RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL712-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL712-2023

Fecha
19 de abril de 2023
Magistrado ponente
Jorge Prada Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL712-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 10 de septiembre de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso que instauró MARÍA JUANA MONTAÑO HURTADO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, al que fueron vinculados EIDY NATALIA, JENNER JAVIER, MARY LUZ, JISSEL KARINA y EDNA DAMARY HURTADO MONTAÑO. Costas, como se dijo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL712-2023

Magistrado ponente: Jorge Prada Sanchez

19 de abril de 2023

JORGE PRADA SÁNCHEZ

Magistrado ponente

SL712-2023

Radicación n.° 93077

Acta 12

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por MARÍA JUANA MONTAÑO HURTADO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 10 de septiembre de 2021, en el proceso que, en nombre propio y de sus hijos EIDY NATALIA, JENNER JAVIER HURTADO MONTAÑO, instauró contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, al que fueron vinculados, MARY LUZ, JISSEL KARINA y EDNA DAMARY HURTADO MONTAÑO.

ANTECEDENTES

María Juana Montaño Hurtado, en nombre propio y representación de sus hijos Eidy Natalia y Jenner Javier Hurtado Montaño, para la época menores de edad, llamó a juicio a Colpensiones, a fin de que se les reconociera pensión de sobrevivientes, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, y se les pagara el retroactivo, los intereses de mora y las costas (fls. 2 al 8, exp. digital).

Relató que contrajo matrimonio con Eduardo Hurtado Celorio el 3 de septiembre de 1987 y convivieron hasta el 4 de diciembre de 2009, cuando falleció su cónyuge. Que procrearon a Eidy Natalia, Jenner Javier, Mary Luz, Jissel Karina y Edna Damary Hurtado Montaño.

Aseveró que la pensión de sobrevivientes que pidió, fue negada por Colpensiones mediante Resolución GNR 251236 del 25 de agosto de 2016, con el argumento de que el afiliado acreditó 302 semanas, y no cotizó al sistema en los 3 años anteriores al deceso, por manera que no dejó causado el derecho, conforme lo dispuesto en la Ley 797 de 2003. Que los recursos que interpuso, no corrieron mejor suerte.

Afirmó que su cónyuge se afilió al ISS el 1.° de febrero de 1981 y cotizó «341 semanas» en toda su vida laboral, hasta el 17 de diciembre de 1995. Que prestó servicios a la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca del 1.° de febrero al 30 de octubre de 1981; al Colegio Integral Santa Rosa Técnico Agrícola del 1 de noviembre de igual año al 30 de enero de 1983 «tiempo que no se ve reflejado en la historia laboral»; a Eficacia S.A. desde el 15 de enero de 1992 hasta el 17 de enero de 1995, pero Colpensiones «no le está teniendo en cuenta todo el periodo […] pues de los 1412 días […] solo se refleja pagados 1359».

Aseveró que cumplió las exigencias del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, en tanto convivió más de 22 años con el de cujus, quien dejó causado el derecho, dado que aportó 300 semanas antes del 1 de abril de 1994, conforme el Acuerdo 049 de 1990.

Colpensiones se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y compensación. Aceptó la fecha de fallecimiento del afiliado, la reclamación de la prestación y la respuesta negativa. Añadió que no le constaba la convivencia (fls.50 a 57, exp. digital).

Adujo que la demandante no tenía derecho a la pensión de sobrevivientes, toda vez que el afiliado no acreditó la densidad de semanas exigidas en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 12 de la Ley 797 de 2003.

El juez de primer nivel, mediante proveído del 13 de julio de 2018 (fls.144 a 145 exp. digital), vinculó en calidad de litisconsortes necesarios a Eidy Natalia y Jenner Javier, Mary Luz, Jissel Karina y Edna Damary Hurtado Montaño, quienes no se opusieron a las pretensiones y admitieron los hechos (fls. 187 a 189 y 202 a 203).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 3 de noviembre de 2020, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Cali declaró probadas las excepciones de «inexistencia de la obligación y carencia del derecho», absolvió a Colpensiones y condenó en costas a la demandante (cd. exp. digital).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver el recurso de apelación formulado por la actora y el grado jurisdiccional de consulta a favor de los litisconsortes necesarios, el ad quem confirmó la de primer grado e impuso costas a la apelante (fls. 1 a 18 exp. digital. Tribunal).

En lo que interesa al recurso extraordinario, dejó por fuera del debate que Eduardo Hurtado Celorio nació el 5 de junio de 1957 y falleció el 4 de diciembre de 2009; laboró al servicio de la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca, del 1.º de febrero al 30 de octubre de 1981, y cotizó al régimen de prima media de manera interrumpida, del 7 de febrero de 1983 al 16 de diciembre de 1995.

Tampoco halló controversial que María Juana Montaño Hurtado contrajo matrimonio con Eduardo Hurtado Celorio el 3 de septiembre de 1987 y procrearon a Edna Damary, Jissel Karina, Mary Luz, Jenner Javier y Eidy Natalia Hurtado Montaño, el 2 de julio de 1988, 17 de noviembre de 1991, 7 de enero de 1996, 7 de octubre de 2000 y 7 de agosto de 2003, respectivamente. Que la pensión que la accionante pidió a Colpensiones el 18 de enero de 2016, fue negada mediante Resolución GNR 251236 de 2016, confirmada a través de los actos administrativos GNR 314513 y VPB 44852 del mismo año.

Luego de referenciar las sentencias CSJ SL4650-2017, CSJ SL353-2018, CSJ SL4020-2019, CSJ SL1884-2020, CSJ SL4261-2020 y CSJ SL855-2021, en las que se adoctrinó que no era dable la «ultraactividad de la ley», anunció que se apartaría de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral y acogería el precedente de la Corte Constitucional (CC SU44-2016).

Recordó los fallos CC T584-2011, CC T228-2014, CC T566-2014, CC T719-2024, CC T401-2015, CC T464-2016, CC T735-2016, CC T504-2016, CC T04-2017 y CC SU005-2018, y añadió que el último «matizó el principio de la condición más beneficiosa y la sujetó al test de procedencia dado el quiebre de decisiones de la jurisdicción ordinaria laboral».

Tras explicar la viabilidad del mencionado principio, en atención a que el causante no dejó acreditadas las semanas requeridas por la Ley 797 de 2003, precisó que la norma aplicable era el Acuerdo 049 de 1990, digno de «protección legal frente al tránsito legislativo inmediato o mediato, pues por otro lado todas las leyes posteriores a la ley 100 de 1993 pertenecen al mismo sistema y no pueden considerarse en rigor saltos normativos ni “aplicación plus ultractiva de la ley” ni el desconocimiento de la aplicación inmediata de las leyes sociales».

Memoró que Hurtado Celorio laboró al servicio de la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca del 1.º de febrero al 30 de octubre de 1981 (fls. 25 a 26) y cotizó al ISS. Estimó viable la suma de tiempos públicos y privados, en los términos del Acuerdo 049 de 1990.

Acotó que el tiempo laborado para la Secretaría de Educación, contrario a lo manifestado por la promotora del juicio, sí fue colacionado por el a quo, en tanto señaló que equivalía a 38.85 semanas, además de los laborados como Secretario del Colegio Integral Santa Rosa del 1.º de febrero al 30 de octubre de 1980, contenidos en el formato 1 de la información laboral.

En lo que concierne a los aportes supuestamente en mora del empleador Eficacia S.A., estimó que la historia laboral (fl.137) daba cuenta de las novedades de retiro «los días 15 de diciembre de 1992, 15 de diciembre de 1993 y 15 de diciembre de 1994, sin que se haya allegado prueba siquiera sumaria, que el vínculo laboral con dicho empleador se extendió más allá de los periodos reportados». Concluyó, entonces, que:

[…] los periodos supuestamente en mora con el empleador Eficacia S.A., no pueden contabilizarse para efectos de la pensión reclamada, pues en realidad lo que emana de las pruebas es una ausencia total de ellas. No se acompañó al proceso prueba alguna de la continuidad de dicha relación laboral dentro de los extremos indicados por la parte demandante.

Aclarado lo anterior tenemos que, sumados los ciclos cotizados al Régimen Pensional de Prima Media con el tiempo de servicios prestado en la Secretaria (sic) de Educación del Departamento del Cauca, desde el 1º de febrero de 1981 hasta el 30 de octubre de 1981 (fl. 25 a 26 pdf), arroja un total de 341,57[…].

Teniendo en cuenta lo decantado, se advierte que en el presente asunto el afiliado acumuló un total de 341,57 semanas durante toda su vida laboral, de las cuales 85.14 fueron aportadas en vigencia del régimen anterior, es decir, en vigencia de la ley 100 de 1993, en su redacción original, con anterioridad a la modificación introducida por la ley 797 de 2003, y 256.46 en vigencia del acuerdo 049 de 1990, es decir con anterioridad al 1º de abril de 1994. En consecuencia, no logró alcanzar el umbral necesario para causar en (sic) su favor la cobertura de los riesgos de invalidez y muerte bajo dicha normatividad.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

En un acápite que denomina «petición», pretende que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, se condene a Colpensiones a pagarles la pensión de sobrevivientes. Así mismo, el retroactivo, los incrementos de ley, las mesadas adicionales de junio y diciembre y los intereses moratorios.

Por la causal primera de casación, formula un cargo que fue replicado.

CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia impugnada por vía indirecta, «al incurrir en error de hecho proveniente de una mala apreciación y falta de apreciación en las pruebas lo que conlleva a (sic) violación de la ley sustancia[l] art 36 de la ley 100 de 1993 infracción indirecta de los art[s] 6 y 25 del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 de 1990».

Reproduce pasajes de la decisión confutada, e indica que a pesar de que el Tribunal tuvo en cuenta el tiempo servido por su cónyuge en la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca del 1.° de febrero al 30 de octubre de 1981 y las cotizaciones efectuadas al ISS, no hizo lo mismo con los «dos años referidos en el hecho sexto de la demanda»; es decir, por el lapso que laboró como Secretario de la Inspección de Policía del corregimiento de Santa Rosa de Saija -Cauca-, entre septiembre de 1983 y el 30 de agosto de 1985, que no aparecen en la historia laboral, que fueron confundidos con los aportados con el primer empleador.

Se duele de la valoración que realizó el colegiado de la historia laboral pues, dice, de allí se desprende que Hurtado Celorio prestó servicios a Eficacia S.A. desde el 17 de enero del 1992 hasta el 10 de enero de 1996, cuando se reportó novedad de retiro. Sin embargo, agrega, no se observa dicha anotación en los ciclos que mencionó el sentenciador que son «15 de diciembre de 1992, 15 de diciembre de 1993 y 15 de diciembre de 1994», que coinciden con la época de vacaciones «como si el trabajador […] no tuviera derecho a estar afiliado a la seguridad social y los días de vacaciones o descanso no contaran como tiempo de vinculación laboral». Asevera que:

Lo que se refleja en la historia laboral es que Eficacia S.A. no pago (sic) los aportes de los días transcurridos entre el 16 de diciembre de 1992 al 30 de diciembre del 1992, tampoco pago (sic) los aportes de los días transcurridos entre el día 16 de diciembre de 1993 al 13 de enero 1994, como tampoco pago (sic) los aportes de los días transcurridos entre el día 16 de diciembre de 1994 al 31 de diciembre del 1994, los cuales están en mora de pagar por parte del empleador Eficacia S.A. y debieron contabilizarse para la prestación reclamada.

[…] si el tribunal hubiera dado aplicación al art 36 de la ley 100 de 1993 puesto que el régimen de transición conservo (sic) la cifra numérica de tiempo laborado o semanas cotizadas como consecuencia lógica tenía que haber aplicado el (sic) art[s] 6 y 25 del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 de 1990 norma que también violo (sic), al dar por probado el hecho de que el señor solo laboro (sic) 341 semanas […].

RÉPLICA

Aduce que la censura no enuncia los errores de hecho en que supuestamente incurrió el Tribunal, ni relaciona las pruebas mal apreciadas o no valoradas. Por ello, dice, no desvirtúa la presunción de legalidad de la sentencia gravada, de suerte que no se abre paso un análisis de fondo del recurso. Añade que la demandante no tiene derecho a la prestación deprecada, en tanto no acreditó 50 semanas en los 3 años anteriores al deceso del afiliado, conforme lo dispone la Ley 797 de 2003.

CONSIDERACIONES

Se impone recordar que la demanda de casación, no solo debe cumplir las exigencias formales previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo. También, satisfacer los requerimientos técnicos desarrollados por la jurisprudencia, en tanto hace parte del núcleo esencial de la garantía del derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política que contempla la «plenitud de las formas propias de cada juicio».

No empece, en aras de privilegiar la satisfacción de los objetivos de la casación, la Sala procederá a revisar las pruebas del proceso.

Se recuerda que el Tribunal confirmó la decisión absolutoria de primera instancia, en tanto estimó que no se colmaron las exigencias previstas en el Acuerdo 049 de 1990, a pesar de que el fallecimiento del afiliado se produjo en 2009.

Concretamente, la recurrente sostiene que el juzgador de la alzada no tuvo en cuenta los «dos años referidos en el hecho sexto de la demanda», correspondientes al tiempo servido como Secretario de la Inspección de Policía de Santa Rosa de Saija, entre septiembre de 1983 y el 30 de agosto de 1985 y los días del 16 al 30 de diciembre del 1992, del 16 de diciembre de 1993 al 13 de enero 1994, y del 16 al 31 de diciembre del 1994, en mora por omisión del empleador Eficacia S.A.

Al margen de la vía indirecta seleccionada, se da por descontado que María Juana Montaño Hurtado nació el 24 de julio de 1964 (fl. 10) y contrajo matrimonio con Eduardo Hurtado Celorio el 3 de septiembre de 1987 (fl.22); que cuando falleció el 4 de diciembre de 2009 (fl.176), el afiliado no se hallaba cotizando; y que, mediante resoluciones GNR 251236-2016, GNR 314513-2016 y VPB 44852-2016, Colpensiones negó la pensión de sobrevivientes solicitada por la cónyuge supérstite (fls. 34 a 57).

Según el 6.º hecho de la demanda inaugural (fls. 2 al 8, exp. digital), «EDUARDO HURTADO CELORIO laboro (sic) dos años en el Colegio Integral Santa Rosa Técnico Agrícola del 01 de noviembre del (sic) 1981 hasta el 30 de enero de 1983, tiempo que no se ve reflejado en la historia laboral». Desde luego, tal supuesto no corresponde al tiempo servido como «secretario de la Inspección de Policía de Santa Rosa de Saija».

El certificado de informe laboral «formato n.° 1», da cuenta de que el afiliado prestó servicios como Secretario del Colegio Integral Santa Rosa de Saija, -Secretaría de Educación del Departamento del Cauca-, entre el 1.° de febrero y el 30 de octubre de 1981 (fls. 25 a 26) y la historia laboral que cotizó 302.71 semanas, del 12 de febrero de 1983 al 31 de diciembre de 1995, y reportó novedad de retiro en el ciclo 1995-12 con el empleador Eficacia S.A. (fls.137 a 141).

La Sala observa que, equivocadamente, el fallador de segundo grado coligió que el 15 de diciembre de 1992 y ese mismo día y mes de los años 1993 y 1994, se reportaron con anotación de retiro. Sin embargo, sabido es que la Corte tiene adoctrinado que la normatividad llamada a regular la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado; para el caso, los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, en atención a que Eduardo Hurtado murió el 4 de diciembre de 2009 (fl. 176). Luego, para dejar causado el derecho, debía acreditar 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a dicha fecha. Esto, no ocurrió pues el último aporte fue en diciembre de 1995 (fl.137).

No es posible aplicar el principio de la condición más beneficiosa en el tránsito entre las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, toda vez que el deceso del afiliado no aconteció en el periodo que se denominó «zona de paso», dentro de los 3 años siguientes a la promulgación de la segunda disposición; esto es, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. (CSJ SL2673-2022, CSJ SL4650-2017).

No sobra agregar que, como lo ha advertido la Corte en múltiples decisiones, entre otras, en la sentencia CSJ SL5286-2021, que reiteró la CSJ SL5114-2020, no es posible realizar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores al fallecimiento, hasta acomodar la norma que mejor se avenga en cada caso particular o resulte más favorable y, con ello, patentar «una aplicación plus ultractiva de la ley, lo cual, por demás, desconoce no solo que las leyes sociales son de aplicación inmediata, sino también que, en principio, rigen hacia el futuro».

Por lo expuesto, el cargo no prospera.

Costas a cargo de la recurrente y a favor de Colpensiones. Inclúyase como agencias en derecho la suma de $5.300.000, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 10 de septiembre de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso que instauró MARÍA JUANA MONTAÑO HURTADO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, al que fueron vinculados EIDY NATALIA, JENNER JAVIER, MARY LUZ, JISSEL KARINA y EDNA DAMARY HURTADO MONTAÑO.

Costas, como se dijo.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

JORGE PRADA SÁNCHEZ

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL712-2023 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.