Ficha de la providencia
Sentencia SL682-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL682-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL682-2023
Magistrado ponente: Jorge Prada Sanchez
12 de abril de 2023
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Magistrado ponente
SL682-2023
Radicación n.° 94038
Acta 11
Bogotá, D. C., doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por ALIRIO MENDOZA RUEDA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 1 de septiembre de 2021, en el proceso que instauró contra PETROSANTANDER COLOMBIA GMBH y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.
Como se reúnen las exigencias de que trata el inciso 4 del artículo 76 del Código General del Proceso, téngase en cuenta la renuncia al poder presentada por el apoderado de Petrosantander Colombia GMBH.
La Sala se abstiene de reconocer personería jurídica adjetiva a los profesionales del derecho que manifiestan actuar como apoderados de Petrosantander Colombia GMBH, en la medida en que no cumplen con los requisitos señalados en el artículo 75 del Código General del Proceso, además de que no acreditan la calidad de abogados.
ANTECEDENTES
Alirio Mendoza Rueda llamó a juicio Colpensiones y a Petrosantander Colombia Inc., hoy GMBH, para que se declarara que por ser beneficiario del régimen de transición, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez del Acuerdo 049 de 1990, una vez la empresa de petróleos pague el cálculo actuarial por el tiempo de servicio laborado y no aportado al sistema general de pensiones. En subsidio, solicitó que, en caso de que no se le considerara beneficiario del régimen de transición, se concediera la pensión bajo las previsiones de la Ley 797 de 2003.
Pidió se condenara a Colpensiones al reconocimiento de la pensión consagrada en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, a partir del 8 de octubre de 2013, junto con los reajustes anuales, el retroactivo y los intereses moratorios. Exigió que Petrosantander Colombia GMBH fuera condenada a pagar el cálculo actuarial a Colpensiones, por todo el tiempo que laboró para aquella empresa, sin aportes al sistema. Reclamó las costas del proceso.
Relató que nació el 8 de octubre de 1973 y laboró al servicio de Petrosantander Inc., hoy GMBH, desde el 18 de enero de 1979 hasta el 31 de enero de 1993, sin aportes a Colpensiones. Que en toda su vida laboral cotizó 1740 semanas, entre las sufragadas al sistema y el tiempo trabajado para Petrosantander; que era beneficiario del régimen de transición y el 6 de agosto de 2018 reclamó la pensión a la administradora de pensiones, quien pretextando pérdida del régimen de transición, por no contar 750 semanas al 25 de julio de 2005, el 28 de septiembre siguiente, emitió respuesta desfavorable, confirmada al resolver los recursos de reposición y apelación.
Adujo que Colpensiones no debió negarle el derecho a la pensión bajo los postulados de régimen de transición, en tanto omitió promover la acción de cobro por el tiempo en que laboró sin cotizaciones para la empresa petrolera. Explicó que, de haber sumado los periodos pagados, con los ciclos en mora, hubiera colegido que reunía la densidad de semanas para acceder a la prestación reclamada (fls. 2 a 13).
Petrosantander Colombia Inc., hoy Petrosantander Colombia GMBH, se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de causa, prescripción y buena fe.
Expuso que no le constaba la fecha de nacimiento del actor, ni las semanas cotizadas a Colpensiones. Aceptó que Mendoza Rueda laboró para Petrosantander INC. entre el 18 de enero de 1979 y el 31 de enero de 1993, «según certificó esa empresa». Dijo que no adeudaba los aportes reclamados, en la medida en que «durante el periodo de vinculación laboral (…) no estaba en vigencia el Sistema General en Pensiones».
Negó que ejerciera su objeto social a través de otras empresas del gremio y discurrió sobre la sustitución patronal entre distintas compañías «quienes en el periodo respectivo han asumido la condición de empleadores, sustituyendo tal condición al culminar dicho período únicamente respecto de contratos de trabajo vigentes». Rechazó la obligación de pagar el cálculo actuarial pues, para la época, no existía el deber de afiliación. Concluyó que, en todo caso, cumplió sus obligaciones patronales (fls. 84 a 103).
El llamamiento en garantía a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue negado mediante proveído de 30 de julio de 2019 (fls. 138 a 140).
Colpensiones rechazó las pretensiones y, a excepción de la fecha de natalicio del actor, negó los hechos, y planteó las excepciones de prescripción, cobro de lo no debido y buena fe.
Adujo que no le constaba la información relacionada con la codemandada. Negó que hubiera lugar a reconocer la pensión de vejez, dado que el demandante no contaba con los aportes suficientes. También, que era obligación del empleador «allegar los aportes de pago de pensión, para así cumplir integralmente con el derecho del trabajo, logrando una armonía para el futuro reconocimiento» (fls. 121 a 129).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El 19 de mayo de 2020, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, resolvió:
Primero: Declarar que entre el señor Alirio Mendoza Rueda y la Sociedad Petrosantander Colombia Inc. existió una relación laboral por el periodo comprendido entre el 18 de enero de 1979 y el 31 de enero de 1993.
Segundo: Declarar que Petrosantander Colombia Inc., debe efectuar el pago de los aportes a pensión de su extrabajador señor Alirio Mendoza, durante el periodo laborado a su servicio, (…).
Tercero: Condenar a Petrosantander Colombia INC a trasladar con base en el cálculo actuarial correspondiente, a título pensional, a (...) Colpensiones el periodo por el tiempo que laboró Alirio Mendoza Rueda antes de la Ley 100 de 1993, esto es, del 18 de enero de 1979 al 31 de enero de 1993, en atención a la liquidación que para el efecto realice esta última entidad con observancia de las previsiones del Decreto 1887 de 1994 y demás normas que la modifiquen y la adicionen.
Para el efecto, el plazo que se otorga para el pago del cálculo actuarial son máximo 30 días después de la ejecutoria de la presente decisión.
Cuarto: Absuelve a Petrosantander Colombia Inc. de los demás cargos formulados en su contra.
Quinto: Absolver a Colpensiones de todos los cargos formulados en su contra.
Sexto: Condenar en costas a Petrosantander Colombia Inc.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Se surtió por apelación de Petrosantander Colombia Inc. y el actor. El Tribunal revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, absolvió a la demandada.
Dejó por fuera de debate que Alirio Mendoza Rueda nació el 8 de octubre de 1953, estuvo vinculado a Petrosantander INC entre el 18 de enero de 1979 y el 31 de enero de 1993 y que, por Resolución SUB256511 de 28 de septiembre de 2018, Colpensiones negó el reconocimiento de la pensión de vejez por falta de requisitos. También, que la decisión fue confirmada el 15 de noviembre del mismo año.
En lo que interesa al recurso extraordinario, limitó el problema jurídico a proveer sobre la procedencia del cálculo actuarial a cargo de Petrosantander Colombia GMBH, por el periodo comprendido entre el 18 de enero de 1979 y el 31 de enero de 1993.
Anticipó la revocatoria de la decisión, toda vez que las pruebas daban cuenta de que «PETROSANTANDER INC» y «PETROSANTANDER COLOMBIA INC» no eran la misma persona jurídica; que la primera, había sido sustituida por «CONSOLIDATED EUROCAN VENTURES LTD», a partir del 4 de agosto de 1992, de suerte que GMBH no estaba obligada a asumir el cálculo actuarial, pues no fue último empleador, ni obligado directo.
Verificó que el contrato de trabajo inicial, se firmó el 18 de enero de 1978 entre «Colombia Cities Service Petroleum Corporation» y el actor (fls. 112); que el 1 de agosto de 1985, dicha empresa varió su razón social a «Shell de Colombia INC» (fls. 105 a 111), que fue reemplazada por «Occidental de Colombia Inc.» hasta el 15 de marzo de 1991 y, luego, a partir del 1 de abril de 1991, esta fue suplida por «Petrosantander INC» (folio 114 -115), finalmente sucedida por «Consolidated Eurocan Ventures Ltd. (Eurocan)» en agosto de 1992.
Expuso que como la última se obligó a responder «por la totalidad de las prestaciones sociales y demás beneficios accesorios a la jubilación a partir de la fecha de iniciación del contrato», pero no fue vinculada al proceso, no podía imponerse condena a la encartada.
Consideró que en «procura de obtener mayor claridad al momento de decidir», requirió a la Cámara de Comercio de Bogotá para que allegara los certificados de existencia y representación legal de las compañías Occidental de Colombia INC, Petrosantander INC y Consolidated Eurocan Ventures Ltda. Tras su análisis, concedió razón a la apelante, toda vez que el a quo infirió «una mutación de razón social entre PETROLERA SANTANDER INC Y PRETROSANTANDER COLOMBIA INC, hoy PETROSANTANDER COLOMBIA GMBH», que no se desprende del certificado de la Cámara de Comercio. Estimó que tal inferencia «nace nada más de su imaginación, en tanto, si se hubiese encargado por lo menos de su mera lectura, habría podido deducir que dicha mutación jamás ocurrió». Enseguida, discurrió:
Igualmente, la hoy demandada PETROSANTANDER COLOMBIA GMBH solo podría responder por las obligaciones en cabeza de PETROLERA SANTANDER INC dada la absorción por fusión de la misma realizada el 22 de diciembre de 1995; empero, lo que se observa es que, esta sociedad quien fungió como patrono del actor, sólo ostentó dicha calidad desde el 1 de abril de 1991 y hasta el 3 de agosto de 1992; por ello, no puede la Sala concluir en los mismos términos en que lo hiciera el Juez de primer grado, porque esta empresa (absorbida) no fungió como último empleador de ALIRIO MENDOZA RUEDA, como se revisó, toda vez que, la persona jurídica que ostentó esta condición es sin lugar a equívocos CONSOLIDATED EUROCAN VENTURES LTD, ergo, ésta asumió a partir del 4 de agosto de 1992 la posición de nuevo patrono por sustitución patronal ante la renuncia de PETROLERA SANTANDER INC, indicándose en la modificación del contrato de trabajo que respondería por la totalidad de las prestaciones sociales y demás beneficios accesorios a la jubilación desde el inicio del contrato; situación que se acompasa con la información contenida en la certificación laboral expedida por esta sociedad, en la que da cuenta de la existencia de la relación laboral desde el 18 de enero de 1979 hasta el 31 de enero de 1993.
La deducción anterior, halló sustento en el numeral 3 del artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo, de suerte que «tratándose de derechos pensionales que se hagan exigibles con posterioridad a la sustitución patronal, deberán ser cubiertas por el nuevo patrono, que para el caso no es otro que CONSOLIDATED EUROCAN VENTURES LTD., sociedad ajena a la encartada PETROSANTANDER COLOMBIA GMBH». Luego, agregó:
[…] si partiera la Sala de la proposición normativa establecida en el numeral 2 del ya citado artículo 69 del CST y en virtud de ello acogiera irrestrictamente la certificación expedida por PETROLERA SANTANDER INC (absorbida por la demandada) para enrostrar responsabilidad por el periodo laborado con anterioridad al 4 de agosto de 1992, estaría omitiendo y dejando de valorar sin sustento fáctico ni jurídico no sólo el certificado laboral expedido por quien también ostentó la calidad de empleador, pero que no hizo parte del proceso, OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC, empresa que certificó como periodo laborado por ALIRIO MENDOZA RUEDA el comprendido entre enero 18 de 1979 hasta el 31 de marzo de 1991, sino además el contrato de trabajo suscrito entre el actor y COLOMBIA CITIES SERVICE PETROLEUM CORPORATION, después SHELL DE COLOMBIA INC el 18 de enero de 1979, debiendo entonces aplicar a cada una de éstas empresas en su condición de patronos por sustitución el mismo trato que a la hoy demandada PETROSANTANDER COLOMBIA GMBH como responsable de las obligaciones en cabeza de PETROLERA SANTANDER INC con ocasión de la fusión por absorción y en ese sentido, la pasiva solo estaría llamada a responder por el lapso comprendido entre el 1 de abril de 1991 (fecha en que operó la sustitución patronal con OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC y asumió como nuevo empleador del actor) (folio 114 a 116) y el 3 de agosto de 1992 (fecha en que operó la sustitución patronal con CONSOLIDATED EUROCAN VENTURES LTDA y éste asumió como nuevo y último empleador).
Con todo, tampoco resulta dable imputar el pago del cálculo actuarial pretendido a PETROSANTANDER COLOMBIA GMBH por dicho lapso, esto es, 1 de abril de 1991 al 2 de agosto de 1992, toda vez que de acuerdo con las directrices del numeral 1 del pluricitado artículo 69 su responsabilidad solo sería como solidario y ante la ausencia de obligado principal, no hay lugar a imponer condena por solidaridad.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
En 4 cargos, que merecieron réplica de las accionadas, pretende que la Corte case la sentencia gravada, para que, en sede de instancia, confirme la de primer grado «en cuanto a lo concedido (…)». Pide la adicione de acuerdo al recurso de apelación, a fin de que se acceda a la totalidad de las pretensiones.
Por razones de método y con el fin de suministrar una respuesta armónica, la Sala iniciará con el estudio de los cargos 3 y 4, que se resolverán conjuntamente, dada su unidad de designio y finalidad.
CARGO TERCERO
Por la vía directa, por violación medio de los artículos 54, 66 y 66 A del Código Procesal del Trabajo, denuncia aplicación indebida de los cánones 29 de la Constitución Política, 67 a 69 del Código Sustantivo del Trabajo e infracción directa del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003.
Asegura que el ad quem «desbordó su competencia, al ordenar como pruebas de oficio, certificados de existencia y representación legal y, al resolver el recurso de apelación (…)» de suerte que se «abrogó la facultad de entrar a escudriñar aspectos incontrovertidos por las partes».
Asevera que si la demandada no discutió la legitimación por pasiva, ni propuso conformación de un «litisconsorcio necesario», al paso que desde el inicio, aceptó «ser la empleadora y sustituta», y su defensa se centró en que no era responsable del cálculo actuarial, «por aspectos legislativos e históricos, ¿cuál fue la razón para qué (…) el Tribunal (…), trajera a comento el Certificado de Existencia y Representación Legal de una persona jurídica que no fue demandada? y, ¿cuál fue la razón para que desconociera los límites que la misma Sala se había impuesto respecto a la responsabilidad de la demandada y extremos de la relación?».
Dice que basta revisar el fallo gravado para hallar las contradicciones y el desborde de la competencia por parte del colegiado de segundo grado, que generó confusión y un desenlace absolutorio.
CARGO CUARTO
Por vía indirecta, denuncia aplicación indebida de los artículos 67 a 69 del Código Sustantivo del Trabajo y 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003.
Sostiene que debido a la apreciación equivocada de la contestación a la demanda (fls. 84 a 100), el Tribunal cometió los siguientes errores de hecho:
1. No dar por demostrado, estándolo, que la defensa de la demandada en la contestación de la demanda se centró únicamente en argumentar que para la época en que el demandante prestó sus servicios del 18 de enero de 1979 hasta el 31 de enero de 1993, no estaban obligados al pago de aportes, por ende, no eran responsables del cálculo actuarial.
2. No dar por demostrado estándolo que la existencia del contrato y los extremos de la relación laboral respecto a la demanda PETROSANTANDER COLOMBIAS GMBH, estaban fuera de debate (del 18 de enero de 1979 hasta el 31 de enero de 1993).
Copia las respuestas de Petrosantander a las pretensiones declarativas 4 y 5, a los hechos 3, 7, 9, 11 y 16 y del acápite de los fundamentos y razones de la defensa.
Considera que el ad quem desapercibió que, en la contestación a la demanda, exclusivamente la defensa consistió en argumentar que «para la época que mi poderdante prestó sus servicios, (…) no estaba obligada a efectuar aportes, ya que no había entrado en vigencia el Sistema General de Pensiones y, que por esa razón no le correspondía realizar aprovisionamientos para cálculo actuarial».
Por tal razón, dice, el contrato de trabajo y los extremos temporales de la relación quedaron fuera de la órbita de conocimiento del Tribunal, por manera que al decretar de oficio los «certificados de existencia y representación legal de la cámara de comercio de PETROSANTANDER (COLOMBIA) GMBH», el ad quem desbordó su competencia y, con ello, generó incertidumbre acerca de la empresa que debía responder por la obligación, siendo que esa inconformidad no fue planteada por la pasiva.
Sostiene que si el Tribunal no hubiese perdido su norte y adentrado en puntos que no estaban en discusión, como la responsabilidad de la demandada, el contrato de trabajo y los extremos, habría tenido que confirmar el fallo del a quo, por encontrar acreditado que PETROSANTANDER COLOMBIA GMBH, «fue el antiguo empleador y anterior (…) extinguido».
RÉPLICA
Petrosantander Colombia GMBH y Colpensiones defienden la sentencia del Tribunal. Aducen que no hubo error en la medida en que Petrosantander INC es una persona jurídica distinta a la encausada.
CONSIDERACIONES
La inconformidad de la censura radica puntualmente en la aplicación que el juez de apelaciones dio al artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo, en la medida en que incursionó en puntos que no fueron objeto de debate en el recurso de apelación. Aduce que, con ello, rebasó los límites de su competencia e hizo un uso indebido de la facultad oficiosa para decretar pruebas, no obstante que no estaba en discusión que, desde el inicio, la encartada aceptó que el actor le prestó servicios, durante el tiempo en que no existía el deber de afiliación al sistema de pensiones.
En concreto, de la pieza procesal se desprende que en el recurso de apelación, Petrosantander Colombia GMBH rechazó tajantemente las conclusiones del a quo; puntualmente, en cuanto halló acreditado el vínculo laboral entre su representada y el actor entre el 18 de enero de 1979 y el 31 de enero de 1993.
Sostuvo que el juez de primer grado dio una lectura equivocada a la contestación a la demanda, pues la admisión de que Mendoza Rueda trabajó para Petrosantander INC en los periodos señalados en el escrito introductorio, se debió a lo extraído de la certificación emanada del «Representante Legal de esa empresa», adjunta a la respuesta. Por ello, afirma, pidió al Tribunal que revisara los certificados de existencia y representación legal de ambas empresas, en tanto se trataba de 2 personas jurídicas distintas.
A partir de dicho cuestionamiento y, ante la duda, en uso de sus facultades oficiosas consagradas en el artículo 54 del Código Procesal del Trabajo, el juez de apelaciones dispuso librar oficio a la Cámara de Comercio de Bogotá, para que remitiera los certificados de existencia y representación legal de todas las empresas que intervinieron en el «contrato de asociación para el área de Las Monas».
De allí coligió que, a pesar de que se trataba de 2 personas jurídicas diferentes, Petrosantander Colombia GMBH habido sido absorbida por Petrosantander INC, por manera que solo estaba llamada a cubrir las obligaciones patronales por el tiempo «comprendido entre el 1 de abril de 1991 (fecha en que operó la sustitución patronal con OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC y asumió como nuevo empleador del actor) y el 3 de agosto de 1992 (fecha en que operó la sustitución patronal con CONSOLIDATED EUROCAN VENTURES LTDA y éste asumió como nuevo y último empleador).
De lo que viene de exponerse, la Sala no advierte que se hubiera incurrido en los errores fácticos y jurídicos enrostrados, en la medida en que, contrario a lo expuesto por el recurrente, fue con base en el recurso de apelación y las dudas suscitadas acerca de la responsabilidad de Petrosantander Colombia GMBH en el pago de las obligaciones laborales, que el ad quem incursionó en el estudio de los hechos no zanjados en la contienda e hizo uso la facultad oficiosa de la cual estaba investida para dilucidar la realidad de los hechos.
En ese orden, las acusaciones no prosperan.
CARGO PRIMERO
Por vía directa, acusa interpretación errónea del artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo.
Asegura que el juez de apelaciones dio a la norma un alcance que no corresponde a su genuino sentido, como quiera que consideró improcedente la condena solidaria, dada la ausencia de un deudor principal. Dice que, con ello, desconoció lo estipulado en el numeral 1, en cuanto a la responsabilidad entre el antiguo y el nuevo empleador, a despecho de la jurisprudencia de la Corte (CSJ 1399-2022).
Afirma que de haber interpretado correctamente la norma denunciada, habría colegido sin dificultad que Petrosantander Colombia GMBH era responsable del pago del cálculo actuarial, pues «al no existir el último empleador, pero sí el anterior, no puede producir efectos una sustitución patronal que vaya en detrimento de derechos laborales, so pretexto [de] que el último empleador no está y que el antiguo quedó relevado».
CARGO SEGUNDO
Por misma senda de ataque, denuncia infracción directa del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Asevera lo siguiente:
El sentenciador de segunda instancia se rebeló contra la disposición en comento, al no aplicarla ordenando a la demandada el pago del cálculo actuarial. Si el fallador hubiese aplicado la disposición en mención habría concluido que, por estar acreditado el contrato de trabajo con la aquí demandada, había lugar al pago del cálculo actuarial deprecado. Sin que tuviera insidencia (sic) lo atinente al fenómeno de la sustitución patronal».
RÉPLICA
Petrosantander Colombia GMBH sostiene que el juez de apelaciones acertó al concluir que el último empleador no fue demandado y era a quien correspondía pagar el cálculo actual, por ausencia de responsabilidad solidaria entre el nuevo y antiguo patrono.
Colpensiones asegura la inexistencia de errores jurídicos, en la medida en que fue con base en las previsiones del artículo 69 del Código Sustantivo de Trabajo, que se concluyó que era la última empresa la llamada a responder por los aportes pensionales, de suerte que no se podía imponer una carga económica al empleador anterior.
CONSIDERACIONES
La censura acusa al Tribunal de desconocer el precedente judicial, sobre la solidaridad de las obligaciones entre el antiguo empleador y el sustituto. Aduce que, ante la falta del segundo, el primero debe responder por las cargas laborales.
Para resolver, basta evocar la sentencia CSJ SL1399-2022. Al interpretar el artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo, esta Corte consideró que, en todos los casos, el nuevo patrono no solo asume los derechos y obligaciones contractuales del anterior titular, sino también las deudas que el último tenía con sus trabajadores, por manera que debe responder por la totalidad de los haberes. Así dijo:
Le corresponde a la Corte definir si, conforme al artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo, las obligaciones exigibles al antiguo empleador solo se subrogan por una sola vez al nuevo empresario. O, en otros términos, se dilucidará si la obligación solidaria entre el antiguo y nuevo empleador de las deudas que sean exigibles al primero, solo opera en la primera sucesión de empresarios y no en las subsiguientes.
Sobre el particular, considera la Sala que la propuesta del recurrente no está en conformidad con la finalidad de la institución jurídica de la sustitución de empleadores, cual es que el nuevo empresario asuma la posición contractual del antiguo en las relaciones laborales existentes en la empresa. Esta subrogación en la posición de la parte empleadora implica que el nuevo titular de la unidad económica no solo asume los mismos derechos y obligaciones contractuales que el anterior titular, sino también las deudas que el último tenía con sus trabajadores.
En el contexto de la globalización económica y de un mercado incierto, fragmentado y altamente competitivo, las empresas son sometidas a constantes transacciones y procesos de reorganización empresarial que implican un cambio en su titularidad. La figura de la sustitución de empleadores pretende que esas operaciones de mutación en la posición empresarial, sin importar cuantas veces ocurran, no afecten la continuidad y las condiciones de las relaciones de trabajo, ni sean usadas para eludir las deudas laborales de los antiguos empresarios.
En consonancia con la finalidad descrita, el numeral 1) del artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo prevé que «el antiguo y nuevo patrono responden solidariamente de las obligaciones que a la fecha de la sustitución sean exigibles a aquél». Y como se puede advertir, en ninguna parte establece que solo en la primera transmisión de empresa, el empleador antiguo y nuevo responden solidariamente por las obligaciones exigibles a aquel, ni tendría sentido que lo hiciera cuando precisamente lo que se pretende es proteger el crédito laboral respecto a los fenómenos de mutación en la titularidad del negocio. Esto quiere decir que en la sustitución de empleadores los empresarios entrantes siempre asumen las deudas laborales de los salientes, sin importar cuantas veces ocurra el cambio de titularidad de la empresa.
El anterior criterio, ya había sido expuesto en proveído CSJ SL4530-2020, en donde la Corte, de forma más sucinta, ilustró:
Por otro lado, es en el contexto de la relación laboral y su continuidad con otro empleador, en el que esta figura tiene pleno sentido o, más bien, en donde se activan sus garantías consistentes en que los términos de los contratos de trabajo no varíen, se mantenga la antigüedad laboral de los trabajadores y la transferencia de empresa no afecte la solvencia de pago de los créditos laborales adquiridos por el empleador transmitente.
En esa dirección, la sustitución patronal tiene unos efectos laborales que se despliegan fundamentalmente cuando el trabajador sigue vinculado con el nuevo empresario, pues de lo contrario, las garantías legales pierden totalmente su sentido. En la actualidad cobran importancia las siguientes protecciones (arts. 68 y 69 CST): (i) la sucesión en la titularidad del negocio no modifica ni extingue los contratos de trabajo, lo que significa que, de producirse este cambio, el trabajador conserva sus condiciones laborales (categoría, jornada, remuneración, beneficios, antigüedad, entre otros), de manera que el nuevo empleador tiene limitadas sus facultades a las permitidas por el ius variandi, y (ii) la solidaridad entre el antiguo y nuevo empleador de las obligaciones que a la fecha de la sustitución sean exigibles a aquel, evita transferencias de establecimiento fraudulentas (Negritas de la Sala).
En ese orden, con arreglo al criterio jurisprudencial reseñado, la Sala colige que la razón está de lado de la censura en cuanto a los errores jurídicos enrostrados. El Tribunal no podía exonerar a la encausada del pago de las obligaciones hasta la fecha en que fue sucedida por «CONSOLIDATED EUROCAN VENTURES LTD»; esto es, el 3 de agosto de 1992 pues, con ello, no solo desconoció la obligación solidaria impuesta por la ley de responder por los pasivos de los anteriores patronos, sino que dejó desprotegido al trabajador, en punto a su situación pensional.
Así las cosas, la convocada a juicio deberá responder por el cálculo actuarial correspondiente al tiempo laborado por el demandante desde que comenzó a laborar para «Colombia Cities Service Petroleum Corporation» (fls. 112), hasta cuando trabajó para la convocada a juicio, con exclusión del lapso servido a Consolidated Eurocan Ventures Ltda, por no haber sido demandada.
Lo dicho es suficiente para que los cargos prosperen. Sin costas en el recurso extraordinario, dada la prosperidad de las últimas acusaciones.
Como en el recurso de apelación, el accionante pidió que, además del pago del cálculo actuarial a Colpensiones, se acceda a la concesión de la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, antes de proferir fallo de instancia, se dispone oficiar a Petrosantander Colombia GMBH, para que, en el término de 10 días contados a partir de la notificación de esta decisión, certifique los salarios pagados a Alirio Mendoza Rueda, en el periodo comprendido entre el 18 de enero de 1979 y el 3 de agosto de 1992.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 1 de septiembre de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ALIRIO MENDOZA RUEDA contra PETROSANTANDER COLOMBIA GMBH y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, en cuanto revocó la condena del pago del cálculo actuarial con destino a Colpensiones. No casa en lo demás.
Sin costas.
Para mejor proveer, requiérase a Petrosantander Colombia GMBH, en los términos indicados en la parte motiva y, una vez recibida la información, córrase traslado a las partes para que se pronuncien.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
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