Ficha de la providencia
Sentencia SL612-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL612-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL612-2019
Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa
26 de febrero de 2019
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Magistrado ponente
SL612-2019
Radicación n.° 65688
Acta 006
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LUIS EDUARDO PUENTES OSPINA, contra la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 20 de noviembre de 2013, en el proceso que le instauró al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
Luis Eduardo Puentes Ospina demandó al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones para que fuera condenada a reconocerle y pagarle la pensión especial de vejez, junto con las mesadas adicionales y los intereses moratorios o la indexación.
Fundamentó sus peticiones en que nació el 28 de enero de 1954, por lo que es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 8 del Decreto 1281 de 1994 y se le debe aplicar lo consagrado en el artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, el cual previó la pensión especial de vejez, que consiste en disminuir la edad pensional en un año por cada 50 semanas de cotización especial posteriores a las primeras 750. Que, por haber laborado en socavones, presentó la solicitud prestacional al ISS, quien mediante Resolución n.° 001828 de 2011 la negó por no contar con las semanas de cotización con aporte adicional, pues él aceptó que a pesar de contar con 1324, ninguna fue cancelada en dicha modalidad.
Por no cumplir con los requisitos legales, el Juzgado de conocimiento, tuvo por no contestada la demanda.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 24 de abril de 2013, ordenó a Colpensiones que le reconociera y pagara a Luis Eduardo Puentes Ospina, a partir del 1 de febrero de 2013, la pensión especial de vejez «[…] en cuantía equivalente al porcentaje resultante de computar el número total de semanas cotizadas por el accionante […]», sin que pudiera ser inferior al salario mínimo legal de cada anualidad; y la indexación del retroactivo pensional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, mediante fallo del 20 de noviembre de 2013, revocó la decisión proferida por el a quo, y en su lugar absolvió de todas las pretensiones a Colpensiones.
El Tribunal planteó, como problema jurídico, establecer si el señor Puentes Ospina acreditó los requisitos para ser acreedor de la pensión especial de vejez. Como no los encontró satisfechos, revocó la decisión proferida por el juzgado.
Señaló que no estaban probados los requisitos establecidos en la normatividad aplicable al caso para tener derecho a dicha prestación, puesto que el demandante no contaba con las semanas con cotización adicional estipuladas en el artículo 5 del Decreto 1281 de 1994, norma modificada por el artículo 15 del Decreto 2090 de 2003, sin que fuera posible presumir el trabajo en minería prestando servicio en socavones o en subterráneos, tal y como lo insinúa en la demanda.
Al analizar las pruebas obrantes en el expediente, el ad quem no encontró que alguna de ellas constituyera un indicio de cuál fue la labor desempeñada por el demandante para hacerse beneficiario de la pensión especial de vejez, prestación que no puede ser concedida por el solo hecho de haberlo afirmado así en la demanda inicial.
Señaló que de conformidad con el artículo 3 del Decreto 2090 de 2003, los afiliados al Sistema General de Pensiones en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo 2 ibídem durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial, tendrán derecho a la pensión especial de vejez cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo 4: esto es que tengan 55 años de edad y las cotizaciones especiales durante por lo menos 700 semanas continuas o discontinuas y que hayan cotizado el número mínimo de semanas establecido por el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Aceptó que el señor Puentes Ospina tenía cotizaciones que superaban las 1300 semanas, cumpliendo con el último de los requisitos, y como tenía más de 55 años de edad, no demostró que por lo menos 700 de ellas, continuas o discontinuas, las hubiera laborado en condiciones o en actividades de alto riesgo de las consagradas en el artículo 2 del Decreto 2090 de 2003.
Trajo a colación pronunciamientos de esta Corporación, como las sentencias CSJ SL 42152, 13 jul. 2013, CSJ SL 44996, 21 jun. 2013 y CSJ SL 40252, 20 mar. 2013, indicando que si bien es cierto la no cotización adicional no tiene porqué perjudicar al afiliado, también se ha dicho que el demandante tiene que demostrar que la labor cumplida por él corresponde a las catalogadas como de alto riesgo.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia «[…] se REVOQUE el del A quo y se acojan las súplicas del líbelo genitor».
Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, que merecieron réplica y serán resueltos de manera conjunta por atacar similar elenco normativo y tener idéntica solución.
CARGO PRIMERO
Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos «[…] 57 de la Ley 2° de 1984, 66 Y 66 A del C. de P.L., en armonía con los artículos 305 del C.P.C. y 145 del C.P.L., lo que condujo a la infracción directa de los artículos 7, 10, 13 literales c), f), h), 12 del Acuerdo 049 de 1990 (decreto 758 de 1990), 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993, 7 de la Ley 71 de 1988, artículos 48 y 53 de la C.N.».
Dijo que el Tribunal incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho:
1-. DAR POR DEMOSTRADO, SIN ESTARLO, QUE EL APODERADO DEL INSTITUTO DEMANDADO, MOSTRO (SIC) REPARO FRENTE A LOS ARGUMENTOS DEL JUZGADO PARA DECLARAR PROCEDENTE EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN ESPECIAL DE ALTO RIESGO.
2-. NO DAR POR DEMOSTRADO, CONTRA LA EVIDENCIA, QUE EL APODERADO DE LA DEMANDA NO CUESTIONÓ LAS LABORES EN ALTO RIESGO.
3-. NO DAR POR DEMOSTRADO, ESTADOLO (SIC), QUE EL DEMANDANTE ACREDITO (SIC) LOS REQUISITOS PARA LA PENSIÓN ESPECIAL POR ALTO RIESGO.
Señaló como «PRUEBA CALIFICADA PARA EL CARGO» la siguiente:
• DEMANDA Y RESPUESTA, FOLIOS 2 A 9 Y 20 A 29, ERRONEAMENTE (SIC) APRECIADOS.
• RESOLUCIONES ISS, FOLIOS 10 Y 11, 16 Y 7 (SIC) ERRONEAMENTE (SIC) APRECIADOS.
• DOCMENTO (SIC) DE FOLIOS 12 A 15, REURSOS EN VIA (SIC) GUBERNATIVA, ERRÓENANTE (SIC) APRECIADOS.
• AUDIO SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y RECURSO DE APELACION (SIC) APODERADO DE COLPENSIONES, ERRONEAMENTE (SIC) APRECIADOS.
• AUDIO SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA.
Para la demostración del cargo dijo que el ad quem, de acuerdo con la apelación, consideró que el demandante no acreditó las actividades en labores de alto riesgo, cuando en la alzada, la entidad únicamente cuestionó las semanas sin el recargo adicional, pues desde las actuaciones en vía administrativa, como en la contestación de la demanda, el ISS aceptó la actividad especial del demandante, por lo tanto, ese era un tema pacífico y que estaba acreditado, por lo que no mereció discusión ni en la demanda ni en la sentencia de primera instancia.
Frente al tema de las consecuencias que genera, que una entidad acepte en las resoluciones que emite, determinado hecho, trajo a colación una sentencia de esta corporación, la CSJ SL 31055, 12 dic. 2007.
Frente al argumento del ad quem de que en la historia laboral no aparecen cotizaciones adicionales, así lo aceptó en la demanda y resaltó que por la ausencia de ellas no se puede colegir la inexistencia del derecho.
Para explicar la violación del principio de consonancia que alegó, transcribió apartes de la sustentación del recurso de apelación, de la sentencia de segunda instancia y los artículos 66 y 66A del CPTSS para indicar que el tribunal está limitado a los argumentos del recurso de alzada y que así debe fijar la litis.
Es que, indiscutiblemente, la sentencia se apuntaló, como atrás se dijo, específicamente en la actividad de alto riesgo, la edad y en la densidad de semanas cotizadas, y de todas esas argumentaciones la actividad de alto riesgo quedó indemne o incólumes al no ser atacadas por el recurrente, argumentos que el apelante, se insiste, no rebatió de manera contundente, seguramente porque ya habían sido aceptados por el ISS en la vía gubernativa y en la demanda.
Finalizó diciendo que en sede de instancia, esta corte debe condenar al pago de la pensión especial de vejez por alto riesgo, toda vez que la obligación de cotizar está a cargo del empleador, entonces, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2090 de 2006, si la mora no se puede trasladar al trabajador, no hay justificación para no aplicar el régimen de transición en la pensión especial de vejez.
CARGO SEGUNDO
Acusó la sentencia por «[…] interpretación errónea del artículo 12 del Decreto 1281 de 1994, El artículo 12 del Decreto 1835 de 1994, en armonía con los artículos 22 y 24 de la Ley 100 de 1993, 2 y 5 del Decreto 2633 de 1994, 31 del Decreto 2665 de 1988, artículo 6 del Decreto 2080 de 2003, 50, 141 y 142 de la ley 100 de 1993. Artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional».
Para la demostración del cargo transcribió apartes de la sentencia del tribunal y el artículo 12 del Decreto 1935 de 1994, para decir, que de conformidad con el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, el responsable del recaudo, retención y pago del aporte a la seguridad social es el empleador y es obligación de las administradoras pensionales, realizar el cobro coactivo según lo reglado en el artículo 24 ibídem. Entonces:
[…] es apenas natural que al asegurado no se le niegue la pensión especial de vejez, a pretexto de que el empleador no se cotizó por un porcentaje superior, si, se insiste, de un lado el responsable del recaudo y pago del aporte es el empleador y de otro, cuando se trata del aporte en actividades de alto riesgo ese mayor porcentaje de aportes está a cargo exclusivo del empleador.
RÉPLICA
Se opuso a la prosperidad de la demanda de casación, aduciendo que el recurrente olvidó que el juez de segundo grado está facultado para apreciar en forma racional los medios de convicción en virtud del principio de la libre apreciación probatoria. Aseguró que con el recurso no se atacó el pilar fundamental de la sentencia impugnada que fue la no realización de las cotizaciones adicionales.
CONSIDERACIONES
La Sala encuentra que la demanda de casación presenta múltiples errores de técnica. A pesar de que la jurisprudencia nacional ha morigerado la rigurosidad del recurso, existen unos mínimos exigidos para que la Corporación entre a resolverlo, previstos en los artículos 90 del CPTSS, en concordancia con el 51 del Decreto 2651 de 1991 y en el 23 de la Ley 16 de 1968. Así lo ha indicado en repetidas ocasiones la sala, por ejemplo, en la decisión SL15377-2016, reiterada en la CSJ SL10421-2017 en la que, rememorando otras similares, dijo:
[…] la demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor que su planteamiento y demostración exige, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una demanda de esta naturaleza y categoría está sometida en su formulación a una técnica especial, que de no cumplirse conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable e imposibilita el estudio de fondo de los cargos.
Igualmente, en numerosas ocasiones ha dicho esta corporación que este medio de impugnación no otorga competencia para juzgar el pelito a fin de resolver a cuál de los litigantes les asiste la razón, habida cuenta que la labor de la corte, siempre que el recurrente sepa platear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con objeto de establecer si el juez de apelación al dictar observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto.
Así mismo, los requerimientos del recurso tienen fundamento constitucional, toda vez que en el numeral 1 del artículo 235 de la Constitución Política, le atribuyó a la Corte Suprema de Justicia la función de actuar como «tribunal de casación».
En efecto, la demanda de casación debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos de forma: (i) la designación de las partes; (ii) la indicación de la sentencia impugnada; (iii) la relación sintética de los hechos en litigio; (iv) la declaración del alcance de la impugnación y, (v) la expresión de los motivos de casación. En el recurso se debe indicar cuál o cuáles son los preceptos legales sustantivos, de orden nacional, que estima violados, y el concepto de la violación; si es directamente, por aplicación indebida, interpretación errónea o infracción directa. Igualmente, en caso de estimarse que la transgresión legal ocurrió por la senda indirecta como consecuencia de errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, citará éstas singularizándolas y expresará qué clase de error se cometió.
Recuerda la sala que el recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia, ni admite argumentos formulados como alegatos de instancia; así se ha dicho de forma reiterada, en sentencias como las CSJ SL713-2018 y CSJ SL17901-2017, citando la CSJ SL4281-2017, donde precisó:
Reitera, una vez más, la Corte que el recurso de casación no es una tercera instancia, en la que el impugnante puede exponer libremente las inconformidades en la forma que mejor considere.
Por el contrario, adoctrinado está que el recurrente debe ceñirse a las exigencias formales y de técnica, legales y jurisprudenciales, en procura de hacer procedente el estudio de fondo de las inconformidades, en la medida en que son los jueces de instancia los que tienen competencia para dirimir los conflictos entre las partes, asignando el derecho sustancial a quien demuestre estar asistido del mismo. Al juez de la casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario, satisfaga las exigencias previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la formalidad, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política.
Se ha dicho con profusión que en esta sede, se enfrentan la sentencia gravada y la parte que aspira a su quiebre, bajo el derrotero que el impugnante trace a la Corte, dado el conocido carácter rogado y dispositivo de este especial medio de impugnación.
En efecto, la Corte no tiene facultades para juzgar el pleito, ni para decidir cuál de las partes tiene la razón. Su papel inicial se limita a enjuiciar la decisión del juez de segunda instancia para vigilar que haya observado las normas que estaba obligado a aplicar en la decisión del conflicto sometido a su consideración.
Bajo las anteriores, y necesarias directrices, para la Sala son múltiples los errores de técnica cometidos por el recurrente en la elaboración de la demanda de casación, pero que, en virtud del principio de flexibilización por la morigeración de la rigurosidad del recurso, resultan ser superables, además estamos en presencia de un derecho mínimo, vital e irrenunciable.
Del alcance de la impugnación. Es el petitum de la demanda y debe contener la indicación de lo que se pide a la Corte, es decir, la parte de la sentencia acusada que debe quebrarse, o si es la totalidad de ella; la actividad a desarrollar luego, o sea, indicar si la sentencia de primera instancia debe confirmarse, revocarse o modificarse y en los dos últimos supuestos, cómo debe disponerse en su lugar.
El recurrente, en el alcance de la impugnación, solicitó la «CASACIÓN TOTAL del fallo recurrido, para que en INSTANCIA se REVOQUE el del A quo y se acojan las súplicas del líbelo genitor».
El tribunal revocó la condena proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, que ordenó el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez, de manera retroactiva, junto con las mesadas adicionales, los incrementos anuales de ley y los intereses moratorios; es decir, accedió a todas las súplicas de la demanda, por lo que genera un contrasentido revocar la sentencia de primera instancia para acceder a las pretensiones iniciales.
Pero a pesar de lo anterior, y teniendo en cuenta la argumentación de los cargos, es claro que la crítica formulada a la sentencia impugnada es la tendiente a demostrar en ella la violación del principio de consonancia en concordancia con la apelación presentada por la entidad demandada. Así las cosas, evidente que lo que pretende es la casación de la decisión de alzada y constituida la Corte en sede de instancia la confirmación de la proferida por el a quo.
La vía escogida y el submotivo de violación. En el primer cargo planteó que la vía escogida fue la indirecta en la modalidad de aplicación indebida e infracción directa, mientras que en el segundo cargo solo indicó que la violación era por interpretación errónea, lo que supondría que el ataque se dirigió por la vía de pleno derecho.
En cuanto al primer cargo, pese a que el recurrente aludió a algunos medios de convicción como apreciados de manera errónea, no precisó cuáles fueron los particulares errores de valoración en que incurrió el juzgador, respecto de ellos, en tanto sencillamente manifestó su criterio personal sobre lo que ellos prueban, lo cual, más que la sustentación de un recurso de casación, se traduce en un alegato de instancia, pues como lo ha sostenido la Sala, no sólo basta con señalar la fuente del error sino que es obligación del casacionista, demostrar la ocurrencia efectiva del mismo, lo cual no sucedió en el sub lite.
Igualmente, toda su demostración se dirigió de manera exclusiva a la violación en que incurrió el ad quem del principio de consonancia, consagrado en el artículo 66 y 66A Del CPTSS, al desconocer la decisión del a quo y la apelación formulada por la entidad.
Ello supone la violación de una norma procesal y en consecuencia, la vulneración de un derecho sustancial, por lo que estaríamos en presencia de la tercera modalidad de violación de la ley sustancial: «violación medio». Al respecto, la Corte ha explicado con suficiencia, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL, 15 may. 1995, rad. 7411 reiterada en la CSJ SL, 25 sep. 2012, rad. 44023, que:
Los textos de naturaleza procesal solamente se pueden acusar por violación medio y en relación con los de carácter sustancial, ya que la infracción de la ley en realidad se produce inicialmente sobre aquellos que son el vehículo para alcanzar los preceptos sustanciales.
Frente a este asunto, la Corte ha proferido sentencias como la CSJ SL 32498, 28 abr. 2009, citada en la SL1965-2018 que señala:
De tiempo atrás tiene dicho la jurisprudencia que la casación del trabajo solo se ocupa de los errores in judicando, por decisión expresa de los legisladores, que consideraron pertinente eliminar para esta jurisdicción los errores in procedendo, como sí se contemplan en la civil.
Según se observó en sentencia de casación del 31 de mayo de 1955, “…la comisión redactora de dicha obra (C. P. del T.), dijo en la presentación de este Código “Se suprimen las causales de casación por errores in procedendo, para dejar como principal la de errores in judicando, por infracción de la ley sustantiva.”, lo cual indica que no pueda ser motivo de casación, que el juez hubiere dejado de practicar una prueba pedida oportunamente, o dejado de decretar oficiosamente una que realmente se necesitaba, como lo pretende el recurrente.
En principio, las omisiones probatorias y los vicios del procedimiento deben ser corregidas en las instancias, porque la Corte, por disposición expresa del legislador, no tiene competencia para ello.
No obstante, después de realizar una labor interpretativa, se deduce que lo que pretendió el casacionista fue derruir la sentencia de segunda instancia, por la violación del principio de consonancia, por la errónea apreciación de varios documentos, cuando afirmó que:
[…] el Tribunal, con respecto a la apelación de la parte demandada, consideró que la demandante no acreditaba la actividad en labores del alto riesgo, siendo que el apoderado de la Entidad demanda (sic), había cuestionado únicamente la (sic) semanas, lo que resulta consonante con la demanda que dio origen al proceso y con las resoluciones en que se había resuelto la prestación en vía gubernativa.
[…]
Como se ve, la actividad de ALTO RIESGO había sido planteada desde la demanda (fundado en las resoluciones del ISS) y aceptada por el INSTITUTO accionado en la respuesta, por ella era un tema pacífico y que estaba debidamente acreditado, que el Juez de primera instancia había examinado con suficiencia y por eso no mereció reparto del apoderado de la Entidad demandada al sustentar el recurso de apelación y tampoco al replicar el líbelo genitor del proceso.
Ahora bien, superados los errores de técnica que presenta la demanda de casación, lo primero que analizará la Sala es si el ad quem incurrió en la violación del principio de consonancia, para luego estudiar las actividades catalogadas como de alto riesgo y si es necesario la cotización adicional para el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez.
La controversia que se plantea en el recurso extraordinario de casación es que la decisión del juez de apelaciones debe estar en consonancia con la esbozada en el recurso de apelación, excepto cuando el ad quem conoce del proceso en el grado jurisdiccional de consulta, ya sea a favor del trabajador, o a favor de las entidades estatales que gozan de ese privilegio, razón por la cual no es posible incluir pretensiones a las cuales se renunció en forma expresa o tácita, como ocurre cuando la parte se abstiene de apelar una que fue negada o concedida por el a quo.
La finalidad del grado jurisdiccional de consulta, consagrado en el artículo 69 del CPTSS, es que el juez de alzada analice todas las materias que soportan la decisión de primera instancia, pues, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, la revisión oficiosa debe surtirse, entre otros eventos, cuando las sentencias de primera instancia fueren adversas a la Nación, al departamento, al municipio o a aquellas entidades descentralizadas donde la Nación sea garante.
Para hacer referencia al principio de consonancia, la Sala trae a colación la sentencia SL5863-2014, donde se hizo mención sobre el tema, en lo que interesa, se indicó:
El principio de consonancia fue consagrado en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los siguientes términos:
Principio de consonancia. La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación.
Conforme a su redacción y sentido original, bajo el principio de la consonancia –derivado del apotegma tantum devolutum quantum apellatum- el juez de apelaciones debía resolver el litigio en los precisos términos en que le fuera planteado por el recurrente en la sustentación de la alzada, lo cual le impedía emitir un juicio sobre aspectos no controvertidos en la impugnación, con independencia de que recayeran sobre derechos mínimos del trabajador. Todo lo anterior, bajo un entendimiento formalista que operaba en el estatuto adjetivo laboral en cuanto a la forma de aplicar la consonancia.
En el sub judice, la apelación de la entidad demandada, estuvo dirigida a que, si bien el señor Puentes Ospina cotizó 1324 semanas, ninguna de ellas se hizo con la carga que implica trabajar en labores de alto riesgo.
El Tribunal revocó la decisión de instancia porque el señor Puentes Ospina no cumplió con la carga procesal de demostrar que se desempeñó en las labores descritas en el Decreto 2090 de 2003, sin que sea cierta la afirmación de que lo hizo porque no hay cotizaciones adicionales, hizo referencia a ellas, pues indicó que al menos una prueba de ello, hubiera sido la cotización adicional.
Así las cosas, no existió la vulneración a tal principio y menos aún si tenemos en cuenta la obligación que tiene el juez de segunda instancia de conocer en el grado jurisdiccional de consulta las decisiones que resulten adversas a los intereses de entidades públicas donde la Nación sea garante como sucede en relación con Colpensiones.
A pesar de lo anterior, para dejar clara la posición de la Corporación frente al tema de la cotización adicional en labores de alto riesgo, se ha dicho de manera pacífica que el demandante tiene la carga de probar que desempeñó funciones de dicha actividad, y los espacios entre los cuales lo hizo, pues no basta la simple afirmación de que ello fue así para hacerse acreedor a la prestación económica. Así lo señaló en la CSJ SL2724-2018:
[…] si la norma que reconoce la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo exige reunir las cotizaciones exigidas para tal efecto efectuadas en el ejercicio de los cargos especiales que dan lugar a ella, no podía el juez laboral dar por demostrado todo el tiempo de servicio requerido con la sola demostración que se desempeñó en el oficio calificado, sin estar precisado el tiempo en que esto se dio. Máxime que el tiempo desempeñado en cada cargo no se trata de un hecho cuya prueba no esté al alcance del accionante como para trasladar al demandado, con presunciones no establecidas en la ley para la valoración probatoria, la carga de desvirtuar el hecho contrario so pena de ser condenado.
Y la sentencia CSJ SL1667-2018 dijo:
6. Con todo, si esta Corporación actuara con amplitud y entendiera que el censor al enunciar en su escrito el «estudio técnico de riesgos realizado por la ARP del ISS» acusa la errónea valoración del «informe sobre estudio de temperatura practicado a la empresa Industrias Philips (sic)» elaborado por el Instituto de Seguros Sociales en septiembre de 1983 (f.° 32 a 54), el argumento esbozado no tiene la entidad para quebrar la sentencia puesto que, es equivocada su disertación al considerar que la exposición a altas temperaturas en algunas secciones de producción (sección vidrio y alumbrado) automáticamente se extienden a las demás áreas debido al objeto principal que desarrolla la empresa, pues una cosa es que existan espacios y actividades con temperaturas altas y otra muy diferente que el promotor del juicio efectivamente hubiese desarrollado sus labores expuesto a esos factores de riesgo, lo cual no se colige de tal instrumento.
De igual forma, este solo documento no logra derruir el argumento del Tribunal, según el cual el actor tampoco probó que estuvo sometido a esas actividades durante el tiempo mínimo que exige la ley que regula el derecho pensional invocado, es decir, por un lapso superior a las 750 semanas, pues no se evidencia que a partir de la fecha de expedición del informe que lo fue en 1983, estuviera expuesto a factores catalogados como de alto riesgo. De suerte que el reproche carecería de fundamento y la sentencia queda revestida con la presunción de acierto y legalidad que la acompaña.
Conforme a lo expuesto, se tiene que el juez de apelaciones no incurrió en los yerros endilgados, lo que permite colegir a esta sala que la sentencia se conserva en su doble presunción de legalidad y acierto, pues el censor no logró a través del recurso derruir la decisión soportada en los análisis que acusó.
En consecuencia, los cargos no prosperan.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013) por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LUIS EDUARDO PUENTES OSPINA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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