Ficha de la providencia
Sentencia SL672-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL672-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL672-2019
Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura
12 de febrero de 2019
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL672-2019
Radicación n.° 64623
Acta 04
Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CARLOS LARA ARIAS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 5 de junio de 2013, dentro del proceso adelantado por él, en contra de la sociedad BRINKS DE COLOMBIA S.A. y en calidad de llamada en garantía a la sociedad COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.
ANTECEDENTES
Carlos Lara Arias presentó demanda en contra de Brinks de Colombia S.A., con el fin de que se declarara que el contrato de trabajo suscrito entre las partes finalizó de manera unilateral e injusta por parte del empleador mientras él se encontraba en tratamiento médico y en situación de discapacidad, que fue sometido a situaciones de acoso laboral, que mantuvo contratos concurrentes como «escolta ascendido a auxiliar de operaciones» y «Coordinador de Área de Operaciones Internas», y que la empresa es responsable patrimonialmente por los perjuicios sufridos con ocasión de su trabajo a título de culpa patronal.
Como consecuencia de ello, solicitó de forma principal el reintegro sin solución de continuidad desde la fecha del despido hasta cuando fuera reconocida su pensión de invalidez e incluido en nómina de pensionados y además que se ordenara el reconocimiento y pago de «[…] todos los derechos sociales que brinda la legislación colombiana a un trabajador» correspondientes al contrato a término indefinido vigente entre las partes entre el 1º de abril de 1992 y hasta que el reintegro se hiciera efectivo, tomando como pago parcial lo cancelado hasta el 30 septiembre de 2008, particularmente por lo adeudado por salarios, auxilios de alimentación y movilización, auxilio de cesantías, intereses sobre las mismas, primas de servicio, vacaciones, «aguinaldo decembrino», bonificación del mes de junio, las indemnizaciones por mora en la consignación de cesantías y por falta de pago de salarios y prestaciones sociales, así como los demás derechos reconocidos en el pacto colectivo de trabajadores, todo ello de forma indexada.
Subsidiariamente solicitó la indemnización por despido sin justa causa y los perjuicios ocasionados por la invalidez que sufre dado el «infarto agudo de miocardio» ocurrido en el desarrollo de sus actividades laborales y que fue motivado por el estrés, la carga y la jornada excesiva.
Como fundamento de sus peticiones, en lo que interesa al recurso de casación, señaló que ingresó al servicio de la sociedad demandada el 1º de abril de 1992 en el cargo de «escolta» hasta el 16 de junio de 2007 cuando fue despedido presuntamente por justa causa. Afirmó que durante la relación laboral tuvo jornadas de trabajo de 13 y 14 horas y sufrió acoso laboral por parte del director de la oficina en Santa Marta, que lo llevó a cumplir jornadas extenuantes «[…] llevando a colapsar su estado de salud el día 15 de agosto de 2005» fecha en la que sufrió un dolor en el pecho que fue diagnosticado como «Infarto agudo de miocardio», lo que le ocasionó problemas cardiovasculares «[…] producto de la carga laboral excesiva a la que era sometido en desarrollo de las funciones para el cargo al que fue contratado y que terminó siendo el de auxiliar de operaciones internas», que desarrolló de forma concurrente a través de un contrato verbal «como Coordinador de Área de Operaciones Internas».
Explicó que cumplía funciones variadas y todas de gran responsabilidad y estricta precisión, las cuales debía realizar en contacto con varios funcionarios, lo que implicaba jornadas muy amplias de trabajo. Aseguró que a partir del 18 de noviembre de 2004 prestó sus servicios en dos empleos y con diferentes responsabilidades de manera simultánea, lo que configuró la concurrencia de contratos de que trata el artículo 25 del Código Sustantivo del Trabajo, con gran perjuicio a su salud. Manifestó que su estado fue notificado por correo certificado a la empresa el 18 de julio de 2006 pero que no fue tramitado ni considerado por la compañía y dadas las extenuantes jornadas y carga laboral, en el mes de abril de 2005 «[…] por error involuntario se despacharon $2.000.000 de más en una remesa dirigida a la Compra Venta Santa Marta, no causando (sic) ninguna pérdida o faltante ni al cliente ni a la Brinks S.A.», sin embargo, fue sancionado con suspensión de tres días, de forma injusta.
Insistió en que las largas y extenuantes jornadas de trabajo continuaron a pesar de su estado de salud y que causaron que el 7 de junio de 2007, realizara un «despacho de moneda» para un cliente al que, por error, envió un excedente de $600.000, que nunca recibió el destinatario dado que éste fue detectado por información del funcionario que debía entregar el dinero, de modo que no hubo afectación a la compañía. Lo dicho generó la apertura de un proceso disciplinario en su contra donde fue citado a una diligencia de descargos a la cual no se le permitió estar asistido de dos empleados de la empresa y la prueba de la declaración del funcionario que detectó el error no fue practicada, vulnerándose así su derecho de defensa, lo cual desembocó en su despido con justa causa el 16 de junio de 2007.
Finalizó afirmando que la empresa incumplió con las normas de protección a las personas en situación de discapacidad y agravó su estado de salud, por lo que solicitó la calificación de pérdida de capacidad laboral que fue fijada por la Junta Regional de Invalidez en 55,69% sin que estuviera de acuerdo con el origen y fecha de estructuración, a pesar de no haber podido impugnar el fallo.
Después de su desvinculación fue reintegrado transitoriamente por un fallo de tutela de primera instancia, que fue revocado en segundo grado, y que su salario promedio fue de $1.867.534 como «Auxiliar de operaciones» mientras los «Coordinadores de área de operaciones internas» devengaban la suma de $1.028.000 como salario básico.
La sociedad Brinks de Colombia S.A. dio respuesta a la demanda oponiéndose a las pretensiones. Aceptó la existencia de una relación laboral entre las partes, pero precisó que no era cierto que desempeñara el cargo de «Coordinador de Operaciones Internas» pues éste lo ocupaban dos personas diferentes al actor y que el último cargo que ejecutó fue el de «Auxiliar de operaciones» sin que le fueran asignadas otras funciones o responsabilidades; todo lo cual estaba organizado dentro de la compañía tanto a nivel regional como nacional.
Aclaró que la relación de trabajo se cursó con normalidad y las jornadas ejecutadas por el actor no eran extenuantes así como que todas las horas extras reportadas le fueron pagadas aún sin haberlas trabajado, dado que como se trataba de un trabajador que tenía delegada la función de abrir y cerrar la bóveda, debía concurrir a ello pero gozaba de más de tres horas de descanso diarias. Afirmó que no está demostrado ningún trastorno que pudiera haber sufrido el demandante y que hubiera desencadenado el colapso en la salud del mismo y que en ningún momento ni la EPS ni la ARL a las que estaba afiliado el actor comunicaron restricciones respecto de sus labores.
Sobre las irregularidades en la prestación del servicio del demandante indicó que fueron investigadas, que el trabajador fue escuchado en descargos por una pérdida de dinero el 26 de diciembre de 2005 y en ningún momento éste denunció un exceso de trabajo. Posteriormente, el 7 de junio de 2007 el demandante despachó una carga de dinero a un cliente, pero al momento de la entrega, el funcionario encargado de recibirlo se dio cuenta que había un excedente de $600.000 por lo que procedió a informar lo sucedido y, por ende, a devolverlo, sin que este comportamiento pueda superar la falla en el servicio cometido por el señor Lara Arias. Ello motivó el despido con justa causa previo el cumplimiento de los respectivos procedimientos legales.
Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, pago, compensación, buena fe y prescripción.
A instancias de la sociedad demandada, se convocó a juicio a la sociedad Compañía de Seguros Bolívar S.A. en calidad de llamada en garantía, la que se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó que no le constaban los hechos de la demanda.
Propuso como excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación y prescripción.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Laboral de Descongestión del Circuito de Santa Marta profirió fallo el 9 de marzo de 2012, por medio del cual declaró que al momento del despido el trabajador se encontraba «padeciendo de una enfermedad» y condenó a la sociedad demandada al pago de una indemnización por despido sin autorización del Ministerio del Trabajo por $9.761.243. Absolvió de las demás pretensiones tanto a la demandada como a la llamada en garantía.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Tras apelación de ambas partes, conoció del asunto la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta, que en sentencia del 5 de junio de 2013, revocó la decisión apelada y absolvió a la demandada de todas las pretensiones de la demanda.
Como sustento del fallo, en lo que interesa al recurso, comenzó por aclarar que estuvo fuera de discusión que el demandante prestó sus servicios a la sociedad demandada a través de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 1º de abril de 1992 y el 16 de junio de 2007 para desempeñarse como «auxiliar de operaciones internas». Sostuvo que el empleador estaba en la obligación de comprobar el despido cuando éste es por justa causa y en el plenario obra la carta del 16 de junio de 2007 dirigida al trabajador en la que se informa la terminación de su contrato de trabajo de forma justificada, así como los descargos rendidos en diligencia disciplinaria y el contrato de trabajo que ató a las partes, el cual consagró como obligación la administración de dineros por parte del trabajador debiendo rendir cuentas por ello y la consecuencia de incurrir en faltas u omisiones relacionadas con dinero.
El ad quem insistió en que en la hoja de vida del demandante ya existían llamados de atención, para que enfatizara en los procedimientos y normas «[…] en los traslados de responsabilidades de la operación interna» y fue llamado a descargos el 10 y el 31 de marzo de 2007 por motivos diferentes, lo que desencadenó una suspensión del contrato de 8 días. Con base en ello y con apoyo en el numeral 4º del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 y en una providencia de esta Corporación, concluyó que en la valoración de la grave negligencia «[…] se tiene en cuenta la conducta del trabajador y no los resultados» por lo que a pesar de que los hechos en los que estuvo involucrado el actor no generaron perjuicio a la empresa, sí fueron producto de un error que pudo haber llevado a la pérdida de dinero, lo que dejó ver una negligencia en la ejecución de la labor desempeñada que ya tenía antecedentes en otros hechos, por lo que consideró justa la terminación.
En torno al despido del trabajador en presunto estado de discapacidad, después de hacer un análisis legal y jurisprudencial del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se apoyó en la historia clínica del actor, una hoja de evolución del 22 de septiembre de 2005, un dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral expedido por la Junta Nacional de Invalidez el 5 de junio de 2008 con un porcentaje de 55,69% de origen común y fecha de estructuración del 3 de abril del mismo año; controles médicos del 17 de julio y 8 de octubre de 2008; en asocio con los testimonios de Henna Correa, Renny Pallares, Pedro David Mejía, Ruthier Machado, Luis Alberto Sepúlveda, Olfer Pino, Jorge Arturo Gómez y Carlos Consuegra y en el interrogatorio de parte rendido por el mismo actor; para concluir que la terminación del contrato de trabajo no obedeció a la limitación alegada por el demandante.
Aseguró que no tenían causa las acreencias laborales reclamadas y que la calificación de pérdida de capacidad laboral fue posterior al despido y de origen común, por lo que no existió obligación del empleador de solicitar permiso al Ministerio del Trabajo ni podía causarse una culpa del empleador al tenor del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo como fue pedido. Desestimó la coexistencia de contratos y afirmó que quedó demostrado que el trabajador ascendió del cargo para el que fue contratado asumiendo nuevas funciones y operaciones y que desempeñó el cargo de «Coordinador» pero solo mientras sus titulares estaban en vacaciones y siempre fue remunerado.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case la providencia impugnada para que, en sede de instancia, confirme la sentencia de primer grado que condenó a la demandada y la adicione accediendo a todas las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito formuló un cargo por la causal primera de casación, por la vía indirecta, el cual tras haber sido replicado, pasa a ser examinado por la Corte.
CARGO ÚNICO
Acusó la sentencia recurrida de violar la ley sustancial, por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 62, 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo así como el 26 de la Ley 361 de 1997 y el 7º del Decreto 2463 de 2001.
Como errores protuberantes de hecho, describió:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante incurrió en “grave negligencia” y en consecuencia “concluir que a la empresa le asistió justa causa de despido”.
2. No dar por demostrado, siendo lo contrario, que al momento del despido la empresa demandada tuviera conocimiento de la discapacidad del demandante.
Como pruebas mal apreciadas, enlistó la carta de despido, el acta de la diligencia de descargos, el contrato de trabajo y «[…] los documentos de folios 206, 203 a 204, 201; así como los de folios 30 a 31, 73, 222 a 225, 90, 89» y los testimonios de Henna Correa, Renny Pallares, Pedro Mejía, Ruthier Machado, Luis Sepúlveda, Olger Pino, Jorge Gómez y Carlos Consuegra.
En desarrollo del cargo, sostuvo que el Tribunal se equivocó al valorar las condiciones que rodearon el despido dado que una «trivialidad» ocasionó la terminación del contrato con más de 15 años de vigencia cuando el trabajador no incurrió en ninguna «violación grave» pues así lo calificó la empresa empleadora y así se dijo en la carta de terminación del contrato, dado que no existió una pérdida ni un faltante para la compañía.
Aseguró que el Tribunal se equivocó al valorar los documentos pues dedujo que había una «grave negligencia» cuando lo que había dicho la empresa era que existía una «falta grave» e hizo mención a documentos que «[…] nada tienen que ver con el hecho específico y la causal invocada en la carta del despido» lo que supone que el Tribunal varió la causal invocada.
En lo concerniente al despido «estando incapacitado» afirmó que el Tribunal dejó de ver que en ese momento ya había sufrido un infarto al miocardio y por ende estaba en condición de discapacidad, sin que el empleador acudiera al Ministerio del Trabajo, tanto así que en primera instancia el Instituto de Seguros Sociales calificó al demandante con pérdida de capacidad laboral del 34,84% y fecha de estructuración del 30 de noviembre de 2007, la que luego fue aumentada consolidándose su estado en una «incapacidad severa».
Manifestó que en su propio interrogatorio el demandante afirmó que las recomendaciones médicas no las tuvo en cuenta la empresa, que sí tenía excesivas cargas de trabajo, y que los testimonios dan fe de las jornadas y el infarto sufrido por el actor, así como sus problemas de salud y corroboran el conocimiento de la empresa de ello.
RÉPLICA
La Compañía de Seguros Bolívar S.A. adujo que la estructuración del cargo fue deficitaria y llevaba a que sólo perviviera la condena reconocida en primera instancia, dado que debió pedir la casación parcial y no total de la sentencia. Además, que de la sustentación del cargo se deduce que ninguna referencia se hace a la llamada en garantía como tampoco se hizo en el fallo atacado.
Por su parte, la empresa Brinks de Colombia S.A. se opuso a la demanda extraordinaria afirmando que el Tribunal no incurrió en los errores protuberantes que le endilgó la censura dado que el contrato terminó por la grave negligencia del trabajador y éste quiere distraer la atención de la Sala, además que la jurisprudencia de esta Corporación es sólida en el sentido de indicar que para la configuración de la justa causa no era necesaria la generación de un perjuicio.
CONSIDERACIONES
Las críticas que formula el opositor Compañía de Seguros Bolívar S.A. respecto de la demanda de casación no están llamadas a prosperar en tanto, la formulación del alcance de la impugnación permite a la Sala concluir que el petitum del recurrente se funda en casar la sentencia impugnada por los errores de los que acusa al Tribunal y que lo llevaron a no conceder todas las pretensiones de la demanda, de forma que en instancia se confirmara la única condena que fue procedente para el a quo y se accediera, además, a los demás pedimentos. En lo tocante a la oposición de la sociedad Brinks de Colombia S.A., en tanto fue principalmente sustantiva, quedará abordada en las consideraciones de la providencia en lo sucesivo.
Encuentra la Corte que el problema jurídico a resolver se contrae a establecer si erró el ad quem al declarar finalizado por justa causa el contrato de trabajo del demandante y si, además, se equivocó al considerar que la terminación unilateral del vínculo por decisión unilateral del empleador, aún con justa causa, no requería estar autorizada por el Ministerio del Trabajo dado el estado de salud en el que se encontraba el actor, en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Comienza la Sala por tener por cierto, en tanto no fue controvertido por las partes en casación, que el demandante se vinculó al servicio de la sociedad demandada a través de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 1º de abril de 1992 y el 16 de junio de 2007 que finalizó por decisión unilateral del empleador. La justeza de la decisión unilateral es precisamente lo que debate el recurrente, junto con la procedencia de la desvinculación dada la condición de salud en la que él se encontraba.
1. Sobre la justeza del despido
El debate propuesto por el demandante en casación se erige principalmente sobre la base de reprochar al Tribunal el haber tenido por justo el despido del demandante, sin estarlo. Al efecto, la empresa empleadora el 16 de junio de 2007 comunicó al trabajador la terminación de su contrato con justa causa, bajo los siguientes supuestos:
1. El día 07 de junio de 2007, usted envió equivocadamente una remesa de monedas al cliente Olímpica, en el punto Rodadero identificado como 202, despachando $600.000 pesos de más, de acuerdo con un cambio solicitado por el cliente.
Con las anteriores conductas usted produjo un faltante de $600.000 a la compañía, que de no ser por la honestidad del cliente hubieran sido irrecuperables, además de colocar en tela de juicio la transparencia en el manejo de valores de Brinks de Colombia S.A. una de las principales fortalezas que los clientes nos reconocen y un factor determinante de éxito para el negocio en el cual se encuentra la compañía.
Por lo anterior, la Empresa inició la investigación administrativa correspondiente y lo escuchó en diligencia de descargos el día 16 de junio de 2007. En dicha diligencia usted acepta haber cometido el error de haber enviado $600.000 pesos de más en el cambio, en monedas, realizado al cliente Olímpica en el punto rodadero (202).
Con las anteriores faltas, usted trasgredió lo dispuesto en el Decreto Ley 2351 del 65, artículo 7º, literal “A” Numerales 6º y el artículo 58 num. 4º del Código Sustantivo del Trabajo, de igual forma lo dispuesto en su contrato de trabajo en la cláusula TERCERA, en lo concerniente a “obligaciones y funciones”, literales H, I, además en la misma cláusula en lo dispuesto como “prohibiciones especiales” en los literales B, J, en la cláusula SEXTA, literales A, B, L, y demás normas concordantes, conexas, complementarias y suplementarias.
Las cláusulas del contrato de trabajo a las que se hizo mención en la carta de terminación, concretamente establecen que son obligaciones y funciones especiales del trabajador, las siguientes:
h. Responder por todos los dineros, efectos de comercio, valores, etc., que el trabajador reciba y tenga en su poder por razón de sus funciones, rindiendo estricta cuenta de ellos, debiendo manejarlos en un todo de acuerdo con las órdenes de los superiores y sin poder disponer de ellos en su beneficio o en beneficio de terceros. i. Sujetarse estrechamente a las órdenes, pautas, políticas, procedimientos, etc., fijados por la empresa.
Así mismo, fueron incluidas en la motivación de la finalización contractual, las prohibiciones de «Ejecutar defectuosamente el trabajo» y «No acatar las órdenes o instrucciones que sobre seguridad y vigilancia dé el patrono o sus representantes», de las cuales se acusó al demandante de haber incurrido en éstas. Y, finalmente, se trajeron a colación por la empresa, las conductas calificadas como faltas graves en el contrato de trabajo, que darían lugar a la finalización del contrato por justa causa, y que particularmente fueron:
A. Cualquier acto o negligencia, descuido u omisión en que incurra el trabajador en el ejercicio de sus funciones. B. La violación por parte del trabajador de las medidas de seguridad prescritas por la Empresa. […] L. Cualquier falta u omisión en que incurra el empleado con los dineros, valores, etc., que maneje sean de propiedad de los clientes o de la empresa.
La motivación del despido fue, entonces, formalmente suficiente. Ahora, la censura parte de la base de reconocer la existencia del hecho en el que fundó el empleador el despido, pero insistió en que no estuvo revestido de la gravedad que le imprimió el empleador y que fue un «error» que no supuso mala fe, fue detectado oportunamente y que, en todo caso, no generó perjuicio al empleador. Reiteró, además, que las consecuencias disciplinarias previas por otros eventos no podían constituir fundamento para acelerar el despido.
Los documentos denunciados como mal apreciados en la estructura del ataque a ello se refieren, dejando de lado el interrogatorio de parte rendido por el mismo actor que no puede ser tenido en cuenta en la sede extraordinaria dado que éste es una prueba hábil en casación pero únicamente si contiene confesión judicial, y ésta, a su vez, consiste en las declaraciones realizadas por una parte que le genera efectos adversos o favorecen a la contraparte, por lo que carece de lógica que se pretenda blandir como prueba el dicho propio de quien recurre, lo que indudablemente equivaldría a permitir que alguno de los extremos en litigio pudiera crear sus propias pruebas, todo lo cual ya ha motivado pronunciamientos de esta Corporación con anterioridad (CSJ SL4910-2018; CSJ SL5584-2018; CSJ SL954-2018; CSJ SL5090-2018; CSJ SL5219-2018; CSJ SL15058-2017; CSJ SL18465-2017; CSJ SL, 15 julio 2008, radicación 31637; CSJ SL, 21 febrero 2006, radicado 25172 y CSJ SL, 4 septiembre 2002, radicación 16168).
El ad quem, a su turno, sobre el particular razonó:
De lo anterior se desprende que en la grave negligencia se tiene en cuenta la conducta del trabajador y no los resultados. En este caso, a pesar de que por los hechos constitutivos del despido no se produjo una pérdida para la empresa, se produjo un error que podría haber llevado a la pérdida de considerable suma de dinero, lo que se permite concluir no sólo la negligencia en el desempeño de sus funciones, sino una falta de diligencia y cuidado en la delicada labor encomendada. Y si bien para el despido no se pueden invocar hechos ocurridos con anterioridad, por los cuales la empresa impuso medidas disciplinarias, sí sirven para agravar el hecho actual que invoca la empresa para el despido. No era la primera vez que se presentaba un error en el manejo de los dineros de la compañía, ya que el demandante había incurrido en hechos similares que permiten determinar que en verdad se configuró la falta de diligencia y cuidado que le adjudica la empresa. Por lo que hay que concluir que a la empresa le asistió justa causa para el despido.
Subyace al litigio que el demandante no negó la existencia de una irregularidad en sus funciones al despachar con un envío de dinero en efectivo, un excedente que resultó siendo el 60% del valor que debía remitir. Así lo admitió no sólo en la diligencia de descargos que rindió en el marco del proceso disciplinario a él iniciado, sino, en el curso de las instancias. Su tesis, como se dijo, estuvo gravitando principalmente alrededor de restar importancia a la ocurrencia por la ausencia de perjuicio al empleador y a la precaria valoración por el ad quem de todo aquello.
En torno a la valoración de la gravedad de los hechos, importa destacar por la Sala que una situación diferente resulta de la existencia de un hecho que se reputa por sí mismo grave y otra, cuando una determinada situación ha sido previamente calificada como una falta grave por las partes, en función de las hipótesis previstas en el numeral 6º del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Ambas, en todo caso, constitutivas de una justa causa legal.
En el primero de los citados escenarios, un hecho específico que supone un incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades del trabajador está revestido de una gravedad no considerada de antemano, y en el segundo, las partes han consentido que una situación en especial, será estimada grave aun habiendo ocurrido por primera o única vez; todo lo cual depende de la naturaleza del empleo, el giro ordinario de los negocios del empleador y la autonomía de las partes. De esta forma, el análisis de la conducta que se valora constitutiva de la motivación del empleador para finalizar el contrato con justa causa, debe comenzar por diferenciar si se trató de una situación que las partes previamente calificaron como grave o si, ante su silencio, el hecho es delicado por sí mismo. Este estudio tiene la virtualidad de definir cuál es el derrotero que el fallador de instancia debe seguir y la competencia que tiene para juzgar el acto del despido.
Sobre este particular, conviene a la Sala recordar que en otras ocasiones ha concluido que son las partes mismas las llamadas a calificar en primera medida la gravedad de una conducta en los términos del numeral 6º del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, ante lo cual, como se dijo, se excluye la competencia judicial para iguales consecuencia.
En efecto, el numeral 6º del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, comprende dos hipótesis para la configuración de una justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por el empleador, a saber: a) cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o, b) cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.
De esta forma, cuando la falta se origina en la violación de las prohibiciones y obligaciones consagradas en los artículo 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, no se requiere que el calificativo de grave esté inmerso en los documentos de la empresa, toda vez que ello deberá hacerlo el juez al momento de verificar los hechos configurativos de la causal alegada.
Así lo ha dejado sentado esta Corporación en diversos pronunciamientos, por ejemplo, en sentencias CSJ SL12904-2017; CSJ STL5186-2016; CSJ SL, 10 marzo 2009, radicación 35105; CSJ SL, 14 agosto 2012, radicación 39518, y en la providencia CSJ STL12438-2015, en donde se dijo:
Por lo anterior se concluye que la diferencia entre violación de las obligaciones del trabajador y la falta cometida por el mismo, no es lo que determina la diferencia entre las dos partes del numeral indicado. La violación de las obligaciones y prohibiciones a que se refieren los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye por sí misma una falta, pero esa violación ha de ser grave para que resulte justa causa de terminación del contrato. Por otra parte, cualquier falta que se establezca en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, implica una violación de lo dispuesto en tales actos, que si se califica en ellos de grave, constituye justa causa para dar por terminado el contrato.
En el primer concepto la gravedad debe ser calificada por el que aplique la norma, en el segundo la calificación de grave ha de constar en los actos que consagran la falta … (negrillas y subrayas originales).
En el sub lite debe resaltarse que las acciones y omisiones descritas por el empleador en la carta de finalización del vínculo fueron oportuna y previamente calificadas como graves por las partes, como se aprecia en la cláusula sexta del contrato de trabajo, lo que fue suficiente para configurar la consabida terminación justa del contrato.
En este sentido, no resultaba necesario que el Tribunal se adentrara en valorar la gravedad de los hechos si con una revisión documental de las pruebas aportadas a su estudio hubiera podido concluir que la conducta reprochada al trabajador ya había sido dispuesta como tal y que daría lugar a la finalización del contrato con justa causa. Dicho con otras palabras, bastaba, entonces, con que pudiera demostrarse con claridad en el expediente que ya existía de antemano aquella valoración de gravedad, para que con la acreditación del supuesto fáctico de la conducta como se dio con el reconocimiento que de la misma hizo el demandante, se tuviera por justo el despido.
Sin embargo, aquella confusión del Tribunal no tiene por consecuencia desdecir de la decisión que adoptó, comoquiera que, aunque no debía valorar la trascendencia de los hechos, acertó al concluir que de todas maneras el perjuicio sufrido al empleador no es constitutivo de la gravedad del incumplimiento en sí mismo, dado que lo que es preciso valorar corresponde a la conducta omisiva, negligente o descuidada del trabajador y no los resultados adversos que hubiera ocasionado o pudiera ocasionar.
En efecto, la inexistencia de un perjuicio económico al empleador resulta intrascendente cuando se ha demostrado el incumplimiento reprochado o la omisión proscrita, de forma que aquello es suficiente para finalizar el contrato como efectivamente tuvo ocurrencia. De allí que no se haya equivocado el ad quem en las conclusiones que fundaron su fallo sobre este particular.
Así lo manifestó esta Sala con anterioridad en providencia CSJ SL, 14 agosto 2012, radicación 39518, cuando afirmó:
Del análisis de la recensión jurisprudencial en precedencia, emergen consiguientemente, las siguientes conclusiones: (i) en la primera de las hipótesis estatuida en el mencionado numeral 6º de la norma bajo examen, le corresponde al juzgador evaluar la conducta del trabajador y calificarla como grave; (ii) en el segundo supuesto la calificación de grave ha de constar en los actos que consagran la falta; (iii) para que se configure la falta grave así como como la grave negligencia no se requiere que efectivamente se haya ocasionado un daño, perjuicio o beneficio para el dador del laborío, y (iv) la falta grave y la grave negligencia no se encuentra condicionada al “animus nocendi”(intención de causar daño) del trabajador” (subrayas y negrilla fuera de texto original).
Así entonces, la gravedad de la falta cometida por un trabajador no está supeditada al grave perjuicio que hubiera contingentemente ocasionado, pues basta comprobar el incumplimiento de las obligaciones del empleado para desatar las consecuencias jurídicas que de ello se desprende, en asocio con la verificación respecto de la calificación de las partes de manera previa de la gravedad de una determinada conducta, en caso de existir.
Bajo este panorama, como se dijo, aunque al Tribunal no le correspondía hacer valoración alguna de lo gravoso de una conducta si ya las partes lo habían hecho en el contrato de trabajo, puntualmente cuando pactaron que sería considerada como una falta grave «Cualquier acto o negligencia, descuido u omisión en la que incurra el trabajador en el ejercicio de sus funciones» o «La violación por parte del trabajador de las medidas de seguridad prescritas por la Empresa» y, en todo caso, «Cualquier falta u omisión en que incurra el empleado con los dineros, valores, etc., que maneje sean de propiedad de los clientes o de la empresa»; de todas maneras no erró cuando no analizó la gravedad de un hecho en función de la existencia de un perjuicio.
Ahora bien, que el ad quem hubiera hecho insistentemente referencia a una «grave negligencia» propia del numeral 4º del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y no a una «falta grave» según las voces del numeral 6º del mismo artículo, según lo dicho por la censura, no tiene en modo alguno la entereza de configurar error en el raciocinio de aquel, dado que la situación fáctica que desencadenó la consecuencia jurídica del despido fue precisamente una negligencia del trabajador que se enmarcó en las hipótesis que las mismas partes habían calificado como faltas graves para constituir una justa causa de despido, de modo que el reproche del casacionista no supone error alguno del Tribunal, más allá de la anotada incorrección de haber valorado la gravedad de los hechos. El despido fue, en todo caso, justo, y en ello no equivocó su inteligencia el ad quem.
2. La condición de salud del trabajador al momento del despido y la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997
La segunda crítica que hace la censura al Tribunal y que completa el problema jurídico trazado por la Corte y para lo cual describió sendas pruebas como no apreciadas, se concentra en atacar la sentencia de segundo grado bajo el supuesto de que equivocó el ad quem su razonamiento al declarar la legalidad del despido sin autorización del Ministerio del Trabajo en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, dada la situación de salud que padecía el demandante al momento del retiro.
En la sede extraordinaria no fue puesto en duda que el trabajador tenía quebrantos de salud presuntamente derivados, entre otras cosas, de un evento cardíaco ocurrido el 15 de agosto de 2005, así como que fue calificado en primer momento por el Instituto de Seguros Sociales el 21 de febrero de 2008 con una pérdida de capacidad laboral del 35,84% con fecha de estructuración del 30 de noviembre de 2007 y posteriormente, fue dictaminado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 5 de junio de 2008 con un porcentaje de 55,69% de pérdida de capacidad laboral, de origen común y con fecha de estructuración el 3 de abril del mismo año.
Para dilucidar lo dicho, comienza la Sala por precisar que ha suscitado no pocos debates el alcance de la protección legal de las personas en condición de debilidad manifiesta por afectaciones en la salud y su raigambre constitucional. La Sala, por razones metodológicas abordará el estudio de la protección, las condiciones que la hacen posible y el estudio del caso en concreto.
2.1. La protección legal y constitucional de las personas en condición de debilidad manifiesta por afectaciones en su salud
La Corte recuerda que el origen de la protección especial a personas que cuentan con capacidades diversas o en situación de discapacidad, se encuentra en el artículo 13 constitucional, que tras declarar que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, precisa que el Estado «[…] promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados» y que, en función de ello, «[…] protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan».
Sobre aquel sustrato constitucional debe entenderse el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, respecto del cual abundantes pronunciamientos se han hecho por esta Corporación, entre muchos otros, en las providencias CSJ SL2905-2018, CSJ SL2401-2018, CSJ SL2401-2018, CSJ SL2356-2018, CSJ SL2146 de 2018, CSJ SL2814-2018, CSJ SL2786-2018 y CSJ SL1360-2018; en el último de los cuales la Sala aclaró que:
Para contrarrestar la desventaja social de las personas con discapacidad y garantizar su inclusión, se han proferido diferentes normas a nivel nacional y supranacional orientadas a la sensibilización de la sociedad en general y a promover su participación en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural.
[…]
Las medidas adoptadas en favor de las personas con discapacidad tienen una particular proyección en el campo laboral, donde de forma idéntica a otros ámbitos sociales, se asientan fuertes actitudes, estructuras y prácticas empresariales tendientes a anular o dejar sin efecto el reconocimiento y disfrute de los derechos de los trabajadores con deficiencias físicas, sensoriales y mentales.
Estas actitudes y prácticas, unas veces manifiestas, otras más sutiles o aparentemente neutras, se ponen en marcha en diversas etapas del trabajo: la selección, contratación y empleo, continuidad, promoción y el suministro de condiciones laborales seguras y saludables. Por ello, para hacerles frente y disuadir su uso, se ha acudido no solo a su prohibición sino también al establecimiento de acciones, medidas, reglas especiales de estabilidad reforzada, presunciones legales, autorizaciones o sanciones.
Luego, un trabajador que se encuentre en una situación de debilidad manifiesta por las afectaciones en su estado de salud, por cualquier motivo, tiene derecho a la protección prevista en el citado artículo 26 de la Ley 361 de 1997, entre otras cosas, para no ser despedido «[…] por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo».
En la misma providencia citada con antelación, la Corte precisó que el alcance del artículo en mención no supone el derecho del trabajador a perpetuarse en el cargo que ejecuta, sino a permanecer en él hasta que exista una causa objetiva para su desvinculación. Así se precisó:
En esta dirección, la disposición que protege al trabajador con discapacidad en la fase de la extinción del vínculo laboral tiene la finalidad de salvaguardar su estabilidad frente a comportamientos discriminatorios, léase a aquellos que tienen como propósito o efecto su exclusión del empleo fundado en su deficiencia física, sensorial o mental. Esto, en oposición, significa que las decisiones motivadas en un principio de razón objetiva son legítimas en orden a dar por concluida la relación de trabajo.
[…]
Lo anterior significa que la invocación de una justa causa legal excluye, de suyo, que la ruptura del vínculo laboral esté basada en el prejuicio de la discapacidad del trabajador. Aquí, a criterio de la Sala no es obligatorio acudir al inspector del trabajo, pues, se repite, quien alega una justa causa de despido enerva la presunción discriminatoria; es decir, se soporta en una razón objetiva.
Con todo, la decisión tomada en tal sentido puede ser controvertida por el trabajador, a quien le bastará demostrar su estado de discapacidad para beneficiarse de la presunción de discriminación, lo que de contera implica que el empresario tendrá el deber de acreditar en el juicio la ocurrencia de la justa causa. De no hacerlo, el despido se reputará ineficaz (C-531-2000) y, en consecuencia, procederá el reintegro del trabajador junto con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, más la sanción de 180 días de salarios consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Es en tal dirección que, a juicio de la Sala, debe ser comprendida la protección especial del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues resulta ilógico prohibir el despido del trabajador «por razón de su limitación» y al tiempo vedarlo cuando este fundado en un motivo ajeno a su situación. Si, la sanción tiene como propósito disuadir despidos motivados en el estereotipo de la condición de discapacidad del trabajador, no debería haberla cuando esté basada en una causa objetiva demostrada. A la larga, la cuestión no es proteger por el prurito de hacerlo, sino identificar y comprender los orígenes o causas de los problemas de la población con discapacidad y, sobre esa base, interpretar las normas de un modo tal que las soluciones a aplicar no los desborden o se transformen en otros problemas sociales.
Así las cosas, la Corte abandona su criterio sentado en la sentencia CSJ SL36115, 16 mar. 2010, reiterada en SL35794, 10 ago. 2010, en la que se adoctrinó que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no consagra una presunción legal o de derecho, que permita deducir a partir del hecho conocido de la discapacidad del trabajador que su despido obedeció a un móvil sospechoso. En su lugar, se postula que el despido de un trabajador en estado de discapacidad se presume discriminatorio, a menos que el empleador demuestre en juicio la ocurrencia real de la causa alegada.
2.1. Ahora, la Sala no desconoce que con arreglo al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en armonía con la sentencia C-531-2000 de la Corte Constitucional, la terminación del contrato de trabajo de un trabajador con discapacidad debe contar con la aprobación del inspector del trabajo. Sin embargo, considera que dicha autorización se circunscribe a aquellos eventos en que el desarrollo de las actividades laborales a cargo del trabajador discapacitado sea «incompatible e insuperable» en el correspondiente cargo o en otro existente en la empresa, en cuyo caso, bajo el principio de que nadie está obligado a lo imposible o a soportar obligaciones que exceden sus posibilidades, podría rescindirse el vínculo laboral, con el pago de la indemnización legal.
En esta hipótesis la intervención del inspector cobra pleno sentido, pues en su calidad de autoridad administrativa del trabajo debe constatar que el empleador aplicó diligentemente todos los ajustes razonables orientados a preservar en el empleo al trabajador, lo cual implica su rehabilitación funcional y profesional, la readaptación de su puesto de trabajo, su reubicación y los cambios organizacionales y/o movimientos de personal necesarios (art. 8 de la L. 776/2002). Por lo tanto, solo cuando se constate que la reincorporación es inequívocamente «incompatible e insuperable» en la estructura empresarial, podrá emitirse la autorización correspondiente.
Y, finalmente, concluyó que:
a) La prohibición del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 pesa sobre los despidos motivados en razones discriminatorias, lo que significa que la extinción del vínculo laboral soportada en una justa causa legal es legítima.
b) A pesar de lo anterior, si, en el juicio laboral, el trabajador demuestra su situación de discapacidad, el despido se presume discriminatorio, lo que impone al empleador la carga de demostrar las justas causas alegadas, so pena de que el acto se declare ineficaz y se ordene el reintegro del trabajador, junto con el pago de los salarios y prestaciones insolutos, y la sanción de 180 días de salario.
c) La autorización del ministerio del ramo se impone cuando la discapacidad sea un obstáculo insuperable para laborar, es decir, cuando el contrato de trabajo pierda su razón de ser por imposibilidad de prestar el servicio. En este caso el funcionario gubernamental debe validar que el empleador haya agotado diligentemente las etapas de rehabilitación integral, readaptación, reinserción y reubicación laboral de los trabajadores con discapacidad. La omisión de esta obligación implica la ineficacia del despido, más el pago de los salarios, prestaciones y sanciones atrás transcritas.
2.2. Presupuestos fácticos para la procedencia de la protección establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997
Ahora bien, también tiene adoctrinado la Sala que, cuando una persona pretende desatar para sí los efectos de la Ley 361 de 1997, debe probar los presupuestos de hecho que le permitan gozar de aquellas consecuencias, lo que se traduce en que debe acreditar su estado de capacidad diversa y comprobar el conocimiento del empleador en ello.
Al efecto, es pertinente destacar respecto del alcance de la protección del artículo en cita, lo que indicó esta misma Sala en providencia CSJ SL2660-2018, en la que reiteró la sentencia CSJ SL, 25 marzo 2009, radicado 35606, ratificada por las providencias CSJ SL, 28 agosto de 2012, radicado 39207 y CSJ SL10538-2016, entre otras; y las sentencias CSJ SL2786-2018, CSJ SL10538-2016, CSJ SL17945-2017, CSJ SL24079-2017 y CSJ SL51140-2018, esta última en la que señaló:
[…] no es suficiente por si solo el quebrantamiento de la salud de la trabajadora o el encontrarse en incapacidad médica para merecer la especial protección de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues debe acreditarse que el asalariado al menos tenga una limitación física, psíquica o sensorial y con el carácter de moderada, esto es, que se enmarque dentro de los porcentajes de pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 15%.
[…]
No se trató entonces de una previsión caprichosa del legislador al aludir, en esta disposición, a los distintos grados de minusvalía que pueden afectar a las personas según la limitación que padezcan, por el contrario, la razón está de parte de aquellas que padecen mayores grados de limitación, naturalmente con el propósito de lograr su integración social en todos los ámbitos de la vida en comunidad en que se desenvuelven los seres humanos. Obviamente que el amparo es menor o inexistente para las personas con limitaciones de menor intensidad que no se les dificulta su inserción en el sistema competitivo laboral.
[…]
“Surge de lo expuesto que la prohibición que contiene el artículo 26 de la citada Ley 361, relativa a que ninguna persona con discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su minusvalía, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo, se refiere a las personas consideradas por esta ley como limitadas, es decir, todas aquellas que tienen un grado de invalidez superior a la limitación moderada.
[…]
De acuerdo con la sentencia en precedencia para que un trabajador acceda a la indemnización estatuida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se requiere: (i) que se encuentre en una de las siguientes hipótesis: a) con una limitación “moderada”, que corresponde a la pérdida de la capacidad laboral entre el 15% y el 25%, b) “severa”, mayor al 25% pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral, o c) “profunda” cuando el grado de minusvalía supera el 50%; (ii) que el empleador conozca de dicho estado de salud; y (iii) que termine la relación laboral “por razón de su limitación física” y sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social (resalta la Sala).
En ese orden, es necesario concluir que la Corte ha determinado que para que opere la protección del citado artículo es necesario que el trabajador cumpla con tres requisitos: una pérdida de capacidad laboral superior al 15%; que el empleador conozca de la discapacidad y que la relación laboral termine con ocasión de ésta (CSJ SL2660-2018); y que la garantía reclamada procede exclusivamente para las personas que presenten afectaciones físicas psíquicas o sensoriales en los grados requeridos, conforme a la regulación vigente para la época, y no para las que padezcan cualquier tipo de discapacidad, ni menos aún, para quienes simplemente se hallen en incapacidad o con algún diagnóstico por afecciones de salud. Por lo tanto, al tratarse de una garantía excepcional a la estabilidad, no puede el juez extenderla de manera automática para eventos no contemplados en la mencionada norma (CSJ SL2786-2018).
2.3. La procedencia de la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 al trabajador demandante en el caso en concreto
Conforme lo que quedó fuera de controversia, se tiene que lo que alindera el problema jurídico propuesto, entonces, tiene que ver con las consecuencias ya descritas que se desprendieron de la incontrovertida situación fáctica en la que se encontraba el demandante para la fecha de su desvinculación, y principalmente, en la ausencia de autorización del Ministerio del Trabajo para la finalización del vínculo del demandante, con justa causa.
Debe destacar la Sala que uno de los hechos no discutidos en casación, precisamente tiene que ver con la calificación de la pérdida de capacidad laboral del demandante con posterioridad a su despido y con una fecha de estructuración dictaminada también luego de fenecido el vínculo laboral. Este hecho, resulta trascendente para el estudio del recurso extraordinario comoquiera que ya se tuvo la oportunidad de indicar con antelación que para el momento del despido el empleador debe contar con el conocimiento pleno de la existencia de unas condiciones de funcionalidad diversa del trabajador que le merezcan la protección legal ya citada, lo que para el sub lite, no se logró sino después de la cesación del contrato, cuando existió la certeza de una calificación de pérdida de capacidad laboral que fue superior al 50%.
Sobre el mismo aspecto, el ad quem indicó que la prueba sobre la citada pérdida de aptitud laboral y la historia clínica del demandante que permitía reconocer sus quebrantos de salud, corroboraron que la condición de salud del trabajador al momento del despido no fue la desencadenante del mismo, presupuesto básico de la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Esta conclusión se muestra acertada, en la medida en que el pedimento del demandante desborda por completo el espectro de amparo del mencionado artículo y las cargas legales que los empleadores tienen respecto de aquella normativa.
Luego, a pesar de que fue demostrado por el demandante que se encontraba en una situación de capacidad diversa o discapacidad, existió una causa objetiva de despido como lo fue la justa causa legal en sí misma, y por ende, no nació a la vida jurídica la protección deprecada. El trabajador debía acreditar que la afectación en la salud al momento del despido era, al menos, «moderada», y tras ello, se reitera, debía comprobar que el empleador conocía dicha situación y que su despido se basó en una decisión carente de razón objetiva.
Sólo una vez en aquel escenario, podría entenderse que el actor estaba amparado por la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y, allí sí, trasladaría la carga de la prueba al empleador para demostrar que hubo una causa objetiva en la desvinculación o, existió autorización previa del Ministerio del Trabajo cuando la limitación del trabajador resultare incompatible con labor desempeñada por éste, en ausencia de posibilidades de reubicación.
Ciertamente los diagnósticos, incapacidades e historial clínico que tuvo por acreditados el ad quem y que no fueron objeto de crítica en la sede extraordinaria, no permiten considerar que efectivamente el trabajador se hallare para el momento de su desvinculación en un escenario de insuperables «barreras» que pudieren «[…] impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás» en los términos previstos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y aprobada por la Ley 1346 de 2009; el artículo 2º de la Ley 1618 de 2013; y en el artículo 4º de la Ley 1752 de 2015 modificatoria del artículo 3º de la Ley 1482 de 2011.
Ahora bien, al margen de la discusión acerca del conocimiento cabal que tuviera el empleador sobre la capacidad diversa del trabajador, según quedó dicho, lo cierto es que, en todo caso, ya esta Corporación en la mencionada providencia CSJ SL1360-2018 sentó la postura por la cual deviene en innecesaria la autorización de la autoridad administrativa para finalizar el vínculo de un trabajador en estado de debilidad manifiesta en razón de su condición de salud, cuando existe una razón objetiva para la desvinculación, como lo es, precisamente, la justa causa que resultó avalada judicialmente, sin error, en el sub lite.
No resultan demostrados, entonces, los yerros que le atribuye la censura al ad quem, al tiempo que conviene recordar por la Sala que el error de hecho en materia laboral, precisamente, «[…] se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida» (CSJ SL, 11 febrero 1994, radicación 6043, reiterada en CSJ SL5988-2016 y en CSJ SL4032-2017), además para que se configure, es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta (CSJ SL18164-2016); todo lo cual no tiene ocurrencia en el sub lite.
Finalmente, en lo que tiene que ver con los testimonios de Henna Correa, Renny Pallares, Pedro David Mejía, Ruthier Machado, Luis Alberto Sepúlveda, Olfer Pino, Jorge Arturo Gómez y Carlos Consuegra, fundantes de la decisión de segunda instancia, debe recordarse que su examen en casación, en principio, le está vedado a la Corte dada la restricción que contiene el artículo 7 de la Ley 16 de 1969. Y, como no se ha demostrado error de valoración de la prueba calificada que permita poner en entredicho la providencia atacada, dicha prohibición debe mantenerse.
Las razones expuestas son suficientes para dar al traste con el cargo planteado.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente y a favor de las sociedades opositoras por partes iguales, comoquiera que su recurso no salió avante y fue replicado. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el cinco (5) de junio de dos mil trece (2013), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario laboral seguido por CARLOS LARA ARIAS en contra de la sociedad BRINKS DE COLOMBIA S.A. y en calidad de llamada en garantía la sociedad COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.
Costas como quedó dicho en la parte motiva de esta providencia.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL672-2019
Radicación n.° 64623
Acta 04
Si bien es cierto que en la sesión donde fue objeto de debate la sentencia de la referencia manifesté que salvaba y aclaraba voto, después de una nueva revisión del asunto he concluido que concuerdo con el sentido de la decisión.
Fecha ut supra,
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Magistrado
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