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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL650-2020

Pensión de sobrevivientes

Fecha
19 de febrero de 2020
Magistrado ponente
Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Citada por
96 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL650-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Incurrió el Tribunal en error de hecho al dar por demostrada la dependencia económica de la madre respecto del hijo fallecido, pese a los ingresos del padre y de la propia madre?

  2. ¿La dependencia económica de los padres para la pensión de sobrevivientes exige que la ayuda del hijo sea total y absoluta, o basta que sea determinante para su subsistencia?

Reglas

  1. La dependencia económica de los padres para la pensión de sobrevivientes no se entiende en términos absolutos; otros ingresos no excluyen el derecho si no bastan para garantizar su supervivencia en condiciones dignas.

    «la dependencia económica que exige la norma en cita no puede comprenderse en términos absolutos»
  2. La dependencia económica de los padres requiere falta de autosuficiencia económica y una subordinación económica respecto del fallecido que afecte significativamente su mínimo vital.

    «i) la falta de autosuficiencia económica a partir de recursos propios o de terceros y ii) una relación de subordinación económica respecto de la persona fallecida»
  3. No cualquier ayuda del hijo configura la dependencia económica, sino la que es relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia.

    «aquel que tiene la connotación de ser relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia»
  4. Los testimonios no son prueba calificada en casación, por lo que no es posible estructurar errores de hecho con base en su errada apreciación.

    «tales medios de convicción no son prueba calificada en casación, pues de conformidad con el artículo 7.° de la Ley 16 de 1969»
  5. En un hogar común no es procedente desagregar los gastos básicos de cada integrante para determinar la dependencia económica de los padres.

    «no es procedente desagregar los gastos básicos de cada uno de ellos a fin de determinar si existía dependencia económica»

Decisión

No casa la sentencia del Tribunal Superior de Cali que confirmó la condena a reconocer la pensión de sobrevivientes a la madre. Sin costas en casación.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 13 de octubre de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario que adelanta GLORIA PATRICIA MARTÍNEZ contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., trámite al cual fue vinculado como litis consorte necesario JHON JAIRO AGUDELO MAZUERA. Sin costas.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL650-2020

Magistrado ponente: Clara Cecilia Dueñas Quevedo

19 de febrero de 2020

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada ponente

SL650-2020

Radicación n.° 80379

Acta 6

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinte (2020).

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió el 13 de octubre de 2017, en el proceso ordinario que GLORIA PATRICIA MARTÍNEZ CALLE adelanta en su contra, trámite al cual se vinculó como «litis consorte necesario» a JHON JAIRO AGUDELO MAZUERA.

ANTECEDENTES

Con la demanda inicial, la actora solicitó que se condene a la convocada a reconocer la pensión de sobrevivientes en calidad de madre de Jean Pier Agudelo Martínez desde el 17 de marzo de 2013 junto con las mesadas adicionales e incrementos de ley, los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso.

Como fundamento de esos pedimentos, expuso que el causante se encontraba vinculado laboralmente a Cosmitet Ltda. a través del convenio de trabajo asociado autogestionario suscrito con Servisucoop CTA., y estaba afiliado a Porvenir S.A.; que su deceso tuvo lugar el 17 de marzo de 2013, como consecuencia de varios impactos de bala; que era soltero, no tenía hijos, convivía con sus padres y, además de su propia manutención, contribuía con los gastos del hogar, en especial, por los de la demandante para quien la ayuda que este le prodigaba constituía su mínimo vital, teniendo en cuenta que padecía de enfermedades que implicaban controles médicos cada seis meses.

Afirmó que dicha situación no le permite trabajar dado el carácter «progresivo» de sus patologías; que dentro de los tres años anteriores al deceso, Jean Pier Agudelo Martínez contaba con más de «130» semanas cotizadas al fondo accionado, y que agotó la reclamación administrativa que fue resuelta en forma desfavorable (f. ° 4 a 12).

Al dar respuesta al escrito inicial, la demandada se opuso a las pretensiones, aceptó los hechos relativos a la afiliación del causante desde el 23 de julio de 2010, su estado civil, la ausencia de descendientes, el número de semanas cotizadas en los tres años anteriores a la muerte -«132.43»-, la reclamación del derecho y su respuesta negativa.

En su defensa, propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda, ausencia de derecho sustantivo, carencia de acción, falta de acreditación de los requisitos legales para reconocer la pensión de sobrevivencia, inexistencia de la dependencia económica, compensación, buena fe, y la «genérica» (f.° 60 a 69).

En escrito separado, solicitó la integración al proceso de Jhon Jairo Agudelo Mazuera en calidad de «litis consorte necesario», actuación que se admitió por parte del Juzgado de conocimiento que lo fue el Séptimo Laboral del Circuito de Cali (f.° 92).

Una vez vinculado al proceso, Jairo Agudelo Mazuera coadyuvó las pretensiones incoadas por la accionante, para lo cual aceptó la reclamación del derecho, pero aclaró que no le asiste interés alguno en la prestación incoada, dado que cuenta con sus propios recursos, mientras que la demandante no recibe ingresos y, además, tiene un estado de salud precario (f.° 102 y 103).

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia de 29 de abril de 2015, el Juzgado de conocimiento resolvió (f.° 115 vto. cd. n.° 1):

1° DECLARAR infundada la tacha de sospecha respecto del testigo Óscar Hernán Mazuera Alfonso.

2° DECLARAR NO PROBADAS las excepciones formuladas por la demandada […].

3° CONDENAR a PORVENIR S.A. al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes de origen común a favor de la señora GLORIA PATRICIA MARTÍNEZ CALLE […] a partir del 17 de marzo de 2013, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, junto con los incrementos anuales de ley y mesadas adicionales a que haya lugar. La entidad demandada se grava con intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 17 de junio de 2013, sobre las mesadas adeudadas, que se generarán hasta que se haga su pago efectivo.

Se autoriza a Porvenir a descontar del valor del retroactivo, el descuento del 12% para efectuar los aportes a salud.

4° CONDENAR a PORVENIR S.A. en costas en favor de la demandante […].

5° DESVINCULAR del presente proceso al señor JOHN JAIRO AGUDELO MAZUERA, teniendo en cuenta lo arriba expuesto.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver el recurso de apelación que interpuso la demandada y el grado jurisdiccional de consulta a favor del «litis consorte necesario», a través de la providencia impugnada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali resolvió (f.° 5 vto. cd. n.° 1):

Modificar el numeral tercero de la sentencia 127 del 29 de abril de 2015 del Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, en el sentido de ESTABLECER que lo adeudado por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. a GLORIA PATRICIA MARTÍNEZ CALLE […] por retroactivo pensional causado entre 17 de marzo de 2013, actualizado al 30 de septiembre de 2017, por 13 mesadas anuales, asciende a $38.157.005.

SE CONFIRMA la sentencia consultada y apelada en lo demás.

Sin COSTAS en esta instancia.

Para esta decisión, comenzó por señalar que los problemas jurídicos a resolver se contraían a verificar: (i) si la demandante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes del causante en su condición de madre; (ii) si se demostró la dependencia económica en la forma exigida por los preceptos legales, para, en caso positivo, (iii) establecer si las condenas impartidas se ajustan a derecho.

A continuación, procedió a estudiar el grado jurisdiccional de consulta a favor del «litis consorte necesario», y concluyó que pese a estar demostrada la condición de padre del causante, este coadyuvó las pretensiones de la demanda y manifestó de manera expresa su desinterés frente a la pensión discutida, por contar con ingresos mensuales propios para su sustento y, en tanto, afirmó, que Gloria Patricia Martínez carece de recursos, padece de graves quebrantos de salud y era su hijo quién proveía sus necesidades.

Respecto del recurso de alzada que la accionada propuso, indicó que en atención a la fecha del deceso del asegurado -17 de marzo de 2013- la norma que regula la pensión solicitada es la Ley 797 de 2003 artículos 12 y 13, modificatorios de los artículos 46 y 47 la Ley 100 de 1993, que exigen que el causante haya cotizado 50 semanas en los tres años anteriores a la muerte y el 20% de fidelidad al sistema, requisito que fue declarado inexequible a través de sentencia C-556 de 20 agosto de 2009.

Advirtió además que en el sub judice se cumplió el requisito de densidad de cotizaciones, en tanto se acreditó un total de «132.43» semanas en dicho lapso. Luego, la controversia se centraba en la dependencia económica de la demandante en relación con su hijo fallecido, en la medida que conforme al artículo 13 de la mencionada preceptiva a falta de cónyuge compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de aquel.

Respecto de esta última circunstancia resaltó que por tal debe entenderse como la falta de condiciones materiales mínimas en cabeza de los beneficiarios de la prestación para auto proporcionarse o mantener su subsistencia, y que la presencia de ciertos ingresos no constituye su ausencia, pues tan solo se es independiente cuando el solicitante por sus propios medios puede mantener su mínimo existencial en condiciones dignas. En apoyo trajo a colación la sentencia CC T- 326 de 5 de junio de 2013.

Igualmente, memoró la sentencia CSJ SL, 51902, 16 ago. 2017, en la que esta Sala adoctrinó que la subordinación financiera de los padres respecto de su hijo fallecido no tiene que ser total y absoluta, lo que quiere decir que, si bien debe existir una relación de sujeción de aquellos en relación con la ayuda pecuniaria el hijo, ello no excluye que puedan percibir rentas o ingresos adicionales siempre y cuando estos no los convierta en suficientes para garantizar su dependencia económica.

Bajo ese contexto, evidenció que no era de recibo el argumento de la recurrente relativo a que la madre no era totalmente dependiente del causante, pues el hecho de ser beneficiaria en salud de su cónyuge o que este tuviera ingresos, no la hacían autosuficiente y, contrario a ello, la subordinación económica de la actora respecto de su hijo fallecido se demostró con la prueba testimonial.

Para el efecto, trajo a colación la declaración de John Jairo Castillo Núñez quien manifestó que conocía a la demandante y a su cónyuge desde hacía 15 años, que regularmente practicaban deportes y visitaba su casa donde conoció al causante. Asimismo, aseguró que John Jairo trabaja como dependiente y que si bien la accionante laboró en su mismo lugar de habitación en un salón de belleza, lo cierto es que dejó de ejercer tal actividad hace «más o menos 8 o 10 años» por motivos de salud, razón por la que el fallecido aportaba para los gastos del hogar, como «servicios y alimentación», porque lo que ganaba su padre no era suficiente. Resaltó que, en promedio, el de cujus le aportaba a su mamá $350.000 al mes, y que le consta porque en varias ocasiones presenció tal circunstancia.

Frente al testimonio de Óscar Hernán Mazuera Alfonso sobrino del «litis consorte necesario» y primo del causante, que fue «tachado de falso por la demandada», el Tribunal advirtió que compartía el argumento del a quo en cuanto a que tal reserva no estaba llamada a prosperar; decisión que no fue motivo de impugnación.

Resaltó que dicho declarante señaló que conoció a la demandante desde muy pequeño por razón del vínculo de consanguinidad con el cónyuge de ella, y su conocimiento acerca de que los gastos del hogar los cubrían John Jairo y Jean Pierre, de quien afirmó aportaba entre $300.000 a $400.000, y era quien «velaba por la enfermedad de su madre, pagaba sus medicamentos, le costeaba un tratamiento de ortodoncia que debió suspender, y aportaba para los servicios». Razón por la que desde que aquel falleció se han «apretado» en los gastos, dado que la accionante desde hace muchos años no trabaja debido a su estado de salud.

Respecto de la testigo Jennifer Orejuela Lenis, novia del causante, adujo que ella manifestó que conoció a la promotora del litigio hace más de 6 a 7 años, que aquel vivía con sus padres y que le colaboraba a su progenitora con «los gastos médicos, transporte, comidas, salidas, medicamentos y mensualmente le aportaba una cuota de $200.000 o $300.000 para los gastos del hogar, desplazarse al tratamiento médico y sus necesidades personales». Afirmó que la actora se vio afectada económicamente con la muerte de su hijo, en tanto suspendió su tratamiento de ortodoncia y se abstiene de cubrir varios gastos personales.

En cuanto a Steven Pozo Barona amigo del causante, recordó que en su declaración afirmó que conoció a la promotora del litigio hace más o menos 10 o 12 años, que aquel vivía con sus padres y que lo veía cada 15 o 20 días. Agregó que el fallecido trabajaba en la Clínica Rey David Lucía y que allí le compraba los medicamentos a su madre porque eran más económicos; que le consta que aportaba para los gastos personales colaboraba con su «alimentación» y el pago de «algunos servicios públicos», ayuda que osciló entre $250.000 y $300.000.

En ese contexto, el Tribunal determinó que se encontraba satisfecho el requisito de la dependencia económica, y, en consecuencia, procedía el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Respecto al reparo de la accionada en cuanto a la improcedencia de las mesadas adicionales, acotó que le asistía razón parcialmente en lo que tiene que ver con la mesada adicional de junio, pues a pesar de ser aplicable tanto al régimen de prima media con prestación definida como al régimen de ahorro individual con solidaridad, el Acto Legislativo 01 de 2005 la eliminó para aquellas pensiones causadas con posterioridad al 31 de julio de 2011, y únicamente la mantuvo para quienes tuvieran una mesada igual o inferior a 3 salarios mínimos legales vigentes siempre que se hubiere causado antes de dicha fecha y, en el sub lite, la muerte del causante tuvo lugar el 17 de marzo 2013.

No obstante, agregó que no sucedía lo mismo respecto de la mesada adicional de diciembre, en tanto no existe norma que la excluya para el régimen de ahorro individual con solidaridad y, por tanto, había lugar a su reconocimiento, máxime que se trata de una pensión mínima legal de sobrevivencia, y que no puede existir trato discriminatorio respecto a los pensionados, tal y como lo expuso la Corte Constitucional en sentencia CC C-401 de 15 septiembre 1994.

Finalmente, avaló el otorgamiento de los intereses moratorios a partir del 17 de marzo de 2013, como quiera que la reclamación del derecho se presentó el 17 de abril del mismo año, y la accionada tan solo contaba con dos meses para su resolución.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

El recurso extraordinario lo interpuso la demandada Porvenir S.A., lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte Suprema de Justicia.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la accionada que esta Sala case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y la absuelva de todas las pretensiones incoadas.

Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula tres cargos que dentro del término de ley no fueron objeto de réplica. La Sala estudiará de manera conjunta el segundo y el tercero como quiera que se dirigen por la misma vía y persiguen idéntico fin.

VI. CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia del Tribunal de ser violatoria, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del «artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y 141 de la Ley 100 de 1993 y se infringieron en forma directa los artículos 27, 31 y 411 del Código Civil, 164, 167 y 221 del Código General del Proceso, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y 29 y 230 de la Carta Magna».

Refiere que el Tribunal incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho:

Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora Martínez Calle dependía económicamente de su hijo al momento de su óbito a pesar de que al proceso no se adjuntó prueba de la disponibilidad de recursos con la que contaba el fallecido para ayudarla, ni se acreditó a cuánto ascendían sus gastos, ni se comprobó el monto y la significancia de la incierta contribución del difunto frente a éstos últimos.

Dar por demostrado, sin estarlo, que lo que hipotéticamente diera el muerto a su progenitora era lo que le aseguraba su mínimo vital.

Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante Martínez era acreedora legítima de la prestación impetrada.

Dar por cierto, sin serlo, que Porvenir .S.A podía ser condenada a erogar la pensión pedida.

Señala que el ad quem arribó a dichos yerros debido a la errónea apreciación de:

Testimonios de Jhon Jairo Castillo Núñez, Óscar Hernán Mazuera Alfonso y Jennifer Orjuela Lenis (f. 113. C.1 disco compacto) y de Steven Posso Barona (fs. 113 y 114, c.1, disco compacto).

Y como pruebas no valoradas indica las siguientes:

Documento de la Nueva EPS denominado “Atención Consulta Externa #10” (fa. 43 y 44, c.1)

Historial de aportes Jean Pier Agudelo Martínez en Porvenir S.A. (fs. 73 a 75, c.1)

Documento “Trámite de Reclamación de Sobrevivencia” (fs. 81 a 85, c.1)

Confesiones contenidas en el interrogatorio de parte rendido por la señora Gloria Patricia Martínez Calle (f. 113, c.|, disco compacto).

Como sustentación del cargo, refiere que es patente el desatino del Tribunal al confirmar la condena emitida por el a quo, pues una vez revisado el expediente se advierte la ausencia de las pruebas imprescindibles para demostrar la existencia de una sujeción económica de la madre respecto del hijo fallecido.

Aduce que es lógico que para que alguien dependa financieramente de otra persona, los recursos de esta última deben alcanzar para sus propios gastos y los de su favorecido, por tanto, resulta imprescindible demostrar en el proceso que el benefactor contaba con medios suficientes para cumplir con esa condición; circunstancia que no tuvo lugar, pues al analizar el historial de aportes del promotor del litigio, evidencia que el salario que devengó ascendía a «casi un salario mínimo legal» -$570.000 al día del fallecimiento-, de manera que, al restarle el aporte obligatorio a la seguridad social -$45.600 aproximadamente- y los gastos que la propia progenitora aceptó en el interrogatorio de parte, como son el tratamiento de ortodoncia -$50.000-, los medicamentos que presuntamente costeaba -$75.000-, la cuota del crédito para compra de una moto, más el costo de la gasolina, el mantenimiento de la misma y la adquisición de sus artículos personales como ropa, elementos de aseo, etc., es imposible que aquel pudiera aportarle a la demandante $400.000, como en forma «falaz» se adujo.

Sostiene que, en diametral oposición a lo anterior, quedó probado que el padre del causante con quien vivía la demandante devengaba $910.000 mensuales, tal y como consta en el documento «trámite de reclamación de sobrevivencia», que se encuentra firmado por los progenitores del afiliado fallecido en señal de aceptación de su contenido.

Agrega que al comparar el valor de los gastos del hogar que la accionante mencionó en el interrogatorio de parte que rindió, esto es, $130.000 de servicios públicos y $500.000 de mercado, se demuestra que el padre del de cujus estaba en capacidad de asumirlos sin contar con dinero alguno de este, y que es cuestionable la posición del a quo en cuanto a que el salario mínimo que percibía el fallecido –disminuido con las erogaciones mencionadas- sí fuera constitutivo de una dependencia económica, y que a su turno, la asignación que devengaba el papá, no fuera suficiente para atender la manutención del hogar, máxime cuando este estaba afiliado al sistema de seguridad social en salud, tenía a su esposa como su beneficiaria y era dueño de la casa en la que ambos residían junto con el causante.

Luego, que como no se evidenció el valor del hipotético auxilio que le prodigaba Jean Pier Agudelo Martínez a su mamá, ni el importe de gastos, tampoco se demostró la significancia de la incierta contribución frente a la cuantía de las erogaciones maternas. En apoyo trae a colación las sentencias CSJ SL, 32813, 14 may. 2008 y CSJ SL687-2017.

Advierte que si en gracia de discusión, se diera crédito al hecho de que el fallecido ayudaba a la accionante, esta Sala ha señalado que para que haya una subordinación financiera es necesario que el aporte del causante cubra la mayoría de sus gastos, de modo que contribuciones parciales o fragmentarias o que simplemente pagan los propios consumos de aquel, no configuran un sometimiento pecuniario, como sucede en el sub judice. Tal y como se expuso, en providencia CSJ SL, 16598, 18 sep. 2001.

Aduce que así como quedó probado que el padre del causante devengaba $910.000 mensual, también era imprescindible que se acreditara que esos recursos no bastaban para sufragar sus gastos y los de su esposa, lo cual no aconteció en el asunto.

Destaca que si se entendiera que con tales ingresos eventualmente no se satisficiera su sustento, la demandante tampoco probó que el de cujus dispusiera de los medios que le permitieran apoyarla, o que teniéndolos se los entregara o que dándoselos fueran indispensables para sufragar su manutención al cubrir un porcentaje significativo de sus necesidades monetarias, omisiones que dan al traste con la decisión del Colegiado de instancia, teniendo en cuenta la jurisprudencia relativa a que el sometimiento económico no se presume.

En sustento de lo anterior, trae a colación lo consignado en el documento de la Nueva EPS denominado «Atención Consulta Externa #10», que acusa como no apreciado, en el que se plasmó que la actora «desde diciembre no labora», que según el censor, pone de manifiesto que tanto ella, como los testigos, «mintieron en lo que atañe a que ella no trabajaba desde muchísimo tiempo antes de la defunción de su hijo, pues solo dejó de hacerlo dos meses y medio antes, circunstancia que de paso derriba el hecho de que la demandante requiriera del socorro de su hijo ya que contaba con sus propios ingresos como los de su cónyuge y lo que, desde luego, cierne un grueso manto de duda sobre la veracidad, espontaneidad e imparcialidad de lo aseverado por los deponentes».

Advierte que de entenderse que Jhon Jairo Castillo Núñez «falseó» dicha información, también es claro que hizo lo mismo cuando adujo ver en numerosas ocasiones que el causante le entregaba $350.000 a su madre, pues al inicio del recuento aseguró que, aunque se veía casi todos los sábados con Agudelo Mazuera, posteriormente refirió que no iba a su casa continuamente, comentario que luego modificó para justificar la versión de que presenciaba la entrega de ese dinero. Aserto que afirma se ratifica con el hecho de que tenía conocimiento de tal aporte, por conversaciones sostenidas con el causante, lo que en su criterio, lo convierte en un testigo de oídas.

Agrega que tampoco se acreditó que los recursos con los que contaban los progenitores fuera insuficientes para sufragar los gastos de subsistencia, y que si, eventualmente, así fuera, no era dable tenerlo como pilar de la condena, dado que aquellos nunca demostraron que el fallecido dispusiera de los medios que le permitiera apoyarlos, o que teniéndolo se los entregara, o que dándoselos fueran indispensables para sufragar su manutención al cubrir un porcentaje significativo de sus necesidades monetarias.

Acota que lo mismo sucede con Óscar Hernán Mazuera Alfonso, quien reconoció su condición de testigo de oídas cuando se le cuestionó acerca del subsidio y contestó «pues yo hablaba con él cuando iba, yo no arrimaba mucho a la casa por cuestión de trabajo» y, más adelante, señaló que la contribución del causante era de $350.000 o $400.000 y refirió «pues más o menos era lo que uno hablaba con él» y agregó «el aporte que hacía mi primo era para tener una mejor calidad, para que el hogar tuviera una mejor calidad de vida. El papá aportaba para la comida y todo eso».

Es decir, ratificó que de existir recursos suministrados por el de cujus estaban destinados a proveer una vida más cómoda a sus progenitores, pero que no eran fundamentales para garantizar su mínimo vital, en tanto este se suplió con los obtenidos por su padre y con el trabajo de la accionante.

Sostiene que, igualmente, en la versión que rindió Jennifer Orjuela Lenis, fue evidente su interés en favorecer a la promotora del juicio cuando mencionó que el hijo ganaba entre $800.000 y $900.000 mensuales más horas extras, pues basta con comparar esas cifras con unas reales como los aportes que realizó a seguridad social, para evidenciar que aquel devengaba un salario mínimo legal mensual.

Advierte que dicha declarante comentó que el causante se hacía un tratamiento de ortodoncia, lo que exigía otro pago adicional a los mencionados y que demuestra que lo que aquel percibía solo le servía para costear sus propias erogaciones y quizá darle «gusto» a su progenitora.

Finalmente, sostiene que Steven Posso Barona aceptó su carácter de testigo de oídas cuando aseveró que «él [causante] manifestaba que él colaboraba con parte la alimentación y algunos servicios, no todos pero sí algunos», y lo reafirmó cuando adujo que sabía que aquel les prestaba dinero a sus padres «porque el [afiliado fallecido] lo comentaba».

Frente a la «inanidad» de la información suministrada por los testigos de oídas, cita un aparte de la sentencia CSJ SL687-2017 y concluye que lo dicho por estos no es atendible, en tanto sus respuestas fueron engañosas al contrastarlas con otras pruebas allegadas al plenario.

Resalta que no es posible deducir que el de cujus percibía otros ingresos, pues no hay medio de convicción que lo acredite o que demuestre el monto de esos estipendios adicionales y, en consecuencia, ningún testigo evidenció cuál era la disponibilidad de los medios con los que el causante contaba para ayudar a su progenitora, ni tampoco mencionó a qué valor ascendían, ni cuál era su importancia, lo que hace inocuas sus manifestaciones.

VIII. CONSIDERACIONES

Conforme lo acepta la recurrente, no es objeto de cuestionamiento entre las partes: (i) que Jean Pier Agudelo Martínez falleció el 17 de marzo de 2013; (ii) el parentesco de consanguinidad con la actora; (iii) que el causante fue afiliado a Porvenir S.A. y dentro de los últimos 3 años anteriores al deceso, cotizó al sistema de seguridad social integral «132.43» semanas.

Así, se tiene que en el sub judice, los errores de hecho que le enrostra la censura al Tribunal están encaminados a desvirtuar la dependencia económica de la madre frente al causante, la cual encontró acreditada, en especial, con la prueba testimonial. Bajo ese entendido, la Sala procederá a estudiar los diferentes medios de convicción denunciados por la censura, con miras a establecer si el ad quem se equivocó al concluir que se acreditó tal requisito.

Documento de la Nueva EPS denominado «Atención Consulta Externa #10» (f.° 43 y 44).

Al criticar su falta de valoración, aduce el recurrente que dicho documento evidencia que la demandante no laboraba, pero solo desde «diciembre», lo cual pone de manifiesto que los testigos mintieron al referir que no lo hacía desde hacía mucho tiempo atrás y que, de paso, derriba el argumento relativo a que requería del auxilio de su hijo, pues a más de que contaba con sus propios ingresos, también tenía los de su esposo. Luego, existe duda respecto de la veracidad, espontaneidad e imparcialidad de lo aseverado por los deponentes.

Pues bien, el documento que se cuestiona tiene fecha de 25 de abril de 2013, y allí se refiere que desde «diciembre» no laboraba. Luego, se tiene que a partir de entonces a la data del fallecimiento -17 de marzo de 2013- sí transcurrió un lapso, sin que esta devengara ingreso alguno.

No obstante lo anterior, vale recordar que esta Sala ha determinado que no se requiere la carencia absoluta y total de ingresos o que el eventual beneficiario o beneficiaria se encuentre en la «indigencia», de modo que si existen asignaciones mensuales, ingresos adicionales o cualquier otra acreencia de la que son titulares, no por ello puede afirmarse que la persona se constituya en autosuficiente económicamente.

Además, se advierte que resulta improcedente el planteamiento que ahora se exhibe en sede extraordinaria, pues es claro que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, si el recurrente consideraba que las declaraciones no eran veraces, debió plantear su tacha de falsedad, a fin de que el fallador de primer grado la resolviera en la sentencia definitiva, y si bien la convocada la efectuó frente al deponente Óscar Hernán Mazuera, lo cierto es que el a quo la declaró infundada; decisión que avaló el Colegiado de instancia, pues a más de que no fue objeto de alzada, de su apreciación concluyó que conocía de los hechos que expuso, dado el parentesco de consanguinidad con el padre del causante.

Con todo, la Sala debe recordar que valorar los testimonios rendidos se encuentra dentro de las legítimas facultades del juez laboral, establecidas en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de conformidad con las cuales el fallador puede formar libremente su convencimiento según las reglas de la sana crítica, las cuales no obligan de ninguna manera a negarle la credibilidad a un testigo por la circunstancia que expone la censura.

Finalmente, si el recurrente consideraba que existió alguna falsedad, bien podía acudir ante las autoridades pertinentes, a fin de exponer tal situación. Lo anterior, como quiera que el recurso de casación no es el mecanismo para ventilar dichas inconformidades.

En consecuencia, no incurrió el Tribunal en el error que le endilga frente al citado documento.

-Historial de aportes de Jean Pier Agudelo Martínez a Porvenir S.A. e Interrogatorio de parte rendido por la accionante.

Señala la censura que de la mencionada probanza se observa que el salario que devengaba el de cujus ascendía a $570.000 valor que al restarle el aporte obligatorio a salud, los gastos que la progenitora aceptó en el interrogatorio de parte, el crédito para la compra de una moto más los personales, resulta insuficiente para deducir que el causante le proveía a su progenitora una ayuda por la suma de $400.000.

En efecto, el historial de aportes evidencia que el ingreso base de cotización equivalió a la referida cantidad; sin embargo, cumple acotar que esta Corporación ha sido enfática al señalar que para el éxito de la pretensión no es necesario demostrar el origen de los recursos con los que el afiliado o pensionado fallecido ayudaba, sino que basta con acreditar la dependencia económica.

Así lo consideró esta Sala de la Corte en sentencia CSJ SL, 38399, 20 oct. 2010, en los siguientes términos:

El Tribunal no se ocupó de examinar si el fallecido señor Tirado Agudelo contaba con ingresos que le permitieran sostener económicamente a sus progenitores, por manera que no pudo haber cometido el segundo de los yerros fácticos que le endilga la censura, entre otras cosas porque, a la norma jurídica que gobierna el caso litigado, no le interesa si el causante demuestra ó no el origen de los recursos que invierte en la manutención de aquellas personas a las que por razones simplemente naturales les debe agradecimiento. Para el legislador lo importante es la prueba de que el hijo proveía en un porcentaje más o menos importante para el sostenimiento de sus padres, signo inequívoco de un natural sentimiento afectivo, que no la acreditación de si el afiliado, para la fecha de su deceso, tenía una relación laboral de orden formal, porque esos recursos bien pueden provenir de otra fuente no necesariamente dependiente.

Ahora, si la Sala entendiera que únicamente el historial de aportes es válido como prueba del salario, se tiene que aunque la accionante en el interrogatorio de parte acotó que en los consumos personales del hijo se encontraba el pago de un crédito de una moto, no especificó el monto, ni tampoco señaló los posibles gastos que derivan de su adquisición. Luego, no es posible hacer suposiciones o conjeturas aritméticas a fin de restarle importancia al aporte que el de cujus le hacía a su madre, pues, por el contrario, lo que dedujo el Tribunal de los testimonios, es que aquel ayudaba con los servicios y el mercado, necesidades, que sin duda alguna, son importantes en cuanto a la congrua subsistencia de la peticionaria.

De igual manera, la demandante fue enfática en referir que tanto su esposo como su hijo colaboraban con las expensas del núcleo familiar y, adicionalmente, el causante lo hacía con sus necesidades básicas, como una ortodoncia y los medicamentos que por su condición constituían su mínimo vital, tal y como esta lo adujo en el interrogatorio de parte y en la demanda.

Ahora bien, Martínez Calle aseveró que su cónyuge recibía un salario de un poco más del mínimo para la época del fallecimiento del de cujus, aproximadamente $850.000 o $900.000, pero a su vez, indicó que entre sus gastos se encontraban varios créditos que utilizaron para mejoras de la casa. Luego, es claro, que los ingresos de su esposo no convertían a la accionante en autosuficiente financieramente, al punto que esa cifra les alcanzara para subvenir sus necesidades mínimas; de ahí que como lo dejó dicho su calidad de vida se vio afectada con el deceso de su descendiente, como sucedió, al suspender el tratamiento de ortodoncia y no recibir los medicamentos que este le suministraba.

Por ello, se ha dicho que la dependencia económica tiene como rasgo fundamental el hecho de que, una vez fallecido el causante y, por lo mismo, extinguida la relación de contribución económica hacia el presunto beneficiario, la solvencia de este último se ve amenazada en importante nivel, al punto de poner en riesgo sus condiciones de vida digna. Esto es, una persona es dependiente cuando no cuenta con grado suficiente de autonomía económica y su nivel de vida digna y decorosa está subordinada a los recursos provenientes del que fallece.

De igual modo, tal como lo concluyó el juzgador atacado, la circunstancia de que existan otras ayudas adicionales a la del hijo fallecido por sí sola, no la hace autosuficiente, pues el hecho de cubrir necesidades básicas como los medicamentos, más el aporte de los gastos generales del hogar como servicios y mercado, se itera, resultan relevantes en cuanto a la congrua subsistencia de la actora.

Entonces ninguna confesión hizo la demandante en su interrogatorio, como quiera que al dar respuesta a las preguntas que se le formularon, ratificó que aunque su esposo y su hijo aportaban a los gastos del hogar, el causante se ocupaba de sus necesidades personales, tal como ocurrió con el pago de la ortodoncia que no pudo continuar por su deceso y los medicamentos que exigían su precario estado de salud.

En cuanto al salario que percibía el hijo, afirmó que devengaba «800.000 y alguito», pues «le hacía extras» a sus compañeros con otros «turnos que eran por aparte, pero tengo entendido que era el mínimo», y respecto de sus egresos, aseguró que pagaba una moto, aportaba al hogar aproximadamente $400.000 o $350.000, dependiendo de las extras que hiciera, la ortodoncia -$50.000- y los medicamentos que le salían más económicos por la suma de $75.000.

Si bien en el historial de aportes se registra un ingreso base de cotización del causante por valor de $570.000, lo cierto es que sus aseveraciones no resultan adversas a sus intereses o favorables para su contraparte, capaces de ser catalogadas como confesión. Por el contrario, lo que mencionó es que aquel hacía horas extras en la clínica en la que laboraba, lo que eventualmente, le permitía tener un ingreso superior con el cual solventar no solo sus gastos personales sino también los de su progenitora.

Documento trámite de reclamación de sobrevivencia (f.° 81 a 85).

Sostiene la censura que en dicha petición se plasmó que el padre del causante con quien vivía la demandante devengaba $910.000 mensuales, lo cual descarta la dependencia económica de aquella respecto de su hijo fallecido.

Pues bien, en efecto, en dicho medio de convicción se registró como asignación la referida suma; empero, como se advirtió en precedencia, la circunstancia de que existan otros ingresos no la convierten en autosuficiente financieramente, pues aunque en el interrogatorio de parte hizo alusión al monto de algunos gastos del hogar, como mercado por valor de $500.000 y servicios públicos por la suma de $130.000, previamente señaló que no tenía conocimiento específico de cada monto, ni a qué correspondían la totalidad de los egresos, dado que quienes mantenían el núcleo familiar eran su hijo y su esposo. Luego, tampoco es posible suponer como lo pretende el recurrente que estos montos eran los únicos que se pagaban, en tanto, se reitera, aquella también aludió a la existencia de unos créditos que se encontraban a cargo de Jairo Agudelo Mazuera.

Ahora, si bien la censura afirma que era imprescindible acreditar que los recursos del padre no bastaban para sufragar sus propios gastos y los de la promotora del juicio, se advierte que como los progenitores y el de cujus hacían parte de la misma unidad familiar, no es procedente desagregar los gastos básicos de cada uno de ellos a fin de determinar si existía dependencia económica, en tanto las necesidades de quienes integran el hogar común en lo que toca con servicios públicos, salud, vestuario, alimentación dentro y fuera del hogar, y desplazamientos para atender lo propio de la jornada laboral y las actividades diarias, siempre que estén dentro del ámbito de la congrua subsistencia y atiendan al concepto de una vida digna, entran en el presupuesto común de gastos. De modo que la contribución económica del afiliado fallecido fue imprescindible para garantizar a la madre la satisfacción de esos requerimientos primordiales.

Frente a las demás pruebas que el recurrente denuncia como equivocadamente apreciadas, es decir, los testimonios, debe reiterarse que tales medios de convicción no son prueba calificada en casación, pues de conformidad con el artículo 7.° de la Ley 16 de 1969, solo tienen dicha connotación el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial. Así las cosas, no es posible estructurar los errores de hecho a que alude la censura con base en la errada apreciación de dichos elementos de juicio.

Por otra parte, la Corte recuerda que el Tribunal fundó el convencimiento de la dependencia económica de la demandante respecto del causante, con base en los testimonios, dándoles un valor preponderante sobre otros medios de convicción, actuación que no configura un error de hecho ostensible, por cuanto ese proceder es el resultado de la libre formación del convencimiento establecida en el artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral.

Además, si bien el artículo 60 ibidem le impone a los juzgadores de instancia la obligación de analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, también lo es que están facultados para darle preferencia a aquellas que le brinde una mayor convicción, sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus, evento en el cual «no se podrá admitir su prueba por otro medio» situación que no acontece en el sub lite.

El cargo no prospera.

IX. CARGO SEGUNDO

Le endilga a la decisión impugnada la violación por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida de «los artículos 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y 141 de la Ley 100 de 1993 y por la infracción directa de los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo, 7° de la Ley 1149 de 2007 y 29 y 230 de la Constitución Política y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005».

Sostiene que aunque la subordinación monetaria no debe ser total, como lo señaló la Corte Constitucional en sentencia CC C-111 de 2006, una cosa es entender que esta no tiene que ser absoluta y otra es que, para que se dé, la aportación del causante debe ser fundamental a fin de que los padres puedan asegurar una vida digna. Así, afirma que es una equivocación suponer como lo hizo el ad quem, que era suficiente con que la madre se viera privada de la hipotética ayuda económica del causante para que se tuviera por acreditado el supuesto de hecho que la convertía en beneficiaria legítima de la prestación, máxime si, como lo halló probado y no se discute, contaba con sus propios ingresos y asistencia del sistema de seguridad social en salud.

Refiere que lo que demuestran las reglas de experiencia es que cuando un hijo comienza a trabajar, sea soltero o casado, resida o no con sus padres, lo normal es que les otorgue algún subsidio en dinero o especie, sin que ello implique por sí solo, que esa subvención automáticamente los subordine económicamente a su descendiente, pues es necesario que este sea significativo, tal y como lo dispuso esta Sala en sentencia CSJ SL, 35351, 21 abr. 2009.

En tal sentido, advierte que si el Tribunal no cumplió con el deber de verificar si la hipotética ayuda satisfacía las condiciones requeridas para ser subordinante, es decir, que fuera real, periódica, significativa y destinada a garantizar la manutención de la madre, la acusación debe prosperar.

IX. CARGO TERCERO

Acusa a la providencia cuestionada de trasgredir por la vía directa, bajo la modalidad de interpretación errónea, el articulo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003.

Aduce que lo que se debate en la acusación es la interpretación que el Tribunal le imprimió al concepto de sujeción económica consagrado en la norma que estima violada y que lo llevó a pregonar que tal requisito se cumplía en el asunto.

Afirma que el Colegiado pasó por alto la incidencia que debe tener el auxilio económico del hijo respecto del cual se predica esa subordinación, que es lo que debe examinarse para establecer si esa contribución hacía que la accionante dependiera financieramente del causante, en tanto le aseguraba vivir en condiciones dignas.

Refiere que la afirmación relativa a que aunque los padres del fallecido tuvieran sus propios recursos, no los hacía autosuficientes monetariamente, es errada en tanto parte de la situación de aquel que recibe la ayuda, sin tener en cuenta si esa contribución era indispensable para subvenir las necesidades mínimas, que presupone que cualquier subsidio que reciban los sujeta en materia económica, lo cual en su criterio, es desatinado, pues según lo dicho por esta Sala, por ejemplo, en sentencia CSJ SL, 16598, 18 sep. 2001, la asistencia debe ser de tal entidad que genere una verdadera sujeción pecuniaria y constituye el soporte esencial de la manutención de los padres. Luego, debe cubrir la mayoría de los gastos, pues si es precaria o meramente parcial no garantiza el modus viviendi.

X. CONSIDERACIONES

Respecto a las alegaciones del recurrente, se advierte que el raciocinio del ad quem estuvo fundado en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, aplicable al caso de marras, teniendo en cuenta la fecha del deceso de la causante -17 de marzo de 2013-.

Así, se observa, que en la labor interpretativa que realizó el Tribunal si tuvo en cuenta la sentencia C-111-2006 que declaró la inexequibilidad de la expresión «de forma total y absoluta», a partir de la cual concluyó que «la falta de condiciones materiales mínimas en cabeza de los beneficiarios de la prestación para auto proporcionarse o mantener su subsistencia» así como «la presencia de ciertos ingresos no constituye su ausencia, pues tan solo se es independiente cuando el solicitante por sus propios medios puede mantener su mínimo existencial en condiciones dignas». Luego, el hecho de ser beneficiaria en salud de su cónyuge o que este tuviera ingresos, no la hacían autosuficiente financieramente.

Tal lectura no se rebela contra la interpretación fijada por esta Corporación, según la cual la dependencia económica que exige la norma en cita no puede comprenderse en términos absolutos, de modo que el hecho de que existan otras contribuciones o rentas en favor de los padres del afiliado fallecido, no excluye el derecho de estos de obtener una pensión de sobrevivientes, la única condición que debe cumplirse es que esos ingresos no sean suficientes para garantizar su supervivencia en condiciones mínimas, dignas y decorosas (CSJ SL 31346, 12 feb. 2008, reiterada en la SL2800-2014 y la SL6558-2017).

Sobre este punto, esta Corte ha identificado como elementos estructurales de la dependencia: i) la falta de autosuficiencia económica a partir de recursos propios o de terceros y ii) una relación de subordinación económica respecto de la persona fallecida, de forma tal que le impida valerse por sí mismo y que vea afectado su mínimo vital en un grado significativo.

También ha explicado esta Corporación que la dependencia económica de los padres que persiguen el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es una situación que debe ser definida en cada caso particular y concreto, a fin de determinar si los ingresos que perciben son suficientes para satisfacer las necesidades relativas a su sostenimiento y necesidades básicas, en cuyo caso no se configura el presupuesto legal para acceder a la prestación pensional.

Entonces, si aquellos son precarios o insuficientes para proveerse de lo necesario, al punto que el apoyo o ayuda -así sea parcial- del hijo o hija es determinante para llevar una vida en condiciones dignas, es cuando puede pregonarse la dependencia fundamental del beneficiario respecto del causante.

Puesto en otros términos, no significa que es cualquier estipendio, ayuda o colaboración que se otorgue a los progenitores, el que tiene la virtualidad de configurar la subordinación económica que se requiere para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, sino aquel que tiene la connotación de ser relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia, en tanto la finalidad prevista por el legislador para obtener la referida prestación, es la de servir de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba, realmente, a mantener unas condiciones de vida determinadas (CSJ SL18517-2017).

Es por lo anterior que se ha puntualizado jurisprudencialmente, que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del «buen hijo» no siempre es indicativo de una verdadera dependencia económica y, en esta eventualidad, no se cumplirían las previsiones señaladas en la ley.

En ese orden, se itera, el ad quem no erró en la hermenéutica del precepto acusado, pues fue claro al establecer que la dependencia económica que se exigía a la madre para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por la muerte del descendiente inmediato, no era total y absoluta, tal y como lo ha definido la Corte Constitucional, aspecto en el cual acogió en un todo la doctrina de esta Corporación.

En conclusión, el Tribunal no incurrió en los yerros jurídicos de que lo acusa la censura.

Los cargos no prosperan.

Sin costas, dado que no hubo oposición.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 13 de octubre de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario que adelanta GLORIA PATRICIA MARTÍNEZ contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., trámite al cual fue vinculado como litis consorte necesario JHON JAIRO AGUDELO MAZUERA.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

FERNANDO CASTILLO CADENA

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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