Ficha de la providencia
Sentencia SL680-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL680-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL680-2023
Magistrado ponente: Jorge Prada Sanchez
12 de abril de 2023
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Magistrado ponente
SL680-2023
Radicación n.° 92315
Acta 11
Bogotá, D. C., doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023).
La Sala decide los recursos de casación interpuestos por MARÍA ALBA OSPINA DE BURITICÁ y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 4 de mayo de 2021, en el proceso que la primera instauró contra la entidad. Fueron vinculados como intervinientes ad excludendum LAURA CRISTINA, MÓNICA PATRICIA y LEONEL ALBERTO BURITICÁ OSPINA.
Se acepta el impedimento presentado por la magistrada Jimena Isabel Godoy Fajardo, con fundamento en la causal 1 del artículo 141 del Código General del Proceso.
ANTECEDENTES
La demandante reclamó pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite de José Leonel Buriticá, a partir del 3 de noviembre de 2001, con fundamento en el principio de la condición más beneficiosa y bajo los preceptos del Acuerdo 049 de 1990. Así mismo, solicitó los intereses moratorios o la indexación, y las costas (fls. 2 al 9, exp. digital).
Informó que el 20 de noviembre de 1976 contrajo matrimonio católico con José Leonel Buriticá, con quien procreó a Laura Cristina, Mónica Patricia y Leonel Alberto, todos mayores de edad a la presentación de la demanda. Destacó que la convivencia con su cónyuge perduró hasta el 3 de noviembre de 2001, cuando aquel falleció. Añadió que el día 7 siguiente reclamó la pensión de sobrevivientes, pero Protección S.A. la negó mediante Resolución 2001-3577 de enero de 2002, con el argumento de que el causante no cotizó 26 semanas en el año anterior al deceso; por ello, ordenó el pago de «$7.287.688, por concepto de capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, y $20.893.321 […] del bono pensional».
Relató que su cónyuge cotizó al ISS 583.35 semanas, entre el 16 de diciembre de 1981 y el 30 de abril de 1994, cuando se trasladó a la administradora de fondos de pensiones (AFP) Protección S.A. donde aportó 57.57 semanas hasta octubre de 2000, de suerte que completó 640.92 en toda la vida laboral.
Aseguró que, aunque no colmó las exigencias de la Ley 100 de 1993, cumplió los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, aplicable por virtud del principio de la condición más beneficiosa, dado que acreditó «más de 300 semanas antes de la entrada en vigencia» del sistema general de pensiones.
Protección S.A. se opuso a las pretensiones y propuso la excepción previa de falta de integración de la litis, y las de mérito de falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, necesidad del equilibrio financiero del sistema, compensación y prescripción. Admitió la fecha del matrimonio, la reclamación de la prestación y la respuesta negativa, así como la devolución de saldos por $30.612.524 (fls.66 a 83, exp. digital).
Aseveró que la accionante no tenía derecho a la pensión de sobrevivientes, dado que el de cujus no aportó 26 semanas en el año anterior al fallecimiento, como lo exigía el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Que no procedía la prestación con base en el principio de la condición más beneficiosa, por cuanto no existía duda sobre la normativa aplicable.
Añadió que el inciso 3, del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el 48 de la Constitución Política, «hizo énfasis en la obligatoriedad de aplicar la ley vigente al momento de la ocurrencia del hecho, eventualmente, generador del derecho», y que la jurisprudencia que avala el principio de la condición más beneficiosa, se emitió después del deceso del afiliado.
El juez unipersonal, mediante proveído del 8 de agosto de 2019 (fl.137 exp. digital), ordenó la vinculación como intervinientes ad excludendum de Mónica Patricia, Laura Cristina y Leonel Alberto Buriticá Ospina, quienes manifestaron que no se opondrían a las peticiones de la accionante (fls. exp. digital).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El 4 de marzo de 2021, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín (fl. cd exp. digital), resolvió:
PRIMERO: se condena a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., a reconocer y pagar a favor de la señora MARÍA ALBA OSPINA DE BURITICÁ, la pensión de sobrevivientes en aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa del Decreto 758 del año 90, con ocasión de la muerte del señor José Leonel Buriticá Marín, en el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, a razón de 14 mesadas anuales y a partir del 1 de diciembre del año 2013, con ocasión de la prescripción declarada (…).
SEGUNDO: se condena a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., a reconocer y pagar a la señora MARÍA ALBA OSPINA DE BURITICÁ, la suma de $74´852.086, por concepto de retroactivo pensional, causado entre el 1 de diciembre de 2013 y el 28 de febrero de 2021. A partir del 1 de marzo de 2021, la AFP accionada deberá seguir pagando a la demandante una mesada pensional, equivalente a un SMMLV a razón de 14 mesadas anuales y sin perjuicio de los incrementos a que haya lugar. Del retroactivo causado, se autoriza a la sociedad, efectuar los descuentos con destino al sistema general de seguridad social en salud, conforme se explicó en precedencia.
TERCERO: se condena a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., a reconocer y pagar a la señora MARÍA ALBA OSPINA DE BURITICÁ, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 del año 93, a partir del 1 de diciembre del 2013, liquidados a la tasa máxima de interés moratorio vigente al momento que se efectúe el pago, según se expuso en la parte motiva de la providencia.
CUARTO: se declara parcialmente probada la excepción de prescripción respecto a las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 13 de noviembre del año 2013, (…); se declara probada igualmente la excepción de compensación en consecuencia, se autoriza a la sociedad accionada PROTECCIÓN S.A., a descontar del retroactivo ordenado, la suma de $15´306.262, pagado a la demandante por concepto de devolución de saldos, suma que deberá indexarse desde el 13 de junio del año 2002, las demás excepciones se resolvieron en el contenido de la providencia.
QUINTO: se condena a las señoras Laura Cristina Buriticá Ospina y a Mónica Patricia Buriticá Ospina, a reintegrar a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA, la suma de $15´306.202, en un porcentaje equivalente al 25% a cargo de cada una de ellas, por concepto de sumas de dinero que les correspondió por la devolución de saldos efectuada por esa entidad. Esa suma de dinero deberá ser entregada indexada desde el 13 de julio del año 2002 hasta el momento en que se efectúe el pago.
SEXTO: se condena en costas a PROTECCIÓN S.A, vencida en el proceso, fijándose como agencias en derecho el equivalente a $7´485.208. (Negrita de la Sala).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolver los recursos de apelación formulados por la demandante y Protección S.A. el ad quem revocó la condena por intereses moratorios y, en su lugar, ordenó la indexación. Confirmó en lo demás.
En lo que interesa al recurso extraordinario, circunscribió el problema jurídico a definir si procedía aplicar la condición más beneficiosa en el RAIS, la causación de la pensión de sobrevivientes, los intereses moratorios y la compensación.
Dejó a salvo del debate que María Alba Ospina contrajo matrimonio el 20 de noviembre de 1976 con José Leonel Buriticá, quien falleció el 3 de noviembre de 2001, y que tuvieron 3 hijos, ya identificados. Que el causante estuvo afiliado al ISS y cotizó «491.86 semanas», y que el 23 de septiembre de 1997, «se trasladó a la hoy demandada cotizando hasta marzo de 1999, 57.58 (sic) semanas».
Tampoco, halló controversial que, en su condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, el 7 de noviembre de 2001, la cónyuge supérstite solicitó a Protección S.A. la prestación en su nombre y en representación de sus dos hijas, menores para esa época. Así mismo, que la enjuiciada por comunicación 2011-3577 del 2 de enero de 2002 negó la pensión, con el argumento de «no cumplirse por parte del afiliado con el número de semanas exigidas por la ley vigente». Que el 23 de noviembre de 2001 la administradora les otorgó la devolución de saldos en la suma de $30.612.524.
Con base en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, vigente al momento del fallecimiento del afiliado, dedujo insatisfecha la densidad de semanas, tal cual «fue aceptado desde la presentación de la acción».
Remembró las sentencias CSJ SL3010-2020, CSJ SL1142-2020, CSJ SL356-2019, CSJ SL763-2018, CSJ SL2183-2018, CSJ SL10013-2017, CSJ SL4080-2017, CSJ SL8614-2017, CSJ SL 2150- 2017, CSJ SL8085-2015, CSJ SL6657-2015, CSJ SL6640-2015 y CSJ SL405-2013, que abrieron paso a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, como excepción a la regla general, en el tránsito entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993.
Expuso que, en atención al criterio de esta Sala de Casación, cuando no se crea un régimen de transición y se modifican sustancialmente los requisitos legales para conceder la prestación, como aconteció con la pensión de sobrevivientes con la expedición de Ley 100 de 1993, si se cumplen las exigencias, puede acudirse a la norma anterior, en aras de proteger una expectativa legítima, pese a que «el riesgo se estructure bajo la reglamentación posterior».
Por tal razón, halló viable la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, en virtud del principio de la condición más beneficiosa en el RAIS, dado que cuando el afiliado se trasladó, «también superó el número de cotizaciones efectuadas al ISS». Aludió a las sentencias CSJ SL, 5 sep. 2001, rad. 15667 y CSJ SL2150-2017, reiterada en la CSJ SL412 de 2019. Añadió:
No siendo entonces de recibo el argumento del apelante, en el sentido de que la decisión se emitió antes de que se profirieran las sentencias de la Corte sobre el tema, o que se afectase la sostenibilidad del sistema consagrado en las normas del Régimen de Ahorro Individual, máxime si se tiene en cuenta que el mismo propugna por la construcción de pensiones basadas en la acumulación de un capital, que en el caso de las prestaciones de sobrevivencia causadas en vigencia de la Ley 100 de 1993 –versión original- se exigían apenas 26 semanas, siendo incoherente que se alegue la ruptura del equilibrio financiero, cuando la pensión que aquí se va a reconocer, tiene como respaldo los aportes de más de 491.86 semanas, resultando de golpe, evidente que el músculo económico para respaldar esta prestación es más que suficiente, e incluso supera la exigencia legal. Además, el órgano de cierre de la especialidad laboral, ha decantado que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no atenta contra la regla de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones (ver entre otras, sentencia del 25 de julio de 2012. Radicación 38674).
Concluyó que la demandante tenía derecho a la pensión de sobrevivientes en virtud del principio de la condición más beneficiosa, en tanto el de cujus acreditó más de 300 semanas de cotización con antelación al 1 de abril de 1994, por manera que dejó causada la prestación con 14 mesadas anuales, pues se consolidó en 2001, antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005.
Trajo a colación la sentencia CSJ SL1681-2020, con la que el a quo fundamentó la condena por intereses moratorios, así como la CSJ SL704-2013, reiterada en las decisiones CSJ SL2994-2019 y CSJ SL1768-2021. Dichos fallos, dijo, explicaron que tales réditos no procedían en todos los casos, ni por el mero retardo, sino que debía evaluarse «las razones que tuvo la entidad en cada caso para no pagar oportunamente la prestación solicitada».
Estimó que el juez de primer nivel se equivocó al fulminar esta condena, como quiera que la negativa de Protección S.A. fue atendible y justificada pues, conforme a la normatividad de la época, el afiliado no acreditó las semanas exigidas para dejar causada la pensión de sobrevivientes.
En cambio, dedujo ajustada la compensación de lo pagado por devolución de saldos contra el retroactivo, «toda vez que la pensión de sobrevivientes se reconoce con base en los aportes que sirvieron, para liquidar la devolución de saldos, sin que sea posible la financiación de las dos prestaciones con los mismos tiempos».
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por ambas partes, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. En primer lugar, se resolverá el de la AFP Protección S.A.
RECURSO DE LA AFP PROTECCIÓN S.A.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Mediante la formulación de un cargo, replicado por la demandante, la convocada a juicio pretende que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, la absuelva.
CARGO ÚNICO
Acusa violación directa, por interpretación errónea, de los artículos 13, 48, 53, 93 y 230 de la Constitución Política, 30 del Convenio 128 de la OIT, 19-8 de la Constitución de la OIT y 272 de la Ley 100 de 1993, que condujo a la aplicación indebida de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, e infracción directa del artículo 46 de la Ley 100 de 1993.
Se duele de que, apoyado en sentencias de esta Sala, el Tribunal abriera paso a la aplicación de la condición más beneficiosa, con base en que el causante había cotizado más de 300 semanas antes del fallecimiento. Asevera que el alcance de dicho principio es restringido y transitorio, de donde se sigue que se «constituye como una especie de puente temporal de amparo para que a través de él transiten, entre la ley anterior y la nueva», las personas que tienen una situación jurídica concreta (CSJ SL4650-2017). Tal criterio, afirma, opera en el tránsito entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993, así como entre este estatuto y la Ley 797 de 2003.
Tras explicar las razones que justifican la aplicación restringida y temporal del principio y aludir a la sentencia CSJ SL2538-2021, aduce que como el afiliado murió «más de 7 años después de haber entrado en vigor la Ley 100 de 1993», es decir «después de la vigencia de la zona de paso razonable (300 semanas) en el tránsito legislativo entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, no es posible aplicar la condición más beneficiosa en este caso».
RÉPLICA
La promotora del juicio referencia las sentencias CSJ SL1663-2021 y CSJ SL965-2022, para señalar que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, en virtud de la condición más beneficiosa, por ser la norma anterior a la Ley 100 de 1993. Aduce que su cónyuge falleció el «3 de diciembre de 2002 (sic)», sin embargo, no «existe límite temporal», para la aplicación del mencionado principio.
CONSIDERACIONES
Se recuerda que, para confirmar la decisión condenatoria de primera instancia, tras indicar que la norma aplicable era la vigente a la fecha de fallecimiento del causante, verificó los requisitos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 y dedujo que no estaban acreditados. A renglón seguido, invocando el postulado de la condición más beneficiosa, se remitió a lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 y advirtió que en plena vigencia de esta norma y antes del 1 de abril de 1994, el afiliado reunió mucho más de las 300 semanas exigidas en ese precepto para acceder a la prestación deprecada.
Puntualmente, la censura reprocha que, en perspectiva de aplicar la condición más beneficiosa, el colegiado desestimara un límite temporal para llamar a operar las previsiones de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, cuando ya había entrado en vigor la Ley 100 de 1993. De ahí que, sostiene, no se cumplieron los supuestos que habilitan la concesión de la prestación deprecada.
La Corte debe dilucidar, entonces, si el ad quem erró al considerar que la accionante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, con base en lo reglado por los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, como corolario de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa.
Dada la vía de puro derecho seleccionada, no está en discusión que María Alba Ospina de Buriticá nació el 30 de julio de 1956 (fl. 25) y contrajo matrimonio con José Leonel Buriticá Marín el 20 de noviembre de 1976 (fl.31), quien falleció el 3 de noviembre de 2001 (fl.31), luego de cotizar 491.86 semanas al Instituto de Seguros Sociales (ISS), entre el 16 de diciembre de 1981 y el 30 de abril de 1994 (fls. 311 a 135), y 57.57 semanas a Protección S.A., del 1 de octubre de 1997 al 30 de marzo de 1999. Tampoco, la condición de beneficiaria de la actora ni que, si bien, Buriticá Marín estaba afiliado al sistema, cuando lo sorprendió la muerte no estaba cotizando.
Asimismo, está libre de debate que por Resolución 2001-3577 del 2 de enero de 2002, dicha administradora negó la pensión de sobrevivientes que la cónyuge supérstite reclamó el 7 de noviembre de 2001, y efectuó la devolución de saldos a la demandante y a sus hijas (fls. 40 a 42).
Tal cual lo memoró el juzgador de la alzada, esta Corte tiene adoctrinado que la norma con vocación de ser aplicada, en casos como el litigado, es la vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado. No obstante, bastante se ha reiterado que es viable acudir a la condición más beneficiosa, cuando el asegurado fallece en vigencia de la Ley 100 de 1993 original y no satisface el número de semanas exigidas por el artículo 46 ibídem, pero deja cotizadas i) 300 semanas, en cualquier época, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 o, ii) 150 entre el 1 de abril de 1988 y el 1 de abril de 1994, es decir, dentro de los 6 años anteriores a que cobrara vigor jurídico el estatuto de la seguridad social integral, siempre que en esta última hipótesis, sume 150 semanas aportadas dentro de los 6 años anteriores al fallecimiento. En sentencia CSJ SL1663-2021, la Corte recordó:
Así, la Sala ha establecido que, para considerar viable la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el evento de una pensión de sobrevivientes, el causante debió haber reunido una de las siguientes condiciones: 1) al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de1993, haber cotizado al menos 300 semanas en cualquier tiempo; o 2) haber cotizado al menos 150 semanas dentro de los seis años anteriores a la fecha del fallecimiento, e igual número a la entrada en vigencia de la citada ley.
En sentencia CSJ SL4064-2019, sobre la aplicación de este principio, se indicó:
«Pues bien, para dar respuesta a los planteamientos de la censura, importa recordar que en estos casos, en los que el óbito del causante ocurre en vigencia la Ley 100 de 1993, en su redacción original, la Corte ha aceptado la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en aras de permitir un estudio de la prestación a la luz de lo establecido en el artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, de lo que son ejemplo las sentencias CSJ SL, 13 ag. 1997, rad. 9758, CSJ SL, 9 jul. 2008, rad. 30581, CSJ SL, 12 abr. 2011, rad. 41300, y CSJ SL, 17 abr. 2013, rad. 47174. En la última de las providencias mencionadas, esta Corporación explicó:
En lo que tiene que ver con el fondo de la acusación, contrario a lo que sostiene la censura, el Tribunal sí reconoció que el afiliado había fallecido durante la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que, por tal razón, esa era la norma llamada a regular el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. No obstante, también entendió que a pesar de que no se reunían los requisitos allí definidos, era posible acudir a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por virtud del principio de la condición más beneficiosa.
Con dicha reflexión no incurrió en alguna imprecisión jurídica, pues esta Sala de la Corte ha sostenido de manera reiterada que cuando la muerte del afiliado ocurre en vigencia de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, es posible estudiar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con apego a los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, por virtud del principio de la condición más beneficiosa. Dicha orientación ha sido mantenida desde la sentencia del 13 de agosto de 1997, Rad. 9758, en la que se dijo al respecto:
(…)”
La mencionada postura fue precisada en sus condiciones, a través de decisiones como la del 9 de julio de 2008, Rad. 30581, en la que se anotó:
“En segundo lugar es de recordar, que sobre el tema en cuestión, esta Corporación tiene su propio criterio y ha adoctrinado mayoritariamente, que un afiliado al régimen del Instituto de los Seguros Sociales, que tenga en su haber el número y densidad de semanas exigidas por los artículos 6°, 25 y 27 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, esto es, 150 semanas dentro de los seis años anteriores a la fecha del deceso o 300 en cualquier época, aunque fallezca en vigor de la nueva ley de seguridad social y no cumpla con el requisito del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 relativo a las 26 semanas cotizadas al sistema para el momento de la muerte o dentro del último año, tiene derecho a que se le aplique el principio de la condición más beneficiosa consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, a fin de definir su situación pensional respecto de sus beneficiarios.
(…)
Al respecto conviene agregar, en lo concerniente a las dos hipótesis que contiene la normatividad que antecede a la nueva ley de seguridad social, esto es, el literal b) del artículo 6° del Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 de 1990, la Corte adicionalmente ha sostenido, que la primera, en la que se mencionan 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, ese número debe estar satisfecho para el momento en que comenzó a regir la Ley 100 de 1993; en cambio frente al segundo supuesto de la norma, relativo a una densidad de 150 semanas aportadas al ISS "dentro de los seis años anteriores a la muerte del afiliado", recientemente se fijó el criterio consistente en que este requisito para efectos de la aplicación de la condición más beneficiosa, cuando el deceso acontece en imperio de la Ley 100 de 1993, se debe considerar cumplido contabilizando esos seis años pero desde el 1° de abril de 1994 hacía atrás, es decir remontándose en el tiempo hasta el 1° de abril de 1988, y además es menester que el asegurado también tenga en su haber esa misma densidad de semanas (150) en los seis años que anteceden al fallecimiento, en el entendido de que el suceso de la muerte ocurriere antes del 1° de abril de 2000, según se dejó sentado en casación del 4 de diciembre de 2006 radicado 28893 que rememoró la decisión del 26 de septiembre de igual año radicación 29042, (…)”
La anterior doctrina ha sido reiterada en decisiones como las del 12 de abril de 2011, Rad. 41300, 13 de marzo de 2012, Rad. 45418, 17 de abril de 2012, Rad. 43716, 28 de agosto de 2012, Rad. 41816 y 30 de enero de 2013, Rad. 39012, entre muchas otras. (Subrayas fuera del texto).
Como en este caso el afiliado fallecido tenía más de 300 semanas cotizadas para el momento en el que entró a regir la Ley 100 de 1993, es claro que se cumplían a cabalidad los requisitos necesarios para disponer el pago de la pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, aplicable por virtud del principio de la condición más beneficiosa.».
En ese orden, conforme lo acreditado en el proceso y que no es objeto de discusión, el causante satisfizo las exigencias jurisprudenciales, toda vez que José Leonel Buriticá Marín cotizó 487.71 semanas antes del 1 de abril de 1994, de suerte que cumplió el requisito de 300 semanas en cualquier tiempo en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, como lo coligió el juez de alzada.
Por ello, la censura desacierta por insistir en un periodo máximo de tiempo, luego de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, cuyo transcurso frustraría la expectativa legítima de acceder a la prestación bajo estudio. Como se desprende de los precedentes en cita, esa restricción está circunscrita al evento en que el afiliado hubiese reunido 150 semanas antes del 1 de abril de 1994, hipótesis que no corresponde al asunto bajo estudio.
Conviene agregar que en sentencia SL15667-2001 se reiteró que el principio de la condición más beneficiosa «[…] es extensivo, como aquí ocurre, al afiliado al régimen de Ahorro individual con solidaridad […]» en la medida en que halla venero en el artículo 53 de la Constitución Política, como fundamento para acceder a las prerrogativas prestacionales de ambos regímenes. Por tal virtud, deben tenerse en cuenta las semanas cotizadas antes de la Ley 100 de 1993, como lo regula el literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL3834-2021).
Por tanto, el ad quem no incurrió en los desafueros jurídicos que le atribuye la censura al conceder el derecho pensional reclamado, de suerte que el cargo no prospera.
Costas a cargo de Protección S.A., y a favor de la opositora demandante. Inclúyase como agencias en derecho la suma de $10.600.000, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
CASACIÓN DE MARÍA ALBA OSPINA DE BURITICÁ
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pide la casación parcial de la sentencia gravada, para que, en sede de instancia, se confirme la imposición de los intereses moratorios, «a partir del 1 de diciembre de 2013, liquidados a la tasa máxima de interés moratorio vigente al momento en que se efectúe el pago».
En subsidio, aspira a que, también en instancia y previa modificación del numeral 3.º del fallo de primer grado, se impongan los intereses por mora «a partir del 27 de abril de 2017, fecha de notificación de la demanda». Así mismo, pide «Se MODIFIQUE» el numeral 4.º de la sentencia del a quo, para negar la excepción de compensación y «REVOCAR la autorización dada al fondo de pensiones PROTECCION S.A. de descontar del retroactivo ordenado, la suma de $15.306.262 pagados a la demandante por concepto de devolución de saldos, indexado».
Por la causal primera de casación, plantea 2 cargos, que fueron replicados en tiempo.
CARGO PRIMERO
Atribuye violación directa, por interpretación errónea, del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, «como consecuencia de la infracción directa (violación de medio) del artículo 94 del Código General del Proceso».
Recuerda que el juzgador de la alzada revocó la condena por intereses de mora, con el argumento de que la AFP negó la pensión de sobrevivientes con base en la normativa aplicable a la contienda, de donde dedujo que la decisión fue razonable. Empero, dice, desde septiembre de 2001, la Corte ha concedido la pensión en el régimen de ahorro individual, con base en el principio de la condición más beneficiosa. Cita la sentencia CSJ SL, 5 sep. 2001, rad. 15667.
Estima contradictoria la decisión del ad quem, pues consideró que la decisión de la administradora fue justificada y atendible; sin embargo, arguye que de tiempo atrás se ha adoctrinado que el reconocimiento de intereses moratorios, «no está sujeto a la valoración de las razones de negación del derecho o de buena o mala fe de la entidad». Cita pasajes de la providencia CSJ SL, 23 sep. 2002, rad. 18512.
También, destaca que el juez de la alzada desconoció el artículo 94 del Código General del Proceso, en tanto preceptúa que «la notificación de la demanda tiene el efecto de constituir en mora al deudor». Por ello, afirma, una vez se notificó el escrito inicial a Protección S.A. este intervino en el proceso con la contestación y sus excepciones.
Lo anterior, asevera, conlleva la estructuración de una mora injustificada en el pago de la pensión de sobrevivientes, de suerte que tiene derecho a percibir los intereses de marras, desde la «causación de cada mesada, o en subsidio desde la notificación de la demanda».
RÉPLICA
Expone que la jurisprudencia de la Corte ha moderado la imposición de los intereses moratorios y considerado que no es imperativa e inexorable en todos los casos pues, aunque no se indaga por regla general la conducta del deudor, en determinados eventos, como cuando existe una duda seria y real sobre el surgimiento del derecho no procede esa condena. Alude a la sentencia CSJ SL8614-2014.
CONSIDERACIONES
La Sala debe resolver si el ad quem desacertó al revocar la decisión que concedió los intereses de que trata el artículo141 de la Ley 100 de 1993.
En ese propósito, cumple memorar que los intereses moratorios operan por el simple retardo de la AFP en el reconocimiento de la prestación, de suerte que es impertinente ocuparse de analizar la conducta de la entidad de seguridad social (CSJ SL8949-2017). De allí, un primer desacierto del juez colegiado de instancia al insistir en profundizar sobre dicho tópico.
Además, cierto es que no se acreditaron los requisitos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, para conceder la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, aflora palmario que, para el 2 de enero de 2002, cuando Protección S.A. negó la pensión de sobrevivientes a la demandante a través de la Resolución 2001-3577 (fls. 40 a 42), ya estaba consolidada una línea jurisprudencial pacífica y uniforme en torno a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, que resultó útil al Tribunal para reconocer la prestación a María Alba Ospina; por ejemplo, en sentencia CSJ SL, 5 sep. 2001, rad. 15667, la Sala discurrió:
[…] el criterio jurisprudencial que se transcribe en el fallo recurrido y al que acudió el Tribunal para la solución de la controversia, expuesto en la sentencia del 13 de agosto de 1997, radicación No. 9758, para el caso de un afiliado al régimen solidario de prima media con prestación definida, es extensivo, como aquí ocurre, al afiliado al régimen de Ahorro individual con solidaridad.
Así se asevera porque tal criterio, además de tener sustento en el artículo 53 de la Constitución Nacional, también está fundado en los parágrafos f) y g) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, y el primeramente citado dispone: “Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio”.
Por lo tanto, siendo claro que el parágrafo transcrito se refiere a los dos regímenes, es obvio también entender que las razones que expone la Corte para sostener que cumplidas las cotizaciones para el ISS que con anterioridad a la ley 100 de 1993 confieren el derecho a obtener la pensión de sobrevivientes por la muerte de un afiliado al régimen solidario de prima media con prestación definida y con sujeción a lo previsto por los artículos 6º y 25 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 0758 del mismo año, son válidas y extensivas para otorgar igual derecho a un afiliado al régimen de Ahorro individual con solidaridad; máxime cuando se sabe que las cotizaciones que en este caso dan lugar al derecho a tal prestación social pasan al fondo respectivo representada en los llamados bonos pensionales, los que, al tenor del artículo 115 de la ley 100 de 1993, “constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema general de pensiones”.
De modo, pues, que las regulaciones diferentes, que no desconoce la Sala tienen los dos regímenes que en pensiones componen el sistema general que en esa materia consagra la ley de seguridad social, no impide aplicar al del Ahorro individual con solidaridad el criterio jurisprudencial que hasta la fecha y desde sentencia del 7 de agosto de 1997 ha reiterado la Corte respecto a la pensión de sobrevivientes, en el sentido que para cuando a la fecha de entrada de vigencia la ley 100 de 1993 ya se había cotizado el mínimo de semanas que conferían el derecho a tal prestación conforme a la normatividad que regía con anterioridad a aquélla, sus beneficiarios pueden reclamar su reconocimiento con fundamento en esa regulación.
En consecuencia, se acredita el error del juez de alzada al revocar la decisión de primer nivel que concedió los intereses moratorios. Dado que lo anterior comporta el quiebre de la decisión impugnada, se torna innecesario abordar los efectos de la notificación de la demanda para la constitución en mora del deudor, por haber salido avante la aspiración principal de la censura.
Prospera el primer cargo y se casará la decisión de segundo grado, solo en cuanto revocó el fallo del a quo que condenó al pago de intereses de mora y, en su lugar, concedió la indexación.
CARGO SEGUNDO
Lo formula así:
Violación de la ley sustancial por vía directa por aplicación indebida del artículo (sic) 1714 y 1715 del código civil.
Violación de la ley sustancial por vía directa por infracción directa del artículo 2512 del Código civil.
Violación de la Ley sustancial por violación directa de los artículos 73, 74, 78, 46, 47, 48, 272 de la Ley 100 de 1993 y articulo (sic) 53 de la Constitución Nacional (sic) como consecuencia de la infracción directa (violación de medio) del artículo 151 del procesal del trabajo (sic).
Las violaciones de la ley sustancial anteriores conllevaron a (sic) que la Sala Tercera de Decisión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, incurriera también [en] la violación de las normas sustanciales tales como [los] artículos 73, 74, 78, 46, 47, 48, 272 de la Ley 100 de 1993 y articulo (sic) 53 de la Constitución Nacional (sic).
Aduce que el colegiado desacertó, en tanto no declaró extinguida por prescripción la acción para procurar la «devolución de saldos entregada a la demandante y a sus hijos (sic)». Por ello, dispuso compensar $30.612.524, con cargo al retroactivo de la pensión de sobrevivientes.
Arguye que ella y sus hijas, tenían derecho a la pensión desde que la solicitaron a la administradora, de donde se sigue que la suma recibida por devolución de saldos es una erogación legítima, porque para esa época sí debían percibir ese monto «pero a título de mesadas pensionales».
Dice que el juzgador de segundo nivel declaró prescritas las mesadas pensionales anteriores al 30 de noviembre de 2013, a pesar de que esa obligación era independiente de la que pretendía la demandada; es decir, no eran recíprocas. De ahí que no debió ordenar la compensación.
Menciona los artículos 1714 y 1715 del Código Civil y sostiene que las mesadas prescritas ascendieron a $40.212.899 y los saldos indexados devueltos a $37.414.261.82. Reitera que el Tribunal debió declarar prescrita la devolución de saldos y expone que:
El dinero entregado a la demandante por el fondo de pensiones PROTECCIÓN S.A., fue desembolsado el día 18 de junio de 2002, de donde a la fecha de solicitud de compensación por parte del fondo de pensión, ya habían transcurrido mas (sic) de 3 años desde la entrega de dicho dinero, es decir que ya había operado el fenómeno de la prescripción.
Sin embargo, la decisión (…) del Tribunal (…) atenta contra el principio de equidad, porque si bien desde el momento en que fallece el asegurado y se le entrega a la demandante la devolución de saldos, el fondo de pensiones PROTECCIÓN S.A. y la señora MARIA ALBA OSPINA DE BURITICÁ fueron deudores entre sí, el primero de la mesada pensional de sobrevivientes y la segunda del saldo amortizado de la devolución de saldos recibida, se declara prescriptible la primera y se niega la prescripción de la segunda, lo que rompe a todas luces la equidad entre las partes, la irrenunciabilidad de los derechos a la seguridad social, la seguridad jurídica y la favorabilidad.
RÉPLICA
Afirma que contrario, a lo señalado por la censura, surgió una obligación mutua, en la medida en que concurren una deuda por mesadas y otra por devolución de saldos, a los que la actora no tenía derecho, de suerte que se está en presencia de dos obligaciones recíprocas.
Considera inviable la prescripción de la devolución de saldos pues, en estricto sentido, el derecho al reintegro de la suma pagada por ese concepto aún no se ha hecho exigible, dado que se requiere la firmeza de la decisión que la ordena.
CONSIDERACIONES
La Sala debe dilucidar si el ad quem desacertó al ratificar que del retroactivo pensional se descontara lo pagado a título de devolución de saldos, en lugar de declarar la prescripción de la acción para reclamar dicho rubro.
En principio, se impone memorar lo adoctrinado en sentencia CSJ SL1982-2019:
La compensación es un modo de extinguir las obligaciones, acorde con lo previsto en el artículo 1625 del Código Civil, y para que se configure, se requiere la existencia simultánea de obligaciones recíprocas entre las partes.
Tal figura resulta aplicable al campo laboral, y de hecho, la jurisprudencia de la Sala, en diversos temas la ha aplicado, con el fin de mantener un equilibrio en el patrimonio de los contendientes, cuando quiera que éstos resultan deudores y acreedores entre sí.
Así, por ejemplo, cuando ha encontrado que las sumas pagadas en exceso al trabajador afectan al empleador, ha ordenado su descuento; también ha permitido la compensación de los salarios y prestaciones a cancelar por efectos del reintegro, de manera que ha autorizado al empleador descontar lo pagado por despido injusto (CSJ SL20195-2017, CSJ SL7805-2016); igualmente, ha habilitado al empleador para compensar en la liquidación final de salarios y prestaciones, los préstamos otorgados al trabajador en vigencia del contrato (CSJ SL6794-2015); incluso, pese a que en la contestación de la demanda no se haya alegado esta figura como excepción, al determinarse la procedencia de la pensión de sobrevivientes, ha aceptado que la suma reconocida por concepto de indemnización sustitutiva se tenga como un pago parcial de la obligación (CSJ SL11546-2015), o la posibilidad de descontar las sumas pagadas por indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o sobrevivientes, de la suma que se debe pagar por la prestación pensional principal (CSJ SL1624-2018, SL1515-2018, SL6106-2017), como ejemplos más próximos. (Resalta la Sala).
En ese orden, en ningún desacierto incurrió el Tribunal al confirmar la orden de descuento de la suma pagada por devolución de saldos. Se cumplen los presupuestos del numeral 5 del artículo 1625 y 1714 del Código Civil, toda vez que, como efecto de la procedencia de la pensión de sobrevivientes, se generaron obligaciones recíprocas a cargo de las partes, de suerte que se tornó imperiosa la producción de efectos de un mecanismo que opera «por ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores», como lo dispone el 1715 ibídem.
El objetivo principal del sistema integral de seguridad social es garantizar la satisfacción de los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad, en aras de aproximarse a la obtención de una calidad de vida en condiciones de dignidad. Según el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, el sistema propende por asegurar la cobertura de la población de los riesgos de invalidez, vejez y muerte.
Así, cuando una de las mencionadas contingencias se configura, el afiliado o sus beneficiarios tienen la posibilidad de acudir a la administradora de pensiones, bien sea en el régimen de prima media con prestación definida o de ahorro individual con solidaridad, según sea su caso, para que les sea reconocida la prestación pensional, siempre que acrediten los requisitos de ley. Empero, el ordenamiento jurídico previó aquellas situaciones que, por no cumplirse las exigencias normativas, es posible acceder en forma subsidiaria a un tipo de resarcimiento por el dinero aportado, tales como la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos, conforme a los artículos 37 y 66 de la Ley 100 de 1993. (CC C-086-2002).
De esta suerte, si el juez laboral advierte que no procedía la devolución de saldos, sino la concesión de una de las prestaciones principales del sistema, hay lugar al reintegro de la primera o, como atrás se indicó, a su imputación como abono a la segunda. Con mayor razón, en tanto una y otra cubren el mismo riesgo, así como existe simultaneidad de las obligaciones que surgen entre las partes. No sobra indicar que solo como resultado del litigio, se arribó al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, así como a la correlativa improcedencia de la devolución de saldos reconocida por la entidad en una primera oportunidad; precisamente, esto es lo que origina la compensación de dicho concepto con las mesadas a reconocer.
Por tal razón, no podría concluirse que el derecho de la entidad de seguridad social a obtener el reembolso de lo pagado por devolución de saldos, surgió en un momento anterior a la sentencia que declara que la beneficiaria es acreedora a la prestación principal. Por ello, el Tribunal no desacertó al confirmar la decisión del juez unipersonal que dispuso la compensación del retroactivo pensional, con el argumento de que la «pensión de sobrevivientes se reconoce con base en los aportes que sirvieron, para liquidar la devolución de saldos, sin que sea posible la financiación de las dos prestaciones con los mismos tiempos».
Por consiguiente, no prospera este cargo.
Sin costas en el recurso de casación promovido por la demandante-recurrente María Alba Ospina de Buriticá, como quiera que el cargo primero salió avante.
SENTENCIA DE INSTANCIA
El a quo consideró que la norma aplicable al caso era la vigente a la fecha de la muerte del afiliado. Luego de verificar que no concurrían los requisitos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 se aproximó a la preceptiva del Acuerdo 049 de 1990; dedujo cotizadas más de las 300 semanas antes del 1 de abril de 1994, que exigía el reglamento citado y, por la vía del principio de la condición más beneficiosa, concluyó que la demandante tenía derecho a la pensión de sobrevivientes.
Con fundamento en la sentencia CSJ SL1681-2020, estimó viables los intereses de mora, en la medida en que su finalidad es resarcir los perjuicios por el incumplimiento. Aseveró que la actora solicitó la pensión de sobrevivientes el 7 de noviembre de 2001, y que la entidad no concedió el derecho en los dos meses siguientes a la petición. Como halló que el criterio jurisprudencial sobre la aplicación del principio de la condición más beneficiosa existía desde antes de esa fecha, consideró que la AFP debió aplicarlo para definir la procedencia del derecho. Por tal virtud, condenó al pago de los réditos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1 de diciembre de 2013, dada la prosperidad de la excepción de prescripción.
A juicio de la accionante no era viable la orden de compensar lo que recibió por devolución de saldos.
Protección S.A. expresó que el afiliado no honró los requisitos consagrados en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, que habilitan la concesión de la pensión de sobrevivientes. Insistió en repudiar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, «por cuanto los pronunciamientos jurisprudenciales respecto a esta fueron muy posteriores a la fecha del fallecimiento del afiliado», por manera que se comprometió la seguridad jurídica y la sostenibilidad financiera del sistema. Dijo que no procedían los intereses de mora, en tanto la negativa se fundó en razones atendibles y conforme lo consagrado en el Acto Legislativo 01 de 2005.
Para resolver sobre la procedencia de los intereses moratorios, basta memorar las consideraciones expuestas en sede extraordinaria para ratificar su imposición a cargo del ente demandado.
Importa recordar que desde mucho tiempo antes de la negativa a conceder la prestación, en sede extrajudicial en 2002, la línea jurisprudencial de la Sala, sin ambages, autorizó la producción de efectos del principio de la condición más beneficiosa en el régimen de ahorro individual con solidaridad (CSJ SL, 5 sep. 2001, rad. 15667). En ese orden, si en gracia de discusión se auscultara la razonabilidad de la actuación de la administradora, no hay elementos para prohijar la negativa a aplicar este principio, que deviene medular para la garantía de los derechos sociales y de la seguridad social.
Se confirmará el numeral 3.º de la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, el 4 de marzo de 2021.
Costas en segunda instancia a cargo de Protección S.A.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 4 de mayo de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso que instauró MARÍA ALBA OSPINA DE BURUTICÁ en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., al que fueron vinculados como intervinientes ad excludendum LAURA CRISTINA, MÓNICA PATRICIA y LEONEL ALBERTO BURITICÁ OSPINA, en cuanto revocó la condena por intereses moratorios, para conceder la indexación. No la casa en lo demás.
En sede de instancia, Resuelve,
Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín el 4 de marzo de 2021.
Costas, como se dejó expuesto.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
Impedida
JORGE PRADA SÁNCHEZ
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