Ficha de la providencia
Sentencia SL678-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL678-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL678-2023
Magistrado ponente: Jorge Prada Sanchez
28 de marzo de 2023
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Magistrado ponente
SL678-2023
Radicación n.° 91757
Acta 10
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por JUAN CARLOS HILARIÓN DÍAZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 29 de enero de 2021, en el proceso que instauró contra TRANSPORTADORA DEL META S.A.S., -TRANSMETA S.A.S.-; ECOPETROL S.A; PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA; y META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA, hoy FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP, al que fue vinculada la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
ANTECEDENTES
Juan Carlos Hilarión Díaz pidió declarar que existió un contrato de trabajo con la Transportadora Transmeta S.A.S., entre el 25 de agosto de 2010 y el 28 de enero de 2013, cuando fue despedido sin justa causa. Solicitó reconocer carácter salarial a «la prima extralegal de campo», junto con la correspondiente reliquidación de prestaciones sociales y demás conceptos laborales, y su pago solidario por parte de las demandadas.
Igualmente, pretendió la nivelación conforme al salario mensual exigido por Ecopetrol S.A. a sus contratistas, en suma de $4.907.056; en consecuencia, el pago de las diferencias entre el valor cancelado y «el que por ley tenía derecho» por bonos de productividad y accidentalidad, horas extras diurnas y nocturnas, ordinarias y extraordinarias, indemnización por despido, trabajo en días de descanso obligatorio, cesantía y sus intereses, compensación por vacaciones y aportes a pensión. También, la indemnización moratoria y por no consignación de la cesantía. Pidió condena en costas.
Expuso que laboró para Transmeta S.A.S. desde el 25 de agosto de 2010 hasta el 28 de enero de 2013, como conductor de tractocamión para el transporte de hidrocarburos al servicio de Ecopetrol S.A., Meta Petroleum Corp Sucursal Colombia y Pacific Stratus Energy Colombia; cumplió horario de 5 am a 8 pm, más las 3 horas de cargue y descargue del vehículo.
Aseveró que tenía derecho a percibir un salario de $4.907.056 mensuales, de acuerdo con lo fijado en la «lista de precios unitaria del contrato No. MA-0001561» que Ecopetrol S.A. firmó con su empleadora, así como a las bonificaciones de productividad y accidentalidad por $3.508.379 y $200.000. Empero, nunca devengó tales valores, en tanto siempre recibió una remuneración muy inferior, así:
Año
S. Básico
Viáticos
Prima extralegal (promedio mensual)
2010
$1.089.297
$796.500
$950.000
2011
$1.132.869
$943.400
$930.000
2012
$1.560.643
$1.094.000
$1.006.000
2013
$1.623.431
$1.222.666
$1.135.153
Sostuvo que en «todas las quincenas» le pagaron dominicales y festivos, pero le «adeudan 99 sábados por haber trabajado 48 horas de lunes a viernes», tal cual se dispuso en el reglamento interno de trabajo y en el «Manual del Conductor de Tractocamión de Transmeta SAS».
Agregó que Ecopetrol S.A., Meta Petroleum Corp Sucursal Colombia y Pacific Stratus Energy Colombia eran solidariamente responsables, dado que se beneficiaban del transporte de crudo e hidrocarburos y compartían utilidades «después de deducidos los porcentajes de regalías» (fls. 6 a 27 y 32 a 35).
Meta Petroleum Corp. no se opuso a las pretensiones de condena, en tanto «no ha tenido ningún vínculo laboral ni de ninguna otra índole con el demandante, ni le adeuda suma alguna de dinero». Para defenderse, propuso los medios exceptivos de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, falta de legitimación por pasiva y prescripción. Dijo que no le constaban los hechos (fls. 277 a 287).
Pacific Stratus Energy Colombia Corp. se pronunció en términos idénticos y planteó los mismos medios de defensa (fls. 289 a 298).
Transportadora del Meta -Transmeta S.A.S.-, se opuso a las pretensiones y planteó las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido. Aceptó la relación laboral con el actor, el oficio de conductor de tractocamión y la suscripción de sendos contratos comerciales para el transporte de hidrocarburos con las codemandadas. Explicó que la ejecución de los contratos se llevaba a cabo con «conductores de vehículos, sin que exista una asignación específica» para un trabajador determinado.
Negó que Hilarión Díaz, ejecutara labores de cargue y descargue y que no tuviera días de descanso; también, que le adeudara diferencias por salarios y prestaciones sociales, en tanto, fue liquidado conforme a lo convenido. Dijo que no había lugar a la nivelación conforme al contrato comercial suscrito con Ecopetrol S.A, pues el actor prestaba el servicio a varias empresas (fls. 323 a 343).
Ecopetrol S.A. rechazó las pretensiones «en lo referente a los efectos» que pudieran surgir en su contra. Como excepciones, propuso las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de solidaridad a cargo de Ecopetrol S.A.
Dijo que no le constaban los hechos relacionados con otras empresas. Aceptó la contratación del servicio de transporte de hidrocarburos con Transmeta S.A.S. y explicó que la «lista de precios unitaria» no disponía un régimen salarial para el pago de conductores, sino un «sistema de contratación (…) para esa clase de servicios», por manera que no había lugar a ningún pago (fls. 586 a 602). Llamó en garantía a la Compañía de Seguros del Estado.
La aseguradora referida también se opuso a las peticiones. En cuanto a las excepciones, planteó las de pago de los salarios y prestaciones sociales, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación, «AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON TRANSPORTADORA DEL META SAS, POR CUANTO ECOPETROL S.A, NO TENÍA NINGÚN TIPO DE VÍNCULO LABORAL CON EL SEÑOR JUAN CARLOS HILARIÓN DÍAZ» y «LÍMITE INDEMNIZATORIO». Dijo que no le constaban la totalidad de los hechos (fls. 631 a 640).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El 31 de julio de 2018, el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., absolvió a demandadas de las pretensiones y condenó en costas al actor (fls. 769 Cd.).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Se surtió por apelación del demandante y culminó con la sentencia gravada. El Tribunal confirmó la decisión de primer grado. Sin costas en la alzada (fls. 785 a 796).
Dejó fuera de discusión la existencia del vínculo laboral entre Transmeta S.A.S. y el demandante, los extremos temporales y la finalización de contrato de trabajo. Centró el problema jurídico en definir la procedencia del «reajuste salarial y prestacional, (…) así como, si se adeuda suma alguna por concepto de horas extras, (…) trabajo suplementario y viáticos». También, si las bonificaciones de productividad, accidentalidad y la prima legal de campo, comportaban factor para la reliquidación de prestaciones sociales y generaban las sanciones reclamadas.
En lo que importa al recurso extraordinario, anticipó respuesta negativa al anhelo de reajuste salarial con base en la «LISTA DE PRECIOS UNITARIOS». Consideró que allí se totalizaban los gastos para el transporte de hidrocarburos, que no la remuneración de un conductor de tractocamión. Precisó que, conforme con el numeral 6, de la cláusula 5, del contrato MA-0001561, Transmeta S.A.S. estaba obligado a pagar a sus trabajadores el salario de los conductores de acuerdo con la «normatividad interna de ECOPETROL en materia de salarios», de suerte que no se fijaba ningún valor en concreto.
Dedujo que, de acuerdo con la «tabla de niveles salariales diferentes a la industria de petróleo», para el cargo de «operador de vehículo pesado» existían 2 categorías de pago diario: una de $51.794 y la otra de $54.321. Que el actor estaba ubicado en el nivel más bajo, dado que no acreditaba condiciones de competencia; además, que su remuneración se ajustaba a las reglas de la petrolera, toda vez que, el 26 de junio de 2016, cuando firmó el otrosí como «conductor exclusivo de Ecopetrol», se le asignó un salario de $1.560.643 mensuales, superior al exigido por esta empresa.
Lo anterior, dijo, se soporta en la declaración de Jaime Alberto Díaz Palacios, quien expuso que los valores de la lista de precios unitarios se referían a la prestación del servicio por 24 horas de conducción, equivalente a «2.5 conductores por cada tractocamión», junto con los gastos del vehículo y demás contingencias derivadas del servicio de transporte. Afirmó que, en caso «haberse reconocido un salario inferior al trabajador», la disputa involucraba a las empresas, que no al actor, en tanto era empleado directo del contratista.
Tras estimar que el bono por productividad y accidentalidad, no remuneraba al conductor, sino a «la operación» según las variables como «número de viajes, tiempo de ciclo de viaje, el número de carros y el total de los kilómetros recorridos», descartó éxito a la pretensión de reajuste.
Lo mismo sucedió con la prima extralegal de campo, en la medida en que consideró que se trataba de una suma entregada por «mera liberalidad del empleador», que no remuneraba el servicio, pues así se convino en el otrosí al contrato de trabajo y en el Manual de Conductores, en donde se estipuló que el pago se genera por retiro del trabajador de su hogar o como compensación por su salida de la ciudad de Bogotá D.C. (fls. 314 y 315). Así discurrió:
[…] no es objeto de controversia que la prima extralegal de campo le era reconocida al trabajador por la ausencia que presentaba en su hogar, así como por la permanencia fuera de la ciudad de Bogotá, conforme lo indicó el representante legal de la entidad demandada Transmeta S.A.S., argumento que fue acogido por el apoderado de la parte actora, lo que advierte (sic) que tales situaciones eran el objeto o fundamento de dicho pago, ya que las funciones de conducción del tracto camión se prestaban de forma indistinta en cualquier lugar de la geografía nacional, por lo que es necesario aclarar, que es diferente lo concerniente con la forma en la que se debería liquidar, pues ello sí dependía de la cantidad de kilómetros recorridos, lo que demuestra que conforme con el artículo 127 del CST, no se advierte que el pago de dicha prima extralegal retribuyera de forma directa el servicio prestado, sino por el contrario, compensaba económicamente las ausencias del conductor en su hogar, reiterando que una es la forma de causación y la otra la forma de liquidación de dicha prima.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
En 3 cargos que merecieron réplica, el actor pretende que la Corte case la sentencia gravada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inaugural.
A pesar de que se dirigen por distinta senda, las 2 primeras acusaciones se estudiarán en conjunto, pues acusan violación del mismo elenco normativo y persiguen idéntico propósito.
CARGO PRIMERO
Por vía indirecta, acusa aplicación indebida de los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el 53 de la Constitución Política. Sostiene que dicha violación se produjo por la comisión de los siguientes errores de hecho:
1. No dar por demostrado, estándolo, que TRANSMETA pagó al trabajador la “PNO CONST. DE SAL” o “PRIMA EXTRAL CAM” como contraprestación directa de su servicio como conductor de tracto camión.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el factor salarial al que se le denominó “PNO CONST. DE SAL” o “PRIMA EXTRAL CAM”, compensaba el tiempo que el trabajador estaba fuera de Bogotá.
3. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada pagó de forma continua y permanente un factor salarial al cual denominó “PNO CONST. DE SAL” o “PRIMA EXTRAL CAM.
Como pruebas mal apreciadas, relaciona la demanda (fls. 6 a 27) y la contestación de Transmeta S.A.S. (fls. 323 a 343); los comprobantes de nómina donde figura el pago de la «PRIMA EXTRAL CAM o PNO CONST. DE SAL» de forma periódica mensual (fls. 146 a 175); el contrato de trabajo de 25 de agosto de 2010 (fls. 129 a 133); el manual del conductor de tracto camión–MCT (fls. 83 al 84), y el otrosí del 1 de noviembre de 2012 (fls. 136 al 137). Como no valoradas, el testimonio de Edgar Quitian Aguilar.
Recrimina al Tribunal por haber concluido que la prima denominada «“PNO CONST DE SAL” o “PRIMA EXTRAL CAM”» no es retributiva del servicio. Aduce que si bien, en la contestación a los hechos 40 a 43 de la demanda, Transmeta S.A.S. afirmó que se trataba de un pago por mera liberalidad del empleador, el Manual del Conductor dispone que su reconocimiento estaba sujeto a «un mínimo de 4.000 y un máximo de 7.000 Km al mes, donde siempre se debe buscar un promedio de 6.000 Km mensuales».
Agrega que basta revisar los desprendibles de nómina, para entender que la prima extralegal fue un pago periódico que el empleador pretendió «desalarizar», no obstante su pago mensual y la precisión del Manual de Conductores, de que su pago se generaba por kilómetros recorridos, de suerte que sí era remuneratorio de la labor desempeñada.
Asevera que la tesis de Transmeta S.A.S. y el Tribunal, «de que para el cálculo de la prestación se tiene en cuenta el kilómetro recorrido en aras de establecer el tiempo que el empleado estuvo fuera de su casa», queda desvirtuada con la versión entregada por Edgar Quitian Aguilar, quien explicó que el pago se generaba después de los 700 kilómetros, cualquiera fuera la región donde se encontrara. Enseguida, aduce:
Si el ad quem hubiera apreciado correctamente los desprendibles de nómina, el contrato de trabajo, el otro sí, y el manual del conductor, donde claramente se establecen las razones por las que se efectúa el pago de la prima, hubiera concluido fácilmente que este rubro se pagaba al trabajador como contraprestación directa de su labor como conductor y en razón a los kilómetros que recorría mensualmente, no por mera liberalidad del empleador como lo quiere hacer ver la empresa demandada y como nunca lo entendió la parte actora.
CARGO SEGUNDO
Por vía directa, denuncia interpretación errónea de los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por el 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, en relación con el artículo 53 de la Constitución Política.
No discute que la prima extralegal de campo era sufragada «por la ausencia que presentaba en su hogar, así como por la permanencia fuera de la ciudad de Bogotá». Sin embargo, sostiene, el pago se generaba como consecuencia de la prestación del servicio de conductor de tractocamión, en proporción a la cantidad de kilómetros recorridos, de suerte que, conforme el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, se trató de una forma de retribución del servicio.
Asevera que al otorgarle validez «a los pactos de desalarizacion del referido rubro» el Tribunal ignoró lo adoctrinado en sentencias CSJ SL5159-2018 y CSJ SL959-2020, que concedieron carácter salarial a las sumas pagadas periódicamente por el empleador, que retribuyen el servicio, a pesar de lo consensuado entre las partes.
RÉPLICA
Las sociedades Pacific Stratus Energy Colombia y Meta Petroleum Corp, hoy fusionadas Frontera Energy Colombia Corp, defienden la decisión del Tribunal. Dicen que, en efecto, lo habitual de un pago no traduce que sea salario. Que si, desde el inicio, las partes convienen que la suma era reconocida libremente por el empleador, no es viable modificar esa condición en beneficio de una de aquellas.
En igual sentido, Ecopetrol S.A. asegura que la prima extralegal de campo no es factor salarial, por manera que el análisis del ad quem fue acertado, en la medida en que dedujo que el pago fue por mera liberalidad del patrono, que no contraprestación directa del servicio.
Compañía Mundial de Seguros S.A. sostiene que no mediaron errores jurídicos, ni fácticos, en la medida en que no hubo duda de que la prima extralegal de campo «se pagó atendiendo a lo pactado en el otrosí, (…) como un reconocimiento por mera liberalidad al tiempo que el trabajador permaneciera fuera de su residencia».
CONSIDERACIONES
A salvo del debate, se encuentra que Juan Carlos Hilarión Díaz trabajó para Transmeta S.A.S. entre el 25 de agosto de 2010 y el 28 de enero de 2013, cuando fue despedido sin justa causa; tampoco que, durante todo el tiempo de servicio, la empresa le pagó mensualmente la prima extralegal de campo, reglamentada en el «Manual del Conductor» de la empresa.
Para confirmar la negativa a reliquidar salarios y prestaciones sociales con base en lo percibido por prima extralegal de campo, el juez de la alzada consideró que dicho ingreso no tenía naturaleza salarial pues, además de que obedecía a mera liberalidad del empleador, no era retributiva del servicio, sino compensatoria por la ausencia del trabajador de su hogar.
En ese orden, el problema jurídico que debe definir la Corte, consiste en verificar si dicho devengo ostenta connotación salarial.
Importa recordar que según el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, es salario «no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor de trabajo suplementario», etcétera. En sentencia CSJ SL1993-2019, la Corte explicó que todo pago recibido por el trabajador se presume salarial, a menos que el empleador demuestre su carácter ocasional o excepcional y, especialmente, que no retribuye directamente el servicio, no por la forma en que se estipuló, sino en función del entorno que lo circunda. Así dijo:
En ese contexto, una vez acreditado el vínculo laboral respecto del contrato de asesoría, le corresponde a la Sala dilucidar si lo que percibió el demandante con ocasión de este, es o no salario.
Al respecto, esta Corporación ha enfatizado que los pagos que se perciben en razón a la relación de trabajo se presumen salario, a menos que se demuestren las condiciones de ocasionalidad, mera liberalidad del empleador y/o que no van dirigidos a remunerar los servicios prestados (CSJ SL3272-2018).
Es decir, el carácter remuneratorio de un pago no emana directamente de la ley, sino que en cada caso deben analizarse los elementos fácticos en aras de establecer cómo se consagró y si con él se retribuyen o no directamente, los servicios prestados. (Resalta la Sala)
De las pruebas denunciadas, se desprende lo siguiente:
El Manual del Conductor de Tractocamión–Transmeta S.A.S.–Colombia, 2013 (fls. 72 a 113), capítulo 3, «DERECHOS, OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y BENEFICIOS», subcapítulo 3.1 «DERECHOS», ítem 2, consagra que el conductor del tractocamión tiene derecho «al pago de su salario fijo mensual de acuerdo a lo convenido entre las partes, y al componente variable de acuerdo a los kilómetros establecidos» (negrita de la Sala).
En el subcapítulo 3.4 «BONIFICACIONES POR BUEN DESEMPEÑO», acápite 3, se regula la «Prima Extralegal de campo» como aquella que «se otorga por mera liberalidad y no ha sido, ni es constitutiva de salario para ningún efecto». Allí, dispone que su valor se origina a partir de los kilómetros recorridos con carga o sin ella, y dependiendo del número de viajes, así:
VIAJES
VALOR/ VIAJES
KMS CARGADO
KMS VACÍO
1
$12.000
137
85
2
$42.000
137
85
3
$78.000
137
85
4
$114.000
137
85
5
$150.000
137
85
6
$186.000
137
85
7
$222.000
137
85
8
$258.000
137
85
9
$294.000
137
85
10
$330.000
11
$366.000
(Sic)
Los comprobantes de nómina (fls. 146 a 343), dan cuenta de que durante todo el tiempo de servicio, el actor devengó por concepto de «PNO CONS DE SAL» o «PRMA EXTRAL CAMP», los siguientes valores (fls. 146 a 343)
AÑO 2010
MES
VALOR
Agosto
No registra
Septiembre
$284.000
Octubre
$600.000
Noviembre
$880.000
Diciembre
$856.000
Promedio salarial
$524.000
AÑO 2011
MES
VALOR
Enero
$906.000
Febrero
$1.029.000
Marzo
$686.810
Abril
$670.675
Mayo
$975.350
Junio
$579.200
Julio
$674.250
Agosto
$701.900
Septiembre
$817.200
Octubre
$702.250
Noviembre
$719.350
Diciembre
$804.950
Promedio salarial
$772.244
AÑO 2012
MES
VALOR
Enero
$738.350
Febrero
$689.000
Marzo
$844.200
Abril
$747.795
Mayo
$888.110
Junio
$1.006.000
Julio
$818.980
Agosto
$1.006.000
Septiembre
$1.256.599
Octubre
$1.307.797
Noviembre
$1.006.000
Diciembre
$952.160
Promedio salarial
$938.415
AÑO 2013
MES
VALOR
Enero
$283.853
Por último, el «OTROSÍ AL CONTRATO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. Y JUAN CARLOS HILARIÓN DÍAZ» (fls. 314 y 315), informa que el 1 de noviembre de 2012, las parte convinieron:
TERCERA: LAS PARTES, reconocen que EL EMPLEADOR, siempre ha otorgado por mera liberalidad a EL TRABAJADOR una prima extralegal de campo no constitutiva de salario, otorgada de acuerdo a los kilómetros recorridos según lo establecido en el manual del conductor. Por lo anterior, es intención de LAS PARTES formalizar a través del Contrato de Trabajo, el pago de la prima extralegal de campo; en consecuencia LAS PARTES en este contrato convienen expresamente que EL TRABAJADOR, continuará recibiendo por mera liberalidad, el pago denominado como “PRIMA EXTRALEGAL DE CAMPO”, cuyo valor es proporcional al tiempo en que EL TRABAJADOR permanezca por fuera de la ciudad de Bogotá D.C. Dicho tiempo se determinará con base en los kilómetros recorridos, según se establece en la tabla del Manual de Conductores (negritas de la Sala).
La inferencia obtenida por el juzgador de la alzada deviene equivocada porque si bien, desde el inicio no había duda de que durante todo el tiempo de servicio, el accionante percibió una remuneración mensual a título de «PNO. CONST. DE SAL», o «PRIMA EXTRAL CAM», aquel operador jurídico restó naturaleza remuneratoria a dicho pago, fundado únicamente en la leyenda impuesta por el empleador, por manera que no llamó a operar la presunción salarial referida. También, se equivocó cuando descendió al análisis probatorio, en la medida en que no verificó si el empleador realmente había desacreditado la presunción que gravitaba en su contra, sino que se limitó a darle validez a las estipulaciones plasmadas en los contratos y sus anexos.
Para la Sala, es claro que desde el comienzo, las partes convinieron que el salario del conductor correspondía al «fijo mensual», junto con el «componente variable de acuerdo al número de kilómetros establecidos»; el último, regulado en el acápite 3.4.3 de prima extralegal de campo del «MANUAL DE CONDUCTOR DE TRACTOCAMIÓN» (fls. 72 a 113). Allí, en una tabla se consensuó el pago de una suma de dinero por kilómetro recorrido con carga o sin ella, de acuerdo al número de viajes. De esta suerte, emerge prístino que el pago en cuestión era consecuencia de la ejecución de la labor como conductor de carga pesada; de ahí su incontestable carácter remuneratorio y salarial.
No obstante que, en los contratos y sus anexos, se leen anotaciones como «sumas entregadas por mera liberalidad», y en los desprendibles se les denomina «PNO. CONST. DE SAL», o «PRIMA EXTRAL CAM», dichas estipulaciones no varían la esencia remuneratoria de los pagos pues, como se dijo, el carácter salarial se presume, por tratarse de un pago recibido con ocasión de la relación de trabajo; además, está claro que durante toda la vinculación, entre el 25 de agosto de 2010 y el 28 de enero de 2013, Juan Carlos Hilarión percibió la prima extralegal, a la que el Tribunal restó incidencia prestacional.
Así las cosas, no asoma duda de que el monto variable percibido por el recurrente siempre hizo parte de su salario, y no de una entrega libérrima del empleador como lo asumió el ad quem. Llama la atención que el 1 de noviembre de 2012, a escasas semanas de poner fin al contrato de trabajo, a través de una adenda (fls, 314 y 315), la enjuiciada optó por modificar la cláusula del manual de conductores. Si bien, hizo constar que se trataba de un pago que compensaba el tiempo que el trabajador estuviera fuera de la ciudad, surge evidente que sabía de la connotación retributiva del pago, y optó por restarle el carácter que siempre tuvo.
Demostrados los errores sobre las pruebas calificadas, en su declaración, Edgar Quitian Aguilar (fl. 711 Cd.) afirmó que la remuneración mensual se componía del salario básico, más el pago por «kilómetro recorrido»; es decir, que «por cada kilómetro que uno recorría le pagaban a uno un salario mensual (…), le daban a uno setecientos, setecientos veinte, setecientos cincuenta, setecientos ochenta mil, que era más o menos el recorrido que lo que pagaba a uno por viaje, por kilómetro recorrido al mes».
De esta suerte, se robustece la inferencia sobre el linaje salarial de la prima extralegal de campo, a la que el fallador de segundo nivel le quitó dicha naturaleza. Sin duda, de haber valorado este testimonio, por lo menos, no hubiera arribado a tan precipitada y desafortunada conclusión, dada la habitualidad el carácter retributivo del pago.
En consecuencia, los cargos son fundados y prósperos, por manera que se casará la sentencia confutada.
CARGO TERCERO
Por vía indirecta, acusa aplicación indebida de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, 57, numeral 4, y 127 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el 53 constitucional.
Como errores de hecho, denuncia:
1. No dar por demostrado, estándolo, que Transmeta se obligó a pagar el salario establecido en el anexo 1 lista de precios unitaria que es parte integral del contrato MA 0001561 por un valor de $4.907.056, pactado con Ecopetrol.
2. No dar por probado, estándolo, que al señor Juan Carlos Hilarión se le efectuó el pago de salarios por un valor inferior al pactado en el anexo 1 lista de precios unitaria del contrato MA 0001561.
3. Dar por demostrado, sin estarlo, que el salario de $4.907.056 establecido en el anexo 1 lista de precios unitaria, debía ser pagado a varios conductores.
4. Dar por demostrado, sin estarlo, que el tracto camión asignado al señor Juan Carlos Hilarión tuvo asignado más de un conductor.
Como pruebas mal apreciadas, relaciona la demanda inicial (fls. 323 al 343) y la contestación de Transmeta S.A.S. (fls. 323 al 343), los comprobantes de nómina (fls. 146 a 175), el Contrato MA0001561 del 29 de septiembre del 2011 (fls. 724 a 740), el anexo 1 al contrato MA 1561, lista de precios unitaria (fl. 741). Como no valoradas, su interrogatorio y el del representante legal de Transmeta S.A.S.
Sostiene que el Tribunal se equivocó al considerar que el valor fijado en la lista de precios unitario, por concepto de «conductores», está referido al salario de varios de ellos, que no al suyo en particular. Con ello, dice, ignoró que en el Anexo 1 del contrato, se fijaron $4.907.056 como «salario básico del conductor del tracto camión».
Dice que aunque podría estar de acuerdo con que esos valores corresponden a más de un conductor, tal aserto sería plausible siempre que «en el plenario se hubiera demostrado que así se desarrolló la actividad, circunstancia que no fue demostrada ni probada y, al contrario, la única prueba que existe es que Juan Carlos Hilarión, fue el único conductor que desarrolló la actividad».
Asegura que el transporte de petróleo es una actividad controlada, que no permite suponer que las enjuiciadas no poseen la lista de conductores. Por tal razón, a la parte demandada correspondía demostrar la hipótesis defensiva que esgrime; es decir, la pluralidad de conductores asignados a cada uno de los carrotanques, para poder liberarse de pagar el salario básico completo al demandante. Dice que, en caso de duda, lo procedente es resolver a su favor.
Aduce que, conforme el numeral 6 de la cláusula 5 del contrato MA-0001561, el contratista debía pagar «el salario pactado con ECOPETROL a través de los DPS», que se encuentra en el Anexo 1 «lista de precios unitaria», por manera que no debió acudir «a la tabla de los niveles salariales para actividades diferentes a la industria del petróleo, elaborado el 28 de diciembre de 2011, de la cual se tiene duda de que sea prueba válida dentro del proceso».
Asegura que según el numeral 5 del contrato MA-0001561, la tabla de niveles salariales aplica «para actividades contratadas no propias de la industria del petróleo», de suerte que desconoció que la actividad de transporte de Hidrocarburos, «es propia de la industria del petróleo» tal cual lo explicó el Consejo de Estado en sentencia «2174-12».
Sostiene que la «lista de precios unitaria» claramente prevé los costos de cada carrotanque por 16 viajes al mes, y él nunca tuvo un «relevo o reemplazo». Agrega que dentro de los costos fijos, se estipuló un salario básico para conductores de $4.907.506. Precisa que el Anexo 1, es un documento «DPS» de suerte que es de obligatorio cumplimiento para Transmeta S.A.S., más si no se demostró la existencia de otras personas que condujeran el tractocamión.
RÉPLICA
Pacific Stratus Energy Colombia y Meta Petroleum Corp, hoy Frontera Energy Colombia, enarbolan ausencia de prueba del salario básico pretendido por el recurrente, toda vez que la lista de precios refiere un valor global, que se dividía según las necesidades del servicio de transporte.
Ecopetrol S.A. asegura que el Tribunal fue «claro, amplio y concreto», y del análisis de las pruebas no se podía colegir que $4.907.056, fuera al salario básico del demandante como único conductor del tractocamión.
La Compañía Mundial de Seguros S.A. reitera que el monto estipulado por concepto de «conductores», engloba al grupo que cubría la totalidad de turnos del tracto camión, el cual «prestaba servicio 24 horas al día, 7 días a la semana».
CONSIDERACIONES
El recurrente dirige su ataque por la senda fáctica y enlista una serie de errores en la valoración de las pruebas, uno de los cuestionamientos es de linaje jurídico, en tanto aduce que la convocada a juicio debió probar que el pluricitado guarismo estaba asignado al grupo de conductores que guiaba el automotor asignado. Desde luego, el análisis de ese reproche no se abre paso por el sendero de los hechos.
Una vez examinados los elementos de juicio denunciados, fácilmente se advierte que en ningún error pudo incurrir el Tribunal al negarle el derecho a la nivelación salarial. Mientras el «ANEXO 5» sobre «ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS» prevé que los salarios del personal con dedicación exclusiva al contrato, como el recurrente, serían «los establecidos por ECOPETROL en la tabla de Niveles Salariales para Carrera Técnica y Administrativa» (fls. 713 a 140), la «LISTA DE PRECIOS UNITARIA» del contrato MA-00018561, solo muestra un registro de los elementos, costos fijos y variables que la empresa de petróleos se comprometió a pagar al contratista por la prestación del servicio, sin que de su contenido se desprenda que la suma de $4.907.056 era el salario del demandante.
De otra parte, la censura no controvierte la conclusión del Tribunal en punto a que la respuesta negativa al anhelo nivelatorio, obedeció a que el demandante percibió una remuneración fija mensual de $1.560.000, superior a la fijada en la «tabla de niveles salariales para actividades diferentes a la industria del petróleo» (fls.322). En ese orden, incumple el deber de apuntarle a derruir todos los pilares de la sentencia gravada, de suerte que, en lo que a este tópico concierne, el fallo se mantenga indemne (CSJ SL16794-2015).
Este cargo no prospera. Sin costas en casación.
SENTENCIA DE INSTANCIA
Dado el resultado del recurso de casación, se abre paso al estudio de la respuesta negativa del juez a quo a la incidencia prestacional de la prima extralegal de campo. Dicho operador de justicia concluyó que la suma entregada mensualmente al trabajador no estaba destinada a remunerar directamente el servicio, sino que se trató de un incentivo proveniente de la mera liberalidad del empleador a su equipo, una vez evaluado su buen desempeño.
En su alzada, el actor sostiene que, por el contrario, el estipendio en mención remuneraba los «kilómetros recorridos que los trabajadores hicieran dentro de la relación laboral» y el pago era habitual, según dan cuenta los desprendibles de nómina, que fueron mal analizados.
Para resolver, basta memorar lo expuesto en sede extraordinaria para concluir que la razón está del lado del demandante, en la medida en que, tal cual quedó definido, el monto percibido por prima extralegal de campo tiene carácter salarial, en tanto retribuyó directa y habitualmente el servicio de conductor de tractocamión por el periodo comprendido entre el 25 de agosto de 2010 y el 28 de enero de 2013.
En ese orden, se revocará la decisión de primer grado y, en su lugar, se declarará que el demandante tiene derecho a la reliquidación de salarios y prestaciones sociales, con inclusión de la prima extralegal de campo en la base para recalcular dichos conceptos.
La relación laboral finalizó el 28 de enero de 2013, e Hilarión Díaz elevó reclamo el 25 de septiembre de 2015 (fls.114 a 116). La demanda fue presentada el 13 de marzo de 2016 y notificada el 2 de mayo siguiente (fl. 305). Se declararán prescritos los derechos exigibles antes del 25 de septiembre de 2012, excepto el auxilio de cesantía, los aportes a la seguridad social en pensiones y las vacaciones (arts. 488 CST y 151 CPT).
Para reliquidar, se tomarán únicamente los valores relacionados en los desprendibles de nómina (fls. 70 a 164) y la liquidación final del contrato de trabajo (fl. 317) por prima extralegal de campo, en tanto no está en discusión que los demás rubros fueron pagados por la empresa. En ese orden, se tiene que el promedio salarial para cada año quedó así: $524.000 para 2010, $722.244 para 2011, $938.414 para 2012 y $283.853 para 2013. Así las cosas, la encausada adeuda:
Prima de servicios. $938.415 (por 2.º semestre 2012); y $22.077 (1 a 28 de enero de 2013) para un total de $960.492.
Vacaciones. Por el periodo 2011-2012: $361.122 y por el último 2012-2013: $469.207, para un total de $830.329.
Auxilio a la cesantía. $181.944 por 2010, $772.244 por 2011, $938.415 por 2012 y $22.077 por 2013, para un total de $1.914.680.
Intereses a la cesantía: $112.609 por 2012 y $206 por 2013, para un total de $112.815. Los demás se encuentran prescritos.
El empleador deberá pagar a la administradora de fondos de pensiones a la que se encuentre afiliado el accionante, el faltante del ingreso base de cotización resultante del ajuste salarial explicado, entre el 28 de agosto de 2010 y el 28 de enero de 2013.
Sabido es que la sanción de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, no es de aplicación automática, sino que debe analizarse si mediaron razones válidas para que el empleador no honrara las obligaciones a su cargo (CSJ SL1682-2019).
Desde los albores de la contienda (fls. 323 a 343), la convocada a juicio aseguró que el pago de la prima mensual efectuada al trabajador, no tenía connotación salarial. Aludió al otrosí del contrato de trabajo y al Manual de Conductores, de donde, aseguró, emergía liberalidad de la suma entregada. No obstante, como se explicó suficientemente, en dichos documentos también se registró que su pago se generaba por razón del servicio prestado, de suerte que no es válido considerar que tenía plena convicción de que la prima mencionada no era salario. Lo anterior, adquiere mayor contundencia si se observa que durante todo el tiempo trabajado, los desprendibles de nómina del actor dan cuenta de un pago habitual y permanente por concepto de «PNO. CONST. DE SAL», o «PRIMA EXTRAL CAM».
En consecuencia, no se vislumbra una razón seria y atendible para sustraerse de la solución íntegra de las prestaciones, de donde se sigue la imposición de la sanción. Dado que la relación laboral entre Juan Carlos Hilarión y Transmeta S.A.S. finalizó el 28 de enero de 2013 y la demanda se presentó el 16 de marzo de 2016, pasados 24 meses desde aquella fecha, solo hay lugar a ordenar intereses por mora a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera desde la terminación del vínculo, hasta el pago efectivo de las condenas por prestaciones sociales (CSJ SL10632-2014, CSJ SL, 6 may. 2010, rad. 36577, reiteradas en proveídos CSJ SL, 3 may. 2011, rad. 38177 y CSJ SL, 25 jul 2012, rad. 46385).
Por las mismas razones, procede el pago de la indemnización del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en la suma de $2.445.439 desde el 25 de septiembre de 2012 hasta el 28 de enero de 2013, fecha de finalización del contrato de trabajo. Esto es así, pues no es dable que corran dos sanciones al mismo tiempo.
En lo que concierne a la solidaridad de Transmeta S.A.S y Ecopetrol S.A., basta precisar que según certificado de existencia y representación legal de la empresa de petróleos (fls. 42 a 48), su objeto social es el desarrollo de las «ACTIVIDADES COMERCIALES O INDUSTRIALES CORRESPONDIENTES O RELACIONADAS CON LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS», además de «REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA, CONEXA O ÚTIL PARA EL DESARROLLO DE LAS ANTERIORES» y, entre otras, «LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y NEGOCIOS JURÍDICOS Y ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO».
En el certificado de existencia y representación legal de Transportadora del Meta S.A.S. (fls. 38 a 31), se lee que el objeto social es:
[…] EL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA; EL TRANSPORTE TERRESTRE DE PETRÓLEO E HIDROCARBUROS; EL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS SECAS Y LÍQUIDOS BLANCOS TALES COMO ACEITES Y BIOCOMBUSTIBLES, CARGAS PARA LA MOVILIZACIÓN DE COSAS, PAQUETES, ENCOMIENDAS, MERCANCÍAS Y DOCUMENTOS, CON SUJECIÓN A LAS NORMAS LEGALES COMPLEMENTARIAS QUE REGULAN ESTE SERVICIO; EL AGENCIAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL (…).
Para resolver, es necesario traer a escena una decisión adoptada por la Sala en un proceso seguido contra otra empresa transportadora y Ecopetrol, en la que se descartó la responsabilidad solidaria de la segunda, aunque dentro de los objetos sociales de ambas figuraba el transporte de hidrocarburos. En sentencia CSJ SL17526-2016, reiterada sucesivamente, se discurrió:
En este sentido, la Naviera Fluvial Colombiana S.A. así como puede prestar servicios de transporte de hidrocarburos a Ecopetrol, también puede movilizar otro tipo de bienes en favor de otras empresas pertenecientes a otros sectores industriales. Indudablemente esta circunstancia hace que la esencia, es decir, lo que caracteriza o distingue la actividad principal de la compañía demandada, sea el transporte público de bienes y cosas en general, y no su subproceso de transporte de combustibles, en particular.
El artículo 3 de la Ley 105 de 1993, señala que el transporte público «es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector», definición que encaja perfectamente en el objeto social de la Naviera Fluvial Colombiana S.A.
Por las razones precedentes, el Tribunal tampoco valoró equivocadamente el contrato n. VRP-040-2003. Si bien en el mencionado contrato la empresa Naviera Fluvial Colombiana S.A. se obligó a suministrar el transporte fluvial de hidrocarburos entre las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, ello no significa que por fuerza de lo acordado su actividad principal haya dejado de pertenecer al sector transporte para ubicarse en la industria del petróleo. De aceptarse tal tesis, las actividades de las compañías del ramo del transporte pertenecerían a tantos sectores industriales existan cuanto sea la clase de actividad económica de las empresas a las cuales prestan sus servicios, conclusión que es inadmisible.
Lo anterior, desde luego, aleja las funciones del actor de un campo particular y las ubica en uno más amplio, como lo es el transporte público de bienes y mercancías; y, de otra parte, significa que no está demostrado en concreto que sus labores estuvieran vinculadas específicamente a las operaciones de transporte de petróleo o sus derivados en la misma zona de trabajo de los empleados de la beneficiaria, de modo tal que pudiera llegar a considerarse, en aplicación del principio de la realidad sobre las formas, que sus función real era la ejecución de procesos para la industria del petróleo, con independencia de lo plasmado formalmente en los certificados de cámara de comercio y contratos.
Dado que los anteriores razonamientos acompasan con el caso bajo examen, se negará esta pretensión.
Costas en las instancias a cargo de Transmeta S.A.S.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 29 de enero de 2021, por Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Tribunal de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario laboral seguido por JUAN CARLOS HILARIÓN DÍAZ contra TRANSPORTADORA DEL META S.A.S., -TRANSMETA S.A.S.-; ECOPETROL S.A; PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA y META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA, hoy FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP, al que fue vinculada la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., en cuanto confirmó la negativa a conceder carácter salarial a la prima extralegal de campo y la reliquidación prestaciones sociales, las vacaciones y las indemnizaciones. No casa en lo demás.
En sede de instancia, REVOCA el numeral primero de la sentencia de 31 de julio de 2018, proferida por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá, D.C. y, en su lugar, Resuelve:
PRIMERO: Condenar a TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. -TRANSMETA S.A.S.- a pagar a JUAN CARLOS HILARIÓN DÍAZ:
Prima de servicios: $960.492
Compensación por vacaciones: $830.329
Auxilio de cesantía: $1.914.680
Intereses sobre la cesantía: $112.815
E. Intereses de mora a la tasa máxima de libre asignación fijada por la Superintendencia Financiera, sobre el capital que adeuda por prestaciones sociales, desde el 28 de enero de 2013 hasta cuando el pago se verifique.
F. Indemnización por falta de consignación del auxilio de cesantía: $2.445.439.
G. La diferencia en el valor de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, con destino a la administradora de fondos de pensiones a la que se encuentre afiliado el demandante, con los intereses que liquide la entidad.
SEGUNDO: Se confirma en lo demás.
Costas, como se dijo.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
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