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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL652-2020

Pensión de sobrevivientes

Fecha
19 de febrero de 2020
Magistrado ponente
Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Citada por
52 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL652-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿La dependencia económica de los padres para la pensión de sobrevivientes de la Ley 797 de 2003 debe ser total y absoluta?

  2. ¿Procede la condena a intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 cuando la administradora discute la dependencia económica del beneficiario?

Reglas

  1. La dependencia económica de los ascendientes no es absoluta y se configura cuando sus ingresos no bastan para garantizar su subsistencia en condiciones mínimas, dignas y decorosas.

    «esos ingresos no sean suficientes para garantizar su supervivencia en condiciones mínimas, dignas y decorosas»
  2. No cualquier estipendio o colaboración del hijo configura la subordinación económica; debe ser relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia.

    «sino aquel que tiene la connotación de ser relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia»
  3. Las discusiones interpretativas o sobre la valoración de las pruebas no excluyen los efectos de la mora en el pago de la pensión de sobrevivientes.

    «las discusiones interpretativas, como en este caso, o que recaen sobre la valoración de las pruebas, no excluyen los efectos de la mora»
  4. Los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se deben por el solo retardo de las mesadas, sin que importe la buena o mala fe del deudor.

    «el legislador previó su pago por el solo hecho del retardo de las mesadas, sin que tenga relevancia la discusión del derecho o la buena o mala fe del deudor»

Decisión

No casa la sentencia del Tribunal Superior de Cartagena de 19 de junio de 2019 que confirmó la pensión de sobrevivientes de los padres y los intereses moratorios. Costas en casación a cargo de la recurrente, con agencias en derecho de $8.480.000.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena profirió el 19 de junio de 2019, en el proceso ordinario que adelantan CARMEN DEL ROSARIO DE ÁVILA ALTAHONA y GUILLERMO ENRIQUE MARTÍNEZ ÁVILA contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Costas como se indicó en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL652-2020

Magistrado ponente: Clara Cecilia Dueñas Quevedo

19 de febrero de 2020

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada ponente

SL652-2020

Radicación n.° 84086

Acta 6

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinte (2020).

Decide la Corte el recurso de casación que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena profirió el 19 de junio de 2019, en el proceso ordinario que CARMEN DEL ROSARIO DE ÁVILA ALTAHONA y GUILLERMO ENRIQUE MARTÍNEZ ÁVILA adelantan contra la recurrente.

ANTECEDENTES

Con la demanda inicial, los actores solicitaron que se condene a la convocada a reconocer la pensión de sobrevivientes en calidad de padres de William Martínez de Ávila, desde el 27 de diciembre de 2015 junto con las mesadas adicionales más los incrementos de ley, los intereses moratorios, la indexación de las condenas, lo que resulte extra o ultra petita y las costas del proceso.

Como fundamento de esos pedimentos, expusieron que el causante nació el 7 de noviembre de 1982 y falleció el 27 de diciembre de 2015, en un accidente de tránsito en el que también fenecieron su esposa y su única hija; que el de cujus estaba afiliado a la accionada desde febrero de 2006 y a la data del deceso, tenía un total de «259» semanas cotizadas de las cuales «109» lo fueron dentro de los últimos tres años anteriores al deceso.

Afirman que dependían económicamente de su hijo en tanto no laboraban ni tenían ingreso alguno diferente al que este les proveía, tal y como dan cuenta las declaraciones extra proceso aportadas al plenario; que el 1.° de junio de 2016 agotaron la reclamación del derecho que fue resuelta en forma desfavorable, al considerar que no se acreditó la subordinación financiera (f. ° 1 a 16 y 54 a 56).

La demandada, al dar respuesta al escrito inicial se opuso a las pretensiones, aceptó los hechos relativos a la consanguinidad de los demandantes respecto del hijo, la fecha de fallecimiento del de cujus y sus causas, la afiliación a la AFP, la reclamación del derecho y su respuesta negativa. En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, carencia de derecho, improcedencia de la pensión de sobrevivientes, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción y la «genérica» (f. 62 a 76).

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia de 26 de octubre de 2017, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena resolvió (f.° 113 y 114 vto. cd. n.° 1):

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito denominadas INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, CARENCIA DEL DERECHO, IMPROCEDENCIA DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, GENÉRICA Y PRESCRIPCIÓN, las excepciones de mérito propuestas por la demandada.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada […] a reconocer y pagarle a los demandantes […], una pensión de sobreviviente por la muerte del causante […], a partir del 28 de diciembre de 2015, correspondiendo a GUILLERMO ENRIQUE MARTÍNEZ DE ÁVILA, el 50% de dicha suma y a la señora CARMEN DEL ROSARIO DE ÁVILA ALTAHONA, el otro 50% de dicha suma en un monto inicial de $644.350, y las que se sigan causando, para lo cual se tiene como valor de la mesada para el año 2017 la suma de $737.717 […].

TERCERO: CONDENAR a la demandada […] a pagarle a los demandantes el retroactivo pensional de las mesadas pensionales causadas y no pagadas desde la fecha 27 de diciembre de 2015, con los reajustes de ley, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR a la demandada […] a pagarle al demandante los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100/93 sobre las mesadas pensionales, causadas y no pagadas, a partir de la fecha 1 de diciembre de 2016, hasta cuando se verifique el pago, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ABSOLVER a la demandada […] del resto de pretensiones de la demanda.

SEXTO: Costas a cargo de la parte demandada […].

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver el recurso de apelación que interpuso la demandada, a través de la providencia impugnada la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, confirmó la del a quo e impuso costas a cargo de la convocada a juicio (f.° 4 y 5 cd. n.° 1 del C. del Tribunal).

Indicó que en atención a la fecha del deceso del asegurado -27 de diciembre de 2015- la norma que regula la pensión es la Ley 797 de 2003, que prevé como requisitos que el causante haya cotizado 50 semanas en los tres años anteriores a la muerte y que, conforme al artículo 14, a falta de cónyuge compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de aquel.

A continuación, estableció que no era objeto de discusión el parentesco de los demandantes con el de cujus y que cotizó más de 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento. Frente al requerimiento de la dependencia económica, señaló que, conforme a la jurisprudencia de las Altas Cortes, esta no es absoluta, en tanto aquellos pueden procurarse algunos ingresos adicionales a fin de reunir los requisitos para una digna subsistencia y, por tanto, no se circunscribe a la carencia total de recursos.

En ese sentido, advirtió que el a quo acertó al ordenar el reconocimiento de la pensión pretendida teniendo en cuenta que en el sub lite se probó dicha subordinación financiera mediante los testimonios practicados, que dieron cuenta de manera espontánea, que los demandantes dependían en forma parcial o básica del causante, pues fueron claros y contestes al precisar el monto con el que contribuyó el fallecido por valor de $1.000.000.

Así, trajo a colación las declaraciones de Pedro León García compañero de trabajo del accionante, Leslie Martínez hermana del causante y María Fernanda Muñoz líder espiritual del de cujus, de las cuales concluyó que conocían que William Martínez tenía la capacidad económica para solventar a sus padres y que lo hacía de manera quincenal.

Acotó que aunque la accionada refirió que existía incongruencia o incoherencia en dichos testimonios, en la medida que algunos manifestaron que los ingresos del causante eran de $1.000.000 o $1.200.000, y el aporte a sus padres ascendió a $1.000.000, lo cierto es que esa circunstancia, por sí sola, no desquiciaba la decisión y el análisis probatorio de tales declaraciones, pues la dependencia económica no debe ser considerada como absoluta, «sino que esa forma de solidaridad, en este caso, de los hijos con los padres, debe permitir una congrua subsistencia a sus progenitores».

Resaltó que aunque se admitiera que el de cujus no hubiere contribuido con la suma mencionada por los deponentes, ello no era óbice para restarles valor probatorio, toda vez que lo que sí evidenciaron, fue la existencia de una contribución de la que dependían económicamente de aquel, de tal manera que la suma o la proporción que aportara para su subsistencia, no desvirtuaba dicha subordinación.

Finalmente, en cuanto a los intereses moratorios, determinó que había lugar a su reconocimiento, pues contrario a lo que afirmó la demandada, el pago de la pensión de sobreviviente debe efectuarse desde el momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, de tal manera que no es aceptable el argumento relativo a que el derecho se declara en una fecha posterior, máxime cuando en el plenario existe prueba de que los accionantes solicitaron a la administradora el pago de la prestación, que fue desestimada- al considerar que no cumplían los requisitos que exige la Ley 100 de 1993.

RECURSO DE CASACIÓN

El recurso extraordinario lo interpuso la demandada Porvenir S.A., lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte Suprema de Justicia.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la accionada que esta Sala case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y la absuelva de todas las pretensiones incoadas.

En forma subsidiaria (segundo cargo) aspira la casación parcial de la decisión impugnada en cuanto confirmó el numeral 4.° de la de primer grado en el sentido de ordenar el pago de los intereses moratorios a partir del 1.° de diciembre de 2016, para que, en sede de instancia, revoque tal condena y absuelva.

Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula dos cargos que dentro del término de ley no fueron objeto de réplica.

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia del Tribunal de ser violatoria, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los «artículos 46, 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 y 48 Ley 100 de 1993, que lo condujo a la infracción directa de los artículos 76 y 78 de la Ley 100 de 1993».

Refiere que el juzgador de segundo grado dejó de lado lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-111 de 2006, pues no es cualquier ayuda la que constituye la dependencia económica, sino que esa subordinación debe colocar a los padres respecto de los hijos, en una situación de sujeción respecto de vivienda, salud, recreación o servicios públicos, circunstancia que afirma no se probó en el sub judice.

Lo anterior, por cuanto el ad quem otorgó credibilidad a los testigos que afirmaron que el causante les brindaba a los actores una ayuda de $1.000.000, cuando tan solo devengaba $1.200.000 y olvidó que aquel era casado y tenía obligaciones económicas con su esposa e hija, quienes también fallecieron en el accidente de tránsito. En apoyo, trae a colación el salvamento y la aclaración de voto expuestos en la sentencia impugnada.

Resalta que tanto la Corte Constitucional como esta Sala han identificado un conjunto de reglas que permiten determinar si una persona es o no dependiente de otra, y que exigen una valoración del denominado mínimo vital cualitativo o, lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia en cada caso particular.

Sostiene que para resolver el problema jurídico planteado, el juez de segundo grado se limitó a darle plena validez a lo expuesto en la sentencia de primera instancia frente a los testigos y dejó de lado el hecho que los padres de los demandantes residían en Cartagena, lejos de su hijo que tenía su propia familia, y que «como quedó probado y no se discute», tenía un salario de $1.200.000, por tanto, asevera es cuestionable que pudiera ayudarles con $1.000.000 al mes.

Considera que el Colegiado atacado se alejó de las directrices trazadas por dichas Corporaciones para pregonar la subordinación económica, tales como: (i) que los recursos con que contaban los padres al momento del fallecimiento del causante no fueran suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen su subsistencia y vida digna; (ii) que el ingreso mínimo no es determinante de la independencia económica, y (iii) que la supuesta entrega de dineros como ayuda a sus progenitores, debe ser de tal magnitud que represente un ingreso vital para estos.

Resalta que el yerro hermenéutico del juzgador de alzada es ostensible porque, para que exista una verdadera subordinación financiera es necesario que se efectúe un juicio de ponderación, esto es, un examen minucioso de lo que constituye ese soporte económico a fin de determinar si tal apoyo era esencial. Por tanto, afirma que no es suficiente que por una aseveración de los actores en la demanda y lo dicho por los testigos, esta se dé por probada, sin precisión ni detalle alguno.

Acota que, a manera de síntesis, la dependencia económica puede relacionarse con la noción de congrua subsistencia que proviene del adjetivo «congruente» y significa conveniente, proporcional, coherente y lógico. Agrega, que según el artículo 413 del Código Civil, los alimentos congruos son lo que «habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social».

De este modo, sostiene que la citada dependencia de concebirse como «aquella situación de subordinación a que se halla sujeta una persona respecto de otra en relación con su "modus vivendi”, relación de dependencia dentro de la cual deberá observarse, por parte del beneficiario o amparado, una conducta sensata, eso sí, acorde con la dignidad humana pero desprendida de ostentación o suntuosidad alguna».

Resalta además, que debido a la complejidad que ofrecía el referido concepto y con el fin de darle alcance en materia pensional, se expidió el Decreto 1889 de 1994 que disponía que en tratándose de la prestación por sobrevivencia se entendía que «una persona es dependiente económicamente cuando no tenga ingresos o estos sean inferiores a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente, y venga derivando del causante su subsistencia».

Manifiesta que, sin dejar de lado que se trata de una norma declarada nula por el Consejo de Estado mediante providencia de 11 de abril de 2002, lo que ella pretendía era «tasar una especie de medida que pudiera compaginarse con el espíritu del legislador y era que no cualquier ayuda o colaboración del buen hijo de familia se convirtiera en una medida de "subordinación por dependencia económica" del beneficiario de la tal ayuda».

Alude a la sentencia CSJ SL, 16589, 18 sep. 2001, y refiere que el beneficiario de la pensión de sobrevivientes no es el grupo familiar, y que la dependencia económica para efectos de obtener tal derecho debe ser examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social y, en tal sentido, debe entenderse como la falta de condiciones económicas que le permitan al acreedor suministrarse su propia subsistencia en términos de alimentos y mínimo vital.

Finalmente, trae a colación diversas sentencias de las Altas Cortes en relación con el concepto de dependencia económica y concluye que el Tribunal incurrió en los quebrantos normativos que le atribuye, en tanto «le dio menor realce al criterio de autosuficiencia de los demandantes con el de necesidad de una simple ayuda, para entender que el requisito de dependencia económica" debe sujetarse a las directrices establecidas en la jurisprudencia de las más altas corporaciones del país y no a supuestos no probados en el proceso», en tanto itera no se demostró el monto del aporte ni la proporción en la totalidad de los ingresos de aquellos.

VII. RÉPLICA

Sostiene que el cargo adolece de la técnica exigida, pues a pesar de que se dirige por la vía directa, y advierte una errada interpretación de la norma, para su demostración, acude a aspectos fácticos, en la medida que alude la falta de valoración de otras pruebas, y de los testimonios que fundamentaron la decisión atacada.

En cuanto al fondo del asunto, señala que el Tribunal analizó correctamente las disposiciones acusadas al concluir que los demandantes no contaban con los recursos suficientes para acceder a los medios materiales que les garantizara su subsistencia y una vida digna, toda vez que la ayuda que les prodigaba el causante era vital, de modo que no desconoció los lineamientos fijados por las Altas Cortes en cuanto a que la dependencia económica no es total y absoluta, pues la halló acreditada en el material probatorio que estudió y cuya valoración no se discute por la vía adecuada.

VIII. CONSIDERACIONES

Conforme lo acepta la recurrente, no es objeto de cuestionamiento entre las partes: (i) que William Martínez de Ávila, falleció el 27 de diciembre de 2015, junto con su cónyuge y su única hija (ii) el parentesco de consanguinidad con los actores, (iii) que el causante fue afiliado a Porvenir S.A. y, que (iv) dentro de los últimos 3 años anteriores al deceso, cotizó al sistema de seguridad social integral «109» semanas.

Así las cosas, entiende la Sala que el cargo está orientado a que se determine jurídicamente que el Tribunal se equivocó en la hermenéutica y alcance que le imprimió al concepto de «dependencia económica» previsto en el literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, como requisito para tener por beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los ascendientes del causante.

Pues bien, el raciocinio del ad quem en dicho punto estuvo fundado en la referida disposición, aplicable al caso de marras, teniendo en cuenta la fecha del deceso del causante -27 de diciembre de 2015-.

Así, en la labor interpretativa que realizó tuvo en cuenta la sentencia C - 111 - 2006 que declaró inexequible la expresión «de forma total y absoluta», a partir de la cual concluyó que «no es absoluta, en tanto aquellos pueden procurarse algunos ingresos adicionales a fin de reunir los requisitos para una digna subsistencia y, por tanto, no se circunscribe a la carencia absoluta de recursos», postulado que armonizó con la prueba testimonial de la cual concluyó la existencia de la subordinación financiera de los actores respecto de su hijo fallecido, en tanto los declarantes fueron claros en precisar acerca de la contribución con que este apoyaba a sus padres y el monto del mismo, por valor de $1.000.000.

Tal lectura no se rebela contra la interpretación fijada por esta Corporación, según la cual, la dependencia económica que exige la norma en cita no puede comprenderse en términos absolutos, de modo que el hecho de que existan otras contribuciones o rentas en favor de los padres del afiliado fallecido, no excluye su derecho a obtener una pensión de sobrevivientes. La única condición que debe cumplirse es que esos ingresos no sean suficientes para garantizar su supervivencia en condiciones mínimas, dignas y decorosas (CSJ SL 31346, 12 feb. 2008, reiterada, entre otras, en la CSJ SL2800-2014, CSJ SL6558-2017 y la CSJ SL1243-2019).

En efecto, esta Corte ha identificado como elementos estructurales de la dependencia: i) la falta de autosuficiencia económica a partir de recursos propios o de terceros y ii) una relación de subordinación económica respecto de la persona fallecida, de forma tal que le impida valerse por sí mismo y que vea afectado su mínimo vital en un grado significativo.

También ha explicado esta Corporación que la dependencia económica de los padres que persiguen el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es una situación que debe ser definida en cada caso particular y concreto, a fin de determinar si los ingresos que perciben son suficientes para satisfacer las necesidades relativas a su sostenimiento y necesidades básicas, en cuyo caso no se configura el presupuesto legal para acceder a la prestación pensional. Luego, cuando aquellos son precarios o insuficientes para proveerse de lo necesario, al punto que el apoyo o ayuda -así sea parcial- del hijo o hija es determinante para llevar una vida en condiciones dignas, puede pregonarse la dependencia fundamental del beneficiario respecto del causante.

Puesto en otros términos, no significa que es cualquier estipendio, ayuda o colaboración que se otorgue a los progenitores, el que tiene la virtualidad de configurar la subordinación económica que se requiere para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, sino aquel que tiene la connotación de ser relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia, en tanto la finalidad prevista por el legislador para obtener la referida prestación, es la de servir de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba, realmente, a mantener unas condiciones de vida determinadas (CSJ SL18517-2017 y CSJ SL1243-2019).

Es por lo anterior, que se ha puntualizado jurisprudencialmente que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del «buen hijo», no siempre es indicativo de una verdadera dependencia económica y, en esta eventualidad, no se cumplirían las previsiones señaladas en la ley.

Al respecto, resulta oportuno traer a colación la sentencia CSJ SL 47676, 29 oct. 2014, reiterada en providencia CSJ SL 52951, 5 oct. 2016, CSJ SL3425-2018 y CSJ SL1243-2019, en la que se destacó:

Así, la dependencia económica tiene como rasgo fundamental el hecho de que, una vez fallecido el causante y, por lo mismo, extinguida la relación de contribución económica hacia el presunto beneficiario, la solvencia de éste (sic) último se ve amenazada en importante nivel, de manera que pone en riesgo sus condiciones dignas de vida. Esto es, una persona es dependiente cuando no cuenta con grados suficientes de autonomía económica y su nivel de vida digna y decorosa está subordinada a los recursos provenientes del que fallece.

En ese orden, se itera, el ad quem no erró en la hermenéutica del precepto acusado, pues fue claro al establecer que la dependencia económica que se exigía a los demandantes para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por la muerte del descendiente inmediato, no era total y absoluta, tal y como lo ha definido la Corte Constitucional, aspecto en el cual acogió en un todo la doctrina de esta Corporación.

Ahora, como el fallo del Tribunal se edificó también sobre los medios de prueba del proceso, cuya apreciación fue la que le permitió concluir que estaba acreditada la dependencia económica de los promotores del juicio y, que por ello, podían beneficiarse de la pensión de sobrevivientes derivada de la muerte de su hijo, si en algún eventual error pudo incurrir el ad quem en sus razonamientos, lo fue sobre tal juicio de valoración; no obstante, como el ataque se dirige por la vía directa, las inferencias fácticas del juzgador de alzada se mantienen intactas lo que hace que la sentencia impugnada conserve la doble presunción de acierto y legalidad.

Por todo lo dicho, la acusación no prospera.

IX. CARGO SEGUNDO

Le endilga a la decisión impugnada la violación por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea «del artículo 141 de la Ley 100 de 1993».

Señala que el Tribunal realizó una interpretación exegética y restrictiva a la referida preceptiva, que no consulta su genuino sentido, porque la condena por los intereses moratorios no es imperativa e inexorable en todos los casos, pues si bien como regla general, no debe indagarse sobre la conducta del deudor, en situaciones excepcionales, como cuando existe un serio y real motivo de duda sobre el surgimiento del derecho, se presenta una razón atendible y suficiente para que aquellos no se impongan, tal como acontece en el sub lite.

Afianza su postura, con la cita de la sentencia CSJ SL, 33399, 21 sep. 2010, en la que se reiteró, con algunas precisiones, el criterio expuesto en la providencia CSJ SL, rad. 28910, 14 ago. 2007, y aduce que cuando la conducta de la administradora al no reconocer la prestación tiene una justificación atendible y no está guiada por el capricho o la arbitrariedad, no es procedente la condena de tal concepto.

En ese orden, afirma que si la conducta de la entidad de seguridad social demandada «tuvo su razón de ser en que los demandantes no demostraron la condición de beneficiarios en su reclamación inicial», esta no puede ser considerada dilatoria u omisiva, esto es, no debe tenerse como morosa; de modo que no es posible imponerle a la AFP una medida que busca resarcir los perjuicios ocasionados por la tardanza en reconocer una obligación, como lo son dichos intereses.

XI. RÉPLICA

Indica que, contrario a lo referido por la censura, el ad quem no interpretó erróneamente el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues se limitó a resolver el asunto en atención al principio de consonancia, esto es, conforme los motivos expuestos en el recurso de apelación.

Aunado, afirma que el recurrente trae a colación sentencias en las que se ha avalado la absolución de intereses moratorios que obedecen a situaciones fácticas diferentes y que no aplican al asunto.

XII.CONSIDERACIONES

La acusación de la impugnante no logra demostrar el error interpretativo que le atribuye al Tribunal. Lo anterior, por cuanto si bien esta Sala ha descartado la imposición de intereses moratorios, lo ha sido en dos casos que no corresponden al presente.

El primero, cuando en sede administrativa hay controversia legítima entre potenciales beneficiarios de la pensión de sobrevivientes (CSJ SL14528-2014). Y, el segundo, cuando la actuación de la AFP estuvo amparada en el ordenamiento legal vigente al momento en que se surtió la reclamación y, después, se reconoce la pensión en sede judicial con base en criterios de origen jurisprudencial, como por ejemplo, la inaplicación del requisito de fidelidad (CSJ SL2883-2019).

En el sub lite, la censura pretende fundar la improcedencia de los intereses con base en la discusión sobre el concepto de dependencia económica. Sin embargo, salvo las excepciones reseñadas, las discusiones interpretativas, como en este caso, o que recaen sobre la valoración de las pruebas, no excluyen los efectos de la mora, los cuales se generan de manera objetiva por la ausencia de pago de la prestación (CSJ SL400-2013 y CSJ SL1243-2019).

En efecto, aceptar tal tesis, podría hacer inane el derecho al pago de la mora por la tardanza en el reconocimiento de la pensión. Le bastaría a la AFP obligada, en ese escenario, problematizar las normas o provocar divergencias valorativas para exonerarse de los intereses. Recuérdese que, al contrario, del texto del artículo 141 en cita, se desprende que el legislador previó su pago por el solo hecho del retardo de las mesadas, sin que tenga relevancia la discusión del derecho o la buena o mala fe del deudor.

Por todo lo dicho, el cargo no prospera.

Las costas del recurso extraordinario, por virtud de que la acusación no salió avante y hubo réplica, serán a cargo de la parte demandada recurrente y a favor de los actores que presentaron oposición. Se fija como agencias en derecho la suma de ocho millones de pesos ($8.480.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena profirió el 19 de junio de 2019, en el proceso ordinario que adelantan CARMEN DEL ROSARIO DE ÁVILA ALTAHONA y GUILLERMO ENRIQUE MARTÍNEZ ÁVILA contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

FERNANDO CASTILLO CADENA

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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