GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado ponente
SL636-2020
Radicación n.° 70945
Acta 06
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinte (2020).
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por AMELIA CIERRA CÁCERES, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), en el proceso ordinario que la recurrente le promovió a la ADMNISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.
AUTO
Téngase en cuenta la renuncia presentada por el doctor DIEGO HERNANDO ARIAS ARIZA, identificado con T.P. 129.917 del C.S. de la J., como apoderado de la parte opositora, en los términos y para los efectos del memorial que obra a folios 30-32 del cuaderno de la Corte.
I. ANTECEDENTES
La mencionada accionante, demandó a Colpensiones, para que se declare que es beneficiaria del régimen de transición; que es acreedora de la pensión prevista por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, y que como consecuencia de ello, se condene a la entidad convocada al proceso a reconocerle y pagarle la pensión de vejez desde el «1º de julio de 2012», debidamente indexada, los intereses moratorios, y las costas procesales causadas con ocasión al juicio.
En sustento de sus pretensiones, expuso que nació el 1º de agosto de 1954, por lo que arribó a los 55 años de edad, en igual día y mes pero del año 2009; que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía 39 años; que solicitó el reconocimiento de la prestación reclamada el 19 de julio de 2012, la que fue negada mediante Resolución GNR 015401 del 26 de febrero de 2013; que contra dicho acto administrativo, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, en la medida que la entidad demandada no tuvo en cuenta el periodo cotizado entre el 5 de septiembre de 1976 y el 16 de abril de 1986; que a través de Resolución GNR 1932502 de 2013, se le denegó nuevamente la prerrogativa pensional, a pesar de que cotizó al ISS, 1053 semanas, y que hasta la data de presentación de la demanda, no se le había resuelto el recurso de alzada propuesto.
La entidad convocada al proceso, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; en cuanto a los supuestos fácticos que respaldan las reclamaciones, aceptó la mayoría, pero precisó que la demandante debía probar que para el «22 de julio de 2005», contaba con al menos 750 semanas sufragadas. Como excepciones de fondo propuso las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, falta de título y causa; así como la genérica.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante fallo del veinticinco (25) de agosto de dos mil catorce (2014), absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra e impuso las costas a cargo de la parte actora.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante apeló, y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia del veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), confirmó la de primer grado.
En lo que interesa para el recurso extraordinario de casación, el sentenciador de alzada refirió que el problema jurídico a analizar se circunscribía en «determinar si la actora a pesar de la expedición del Acto Legislativo 1 de 2005 (…), conservó el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (…)».
Al efecto, acotó que el régimen de transición para el caso de la accionante estuvo vigente hasta el «31 de diciembre de 2010» (sic), conforme a los derroteros establecidos por el parágrafo transitorio del artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2005, puesto que para la entrada en vigencia de dicha reforma constitucional, esto es el 29 de julio de 2005, la demandante no contaba con 750 semanas.
Insistió entonces, que la promotora del proceso si bien en principio era titular del tránsito legislativo, no lo mantuvo más allá del «31 de diciembre de 2010» (sic), por lo que consideró que la edad mínima exigida por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, así como el número de semanas cotizadas, debieron haber sido acreditadas por la parte actora con anterioridad a la referida data, situación que no encontró evidenciada en el informativo.
En relación con los alegatos de la apelante, relativos a que el Acto Legislativo en comento, era inconstitucional por ser una norma regresiva, el tribunal luego de referirse a la sentencia , CSJ 29 nov. 2011, rad. 42839, en la que se indicó que « (…) si a la vigencia del acto legislativo, esto es el 29 de julio de 2005, tenía al menos 750 semanas cotizadas, el régimen el transición para pensionarse en los términos del Acuerdo 049 de 1990, aplicable a la demandante no terminaría el 31 de julio de 2010, sino que se extiende o se mantiene hasta el año 2014, desde luego previo el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en el precepto que lo favorece», señaló que no se evidenciaba la inconstitucionalidad alegada puesto que «el acto legislativo por su naturaleza constituía ya una norma constitucional y por tanto y precisamente por eso no se puede pretender su inaplicación por inconstitucional ».
Bajo los anteriores planteamientos, el tribunal determinó que si bien la demandante en principio había sido beneficiaria del régimen de transición, no lo conservó más allá del 31 de julio de 2010, habida cuenta de que no acreditó 750 semanas a la entrada en vigencia de la reforma constitucional referida en párrafos precedentes.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia del tribunal, para que en sede de instancia, proceda a revocar la de primer grado, y en su lugar, se condene a la demandada conforme a las pretensiones incoadas en su contra.
Con tal propósito formula dos cargos, que merecieron réplica, los que se resolverán conjuntamente, puesto que se dirigen bajo la misma senda de ataque, los argumentos en que se fundan son idénticos y tienen igual fin.
VI. PRIMER CARGO
Acusó la sentencia del Tribunal de violar la ley sustancial por la vía directa « los artículos 11 inciso 2, 33, 36, 272, 288 y 289 de la Ley 100 de 1993», y de aplicar indebidamente « el parágrafo 4º transitorio del Acto Legislativo 1 de julio 22 de 2005, que adicionó el Artículo 48 de la Constitución Política, en relación con el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, y que condujo a la falta de aplicación del artículo 12 del decreto 758 de 1990, en armonía con los artículos 4, 46, 47, 48, 53, 93, 94 y 228 de la Constitución Política de Colombia (…)»
Para fundamentar el cargo, adujo que el tribunal « violó de manera directa los artículos 11 inciso 2, 33, 36, 272, 288 y 289 de la Ley 100 de 1993», en la medida que la actora «cumplía con uno de los requisitos establecidos en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, el cual era tener más de 35 años de edad para el 1 de abril de 1994».
Seguidamente, alegó que la aplicación indebida del parágrafo 4º transitorio del Acto Legislativo 1 de 2005, se debió a que no era la norma llamada a gobernar el asunto controvertido, en la medida de que se trata de una precepto regresivo, al adicionar un requisito no previsto por la Ley 100 de 1993, para ser beneficiario del tránsito legislativo, debiéndose acudir a la excepción de inconstitucionalidad por desconocer «los principios más elementales de la seguridad social, al establecer un requisito adicional, (y es tener un mínimo de 750 semanas al año 2005), cuando el demandante cumplió con el requisito de edad».
Explica, que lo anterior condujo a que el tribunal infringiera directamente el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, teniendo en cuenta que la demandante para el año 2009, arribó a los 55 años de edad y contaba con un total de 1054 semanas.
Refiere, que en el presente asunto se debió acudir al principio de favorabilidad, dando aplicación al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que además, la reforma introducida por el Acto Legislativo «ocasiona un aumento de edad de 2 años y un tiempo de cotización a mi poderdante de 4 años a 200 semanas».
VII. SEGUNDO CARGO
Atribuye a la sentencia confutada el violar la ley sustancial, «directamente por aplicación indebida el parágrafo 4º transitorio del Acto Legislativo Nro. 1 de Julio 22 de 2005 que adicionó el Artículo 48 de la constitución Política, en relación con el Artículo 9º de la Ley 797 de 2003, y que condujo a la falta de aplicación de los artículos 11 inciso 2, 33, 36, 272, 288 y 289 de la Ley 100 de 1993, el artículo 12 del decreto 758 de 1990, en armonía con los artículos 4, 46, 47, 48, 53, 93, 94 y 228 de la Constitución Política de Colombia (…) ».
Para demostrar su acusación reitera los mismos argumentos expuestos en el primer cargo.
VIII. RÉPLICA CONJUNTA
Desde el punto de vista de la técnica del recurso extraordinario, pone de presente que a pesar de haberse orientado ambos cargos por la vía directa, en ellos se hacen alusiones a aspectos fácticos.
En cuanto al fondo de la acusación, señala que no resulta procedente acudir a la excepción de inconstitucionalidad como lo solicita la recurrente y que la aplicación que hizo el Tribunal del parágrafo 4 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2005, fue conforme a derecho.
IX. CONSIDERACIONES
El juez de alzada sostuvo, que en principio la demandante era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero que no lo conservó más allá del 31 de julio de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2014, puesto que para la data en la cual fue expedida dicha reforma constitucional, la accionante no contaba con 750 sufragadas, y que además, con antelación a esa fecha la actora no acreditó los requisitos para acceder a la pensión de vejez bajo los derroteros establecidos por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año; supuestos fácticos que quedan incólumes dada la vía escogida para los ataques propuestos.
En ese sentido se tiene, que el parágrafo 4º del artículo 1º Acto Legislativo 01 de 2005, dispuso:
(…)
Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.
(…)
Sobre el alcance de la aludida norma, esta Sala de la Corte, entre otras, en la sentencia SL 1291-2019, que reiteró la CSJ SL 19568-2017; sostuvo:
Del texto reproducido puede observarse que se establecieron dos condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transitorio pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 lo conservaran, a saber:
La primera, que a 31 de julio de 2010 cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicios o de cotizaciones conforme al régimen pensional anterior, caso contrario pierden los beneficios transitorios, y su régimen pensional será el establecido en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones que la complementan o reforman.
Al respecto, ha dicho esta Corte que esta previsión es entendible en la medida que le estableció un límite de vigencia a un régimen que por su propia definición era de carácter transitorio, es decir, que debía tener una vigencia temporal. En consecuencia, en ningún yerro de aplicación incurrió el tribunal, pues esa fue la regla general constitucional y de ella nada distinto es posible concluir, pues su tenor literal no deja asomo de duda sobre su contenido.
La segunda, que al momento de entrada en vigencia el Acto Legislativo tuviera cotizadas 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios; en este caso continuarían siendo beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta el 31 de diciembre de 2014. Esta condición se dio a manera de excepción, justamente para salvaguardar las expectativas de quienes podían pensionarse conforme con el régimen pensional anterior a la Ley 100 de 1993.
Así las cosas, ante la modificación introducida por la aludida preceptiva, se tiene que existen dos situaciones en las que los beneficiarios del tránsito legislativo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pueden acceder a su prerrogativa pensional amparados por el mismo.
La primera, cuando se cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicios o de cotizaciones, previstos por el régimen anterior a 31 de julio de 2010, caso en el cual se mantiene la situación pensional conforme a este y no se afectan las condiciones para acceder derecho, así no se haya reclamado la pensión. La segunda, cuando a pesar de no acreditar los presupuestos legales, conforme a la norma pensional anterior antes del 31 de julio de 2010, al momento de entrar en vigencia el Acto Legislativo 1 2005, se contaba con 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, circunstancia en el cual se conservará el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta el 31 de diciembre de 2014.
De esta manera, debe advertir la Sala, que no se equivocó el tribunal cuando determinó que para el caso de la demandante, el régimen de transición solo tuvo vigencia hasta el 31 de julio de 2010, como quiera que no acreditó haber tenido 750 semanas para la data en que entró en vigencia el Acto Legislativo 1 de 2005, pues tal posición se acompasa con lo que ha sostenido de manera reiterada esta Corporación, y que fue expuesto en precedencia, de manera que la única conclusión a la que podía arribar el juez de segundo grado, era que al haber perdido la demandante el derecho al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no podía pretender su pensión de vejez al amparo del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año.
Adicionalmente se tiene que, en atención a que la vía escogida para los ataques fue la directa, la Corte carece de competencia para entrar a estudiar los aspectos fácticos que los cargos proponen, esto es, que la demandante para el año 2009, arribó a los 55 años de edad y contaba con un total de 1054 semanas, pues ello desconoce las conclusiones fácticas a las que arribó el tribunal, como lo fue que para el 31 de julio 2010, la actora no acreditaba los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, para acceder a la prestación allí regulada.
Por otro lado, en cuanto al argumento de la recurrente relativo a que el tribunal ha debido acudir a la excepción de inconstitucionalidad por ser el parágrafo 4º transitorio del Acto Legislativo 1 de 2005, un precepto regresivo, basta recordar que esta Sala de la Corte, ha sostenido de manera pacífica y reiterada, que en los casos como el aquí presente, no resulta procedente aplicar la referida figura jurídica, ya que la Corporación no tiene competencia para ello; el canon acusado tiene rango constitucional y, además, porque dicha reforma constitucional, solo tuvo efectos hacía el futuro, no afectando situaciones consolidadas a su expedición, circunstancia que en el asunto bajo análisis no se configuró, por cuanto no se estaba en presencia de un derecho adquirido, ya que la demandante, como quedo visto, y no fue objeto de discusión en casación, no había satisfecho la totalidad de los requisitos establecidos por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, para la causación de la pensión de vejez pretendida, ni antes de su promulgación, ni durante el periodo establecido por la modificación constitucional para tal fin (ver entre otras, CSJ SL4650-2017, CSJ SL2570-2019).
Ahora, en cuanto a que la aludida norma constitucional es regresiva, resulta suficiente memorar la sentencia CSJ SL4442-2019, en la que se sostuvo:
Por último, la Corte ha indicado que la expedición del Acto Legislativo no. 1 de 2005 no aparejó una vulneración de los principios de progresividad y no regresividad o el quebrantamiento de los instrumentos internacionales en los que se apoya la censura, pues la variación constitucional no se dio de manera arbitraria e inconsulta, sino que tuvo en cuenta los derechos adquiridos y planeó una fórmula de extinción paulatina del régimen de transición, teniendo en cuenta las expectativas legítimas de ciertos afiliados, además de que estuvo justificada en la necesidad de lograr la sostenibilidad financiera del sistema pensional, fruto de lo cual, contrario a lo dicho por la censura, debe prevalecer el interés general sobre el particular.
En la sentencia CSJ SL841-2019, la Corte explicó al respecto:
Ahora bien, en cuanto al argumento de la recurrente según el cual, la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005, va en contra del principio de progresividad y vulnera lo establecido en los instrumentos internacionales, la Corte ha manifestado que ello no es así, puesto que la implementación del cambio normativo no se dio de manera abrupta, en cuanto consagró un término para que los afiliados pudieran cumplir con los requisitos para causar la prestación y, de esa forma, protegerles el principio de confianza legítima y salvaguardar sus expectativas.
Por su parte, frente al argumento relativo a que el tribunal en virtud del principio de favorabilidad ha debido, acudir a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe recordar la Sala, que la referida figura jurídica se encuentra llamada a operar cuando existen varias normas laborales vigentes aplicables a una situación de hecho, debiendo el operador jurídico preferir aquella que le represente mayores beneficios al trabajador, circunstancia que no se vislumbra en el presente caso, en tanto que «existe disposición especial que determina la vigencia del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. De manera que, al existir ese precepto que regula la situación de forma unívoca, es el único aplicable» (CSJ SL4285-2018).
Finalmente, en lo que tiene que ver con el planteamiento del recurrente, en el sentido de que la pérdida del régimen de transición con ocasión a la expedición del Acto Legislativo 1 de 2005, implicó para la demandante el incremento de la edad y el tiempo cotizado como requisitos para acceder a la pensión de vejez, resulta suficiente señalar que tal situación no comporta una transgresión a las normas denunciadas en los cargos, pues lo cierto es que como quedo visto la reforma constitucional, no desconoció ningún derecho adquirido por la actora, puesto que esta solo ostentaba una simple expectativa, que puede ser objeto de modificación por el legislador, de acuerdo con la libertad de configuración que le otorga la Constitución Política y; además, porque aquella no supuso una modificación intempestiva, sino que por el contrario, otorgó la posibilidad a aquellos asegurados que tenían la expectativa legitima de pensionarse en el periodo que consagró, y de acuerdo a las reglas que allí fijó, de conservar los beneficios que las normas anteriores al referido Acto Legislativo les otorgaban para acceder a esa prestación.
Conforme a los argumentos que preceden, resulta claro que el juez de apelaciones no incurrió en los yerros jurídicos que se le endilgan, en tanto no aplicó de manera indebida las disposiciones que gobernaban el caso, por lo que los cargos no prosperan.
Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo del recurrente que lo fue el actor, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $4.240.000, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.
XI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), en el proceso ordinario que AMELIA CIERRA CÁCERES le promovió a la ADMNISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.
Costas como quedo visto en la parte motiva de la providencia.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
FERNANDO CASTILLO CADENA
Presidente de Sala(E)
GERARDO BOTERO ZULUAGA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN