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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL683-2023

Fecha
12 de abril de 2023
Magistrado ponente
Jorge Prada Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL683-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 31 de octubre de 2018, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso que instauró MARTHA GLADYS ROA LEGUIZAMÓN en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., y POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., al que fueron vinculadas la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, y REPRESENTACIONES MISCELÁNEA AUTOMOTRIZ LIMITADA, EN LIQUIDACIÓN, en cuanto revocó la condena por intereses moratorios. En sede de instancia, Resuelve: MODIFICAR el inciso 4.º, del numeral 1.º, de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 6 de abril de 2018, para condenar a la UGPP a pagar a MARTHA GLADYS ROA LEGUIZAMÓN los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 28 de junio de 2013. Costas, como se dijo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL683-2023

Magistrado ponente: Jorge Prada Sanchez

12 de abril de 2023

JORGE PRADA SÁNCHEZ

Magistrado ponente

SL683-2023

Radicación n.° 85592

Acta 11

Bogotá, D. C., doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023).

La Sala decide los recursos de casación interpuestos por MARTHA GLADYS ROA LEGUIZAMÓN y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 31 de octubre de 2018, en el proceso que la primera instauró contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., y POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., al que fueron vinculadas la otra recurrente y REPRESENTACIONES MISCELÁNEA AUTOMOTRIZ LTDA, EN LIQUIDACIÓN.

Téngase en cuenta la renuncia al poder, presentada por el abogado Alberto Pulido Rodríguez, apoderado de Positiva Compañía de Seguros S.A., en atención al memorial que reposa en el expediente digital.

ANTECEDENTES

Martha Gladys Roa Leguizamón pidió se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre Representaciones Miscelánea Automotriz Ltda. como empleadora, y Héctor Enrique Gil Villareal, como trabajador, fallecido a consecuencia de un accidente de trabajo; así mismo, que ella es la beneficiaria de pensión de sobrevivientes.

Solicitó se condenara a la aseguradora de riesgos laborales (ARL) Positiva S.A. a que le reconociera la pensión de sobrevivientes, a partir del 7 de octubre de 2004, junto con el retroactivo, la indexación, los intereses moratorios, y las costas. También, que Porvenir S.A. debe devolverle los saldos obrantes en la cuenta individual del causante.

En subsidio, requirió la pensión de sobrevivientes de origen común a cargo de Porvenir S.A. el retroactivo, la indexación, los intereses moratorios, y las costas del proceso. (fls. 3 a 31 y 281 a 310 cuad. 1).

Relató que contrajo matrimonio con Héctor Enrique Gil Villareal el 4 de enero de 1981, desde cuando compartieron techo, lecho y mesa hasta el momento del deceso, y que procrearon dos hijos, mayores de edad. Que su esposo y Representaciones Miscelánea Automotriz Ltda. suscribieron dos contratos de trabajo, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2000 y del 1 de enero de 2001 al 7 de octubre de 2004, cuando falleció. Que ocupó el cargo de gerente, con un salario final de $800.000 y que el empleador cumplió todas las obligaciones con el sistema de seguridad social.

Narró que, en cumplimiento de órdenes impartidas por la compañía, el 7 de octubre de 2004, su cónyuge viajó a Medellín con el propósito de asistir a la «Feria Autopartes Colombia», para expandir las relaciones comerciales. Que al finalizar la jornada, cuando con dos compañeros se dirigían al Hotel Mediterráneo, fueron interceptados por sujetos motorizados que dispararon con arma de fuego y le causaron la muerte.

Informó que por oficio n.°01901000089660400 del 15 de noviembre de 2015, Porvenir S.A. negó la pensión de sobrevivientes que había solicitado el 31 de octubre anterior, con el argumento de que el siniestro fue profesional. Que la ARL Positiva, también dio respuesta negativa a la petición que elevó el 10 de marzo de 2010, con base en que transcurrieron más de 3 años «para solicitar la calificación de origen del evento en el que perdió la vida Gil Villareal».

Positiva S.A. se opuso a las pretensiones principales y se allanó a las subsidiarias, en tanto el evento luctuoso fue de origen común. Formuló las excepciones previas de prescripción y no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, y las de mérito de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, enriquecimiento sin causa, falta de causa jurídica y buena fe (fls. 354 a 362, cuad. 1).

Adujo que la demandante no tenía derecho a la pensión de sobrevivientes, dado que omitió tramitar la calificación del «origen del evento», de suerte que debe presumirse que fue de orden común, de acuerdo con el artículo 12 del Decreto 1295 de 1994. Que como no se reportó el accidente, estaba prescrito el término para su calificación.

Porvenir S.A. se opuso al éxito de las pretensiones subsidiarias. Propuso las excepciones de falta de causa para pedir e inexistencia de las obligaciones demandadas; buena fe de la AFP Porvenir S.A., compensación y prescripción (fls. 383 a 392 cuad. 2).

Basó su defensa en el carácter laboral del accidente que generó la muerte del afiliado, en tanto en ese momento, estaba bajo la subordinación del empleador. Por ello, agregó, la llamada a responder era la ARL Positiva S.A. Aludió a la sentencia CSJ SL, 28 may. 2009, rad. 34511.

La UGPP, vinculada al proceso por proveído de 13 de diciembre de 2016 (fl.454 cuad. 2), se opuso a las peticiones principales y no aceptó ningún supuesto fáctico. Planteó las excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, prescripción, imposibilidad de intereses moratorios y de condena en costas, indexación, y buena fe. Enarboló que el suceso fatal no fue reportado a la ARL Positiva S.A. Sin embargo, dijo, asumiría la prestación si se probaba que se trató de un accidente de trabajo (fls.456 a 467).

Una vez integrada a la contienda, según auto de 8 de mayo de 2017, Representaciones Miscelánea Automotriz Ltda. en liquidación (fl.493), no se opuso a las pretensiones y admitió todos los hechos. Planteó las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, subrogación de riesgos e inexistencia de la obligación.

Expuso que Héctor Enrique Gil prestó servicios como gerente y ejerció la representación principal de la compañía, entre el 1 de febrero de 2000 y el 7 de octubre de 2004, cuando falleció encontrándose en ejercicio de «funciones propias de su cargo». Que debido a que cumplió las obligaciones de afiliación y cotización, las administradoras del sistema de pensiones eran las llamadas a asumir la prestación. Que la demandante era la representante legal suplente de la sociedad y cónyuge supérstite del fallecido (fls. 501 a 510 y 792 a 794 cuad. 2).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 6 de abril de 2018, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá D.C., (fl. 931 cd.), resolvió:

PRIMERO: CONDENAR a (…) PORVENIR S.A., a reconocer y pagar pensión de sobrevivientes a (…) MARTHA GLADYS ROA LEGUIZAMÓN (…) por el fallecimiento de su afiliado (…) Héctor Enrique Gil Villareal (…) en relación al evento de pérdida de vida de este afiliado en fecha 7 de octubre del año 2004, teniendo como origen del mismo un evento común.

La pensión de sobrevivientes que se ordena reconocer y pagar corresponderá a la pensión mínima y tendrá efectos de pago únicamente, a partir del 28 de junio del año 2013, conforme [la] excepción de prescripción presentada por la apoderada de la parte demandada. Se deberá reconocer el correspondiente retroactivo hasta la fecha de inclusión en nómina.

Adicionalmente, la sociedad demandada deberá efectuar todas las gestiones ante la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre la redención del bono pensional que se haya causado por la afiliación del […] demandante ante el Instituto de Seguros Sociales y por cualquier otro bono pensional que pueda evidenciarse en beneficio del alegado causante o sus beneficiarios.

Adicionalmente, ejecutoriada esta sentencia, la misma se constituye como presupuesto legal y de definición del derecho, para que se corresponda (sic) a reconocer las sumas faltantes por la correspondiente aseguradora. La entidad demandada deberá reconocer a la (…) demandante, de la misma forma como se liquidan para el impuesto de renta y complementarios sobre las mesadas pensionales no prescritas, los intereses moratorios [de] que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

SEGUNDO: ABSOLVER a las sociedades Miscelánea Automotriz, (…) Positiva Compañía de Seguros S.A. ARL y sin ninguna condena en contra la UGPP, en referencia a las pretensiones no indicadas contra estas sociedades y entidades en el numeral primero de esta sentencia.

TERCERO: COSTAS a cargo de la (…) demandante, que se hayan causado y a favor de las sociedades Miscelánea Automotriz, Positiva Compañía de Seguros y la entidad UGPP, sin agencias en derecho.

CUARTO: COSTAS a favor de la (…) demandante y agencias en derecho, ténganse en cuenta al momento de liquidarse por el valor de 4 SMLMV, mientras el sentido de esta sentencia permanezca en similar forma, que deberán ser (sic) reconocidas todas estas por la Sociedad Administradora de Fondos y Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

QUINTO: El juez se DECLARA relevado de manifestarse sobre las excepciones por las cuales se ABSUELVE a las sociedades demandadas, de todas y cada una de las excepciones (sic), contra Miscelánea Automotriz, Positiva Compañía de Seguros S.A. y UGPP y relevado de manifestarse del contenido y de la cuantía de las excepciones (sic) que no son enunciadas en el numeral primero de esta sentencia, en referencia a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., no demostrado el contenido de aquellas excepciones por las cuales se le condena en el numeral primero. Demostrada parcialmente la excepción de prescripción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver los recursos de apelación formulados por la demandante y Porvenir S.A. (fl. 951, cuad.3.), el Tribunal decidió:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 4 Laboral del Circuito de Bogotá, para en su lugar disponer:

PRIMERO: DECLARAR que el fallecimiento del señor HÉCTOR ENRIQUE GIL VILLAMIL, es de ORIGEN LABORAL.

SEGUNDO: DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 28 de junio del 2013.

TERCERO: CONDENAR a la UGPP a reconocer y pagar a la demandante (…) en calidad de cónyuge del afiliado a la ARL POSITIVA, la pensión de sobrevivientes, a partir del 28 de junio del 2013, en cuantía inicial de $882.393 la cual al 2018 ascendía a $1.095.863, ordenando que el retroactivo generado se cancele de manera indexada a la fecha de su pago.

CUARTO: ABSOLVER a (…) PORVENIR S.A., de todas las pretensiones incoadas en su contra.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia, las de primera instancia se REVOCAN y quedan a cargo únicamente de la UGPP y en favor de la demandante. (Negrilla del texto).

En lo que interesa al recurso extraordinario, anunció que se ocuparía de resolver si el siniestro que cobró la vida de Héctor Enrique Gil Villareal fue de estirpe laboral. Como supuestos fácticos al margen de la discusión, mencionó la relación subordinada de trabajo entre Representaciones Miscelánea Automotriz Ltda. y el occiso, desde el 1 de febrero de 2000 hasta el 7 de octubre de 2004 (fls. 52, 65, 68 y 69).

Tras un análisis de los artículos 8 y 9 del Decreto 1295 de 1994 y las sentencias CSJ SL, 29 oct. 2003, rad. 21629 y CSJ SL417-2018, en función de definir si la contingencia se podía catalogar como accidente de trabajo, se detuvo en los testimonios de Jairo de Jesús Correa Rincón, Óscar Hernán Toro Cadavid y Óscar Enrique Gil Roa. De allí, coligió que el causante era el gerente y representante legal de Representaciones Miscelánea Automotriz Ltda. como lo corroboró con el certificado de existencia y representación legal de la compañía (fls. 46 a 48), cuyo objeto social principal eran las actividades de «compra, venta, importación exportación, distribución, transformación, fabricación, agencia, y representación nacional e internacional de piezas, repuestos y accesorios para automotores».

Destacó que los testigos narraron que el 7 de octubre del 2004, Gil Villarreal asistió a una feria automotriz en Medellín, con el fin de comercializar productos de la empresa. Que celebró un negocio importante, y acordó con Correa Rincón y Toro Cadavid que se reunirían en el hotel donde estaba hospedado para negociar la «compra de un contenedor de repuestos a un importador»; empero, cuando tomó un taxi en compañía del primero, un sujeto que se movilizaba en una motocicleta, interceptó el automotor y le propició un disparo que causó su muerte al instante. Enseguida discurrió:

[…] la muerte del afiliado contrario a lo considerado en primera instancia, sobrevino con ocasión del trabajo, por fuera del lugar y de las horas laborales y como consecuencia directa de la función desempeñada como Representante Legal de la sociedad REPRESENTACIONES MISCELANEA AUTOMOTRIZ LIMITADA, en tanto es indudable que el traslado que cumplía el difunto entre la feria automotriz y el hotel en el cual se hospedaba, tenía como finalidad cumplir con la reunión de trabajo programada para finiquitar un negocio relacionado con el giro ordinario de su empresa, por lo tanto, cualquier impase que sufriera en dicho trayecto tiene el carácter de laboral, pues se itera la motivación de dicho desplazamiento no fue otra que desarrollar las funciones que como representante legal le fueron asignadas, esto es, “ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios de la empresa” (fl. 47), nótese que los tres testigos fueron contestes en señalar que en dicha feria se había cerrado un negocio y lo único que faltaba era plasmar la propuesta de compra.

Precisó que, aunque el afiliado no acudió a la feria automotriz como expositor de la compañía que gerenciaba, ni la muerte se «generó en la actividad laboral específica que realizaba como trabajador», cierto era que la asistencia al evento tenía como finalidad desarrollar el objeto social, de suerte que el infortunio acaeció «de manera indirecta por ocasión de su trabajo como representante legal dentro de su compromiso laboral». Por lo anterior, dedujo, la causa del fallecimiento fue de índole laboral, de ahí que la ARL debía asumir el riesgo.

Luego de aludir al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003 y a las providencias CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 40055 y la CSJ SL12442-2015, identificó a Martha Gladys Roa como cónyuge supérstite, como quiera que habían contraído nupcias el 4 de enero de 1981 (fl.5) y convivieron hasta el fallecimiento, como se deprendía de los testimonios, de suerte que acreditó «más de 5 años en cualquier época».

De la certificación emitida por Positiva S.A. (fl.733), extrajo que el causante fue afiliado a la ARL-ISS, por Representaciones Miscelánea Automotriz Ltda. el 9 de septiembre y permaneció en esa condición hasta el 10 de octubre de 2004. En ese orden, como la primera entidad asumió la carga del extinto ISS, era la obligada a reconocer la prestación pensional.

Consideró que dado que el derecho a la pensión de sobrevivientes se hizo exigible el 7 de octubre del 2004, cuando murió el afiliado (fl. 52), la prestación se reclamó el 10 de marzo del 2010 (fl. 254), fue respondida el 30 de julio de ese año (fl. 255) y la demanda inicial fue presentada el 28 de junio del 2016 (fl. 279), dedujo prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 28 de junio del 2013. Finalmente, razonó:

En lo que hace a los intereses moratorios, respecto de los cuales solicita la parte demandante se condene a la demandada (pretensión No. 3 fl. 285), a juicio de la Sala en el caso de autos no es procedente su imposición, en virtud de lo expuesto en la Sentencia SL787-2013 Radicación No. 43602 del 6 de noviembre de 2013, como quiera que se presentó un debate fáctico jurídico razonable y por lo tanto aunque no era procedente la negativa al reconocimiento pensional, solo hasta éste fallo se determinó que el origen del óbito fue laboral y que le asiste el derecho a la accionante para acceder a la prestación por sobrevivencia en calidad de beneficiada, para lo cual fue necesario acudir al acervo probatorio recaudado, y en esa medida existían razones atendibles que aunque no son compartidas por la Sala de decisión, justifican la omisión en el reconocimiento, absolviéndose de los mismos.

RECURSOS DE CASACIÓN

Fueron interpuestos por Martha Gladys Roa Leguizamón y la UGPP. En primer lugar, se resolverá el promovido por la entidad.

RECURSO DE CASACIÓN DE LA UGPP

Una vez concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, fue sustentado oportunamente. Se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que la Corte case la sentencia impugnada, en cuanto «revocó el fallo del a quo, y declaró que el fallecimiento del señor HÉCTOR ENRIQUE GIL VILLAREAL es de origen laboral y en consecuencia condenó al reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente[s] a la señora MARTHA GLADYS ROA LEGUIZAMÓN, en calidad de cónyuge del afiliado a la ARL POSITIVA a la UGPP» (sic), para que en sede de instancia, confirme la decisión de primer nivel.

Por la causal primera de casación, formula dos cargos que fueron replicados por la demandante y Porvenir S.A. Positiva S.A., comparte los argumentos de la entidad recurrente. Se resolverán conjuntamente pues, aunque se dirigen por sendas disímiles, presentan unidad de propósito.

CARGO PRIMERO

Acusa violación directa, por interpretación errónea, de los artículos 8 y 9 del Decreto 1295 de 1994, e infracción directa de los artículos 10 y 12 del Decreto 1295 de 1994, y violación del medio del 29 de la Constitución Política.

Manifiesta que el Tribunal concluyó equivocadamente que el suceso que produjo la muerte del afiliado fue de origen laboral, pues interpretó erróneamente los artículos 8 y 9 del Decreto1295 de 1994, toda vez que al momento de su muerte el trabajador se encontraba fuera de la jornada laboral, de su sede de trabajo y en «desarrollo de actividades diferentes a las propias del servicio contratado».

Aduce que para ser considerado accidente de trabajo, la contingencia debe sobrevenir «por causa o con ocasión» de la actividad laboral, por manera que supone la efectiva prestación del servicio contratado, dentro de la jornada laboral y en la sede habitual de trabajo. Tales elementos, añade, deben acreditarse en juicio para que se abra paso tal calificación. Lo anterior, dice, no se configuró, «como se desarrollará en el cargo que sigue, planteado por el sendero de los hechos».

Sostiene que el ad quem incurrió «en un grave yerro cuando deja de aplicar los artículos 10 y 12 del Decreto 1295 de 1994, siendo que debía integrar tales normas en la decisión del caso». Que al decidir la controversia, debía integrar todos los preceptos legales «que regían las condiciones del accidente de trabajo y el trámite para determinar el origen de un suceso», en garantía del debido proceso, de suerte que sorprendió a las administradoras involucradas «con una calificación que nunca han podido analizar, estudiar y valorar internamente».

CARGO SEGUNDO

Denuncia violación indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 7, 8 y 12 del Decreto 1295 de 1994; 46 y 47 de la Ley 100 de 1993; 13 de la Ley 797 de 2003; 80 de la Ley 1753 de 2015, «1 del Decreto Reglamentario 1434 de 2015» (sic); 5 de la Ley 1562 de 2012; y 1 y 11 de la Ley 776 de 2002.

Denuncia comisión de los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que el origen del fallecimiento del señor HÉCTOR ENRIQUE GIL VILLAREAL es de origen común.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes el origen del hecho fue de origen laboral (sic).

3. No dar por demostrado, estándolo, que el fallecimiento del señor HÉCTOR ENRIQUE GIL VILLAREAL se dio en la ciudad de Medellín.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la sede habitual de trabajo del señor HÉCTOR ENRIQUE GIL VILLAREAL era la ciudad de Bogotá.

5. No dar por demostrado, estándolo, que al momento del deceso el señor HÉCTOR ENRIQUE GIL VILLAREAL se encontraba en una ciudad diferente de la sede de la empresa para la que laboraba.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el fallecimiento del señor HÉCTOR ENRIQUE GIL VILLAREAL se dio el 7 de octubre de 2004, como producto de un hecho de violencia común no relativo a la actividad laboral que cumplía.

7. No dar por demostrado, estándolo, que el fallecimiento del señor HÉCTOR ENRIQUE GIL VILLAREAL se dio por el impacto de bala recibido el 7 de octubre de 2004, por parte de una persona que se transportaba en una motocicleta, sin relación directa con el servicio que prestaba a su Empresa.

8. No dar por demostrado, estándolo, que al momento del deceso el señor HÉCTOR ENRIQUE GIL VILLAREAL se encontraba en una ciudad diferente de la sede de la empresa para la que laboraba.

9. No dar por demostrado, estándolo, que el fallecimiento del señor HÉCTOR ENRIQUE GIL VILLAREAL, se produjo a las 10 de la noche, esto es, fuera de su jornada laboral.

10. No dar por demostrado, estándolo, que el suceso que produjo el fallecimiento del señor HÉCTOR ENRIQUE GIL VILLAREAL, se dio durante el regreso a su lugar de descanso, luego de finalizar un evento de tipo social.

11. Dar por demostrado, sin estarlo, que el señor HÉCTOR ENRIQUE GIL VILLAREAL, se encontraba en ejercicio de las actividades contratadas cuando sucedió el hecho que generó su muerte.

12. Dar por demostrado, sin estarlo, que el señor HÉCTOR ENRIQUE GIL VILLAREAL acudió a la Feria Automotriz en Medellín en representación de su Empresa, pese a que no participó como Expositor.

13. No dar por demostrado, estándolo, que los hechos que rodearon la muerte del señor HÉCTOR ENRIQUE GIL VILLAREAL nunca fueron esclarecidos.

14. No dar por demostrado, estándolo, que la entidad obligada al pago de la pensión de sobreviviente es la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., al ser el suceso un evento de origen común.

15. Dar por demostrado, sin estarlo, que HÉCTOR ENRIQUE GIL VILLAREAL se encontraba afiliado al ISS como Administradora de Riesgos Laborales para el evento ocurrido el 7 de octubre de 2004.

16. No dar por demostrado, estándolo, que no se encontraba afiliación del señor HÉCTOR ENRIQUE GIL VILLAREAL al ISS como Administradora de Riesgos Laborales, para el evento ocurrido el 7 de octubre de 2004.

Como pruebas no valoradas, enlista la respuesta de la Fiscalía General de la Nación seccional Medellín de 16 de mayo de 2016 «(fl.531 cuad. 1)» (sic); la certificación expedida por la Unidad Única de Delitos Contra la Vida y la Integridad personal de esa entidad «(fl. 533, cuad. 1)» (sic); el documento de Positiva S.A., de 28 de diciembre de 2016 «(fl 576 cuad, 2)» (sic); y el memorial de Positiva S.A, dirigido al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá D.C. «(fl. 575, cuad. 2)» (sic).

Como apreciadas erróneamente, acusa el certificado de existencia y representación legal de Representaciones Miscelánea Automotriz Ltda. «(fls. 93 a 103, cuad. 1)» (sic); el contrato de trabajo «(fls. 137 a 139, cuad. 1)» (sic); y los testimonios de Jairo de Jesús Correa Rincón, Óscar Hernán Toro Cadavid y Óscar Enrique Gil Roa (fl. 932 cd, C 3).

Asevera que el contrato de trabajo que celebraron Héctor Enrique Gil Villareal y Representaciones Miscelánea Automotriz Ltda. el 1 de enero de 2001 «(fls. 137 a 139, cuad. 1)» (sic) y el certificado de existencia y representación legal «(fls. 93 a 103, cuad. 1)» (sic), dan cuenta que el domicilio y el lugar de prestación de los servicios fue la ciudad de Bogotá D.C. Por ello, si el hecho generador del siniestro ocurrió en Medellín, debió colegir que no se presentó un accidente de trabajo, en tanto el empleado se encontraba fuera de su sede de labores.

Aduce que Jairo de Jesús Correa, Óscar Hernán Toro y Óscar Enrique Gil, relataron que la muerte de Gil Villareal acaeció el 7 de octubre de 2004 a altas horas de la noche en la ciudad de Medellín, durante el traslado del centro de convenciones al hotel en el que se alojaba, por parte de una persona que se trasportaba en una motocicleta, «pero que ello no tenía relación directa con el servicio que prestaba su empresa».

Afirma que el juzgador de la alzada debió colegir que se trató de «un hecho de violencia común no relativo a la actividad laboral que cumplía» y fuera de la jornada de trabajo, sin verificar que el trabajador se hallaba en un hipotético evento laboral, donde debido a las conversaciones y las relaciones personales que se generaron «surgió un posible negocio»; con mayor razón, si no asistió como expositor a la feria automotriz.

Asegura que el ad quem omitió valorar la respuesta remitida por la Fiscalía General de la Nación, seccional Medellín, el 16 de mayo de 2016 (fl. 531), y la certificación expedida por la Unidad Única de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal (fl.533). Que tales documentos muestran que «no fue posible determinar los responsables del hecho, ni los motivos del actor (sic) para atentar en contra de la vida del señor HÉCTOR GIL VILLAREAL». De esta suerte, afirma, no se acreditó que el asesinato obedeció a «las actividades que ejercía como gerente» o un atentado contra la compañía que representaba.

Agrega que, erróneamente, el juez plural de instancia coligió que, al momento del deceso, Gil Villareal estaba cubierto por la administradora de riesgos laborales del ISS, como se desprende de la certificación expedida por Positiva S.A. (fl.576) y del memorial expedido por el gerente de esa entidad (fl. 575).

Resumiendo, sostiene que los desafueros del fallador de segundo nivel, impidieron se percatara que el suceso fue de origen común y que no estaba afiliado a riesgos profesionales del ISS, de donde se sigue que la obligada al pago de la pensión de sobrevivientes es Porvenir S.A.

RÉPLICA

Martha Gladys Roa Leguizamón expone que los cargos presentan falencias de orden técnico. Que su cónyuge perdió la vida cuando desarrollaba actividades de la empresa, a pesar de que estuviera por fuera del domicilio. Además, que las administradoras se negaron a adelantar el procedimiento de calificación del «origen del evento» (fls. 258 a 261, 531 a 728). Dice que no es adecuado traer a la esfera casacional un tema que no fue objeto de controversia en las instancias, como la supuesta falta de afiliación del de cujus.

Añade que la carga de desvirtuar el nexo causal entre la ejecución de las labores propias del cargo de gerente y la contingencia, estaba a cargo de la enjuiciada; que en virtud de la sana crítica, el Tribunal concluyó que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un accidente de trabajo.

Porvenir S.A. expone que el suceso que causó la muerte del afiliado fue de origen laboral, como quiera que estaba representando a la compañía en una feria de automotores y lo asesinaron cuando acababa de «realizar una compra muy importante». Agrega que, al momento del óbito, estaba vinculado a la ARP del ISS, como consta en la certificación expedida por Positiva S.A.

CONSIDERACIONES

El Tribunal dedujo que la muerte de Héctor Enrique Gil provino de un accidente de trabajo, acaecido en el desplazamiento entre la feria automotriz y el hotel en que se hospedaba, cuando se disponía a «cumplir con la reunión de trabajo programada para finiquitar un negocio relacionado con el giro ordinario de su empresa».

La UGPP manifiesta que el suceso no ocurrió «con causa o con ocasión del trabajo», sino que se trató de «un hecho de violencia común no relativo a la actividad laboral que cumplía» el trabajador, quien se encontraba fuera del sitio, la jornada y el horario laboral.

No es controversial que, en calidad de gerente y representante legal de Miscelánea Automotriz Ltda., Héctor Enrique Gil Villareal viajó a la ciudad de Medellín con la finalidad de asistir a una feria automotriz. En horas de la noche del 7 de octubre de 2004, durante el trayecto entre las instalaciones donde se realizó dicho evento al hotel en que se hospedaba, fue interceptado por sujetos motorizados que lo atacaron con arma de fuego y ocasionaron la muerte. Tampoco, que Martha Gladys Roa tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, en su condición de cónyuge supérstite.

A partir de este escenario, la Sala debe dilucidar si el Tribunal se equivocó al considerar que los hechos acaecidos el 7 de octubre de 2004, que generaron el fallecimiento del afiliado, configuraron un accidente de origen laboral.

Esta Corporación ha reiterado que la norma que corresponde aplicar es la vigente al momento de ocurrencia del siniestro. El 7 de octubre de 2004, cuando sucedió el accidente se hallaba vigente el artículo 9 del Decreto 1295 de 1994, «disposición que si bien fue declarada inexequible mediante sentencia C-858-2006, los efectos de esa decisión fueron diferidos hasta el 20 de junio de 2007» (CSJ SL417-2018).

Sobre la intelección y alcance de los referidos preceptos legales, en la sentencia citada, la Sala adoctrinó que el artículo 9.º de aquel ordenamiento definía el accidente laboral, como «todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte». Dicho precepto, dijo la Corte, también incluyó a «aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo». Más adelante, expuso:

Al amparo de tal premisa normativa, el ad quem entendió que el riesgo en este caso estuvo dado «con ocasión de la orden imperativa que le impart[ió] el empleador, y se extiende hasta su finalidad, que es asistir y participar de una reunión mensual de trabajo en la ciudad de Caucasia».

Al respecto conviene reiterar que la Sala ha entendido que las expresiones con ocasión o por causa del trabajo denotan que un accidente de orden laboral puede tener su causa directa o inmediatamente en el oficio desempeñado o en forma indirecta o mediata con el mismo (CSJ SL 21629, 29 oct. 2003).

Por consiguiente, un infortunio tiene el carácter de profesional cuando deriva, ya sea inmediata o mediatamente del trabajo o es resultado del cumplimiento de las funciones propias del cargo, o del desarrollo de actividades que, si bien no implican estricto cumplimiento de aquellas, guardan estrecha relación con el servicio para el cual fue contratado, a tal punto que son inherentes y conexas a las labores designadas, de modo que si el trabajador sufre un accidente ejecutándolas, debe considerarse que este es de orden profesional. Así lo adoctrinó la Sala en la sentencia CSJ SL 36922, 16 mar. 2010 que reitera la SL 7633, 18 sep. 1995 (…).

Y es que desde tiempos pretéritos, incluso antes de la expedición del Decreto Ley 1295 de 1994, esta Corporación se ha pronunciado sobre el recto entendimiento de las expresiones «por causa» y «con ocasión» al trabajo, contenidas en el artículo 199 del Código Sustantivo del Trabajo vigente para entonces.

En efecto, en sentencia CSJ SL, 4 de oct., 1966, rad. 283488 GJ CXVIII, n.° 2283, pág. 169-174, la Sala precisó que ambas expresiones buscan establecer la relación entre el hecho imprevisto que lesiona al trabajador y la actividad laboral desempeñada por este, consideraciones pertinentes para el caso en cuestión, toda vez que el cargo plantea un diferendo hermenéutico similar al que se dirimió en aquella oportunidad.

En tal sentido, la diferencia entre ambos vocablos radica en que uno denota que la causalidad es directa, mientras en el otro la causalidad es mediata o indirecta. […].

Aunque la respuesta de la Fiscalía General de la Nación (fl.262) y la certificación proveniente de la Unidad Única de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal del mismo ente (fl. 263, cuad. 1), fueron preteridas por el ad quem, de su contenido solo es posible desprender que mediante una resolución se suspendió la investigación penal n.°869529, en tanto no se «logró la identificación e individualización» de los responsables y móviles del homicidio de Villareal Gil. De esta suerte, su lectura no explicita, ni sugiere, que el atentado del que fue víctima el esposo de la actora, no tuviera relación con la actividad que ejecutaba en su calidad de gerente de la sociedad demandada.

Desde lo jurídico, la carga de demostrar los motivos del crimen era de la aseguradora de riesgos laborales, dado que si el traslado de la víctima de un lugar a otro obedeció a la necesidad de finiquitar un negocio para su empleadora, como quedó probado con la versión de los testigos, una eventual ruptura de ese designio, era de cargo de quien alegó dicho supuesto.

El certificado de existencia y representación legal de Representaciones Miscelánea Automotriz Ltda. (fls. 46 a 51, cuad. 1), da cuenta de que el domicilio de esta sociedad es Bogotá D.C; que el gerente era Héctor Enrique Gil Villareal, quien fungía como representante legal y que la subgerente era la cónyuge supérstite. El objeto social principal, es:

La compra, venta, importación, exportación, distribución, transformación, fabricación, agencia y representación nacional e internacional de piezas, repuestos y accesorios para automotores. Para el cabal cumplimiento de su objeto social la empresa podrá desarrollar los siguientes actos: […] E.- tomar interés como socios accionistas en otras compañías o fusionarse con ellas, cuando el objetivo sea similar conexo o complementario y en general celebrar y ejecutar todo acto o contrato que tenga relación directa con el objeto social.

Según el contrato de trabajo a término indefinido n.°656181 (fls. 68 a 69), suscrito entre Héctor Enrique Gil y Representaciones Miscelánea Automotriz Ltda, el primero se desempeñó como gerente de la compañía en Bogotá D.C., a partir del 1 de enero de 2001, con un salario de $600.000 mensuales. En la cláusula 3.ª se convino la «máxima jornada laboral», en los turnos y dentro de las horas dispuestas por el empleador; además, todo trabajo suplementario, horas extras, domingos y festivos, se remuneraría conforme a la ley.

Verificado lo anterior, considera la Sala que el ad quem no desacertó en materia grave al colegir que el fallecimiento de Héctor Enrique Gil Villareal acaeció «de manera indirecta por ocasión de su trabajo como representante legal dentro de su compromiso laboral».

A pesar de que el aleve atentado que cobró su vida, ocurrió en la ciudad de Medellín a las 22:40, según el registro civil de defunción (fl.52), también lo es que, conforme al certificado de existencia y representación legal de su empleadora, y lo pactado en el contrato de trabajo, el gerente y representante legal de la compañía tenía a su cargo la ejecución de «todo acto o contrato que tenga relación directa con el objeto social», tales como la «compra, venta, importación, exportación, distribución, transformación, fabricación, agencia y representación nacional e internacional de piezas, repuestos y accesorios para automotores».

Según la prueba testimonial, el causante asistió a la feria de automotores en busca de negocios que reportaran beneficios a la sociedad que representaba. Desde luego, el carácter de representante legal traduce la no sujeción a la jornada máxima legal, tal cual lo dispone el literal a) del numeral 1.° del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo y lo ha entendido la jurisprudencia del trabajo, por ejemplo en la sentencia CSJ SL15507-2015, que reiteró la CSJ SL, 20 ago. 2008, rad. 34417. De ahí que, si el siniestro ocurrió cuando el trabajador se desplazaba de dicho evento a otra reunión de trabajo con el propósito de consolidar un acuerdo comercial, en pro de los intereses de su empleadora, no puede concluirse nada diferente a lo que coligió el ad quem; es decir, que lo ocurrido fue un accidente con ocasión del trabajo.

Por lo anterior, dado que la Sala comprueba que el fallecimiento de Gil Villareal tuvo como causa mediata el cumplimiento de las obligaciones que el cargo que ocupaba al servicio de Representaciones Miscelánea Automotriz Ltda. le imponía, lejos estuvo el juzgador de segundo grado de cometer un desafuero evidente y manifiesto.

De otra parte, la entidad recurrente señala que al momento del fallecimiento, el occiso no se encontraba afiliado a la ARP-ISS. En ese propósito, acusa falta de valoración del documento expedido por Positiva S.A., el 28 de diciembre de 2016 (fl.733) y del memorial dirigido por Positiva S.A. al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá D.C. (fl.732).

Si bien se lee que el cónyuge de la accionante no se encontraba afiliado a la ARP-ISS al momento del fallecimiento, allí se certificó que:

Héctor Enrique Gil Villareal (QEPD) registra afiliación al Instituto de Seguro Social (ARP ISS) como trabajador dependiente a través del empleador REPRE MISCELANEA AUTOMOTRIZ EU con NIT 830064078, a partir del septiembre 09 de 2004 hasta el 10 de octubre de 2004. (Resalta la Sala).

De esta suerte, la ambigüedad de la certificación descarta de plano toda posibilidad de que el Tribunal hubiera cometido un desatino probatorio manifiesto y evidente, en la medida en que cualquiera de las 2 lecturas deviene razonable y plausible.

Finalmente, los testimonios que sirvieron de soporte al juez de la alzada para dar por probado que el señor Gil se había desplazado a Medellín, en su condición de gerente y representante legal de la compañía a la que prestaba sus servicios, no son susceptibles de verificación, como quiera que no se demostró un error protuberante sobre una prueba apta en la casación del trabajo, conforme lo previsto en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969.

Lo expuesto resulta suficiente, para colegir que no se acreditaron los desafueros atribuidos por la censura.

En consecuencia, no prosperan los cargos.

Costas a cargo de la UGPP y a favor de la demandante y Porvenir S.A. Inclúyase como agencias en derecho la suma de $10.600.000, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

RECURSO DE CASACIÓN DE MARTHA GLADYS ROA LEGUIZAMÓN

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pide se case parcialmente el fallo gravado, en cuanto confirmó la prosperidad de la excepción de prescripción y revocó la condena por intereses moratorios. En sede de instancia, aspira a que se revoque parcialmente la sentencia de segundo grado «en cuanto revocó (…) la condena por concepto de intereses moratorios (…), y para que se revoque el numeral segundo que contiene la declaratoria de prescripción parcial y en su lugar se modifique la fecha a partir de la cual debe pagarse la pensión».

Con tal objetivo formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por la UGPP, Porvenir S.A., y Positiva S.A.

CARGO PRIMERO

Atribuye violación directa, por interpretación errónea, de los artículos 141 de la Ley 100 de 1993 y 53 de la Constitución Política.

Manifiesta que el desacierto en la interpretación de la sentencia CSJ SL787-2013, condujo a que el Tribunal concluyera que los intereses moratorios «no son resarcitorios, sino sancionatorios».

Afirma que doctrina y jurisprudencia han enseñado que los intereses de mora «tienen el carácter de resarcitorios, independientemente de la buena fe del condenado», pues lo que se persigue es compensar el hecho de no haberse decidido oportunamente la petición. Que el «origen laboral del evento», no justifica su exoneración, en tanto no existe una «conclusión fáctica respecto del cumplimiento de las obligaciones previo al proceso y tras la reclamación de la demandante». Enseguida, expone:

Téngase en cuenta que no se trató de una demanda contra una calificación de origen, caso en el cual sí podrían enmarcarse dentro de las excepciones de causación de intereses moratorios, la realidad fue que la declaratoria de laboral (sic) del origen del evento en sede judicial, surge como consecuencia de la negligencia de las entidades del sistema de seguridad social, que no la realizaron cuando se les reclamó.

Partiendo del análisis estrictamente jurídico, se discute que la decisión acusada, haya revocado la imposición de condena por intereses moratorios sobre las mesadas adeudadas, los cuales le habían sido reconocidas a la accionante Martha Gladys Roa Leguizamón en primera instancia.

Asegura que el colegiado de instancia desconoció el precedente de esta Corte, que ha adoctrinado que los intereses moratorios son procedentes cuando hay retardo en el pago, al margen de que la conducta de la entidad deudora sea de «buena o mala fe», dado su carácter resarcitorio, excepto cuando la negativa esté fundada en la ley o en un cambio jurisprudencial.

RÉPLICA

La UGPP aduce que no procede condena por intereses moratorios pues, aunque son una medida de resarcimiento, «operan cuando ocurre mora en el pago de las mesadas pensionales, las cuales para el caso no se han concretado, en tanto el reconocimiento de la prestación en sí misma se debate».

Porvenir S.A. sostiene que el cargo tiene errores de técnica. Recuerda que los jueces tienen «absoluta libertad» para formar su convencimiento, conforme al artículo 61 de Código Procesal del Trabajo.

Positiva S.A. dice que no son viables los intereses por mora, en tanto la entidad llamada a conceder la prestación es Porvenir S.A. en atención a que el evento letal fue de «origen común». Además, la demandante reclamó pasados 5 años del infortunio y como no medió calificación «no puede existir mora sobre un derecho que se encontraba en discusión».

CONSIDERACIONES

Aunque el alcance de la impugnación se exhibe impropio, en tanto la única providencia susceptible de ser revocada es la de primer nivel, no es complejo entender que el anhelo de la censura es que se case el fallo del Tribunal, en cuanto negó los intereses moratorios y declaró parcialmente probada la excepción de prescripción, para que se modifique la de primer nivel y se acceda a lo solicitado.

Conforme al planteamiento de Martha Gladys Roa, la Corte debe dilucidar si el Tribunal desacertó al negar los intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

En torno al problema jurídico planteado, conviene reiterar que, por regla general, los intereses por mora proceden cuando existe retardo en el pago de las mesadas pensionales, en tanto las entidades de seguridad social están obligadas a reconocerlas y desembolsarlas oportunamente, como lo dispone el artículo 53 constitucional.

Inveterada y profusamente, esta Sala ha repetido que la imposición de los intereses de marras procura paliar el daño irrogado por la tardanza en la concesión y el pago de la prestación reclamada, que no sancionar al deudor. Por tal razón, tienen linaje netamente resarcitorio (CSJ SL13388-2014, CSJ SL7893-2015), y su viabilidad no está supeditada a la buena o mala fe de la administradora de pensiones; basta que se presente la mora en el reconocimiento o el pago para que su imposición se abra paso (CSJ SL10728-2016).

Sin embargo, la jurisprudencia del trabajo ha identificado algunos eventos en los que es viable la exoneración de aquellos réditos, como cuando el operador judicial concede la prestación en aplicación de una nueva línea jurisprudencial, o en los casos de conflicto entre beneficiarios(as).

En el caso bajo estudio, no se presenta alguna de las hipótesis definidas, toda vez que el conflicto que ha previsto la doctrina de la Sala como razón suficiente para negar los intereses moratorios, es entre beneficiarios(as), que no entre las entidades que conforman el sistema.

Conforme lo expuesto, prospera el cargo y se casará la sentencia de segunda instancia, en cuanto revocó la de primer nivel, que fulminó los intereses moratorios.

Sin costas, por el éxito de la acusación.

CARGO SEGUNDO

Denuncia violación indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 488 del Código Sustantivo de Trabajo, 1081 del Código Civil y 280 del Código General del Proceso.

Acusa la comisión de los siguientes errores de hecho:

Dar por demostrado, sin estarlo, que operó el fenómeno de la prescripción sobre las mesadas pensionales causadas con anterioridad a la fecha 28 de junio de 2013.

No dar por demostrado, estándolo, que Martha Gladys Roa Leguizamón formuló oportunamente en la fecha 09 de junio de 2005 reclamación ante la entidad del sistema FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR.

No dar por demostrado, estándolo, que con el escrito de contestación de la demanda radicado por el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, en la fecha 01 de diciembre de 2016, fue notificada mi representada de la existencia de un documento con el cual se determinaba del (sic) origen del evento sufrido por el señor HÉCTOR ENRIQUE GIL (qepd).

No dar por demostrado, estándolo, que era sólo a partir de la notificación del documento con el cual se determinaba el origen del evento mortal sufrido por el señor HÉCTOR ENRIQUE GIL (qepd), que en sus efectos eran oponibles a mi representada, entre otros el tiempo para que opere el fenómeno prescriptivo.

No dar por demostrado, estándolo, que la señora Martha Gladys Roa, presentó reclamación de la presentación personal (sic) dentro de los tres primeros años de la ocurrencia del evento mortal de su esposo HÉCTOR ENRIQUE GIL (qepd).

No dar por demostrado, estándolo, que las demandadas POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, ni UGPP, no se opusieron a los efectos de la prueba documental allegada por el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, obrante a folio 406 y siguientes, mediante la cual notificaban calificación de origen del evento.

Como prueba no valorada, acusa la calificación del «origen del evento» (fls. 406 a 407) y, como mal apreciadas, la solicitud de pensión e información elevada a Porvenir S.A., «complementación» y la negativa de la prestación «(fls.389 (sic), 399, 401 a 404)», y la reclamación y respuestas de Positiva del 31 de octubre de 2011 (fls. 736 a 737, 757), y del 6 de septiembre de 2010 (fl.750 a 751, 755).

Arguye que la falta de valoración del documento que sirvió para definir «el origen del evento mortal», notificado por Porvenir S.A. el «1 de diciembre de 2016», impidió que la decisión gravada fuera congruente «con lo que objetivamente se debía resolver» pues, si bien, «surtió su trámite para que legalmente fuera incorporada al proceso» y las partes tuvieron la oportunidad legal para oponerse, también lo es que «no mereció análisis o revisión» en perspectiva de analizar la prescripción. Enseguida, expone que:

[…] si se hubiere atendido al hecho cierto e irrefutable [de] que el conocimiento sobre el documento ocurre tan sólo a partir del 01 de diciembre de 2016, la declaratoria de prescripción jamás habría tenido lugar, pues es indiscutible que los efectos que el mismo producía, sólo pueden contabilizarse a partir de su notificación a la demandante, por lo que en ese orden, y habiéndose cumplido por parte de la demandante la carga de probar que solicitó el reconocimiento de su derecho vía administrativa oportunamente, conforme da cuenta de ello la prueba documental obrante en el expediente, y que es tan solo hasta el 01 de diciembre de 2016, que tal negativa es fundada, en consecuencia, mal pueden endilgarse los efectos de dicha mora a quien actuó diligentemente y en favor de quien omite cumplir con su deber legal.

[…] En ese orden, no puede desconocerse que otro hubiera sido el sentido de la decisión de primera instancia, confirmada por el fallo acusado, de haberse reconocido los efectos jurídicos de la prueba documental allegada por la demandada, Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, que se verificaba a folios (406 y s.s.), pues es claro que la misma al corresponder a una decisión emitida dentro del sistema y que permitía a las entidades aquí demandadas, que lo integran, definir a cargo de quien se encontraba la prestación reclamada por la señora MARTHA GLADYS ROA LEGUIZAMÓN, y que pese a ello fue puesto en conocimiento de la accionante tan solo hasta el día de 01 de diciembre de 2016, no podía generar los efectos prescriptivos que le endilgó la decisión acusada en contra de mi representada cuando era claro que desde el año 2007, se insiste, en aplicación del principio de integralidad las demandadas conocían a quien correspondía reconocer la prestación que pese a ello hoy insistir en no reconocer.

RÉPLICA

La UGPP asevera que el colegiado acertó en la declaratoria de la prescripción, dado que «operó este fenómeno extintivo entre la fecha en que se hizo exigible el disfrute de la prestación y la de reclamación».

Porvenir S.A. aduce que la demandante solicitó la pensión de sobrevivientes el 6 de septiembre de 2010, más de 3 años después del fallecimiento de su cónyuge. Por eso, prescribieron las mesadas causadas antes del 28 de junio de 2013. En todo caso, la decisión no afectó sus intereses, pues no es quien debe sufragar la pensión.

Positiva S.A. afirma que el Tribunal no se equivocó; que en el escrito inicial la actora confesó haber elevado la reclamación después de 6 años de la muerte de su cónyuge y, desde ese momento a la presentación del libelo gestor, trascurrieron 11 años.

CONSIDERACIONES

Con el propósito de definir si el Tribunal desacertó al declarar probada la excepción de prescripción de las mesadas causadas con anterioridad 28 de junio de 2013, se analizarán las probanzas denunciadas.

Tal cual quedó dilucidado, Héctor Enrique Gil Villareal falleció el 7 de octubre de 2004. La actora requirió la pensión a Porvenir S.A. el 14 de junio de 2005 y fue contestada de manera adversa el 15 de noviembre siguiente (fls.389, 399, 401 a 404). La reclamación formulada a Positiva S.A. el 10 de marzo de 2010, fue respondida el 30 de julio de ese año. La accionante insistió en el reconocimiento el 6 y 10 de septiembre de 2010 (fls.750 a 751, 757), y recibió respuesta negativa el 31 de octubre de 2011 (fls.736 a 737).

A su vez, la demanda presentada el 28 de junio de 2016 (fl. 279), fue admitida el 5 de octubre y notificada el 21 del mismo mes y año a Positiva S.A. (fls. 311 y 316). Por ello, el modo extintivo previsto en los artículos 488 y 151 de los ordenamientos sustantivo y adjetivo del trabajo operó sobre las mesadas causadas antes del 28 de junio del 2013, como lo dedujo el ad quem.

A folios 406 y 407, reposa la calificación del «origen del evento», elaborada por Seguros de Vida Alfa S.A; es decir, se trata de pruebas emanadas de un tercero, que no son susceptibles de analizar en esta sede extraordinaria.

Con todo, cumple no desapercibir que claramente el artículo 6.º del Código Procesal del Trabajo preceptúa que la prescripción solo puede ser interrumpida extrajudicialmente una sola vez, de suerte que la demanda inicial debió presentarse dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que se elevó la reclamación; de no, una nueva interrupción de la prescripción solo es viable con la presentación del escrito introductorio.

Nótese que desde el 30 de julio de 2010, una vez se produjo respuesta desfavorable a la petición que la parte actora planteó a Positiva S.A., quedó abierta la posibilidad de que promoviera la acción judicial; empero, optó por elevar un nuevo reclamo el 6 de septiembre de 2010, respondido el 31 de octubre de 2011; aun así, presentó la demanda inicial el 28 de junio de 2016, mucho tiempo después de vencidos los 3 años que tenía para procurar que la interrupción se retrotrajera a una fecha pretérita.

Así las cosas, no prospera el cargo segundo.

SENTENCIA DE INSTANCIA

Se traen las consideraciones expuestas en sede de casación, en punto a la viabilidad de los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

En ese orden, se modificará el inciso 4.º, del numeral 1.º, de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 6 de abril de 2018, para condenar a la UGPP a reconocer a la demandante, en calidad de cónyuge supérstite del afiliado a la ARL Positiva S.A., los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 28 de junio de 2013 hasta el pago de la obligación.

Sin costas, dada la prosperidad parcial de la apelación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 31 de octubre de 2018, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso que instauró MARTHA GLADYS ROA LEGUIZAMÓN en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., y POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., al que fueron vinculadas la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, y REPRESENTACIONES MISCELÁNEA AUTOMOTRIZ LIMITADA, EN LIQUIDACIÓN, en cuanto revocó la condena por intereses moratorios.

En sede de instancia, Resuelve:

MODIFICAR el inciso 4.º, del numeral 1.º, de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 6 de abril de 2018, para condenar a la UGPP a pagar a MARTHA GLADYS ROA LEGUIZAMÓN los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 28 de junio de 2013.

Costas, como se dijo.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

JORGE PRADA SÁNCHEZ

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