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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL714-2023

Fecha
19 de abril de 2023
Magistrado ponente
Jorge Prada Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL714-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

X. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 16 de octubre de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso seguido por ROXANA PEÑARANDA SÁNCHEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES. DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO JORGE PRADA SÁNCHEZ

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL714-2023

Magistrado ponente: Jorge Prada Sanchez

19 de abril de 2023

JORGE PRADA SÁNCHEZ

Magistrado ponente

SL714-2023

Radicación n.° 93819

Acta 12

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023)

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por ROXANA PEÑARANDA SÁNCHEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 16 de octubre de 2019, en el proceso que instauró contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

La recurrente solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge Carlos Valdivieso Botero, a partir del 28 de julio de 2012 y bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990. Pidió el pago del retroactivo, los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso.

Relató que el 28 de enero de 2000 contrajo matrimonio y, a partir de allí, hizo vida marital con Carlos Francisco Valdivieso, que perduró hasta el fallecimiento de este. Refirió que su cónyuge laboró para Blanco Roca y Cía S.A. del 24 de febrero al 19 de mayo de 1975 y para el Banco Popular S.A., del 19 de junio de 1975 al 1 de noviembre de 1992. En ese orden, cotizó 918 semanas en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, de suerte que tiene derecho a la prestación por cumplir los parámetros de la norma aludida.

Afirmó que mediante Resolución 318150 de 11 de septiembre de 2014, confirmada por la GNR 373012 de 20 de octubre de 2014 y la VPB 21353 de 6 de marzo de 2015, la demandada negó el reconocimiento, con el argumento de que el afiliado no acreditó los requisitos de la Ley 797 de 2003.

Colpensiones se opuso al éxito de las pretensiones y propuso las excepciones de inexistencia del derecho reclamado y de la obligación, cobro de lo no debido, «improcedencia de indexación de la condena y pago de intereses moratorios de manera conjunta», prescripción y buena fe. Admitió que el afiliado falleció el «22 de junio de 1997», el tiempo laborado en Blanco Roca y Cía S.A y Banco Popular S.A. Adujo que, en cualquier caso, no dejó cotizadas 50 semanas en los 3 años anteriores al deceso.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 28 de noviembre de 2017, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Barranquilla, absolvió a la demandada e impuso costas a la accionante.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se surtió por apelación de la demandante. El Tribunal confirmó la sentencia de primer grado y gravó con costas a la apelante.

Centró el problema jurídico en definir si la actora cumplía los presupuestos para acceder a la pensión de sobrevivientes deprecada. No halló controversial que Carlos Francisco Valdivieso falleció el 28 de julio de 2012, de suerte que la norma llamada a resolver el litigio era el «artículo 46 de la Ley 100 de 1993».

Del reporte de semanas cotizadas, dedujo que el causante no aportaba a la fecha del deceso, ni en el año anterior, dado que cotizó desde el 24 de febrero de 1975 al 1 de noviembre de 1992, para un total de 918.71 semanas.

Con base en los lineamientos de la sentencia CC SU 005-2018, optó por llamar a operar el principio de la condición más beneficiosa, por manera que como el afiliado cotizó 300 semanas en cualquier tiempo, “que cumplió en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 y, en esa medida (…) tenía derecho a que dicho requisito fuera respetado en virtud de la expectativa de vida que ya había ganado».

Sin embargo, no encontró probada la convivencia exigida por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Por ello, confirmó el fallo absolutorio de primer grado.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la actora, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante la formulación de tres cargos, replicados en tiempo, pretende que la Corte case totalmente la sentencia gravada, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer nivel y, en su lugar, acceda a las pretensiones.

Los cargos propuestos serán estudiados conjuntamente pues, pese a dirigirse por diferente senda, se orientan a la misma finalidad y se apoyan en argumentos similares o complementarios.

CARGOS PRIMERO Y SEGUNDO

Denuncia violación directa, por interpretación errónea, de los artículos 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en relación con el 1, 2 b), 11, 14, 46 y 48 «del precepto relacionado»; 2.2.8.2.1 del Decreto 1833 de 2016; 1 de la Ley 33 de 1973; 1 de la Ley 12 de 1975; 42, 48, 53 y 58 de la Constitución Política. En el segundo cargo acusa violación directa, por aplicación indebida, de los mismos preceptos.

No discute que Carlos Francisco Valdivieso Botero falleció el 28 de julio de 2012, ni que dejó causada la pensión de sobrevivientes bajo los supuestos del «Acuerdo 049 de 1990» en aplicación del «principio de la condición más beneficiosa».

Se duele de que el Tribunal entendiera mal la norma acusada, en tanto solo exige demostrar convivencia cuando se trata de un pensionado que fallece, que no de un afiliado en idénticas circunstancias. Arguye que, en calidad de cónyuge, solo debía demostrar el vínculo matrimonial, como la Corte lo ha adoctrinado; por ello, el ad quem contradijo «arbitrariamente la jurisprudencia». Reproduce apartes de las sentencias CSJ SL1730-2020, CSJ SL2102-2022, CSJ SL1905-2021 y CSJ SL2820-2021.

CARGO TERCERO

Acusa violación indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los preceptos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, en relación con el 1, 2 b), 11, 14, 46 y 48 del canon inicial; artículo 2.2.8.2.1 del Decreto 1833 de 2016; 1 de la Ley 33 de 1973; 1 de la Ley 12 de 1975; 42, 48, 53 y 58 de la Constitución Política. También, la «violación de medio», de los artículos 60 y 61 del CPTSS.

Denuncia la comisión de los siguientes errores de hecho:

No dar por demostrado, estándolo, que la demandante y el causante, convivieron prestándose apoyo y socorro mutuo entre el año 2000 y el año 2012 como cónyuges.

No dar por demostrado, estándolo, que la demandante y el causante convivieron hasta la fecha del fallecimiento del causante.

No dar por probado, cuando lo estaba, que no se presentó discusión respecto de la convivencia entre la demandante y el causante por 12 años.

No dar por probado, cuando lo estaba, que ni siquiera se presentó conflicto de beneficiarias en calidad de cónyuge y compañera permanente del causante

Denuncia como pruebas mal valoradas, la demanda inicial y su respuesta. Como preteridas, las Resoluciones del 11 de septiembre de 2014, 20 de octubre de 2014 y 5 de marzo de 2015, emitidas por Colpensiones.

Aduce que el juzgador de alzada ignoró que no existía discusión de su calidad de beneficiaria y que, si hubiera valorado las pruebas en debida forma, habría colegido su calidad de cónyuge y la convivencia por más de 12 años.

Expone que el problema inicial era definir si el causante dejó causado el derecho, que no la calidad de beneficiaria de la cónyuge, ni la convivencia. Arguye que, si el Tribunal hubiese valorado las resoluciones emitidas por Colpensiones, habría hallado probada la convivencia con las declaraciones juramentadas y el registro de matrimonio. Además, si «hubiera apreciado correctamente la demanda y su contestación, habría concluido que la accionante convivió 12 años con el causante, tal como se acredita en la demanda, y en la contestación de la demanda por parte de Colpensiones ni siquiera se refuta o se controvierte».

RÉPLICA

Asegura que el afiliado no dejó acreditado el derecho a la pensión de sobrevivientes, toda vez que falleció el 28 de julio de 2012, en vigencia de la Ley 797 de 2003, y no cotizó 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al deceso. Dice que no es posible reconocer la prestación conforme el principio de la condición más beneficiosa, pues la jurisprudencia de la Corte no habilita la búsqueda histórica de normas más allá de la inmediatamente anterior a la vigente al momento de la muerte.

CONSIDERACIONES

No es materia de debate que Carlos Francisco Valdivieso falleció el 28 de julio de 2012, ni que para esa fecha, había cotizado 918 semanas, pero no era cotizante activo, ni había aportado en los 3 años anteriores al deceso. Tampoco, hay duda de la calidad de cónyuge de Roxana Peñaranda.

El juez de alzada consideró que, según la preceptiva de los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, los 5 años de convivencia anteriores a la muerte son exigibles en caso de fallecimiento de un afiliado o de un pensionado. Para la censura, la convivencia es un requisito exclusivo para el caso del deceso de un pensionado.

En ese orden, la Sala se ocupará de verificar si el juez de segundo grado erró al concluir que los 5 años de convivencia es un requisito de indispensable concurrencia para acceder a la prestación, cuando fallece un afiliado.

Para resolver, importa recordar que esta Sala ha decantado que en materia de pensión de sobrevivientes, la regla general enseña que la norma aplicable para definir los requisitos que deben demostrar quienes acuden como beneficiarios, es la vigente al momento del deceso del afiliado o el pensionado. Sin duda, en el caso que ocupa la atención de la Sala, es la Ley 797 de 2003 la llamada a resolver el conflicto, en tanto el afiliado murió el 28 de julio de 2012.

Fue criterio de esta Corporación, que la convivencia de 5 años requerida para constituirse beneficiario de la pensión de sobrevivientes, era obligatoria cuando el causante era un afiliado y, también, si se trataba de un pensionado. Así se sostuvo en muchas decisiones, como en las sentencias CSJ SL, 20 may. 2008, rad. 32393, CSJ SL, 22 ago. 2012, rad. 45600, CSJ SL793-2013, CSJ SL1402-2015 y CSJ SL14068-2016.

Sin embargo, en reciente pronunciamiento, la Sala reexaminó el problema jurídico y fijó una nueva doctrina en torno a la interpretación del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Abandonó el criterio anterior y, a partir de la sentencia CSJ SL1730-2020, adoctrinó que, para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en calidad de cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite del afiliado fallecido, no se requiere tiempo mínimo de convivencia; estimó suficiente probar la condición invocada para satisfacer la exigencia normativa; por ello, la convivencia de 5 años, solo es exigible en caso de muerte del pensionado.

Así las cosas, en el caso bajo examen, no era exigible la demostración de 5 años de convivencia con el afiliado inmediatamente antes de la muerte, para acceder a la pensión de sobrevivientes. En consecuencia, el cargo es fundado.

No obstante, no procede el quiebre de la sentencia gravada, en tanto al descender a sede de instancia, la Sala tendría que decidir en el mismo sentido del a quo, pero por razones distintas, como se pasa a explicar.

La norma llamada a resolver el litigio, como se indicó en líneas anteriores, es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Esta disposición tiene dos requisitos para acceder a la prestación, a saber: i) haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores al deceso y ii) acreditar la calidad de beneficiario de la prestación. No es objeto de controversia, ni siquiera a través del cargo por vía indirecta, que el afiliado no satisfizo el primer requisito, en tanto no aportó las semanas requeridas.

La Sala no ignora que el Tribunal invocó el principio de la condición más beneficiosa, para resolver con sustento en el Acuerdo 049 de 1990. Sin embargo, se impone memorar que bajo la doctrina de la Sala de Casación Laboral y, ante el supuesto indiscutido de que el deceso se produjo en vigencia de la Ley 797 de 2003, no es dado acudir a los reglamentos del Instituto, sino a la versión original de la Ley 100 de 1993, bajo ciertas exigencias de orden temporal.

En sentencia CSJ SL4650-2017 se adoctrinó que el objeto del principio constitucional es servir de puente de amparo a quienes, teniendo una situación jurídica concreta, transiten entre una ley y otra, y no se encontraren cotizando al sistema general de pensiones a la fecha del tránsito entre las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. En estos casos, es necesario acreditar que i) el deceso ocurrió en el periodo que se denominó zona de paso; esto es, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, ii) en el año inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la segunda normativa, había aportado 26 semanas, y iii) hubiese cotizado esta misma densidad en el año que antecede al fallecimiento.

Así las cosas, fácil resulta colegir que ni siquiera se abre paso la aplicación del régimen previsto en la Ley 100 de 1993 en su versión original, toda vez que el cónyuge de la actora falleció el 28 de julio de 2012, y no acreditó las cotizaciones requeridas como, por ejemplo, 26 semanas en el año anterior al deceso.

De lo que viene de decirse, surge claro que al tratarse de un afiliado que falleció en 2012, la única conclusión posible es que la norma llamada a resolver la situación de sus beneficiarios, es la Ley 797 de 2003. Lo anterior, como quiera que el deceso no se produjo dentro del lapso definido por la jurisprudencia, en los términos atrás explicados. Así mismo, en gracia de simple hipótesis, acudir al postulado de la condición más beneficiosa solo hubiera conducido a la Ley 100 de 1993, cuyos requisitos tampoco se cumplen.

No sobra recordar entonces que, bajo las condiciones de la ley aplicable al caso, el afiliado no reunió 50 semanas en los 3 años anteriores a su deceso. Tampoco, los requisitos del parágrafo del artículo 12 de la norma de 2003, como quiera que al momento del fallecimiento no tenía el número mínimo de semanas «requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley», pues apenas alcanzó 918 semanas en toda su vida laboral.

Dado el anterior resultado, deviene fútil el estudio del tercer cargo, en la medida en que la censura insiste en demostrar convivencia. Esta exigencia, quedó visto, no es exigible tratándose de afiliados; empero, la falta de cotizaciones en el ámbito temporal exigido por la norma aplicable, cierra toda posibilidad de éxito al anhelo de la impugnante.

No prosperan los cargos. Sin embargo, no se impondrán costas, dado que algunos resultaron fundados.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 16 de octubre de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso seguido por ROXANA PEÑARANDA SÁNCHEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

JORGE PRADA SÁNCHEZ

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