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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL635-2020

Estabilidad laboral reforzada

Fecha
26 de febrero de 2020
Magistrado ponente
Gerardo Botero Zuluaga
Citada por
23 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL635-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿La protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 exige reintegrar al trabajador con discapacidad despedido sin justa causa y sin autorización del Ministerio del Trabajo, además de reconocer la indemnización de 180 días?

Reglas

  1. El artículo 26 de la Ley 361 de 1997 protege a las personas con discapacidad frente a obstáculos para su vinculación y frente a la terminación laboral motivada por esa condición, salvo incompatibilidad insuperable con el cargo.

    «la discapacidad que sufre una persona constituya un impedimento para que sea vinculada a un trabajo o se torne en el motivo para dar por terminada la relación laboral»
  2. El empleador debe obtener autorización del Ministerio del Trabajo antes de terminar sin justa causa el contrato de una persona amparada por la protección de discapacidad.

    «el empleador debe contar con la autorización de las autoridades de trabajo, para efectuar despidos unilaterales y sin justa causa de personas en condiciones de discapacidad»
  3. La terminación laboral de una persona protegida por discapacidad, sin autorización previa, es ineficaz y las cosas deben volver al estado anterior al despido.

    «el despido bajo tal circunstancia sin la aquiescencia de la referida autoridad administrativa, se sancionaba con su ineficacia»
  4. La protección de la Ley 361 de 1997 cobija a quienes presentan una pérdida de capacidad laboral desde el 15%.

    «la protección que brinda la citada ley, se refiere a « todas aquellas que su discapacidad comienza en el 15% de pérdida de capacidad laboral»
  5. Configurados los supuestos de la norma, proceden el reintegro y el pago de las prestaciones e indemnizaciones legales, además de la indemnización de 180 días prevista en el artículo 26.

    «se generan casi que por Ministerio de la Ley las consecuencias por él previstas»
  6. La consecuencia de la ineficacia del despido es el reintegro sin solución de continuidad y el pago de salarios, prestaciones y aportes causados hasta la reinstalación.

    «tal determinación no produce efectos jurídicos, es decir, que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la desvinculación»

Decisión

La Corte casó parcialmente la sentencia del Tribunal en cuanto negó el reintegro. En instancia revocó la decisión de primera instancia y ordenó reintegrar al trabajador sin solución de continuidad, con pago de salarios, prestaciones y aportes hasta su reinstalación.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el doce (12) de diciembre de dos mil trece (2013), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en cuanto absolvió a POLYBOL S.A.S., , de reintegrar sin solución de continuidad, al cargo que desempeñaba al momento del finiquito contractual al señor DAIRO CONEO CERVANTES, en el proceso ordinario laboral que este último le promovió a la referida empresa. En sede instancia se resuelve: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Cartagena, el veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el señor DAIRO CONEO CERVANTES contra POLYBOL S.A.S, para en su lugar: CONDENAR a la sociedad POLYBOL S.A.S, a REINTEGRAR sin solución de continuidad, al señor DAIRO CONEO CERVANTES, al cargo que desempeñaba al momento del finiquito contractual, o a uno de igual o mejor categoría; y como consecuencia de lo anterior, deberá pagarle los salarios, prestaciones legales, extralegales y aportes a la seguridad social causados en el tiempo que el trabajador estuvo cesante y hasta que se produzca su reinstalación. SEGUNDO: Se autoriza a la pasiva para que se descuente lo pagado al actor en la liquidación definitiva de prestaciones sociales cuando se dio por terminado el contrato de trabajo. TERCERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la llamada a juicio. Costas, como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL635-2020

Magistrado ponente: Gerardo Botero Zuluaga

26 de febrero de 2020

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado Ponente

SL635-2020

Radicación nº. 69357

Acta No. 07

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por DAIRO CONEO CERVANTES, contra la sentencia dictada el doce (12) de diciembre de dos mil trece (2013), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso que le promovió a POLYBOL S.A.S.

ANTECEDENTES

El accionante demandó en proceso ordinario laboral a Polybol S.A.S., con el fin de que se declarara que entre ellos existió un contrato de trabajo que finalizó por causa imputable al empleador y, como consecuencia, fuera condenada a reintégralo, al pago de los salarios, prestaciones y de «la compensación por el desmejoramiento que sufrirá en las mesadas de su pensión de jubilación cuando cumpla la edad, por la falta de cotizaciones», desde el 24 de octubre de 2008 y hasta la fecha de su reintegro. Así mismo, solicitó la cancelación de 180 días de salario, a título de sanción por haber sido despedido sin la autorización del Ministerio del Trabajo, prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; el reconocimiento de perjuicios morales, fisiológicos y materiales y de todo aquello que tenga conforme a las facultades ultra y extrapetita; así como de las costas procesales.

Fundamentó sus pretensiones, en que el 25 de febrero de 2002, suscribió un «contrato de aprendizaje» con la demandada por doce meses, con el objetivo de recibir formación como «Mecánico General de Mantenimiento»; que el 4 de julio siguiente, sufrió un accidente de trabajo que le ocasionó la amputación de «la mano derecha a nivel del carpo»; que luego del proceso de rehabilitación, Colmena A.R.P, le notificó el «Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral de fecha de 3 de junio de 2003», en el que se determinó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 45.52%; que el mismo fue controvertido por lo que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, el 30 de septiembre de 2003, que estableció el porcentaje de pérdida de capacidad en 48.67%; que dicha decisión fue apelada por ambas partes, por lo que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en mayo de 2004, fijó que la pérdida de capacidad laboral era de 47.62%

Agregó, que la convocada al proceso el 28 de noviembre de 2003, dio por terminado «el contrato de aprendizaje», por haberse vencido el término inicialmente pactado, recordó que para le época de los hechos, el aludido negocio jurídico tenía los mismo efectos que los de un contrato de trabajo, por lo que alega, que es titular de la protección especial prevista en la Ley 361 de 1997.

Refirió, que el 1 de febrero de 2004, a través de una empresa de servicios temporales, comenzó a presentar nuevamente funciones en Polybol S.A.S., desempeñando el cargo de «Operario Montecarga», bajo la modalidad de un contrato por obra o labor contratada; que el 21 de junio de 2006, suscribió con la accionada un contrato de trabajo a término fijo de tres meses, para ejercer el cargo de « Auxiliar de Almacén », el cual se prorrogó hasta el 24 de octubre de 2008, data en la que finalizó sin justa causa por parte de la empresa.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, indicó que el promotor del proceso inicialmente estuvo vinculado a la empresa en virtud de un contrato de aprendizaje, del que también hizo parte el SENA, vigente entre el 25 de febrero de 2002 y el 30 de noviembre de 2003; que posteriormente, ejerció labores como trabajador en misión de Servincar Temporal Ltda., pero que se desconoce el periodo durante el cual se adelantó dicha relación. Así mismo, aceptó la ocurrencia del accidente de trabajo, no obstante señaló, que aquel se debió a un acto irregular del «pupilo»; consecuencia del cual el contrato de aprendizaje se extendió más allá de lo inicialmente pactado, debido a la incapacidad sufrida. Acotó, que posteriormente entre el 21 de junio de 2006 y el 24 de octubre de 2008, el actor estuvo vinculado mediante una relación laboral, en la que se desempeñó como «Auxiliar de Almacén» y luego como «Montacarguista»; finalmente, aceptó que la finalización del contrato de trabajo fue sin justa causa.

En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y carencia del derecho para pedir, pago, buena fe, prescripción y la genérica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero (1º) Laboral de Descongestión del Circuito de Cartagena, mediante fallo de veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), absolvió a Polybol S.A.S., de todo lo pretendido en su contra e impuso las costas a cargo de la parte demandante.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Apeló el promotor del litigio, por lo que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante proveído del doce (12) de diciembre de dos mil trece (2013), revocó la sentencia de primer grado, en su lugar condenó a Polybol S.A.S., a pagar al demandante «por concepto de indemnización prevista en el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($3.482.334,oo)», impuso las costas a la parte demandada y confirmó en lo demás.

En lo que interesa al recurso extraordinario de casación, el tribunal indicó que determinaría si era procedente la declaratoria de «ineficacia del despido (…) por haberse configurado los supuestos de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997»; al efecto transcribió el referido precepto y un fragmento de la sentencia CC T-125-2009, para luego aducir, que conforme al material probatorio que reposaba en el expediente se infería que la ocurrencia del accidente laboral fue el «04 de julio de 2002»; que el diagnostico con ocasión del mismo, fue «amputación del tercio distal del antebrazo derecho»; que el actor estuvo incapacitado hasta el «21 de mayo de 2003»; que la terminación del vínculo contractual ocurrió el «24 de octubre de 2008», es decir «cinco (5) años, tres (3) meses y veinte (20) días después del accidente laboral».

En igual sentido, indicó que se encontraba acreditado en el plenario que el demandante ingresó a Polybol S.A.S., en virtud de un contrato de aprendizaje, el que estuvo vigente entre el 25 de febrero de 2003 y el 30 de noviembre de 2003; que aquel prestó su servicios igualmente mediante una empresa de servicios temporales y que finalmente se vinculó a la convocada al proceso el 21 de junio de 2006, a través de un contrato de trabajo, el que finalizó sin justa causa el 24 de octubre de 2008; que conforme al dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, proferido el 31 de agosto de 2009, el actor tenía un pérdida de capacidad laboral de «51.05%», con fecha de estructuración del 24 de septiembre de 2008.

Acotó, que conforme a lo anterior, era claro que la demandada conocía que el accionante tenía la condición de «persona limitada o discapacitada», a pesar de lo cual terminó la relación laboral de forma unilateral; que aquel tenía una limitación física en una porcentaje del «51.05%», lo que evidentemente hacía que fuera titular de la protección prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por lo que para «proceder a su despido debió mediar previamente la autorización del Inspector de Trabajo», concluyendo entonces que «el empleador quebranto lo previsto por el inciso segundo el artículo 26 de la Ley 361 de 1997».

Recordó, que conforme a la Corte Constitucional y los parámetros establecidos en la Ley 361 de 1997, «tiene derecho a la estabilidad reforzada un trabajador que razonablemente pueda catalogarse como persona (i) con discapacidad, (ii) con disminución física, síquica o sensorial en un grado relevante y, (iii) en general todos aquellos que (a) tengan una afectación grave en su salud; (b) esa circunstancia les “impid[a] o dificul[te] sustancialmente el desempeño de sus laborales en las condiciones regulares”, y (c) se tema que; en esas condiciones particulares, pueden ser discriminados por ese solo hecho, está en circunstancia de debilidad manifiesta ».

Consecuente con lo dicho en precedencia, el tribunal indicó que solo bastaba «el hecho de la discapacidad», la que además fue demostrada en el proceso para concluir, que en el caso bajo examen se había configurado la prohibición prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por lo que señaló que era procedente la condena por la indemnización prevista en dicha normativa.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la apoderada del demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Solicitó casar parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto «dejó sin resolver lo atinente a la solicitud de reintegro que deriva del contenido del artículo 26 de la Ley 361 de 1997», para que constituida en sede de instancia, «REVOQUE la de primer grado y en su lugar, condene a la demandada, en los términos establecidos en el petitum del libelo introductorio (…)», ordenando el reintegro solicitado.

Con tal propósito formuló un cargo, que fue oportunamente replicado, y que pasa la Corte a resolver.

CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea « del artículos 26 de la Ley 361 de 1997, en relación con los artículos 47 y 57 de la Constitución Política; 9, 21, 22, 27, 37, 55, 67, 61, 62, 115, 127, 140, 186, 249, 254, 306 del Código Sustantivo del Trabajo; y 7 y 8 del D.L. 2351 de 1965 »

Precisó, que dada la vía escogida para el ataque no era objeto de controversia:

i) Que al momento de despido de trabajador, la empleadora tenía pleno conocimiento de que era una persona catalogada como “persona limitada o discapacitada”; ii) que a sabiendas de tal situación “dio por terminad unilateralmente el contrato de trabajo”; iii) que para el empleador no era desconocido que el demandante-recurrente se encontraba en una situación física dentro de los porcentajes acreditados en los dictámenes obrantes en el expediente, tanto de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, como de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y que, iv) no obstante lo anterior, lo despidió unilateralmente, sin autorización del Inspector de Trabajo.

Para desarrollar su acusación transcribe el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para luego aducir que dicho precepto prevé una forma positiva y otra negativa de protección; la primera, en tanto la discapacidad no puede impedir una vinculación laboral; la segunda, porque «proscribe el despido de una persona en razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo ».

Recordó, que la Corte Constitucional mediante la sentencia CC-531 de 2000, moduló la citada norma en tanto indicó que esta se consideraba conforme a la Constitución Política, siempre y cuando se entendiera frente a su inciso 2º, que carecía «de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación fisca sin que exista autorización previa de la oficina del Trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato»; lo anterior por cuanto, se considera que «los sujetos con discapacidad» gozan de una «estabilidad laboral reforzada, de suerte que (…) les permite permanecer en el empleo luego de haber adquirido la respectiva limitación»; copió otro fragmento de la referida providencia, para luego aducir, que resultaba claro que si la finalización del vínculo contractual se realizaba sin la autorización de la autoridad administrativa competente para ello, lo que se imponía era el «reintegro del afectado en razón a que la conducta del empleador se considera ineficaz».

Seguidamente, memora diferentes sentencias de esta Sala de la Corte, sobre el punto objeto de debate, para luego señalar, que conforme al proveído CSJ SL 27 ene.2010, rad.37514, para que un trabajador sea objeto de la protección prevista en la Ley 361 de 1997, se requiere:

(i) que se encuentre en una de las siguientes hipótesis: a) con una limitación “moderada”, que corresponde a la pérdida de la capacidad laboral entre el 15% y el 25%, b) “severa”, mayor al 25% pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral, o c) “profunda” cuando el grado de minusvalía supera el 50%; (ii) que el empleador conozca de dicho estado de salud; y (iii) que termine la relación laboral “por razón de su limitación física” y sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social.

Conforme a lo anterior, refiere que le corresponde entonces al empleador ante una finalización sin justa causa del contrato de trabajo, demostrar que esta no se debió a la situación de discapacidad del trabajador, pues considera que exigirle a este último que sea quien demuestre la relación de causalidad «haría nugatoria la garantía de estabilidad laboral reforzada».

Insiste, en que conforme a la Ley 361 de 1997 y el desarrollo jurisprudencial sobre la misma, es claro que «el empleador que pretenda desvincular a un trabajador en situación de discapacidad le corresponde obtener un permiso previo de la autoridad administrativa del trabajo »; que a falta de esta el «despido se predica ineficaz y, por consiguiente, sin efecto alguno, esto es, como si no se hubiera producido, con lo cual la relación laboral se mantendrá incólume».

Acotó, que si bien en el caso bajo estudio el tribunal evidenció que el demandante se encontraba en situación de discapacidad y que para la terminación del contrato de trabajo sin justa causa, no se solicitó la autorización ante el Ministerio de Trabajo, sólo condenó al pago de la indemnización equivalente a 180 días de salario, pero «omitió pronunciarse en relación con la ineficacia y una de las consecuencia de la ruptura unilateral del contrato de trabajo, esto es, el reintegro, que es un aspecto inherente al carácter protector del multicitado artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en los términos señalados por la Corte Constitucional » configurándose así la interpretación errónea de la norma mencionada.

VII. LA RÉPLICA

Pone de presente que conforme al alcance de la impugnación planteado en la demanda de casación, de lo que se duele el recurrente, es que el tribunal no se hubiera pronunciado respecto de la pretensión de reintegro formulada en el escrito genitor, y que tal situación ha debido corregirse mediante el mecanismo procesal previsto para ello por el ordenamiento jurídico, es decir, presentando la solicitud de adición de la sentencia, puesto que el recurso extraordinario, no tiene como finalidad corregir irregularidades que pueden ser subsanadas en el trámite del proceso.

En cuanto al fondo de la acusación, considera que el tribunal no incurrió en la interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en la medida que respecto al mismo índicó:

… tiene derecho a la estabilidad reforzada un trabajador que razonablemente pueda catalogarse como persona (i) con discapacidad, (ii) con disminución física, síquica o sensorial en un grado relevante y, (iii) en general todos aquellos que (a) tengan una afectación grave en su salud; (b) esa circunstancia les “impid[a] o dificul[te] sustancialmente el desempeño de sus laborales en las condiciones regulares”, y (c) se tema que; en esas condiciones particulares, pueden ser discriminados por ese solo hecho, está en circunstancia de debilidad manifiesta.

Intelección, que considera ajustada a la norma y al desarrollo jurisprudencial que se ha hecho sobre la misma.

Señala además, que en todo caso el demandante no tiene derecho al reintegro deprecado, en tanto que la terminación de la relación laboral no fue consecuencia de la discapacidad del actor; que tal situación era conocida por el empleador desde el momento en que se suscribió el contrato y que la misma se debió « a la existencia de una justa causa legal por razón de las irregularidades cometidas en el traslado físico de resina, lo cual, como es obvio, nada tiene que ver con la discapacidad».

CONSIDERACIONES

Lo primero que debe advertir la Sala, es que si bien resulta cierto que el ahora recurrente no solicitó la adición de la sentencia de segundo grado, cuando se percató que el tribunal no efectuó pronunciamiento alguno en relación con la pretensión de reintegro efectuada en el escrito genitor, ello no impide que la Corte proceda al estudio de fondo del recurso extraordinario, puesto que en el sub judice, la restitución del empleo no solo constituye una simple pretensión del demandante, sino un derecho mínimo e irrenunciable del trabajador, ya que como bien lo resalta el promotor del litigio, se trata de una de las consecuencia previstas por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, puesto que no se puede olvidar que la Corte Constitucional mediante sentencia C-531-00, declaró exequible condicionalmente su inciso 2º, en el entendido de que el despido sin justa causa en razón de la discapacidad sin autorización previa del Ministerio de Trabajo, es ineficaz, de manera que lo que se impone es que las cosas vuelvan al estado anterior de la terminación contractual.

En razón a ello puede decirse, que una vez configurados los supuestos fácticos previstos por el precepto en comento, se generan casi que por Ministerio de la Ley las consecuencias por él previstas, esto es, la indemnización equivalente a 180 días del salario, el pago de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y el reintegro, por lo que se insiste que el hecho de que el demandante no hubiese solicitado la adición de la sentencia, no es óbice para que la Sala, procede al estudio del recurso de casación propuesto.'

Aclarado lo anterior y, dada la vía escogida para el ataque, se tiene que no fueron objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos reseñados por el fallador de segundo grado: i) que el demandante ingresó a Polybol S.A.S., en virtud de un contrato de aprendizaje, el que estuvo vigente entre el 25 de febrero de 2003 y el 30 de noviembre de 2003; ii) que la ocurrencia del accidente laboral fue el «04 de julio de 2002»; iii) que el diagnosticó con ocasión del mismo fue «amputación del tercio distal del antebrazo derecho»; iv) que posteriormente prestó su servicios a la accionada mediante una empresa de servicios temporales v) que luego se vinculó a la convocada al proceso el 21 de junio de 2006, a través de un contrato de trabajo, el que finalizó sin justa causa el «24 de octubre de 2008» y; vi) que conforme al dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, proferido el 31 de agosto de 2009, el actor tenía un pérdida de capacidad laboral de «51.05%», con fecha de estructuración del 24 de septiembre de 2008.

Aspectos, que sobra aclarar contradicen el argumento del opositor, relativo a que la terminación del contrato de trabajo obedeció a una justa causa, pues tal situación quedó desvirtuada en el trámite procesal; además de que en la misma contestación del escrito genitor, la demandada al respecto señaló «Efectivamente la empresa canceló el contrato del actor, sin justa causa (…)».

Así las cosas, se tiene que el reproche del recurrente estriba en la hermenéutica que el sentenciador de alzada dio al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, al no ordenar el reintegro como consecuencia del despido sin justa causa y sin la correspondiente autorización del Ministerio de Trabajo, de una persona en estado de discapacidad.

De esta manera, vale la pena traer a colación el texto del citado artículo 26, el que establece:

ARTÍCULO 26. NO DISCRIMINACIÓN A PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. En ningún caso la limitación<discapacidad> de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación <discapacidad> sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada <en situación de discapacidad>podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación <discapacidad>, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación <discapacidad>, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.

Pues bien, resulta evidente que la protección que brinda la aludida norma se dirige a evitar que la discapacidad que sufre una persona constituya un impedimento para que sea vinculada a un trabajo o se torne en el motivo para dar por terminada la relación laboral, excepto que esa situación sea incompatible e insuperable en el cargo a desempeñar o desempeñado respectivamente, propendiendo dicho precepto normativo entonces por la garantía de sus derechos fundamentales, proveyendo la asistencia y protección necesarias de las personas con limitaciones en los grados de «severas y profundas», en desarrollo de lo previsto por su artículo 1º.

Fue por lo anterior, que el legislador en el citado precepto, estableció como mecanismo de protección especial, la obligación del empleador de solicitar la autorización del Ministerio del Trabajo, en aquellos eventos en los cuales la finalización del contrato de trabajo carece de una justa causa y que la Corte Constitucional, consideró que para que dicha norma estuviera ajustada a la Carta Política, debía entenderse que el despido bajo tal circunstancia sin la aquiescencia de la referida autoridad administrativa, se sancionaba con su ineficacia.

Al efecto, vale la pena memorar lo dicho en la sentencia CSJ SL CSJ SL6850-2016, en la que se resaltó que el empleador debe contar con la autorización de las autoridades de trabajo, para efectuar despidos unilaterales y sin justa causa de personas en condiciones de discapacidad, so pena de que la terminación no genere efecto alguno:

Por esto la interpretación de la norma más razonable y acoplada al principio de igualdad, es la que prohijó el Tribunal, en virtud de la cual, a pesar de que el despido injusto indemnizado resulta legítimo en condiciones normales, «…en casos como el que se estudia, en el que la empresa conocía por sus propios directivos y el personal en general de la causa que daba origen a la disminución laboral del trabajador, la diligencia mínima que se esperaba en ejercicio de la buena fe contractual, era la de cumplir con los requisitos que exige la ley para proceder a la decisión de despido del demandante.»

Esto es, que el trabajador en condiciones de discapacidad no puede recibir el mismo trato que los demás, de manera que el empleador no puede acudir directamente a los despidos unilaterales y sin justa causa, sino que, previo a ello, tiene que cumplir con los presupuestos establecidos en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 (subrayado y negrilla fuera de texto).

Además de lo anterior, no sobra recordar que la prohibición contenida en la norma en comento que era la vigente para cuando se propuso la desvinculación del actor de su empleo, no opera frente a cualquier tipo de afectación de la salud o de discapacidad, pues conforme al artículo 1º de la Ley 361 de 1997, dicho estatuto normativo se dirige a la protección de aquellas personas en situación de discapacidad severa y profunda, de manera que quienes para efectos de esta ley no tienen la condición de limitados por su grado de discapacidad, no gozan de la protección y asistencia prevista en su primer artículo.

Ahora, debe recordarse que conforme a lo dicho en la sentencia CSJ SL5181-2019, la protección que brinda la citada ley, se refiere a « todas aquellas que su discapacidad comienza en el 15% de pérdida de capacidad laboral», situación en la que se encuentra el demandante, pues según la calificación de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, sufrió una pérdida de capacidad laboral del 51.05%, de lo que surge evidente que el Tribunal se equivocó al estimar, con fundamento en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que aunque el despido del accionante era ineficaz, por cuanto no medió autorización del Ministerio del Trabajo, solo era procedente la indemnización equivalente a 180 días de salario, resultando obvio que al ostentar el demandante un alto grado de discapacidad, la protección que se le brinde debe ser mayor.

En este orden, fuerza concluir que el tribunal incurrió en los yerros jurídicos que le endilga la acusación, por lo que habrá de declararse que el cargo prospera, sin que haya lugar a costas por el recurso extraordinario de casación.

En instancia, sirven las consideraciones expuestas en el ámbito de casación, agregando que al ser ineficaz la desvinculación del demandante, por razón de la limitación y sin autorización del Ministerio de Trabajo, tal determinación no produce efectos jurídicos, es decir, que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la desvinculación.

Bajo ese horizonte, debe revocarse el fallo de primer grado, emitido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Cartagena, el veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), y en su lugar, disponer que el señor Dairo José Coneo Cervantes, debe ser reintegrado por parte de Polybol S.A.S., sin solución de continuidad, al cargo que desempeñaba al momento del finiquito contractual o a uno de igual o mejor categoría; y como consecuencia de lo anterior, deberá pagar los salarios, prestaciones legales, extralegales y aportes a la seguridad social causados en el tiempo que el trabajador estuvo cesante y hasta que se produzca su reinstalación, autorizándola para que se descuente lo pagado al actor en la liquidación definitiva de prestaciones sociales.

Las consideraciones anteriores, sirven de fundamento para declarar no probadas las excepciones propuestas por la pasiva, inclusive la de prescripción, toda vez que el finiquito contractual ocurrió el 24 de octubre de 2008, y la demanda inaugural fue instaurada el 18 de agosto de 2010 (fl. 86), por lo que no transcurrió el periodo trienal previsto en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

Las costas en las instancias, estarán a cargo de la parte vencida.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el doce (12) de diciembre de dos mil trece (2013), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en cuanto absolvió a POLYBOL S.A.S., , de reintegrar sin solución de continuidad, al cargo que desempeñaba al momento del finiquito contractual al señor DAIRO CONEO CERVANTES, en el proceso ordinario laboral que este último le promovió a la referida empresa.

En sede instancia se resuelve:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Cartagena, el veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el señor DAIRO CONEO CERVANTES contra POLYBOL S.A.S, para en su lugar:

CONDENAR a la sociedad POLYBOL S.A.S, a REINTEGRAR sin solución de continuidad, al señor DAIRO CONEO CERVANTES, al cargo que desempeñaba al momento del finiquito contractual, o a uno de igual o mejor categoría; y como consecuencia de lo anterior, deberá pagarle los salarios, prestaciones legales, extralegales y aportes a la seguridad social causados en el tiempo que el trabajador estuvo cesante y hasta que se produzca su reinstalación.

SEGUNDO: Se autoriza a la pasiva para que se descuente lo pagado al actor en la liquidación definitiva de prestaciones sociales cuando se dio por terminado el contrato de trabajo.

TERCERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la llamada a juicio.

Costas, como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

FERNANDO CASTILLO CADENA

Presidente de la Sala (E)

GERARDO BOTERO ZULUAGA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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