GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado ponente
SL632-2020
Radicación n° 65677
Acta n° 07
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por MARTHA ISABEL ÁNGEL GONZÁLEZ, contra la sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, por la Sala Tercera Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES.
AUTO
Téngase en cuenta la renuncia presentada por el doctor Diego Hernando Arias Ariza, identificado con T.P. 129.917 del C.S. de la J., como apoderado de la parte opositora, en los términos y para los efectos del memorial que obra a folios 35-37 del cuaderno de la Corte.
ANTECEDENTES
Martha Isabel Ángel González, demandó al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, a fin de que se «(…) inaplique por inconstitucional y para el caso concreto, el literal a) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en virtud del principio de no regresividad de los derechos sociales y económicos, y en aplicación del artículo 4º de la Constitución Política y sentencias T-1036 de 2008 y C-556 de 2009; o en subsidio que se declare que el conteo del requisito de fidelidad procede a partir del 01 de Enero de 1967 fecha en la cual el Seguro Social inició su cobertura para los riesgos de IVM»; así mismo, que se declare que el señor Jairo Acevedo Acevedo dejó acreditados los requisitos para que la demandante adquiera la pensión de sobrevivientes, y en consecuencia se condene a su reconocimiento y pago a partir del 26 de agosto de 2008, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre; intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; indexación; las costas del proceso y lo que ultra y extra petita resulte demostrado.
Como sustento de sus pretensiones, refirió que el señor Jairo De Jesús Acevedo Acevedo, nació el 31 de enero de 1934, y, falleció el 26 de agosto de 2008, por causa de origen común; que en calidad de cónyuge solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada mediante Resolución No. 24865 del 15 de septiembre de 2009, aduciendo que el asegurado, a través de Resolución 023108 de 2008, ya había recibido indemnización sustitutiva de pensión de vejez, y que de conformidad con el artículo 6º del Decreto 1730 de 2001, «las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva de vejez no podrán ser consideradas para la liquidación de otras prestaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones».
Afirmó que no se puede desconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes en su calidad de beneficiaria, toda vez que el señor Acevedo Acevedo nunca recibió la indemnización aludida, pues para la fecha en que se emitió la resolución que reconoció la prestación económica, el asegurado ya había fallecido y por tanto ésta no se hizo efectiva, tal como dispone textualmente el literal d) del artículo 2 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, aplicable por remisión normativa del artículo 31 de la Ley 100 de 1993.
El Instituto de Seguros Sociales, al dar respuesta a la demanda, se opuso a todas las pretensiones incoadas en su contra. Frente a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento, la edad y calenda de muerte del afiliado, así como la negativa del reconocimiento pensional a la demandante. Respecto a los demás, dijo no ser ciertos o no constituirse como hechos por ser transcripciones normativas.
Resaltó que cuando el afiliado solicitó la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, el ISS tomó en cuenta el total del tiempo cotizado, correspondiente a 458 semanas, y con base en ellas reconoció y liquidó la prestación en cuantía única de $4.998.541; que el ISS cumplió con lo exigido por el afiliado, dado que únicamente satisfacía requisitos para concederle dicha indemnización, por lo cual sus beneficiarios pueden solicitar su pago, toda vez que el difunto no dejó acreditado lo exigido para otorgar una pensión de sobreviviente.
Como excepciones, propuso la inexistencia de la obligación, imposibilidad de condena en costas, prescripción, y compensación.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín Adjunto 1°, mediante fallo del 29 de noviembre de 2010, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, y en consecuencia, absolvió al ISS de todas y cada una de las pretensiones impetradas en la demanda. Impuso costas a la parte demandante.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, la Sala Tercera Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, en providencia del 17 de octubre de 2013, confirmó la proferida por el juzgador de primer grado.
Previo a arribar a la anterior conclusión, el juez colegiado precisó los siguientes problemas jurídicos:
«¿El hecho de que en favor del señor JAIRO DE JESUS ACEVEDO ACEVEDO haya sido reconocida una indemnización sustitutiva por vejez con posterioridad a su fallecimiento impide el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que se reclama?
¿Acreditó la demandante su condición de cónyuge y beneficiaria de la pensión de sobrevivientes al haber convivido con el asegurado fallecido 5 años con anterioridad a su deceso?
¿Es exigible el requisito de la fidelidad con el sistema para acceder a la pensión de sobrevivientes?
¿Se acredita el requisito de semanas de cotización para acceder a la pensión de sobrevivientes?»
La Sala definió que en respuesta a los problemas jurídicos formulados, sustentaría como tesis que el reconocimiento de indemnización sustitutiva de pensión de vejez al afiliado después de su fallecimiento no constituye motivo para negar la pensión de sobrevivientes reclamada, pero que a pesar de ello, dentro del proceso la demandante no acreditó su calidad de cónyuge y beneficiaria del derecho pensional deprecado.
Señaló, que en el curso del juicio quedó por sentado «i) que el Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución 024685 de 31 de agosto de 2009 negó pensión de sobrevivientes a la demandante, al haber sido reconocida en favor del causante indemnización sustitutiva por vejez (fl.16); y ii) que el señor JAIRO DE JESUS ACEVEDO ACEVEDO falleció el 26 de agosto de 2008, según el registro civil de defunción (fl.17).»
Manifestó, que disiente del argumento planteado por el a quo para negar la pensión de sobrevivientes, fundamentado en el reconocimiento de indemnización sustitutiva de pensión de vejez al afiliado, toda vez que ésta se otorgó mediante acto administrativo posterior a su deceso, y que conceder dicha prestación no impide que los beneficiarios del fallecido puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, ya que amparan contingencias distintas. Al respecto puntualizó, que la tesis sostenida por el juez de primer grado contraría la jurisprudencia de esta Sala, para lo cual citó la providencia CSJ SL 27 ago. 2008 rad. 33885.
Al analizar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión reclamada, señaló que a la fecha del deceso del afiliado, ya se encontraban vigentes los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, cuyo contenido citó, y en el mismo sentido, transcribió uno de los incisos del Acto Legislativo 01 de 2005, del cual destacó que « los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones»
De todo lo señalado, coligió que la normatividad no solo exige el cumplimiento de las semanas cotizadas por el afiliado y la edad del beneficiario, sino también acreditar que se estuvo haciendo vida marital con el causante no menos de cinco años continuos con anterioridad a su deceso; que dicha convivencia es fundamental para el reconocimiento de la prestación, toda vez que su finalidad es la protección del grupo familiar de quien fallece, tal como señaló la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2003, de la cual trascribió un aparte para dar sustento a lo manifestado; que en razón a lo anterior, es necesario que quien pretende legitimarse como beneficiario pruebe de manera suficiente este presupuesto, el cual no se `presume, toda vez la carga de la prueba radica en cabeza del demandante, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 177 del C.P.C., y al efecto relacionó apartes de la CSJ SL 27 ago. 2008, rad. 33885, pronunciamiento que estimó como caso similar al sub lite.
Conforme a todo lo expuesto, precisó que la demandante no acreditó su condición de beneficiaria, requisito indispensable para conceder la pensión de sobrevivientes. Así mismo, esgrimió que el ISS de acuerdo con los argumentos que planteó para negar el reconocimiento de la prestación a la actora, se abstuvo de revisar si ésta cumplía con los requisitos legales para acceder a ella, como se desprende del contenido de la Resolución 024865 de 2009.
Destacó, que la parte actora en la demanda no solicitó pruebas que acreditaran el requisito de convivencia con el causante, por manera que ni siquiera se aportó el registro civil de matrimonio, pues solo anexó copia simple de la partida eclesiástica, que impide saber si el vínculo se mantuvo vigente hasta la fecha de deceso del afiliado.
Finalmente, indicó que teniendo en cuenta los argumentos esbozados por el ISS para negar el derecho pensional, sumado a la omisión que hizo la demandante en la fundamentación fáctica respecto a la convivencia de los cónyuges por el lapso normativo exigido, no puede asumirse que la entidad demandada «(…) dio por aceptado un supuesto que ni siquiera se menciona en el libelo introductorio y mucho menos esta instancia puede presumirlo (…)», toda vez que el mismo debió ser objeto de prueba. Consideró, que como consecuencia de no haber acreditado lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 “no tiene ningún sentido que se resuelva la existencia del derecho frente a quién no acreditó en los más mínimo su legitimidad material para reclamarlo”, razón por la cual la sentencia proferida por el a quo debía ser confirmada de acuerdo a la motivación expuesta.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V.- ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente, que la Corte case totalmente el fallo recurrido, para que, en sede de instancia, revoque el emitido por el juzgador de primer grado y, en su lugar, acceda a las súplicas del libelo genitor, proveyendo sobre costas como es de rigor.
Con tal propósito, el impugnante formuló un cargo que fue replicado.
VI.- CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia recurrida por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de «(…) los artículos 177 y 197, 305, y 306 C.P.C. y 145 C.P.L C.P.C, 57 ley 2 de 1984, 66 y 66A del C.P.LS.S.; 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, en relación con los artículos 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993; Artículos 24 y 57 Ley 100 de 1993, 29 del Decreto 1818 de 1996, modificado por el 53 del Decreto 1406 de 1999.Artículos 177, 197, 250, 251 C.P.C: Y 145 C.P.L Artículos 48, 53 de la Constitución Nacional.»
Adujo que la anterior transgresión de la ley, tuvo origen en la comisión de dos errores manifiestos de hecho, en punto de la discusión sobre la condición de beneficiaria de la demandante, así:
«1. No dar por demostrado, estándolo, que la condición de beneficiaria no se discutió en el proceso.
2. No dar por demostrado, estándolo, que ni en la demanda, en la respuesta ni en la sustentación del recurso de apelación, se planteó la convivencia y la condición de beneficiaria de la demandante».
Señaló que los anteriores yerros fácticos tuvieron ocurrencia, por la apreciación errónea de las siguientes piezas procesales o pruebas: demanda (fls. 1 a 6); respuesta de la demanda (fls. 44 a 47); documentales, resoluciones ISS (fls. 7 a 16) y sustentación de la apelación (fls. 66 a 69).
Rememoró que el Tribunal negó a la demandante el derecho a la pensión de sobrevivientes, por no acreditar la condición de beneficiaria, y para tal efecto citó apartes del fallo de segunda instancia. Esgrimió, que conforme al artículo 305 del C.P.C, «aplicable al proceso laboral por integración normativa aludida o el 145 del C.P.L.», se dispone la congruencia como un desarrollo legal del derecho fundamental al debido proceso, cuya finalidad es fijarle un marco al debate judicial, fundado en extremos como los hechos, pretensiones y excepciones que oportunamente aduzcan los litigantes.
Destacó que el Juez, para acatar el principio de consonancia, debía haber resuelto la litis con base en los hechos planteados en la demanda, dado que la entidad accionada en la contestación, se limitó a pronunciarse sobre lo planteado en el escrito genitor, sin que haya propuesto excepción alguna sobre la «inexistencia de la convivencia o inexistencia de la condición de beneficiarios», tema que tampoco formuló el apoderado de la parte demandante en el recurso de apelación, ni se contempló en las resoluciones expedidas por el ISS, razones por las que no era posible zanjar sobre un extremo de la litis que no se había presentado por las partes.
Acota el censor, que inclusive en la Resolución No. 24865 de 31 de agosto de 2009, por la cual se negó el derecho pensional a la actora, se referencia la calidad de beneficiario como cónyuge, de tal manera que la condición que ostenta es indiscutible. De igual forma, que al establecer el citado acto administrativo la posibilidad de que los herederos tramiten el pago de la indemnización sustitutiva reconocida al afiliado, se puede establecer que no la había cobrado, y que por tanto, el derecho nunca se concretó en cabeza del causante.
Dentro de un acápite denominado «en instancia», indica que el asegurado cumple a cabalidad con semanas exigidas para conceder la pensión de sobrevivientes, como se desprende de las historias laborales obrantes a folios 10 a 14. Al respecto dilucidó, que «inclusive, si se aplicara la tesis que hoy tiene la Corte como doctrina», la pensión de sobrevivientes también es procedente, pues a la fecha de defunción, el causante se encontraba afiliado y en el año anterior tenía más de 26 semanas cotizadas. En sustento de su argumentación, mencionó la sentencia CSJ SL, 8 may. 2012, rad. 35319, para indicar que en ella nuevamente se acogió el principio de condición más beneficiosa, el cual enunció que se ha reiterado posteriormente mediante otras sentencias, a las cuales hizo alusión.
Aseveró, que la indemnización sustitutiva implica que el asegurado queda excluido de cotizar para ese riesgo y de percibir otra de igual naturaleza; sin embargo, ello no es óbice para que posteriormente, sus causahabientes puedan solicitar reconocimiento de otra prestación diferente de aquella por la cual fue indemnizado, pues una interpretación contraria, a juicio del censor, equivoca el fin propio del derecho a la seguridad social.
Como fundamento de sus consideraciones mencionó la sentencia CSJ SL, 8 mar. 2002, rad. 17410 proferida en un caso similar al sub lite, a fin de indicar que allí se sentó el criterio expuesto a lo largo de las alegaciones presentadas y que desarrolló la censura. Citó en el mismo sentido apartes de la providencia CSJ SL, 20 nov. 2007, rad. 30123, e indicó que dicho razonamiento se reiteró en CSJ SL, 1 dic. 2009, rad. 35413.
VII.- LA RÉPLICA
La apoderada de la entidad demandada, allega escrito de oposición, manifestando inicialmente las “graves e insuperables” fallas técnicas de que adolece la demanda de casación, las cuales declara, impiden pronunciarse de fondo sobre la misma.
Como ataque a la violación relacionada por la parte recurrente, adujo que el Tribunal no valoró la Resolución No. 023108 de 2008, prueba que fue acusada como “supuestamente mal estimada”, y al efecto memoró un aparte de la providencia CSJ SL 20 feb. 2007, rad. 28501.
Manifestó, que aún si se hiciera caso omiso a los yerros técnicos, el recurso de casación está llamado al fracaso por cuanto el ad quem puede fallar por motivos diferentes a los del juez de primer grado, a lo que agregó que dentro de la fijación del litigio «(…) nada se dijo respecto a la alegada convivencia entre la actora y su cónyuge.»
Analizó el artículo 177 del C.P.C e indicó, que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», y en el presente caso la demandante, quien tenía la carga de la prueba, no demostró la convivencia y pretende inducir en error a la Sala, al manifestar la aceptación tácita de la entidad convocada en la contestación de la demanda o en la Resolución 024865 del 31 de agosto de 2009.
Argumenta, que en la contestación, la accionada respondió los hechos formulados en la demanda, de los cuales ninguno versaba sobre la convivencia. Así mismo, que en la Resolución citada en precedencia, se aludió a la actora en calidad de cónyuge, porque era la condición formal que ostentaba en virtud de un contrato marital, la cual no es equivalente a convivencia real y efectiva.
Corolario de lo expuesto, solicitó no casar la sentencia recurrida.
VIII.- CONSIDERACIONES
Debe comenzar la Sala por recordar, que el error de hecho en materia laboral, «se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida» (sentencia CSJ, 11 feb. 1994, rad. 6043, reiterada en la CSJ SL2879-2019); que además, para que se configure, es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta.
Se asume el análisis de la presente controversia, teniendo en cuenta que el eje central de la acusación se circunscribe a determinar, desde el punto de vista fáctico, si el fallo fustigado vulneró el principio de congruencia, al acometer el estudio de temáticas fuera de lo controvertido por las partes, específicamente, la condición de beneficiaria de la pensión de la actora, y consecuentemente la acreditación de la convivencia de cinco (5) años anteriores al fallecimiento del afiliado, conforme a las exigencias de la norma aplicable.
En aras de despejar el anterior interrogante, se tiene que acorde con la motivación de la sentencia impugnada, el Tribunal en primera medida, determinó la procedencia de la pensión de sobrevivientes reclamada, aun habiéndose reconocido la indemnización sustitutiva a favor del afiliado fallecido; no obstante ello, del estudio a los requisitos para ser beneficiaria de la misma, precisó que la promotora del litigio no cumplió con la carga de demostrar la convivencia de cinco (5) años con el asegurado hasta la fecha de su óbito, pues de las pruebas obrantes en el expediente no es permisible establecer el tiempo real de dicha exigencia.
La censura por el contrario sostiene, que conforme a lo dispuesto en el articulo 305 CPC, aplicable al proceso laboral por integración normativa del art 145 CPL, el principio de congruencia tiene como finalidad fijarle un marco al debate judicial, fundado en extremos tales como los hechos, las pretensiones y las excepciones, postulado del cual infiere que mal pudo el juez de apelaciones resolver sobre un extremo de la litis, que no había sido objeto de planteamiento en el libelo introductor, la contestación, ni en el recurso de apelación; ello en la medida en que de los elementos denunciados no se avizora argumento referente a la condición de beneficiaria de la actora frente a la acreencia pensional, por manera que dicha temática no había sido propuesta en las instancias.
A fin de resolver los planteamiento que anteceden, es permisible destacar, que tal y como lo prevé en el artículo 305 del CPC, hoy 281 del CGP, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda, o en las demás oportunidades que ese código señala, así como en las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas, si así lo dispone la ley; no obstante, conforme lo viene adoctrinando la Sala, el juez no está limitado a la literalidad de las reclamaciones o causa petendi, sino a la fundamentación y demostración que sobre estas haga el actor, a quien se le impone el deber de aportar los elementos de juicio que las acrediten y conduzcan a una decisión favorable.
Sobre el particular, esta Sala en sentencia SL17741-2015, reiterada en la CSJ SL2495-2018, sostuvo:
A ese respecto, bien cabe recordar que la congruencia de la sentencia judicial hace referencia a la relación que debe mediar entre la providencia y los sujetos, el objeto y la causa del proceso, pues en últimas, el juez debe fallar entre los límites de lo pedido y lo controvertido, y excepcionalmente, sobre materias que importan al interés general y social por constituir bienes superiores como los son el trabajo, la familia, las relaciones de equidad, etc.
“No empece, tal directriz normativa no puede sopesarse desde una perspectiva meramente literal, pues si bien es cierto que a ella llega el legislador desde la aplicación a los procesos nacidos a instancia de parte --como los procesos del trabajo-- del llamado ‘principio dispositivo’, el cual impone al demandante promover la correspondiente acción judicial y aportar los materiales sobre los que debe versar la decisión, esto es, el tema a decidir, los hechos y las pruebas que los acrediten, elementos con los cuales el juez queda supeditado a la voluntad de las partes a través de lo que la doctrina denomina ‘disponibilidad del derecho material’, que permite a éstas ejercer fórmulas procesales tendientes a su creación, modificación o extinción, con las salvedades propias de ciertas materias como lo es la atinente a derechos ciertos e indiscutibles en el campo laboral, por ejemplo, también lo es que ello no se traduce en el desconocimiento del principio universal que rige la estructura dialéctica del proceso y que reza: ‘Venite ad factum. Iura novit curiae’, o lo que es tanto como decir, que la vinculación del juez lo es a los hechos del proceso, que son del resorte de las partes, en tanto que de su cargo es la determinación del derecho que gobierna el caso, aún con prescindencia del invocado por las partes, por ser el llamado a subsumir o adecuar los hechos acreditados en el proceso a los supuestos de hecho de la norma que los prevé para de esa manera resolver el conflicto.
[…]
“En suma, la determinación del objeto del proceso se rige, por regla general, por el conjunto de los hechos jurídicamente relevantes que interesan al proceso o ‘causa petendi’ de la demanda, respecto de los cuales el juez está limitado no a su literalidad sino a su alegación por parte del demandante; en tanto, por excepción, dicha determinación lo está por aquellos hechos que la norma material exige como presupuestos esenciales para la creación, modificación o extinción de una situación jurídica y cuya titularidad indiscutida es de cargo del actor.
“En sentido inverso, la calificación jurídica contenida en el petitum de la demanda, si bien puede ser relevante para la delimitación de la acción intentada, no desconoce el deber del juzgador de resolver la controversia con base, además del examen de las pruebas, en «los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los textos legales que se apliquen», tal cual lo ordena el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos del trabajo por la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, lo que es tanto como decir que al juez compete resolver la controversia en conformidad con las normas que la regulan, a pesar de que no hayan sido citadas o acertadamente alegadas por las partes, por no estar el juzgador atado a éstas, sino, se repite, sólo a sus alegaciones fácticas.(Subrayado del texto original).
En ese orden, y en armonía a lo considerado por esta Corporación en sentencia CSJ SL 21. May. 2010, rad. 33866, el determinar la falta de congruencia de una providencia, va estrechamente ligado al análisis de parámetros que surgen con ocasión de la confrontación entre la sentencia, las pretensiones, los hechos planteados en el escrito primigenio y las excepciones formuladas por la pasiva, ejercicio del cual es dable determinar si la acusación de incongruencia derivada de la apreciación errónea de elementos de convicción tales como, la demanda, su contestación, que pesa sobre el fallo fustigado resulta o no fundada.
Al efecto, del análisis de los hechos en los que se hallan soportadas las pretensiones encaminadas a la protección de los bienes jurídicos perseguidos por la demandante, esto es el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, que solicita le sean otorgados por virtud de la Ley sustancial, en asocio con lo expuesto en el fallo confutado, la Sala encuentra la inexistencia del vicio procesal alegado, toda vez que sus razonamientos en manera alguna se tornan incongruentes con las pretensiones visibles a folio 5 del cuaderno principal que textualmente rezan:
«Que se declara que el causante dejó acreditado los requisitos para que su beneficiaria, la señora MARTHA ISABEL ÁNGEL GONZÁLEZ, adquiera el derecho a percibir la pensión de sobrevivientes por cuenta del Instituto de Seguros Sociales, causada por el fallecimiento de su cónyuge, el Señor quien en vida respondía al nombre de JAIRO ACEVEDO ACEVEDO, hecho ocurrido el día 26 de agosto de 2008.
En consecuencia, que se condene al Instituto de Seguros Sociales a pagar a favor de mi mandante, la Señora MARTHA ISABEL ÁNGEL GONZÁLEZ, la prestación económica de sobrevivientes con sus mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año debidamente reajustada, y respectivamente desde el 26 de agosto de 2008».
Quiere decir lo anterior que, si bien dentro del marco trazado en la demanda el ad quem negó las pretensiones, argumentando, el incumplimiento de la carga probatoria que le asistía a la actora a efectos de acreditar el requisito de convivencia efectiva con el causante, exigencia insoslayable dentro del estudio del derecho pretendido, tal circunstancia en modo alguno genera la prosperidad de la censura, pues además de que ese aspecto si fue cuestionado en las respectivas instancias, también se constituye en un presupuesto fáctico necesario que debe demostrarse para acceder al derecho pretendido.
Ello es así, por cuanto aun cuando se argumenta que la temática de la convivencia efectiva con el causante no fue planteada en las instancias, ni el recurso de apelación, el estudio de la controversia bajo este horizonte tiene su fundamento en el análisis del derecho, tal y como con acierto lo determinó el tribunal, pues si bien el primigenio juzgador denegó las pretensiones aduciendo la improcedencia de las mismas, con ocasión del otorgamiento de la indemnización sustitutiva al asegurado, una vez evidenciado el yerro de dicho sentenciador, el juez de segundo grado procedió, como era su deber, al encuadramiento de las situaciones fácticas y jurídicas previstas en la norma a fin de hacer efectivo el derecho sustancial, y en tal medida mal podía excluir de su análisis los presupuestos legales para el reconocimiento de la prestación debatida.
Al efecto, de la lectura a la providencia de segundo grado, se observa que los 4 problemas jurídicos allí planteados confluyen en determinar la procedencia del reconocimiento de la prestación de sobrevivencia reclamada, frente a lo cual concluyó, la ausencia de elementos de juicio que permitieran acreditar la exigencia de convivencia, por manera que conforme con el material probatorio analizado, particularmente copia simple de la partida eclesiástica, la demandante no cumplió con la carga probatoria que le asiste, acorde con lo previsto en los artículos 177 del CPC y 1757 del CC; ello por cuanto, no se identificaron acontecimientos claros y determinantes que permitieran dilucidar el espacio temporal mediante el cual hizo vida en común con el causante.
Es así como, para la Corte, la conclusión a la que arribó el juez colegiado, hacía necesario el análisis de las pretensión principal, relacionada esta, con el reconocimiento del derecho pecuniario de sobrevivencia a partir 26 de agosto de 2008, pues sin duda alguna, su prosperidad estaba supeditada indefectiblemente al cumplimiento de los requisitos legales para ser beneficiaria de la prestación, y en esa medida, no se evidencia entonces el quebrantamiento del principio de congruencia frente a este pedimento, pues indudablemente el fallo versó sobre los hechos que jurídicamente eran los relevantes para el proceso y las pruebas aportadas oportunamente, las que no condujeron a la prosperidad de las reclamaciones, como quedó dicho en precedencia.
Lo hasta aquí discurrido, encuentra soporte en la sentencia CSJ SL2010-2019 proveído que además de destacar los institutos procesales previstos para dotar de coherencia y racionalidad el proceso laboral, resalta el deber del juez de alzada de resolver una controversia sometida a su conocimiento, teniendo en cuenta, como en el caso en concreto las temáticas objeto de alzada en los siguientes términos:
«Concretamente, respecto de ese deber de sustentar la apelación y el principio de consonancia, que es a lo que se refiere el cargo, la Corte ha dicho que al Tribunal le resulta forzoso resolver sobre las materias propuestas en el recurso de alzada, de manera que entre el objeto de la impugnación y lo resuelto exista una relación de correspondencia. Como también ya se analizó en precedencia, ello no implica que el juzgador de segundo grado esté atado a los argumentos del apelante o a la calificación jurídica que de los hechos promueva, no obstante lo cual, en términos generales, sí debe guardarle fidelidad al objeto del proceso y al debate que sobre el mismo desplegaron las partes en las instancias, «…sin que pueda, entonces, entrar a controvertir, reestudiar o modificar aquellos aspectos de la providencia que no fueron discutidos por los interesados…» (CSJ SL, 17 mar. 2009, rad. 31350).
Con fundamento en dichas premisas, la jurisprudencia de esta sala tiene dicho que el principio de consonancia puede ser infringido de dos maneras: «…por exceso, cuando decide materias que no fueron objeto de la apelación; o por defecto, cuando pasa por alto algunas de las que el apelante sometió a su consideración, u omita la motivación acerca de un pronunciamiento que versó sobre un tema que hizo parte del contenido de la alzada.» (CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 36741, CSJ SL11478-2017 y CSJ SL2808-2018)».
Ahora bien, respeto de las piezas procesales aducidas como valoradas erróneamente por el Juez Colegiado, considera esta Corporación que no le asiste razón a la censura, en la medida en que conforme a análisis del plenario, se observa que las mismas fueron apreciadas correctamente, puesto que la decisión adoptada por el juzgador de segundo grado, comporta una congruencia con lo planteado por la parte actora, tanto en las pretensiones como en los hechos que las fundan.
Conforme a los argumentos expuestos, se descarta la prosperidad del único cargo propuesto.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones doscientos cuarenta mil pesos ($4.240.000) M/cte., las cuales se incluirán en la liquidación que para tal efecto practique el juez de primera instancia, conforme al artículo 366 del CGP.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, por la Sala Tercera Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES.
Costas como se indicó en la parte motiva de esta providencia.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
FERNANDO CASTILLO CADENA
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN