Compañía respecto al tiempo de servicios del Señor Aoki (folio 41 del cuaderno del Juzgado), respecto de esta última incurre en un yerro insalvable al considerar, a partir de la misma, la vigencia de relaciones contractuales ininterrumpidas entre las partes desde el día 21 de marzo de 1993 y hasta el día 15 de abril de 2004.

Para la recurrente resultó evidente que durante el lapso comprendido entre el 28 de junio al 15 de julio de 2003, no existió vínculo entre el señor Aoki y ella, y que tal circunstancia quedó demostrada en el plenario con fundamento en la confesión ficta derivada de la inasistencia del demandante a la audiencia regulada por el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que da lugar a la acreditación – en perjuicio del demandante – del «[…] hecho séptimo del capítulo de hechos, fundamentos y razones de la demanda».

El segundo error, consistió en el hecho de que el juez de segunda instancia no hizo una

[…] revisión cuidadosa y concienzuda del acervo probatorio obrante en el expediente, fruto de la cual hubiera podido concluir que durante el periodo previamente referido, las partes celebraron un nuevo contrato de trabajo, independiente al contrato de trabajo anterior que culminó de mutuo acuerdo el día 27 de junio de 2003 (de acuerdo con el acta de conciliación suscrita por la Compañía y el Señor Aoki, debida y adecuadamente revisada por el Tribunal en la sentencia cuya casación se pretende), el cual se extendió por escrito y en el cual las partes acordaron el pago de la remuneración bajo la modalidad de salario integral.

Circunstancia que lo llevó a «[…] no dar por probado, estándolo, que entre el día 16 de julio de 2003 y el día 15 de abril de 2004, entre el Señor Aoki y la Compañía existió un contrato de trabajo escrito a término indefinido, en el cual las partes acordaron la remuneración bajo la modalidad de salario integral».

Esto se configuró, por la falta de apreciación de los medios probatorios que relacionó, así:

[…] confesión contenida en el hecho 8 del escrito de demanda, sobre la existencia de un contrato de trabajo escrito a término indefinido entre las partes a partir del día 16 de julio de 2003, bajo la modalidad de salario integral (folios 9 y 10 del cuaderno No. 1 del Juzgado); (ii) contrato de trabajo a término indefinido bajo la modalidad de salario integral, suscrito el día 16 de julio de 2003 entre la Compañía y el Señor Aoki, aportado como anexo de la demanda (folios 50 a 52 del cuaderno No. 1 del Juzgado); (iii) carta de terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo entregada por la Compañía al Señor Aoki de fecha 13 de abril de 2005 (folio 82 del cuaderno No. 1 del Juzgado); (iv) confesión ficta derivada de la inasistencia del Señor Aoki a la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento del proceso y fijación del litigio de fecha 1 de octubre de 2007 (folios 214 y 226 del cuaderno No. 1 del Juzgado; y folios 84 a 87 de cuaderno 11001310501920070005501 del Tribunal), respecto del hecho Sexto del capítulo de Hechos, Fundamentos y Razones de la Defensa del escrito de contestación a la demanda (folio 122 del cuaderno No. 1 del Juzgado); y (v) liquidación final de acreencias laborales de fecha 15 de abril de 2004 entregada por la Compañía al Señor Aoki (folios 77 y 78 del cuaderno No. 1 del Juzgado y folio 112 del cuaderno Anexos 1 del Juzgado).

Resaltó que la modalidad de duración del contrato de trabajo suscrito entre las partes estaba demostrada en el expediente, así como la causa de su terminación, la cual fue la decisión unilateral y sin justa causa del empleador, que dio lugar al pago de la indemnización correspondiente.

Puso de presente que mediante los medios de prueba identificados se demostraba la existencia de un pacto de salario integral, por lo que la condena al pago de prestaciones sociales era improcedente.

El tercer error que la recurrente le imputó al Tribunal, consistió en «[…] no dar por probado que en vigencia del contrato de trabajo que existió entre las partes entre el día 16 de julio de 2003 y el día 15 de abril de 2004, la Compañía pagó al Señor Aoki todos los salarios y vacaciones a que hubo lugar con ocasión a la existencia de dicho vínculo laboral».

El cual tuvo su causa, en la omisión de la valoración de los medios de prueba que se reseñan a continuación:

[…] confesión contenida en el hecho 11 del escrito de demanda sobre el pago de salario al Señor Aoki por parte de la Compañía durante su último año de servicio hasta el 15 de abril de 2004 (folios 10 y 11 del cuaderno No. 1 del Juzgado); (ii) liquidación final de acreencias laborales de fecha 15 de abril de 2004 entregada por la Compañía al Señor Aoki a la finalización del último contrato de trabajo (folios 77 y 78 del cuaderno No. 1 del Juzgado y folio 112 del cuaderno Anexos 1 del Juzgado); (iii) planillas de salarios pagados por la Compañía a sus trabajadores desde el mes de marzo de 2002 hasta el mes de marzo de 2004 (folios 119 a 143 del cuaderno Anexos 1 del Juzgado); (iv) soportes de pagos salariales efectuados al Señor Aoki por parte de la Compañía durante los años 2003 y 2004 (folios 420 a 441 del cuaderno Anexos 1 del Juzgado).

Las planillas de pago de salarios y los soportes contables de dichos pagos (previamente incluidos en los acápites (iii) y (iv) anteriormente relacionados), se erigen en prueba fehaciente del pago al Señor Aoki, por parte de la Compañía, de todos los salarios causados durante la vigencia de las dos relaciones laborales independientes que entre las partes se gestaron (esto es, desde el día 1 de marzo de 2002 hasta el día 27 de junio de 2003 y desde el día 16 de julio de 2003 hasta el día 15 de abril de 2004). Sobra señalar que los comprobantes de pago (folios 420 a 441 del cuaderno Anexos 1 del Juzgado) se encuentran, uno a uno, suscritos por el Señor Aoki en señal de recibo y aceptación del pago que en cada uno de ellos se refiere.

El cuarto implicó haber dado por probado, sin que lo estuviera, que en vigencia de la relación laboral que existió entre las partes, vigente entre el 16 de julio de 2003 al 15 de abril de 2004, la empresa no pagó los aportes al Sistema de Seguridad Social. Dicho yerro se configuró, por la falta de valoración de estos medios de prueba:

[…] (i) certificación de afiliación y pago de aportes al sistema general de pensiones del Señor Aoki expedida por la entidad Colfondos Fondo de Pensiones (folios 469 a 533 del cuaderno Anexos 1 del Juzgado y folios 1 a 18 del cuaderno Anexos 2 del Juzgado); (ii) certificación de afiliación y pago de aportes al sistema general de salud del Señor Aoki expedida por la entidad Sanitas EPS (folios 19 a 75 del cuaderno Anexos 2 del Juzgado); (iii) respuesta al requerimiento No. 112828462 de la entidad Colfondos dirigida al Juzgado Once Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, D.C., de fecha 21 de mayo de 2009 (folios 302 a 304 del cuaderno No. 1 del Juzgado); y (iv) comunicación dirigida por la EPS Sanitas al Juzgado Once Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, D.C., de fecha 27 de mayo de 2009 (folios 302 a 304 del cuaderno No. 1 del Juzgado) […]

Consideró que el Tribunal simplemente omitió la valoración de esos medios probatorios, con los que se acreditaba que cumplió con las obligaciones a su cargo en materia de afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social.

El quinto error consistió en que el Tribunal asumió, sin que hubiera prueba de ello, que la compañía había obrado de mala fe, para imponer la condena al pago de la indemnización moratoria, prevista por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Finalmente el sexto error consistió en la recopilación de los cinco anteriores.

RÉPLICA

El opositor manifestó que la formulación del alcance de la impugnación no observaba la técnica de casación, en cuanto no era claro al no citar adecuadamente el despacho que dictó la sentencia de primera instancia, lo que impediría a la Corte, en el evento de casar, proferir la sentencia de instancia pretendida, pues no se mencionó la providencia dictada por la primera instancia.

En cuanto al fondo del cargo, afirmó que su proposición y desarrollo no respetó la técnica de casación, toda vez que el Tribunal sí apreció el escrito de demanda, por lo que es impropio hacer referencia a una «falta de apreciación», cuando lo pertinente era endilgar una «apreciación errónea» de la pieza procesal.

Afirmó también que lo que la recurrente propuso como «confesión» no era tal, pues la mención de las fechas de los contratos de trabajo suscritos con Fujitsu Ltd. sucursal Colombia no entrañaba una declaración perjudicial para sus intereses.

Del mismo modo, puso de presente que su inasistencia a la audiencia regulada por el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no configuró ninguna confesión, puesto que el Juzgado no dejó constancia de tal hecho, condición necesaria para la materialización del efecto procesal alegado.

Admitió que el Tribunal no valoró la carta de terminación del contrato de trabajo, pero que la circunstancia de la desvinculación debió atacarse tomando como base la demanda originaria, pues esa fue la pieza procesal que el Tribunal tuvo en cuenta para referirse a esta circunstancia.

En cuanto a la liquidación final de salarios y prestaciones, el opositor señaló que la prueba denunciada como no apreciada corresponde a certificados de ingresos y retenciones, de los años 2000 y 2001, así como a una liquidación correspondiente al lapso que va del 16 de junio de 2003 al 15 de abril de 2004, y que tales medios probatorios no afectaban la decisión del Tribunal que se concentró en el período comprendido entre el 28 de junio de 2003 al 15 de abril de 2004, respecto del cual no había prueba de pago, pero sí una certificación laboral que acreditaba que dicho período correspondió a la vigencia de la relación laboral.

Por último, manifestó que la recurrente no atacó la integridad de los fundamentos «fácticos y probatorios» de la sentencia impugnada y, en consecuencia, esta debía mantenerse incólume.

CONSIDERACIONES

En lo que tiene que ver con las objeciones propuestas por la opositora demandante, la Sala considera que son infundadas, en la medida en que la recurrente construyó un cargo en el que es identificable la providencia objeto del recurso, del mismo modo se expuso una acusación razonable.

Así pues, la demanda de casación interpuesta por Fujitsu Ltd. Sucursal Colombia observa los requerimientos exigidos por el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y, en consecuencia, es viable su estudio.

Dicho esto, y respecto del fondo de la acusación, a continuación, se analiza la demanda del siguiente modo:

1. Respecto de la ocurrencia de una confesión judicial.

En cuanto a la confesión aducida por la recurrente, la Sala considera que esta no se configuró en los eventos en los cuales fue propuesta, por cuanto en las piezas procesales denunciadas como no apreciadas, o mal apreciadas – demanda y contestación – no se encuentra que el señor Aoki hubiera incurrido en declaraciones espontáneas que acreditaran hechos que lo perjudicaran, tal como lo exigía el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, vigente en la época de los hechos.

Por otra parte, y respecto de la confesión ficta que se pretende derivar de la inasistencia del señor Aoki a la audiencia regulada por el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la Sala comparte lo expuesto por el opositor, en cuanto que para que esta se configure, es requisito esencial que el Juzgado establezca cuáles fueron los hechos susceptibles de confesión, contenidos en el acto procesal propio de la parte afectada -en este caso la demanda-.

Teniendo en cuenta que en el expediente no existe ninguna providencia que, en el momento procesal correspondiente, hubiese establecido tales hechos, no es posible configurar la confesión alegada y, en consecuencia, no puede predicarse un error en la sentencia impugnada.

2. Respecto del contenido de las condenas impuestas por el Tribunal.

Ahora bien, y respecto del cargo presentado, la Sala considera que el problema fáctico a resolver consiste en determinar si el Tribunal incurrió en un error al imponer las condenas controvertidas al dar por probado que Fujitsu Ltd. sucursal Colombia al omitir el pago de los rubros laborales y de seguridad social correspondientes al período comprendido entre el 27 de junio al 15 de julio de 2003.

Para ello, la recurrente denunció como mal apreciado el documento de folio 41 del expediente, que establece:

La presente hace constar el señor MICHIAKA AOKI, identificado con Cédula de Extranjería No. […] estuvo vinculado a nuestra compañía desempeñando el cargo de Asistente de Gerencia entre le 21 de Marzo de 1993 y el 15 de abril de 2004.

Documento que fue valorado explícitamente por el Tribunal, y respecto del cual manifestó lo siguiente:

[…] dentro del expediente aparece la certificación emitida por el empleador, donde señala el cargo desempeñado por el actor y expresa como fecha de prestación de sus servicios entre el 21 de marzo de 1993 y el 21 de abril de 2004, (fl. 41c- 1), lo que indica que las prestaciones sociales del trabajador dentro del tiempo correspondiente al 28 de junio de 2003 hasta el 15 de abril de 2004, no fueron pagadas por el empleador.

3. Respecto del análisis de los errores denunciados, en concreto

A partir de lo anterior, la Sala procede al análisis del cargo, a partir de los errores individualizados por la recurrente.

Respecto del primer error, se reitera que, la confesión alegada, no se consolidó y, en consecuencia, no existe ningún error imputable al Tribunal al respecto.

En cuanto a los documentos denunciados, los cuales fueron: (i) el documento de folio 41 del expediente, que certifica la existencia de una relación de trabajo, sin solución de continuidad, entre el señor Aoki y Fujitsu Ltd. sucursal Colombia, por el período comprendido entre el 21 de marzo de 1993 y el 15 de abril de 2004; (ii) el acta de conciliación (f.º 53 a 56) suscrita por el señor Aoki y Fujitsu Ltd. sucursal Colombia, en la cual resolvieron las eventuales controversias derivadas del vínculo existente entre el 21 de marzo de 1993 al 28 de febrero de 2002; (iii) el acta de conciliación (f.º 60 a 62) suscrita por las partes, en la que resolvieron las eventuales controversias derivadas del vínculo existente entre el 1 de marzo de 1993 al 28 de junio de 2003; (iv) el contrato de trabajo a término indefinido (f.º 50 a 52), suscrito por las partes ahora litigantes, con vigencia desde el 16 de julio de 2003; (v) la carta de terminación unilateral sin justa causa, por parte del empleador, fechada el 15 de abril de 2004 (f.º 82); y (vi) la liquidación final de salarios y prestaciones derivadas de la terminación del contrato de trabajo a término indefinido suscrito el 16 de julio de 2003 (f.º 112 del cuaderno 1 de anexos).

Las pruebas permiten concluir que entre el señor Aoki y Fujitsu Ltd. sucursal Colombia existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 16 de julio de 2003 y el 15 de abril de 2004, en el que las partes acordaron una remuneración en la modalidad de salario integral, y que terminó por decisión unilateral del empleador y sin justa causa el 15 de abril de 2004.

Además, que la entidad, en su condición de empleador, liquidó y pagó las acreencias laborales correspondientes a la terminación de dicho vínculo, y con arreglo a la modalidad salarial acordada por las partes.

Así las cosas, aparece demostrada la existencia de un salario integral para esta vigencia contractual, circunstancia que implica la causación de los efectos establecidos por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, consistentes en el reconocimiento, por parte del empleador, de una remuneración mensual en la que se incluye un rubro consistente en la retribución salarial y un factor prestacional.

Acordada esta modalidad salarial, corresponde al empleador el correspondiente pago en el que ya están incluidas las obligaciones prestaciones, restándole el reconocimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y la liquidación de las vacaciones.

En ese orden de cosas, le asiste razón a la recurrente, por cuanto el Tribunal incurrió en el error fáctico denunciado y, en ese sentido, se casará la decisión recurrida.

Ahora bien, las mismas pruebas demuestran que entre el 29 de junio y el 15 de julio de 2003 existió una relación de trabajo certificada por el empleador, respecto de la cual no se acreditó el pago de salarios y prestaciones sociales, como tampoco se demostró la existencia de una clausula o acuerdo en cuanto a la naturaleza integral del salario causado, máxime cuando, el artículo 18 de la Ley 50 es explícito en exigir el acuerdo expreso y por escrito para que se surtan sus efectos.

Se arriba a esta conclusión, por cuanto este período no fue considerado por la conciliación suscrita el 28 de junio de 2003, ni amparada por el contrato de trabajo suscrito el 16 de julio de ese mismo año.

Así pues, si bien el Tribunal incurrió en el error señalado por la recurrente, acertó al identificar un período en el cual existió la relación laboral, pero en la que no se acreditó el cumplimiento de las obligaciones del empleador correspondientes a dicho lapso.

En ese sentido, la certificación de folio 41 del expediente demuestra la existencia, sin solución de continuidad, de una relación laboral entre el señor Aoki y Fujitsu Ltd. sucursal Colombia, por el lapso establecido en ella.

En este sentido, no obstante que la recurrente no demostró que durante el período comprendido entre el 28 de junio y el 15 de julio de 2003 hubiese habido solución de continuidad, era válido el razonamiento por virtud del cual se consideró procedente la condena, conforme con la aplicación de la regla de juicio contenida en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Aparece entonces demostrada la terminación de un vínculo contractual el día 27 de junio de 2003, y el inicio de otro, el 16 de julio del mismo año, en los que se pactó el salario integral, es razonable entender que en el entretanto, esto es, el periodo comprendido entre el 28 de junio y el 15 de julio de 2003, existió una relación laboral regida por las disposiciones generales del contrato de trabajo, sin que hubiese variación explícita de la naturaleza del salario devengado en ese lapso.

La circunstancia derivada del reconocimiento de la existencia del contrato, certificada además por el empleador, así como el impago de los haberes propios de la relación laboral, no desvirtúa los fundamentos de la decisión del Tribunal en el sentido de decretar la procedencia de la sanción moratoria prevista por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Al respecto, la simple afirmación del empleador, en el sentido de negar la existencia de la relación de trabajo que fuera decretada por la jurisdicción, no constituye prueba de la buena fe, ni se constituye como un argumento válido para dejar sin efecto lo establecido por el Tribunal y, por lo tanto, no exime de la aplicación de la sanción establecida en el artículo citado.

Acreditado lo anterior, el análisis de los demás errores se torna inane, puesto que se acreditó la existencia de la relación laboral para el período comprendido entre el 16 de julio de 2003 y el 15 de abril de 2004, en el que la recurrente cumplió con las obligaciones a su cargo por dicho periodo.

En ese sentido, el cargo prospera en cuanto el Tribunal incurrió en el error de no dar por probados, estándolo, los efectos de ese período de vinculación. No obstante, el Tribunal acertó al declara la existencia del vínculo laboral por el lapso comprendido entre el 28 de junio al 15 de julio de 2003, y en ese sentido se mantendrá la decisión.

Sin costas en casación, habida cuenta de la prosperidad parcial de las demandas presentadas por los recurrentes.

SENTENCIA DE INSTANCA

Teniendo en cuenta las consideraciones hechas en casación, se propone en sede de instancia resolver los siguientes temas, así:

a. Respecto de la existencia de la relación laboral por el período comprendido entre el 7 de noviembre de 1991 y el 20 de marzo de 1993

Tal como se puso de presente, quedó acreditada la existencia de la relación laboral entre el señor Aoki y Fujitsu Ltd. sucursal Colombia, por el período comprendido entre el 7 de noviembre de 1991 y el 20 de marzo de 1993.

De esta manera en sede de instancia, la Corte revocará la decisión del Juzgado en cuanto fue absolutoria, y declarará la existencia de la relación laboral correspondiente a dicho periodo imponiendo las condenas correspondientes consistentes en la causación y la liquidación de los aportes al Sistema de Seguridad Social, en función de los extremos temporales de la relación laboral, a partir de la constitución de la sociedad Fujitsu Ltd. Sucursal Colombia.

b. Respecto de la existencia de la relación laboral por el período comprendido entre el 28 de junio al 15 de julio de 2003

Al revocar la decisión del Juzgado en lo relacionado con la causación y liquidación de las acreencias laborales, la Corte condenará al pago de estas, correspondiente a la relación laboral entre el 28 de junio y el 15 de julio de 2003, por cuanto fue absolutoria y, como se expuso, es procedente la condena.

En ese sentido, se acreditó que el salario devengado por el señor Aoki, a 28 de junio de 2003, ascendía a la suma de $8.900.000, correspondiente al 70% del último salario reconocido por Fujitsu Ltd. Sucursal Colombia, con ocasión de la terminación de la vinculación laboral vigente hasta el 27 de junio de 2003.

c. Sobre el pago de aportes al Sistema General de Pensiones

Se condenará al pago de los aportes al Sistema General de Pensiones, correspondientes a los periodos comprendidos entre el 7 de noviembre de 1991 al 20 de marzo de 1993, y entre el 28 de junio al 15 de julio de 2003, conforme con el cálculo actuarial que al efecto elabore la entidad de seguridad social en la que se encuentre afiliado el señor Aoki.

Para tal efecto, se tomará en cuenta el ingreso base de cotización que se determina así:

Para los años 1991, 1992 y 1993 será el tope máximo establecido según lo dispuesto por el parágrafo 1º del artículo 20 del Decreto 758 de 1990, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 2610 de 1989, pues de acuerdo con los certificados de ingresos y retenciones correspondientes a estos años, el señor Aoki devengó ingresos anuales por un total de $8.854.563, $12.742.892., $26.482.101, respectivamente.

Para el año 2003, los aportes corresponderán al tope máximo establecido por el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, ya que de acuerdo con la liquidación de salarios y prestaciones sociales correspondiente al vínculo laboral que terminó por efecto de la conciliación de fecha 27 de junio de 2003 (f.º 67 del expediente), se tuvo como salario devengado la suma de $12.715.000, en la modalidad de integral, por lo tanto se tomará como ingreso base de cotización el 70% de esta suma, correspondiente a $8.900.500, suma que a la fecha corresponde a 26,8 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

d. Respecto de los salarios y prestaciones sociales adeudados

Teniendo en cuenta que se declarará la existencia de un vínculo laboral entre el señor Aoki y Fujitsu Ltd. Sucursal Colombia, durante el lapso comprendido entre el 28 de junio al 15 de julio de 2003, y que no se acreditaron pagos por rubros laborales realizados en ese período ni que el pacto del salario integral hubiera estado vigente para este momento, se procederá a la liquidación de estos.

Para ello se tomará como base salarial la suma de $8.900.000, correspondiente al 70% del último salario reconocido por Fujitsu Ltd. Sucursal Colombia, con ocasión de la terminación de la vinculación laboral vigente hasta el 27 de junio de 2003, pues bajo la modalidad de salario integral que rigió previamente, correspondía a la retribución por el servicio.

Así las cosas, se obtienen los siguientes valores:

Auxilio de cesantías por un valor de $445.000.

Intereses a las cesantías por un valor de $26.700.

Prima de Servicios por un valor de $420.377.

Vacaciones por un valor de $222.500.

Salarios por un valor de $5.043.339.

e. Respecto de la indemnización moratoria

En la medida en que no hay prueba que justifique el retraso en el pago de las acreencias laborales correspondientes al período comprendido entre el 28 de junio al 15 de julio de 2003, se condenará a Fujitsu Ltd. Sucursal Colombia, al pago de la indemnización moratoria prevista por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, a razón de $296.683 diarios desde el 16 de julio de 2003, y hasta por 24 meses, y a partir del 16 de julio de 2005, y hasta la fecha en la cual se verifique el pago, los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, calculados sobre las prestaciones dejadas de pagar.

Esta condena es procedente, toda vez que la falta de pago de las acreencias laborales señaladas contradice lo certificado por el mismo empleador, en cuanto a la vigencia de la relación laboral, conforme con lo visto a f.º 41 del expediente, sin que hubiese justificación que excusara a Fujitsu para sustraerse de dicho pago. De manera que no aparece acreditado un proceder de buena fe y, en ese sentido, es procedente la condena decretada.

e. Respecto de la prescripción

Propuesta la excepción de prescripción por la sociedad demandada, la Corte, en sede de instancia, encuentra que esta procede respecto de los rubros salariales y prestacionales causados con anterioridad al 30 de junio de 2002, habida cuenta de la interrupción de la prescripción efectuada por el señor Aoki, mediante reclamación radicada el 30 de junio de 2005.

La figura extintiva no afecta los aportes por concepto de pensión, correspondientes al período comprendido entre el 7 de noviembre de 1991 al 20 de marzo de 1993.

f. Resumen

En virtud de las consideraciones ya hechas se tiene que:

Entre el señor Aoki y Fujitsu Ltd. sucursal Colombia existieron varias relaciones de trabajo, así: (i) del 7 de noviembre de 1991 al 20 de marzo de 1993; (ii) del 21 de marzo de 1993 al 28 de enero de 2002; (iii) del 1º de marzo de 2002 al 27 de junio de 2003; (iv) del 28 de junio al 15 de julio de 2003; y (v) del 16 de julio de 2003 al 15 de abril de 2004.

De estas relaciones de trabajo, finalizaron con el pleno reconocimiento de sus obligaciones laborales, las siguientes:

(i) del 21 de marzo de 1993 al 28 de enero de 2002, mediante la conciliación suscrita el 28 de febrero de 2002; (ii) del 1º de marzo de 2002 al 27 de junio de 2003, mediante la conciliación suscrita el 27 de junio de 2003; y (iii) del 16 de julio de 2003 al 15 de abril de 2004, por efecto de la terminación sin justa causa del contrato de trabajo, comunicada mediante carta del 13 de abril de 2004.

Por su parte, no se encuentra prueba de la existencia de pagos laborales y de aportes al Sistema General de pensiones, correspondientes a los vínculos transcurridos entre el 7 de noviembre de 1991 y el 20 de marzo de 1993, y entre el 28 de junio al 15 de julio de 2003. Como consecuencia de lo anterior, de declarará la existencia de los vínculos laborales y se condenará a su pago por los períodos del 7 de noviembre de 1991 al 20 de marzo de 1993, y del 28 de junio al 15 de julio de 2003.

Así mismo, se condenará al pago de salarios y prestaciones sociales correspondientes al último tiempo señalado, y a la indemnización moratoria correspondiente, causada a partir del 16 de julio de 2003.

Costas en la primera instancia a cargo de la empresa demandada y sin costas en la alzada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013), por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario laboral adelantando por MICHITAKA AOKI contra FUJITSU LIMITED SUCURSAL COLOMBIA S.A. en cuanto a los límites de la relación laboral declarada entre las partes así como en la condena por prestaciones laborales y pago de aportes al Sistema General de Pensiones.

Sin costas en casación.

En sede de instancia, RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá 30 de septiembre de 2011, y declarar la existencia de sendas relaciones laborales entre las partes, a partir de la fecha en que la Sociedad Fujitsu Ltd. Sucursal Colombia nació a la vida jurídica, así:

• Del 7 de noviembre de 1991 al 20 de marzo de 1993.

• Del 21 de marzo de 1993 al 28 de enero de 2002.

• Del 1º de marzo de 2002 al 27 de junio de 2003.

• Del 28 de junio al 15 de julio de 2003.

• Del 16 de julio de 2003 al 15 de abril de 2004.

SEGUNDO: ADICIONAR a la decisión proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá 30 de septiembre de 2011:

DECLARAR que la demandada Fujitsu Ltd. sucursal Colombia, no cumplió con sus obligaciones como empleadora del señor Michitaka Aoki, correspondientes a los siguientes períodos:

• Del 7 de noviembre de 1991 al 20 de marzo de 1993.

• Del 28 de junio al 15 de julio de 2003.

CONDENAR a la demandada Fujitsu Ltd. sucursal Colombia, al pago de las siguientes sumas y conceptos, a favor del demandante, correspondientes al período comprendido entre el 28 de junio al 15 de julio de 2003:

Auxilio de cesantías por un valor de $445.000.

Intereses a las cesantías por un valor de $26.700.

Prima de Servicios por un valor de $420.377.

Vacaciones por un valor de $222.500.

Salarios por un valor de $5.043.339.

CONDENAR a la sociedad Fujitsu Ltd. sucursal Colombia al pago de la indemnización moratoria, por un valor de $296.683 diarios, desde el 16 de julio de 2003, y hasta por 24 meses, y a partir del 16 de julio de 2005, y hasta la fecha en la cual se verifique el pago, los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera.

CONDENAR a la sociedad Fujitsu Ltd. sucursal Colombia al pago de los aportes al Sistema General de Pensiones, correspondientes a los periodos que se identifican a continuación de acuerdo con el tope máximo de cada período, según los términos ya señalados:

Para el año 1991, entre el 7 de noviembre al 31 de diciembre;

Año 1992;

Para el año 1993 por el período comprendido entre el 1º de enero al 20 de marzo de 1993; y

Para el año 2003 en el período comprendido entre el 28 de junio al 15 de julio.

DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción, respecto de lo causado con anterioridad al 30 de junio de 2002, salvo en lo relativo a los aportes al sistema de seguridad social en pensiones correspondientes al período comprendido entre el 7 de noviembre de 1991 al 20 de marzo de 2003.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2011 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá.

CUARTO: Costas como se dispuso en la parte motiva de la sentencia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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