Ficha de la providencia
Sentencia SL619-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL619-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL619-2020
Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura
4 de febrero de 2020
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL619-2020
Radicación n.º 69780
Acta 003
Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veinte (2020).
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por JOSÉ RAMÓN BARROS LEÓN contra la sentencia proferida por la Sala Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 30 de julio de 2014, en el proceso que le sigue a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP-, y a la GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A. E.S.P. –GECELCA S.A. E.S.P.– y al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES integrados al proceso como litisconsortes necesarios.
ANTECEDENTES
José Ramón Barros León demandó a la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. (Corelca S.A.), hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), con el fin de que fuera condenada al pago de,
[…] la diferencia que resulte entre el monto de la pensión que le reconoció el Instituto de Seguro Social al demandante con base en los salarios deficitarios asegurados por CORELCA y la que le hubiere correspondido (sic) (i) esta empresa hubiere reportado y cotizado al Instituto de Seguros Sociales los salarios realmente devengados por el asegurado desde el 1 de abril de 1994 cuando entró a regir la Ley 100 de 1993 hasta la fecha de retiro de la empresa y (ii) si CORELCA hubiere certificado al Instituto de Seguros Sociales, los salarios promedios por el devengados durante los 10 últimos años laborados.
Así mismo, solicitó que se condene a la UGPP a reconocer y pagar,
[…] la pensión de jubilación de naturaleza legal establecida en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, causada a su favor a partir de la fecha en que cumplió el requisito de edad (55 años), la cual se cancelará de manera vitalicia de manera compartida, hasta por el mayor valor diferencial resultante entre el monto de la pensión de jubilación pedida y la otorgada por el Instituto de los Seguros Sociales.
Adicionalmente, pidió que se pagaran «[…] los valores correspondientes por cada una de las diferencias retroactivas pensionales causadas e insolutas desde la causación del derecho deprecado» y la indexación correspondiente.
Respaldó sus pretensiones señalando que nació el 24 de mayo de 1952; que trabajó para Corelca S.A., hoy UGPP, desde el 16 de junio de 1973 hasta el 4 de noviembre de 1998 en calidad de trabajador oficial; que antes de finalizar su relación laboral con la demandada, cumplió el requisito de tiempo de servicio del artículo 1º de la Ley 33 de 1985; que estuvo afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad en Colombia Sintraelecol, y que fue beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo celebradas entre Corelca S.A. y dicho sindicato.
Aseguró que, a partir del 2 de abril de 1994, la demandada lo vinculó al Sistema General de Pensiones a cargo del ISS; que Corelca S.A. le cotizó no con base en lo establecido antes de la Ley 100 de 1993, sino por los factores salariales que describe el Decreto 1158 de 1994.
Explicó que, de conformidad con el artículo 8, literal e) de la Convención Colectiva de Trabajo vigente entre 1991 y 1993, para liquidar la pensión de jubilación, vejez, invalidez o muerte se tendrían en cuenta los mismos 11 factores de liquidación para la cesantías como son «[…] la asignación básica mensual, el incremento por Antigüedad, Subsidio de Transporte, Subsidio de Alimentación, Primas de Servicio, Prima de Navidad, Prima de Vacaciones, Prima de Antigüedad, Horas extras, Recargos Nocturnos y Viáticos».
Relató que de la base de cálculo para las cotizaciones
[…] se excluyeron factores prestacionales que (sic) como: prima de antigüedad, subsidio de alimentación, incremento por antigüedad, sobresueldos, recargos, viáticos, prima de servicio extralegal, prima de navidad y prima de vacaciones, como gananciales computables para el cálculo del monto de esta pensión legal.
Afirmó que, al cumplir la edad de 55 años, «[…] CORELCA debió reconocer oficiosamente al demandante la respectiva pensión legal establecida en la Ley 33 de 1985. CORELCA debía avisar al ISS dicho reconocimiento de la pensión de jubilación para que éste la subrogara hasta el monto de los salarios asegurados a nombre del afiliado como trabajador oficial».
Agregó que el ISS reconoció la pensión mediante la Resolución n.º 1436 del 16 de junio de 2009, teniendo en cuenta que se encontraba en el régimen de transición y que cumplía con los requisitos de la Ley 33 de 1985; y que, cuando cumplió la edad, el promedio actualizado de los salarios realmente devengados en los últimos 12 meses de trabajo para la demandada, era superior al IBL establecido por el ISS de acuerdo con las cotizaciones deficitarias efectuadas por la empresa.
Al dar respuesta, la UGPP se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la fecha de vinculación del demandante a la empresa y el reconocimiento de la pensión por parte del ISS, pero adujo que los emolumentos solicitados por el demandante:
[…] no constituyen factor salarial, ni son factores prestacionales, ni se encuentran constituidos como gananciales en ninguna de las convenciones colectivas suscritas entre Corelca y el sindicato, así como tampoco se ordenó incluir factores adicionales a los previstos en el decreto 1158 de 1994 para efectos de cotizar a los riesgos IVM.
En su defensa, propuso las excepciones de prescripción, falta de legitimación por pasiva, inexistencia de la obligación y falta de integración del litisconsorcio.
Con base en la última excepción, fue vinculada al proceso la Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A. E.S.P. (en adelante Gecelca S.A.), quien presentó oposición frente a la prosperidad de la demanda y, con relación a los hechos, afirmó que no le constaban.
Propuso la excepción de prescripción.
Por último, el Instituto de Seguros Sociales, (en adelante Colpensiones), quien fue integrado oficiosamente mediante proveído del 7 de febrero de 2013, no contestó la demanda.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Tercero Laboral de Descongestión del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia del 13 de diciembre de 2013, resolvió:
PRIMERO: ABSOLVER a la empresa CORPORACION ELECTRICA (sic) DE LA COSTA ATLANTICA (sic)S.A. ESP. “CORELCA S.A. ESP” en liquidación, de las suplicas (sic) de la demanda promovida por el señor JOSE RAMON BARROS LEON (sic), de conformidad con la parte considerativa del presente fallo.
SEGUNDO: ABSOLVER a las integradas en litisconsorcio empresa GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA (sic) DEL CARIBE S.A. ESP., GECELCA S.A. ESP. Y al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES, de las pretensiones de la demanda, por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante providencia del 30 de julio de 2014, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmó la sentencia de primera instancia.
Estableció como problema jurídico determinar,
[…] si procede la reliquidación de la pensión de jubilación legal del demandante, por cuanto CORELCA debió reconocer tal, teniendo como factores salariales asignación básica, incremento por antigüedad, viáticos, horas extras, recargos, subsidio de transporte, subsidio de alimentación, primas de servicio, prima de navidad, prima de vacaciones y prima de antigüedad, los cuales corresponden igualmente a los utilizados para hallar el promedio base de la liquidación de las cesantías.
Explicó que no existió controversia con respecto al reconocimiento de la pensión de jubilación mediante la Resolución n.º 1436 del 16 de junio de 2009 por parte del ISS, así como a la aplicación de la Ley 33 de 1985, en virtud del régimen de transición.
Sostuvo que, si bien el régimen de transición, contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, permitía adquirir la prestación a través del cumplimiento de los requisitos de edad y semanas del régimen anterior, con el fin de proteger las expectativas legítimas,
[…] este régimen de transición no es un puente total hacia una legislación anterior sino que solamente permite la aplicación de la edad, semanas cotizadas y monto pensional, refiriéndose con este último a la tasa de reemplazo, ya que el ingreso base de liquidación se encuentra contemplado en el inciso 3º del artículo mencionado.
Adujo que el reconocimiento de la pensión legal no estaba a cargo de la UGPP, debido a que «[…] el INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL reconoció la pensión de carácter legal al demandante tal como pude (sic) observarse en la Resolución Nº 1436 de 16 de junio de 2009, por haberse realizado cotizaciones a favor del demandante por parte de CORELCA al MINISTERIA DE HACIENDA».
Advirtió que, si bien no se discutía que en el caso era aplicable la Ley 33 de 1985, esta solo lo era en lo relativo al requisito de edad y semanas cotizadas, por lo cual «[…] lo concerniente al ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y en lo que tiene que ver con los factores salariales, se debe hacer remisión al artículo 1º del Decreto 1158 de 1994».
Concluyó lo siguiente:
No falta realizar mayor análisis para determinar que la pretensión del demandante se encuentra llamada al fracaso, toda vez que habiéndosele reconocido al demandante pensión legal a través del régimen de transición contemplado por la Ley 100 de 1993, solamente lo concerniente a monto, edad y semanas cotizadas del régimen anterior, esto es que lo demás habrá de regirse por las normas del Régimen General de Pensiones, Ley 100 de 1993 y aquellos que le reglamenten, siendo así que para el caso de los factores salariales la norma aplicable es el Decreto 1158 de 1994, no el régimen anterior al que estuviere afiliado el demandante.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los términos en que fue presentado y dentro de las competencias que otorga el recurso extraordinario.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones incoadas en la demanda.
Con tal propósito, formuló un cargo, el cual fue oportunamente replicado por Colpensiones y Gecelca S.A.
CARGO ÚNICO
Acusó la sentencia de violar por la vía indirecta,
[…] en la modalidad de FALTA DE APLICACIÓN del artículo 1° de la Ley 33 de 1985, 17 de la ley 6° de 1945, artículo 27 del decreto 3135 de 1968 y artículo 75 del Decreto 1848 del mismo año, artículos 11, 36 y 272 de Ley 100 de 1993, artículo 76 de la Ley 90 de 1946, Art- 26 del Decreto-Ley 2665 de 1988 y artículos 19 y 72 del decreto 3063 de 1989, ambos del Instituto de Seguros Sociales, Art. 36 Ley 100 de 1993 y el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, como consecuencia de ERRORES DE HECHO manifiestos u ostensibles, evidentes consistente en la falta de apreciación de medios de prueba calificados que obran materialmente en el proceso, SE VIOLARON Artículos 127 y 128 del CST. y SS., Art. 1° y 1° de la Ley 54 de 1962, y 1° y 2° del Decreto 1264 de mayo 13 de 1997, por el cual se promulga el “Convenio 95 relativo a la protección del salario”. Igualmente por aplicación indebida del Decreto 1158 de 1994.
Enumeró como errores de hecho manifiestos, los siguientes:
No dar por demostrado, estándolo, que la pensión que pide el demandante es una pensión de naturaleza legal mejorada convencionalmente, COMPARTIBLE con la pensión otorgada por el ISS.
No dar por demostrado, estándolo, que la convención colectiva de trabajo establece en su artículo 16, factores salariales que implican una base de liquidación que debió tener en cuenta la demandada para cotizar al ISS o asumir la diferencia de la pensión legal compartida.
No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que el actor devengó de CORELCA S.A. ESP. un salario promedio en el último año de servicios, el cual al actualizarlo, resulta superior al evidenciado por el Instituto de Seguros Sociales al establecer el Ingreso Base de Liquidación, que sirvió de base para asignarle pensión de jubilación con base en la ley 33 de 1985.
No dar por demostrado, a pesar de estarlo que los salarios asegurados para los riesgos de IVM ante el ISS, como aparece en Certificación de la demandada que los salarios base de cotización (IBC) que fueron reportados al ISS durante los últimos doce (12) meses de servicios desempeñados por el recurrente fueron inferiores a los realmente devengados.
Aplicar los decretos 1748 de 1995 y Decreto 1158 de 1994 siéndole aplicable al recurrente el Régimen de Transición (Art. 11, 36 y 272 Ley 100 de 1993), puesto que estas normas tiene (sic) como destinatarios a los servidores públicos que quedaron por fuera del régimen de transición.
Indicó como pruebas no apreciadas:
Certificación de la demandada que los salarios base de cotización (IBC) que fueron reportados al ISS durante los últimos doce (12) meses de servicios desempeñados por el recurrente.
Convención Colectiva de Trabajo, Art. 16, que expresa:
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: FACTORES SALARIALES
“A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo LA EMPRESA aplicará los factores salariales para el pago de prestaciones sociales a su (sic) trabajadores oficiales, de acuerdo a la siguiente relación:
e) PENSION (sic) DE JUBILACION (sic), INVALIDEZ Y VEJEZ – CESANTÍAS
Asignación básica, incremento por antigüedad, viáticos, horas extras y recargos, subsidio de transporte, subsidio de alimentación, primas de servicio y navidad, prima de vacaciones y prima de antigüedad.”
Indicó que considerar que el empleador se encontraba liberado de aplicar la Ley 33 de 1985, so pretexto de que la pensión legal ya se encontraba otorgada, y a pesar de que el IBC establecido por el ISS resultara inferior, sería patrocinar que se cotizara por salarios inferiores a los realmente devengados por el trabajador.
Adujo que el «a quo» (sic) omitió el hecho de que se encontraba amparado por el régimen de transición, por lo que ni el Decreto 1748 de 1995 ni el 1158 de 1994 eran aplicables a su caso concreto, sino únicamente para «[…] los servidores públicos que quedaron por fuera del régimen de transición».
Indicó que el Consejo de Estado emitió el concepto nº. 857 del 29 de agosto de 1996, donde definió de manera clara «[…] cual es el ingreso base de cotización para los aportes al riesgo de vejez para de (sic) los beneficiarios del Régimen de Transición establecido por la ley 100 de 1993 cuando siendo trabajadores oficiales, convencionalmente se han pactado factores salariales diferentes a los del decreto 1158 de 1994».
De lo anterior, resaltó, entre otras cosas, lo siguiente:
En consecuencia, dentro del actual sistema de seguridad social, partiendo del principio de que la ley señala los derechos mínimos a los trabajadores oficiales y reconoce que no hay impedimento para que mediante la negociación colectiva los sindicatos mejoren la situación laboral de todos los trabajadores, se abrió campo para que a partir de la vigencia de la ley 100 de 1993 se puedan exigir derechos reconocidos en convenciones colectivas por trabajadores oficiales para que entren a formar parte de las liquidaciones pensionales.
[…]
Los factores constitutivos de salario para la liquidación del monto de pensión de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición, son los que contemplaba el régimen anterior a la ley 100 de 1993, al cual estaban afiliados.
Estando específicamente previstos en el régimen anterior los factores de salario que debían tenerse en cuenta para la liquidación de la pensión de jubilación o vejez correspondiente, a ellos debe sujetarse esta liquidación.
De conformidad con el artículo 36 de la ley 100 de 1993, los factores de salario que determinan el monto de la pensión vejez, se rigen por el régimen anterior al cual se encontraba afiliado el servidor público.
En consecuencia, el decreto 1158 de 1994 dictado en desarrollo del artículo 18 de la ley 100 de 1993, no es aplicable al régimen de transición salvo que las personas interesadas se acojan voluntariamente “al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen” (art. 36, inciso 5º).
El régimen de transición no permite tener en cuenta en las liquidaciones de las pensiones de vejez de los empleados públicos, factores salariales pactados por convención colectiva.
En cambio, a los trabajadores oficiales conforme al artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, se les aplica el régimen anterior a la vigencia de la ley 100 de 1993 y para ellos esta (sic) concebido este que salvaguarda “los derechos adquiridos conforme a disposiciones anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo” (arts. 11 y 283).
Por otra parte, sostuvo en cuanto a la pensión de jubilación, que el demandante laboró por más de 20 años para Corelca S.A., hoy UGPP, y que la Ley 33 de 1985 consagra el derecho pensional respecto del empleado oficial que cumpla los 20 años de servicio y los 55 años si es hombre,
Así pues, se anota que como en este caso el acuerdo convencional indica que la pensión de jubilación se pagará de acuerdo a la ley, ósea 20 años de servicios continuos o discontinuos, y 55 años de edad, y la ley permite a los trabajadores oficiales obtener el reconocimiento y pago de las pensiones de jubilación estando fuera o dentro del servicio.
En lo referente a la aplicación de los factores salariales, agregó que la Convención Colectiva de Trabajo, en su artículo décimo tercero, determinó dichos factores, de esta manera,
[…] resulta evidente que la demandada le cotizó al demandante para los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) computando únicamente como factores del ingreso base de cotización (IBC) los factores salariales que determina el decreto 1158 de 1994, ingreso base de cotización (IBC) en el que se encontraban excluidos factores salariales remuneratorios de origen legal, precisados como derechos ciertos en la ley.
Insistió en que no se dio por demostrado que este percibía otros factores salariales de manera permanente que no fueron incluidos para efectos de la determinación del IBL, y adicionalmente,
[…] el ad-quem no atendió los argumentos de la apelación […] es de recordar, que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido su posición mayoritaria, consistente en que para liquidar una pensión legal del régimen de transición pensional de una persona que accedió a ella por haber servido a un empleador oficial por más de 20 años y cumplido la edad o la totalidad de requisitos con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, la base salarial para tasar la correspondiente mesada pensional es la señalada en el inciso tercero del artículo 36 de ese ordenamiento, resultando en estas condiciones procedente la actualización del ingreso base de liquidación o la mal denominada indexación de la primera mesada.
Adujo que, como consecuencia de lo anterior, el Tribunal incurrió en un error de hecho,
[…] EXHORBITANTE (sic) al tener como prueba del salario el valor histórico estacionado en el tiempo (30 de agosto de 1998), desconociendo la desvalorización del signo monetario peso, omitiendo actualizar conforme lo prevé el artículo 36 de la ley 100 de 1993, inciso 3 la suma que sirvió de base para establecer el promedio mensual del último año de servicio, ya señalada, violado (sic) de manera indirecta el artículo 1 de la ley 33 de 1985, puesto que hizo inane el derecho merecido, estableciendo un (sic) diferencia negativa, que según su error, no permitía hacer efectivo el derecho diferencial de la pensión causada y exigible a favor de mi defendido.
RÉPLICAS
Colpensiones manifestó, en primer lugar, que el cargo tenía errores de técnica y no reunía lo mínimo para ser estudiado de fondo, por cuanto mezclaba aspectos jurídicos y fácticos, al referirse a pruebas no apreciadas y simultáneamente realizar «[…] una serie de citas y afirmaciones que tienen más relación con aspectos jurídicos, mezclando además elementos de tipo fáctico, como citar la convención colectiva de trabajo».
Indicó que, el recurrente dirigió todos sus argumentos hacia la responsabilidad del empleador por efectuar aportes por debajo de los salarios reales, e inclusive adujo que lo debatido «[…] NO es responsabilidad de la aseguradora».
A partir de lo anterior, señaló que el problema jurídico no lo vinculaba, puesto que realizó la liquidación de la prestación económica de manera correcta, ciñéndose a las cotizaciones realizadas, aunado al hecho de que el impugnante pretendía deducir responsabilidad de manera exclusiva del empleador, por lo que no le era imputable incumplimiento alguno.
Concluyó entonces que,
Como consecuencia de lo relatado, sin duda alguna se aprecia que debe mantenerse la absolución respecto de la Administradora, pues procedió bien la entidad al liquidar la pensión con fundamento en lo cotizado, y en el evento que el empleador haya cotizado por debajo del salario real, ello le es imputable a dicho empleador, mas no a la entidad de seguridad social.
Por su parte, Gecelca S.A resaltó que el recurrente cometió errores de orden técnico, al mezclar reproches de la vía directa con la directa, puesto que resaltó presuntos errores de hecho, pero orientó su argumentación hacia razones de puro derecho, y que ello era suficiente para desestimar el cargo.
Así mismo, indicó que, a diferencia de lo afirmado por el censor, la convención presuponía la existencia de un vínculo contractual al momento del reconocimiento de la pensión, situación que, en su sentir, no sucedió.
Para precisar su argumento, transcribió un aparte de la sentencia CSJ SL, 29 noviembre 2006, radicado 29776, y adujo que, por haber fungido como trabajador oficial, al demandante se le debía aplicar el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 para efectos de determinar el ingreso base de cotización, y que los factores enunciados en dicha norma son «[…] los únicos que se debían considerar para realizar las cotizaciones al Sistema General de Pensiones», teniendo en cuenta lo sentado por la sentencia CSJ SL, 31 enero 2012, radicado 37412.
Concluyó que el Tribunal ajustó su decisión a derecho, y que al recurrente, «[…] se le realizaron sus cotizaciones a la seguridad social en la forma correcta».
CONSIDERACIONES
Le asiste razón a los opositores en las apreciaciones de naturaleza técnica que realizan, puesto que, en el cargo formulado, el impugnante planteó razonamientos de naturaleza tanto fáctica como jurídica, a pesar de que la acusación se orientó por la vía indirecta.
Sobre el particular, la Sala dispuso en sentencia CSJ SL11917-2017 lo siguiente:
Se ha reiterado por esta Sala, y así lo enseña la lógica misma de la argumentación, que sólo (sic) raciocinios de estricto derecho son los adecuados para demostrar la violación que por la vía directa se le enrosca al Tribunal; y, de otra parte, sólo (sic) las valoraciones probatorias, se encuentran en posibilidad de acreditar la transgresión que por la senda de los hechos se le atribuye al superior.
No obstante, la falencia técnica y de acuerdo con la flexibilización que viene acogiendo esta Sala frente a la rigurosidad de la técnica de casación por tratarse de un derecho fundamental en discusión, esta se entiende superada y la Sala procede a su estudio de fondo.
Así las cosas, el problema jurídico que se plantea a la Corte para su estudio consiste en establecer, si erró el Tribunal al considerar únicamente los factores salariales del artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 para determinar la base de cotización de la prestación solicitada, sin incluir los contemplados en la Convención Colectiva de Trabajo.
No es objeto de discusión que, (i) José Ramon Barros León nació el 24 de mayo de 1952; y (ii) que le fue reconocida la pensión de jubilación por el ISS a través de la Resolución n° 1436 de 16 de junio de 2009, en virtud de la Ley 33 de 1985 por remisión del régimen de transición del articulo 36 de la Ley 100 de 1993.
Cuestiones previas
Antes de abordar el problema jurídico, conviene precisar que, la pensión convencional a pesar de ser mencionada por el casacionista no será abordado por la Sala, toda vez que no existe discusión alguna frente al origen de la misma.
Además, la demanda de casación no es clara frente al tratamiento que pide el impugnante sobre la pensión de jubilación, pues pareciera que solicitara su reconocimiento cuando indica que según el texto de la convención «[…] la pensión de jubilación se pagará de acuerdo con la ley, o sea 20 años de servicios continuos o discontinuos, y 55 años de edad, y la ley permite a los trabajadores oficiales obtener el reconocimiento y pago de las pensiones de jubilación estando fuera o dentro del servicio».
Sin embargo, en los errores de hecho que le atribuyó al Tribunal, señaló que este se equivocó al «No dar por demostrado, estándolo, que la pensión que pide el demandante es una pensión de naturaleza legal mejorada convencionalmente COMPARTIBLE con la pensión otorgada por el ISS».
De cualquier forma, no le asiste razón al recurrente en lo que plantea, pues la pensión de jubilación que aquí se menciona, requería, según la Convención Colectiva, que el futuro beneficiario tuviera la calidad de trabajador al momento de reconocerse la prestación económica.
Dicha exigencia no fue cumplida por José Ramón Barros León quien alcanzó el requisito de edad en el 2007, con posterioridad a la finalización del vínculo laboral, que aconteció en el año de 1998.
Este razonamiento fue explicado por esta Corporación, entre otras, en las sentencias CSJ SL2478-2017, CSJ SL609-2017 y CSJ SL11917-2017 así:
[…] cuando las partes no estipulen expresamente que la prestación pensional de origen convencional puede ser causada con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo, la única lectura posible de la cláusula, de conformidad con el artículo 467 de Código Sustantivo del Trabajo, es que el derecho procede siempre y cuando se reúnan los requisitos en este caso, de edad y tiempo de servicios, mientras esté en vigor el vínculo laboral, y en ese punto se precisa la doctrina de la Corporación sobre este tema.
En un asunto similar, esta Sala en sentencia CSJ SL3137-2018, reiterada en la CSJ SL1932-2019, cuya parte demandada es la misma, explicó que:
En ese sentido, a partir de la sentencia CSJ SL11917-2017, esta corporación replanteó su visión en torno a la misma cláusula convencional materia de análisis y definió que tenía un solo entendimiento razonable, en virtud del cual estaba dirigida exclusivamente a trabajadores activos y, por lo mismo, la edad era un requisito de causación de la pensión de jubilación allí prevista y debía ser cumplida en vigencia del contrato de trabajo. Señaló expresamente la Corte:
Es menester señalar que pese a las consideraciones que se realizaron sobre la interpretación de la norma convencional en comento, donde se encontrara razonable la determinación del tribunal que concluye en reconocer el derecho pensional; debe decirse que una lectura atenta a la citada cláusula permite llegar a la conclusión de que sus previsiones están dirigidas solamente a aquellos trabajadores activos al momento de cumplir los requisitos.
Dado que ya existe asentado precedente judicial y lectura única de la mencionada cláusula convencional, no tiene razón el recurrente y no prospera el error planteado.
ii. Sobre los factores salariales
La censura acusó al juzgador de haber incurrido en los errores de hecho que expuso, por no haberse percatado de que la UGPP no reportó al ISS los salarios realmente devengados que se debieron tener en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión de vejez por parte del Instituto.
Al respecto, el Tribunal explicó que el régimen de transición únicamente permitía la aplicación de la normativa anterior en lo concerniente a la edad, las semanas cotizadas y el monto pensional, en tanto que los factores salariales a tener en cuenta para constituir la base de la cotización eran los consagrados en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.
Es de recordar que, esta Corte ha definido en múltiples sentencias que el régimen de transición, contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, implica para sus beneficiarios la aplicación de disposiciones anteriores a la vigencia de dicha ley, exclusivamente en lo concerniente a la edad, al tiempo de servicios y al monto de la pensión, entendido como tasa de reemplazo y no como ingreso base de liquidación IBL, tal y como lo afirmó el Tribunal.
En sentencia CSJ SL4657-2017, reiterada en la CSJ SL4858-2019, esta Corporación expuso:
Ahora bien, para definir el primero de los interrogantes, esta Sala de la Corte ha insistido que el régimen de transición garantizó la aplicación de las disposiciones anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993 tan sólo (sic) en tres aspectos puntuales: la edad, el tiempo de servicios y el monto de la prestación, entendido este último como el porcentaje o tasa de reemplazo, en tanto que, el modo de obtener el ingreso base de liquidación, se encuentra regulado explícitamente por las disposiciones de la Ley 100 de 1993, por ende, no resulta viable acudir a normatividades anteriores para establecerlo.
A su vez, el análisis realizado por el Tribunal, en el que determinó que los factores salariales computables para el cálculo del IBL eran los contemplados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, coincide con lo enseñado por la Sala en sentencia CSJ SL164-2018, reiterada en las CSJ SL3391-2019 y CSJ SL5130-2019:
De manera pacífica, reiterada y uniforme, esta Sala ha defendido el criterio según el cual los factores salariales a tener en cuenta para liquidar las pensiones de los servidores públicos que causaron sus prestaciones en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, son los consignados en el artículo 1.º del Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6.º del Decreto 691 de ese mismo año. Por ejemplo, en fallo CSJ SL 17192, 26 feb. 2002, reiterado en SL 44206, 29 may. 2012, SL1851-2014 y SL4870-2017, sobre el particular, se expuso:
‘El artículo 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993, no define los elementos integrantes de la remuneración del afiliado sujeto al régimen de transición, que conforman el ingreso base para calcular el monto de las cotizaciones obligatorias al Sistema General de Pensiones, ni tampoco los que deben conformar el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez, sino que establece los periodos de remuneración que deben tomarse en cuenta para determinar este ingreso’.
Por consiguiente, para los referidos efectos resulta indispensable remitirse a lo que dispone el artículo 18 de la ley de seguridad social en cuanto define que el salario mensual base de cotización para los trabajadores particulares será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y que el salario mensual base de cotización para los servidores del sector público será el que señale, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992. Y no debe perderse de vista lo que precisaron las normas reglamentarias al respecto para los trabajadores particulares y para servidores públicos.
Surge entonces de lo expuesto que el juzgador de segundo grado no se equivocó al aplicar en este caso el artículo 1º del Decreto Reglamentario 1158 de 1994 que señala los factores que determinan el salario mensual de base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos, dado que esta disposición forma parte de dicho régimen y en ella no se hace exclusión de ninguna clase.
Es dable colegir, por lo tanto, que el Tribunal acertó al determinar como aplicable al caso el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, y que el mismo no tiene como únicos destinatarios a los servidores públicos excluidos del régimen de transición, como afirmaba el impugnante, por lo que la Sala no considera que el juzgador hubiera cometido el error que se le atribuyó.
En esa medida, no es viable la reliquidación de la pensión de vejez, con los factores salariales del texto convencional analizado, toda vez que, para efectos de establecer la cuantificación de la mesada pensional, la ley se remite a aquellos que tuvo en cuenta el Tribunal, es decir: la asignación básica mensual; los gastos de representación, la prima técnica, cuando sea factor salario; las primas de antigüedad, y de capacitación cuando sean factor salario; la remuneración por trabajo dominical o festivo; la contraprestación por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna y la bonificación por servicios prestados.
Por consiguiente, en la medida en que no fueron demostrados los errores de hecho en los que incurrió el Tribunal, no fue desvirtuada la presunción de legalidad y acierto que le asiste a la sentencia impugnada.
En consecuencia, el cargo no prospera.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente en favor de los opositores, pues su recurso no salió avante y fue replicado. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones doscientos cuarenta mil pesos ($4.240.000), que incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el treinta (30) de julio de dos mil catorce (2014) por la Sala Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JOSÉ RAMÓN BARROS LEÓN contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP-, la GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A. E.S.P. –GECELCA S.A. E.S.P.– y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
ACLARACIÓN DE VOTO
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL619-2020
Radicación n.° 69780
Con todo respeto por la posición mayoritaria, debo indicar que aclaro voto dentro de las presentes diligencias, pues, la parte demandante no pidió en este proceso, la pensión convencional, sino la legal, según se extrae de la demanda inicial.
Además, fuerza significar, que la Corte no se resolvió la problemática propuesta en los cargos por el accionante, a saber, determinar si la empresa debía cotizar conforme a los factores establecidos en la convención. Lo acertado, en mi opinión, era significar que la empresa obró correctamente pues la pensión legal se reconoce conforme con el Decreto 1158 de 1994.
Dejo así consignada mi aclaración de voto
Fecha ut supra.
356235-165354000
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Magistrado
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